Política
FPF: Agustín Lozano contra la pared por denuncia de abandono de La Nueva Videna
Una historia que daña el fútbol peruano. Seis canchas construidas con estándares FIFA, una empresa estafada y el abandono de una inversión que se está destruyendo.
La revista ONCE presentó un completo informe sobre el abandono de la Nueva Videna, una historia que tiene como principal responsable a Agustín Lozano, Presidente de la Federación Peruana de Fútbol.
El periodista Umberto Jara detalló con documentos, una historia que daña el fútbol peruano a causa de la mediocre gestión de Agustín Lozano. Aquí la denuncia de ONCE:
Desde el inicio de su gestión, el director técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, planteó a la FPF una exigencia muy válida: la construcción de un predio destinado exclusivamente al trabajo de las selecciones nacionales, de juveniles a mayores. La idea era contar con una infraestructura esencial para el trabajo profesional y de las divisiones juveniles. A partir de una villa deportiva con instalaciones modernas se podía planificar un trabajo a futuro para el futbol con instalaciones adecuadas para todas las categorías de seleccionados. Ejemplos hay muchos en el mundo y, en Sudamérica, destacan el llamado Predio de Ezeiza que sirve a las selecciones argentinas y, en el fútbol chileno, el Complejo Juan Pinto Durán.
Contar con una instalación de esa envergadura era posible y por eso el 16 de noviembre del 2017, se anunció “una alianza estratégica entre el Arzobispado de Lima y la FPF” y se firmó un convenio para la construcción del nuevo Centro de Selecciones Nacionales de fútbol, publicitado como La Nueva Videna, a construirse en un terreno de 114 mil m2 de extensión de propiedad de la Iglesia católica en el distrito de Chaclacayo. En la página web del Arzobispado de Lima se informó que se construirían “seis modernos campos reglamentarios, camerinos, habitaciones y todo lo necesario para la formación de nuevos valores deportivos”.
Es verdad que hubo discrepancias desde el inicio por la dificultad de acceso al predio y porque el convenio tuvo oscuridades al ser impulsado por el ex abogado de la Iglesia y, a la vez, asesor de la FPF, Natale Amprimo. Pero la obra se echó a andar y al interior de la selección nacional hubo entusiasmo porque Gareca conocía de primera mano las ventajas de contar con un centro destinado exclusivamente al trabajo futbolístico. Él mismo había trabajado en el Club Atlético Vélez Sarsfield de Buenos Aires —logró cuatro títulos— que cuenta con una magnífica villa olímpica edificada por sugerencia de Marcelo Bielsa. En Vélez, la obra se inició en enero de 1998 y finalizó el año 2000, de modo que Gareca sabía que en dos años se podía estar trabajando, en Perú, con el mismo nivel de infraestructura que en otros países. Pero han pasado tres años y no hay nada.
El 6 de enero de 2018, la FPF invitó a la empresa Agrícola Pumayaca a participar en el Concurso para la construcción y equipamiento de campos de campos de fútbol profesional en la sede de Chaclacayo. Se trataba de cinco canchas con medidas reglamentarias y una de menor dimensión.
El 21 de febrero del 2018, la empresa Agrícola Pumayaca recibió una comunicación de la FPF con el anuncio de que eran los ganadores del concurso. En ese momento, el presidente de la federación era Edwin Oviedo y el vice-presidente Augustín Lozano. El primer paso de la empresa fue enviar a la FPF un informe de 220 páginas con todas las especificaciones técnicas como Análisis de Suelos, Granulometría, Estratificación de Suelos, Cálculo Hidráulico, Electro válvulas, Controlador de Riego con Sistema de Multinyección, entre otros.
Incluso, se hicieron modificaciones al plan inicial de la FPF con el objetivo de que las canchas cuenten con todos los requisitos que recomienda la FIFA. Entre esos cambios estuvo el incremento de 5 cm. a 15 cm. de arena de río en todos los campos, cambio de diseño en el sistema de riego y una caseta de bombeo subterránea. A fines del mes de mayo del 2018, se iniciaron los trabajos.
Las primeras tareas fueron la construcción de la caseta de bombeo subterránea y el reservorio de 800 m3 para tener una disponibilidad mínima de 4 días de riego total de los campos. Luego, se procedió a la instalación del sistema de riego con tuberías especiales, equipos y accesorios de última generación y una caseta de riego con sistema de presión constante.
Aquí el video que muestra los trabajos iniciales de la obra.
