¿APP será juez y parte? Esta semana será crucial en el Congreso para develar cuál será el futuro del aún presidente de la Mesa Directiva Eduardo Salhuana debido a que Alianza para el Progreso podría devolverle el favor al cuestionado y presunto ‘proxeneta’ Jorge Torres Saravia cuando éste salvó al expresidente del Legislativo, Alejandro Soto, el 29 de agosto de 2023, al emitir su opinión legal y concluir que no había el delito de nepotismo, cuando en aquella época el parlamentario de Alianza Para el Progreso (APP) contrató a la hermana de su mujer. Por esa deliberación a favor de Soto, la Comisión de Ética ya no pudo iniciarle investigación, ni suspenderlo de su cargo de congresista hasta por 120 días.

APP investigará a Torres Saravia

Entre tanto, Torres Saravia quien en el 2020 ingresó a trabajar como asesor del entonces congresista Luis Valdez, actual secretario general de APP, será investigado por una Comisión Ad Hoc ordenada precisamente por la jefa de Recursos Humanos, Haydi Figueroa, militante activa de Alianza para el Progreso (APP).

Funcionarios de APP en el Congreso tienen salarios dorados que superan los S/20 mil

Otro de los seis jefes ligados a Alianza para el Progreso son Carlos Luis País Vera, quien actualmente se desempeña como director general de Administración del Parlamento, con un salario de S/26,227. Precisamente, en 2017, País Vera fue apoderado de la empresa “Negociaciones Rafaela SAC”, en el que el hijo de César Acuña, presidente de APP, era director.

La siguiente alta funcionaria cercana a Alianza para el Progreso, es la jefa del Área de Presupuesto, Yolanda Ríos Mendoza, quien gana S/15,470 mensuales. Ella también fue militante del partido de César Acuña Peralta hasta el 2021.

Otro de los altos directivos cercano a los apepistas es Iván Esteban Saldaña Estrada, quien es el actual jefe del Departamento de Servicios Generales, y percibe S/19,277 mensuales. Este funcionario congresal, entre 2019 y 2020 fue asesor del excongresista Richard Acuña Núñez y de Luis Valdez Farías. Y entre julio de 2021 y agosto de 2022, también fue asesor de la bancada Alianza para el Progreso en el Congreso.

Otro alto servidor es William Alcántara Infantes, quien actualmente ostenta el cargo de jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y tiene un salario de S/19,277. Y también ha sido asesor de Richard Acuña Núñez de la bancada de APP, entre 2019 y 2021.

Asimismo, Jorge Cruzalegui Guadiamos, en el 2017, ha sido jefe de la Oficina de Estudios de Preinversión en la gestión del gobierno regional de Lambayeque, cuando su presidente era Humberto Acuña Peralta, hermano de César Acuña Peralta. Actualmente Cruzalegui Guadiamos se desempeña como jefe del Área de Planeamiento del congreso, y percibe S/15,470 mensuales. Dicha jefatura la asumió en setiembre de 2023, cuando el presidente del Congreso era el apepista Alejandro Soto y también se desempeñó como asesor de la parlamentaria María Acuña Peralta de APP.

Y, por último, cierra la lista de los funcionarios apepistas, Jaqueline Yessenia Lozano Millones, quien también milita en Alianza para el Progreso (APP), y actualmente, es la jefa del Centro de Modalidades Formativas, y gana un salario de S/19,277 mensuales.

Mientras tanto, la mayoría de facciones del Congreso ya vienen exigiendo a Eduardo Salhuana que renuncie a la presidencia de la Mesa Directiva para garantizar imparcialidad en el caso de la presunta ‘red de prostitución’ que involucra precisamente a Alianza para el Progreso en el Parlamento por haber contratado a un sujeto como Jorge Torres Saravia quien venía con una denuncia por violación sexual.

El trabajo soñado por muchos. Que te paguen por apretar solo un botón cada vez que te toca marcar asistencia o votar es para muchos peruanos el trabajo ideal para los ociosos y los que se encuentran acostumbrados a realizar el mínimo esfuerzo.

Los ‘Padres de la Patria’ reciben 12 sueldos, muy aparte de las gratificaciones, bono y cuanto otro beneficio natural de su cargo. Como si eso fuera poco, muchos legisladores son acusados de recortar el sueldo a sus trabajadores, y otros aún más sórdidos y perversos, habrían obtenido favores sexuales a cambio de su consciencia. Ese es el Parlamento que todos elegimos para representarnos.

