El 19 de febrero, una denuncia de presunta estafa sacudió la tranquila ciudad de Calca, donde un grupo de trabajadores y proveedores se unió para alzar la voz contra el Consorcio Salud Calca, encargados de la construcción del «Nuevo Hospital del Seguro Social». Esta obra, que debería ser un emblema de progreso para la región, se ha convertido en un ejemplo más de desidia, negligencia y, posiblemente, fraude.

A las afueras del proyecto hospitalario, los afectados, entre ellos trabajadores que brindaban servicios alimentarios y proveedores de materiales, se unieron para expresar su indignación ante la falta de pagos. 3,5 millones de soles llevan casi un año sin ser saldados, lo que deja en evidencia no solo la incapacidad de los responsables, sino una posible estafa orquestada por el Consorcio Salud Calca, integrado por la empresa china Sinohidro Corporation Limited y la peruana 2H Ingeniería y Construcción S.A.C.

A pesar de ser un proyecto gestionado por EsSalud, bajo la presidencia de María Aguilar del Águila, la institución no ha emitido ningún pronunciamiento claro sobre el actual estado de la obra ni ha tomado responsabilidad ante la creciente crisis. El mutismo por parte de la entidad encargada de velar por la salud de los peruanos es alarmante y parece ser una estrategia para desviar la atención de la negligencia en la ejecución del proyecto.

Una obra paralizada y una promesa incumplida

La construcción del nuevo hospital, que debía estar terminada en diciembre pasado, apenas alcanza un 25% de avance, a pesar de contar con una inversión superior a los 74 millones de soles. El terreno de 6,457.23 metros cuadrados, destinado a albergar 16 consultorios y un área de urgencias, permanece vacío, con los trabajadores y proveedores sin recibir el pago por su labor, mientras el consorcio no da señales de cumplir con su obligación.

El alcalde de Calca, Edward Dueñas, en un intento por calmar la situación, visitó el lugar con su equipo, y se alcanzó un acuerdo en una reunión celebrada en la parroquia local. Sin embargo, el acuerdo fue insuficiente para resolver el problema de fondo: el consorcio no ha cumplido con las millonarias deudas contraídas.

¿EsSalud es cómplice?

La actitud de EsSalud ante esta crisis es cada vez más cuestionada. En su momento, la presidenta María Aguilar del Águila llegó a Calca para inspeccionar la obra y aseguró que el hospital se terminaría dentro del plazo contractual, un compromiso que ha quedado en el aire. La falta de información clara y la indiferencia de los funcionarios de EsSalud ante la denuncia de los proveedores y trabajadores sugiere que la institución podría estar encubriendo una presunta estafa millonaria.

Lo más grave es que el retraso de la obra ha tenido consecuencias devastadoras para la población de Calca y alrededores. Con una infraestructura de salud paralizada, miles de asegurados se ven obligados a desplazarse hasta Cusco para recibir atención médica, lo que no solo eleva los costos de salud, sino que pone en peligro la vida de los pacientes.

Presidenta María Aguilar del Águila en su visita la obra en Calca.

La deuda y el futuro de la obra

A casi un año de incumplir su compromiso con los proveedores, el Consorcio Salud Calca parece estar evadiendo la responsabilidad de saldar su deuda de 3,5 millones de soles. Esta deuda, que representa solo un 4% del monto total del contrato, debería haber sido prioritaria, ya que es impensable que los trabajadores de la obra queden desprotegidos, sin salarios ni pagos.

EsSalud no puede seguir mirando hacia otro lado ante este escándalo. Si no se garantiza el pago inmediato a los proveedores y trabajadores afectados, el Seguro Social de Salud se verá obligado a responder por ser cómplice de este robo institucionalizado. Los peruanos no solo merecen respuestas, sino que exigen justicia.

No es no. El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Eduardo Arana Melchor, en representación del Poder Ejecutivo, anunció que se viene evaluando presentar un Proyecto de Ley (PL) para que se modifique el Código Penal para imponer pena privativa de la libertad a los extranjeros que reingresen a nuestro país pese a haber sido expulsados previamente por haber cometido un delito.

Así lo anunció durante su intervención tras la sesión del Consejo de Ministros, donde precisó que esta iniciativa busca castigar a los extranjeros que se «burlan» de las autoridades nacionales y reingresan al país para seguir delinquiendo, cuando ya se les ha expulsado por estos actos.

