Dos años después de haber votado a favor y de haber firmado la aprobación para entregar el ‘cobro de peaje’ a la corrupta empresa OAS, el exregidor municipal y hoy alcalde de Lima, Rafael Lopez Aliaga, a pocos meses de iniciarse la gestión municipal de Susana Villarán como alcaldesa metropolitana, el 15 de junio del 2011, fundó la compañía ‘ACRES Sociedad Titulizadora SA’, teniendo como socios a ‘ACRES Investments SA’, empresa dirigida por él, y a Javier Riofrio Orrego, su socio en otras firmas.

Esta empresa de López Aliaga, con los supuestos procesos de titulización, prácticamente tercerizaba obligaciones de pagos y/o deudas. Entre tanto, su directorio lo conformaban, además de López Aliaga (como gerente general), Javier Riofrio, Rui Baracco y el chileno Andrés Muñoz Ramírez, quien era el socio operador. Este ciudadano chileno a inicios del siglo XXI se desempeñó como Vicepresidente Ejecutivo Comercial y Vicepresidente Ejecutivo de Riesgos de Interbank; pero desde 2011, tras salir del conglomerado empresarial de los Rodríguez Pastor, Muñoz Ramírez se convirtió en accionista y miembro del directorio de algunas empresas vinculadas a Rafael López Aliaga, entre ellas, ‘ACRES Real Estate SA’ (Digital Ventures), ‘ACRES Investments Peru SA’, ‘ACRES Sociedad Agente de Bolsa’ y ‘Energías Eólicas del Perú SA’.

Asimismo, Lopez Aliaga también fundó la empresa consultora, de asesoría financiera ‘ACRES Finance SA’. Lo hizo a través de ‘ACRES Investments SA’, como su representante, el 19 de octubre de 2011, e incorporando también como socio y presidente del directorio a Andrés Muñoz Ramírez. Y apenas al mes siguiente, es decir, el 18 de noviembre, la oficina de Logística de la Caja Metropolitana convocó justamente a Muñoz Ramírez para que la empresa realice una asesoría externa en gestión integral de riesgos. Entre tanto, él mantenía una relación estrecha con dos funcionarios de confianza de Susana Villarán. Se trata de Ángel Calderón, exgerente de la Oficina de Riesgos de la Caja Metropolitana; y José Miguel Castro, hombre de confianza de la exalcaldesa acusada por recibir coimas y expresidente del directorio de la Caja Metropolitana.

El 20 de diciembre de ese mismo año, Calderón mediante un informe enviado a la gerencia general de la “Caja”, justificó la necesidad de contratar a Muñoz Ramírez, mediante un proceso de contratación directa. Y al poco tiempo, el 20 de febrero de 2012, la Caja Metropolitana suscribió un contrato de asesoría externa con Andrés Muñoz para que diagnóstique los riesgos de los productos del área de banca comercial, y de ‘Caja Gas’.

En aquella época, La Caja Metropolitana le pagó 80 mil soles. Es decir, este primer pago lo dividieron en cuatro armadas de S/20 mil cada una, justo un mes antes de la suscripción del contrato. Por su parte, la fiscal anticorrupción Vanessa Díaz Ramos, mientras investigaba el caso, según su tesis refirió que simularon un proceso de selección y firma del contrato con el fin de favorecer a Muñoz Ramírez. “El servicio para el cual fue contratado Muñoz no fue brindado”, sostuvo Díaz Ramos en su acusación fiscal.

Sin embargo, Muñoz Ramírez no se durmió y el 10 de enero mediante un correo electrónico enviado al gerente general de la Caja Metropolitana, Óscar Vivanco, le planteó “formalizar en un mandato la ejecución de la emisión de bonos titulizados de la cartera Caja Gas”, y que le cabía como “anillo al dedo” al rubro de ‘ACRES Sociedad Titulizadora’, empresa de Rafael López Aliaga, constituida siete meses antes. Fue así que, en la sesión del directorio de la Caja Metropolitana del 9 de agosto de 2012, el entonces mandamás de la “Caja” presentó la propuesta para titulizar la cartera ‘Caja Gas’ hasta por S/40 millones; y el directorio autorizó a Vivanco para que contrate de manera directa—sin licitación—a una empresa titulizadora, para concretar la titulación.