No contentos con todo eso, tienen el descaro de ausentarse en sesiones trascendentes para el desarrollo del país. Ya muchos habrán visto durante interpelaciones o reuniones del pleno un hemiciclo casi vacío, reflejando el poco interés de los congresistas para revisar y analizar los proyectos de ley más favorables para todos.

Un informe del diario El Comercio indica que el congresista con más inasistencias entre mayo y octubre del año que está por concluir es Abel Reyes Cam, del partido Perú Libre, quien en total tuvo descuentos de S/12,584; sin embargo, desde su bancada han indicado que su enfermedad degenerativa es el principal motivo de sus ausencias.

Le sigue el legislador José Luna Gálvez (Podemos Perú), quien tuvo descuentos por S/9,568. En tanto, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, ocupa el tercer puesto de faltones, descontándosele S/4,260.

Sean cual sean las excusas, lo peor de todo es que muchos proyectos no han podido ser bien debatidos debido a la gran cantidad de inasistentes; aunque muchos consideran que sus ausencias son completamente intencionales para dejar la vía libre a proyectos con nombre propio.

Completan la infame lista los congresistas Adriana Tudela (Avanza País), Juan Carlos Lizarzaburu (Alianza para el Progreso), Kelly Portalatino (Perú Libre), David Jiménez (Fuerza Popular), María Agüero (APP), Arturo Alegría y Héctor Ventura, ambos de Fuerza Popular.

Solo cabe recordar que el 13 de diciembre, 46 congresistas se ausentaron durante el debate para censurar al ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, lo que resultó en el rechazo de la moción. Semanas antes, el 25 de noviembre, la Comisión de Ética suspendió una sesión por falta de quórum, afectando el avance de casos como el de los «mochasueldos».

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú ha reiterado su rechazo por las detenciones arbitrarias de tres ciudadanos peruanos en Venezuela entre septiembre y octubre de este año y exige información sobre sus respectivos paraderos, así como el respeto a los derechos humanos. La Cancillería mostró su preocupación por los desaparecidos Renzo Huamanchumo Castillo, Nelson Cubas Mendoza y Ricardo Meléndez Guerrero, quienes fueron detenidos por las autoridades de Venezuela entre el 22 de setiembre y el 18 de octubre.

Asimismo, se exige a las autoridades venezolanas que se pronuncien, e informen el paradero, estado de salud y situación legal de los compatriotas. Por lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya ha recurrido a instancias multilaterales para obtener mayor información sobre los tres ciudadanos no habidos. A pesar de ello, a la fecha, las autoridades venezolanas no han dado respuesta a los requerimientos.

Según indican en Cancillería, una de las razones por las que ha sido complicado acceder a información sobre los tres ciudadanos peruanos, se debe a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela. Sin embargo, recalcó que continúan realizando gestiones a través de la Sección de Intereses en Caracas, que se encuentra a cargo de la Embajada de la República Federativa de Brasil.

Apenas este lunes 23 de diciembre, la ONG ‘Foro Penal’ informó que de 1.877 presos políticos registrados en Venezuela 19 son extranjeros y 31 tienen doble nacionalidad. Se trata de cuatro colombianos, tres ecuatorianos, dos españoles y otros de Argentina, Guyana, México, Perú, Ucrania, Uruguay y Estados Unidos.

La noticia de la presunta ‘red de prostitución’ que operaría en el Congreso de la República, y cuyo protagonista principal, Jorge Torres Saravia, ya se encuentra inmerso en una investigación fiscal que lo involucraría en el asesinato de su exasesora congresal Andrea Vidal; al parecer, no inmuta ni perturba a los propios parlamentarios y en especial, a los representantes de Alianza para el Progreso (APP) Alejandro Soto y a Eduardo Salhuana, quien actualmente dirige la Mesa Directiva. Por lo que, el exjefe del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, Alejandro Rospigliosi, sugirió al congresista que dé un paso al costado en la Presidencia del Congreso, puesto que los vínculos de la presunta ‘red de prostitución’ salpican a su partido.

Cuestionó que se haya contratado a Torres Saravia quien tiene denuncia por violación

El abogado indicó que Eduardo Salhuana ya debe dar un paso al costado para no empañar «su reputación» y para garantizar la imparcialidad del caso.

