La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha presentado una denuncia constitucional contra Luis Arce Córdova en su actuación como fiscal supremo y miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico agravado, por haber aceptado los pedidos del exjuez supremo y hoy prófugo de la justicia, César Hinostroza Pariachi, con el fin de beneficiar a terceras personas con las decisiones del ente electoral.

El área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, atribuye a Arce Córdova como presunto autor de los delitos de cohecho pasivo específico y tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado y lo sindica por presuntamente haber intercambiado favores con el prófugo César Hinostroza Pariachi, cuando este era juez supremo.

“La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, comunica que hoy se presentó la denuncia constitucional contra Luis Carlos Arce Córdova, en su actuación como fiscal supremo y miembro del Jurado Nacional de Elecciones, como presunto autor de los delitos de cohecho pasivo específico y tráfico de influencias agravo, en agravio del Estado”, se lee en el comunicado de la Fiscalía.

Asimismo, en el comunicado del Ministerio Público se precisa que el exmagistrado Arce Córdova habría aceptado un pedido de César Hinostroza, para favorecer a un alcalde del distrito de Carmen de la Legua-Reynoso en un proceso de vacancia contra un teniente alcalde, a cambio de que a Arce Córdova luego se le favorezca en el momento que lo requiera.

«Asimismo aprovechando su posición como miembro del JNE habría prometido a dicho juez interceder ante los funcionarios de la Dirección del Registro Nacional de Organizaciones Políticas para favorecer al exsecretario general del partido político ʼUnión por el Perúʼ, en la solicitud de cambio de símbolo partidario», señaló el Ministerio público en su cuenta de red X y además remarcó que Arce Córdova habría aceptado el pedido de Hinostroza Pariachi para favorecer directamente al exsecretario del partido político en mención, emitiendo una decisión a su favor, a cambio también de obtener beneficios cuando éste lo necesite.

Le abren las fronteras. El Poder Judicial (PJ) acaba de revocar la orden de impedimento de salida del país que tenía la ex jueza superior Enma Benavides, hermana de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, lo que permite a la exmagistrada enfrentar el proceso judicial en su contra bajo la medida de comparecencia simple. Esta resolución implica que podrá salir del país sin restricciones.

Poder Judicial revocó impedimento de salida del país contra Enma Benavides, hermana de la exfiscal de la Nación e investigada por presuntos actos de corrupción

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Esta noticia tiene lugar después de que la defensa de Enma Benavides presentara una solicitud de caducidad de la medida coercitiva, en la que se pedía el levantamiento del impedimento de salida del país. La solicitud argumentaba que el plazo de la medida había expirado

“Declarar fundada la caducidad de la medida coercitiva de comparecencia con restricciones, presentada por la defensa técnica de la imputada Enma Rosaura Benavides Vargas, en el proceso que se le sigue, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico y otro, en agravio del Estado. En consecuencia, continuará en el proceso bajo comparecencia simple”, se lee en el documento.

Adicionalmente, se dispuso la devolución de la caución económica impuesta a la imputada en el proceso, una vez que la resolución quede consentida.

Cabe recordar que a la ex jueza Benavides se le viene investigando por presuntos actos de corrupción, entre los que se encuentran el haber liberado a narcotraficantes a cambio de presuntos sobornos.

Asimismo, fue destituida de su cargo como jueza superior de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el marco de las investigaciones por corrupción en el sistema judicial.

Mediante un documento la Fiscalía de la Nación le exigió al ministro del Interior, Juan José Santiváñez el acceso a su cuenta de iCloud, luego que este entregara su celular reseteado sin chip y sin ninguna información como parte de una investigación en su contra. En ese sentido, le dio un plazo de 48 horas para que lleve a cabo la entrega. Sin embargo, Santiváñez, cuestionó el pedido de la Fiscalía y hoy en declaraciones a la prensa, remarcó que existen dos tipos de pedidos que puede hacer el Ministerio Público: legales e ilegales.