Y luego de unos meses, el 4 de octubre de ese año, la Caja Metropolitana suscribió, directamente y sin concurso público, un contrato con ‘ACRES Sociedad Titulizadora’ y ‘ACRES Finance SA’ para el proceso de estructuración, titulización y colocación de bonos titulizados de la cartera de crédito ‘Caja Gas’.

Según el contrato, el pago serían S/300 mil, más IGV, dividido en tres cuotas; y un pago de honorarios de éxito del 1.5% del monto colocado, más el IGV, pagados a la fecha de colocación de bonos. No obstante, fueron estipulaciones que figuraban en papel. Porque igual que lo que sucedió con Andrés Muñoz, las empresas de Rafael López Aliaga cobraron parte de sus honorarios antes de firmar el contrato.

El Ministerio Público determinó que el contrato fue elaborado por ‘ACRES Sociedad Titulizadora’ y ‘ACRES Finance SA’, y no por la Caja Metropolitana de Lima. De acuerdo con la investigación fiscal, la contratación de ambas empresas de “Porky” se hizo “sin que existiera una necesidad real”. Sin “ningún informe técnico que respalde la propuesta de la necesidad de titulización, el monto de la emisión de los bonos, ni el plazo de la operación de titulación”. Al poco tiempo, el 31 de diciembre de 2012, el gerente general de la Caja Metropolitana, Óscar Vivanco suscribió el contrato de Fideicomiso de Titulación y contrato de Emisión de Bonos de titulización por S/ 40 millones con ‘ACRES Sociedad Titulizadora’.

Gestión de Susana Villarán favoreció a López Aliaga

Desde que López Aliaga fundó su compañía ‘ACRES Sociedad Titulizadora’, dicho contrato con la Caja Municipal de Lima, prácticamente fue su primera operación comercial. Por lo que, la gestión municipal de la exalcaldesa Susana Villarán no solo se saltaba los plazos, sino también, la ley, con el fin de favorecer a Muñoz Ramírez y a López Aliaga. De acuerdo con la Fiscalía y la propia Contraloría General de la República, el pago efectuado a la empresa del dueño de Renovación Popular, defraudó y causó un perjuicio millonario a la Caja Metropolitana.

Entre 2012 y 2013, la Caja Metropolitana pagó un total de S/1 millón 550 mil en contratos con ‘ACRES Sociedad Titulizadora’, ‘ACRES Finance’, ambas empresas de Rafael López Aliaga y con el socio de este, Andrés Muñoz Ramírez.

López Aliaga involucrado en corrupción de Caja Municipal

El 21 de diciembre de 2020, la fiscal Vanessa Díaz acusó a 11 personas por el caso de la Caja Metropolitana. En cuanto a Andrés Muñoz Ramírez, la fiscal le imputó los delitos de colusión agravada y falsedad genérica, y pidió al Poder Judicial una condena de 12 años y 11 meses de prisión. Asimismo, la fiscal Manuela Villar, de lavado de activos, señala que Rafael López Aliaga tuvo participación en toda la trama de corrupción en la Caja Metropolitana.

En julio del 2022, la fiscal Villar formalizó la investigación preparatoria a Rafael López Aliaga, por el delito de lavado de activos, contra la administración pública, por el caso de la Caja Municipal de Lima Metropolitana, con el agravante de integrar una organización criminal. La Fiscalía identificó aumentos de capital, bajo la modalidad de capitalización de acreencias entre las compañías de López Aliaga, por S/223 millones 908 mil 180. entre ellas, la offshore ‘ACRES Investments International Ltd Inc’., registrada en Nevada por Mossack Fonseca, el 28 de junio de 2011 y que tiene como único accionista a Rafael López Aliaga.