“La idea que se propuso con el Ministerio de Justicia frente a este hecho es que ante casos en los cuales un extranjero que ilegalmente haya ingresado y que, además, tenga un proceso administrativo o un proceso penal en el cual parte de la sentencia implica la expulsión y reingresa, será objeto de todas maneras de una detención y una prisión efectiva”, señaló.

El ministro Arana manifestó que cuando el PL sea aprobado por el Consejo de Ministros será enviado al Parlamento. Al respecto, dijo que espera que en el Legislativo lo tramiten rápidamente dada la realidad de los reingresos por la frontera.

También se refirió sobre la Corte IDH y la postura del Perú

Por otro lado, el ministro de Justicia se pronunció sobre la posibilidad de que el Perú se retir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), raíz de una serie de audiencias para conocer la opinión de diversos sectores respecto de la pena de muerte para violadores.

“Se nos ha señalado que las audiencias tendrían un propósito de que el Gobierno tendría bajo la manga la posición de inmediatamente retirarnos de la Corte Interamericana, nada más alejado de la verdad. La propuesta intenta acercarnos a una problemática que es real y darle respuesta dentro del marco de la Constitución y la ley”, dijo.

El ministro señaló que el objetivo de estas audiencias es “escuchar a la ciudadanía en sus propias regiones” respecto de este debate que planteó la presidenta de la República Dina Boluarte.

La foto de la discordia. Una fotografía difundida por RPP ha puesto de cabeza a la Policía y demás involucrados en la instantánea, entre ellos el empresario Guillermo Ruiz, quien ha negado formar parte de la organización criminal ‘Los Pulpos’ de la ciudad de Trujillo.

En dicha fotografía se puede apreciar a tres suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) junto a otros cuatro sujetos, los mismos que serían parte de ‘Los Pulpos’, entre ellos el empresario aludido.

Guillermo Ruiz, muy al contrario de las acusaciones, manifestó que en realidad dijo haber sido víctima de extorsión por parte de ‘Los Pulpos’, mencionando además que la foto fue tomada en mayo del año pasado por su amistad con los suboficiales presentes, quienes, según su versión, capturaron al tío del prófugo Jhonsson Smit Cruz Torres, cabecilla de la organización criminal.

Puntualizó que las personas a quienes el Gobierno vincula con la organización criminal son, en realidad, un contador y dos supervisores de seguridad que trabajan en sus empresas. Por ello, cuestionó la falta de una investigación adecuada antes de que el ministro del Interior haya emitido un “comunicado ligero”.

“Sería bueno que el ministro identificara quién está detrás de la difusión de esta foto. Soy un empresario que ha sido afectado por ‘Los Pulpos’, los he denunciado, eso es muy fácil de corroborar. Estoy trabajando con mis abogados y voy a denunciar a la PNP y al Mininter. Vamos a seguir hasta la última instancia”, afirmó.

Ministro Santiváñez piensa contrademandar a empresario

Por su parte, el titular del Mininter advirtió al empresario con tomar acciones legales de continuar con la denuncia.

“En el comunicado no nos hemos referido a ningún civil y, menos, al empresario o supuesto empresario, no conozco al señor. Nos hemos referido a los policías que, de acuerdo a la Ley de Régimen Disciplinario, van a ser sometidos a un proceso disciplinario”, indicó.

“Si el empresario va a demandar a la Policía, que lo haga, lo vamos a contrademandar nosotros, por una sencilla razón, en qué momento se le ha sindicado. Nosotros no lo hemos sindicado”, agregó.

La ferviente defensora del prófugo Vladimir Cerrón, la congresista María Agüero, ha presentado un Proyecto de Ley (PL) para que los medios de comunicación declaren quiénes son sus fuentes de financiamiento y si influyen de alguna manera en la denominada ‘línea editorial’.

La legisladora arequipeña, investigada por el caso ‘Mochasueldo’ explica en el artículo segundo del PL n.° 10208/2024 -CR la finalidad de esta iniciativa.

“La finaldiad de esta ley es garantizar que la ciudadanía disponga de información clara, precisa y verificables acerca de la estructura de propiedad, las fuentes de financiamiento y las actividades de los prestadores de servicios de medios de comunicación”.