«El señor Salhuana es una persona con trayectoria en el Parlamento, de años atrás. Él debe saber que tiene hoy la oportunidad para dar un paso al costado y renunciar a la presidencia del Congreso para no empañar su reputación de años atrás. Además, para darse cuenta que no solo hay que ser imparcial, sino hay que parecerlo», declaró ante el programa ‘En Defensa de la Verdad’ en Exitosa. Pero también cuestionó que se haya contratado a Jorge Torres Saravia como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, y aseguró que existe responsabilidad por acción o por omisión de la Mesa Directiva que lo propuso para el cargo y de la actual Mesa Directiva que ha permitido que permanezca en dicho cargo.

«¿Cómo es posible que se nombre en una jefatura del Congreso de la República a un sujeto como Jorge Torres? Quien tenía una investigación en el pasado por violación nada menos, ¿Dónde está el ‘data mining’ del Congreso para revisar los antecedentes? Acá hay una responsabilidad por acción o por omisión de la Mesa Directiva que lo propuso para el cargo y de la Mesa Directiva que permitió que permanezca en el cargo», culminó.

La Fiscalía de la Nación informó que ha presentado una denuncia constitucional contra el congresista Darwin Espinoza Vargas, por ser el presunto autor de los delitos de concusión, peculado por utilización y peculado de uso, en agravio del Estado, por el sonado caso ‘chapafirmas’.

Darwin Espinoza abusó de su cargo y utilizó caudales del Estado para sus fines personales

De acuerdo al comunicado del Ministerio Público, la denuncia constitucional contra Darwin Espinoza fue presentada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.

«Los hechos están referidos a que, en abuso de su cargo de congresista, habría obligado a sus trabajadores a realizar aportes de sumas dinerarias que se destinó para la compra de obsequios y actividades de recolección de firmas en diferentes provincias de Áncash, así como cubrir sus gastos de transporte, hospedaje y alimentación para asistir a las mencionadas actividades, bajo amenazas de afectar la continuidad laboral», se lee en el comunicado.

Asimismo, se indica que: «También se le atribuye haber utilizado caudales estatales (mano de obra) de 7 trabajadores del Congreso para fines ajenos al servicio parlamentario con la finalidad de juntar firmas para la inscripción del Movimiento Regional Adelante Áncash. Del mismo modo, haber usado, para fines ajenos al servicio, instrumentos que le fueron asignados en actividades regulares, como el uso de un equipo multifuncional para impresiones».

Finalmente, en el comunicado indican que, con la presentación de dicha acusación, ya son más de 20 denuncias constitucionales enviadas al Congreso y que están pendientes de respuesta.

El Poder Judicial (PJ) declaró improcedente la demanda de amparo que interpuso la ex fiscal suprema Patricia Benavides Vargas con la intención de que se declarase «nula y sin efecto jurídico alguno» la resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Patricia Benavides no será respuesta como Fiscal de la Nación

El Décimo Juzgado Constitucional de Lima mediante resolución rechazó el recurso de la suspendida fiscal, el cual pretendía su retorno como Fiscal de la Nación. El juzgado esgrimió que la medida de amparo no fue suficiente para el análisis de pertenencia de la vía constitucional; debido a que, la demanda cuestiona la destitución interpuesta a causa del procedimiento administrativo que se le sigue a Benavides Vargas.

«La pretensión referida al cuestionamiento de dichos actos administrativos cuenta con una vía procedimental específica en la vía ordinaria (Proceso Contencioso Administrativo), y siendo objeto de la presente demanda, el cuestionamiento a una sanción administrativa, dicha pretensión debe ser dilucidada en otra vía procesal», refirió el Poder Judicial en sus fundamentos y remarcó que ha ocurrido una sustracción de la materia en la solicitud, debido a que la doctora Delia Espinoza fue elegida como nueva Fiscal de la Nación. A su vez, indicó que Benavides Vargas no sustentó debidamente sus alegatos para retornar al cargo, por lo que determinó que le corresponde demostrar «la idoneidad y el carácter subsidiario» que el proceso requiere.

A esa chalhuanquina nadie le quita el primer lugar, pero de impopularidad. No hace falta mucha ciencia para darse cuenta que la jefa de Estado, Dina Boluarte, es el personaje más repudiado del país, observándose en cualquier encuesta el mismo resultado: es la más negativa.