Hay que remarcar que ‘ACRES Investments International Ltd Inc’. es accionista mayoritaria de ACRES Investments SA, que a su vez es accionista de ‘ACRES Sociedad Titulizadora’ y ‘ACRES Finance’ y de acuerdo a la tesis fiscal, todas estas empresas, están lideradas y controladas por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

La Fiscalía de la Nación, en cooperación con la División de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú (PNP), realizó un allanamiento simultáneo en distintas ciudades del país, incautando bienes muebles e inmuebles vinculados al actual alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez.

La medida también alcanza a las propiedades de Pier Figari, ex personero legal del referido partido; así como a las de Nancy Gallegos, Rosa Castañeda, Maribel Ramírez, Nancy Ramírez, Osías Ramírez, Edmond Jordán, Marco Urteaga, Yohny Ramírez, Harold Morales y Marcos Aponte. Asimismo, a personas jurídicas como la Universidad Alas Peruanas (UAP) S.A., Compañía General de Combustibles S.A.C., Compañía General de Combustibles Granel S.R.L., Capricornio Import S.A.C., Lima Ingeniería y Construcción S.A.C., Constructora Inmobiliaria Habitaria, Norgrifo S.R.L., Promotora Inmobiliaria Primavera, Promotora Juan Pablo II S.A., Mondreu S.A.C., e Imporgraf S.A.C.

La Fiscalía precisó que la ejecución de este operativo «permitirá incautar objetos útiles y relevantes para la investigación» que se sigue a los imputados por los presuntos delitos de lavado de activos y fraude en la administración de personas jurídicas.

La medida se ejecutó de manera simultánea en las ciudades de Cajamarca, Chiclayo, Chimbote, Lima, Pisco, Tacna y Trujillo, y permitirá «incautar objetos útiles y relevantes para la investigación». En Cajamarca, jurisdicción gobernada por Ramírez, un equipo especial de la Fiscalía llegó desde Lima para realizar la diligencia, la cual tuvo lugar en la finca caserío San José, de 26 hectáreas de extensión. 

Todas las propiedades incautadas pasarán a la administración del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

Alas Peruanas, Joaquín Ramírez y Fuerza Popular

Según la tesis fiscal, el fallecido rector de la UAP y tío del imputado, Fidel Ramírez, derivó cuantiosas sumas de dinero a empresas fachadas, las cuales tendrían como titulares a su familia. 

Además, se sindicó que Joaquín Ramírez recibió millonarios préstamos de dicha casa de estudios y participó de una serie de operaciones sospechosas por las que es investigado.

Recordemos que el caso Alas Peruanas vinculaba al partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, ya que en el 2016 se reveló el caso cócteles en el que se alertaron millones de soles aportados a dicha bancada política que no se habían declarado; y de los que se sospechaba procedían del narcotráfico y demás actividades ilegales.

La extensión de los ilícitos motivó al Ministerio Público a crear el caso en el que se investigaban los movimientos, acciones y el patrimonio desplazado por Joaquín Ramírez y su familia, en favor del partido ‘naranja’.

Tras el escándalo del oscuro viaje de la alcaldesa Jessica Vargas a Punta Cana, conversamos con la regidora Fiorella Muñoz, quien viene realizado una rigurosa fiscalización a la actual gestión de municipal de Barranco.

En las últimas semanas la regidora detectó graves irregularidades que envuelven a la alcaldesa Jessica Vargas en un viaje realizado en marzo de 2024 a Punta Cana en República Dominicana. Para sorpresa de la propia regidora, mediante un documento oficial, la propia organización del evento confirmó que la alcaldesa de Barranco jamás fue invitado a Punta Cana, lugar donde se realizó el «Curso de Capacitación» y la «Reunión Anual de Gobernantes» del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Lo sorprendente es que por realizar su trabajo de fiscalización, la propia alcaldesa y los regidores oficialistas han intentado vacarla en tres oportunidades a la regidora Fiorella Muñoz.