Con respecto a los pedidos legales explicó que estos están basados en disposiciones claras y justificadas, como el Código Procesal Penal; mientras que los ilegales no están permitidos y pueden ser sancionados por la jurisprudencia. Por lo que cuestionó la legalidad de solicitar información tan personal como acceso a cuentas bancarias, fotografías, antecedentes o cualquier otra información sensible de una persona.

Santiváñez rechazó la solicitud del Ministerio Público y argumentó que es ilegal, y que no está dispuesto a tolerar ninguna vulneración de sus derechos.

“Con el iCloud accedes a todo, a las cuentas bancarias, fotografías, antecedentes, documentos y la información de tu vida. Si la fiscal quiere enterarse de mi vida que me cite y me pregunte, más no el usuario y contraseña”, afirmó en su visita a la ciudad de Arequipa.

También mencionó que sus abogados han solicitado varias pruebas fuentes a la Fiscalía, pero que éstas no han sido consideradas, por lo que cuestiona el proceso judicial y la imparcialidad del Ministerio Público.

“La Constitución del Perú protege la presunción de inocencia. Mis abogados pidieron las pruebas fuentes donde están los audios y la Fiscalía sigue con una copia. Si la Fiscalía cree que una persona no va ejercer sus derechos de defensa, están equivocados. En las próximas horas voy a quejar a la Fiscal de la Nación ante la Junta Nacional de Justicia”, advirtió el ministro.

Tras ser inhabilitado el pasado 13 de diciembre de 2024, por 10 años de toda función pública por el Pleno del Congreso, el exministro de Salud conocido como el ‘doctor muerte’ Víctor Zamora Mesía por haber ordenado comprar millones de pruebas rápidas, pese a que sabía que no detectaban la Covid-19, acaba de ser incluido por el Poder Judicial en  el inicio de una investigación preparatoria, por el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales cuando estuvo a cargo del Minsa durante el mandato del expresidente investigado Martín Vizcarra.

La medida se adoptó luego que el juez supremo Juan Carlos Checkley fue comunicado sobre la decisión de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en formalizar la investigación preparatoria contra el exministro de Salud por un período de 120 días. Según la tesis fiscal, Zamora Mesía durante su gestión al mando del Ministerio de Salud, optó por la compra de pruebas rápidas en lugar de pruebas moleculares, provocando la ruptura del cerco epidemiológico de aislamiento establecido a raíz de la pandemia de Covid-19.

Además, en agravio de la salud pública, el exfuncionario habría demorado en emitir un Decreto Supremo para el uso del oxígeno medicinal con una concentración no menor al 93 %. Esta resolución fue notificada a la Fiscalía de la Nación, la Procuraduría General del Estado y a la defensa legal del investigado.

Informe de la ‘Subcomisión de Acusaciones Constitucionales’ señala que avaló actos irregulares para uso de pruebas rápidas

El documento especifica que Víctor Zamora no cumplió su función como titular del Ministerio de Salud, al no verificar la correcta ejecución del Decreto de Urgencia 028-2020, desde los días 20 hasta 29 de marzo del 2020. De esta forma se ejecutó el acto administrativo indebido para la adquisición de 1’400 millones de pruebas rápidas.

«Asimismo publicó el 30 de marzo de 2020, la resolución ministerial 139-2020- MINSA, con el fin de brindar un marco procedimental para el uso de la prueba rápida, avalando los actos irregulares para la adquisición de pruebas rápidas realizadas desde el 18 de marzo de 2020, que tenían como argumento principal, la supuesta detección del virus COVID 19″, sustentaron.

Fiscal de la Nación Delia Espinoza formalizó investigación preparatoria

Como se sabe, la fiscal de la Nación Delia Espinoza formalizó esta investigación preparatoria tras una resolución legislativa del Congreso de la República, en la que el Pleno aprobó el informe final de la denuncia constitucional contra el exministro por este caso.

La Fiscalía de la Nación anunció que intervinieron la vivienda del ex presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. A la diligencia se le denomina “inspección domiciliaria” como parte de la investigación que se sigue en su contra por el presunto delito de cohecho activo genérico.