Una vez que se concluyó con la instalación del sistema de riego, se procedió con el acarreo de arena de río con granulometría exigida por el estándar FIFA y con una salinidad muy baja. Para cumplir con estos requisitos fue necesaria una búsqueda en diversas canteras de arena ubicadas en Lima provincia. Cuando se alcanzó el nivel de 15 cm. de arena, se efectuó la nivelación de las canchas con una niveladora laser para garantizar una pendiente de 00%.
Concluida esta etapa surgió el primer inconveniente. Se necesitaba energía eléctrica en el terreno para continuar con los trabajos. La FPF se había comprometido a conseguir los permisos. No cumplió. La obra se paralizó en el mes de setiembre y la única salida fue que Agrícola Pumayaca alquile dos generadores de electricidad de 40 y 60 kw para poder iniciar el sembrío y regado de los campos.
Al contar con esos implementos, se reiniciaron los trabajos y se empezó, en octubre de 2018, con el preparado del terreno para la siembra de las canchas con semillas de alta calidad importadas de los Estados Unidos de Norteamérica. Se logró tener en un mes una buena germinación que no necesitó de resiembra.
Los avances de las obras eran satisfactorios y el profesor Gareca y su comando técnico visitaron el establecimiento y se mostraron satisfechos porque las canchas habían sido construidas con los requisitos para el entrenamiento de alto nivel.
Hasta que apareció en escena Agustín Lozano Saavedra. Este personaje asumió en el mes de diciembre de 2018 la presidencia de la FPF. La empresa Agrícola Pumayaca, que tenía un contrato con la obligación de dar mantenimiento a las canchas hasta el mes de abril de 2019, solicitó una y otra vez reuniones con la nueva directiva de la FPF para informar sobre los trabajos de mantenimiento. No encontraban ninguna respuesta, hasta que por insistencia lograron que los reciba el secretario general de la FPF, Oscar Chiri. En la reunión, Chiri les indicó que debían continuar con las tareas de mantenimiento de acuerdo al contrato y bajo las condiciones pactadas. En una palabra que el proyecto debía continuar y que les serían reconocidos a la empresa todos los gastos incluyendo el pago de los dos generadores de electricidad alquilados.
El 4 de abril de 2019, días antes de la fecha de conclusión del contrato, al fin accedió a una reunión Agustín Lozano. Esta actitud de no conceder citas era una muestra nítida de que a Lozano el fundamental proyecto de La Nueva Videna no le interesaba en absoluto. La razón se puede presumir: los contratos ya estaban efectuados y la obra en marcha, por lo tanto no había espacio para exigir prebendas u obtener beneficios indebidos.
En esa reunión, Lozano les indicó a los directivos de Agrícola Pumayaca que él “no tenía claro cómo manejar el proyecto”. Es decir, un proyecto que las principales selecciones y clubes en el mundo es una prioridad, para Lozano carecía de la menor importancia. Cuando le hicieron notar que las canchas se iban a deteriorar si no se les daba mantenimiento, Lozano contestó “sigan regándolas”.
Como el contrato concluía ese mes de abril, la empresa convocó a un grupo de técnicos e ingenieros de ambas partes para llevar a cabo la entrega de la obra. La reunión se efectuó el 26 de abril. Se encontraron algunas observaciones que fueron levantadas según consta del Acta de fecha 10 de mayo de 2019. Días más tarde, los representantes de Agrícola Pumayaca Jorge Morales y Alfonso Dibos hicieron la entrega de la obra a los representantes de la FPF, Agustín Lozano y Jorge Valenzuela. En esa ocasión, Lozano, tal vez motivado al ver el escenario con impecable verdor, les dijo a los representantes de la empresa: “Ustedes tienen que seguir trabajando hasta que yo les avise que paren. Yo soy la única persona que les tiene que dar la orden para que sigan o para que paren”. La empresa señala que se vieron obligados a continuar dándole mantenimiento a las canchas mientras la FPF decidía qué hacer con el proyecto, por una razón: existían deudas pendientes por los trabajos realizados y por el alquiler de los grupos eletrógenos. Ante el riesgo de no poder cobrar, sobre todo con personas con las cuales era muy difícil conseguir una cita, continuaron sus labores para simultáneamente solicitar los pagos pendientes y suscribir el documento concluyendo el vínculo. Lo que siguió después de mayo de 2019 a la fecha, son situaciones usuales en la destructiva gestión de Lozano: no daba cara a las repetidas solicitudes para resolver la situación.