Finalmente, la regidora señaló: «Lo que sigue es la denuncia en Fiscalía de Corrupción de Funcionarios que estoy preparando».

Aquí la entrevista completa

Tenía que ser un Acuña. Cuando aún los familiares de las seis personas fallecidas aún no asimilan la gran pérdida, y casi todo un país se solidariza, existe un clan familiar que por un lado sale en pantallas dándose golpes en el pecho, pero que a las horas se les ve felices y despreocupados, alejados de aquellas personas que les dieron su voto.

La ciudad de Trujillo aún no logra recuperarse de este doloroso golpe, donde el patio de comidas del centro comercial Real Plaza Trujillo se convirtió en la tumba de seis personas, organizándose por ello vigilias, marchas y demás actos de solidaridad; en tanto, Richard Acuña y su esposa Brunella Horna no tuvieron mejor idea que asistir un día después del desastre a una lujosa fiesta de  disfraces en el Casino Pimentel, donde la modelo fue coronada como “Reina del Carnaval”, como si nada hubiera pasado.

Las imágenes y videos de la pareja bailando y sonriendo en plena celebración han causado indignación, pues evidenciaron su falta de sensibilidad con el dolor ajeno.

Kenny Roo, creador de contenido en TikTok, documentó la celebración y al preguntar quién fue la reina del evento, algunos asistentes confirmaron que la modelo Brunella Horna había sido elegida.

“La salida de la reina, Brunella, ha sido espectacular”, se escucha decir a uno de los asistentes en el video que circula en redes sociales, confirmando la presencia de la empresaria e influencer en la fiesta del 22 de febrero.

Además de la celebración en el Casino Pimentel, Richard y Brunella también fueron vistos disfrutando en un luau privado en una exclusiva playa de Pimentel, ubicada en la ciudad de Chiclayo. De acuerdo con una imagen obtenida por La Combi Noticias Trujillo, la modelo y el actual presidente del Club de Fútbol Universidad César Vallejo compartieron con el actual alcalde del distrito, Kike Navarro, y su pareja, en un ambiente festivo, ajeno a la tragedia que enlutó a La Libertad.

La filtración de estas imágenes ha incrementado la indignación entre los ciudadanos, quienes cuestionan la actitud de la familia Acuña ante un desastre que ha conmocionado a toda la región. La actitud de la pareja ha sido criticada debido a la cercanía de la tragedia y al hecho de que Richard Acuña es hijo del gobernador César Acuña, quien se pronunció tras el derrumbe asegurando que su prioridad era la atención de los afectados. Sin embargo, su familia no mostró el mismo nivel de preocupación ni respeto por la situación.

¡Cierren las fronteras! Antes de que Dina Boluarte lo ‘premie’ con unas vacaciones al Vaticano, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha solicitado el impedimento de salida del país contra el exministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, investigado por una aparente red de corrupción en el extinto programa Qaliwarma.

La audiencia para evaluar el requerimiento, presentado el último viernes ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, se llevará a cabo el próximo 4 de marzo, y de ser aceptado, el extitular del portafolio no podrá salir del país durante nueve meses.

Demartini se encuentra incurso en una pesquisa fiscal por omisión de funciones, al no haber supervisado adecuadamente las adquisiciones de Qali Warma, lo que resultó en el suministro de carne de caballo en lugar de carne de res, así como conservas de pollo con hongos y en mal estado, según una serie de reportajes.