El objetivo principal de esta diligencia es obtener registros fotográficos de los ambientes del inmueble, buscando recolectar elementos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos bajo investigación.

«Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, lleva a cabo la diligencia de inspección domiciliaria en el inmueble del expresidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola Peñaranda, como parte de la investigación que se le sigue por el presunto delito de cohecho activo genérico», se lee en la cuenta de X, del Ministerio Público.

El Poder Judicial anuló este martes la orden de prisión preventiva dictada contra Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta Dina Boluarte, quien estaba acusado de presunta participación en influencias ilícitas. Así lo dispuso la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que declaró fundadas las apelaciones presentadas por las defensas de los investigados Nicanor Boluarte, Jorge Ortiz Marreros, Zenovia Herrera Vásquez, Jorge Chingay Salazar y Noriel Chingay Salazar.

Sin embargo, desde que se emitió de dicha resolución, Nicanor Boluarte permaneció en la clandestinidad, y se convirtió en un prófugo evitando así enfrentar a la justicia.

Ante esta nueva situación, Martín Salas, el exfiscal anticorrupción señaló que la decisión de revocar la medida se basa en argumentos de proporcionalidad, considerando que el investigado puede continuar su proceso en libertad sin que supuestamente represente un riesgo de fuga o entorpecimiento de las investigaciones. En tanto, esto le permitirle retomar su vida cotidiana bajo el amparo de la ley.

«Nicanor Boluarte vuelve a ser ciudadano con todos sus derechos»

Tras el fallo, sus abogados declararon que Nicanor Boluarte «vuelve a ser ciudadano con todos sus derechos». Según la defensa legal, el Poder Judicial reconoció que la prisión preventiva no era una medida adecuada en este caso.

“Quizá para la sala el peligro procesal no existe y no hay peligro que Nicanor Boluarte haga uso de ese poder de facto que se le atribuye para el curso de la investigación, es por eso que los elementos de convicción son insuficientes», concluyó el exfiscal Martín Salas.

En #NPortada, el exfiscal anticorrupción Martín Salas indicó que Nicanor Boluarte no tiene reglas de conducta y está con comparecencia simple: “Vuelve a ser ciudadano con todos sus derechos”

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Luego de que el Poder Judicial a través de una medida cautelar le ordenara a Rafael López Aliaga y a la comuna metropolitana suspender la demolición de casas en San Juan de Miraflores ante las obras de la Vía Expresa Sur, los vecinos del asentamiento humano «Luis Felipe De Las Casas Grieve II» en San Juan de Miraflores (SJM) exigieron al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que no continúe con la demolición de sus viviendas.

“Yo quisiera que por favor el señor alcalde nos escuche a nuestro pedido y que haga caso a lo que el Poder Judicial ha emitido; que no toque nuestras viviendas y que por favor respete ese dictamen por favor, ya que somos personas que vivimos acá hace bastantes años. Por favor señor alcalde aclare y diga si en caso no nos afecta para estar tranquilos. Por favor le pedimos eso; la población que ha confiado en usted y que lo ha elegido como alcalde de Lima y que respete nuestra medida cautelar por favor”, pidió una vecina de la zona.

Vecinos piden que no sigan demoliendo sus casas por la Vía Expresa Sur

Uno de los propietarios enfatizó que ellos no son invasores.

«Yo como afectado pido al señor alcalde que nosotros no somos invasores, somos posesionarios desde el año 1987, acá nos ha dado la razón el juez que ha dictado la medida cautelar. Queremos que respete esta decisión del juez y que no siga destruyendo nuestras viviendas. Con eso yo quedo muy tranquilo, mis vecinos también están tranquilos. Que se respete esta orden que dicta el Poder Judicial», afirmó un vecino.

Por otro lado, una vecina del mismo grupo de propietarios argumentó que se sienten más tranquilos tras las declaraciones de Carlos Peña, representante de Emape, quien mencionó recientemente que sus viviendas se encuentran fuera del trazado del proyecto, por lo que no serían afectadas.