Según la propuesta, los medios deberán informar sobre los montos recibidos, el origen de los fondos, y las condiciones específicas de los financiamientos, tanto nacionales como internacionales.

Este proyecto ha generado una fuerte oposición por parte del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), que lo califica de “regulatorio” y “persecutorio”. Rodrigo Salazar, director del CPP, criticó la propuesta, señalando que podría ser una venganza política de Agüero contra los medios que han informado sobre las presuntas irregularidades en su gestión. “Eso evidencia que lo que hay siempre en este tipo de proyectos de ley es una venganza contra aquellos que alertaron sobre los entes que tienen el poder y no lo ejercen bien”, sostuvo Salazar.

El proyecto, titulado Ley de Transparencia en la Propiedad, Financiamiento y Actividades de los Prestadores de Servicios de Medios de Comunicación, también establece que los medios deberán entregar al Poder Ejecutivo detalles sobre el origen de los fondos, sean públicos o privados, y la naturaleza de los acuerdos financieros. La medida busca garantizar que los medios operen de manera más transparente.

La propuesta ha dividido opiniones. Mientras algunos consideran que permitirá una mayor claridad sobre los intereses que influyen en los medios, otros temen que se convierta en una herramienta para controlar el contenido informativo y restringir la libertad de prensa en el país.

Los Boluarte en todas partes y en todo momento. Por si no fuera suficiente con su hermano Nicanor Boluarte ahora la abogada y también hermana de la mandataria, René Boluarte Zegarra, aparece como una de las principales asesoras de la recién constituida Junta Nacional de Justicia (JNJ), asumiendo desde el 6 de enero de 2025.

Cabe mencionar que la JNJ se encarga de la selección, ratificación y evaluación de jueces y fiscales en el país, muchos de ellos analizando diversas denuncias contra la actual jefa de Estado Dina Boluarte. Es por ello que ha causado gran preocupación que un familiar directo de la presidenta de la República se encuentre ocupando un cargo tan importante en la JNJ.

René Boluarte, quien tiene una vasta trayectoria en el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), ocupa ahora un puesto de asesoría de alta dirección en la JNJ. A lo largo de su carrera, René Boluarte ha trabajado en diversos puestos dentro del CNM desde su ingreso en 2001, lo que le otorga un conocimiento profundo de los procesos administrativos de la Junta. 

Sumado a todo eso, es importante refrescar la memoria que el actual pleno de la JNJ ha sido conformado por excolaboradores cercanos a la presidenta Dina Boluarte, como el exprocurador Gino Ríos Patio, quien fue designado presidente para 2025, y la excongresista de Podemos Perú María Teresa Cabrera, quien ocupa la vicepresidencia. La vinculación de estas figuras con el entorno político de la mandataria refuerza la percepción de que existe un intento de politizar el sistema judicial.

Más Bolaurte en el Estado

René Boluarte no es la única pariente de la presidenta con un cargo importante en el Estado. Su primo, Luis Campana Boluarte, así como su hijo, David Gómez Boluarte, son funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Además, su hermano, Nicanor Boluarte, ha sido denunciado por liderar una organización criminal, la cual habría instrumentalizado prefectos y subprefectos en favor de su partido político Ciudadanos por el Perú.

No es novedad que algunos medios tradicionales jueguen en pared con el Ministerio Público y algunos empresarios. En ese contexto, algunos diarios impresos sirven como caja de resonancia para señalar a diversos personajes políticos que en muchos casos les resulta incomodos.

Por ello, el Presidente del Consejo de Ministros y actual congresista Guido Bellido, mediante su cuenta oficial de X, se pronunció sobre la portada del Diario El Comercio, donde se señala que la Fiscalía pide 20 años de cárcel para los congresistas Guillermo Bermejo, Guido Bellido y 25 años de cárcel para Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre.

Tras la publicación periodística, Bellido Ugarte mencionó: «Estamos en un país donde el Ministerio Público se ha convertido en una herramienta de persecución política. En lugar de combatir la delincuencia, persigue sin pruebas a quienes asumen responsabilidades públicas por elección popular. Durante la segunda vuelta electoral, fabricaron acusaciones de afiliación a organizaciones terroristas sin una sola evidencia».