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Fiscal de la Nación solicita el impedimento de salida del país en contra del exministro Julio Demartini

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— Canal N (@canalN_) February 25, 2025

A propósito de su posible nombramiento en el Vaticano, el legislador fujimorista Alejandro Aguinaga lo comparó con una “hostia envenenada” y afirmó que, debido a las acusaciones de corrupción, no debía representar al país en Roma. “Eso es una barbaridad. Siendo el Vaticano tan sensible y existiendo acusaciones de corrupción, no puedes enviarle esa hostia envenenada a la Iglesia”, declaró.

Asimismo, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, solicitó a la fiscal de la Nación garantizar que la investigación continúe sin interferencias y expresó su preocupación de que la posible designación como embajador sea una “maniobra política” para evadir las investigaciones, ya que la inmunidad diplomática dificultaría la recopilación de pruebas y el avance del proceso.

Por lo visto, la mandataria Dina Boluarte o pretende ganar tiempo o ha decidido burlar a la justicia, como es el caso de no declarar ante el titular de la carga de la prueba, el Ministerio Público.

Luego de presentarse este lunes 24 de febrero ante la Fiscalía por el caso ‘Qali Warma’, en el que respondió por varias horas más de 40 preguntas, la presidenta de la República, de acuerdo a la citación, tenía que volver a la sede del Ministerio Público este martes 25, para afrontar un nuevo interrogatorio, por el ‘caso Cofre’.

Sin embargo, a través de su abogado defensor Juan Carlos Portugal, informó que no acudirá hoy al Ministerio Público, argumentando, que tras presentar un recurso de apelación sobre el ‘control de plazo’ de la investigación en su contra, el cual fue concedido el 18 de febrero; aún no ha sido resuelto por la instancia correspondiente. Asimismo, anunció que la decisión ya fue comunicada al Ministerio Público.

Dina Boluarte evadió interrogatorio

El cuestionado ‘caso Cofre’ involucra a la jefa de Estado, Dina Boluarte como presunta autora del delito de encubrimiento, por presuntamente haber utilizado el vehículo presidencial para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón, dueño del partido Perú Libre, que la llevó al poder. Esto, tras la difusión de un audio atribuido al actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

El audio de Santiváñez y el ‘caso Cofre’

En el audio, se escucha una presunta conversación entre el ministro y quien fuera su amigo, el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como «Culebra». La grabación se difundió en diversos programas dominicales y expone a un supuesto Santiváñez afirmando: «Él (Cerrón) se estaba movilizando en el cofre para que la Policía no lo pare (…) Ella fue», detalla.

Ante esta grave revelación, la jefa de Estado emitió en un comunicado no haber interferido en la búsqueda, ubicación y captura del exgobernador regional de Junín. «El Poder Ejecutivo reitera su respeto a la independencia de poderes, al Estado de derecho y al cumplimiento de los mandatos judiciales», sostuvo.

¡Ampay! Un informe bien detallado del diario Perú21 ha revelado que la notaría de Alfredo Zambrano, esposo de la conocida conductora de televisión Magaly Medina, habría servido de escenario de una presunta organización criminal que se encargaba de clonar placas vehiculares con el desconocimiento de sus verdaderos titulares. Todas esas placas llevaban el sello y la firma de Alfredo Zambrano Rodríguez.

De acuerdo con Álvaro Reyes Quinteros, estos hechos fueron puestos al descubierto cuando Soledad Barazorda Gutiérrez se presentó en una ventanilla de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), con el objetivo de tramitar el duplicado de ocho placas de rodaje, lo que llamó mucho la atención a la asociación.

Luego de dar anuncio a la División de Robos de la PNP, detuvieron a Barazoda y su chofer Marco Antonio Napan Gómez, encontrando en su poder varios documentos, entre ellos cartas de poder, de los cuales 18 de ellos fueron avaladas por Zambrano.

Napan Gómez dio su testimonio y relató cómo se involucró en este negocio, en el que finalmente terminó acudiendo a la Notaría Zambrano, de propiedad del esposo de Magaly Medina.