«Anoche me he enterado de que el funcionario de Emape ha reconocido que esta área no la van a tocar. Solamente ellos recuperarán desde el mercado, para allá. Queremos que cumpla, así como lo está diciendo, que más adelante no se arrepienta y después va a seguir con la demolición (…) en total somos 64 familias, pero afectados somos 28. Pero con esta resolución demostramos que ya no somos afectados, van a respetar esta área. Queremos que cumpla su palabra», sostuvo otro de los vecinos.

Emape anunció que continuarán con los trabajos de la Vía Expresa

Luego de que el Poder Judicial dictara la medida cautelar que protege a los propietarios del mencionado asentamiento humano en San Juan de Miraflores, el representante de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) anunció que continuarán con los trabajos de la Vía Expresa.

«La Municipalidad de Lima siempre va a ejercer sus derechos legales sobre la justicia y los mecanismos judiciales que existen. Lo que vemos es que estos predios concedidos o relacionados a esta medida están fuera del trazo, por lo tanto, no paralizan la actividad», aseveró el funcionario de la MML.

Como se recuerda, el pasado 31 de diciembre de 2024, el coronel de inteligencia Harvey Colchado Huamaní terminó su trayectoria en la Policía Nacional del Perú, luego de casi 28 años de servicio, tras haber sido pasado al retiro por el gobierno de Dina Boluarte. En tal sentido, el coronel ha mostrado una notoria libertad para expresarse en los medios periodísticos desde que se encuentra en situación de retiro, y ha señalado que los funcionarios del Gobierno y del Congreso de la República vienen «jugando en pared» y también ser refirió a las recientes modificaciones a normas desde el Parlamento.

Colchado emitió estas declaraciones, luego de que el congresista Américo Gonza de Perú Libre criticara su labor como jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) en la PNP. Asimismo, el parlamentario reveló que tiene en sus manos una grabación en audio que compromete a Colchado en un intento de extorsión. Según Gonza, el audio fue grabado durante una reunión en el estacionamiento del centro comercial Real Plaza, en el centro de Lima, donde el exjefe de la Diviac ofreció no incluirlo en una investigación.

Harvey Colchado responde a Américo Gonza y al Congreso

“Esa es una media verdad que (Américo Gonza) ha señalado repitiendo lo que dijo el ministro Santiváñez, porque están jugando en pared, muchas bancadas del Congreso con este Gobierno, por este pacto que hay”, manifestó Colchado Huamaní y añadió que los funcionarios «solo salen a decir medias verdades». Ante esto, aseguró que comenzará a defenderse, ya que ahora puede ‘salir a hablar’.

Congreso y Ejecutivo han derogado leyes para ‘cuidarse’ y beneficiar a los delincuentes

Asimismo, el coronel en situación de retiro criticó al Congreso por emitir y derogar normas que vienen favoreciendo a los criminales.

«Estas normas las han derogado o las han modificado para ellos beneficiarse, para que los funcionarios corruptos no sean allanados, no sean detenidos preliminarmente, para que los colaboradores eficaces tengan menos tiempo de periodo para poder ser corroborados, para que una escucha legal tenga menos tiempo de su antelación y así poco tiempo de poder ser escuchado”, afirmó Colchado para RPP.

Asimismo, Harvey Colchado cuestionó las recientes modificaciones de normas en el Parlamento con respecto a la lucha contra el crimen organizado, porque en diciembre pasado, luego de haber tomado en cuenta que cometieron un error, en el Congreso se vieron obligados a aprobar el restablecimiento de la detención preliminar en casos de no flagrancia, lo que ha sido observado por el Ejecutivo por causas políticas, para presuntamente blindar al entorno presidencial.

En ese sentido, Colchado Huamaní refirió que antes había herramientas para perseguir a los criminales, pero con las modificaciones realizadas por el Parlamento y Ejecutivo con el fin de cuidarse entre ellos, han terminado favoreciendo a los que cometen delitos. “Y al cuidarse ellos han beneficiado a los delincuentes de los delitos urbanos violentos, a los extorsionadores, asaltantes. A todos ellos han beneficiado», concluyó.