Hace poco la mandataria indicó que era mejor que ya de una vez por todas le pongan cero en las encuestas, pero lo que no sabe es que el margen de error no hace posible que llegue a esa cifra, para suerte de ella.

Se acaba el año, un año horrendo en todos los sentidos tanto para Ejecutivo como para el Legislativo con su tremendo escándalo de serie rosa a cuestas; sin embargo, eso no quita del centro de atención lo realizado por nuestra “madre de todos los peruanos” que más pareciera una madrastra de una historia de terror.

La última encuesta realizada por Ipsos arrojó que el 62 % de los peruanos la identifica como el personaje más negativo del año, siendo eso solo una consecuencia de todos sus exabruptos cometidos a lo largo de este año que se va, así como sus silencios cómplices para determinados casos de coyuntura nacional.

“Era muy obvio que que iba a salir negativa en la lista de personajes, muchos de ellos políticos. Nuevamente refleja la gran crisis de la clase política nacional y ella lo está encabezando con ese 62%. (…) La cifra que es consistente en todas las regiones evaluadas”, mencionó Guillermo Loli, director de Estudios de Opinión de Ipsos, en declaraciones para Exitosa.

Vladimir Cerrón y “Chibolín”, las escoltas de la chalhuanquina

Completando la terna se encuentra el líder de Perú Libre, el prófugo Vladimir Cerrón en segundo lugar (41 5); y en un deshonroso tercer lugar (23 %) está el amigo de las estrellas y políticos Andrés Hurtado “Chibolín” que ahora es negado hasta tres veces por todos aquellos que pisaron su set de televisión.

En la lista también destacan nombres como Pedro Castillo, ex presidente del Perú (19 %); Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, quien comparte cifras con el ex mandatario Antauro Humala (16 %); le sigue Keiko Fujimori (15%) y Juan José Santiváñez (14%) entre las personalidades que no aportaron positivamente al país.

Si no es sexo por cambiar su voto lo es el dinero. La ex gerente de la empresa Marka Group, Sada Goray, en declaraciones para el programa dominical Cuarto Poder, aseveró que Salatiel Marrufo, ex asesor del Ministerio de Vivienda, le pidió dinero para pagar una “bolsa” a un grupo de parlamentarios a cambio de votar en contra de la vacancia de Pedro Castillo en el año 2021. De acuerdo a lo manifestado por la empresaria uno de los congresistas sería Darwin Espinoza, y los otros serían los legisladores conocidos como “Los Niños”.

Goray Chong, implicada en una presunta red de corrupción, dijo que a pesar de que Marrugo le pidió dinero no creyó que sería utilizado para dicho fin.

“A los dos días se votó para la vacancia de Pedro Castillo y, al final, votaron los congresistas en contra”, indicó para el citado medio.

⚠️ | INDIGNANTE: Sada Goray confirmó la entrega de coimas para Congresistas y evitar la vacancia de Castillo en dos oportunidades. Se dió S/50 MIL a varios Congresistas, uno de ellos es Darwin Espinoza, también hablo de Lilia Paredes. ¿No decían que eran el gobierno del pueblo? pic.twitter.com/4nHobWgREz

— Carlo Martin (@Liberfach0) December 23, 2024

La empresaria indicó que Marrufo Alcántara le contó que Darwin Espinoza, de la bancada de Podemos Perú e implicado en el caso ‘Los niños’, y otros legisladores habrían recibido coimas de 50 000 soles por voto para evitar la vacancia de Castillo Terrones.

Asimismo, afirmó que se referían a Pedro Castillo como el “23” y coimas millonarias eran destinadas a «la planilla de la familia del presidente» y a los congresistas que lo favorecían con sus votos.

“Cuando yo le cuento a la Fiscalía, les digo: ‘Mire, me está pasando esto’. Les digo, yo les voy a contar lo que Salatiel Marrufo me ha contado. Yo no puedo corroborar qué pasó, lo que Salatiel Marrufo hizo hacia afuera, no lo sé. Ellos me pedían que recuerde todo lo que tenga que ver con el presidente, eso he contado, conté que al presidente le decían el ’23’”, mencionó.

El dato:

En agosto de 2024, Sada Goray, implicada en el caso Fondo Mivivienda, abandonó el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, después de que la Corte Suprema revocó la orden de prisión preventiva por 30 meses en su contra. Actualmente la empresaria tiene comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país.