El 26 de agosto del 2021, Napan declaró a la Policía Nacional que era contactado por Facebook por personas que no identificaba, y que estas eran quienes le pasaban las fotos de las placas de rodaje por duplicar y copias de los DNI de los dueños.

“Me decían que por falta de tiempo no podían tramitar las placas. Yo no sabía si ellos eran los propietarios, solo hacía lo que me pedían, y por ello recibía la suma de S/200 soles por placa de rodaje”, indicó.

De acuerdo con su versión, el primer paso era presentar una denuncia policial por robo o pérdida de la matrícula. Luego, señaló que iba a la Comisaría de Santa Anita y presentaba las denuncias a la suboficial Olimpia Arenas García. “Por este trámite no pagaba nada; ella me hacía un favor”, refirió.

Luego de generar el expediente, Napan Gómez expresó que pagaba 30 soles a un sujeto que conocía como “Viejo” para que realizara las legalizaciones de las cartas poder. Posteriormente, él se encargó de esa tarea.

“Primero me lo hacía un señor conocido como ‘Viejo’, llegándole a pagar 30 soles por documento legalizado, pero como quería saber dónde lo realizaba, un día lo seguí y llegué hasta la Notaría Zambrano, que está ubicada en el óvalo Santa Anita, luego yo averigüé cómo se realizaba ese trámite”, expresó.

“Yo llevaba los documentos a la notaría, que consistía en una carta poder y una copia de DNI. Se los entregaba a cualquiera de las señoritas, Giuliana Andrea Navarro Molina y Joansy Milagros Olivares López, los dejaba y regresaba después de quince minutos, y me entregaban los documentos ya legalizados, y a cambio yo les entregaba un sobre manila cerrado con el dinero, la suma de 15 soles por documento legalizado”, agregó.

Respecto a los hechos, según el citado medio, Alfredo Zambrano afirmó que los propios cabecillas de la organización aseguraron no conocerlo.

“Los cabecillas de la banda han dicho ante el fiscal que no me conocen”, respondió por WhatsApp a dicho medio.

Por mano larga. El ex parlamentario de Fuerza Popular, Juan José Díaz Dios fue llevado a la comisaría luego de que la Policía Nacional del Perú (PNP) recibiera una llamada telefónica por parte de una mujer quien acusaba de estar siendo agredida física y verbalmente por su pareja.

El acta de intervención policial firmada por el agente Carlomagno Atoche Ordoñez indica que la denunciante solicitó auxilio luego de indicar que se “habrían suscitado hechos de violencia familiar”. Las autoridades llegaron a la urbanización Miraflores ubicada en el distrito de Castilla en Piura, el dueño del domicilio desde donde se hizo la denuncia se negó a identificarse, pero facilitó el ingreso a la vivienda.

La mujer de iniciales C.A.A. “se encontraba en estado de shock” e indicó que ella había llamado a la comisaría de Castilla “para el apoyo por haber sido al parecer víctima de violencia física y psicológica”. El parte policial también detalla que su pareja, Juan José Díaz Dios también se encontraba en la habitación junto a la víctima.

Una vez trasladados a la dependencia policial, la presunta agraviada manifestó no haber sido víctima de violencia física y psicológica “indicando que solamente había tenido una discusión verbal con su pareja”. A pesar de las insistencias del personal policial para que reciba la atención correspondiente, la pareja del excongresista se negó a ser trasladada a la División de Medicina Legal de Piura y evitó formalizar una denuncia contra el exalcalde de la ciudad.

Esta no es la primera vez que el excongresista y exburgomaestre es cuestionado por una mujer. Al menos dos denuncias en su contra fueron tipificadas en el marco de la Ley de violencia contra la mujer y grupos vulnerables. Piura TV Noticias indicó que en enero y julio de 2015 fue denunciado por maltrato físico y psicológica mientras que en mayo de 2021 fue señalado por violencia psicológica.