Además, agregó: «Se supone que el Ministerio Público debe garantizar la legalidad y proteger los derechos ciudadanos, pero en realidad solo resguarda el orden corrupto que ha oprimido al pueblo durante siglos. Este caso será emblemático: una institución que jamás ha enfrentado la delincuencia porque muchos de sus integrantes son parte de ella. Si fueran serios, habrían archivado el caso. Saben que las acusaciones son falsas, pero siguen derrochando el dinero del pueblo con el cuento del terrorismo».

Tras casi cinco meses de haber sido suspendido, Rafael Muente Schwarz, retomó sus funciones como presidente ejecutivo del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). Su regreso se cumple tras el fallo a favor en segunda y última instancia administrativa de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

Cabe recordar que Muente Schwarz asumió el puesto en la entidad de telecomunicaciones en 2017 y fue reelegido en 2022 para un segundo periodo. Sin embargo, su regreso se da en medio de una serie de cuestionamientos por haberse ejercido un presunto conflicto de interés a su favor.

Los tres miembros del tribunal que reincorporaron a Rafael Muente son sus amigos y colegas de la PUCP

El Tribunal de Servicio Civil (SERVIR) que el último 14 de febrero declaró NULA la Resolución emitida por la Comisión Ad Hoc de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que hace cinco meses sancionó con la suspensión y 365 días sin goce de haber a Rafael Muente Schwarz, lo conforman nada menos que Rolando Salvatierra Combina, como presidente de la Primera Sala del Tribunal de Servicio Civil; y los vocales de la Primera Sala del Tribunal de Servicio Civil, Orlando De Las Casas De La Torre Ugarte y César Efraín Abanto Revilla.

Aquí lo insólito es que los tres miembros del tribunal, además de ser abogados y colegas de la PUCP de Rafael Muente Schwarz, también son sus amigos y compañeros de trabajo. Es decir, firmaron la resolución que favorece a Muente Schwarz, incurriendo de esa manera en un grosero y presunto flagrante conflicto de interés, en lugar de haberse inhibido.  

¿Por qué la PCM suspendió a Rafael Muente Schwarz?

En septiembre de 2024 la PCM suspendió a Rafael Muente Schwarz por un año sin goce de haber, argumentando el uso indebido de fondos públicos en un programa de capacitación. Sin embargo, el Tribunal de SERVIR conformado por los amigos cercanos de Muente Schwarz acaba de anular esta medida al considerar que hubo una vulneración al debido proceso.

Por su parte, Muente Schwarz afirmó que el proceso en su contra careció de sustento legal, señalando que la contratación de la capacitación cumplió con todos los procedimientos establecidos y acusa que se cometió una ‘usurpación de funciones’ dentro de la propia PCM.

«Recordemos que por efecto de la decisión de Servir, ningún acto administrativo posterior o cualquier acto que persiga un efecto jurídico es válido, bajo responsabilidad. No me dejan alternativas sino proceder con firmeza en defensa del cumplimiento de la ley, ante lo que ya constituye usurpación de funciones», advirtió y acusó al premier Gustavo Adrianzén, de tener una actitud parcializada en su contra.

Tras este escándalo por un presunto conflicto de interés que apuntó a favorecer al abogado Rafael Muente Schwarz se exige una inmediata investigación administrativa y si fuera el caso, también de tipo penal.

La sentencia final contra el expresidente de la República, Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia se daría en el mes de mayo de este 2025 y con una posible condena de los acusados, según informó el coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, e indicó que el caso permanece a cargo de su colega, el fiscal Germán Juárez Atoche. En esa línea, dio a conocer que ya se han acusado a 11 personas naturales y 2 personas jurídicas.

Fiscalía confía en la destrucción total de la presunción de inocencia

Asimismo, Vela Barba señaló que, tras los distintos pasos de los controles de legalidad judicial, se encuentran en el estadío de la defensa material de los acusados y que esta culminaría el próximo 5 de marzo, por ello señaló que el Ministerio Público confía en la destrucción total de la presunción de inocencia.

«Finalmente estamos en el estadío de la defensa material de los acusados que deberá culminar el 5 de marzo del 2025, con lo cual la expectativa de tener un pronunciamiento judicial de condena o absolución (…) emita la sentencia que corresponda. Pensamos que no debería de extenderse del mes de mayo», culminó.