Sin embargo, las canchas seguían en buen estado debido al mantenimiento que Agrícola Pumayaca siguió dando mientras se seguían acumulando nuevas cuentas a las facturas pendientes de pago por el contrato original. Finalmente, tras largos meses de espera, el 5 de febrero de este año se celebró una reunión a la que asistieron por la FPF el secretario general Oscar Chiri y el gerente de administración Jorge Valenzuela. Por el lado de la empresa Jorge Morales y Alfonso Dibos. En la reunión, Chiri ofreció que a más tardar el 15 de febrero se firmaría el documento final que pondría fin a la relación y se procedería a pagar lo adeudado. Asimismo, Chiri señaló específicamente que no se debían continuar con los trabajos. Hizo la precisión, para que no quedarán dudas, de que no se debía dar ni mantenimiento ni riego a las seis canchas.
Como era de suponer, el 15 de febrero de 2020 no se cumplió nada de lo ofrecido y nadie atendió en la FPF. Agrícola Pumayaca dejó de dar mantenimiento y dejó de regar los campos acatando la indicacion del secretario general Oscar Chiri. A la fecha, la empresa no ha podido cobrar un céntimo y tiene totalmente cerradas las puertas de la FPF. Un correo electrónico de fecha 13 de agosto de este año da una muestra cabal del estilo “criollo” y tramposo que caracteriza a Agustín Lozano. En esta comunicación el directivo de la empresa, Alfonso Dibós, le resume la situación a Sabrina Martin Zamalloa, la jefa del Departamento Legal de la FPF, en estos términos: “Hasta la fecha no tengo una respuesta clara sobre el acuerdo qué debemos firmar, tú me dices que se lo pasaste a Jorge Valenzuela y él me dice que no me lo puede enviar porque sólo es asesor, lo claro y concreto es que hasta la fecha han pasado más de seis meses de la reunión con Oscar Chiri y Jorge Valenzuela, donde nos ofrecieron hacer el acuerdo de pagos y por alguna razón no se lleva a cabo. En tu correo me agradeciste por la comprensión pero como comprenderás se sigue pasando el tiempo y nosotros seguimos sin cobrar un dinero que nos pertenece que ha sido ganado honradamente y no merecemos este tipo de trato de parte de la FPF”.
En agosto de 2020 habían transcurrido 14 meses desde la conclusión de las seis canchas profesionales; a la fecha de este informe han pasado 19 meses. Lo grave de esta situación es el total abandono del proyecto de La Nueva Videna de Chaclacayo. Si Gareca y el comando técnico de la selección se habían entusiasmado porque en apenas dos años las selecciones peruanas de fútbol estarían trabajando en instalaciones de primer nivel, lo cierto es que han transcurrido tres años y no solamente la obra está inconclusa sino que, lo peor, está abandonada.
Una obra que debía competir con el Predio de Ezeiza de la selección argentina y con el Pinto Durán de Chile se encuentra en total abandono y las canchas construidas con todos los lineamientos FIFA de alta competencia están totalmente descuidadas y deteriorándose. Pero ese es un asunto que a Agustín Lozano y a Oscar Chiri, presidente y secretario de la FPF, no les interesa en absoluto. Sus intereses no son los de la FPF sino los beneficios que ellos puedan conseguir utilizando a la FPF. ¿El fútbol? Solo les interesa si deja ganancias oscuras.
Aquí un video sobre los trabajos generales en la obra.
No es todo. Hay un epílogo que tiene que ver con el estilo depredador de quienes manejan la FPF. A principios de agosto de 2020, solicitaron a Agrícola Pumayaca el desmontaje de los equipos de riego de las canchas y el traslado de los equipos de riego de los campos de Chaclacayo a la sede central de la FPF. Incluso dispusieron camiones para el transporte. ¿Por qué se tenían que llevar estos implementos a la sede central de la FPF si allí no existen seis canchas de futbol? Es evidente que se trataba de un acto destinado a la disposición fraudulenta y ese equipamiento habría terminado en uno de los destinos ilegales que caracterizan a la gestión de Lozano y su directiva.
El desmantelamiento y traslado no fue posible por una razón: el Arzobispado de Lima, propietario de los terrenos, exigió un previo inventario con la presencia de un notario. El inventario también se practicó a las instalaciones que debían utilizarse para gimnasios, habitaciones, comedores, oficinas del proyecto. ¿Qué ocurrió? Descubrieron que la FPF había retirado puertas, ventanas, servicios higiénicos. Todo. Habían dejado en casco los locales destinado a La Nueva Videna de Chaclacayo. Entonces, la abogada del Azobispado de Lima se negó, con justa razón, a dar acceso y por esa razón no se pudieran desmontar los sistemas de riego de las canchas.
En suma, la FPF invirtió un total de S/. 5’693,743.35 para la construcción de seis canchas de futbol con sus correspondientes sistemas de riego. El directivo de Agrícola Pumayaca, Alfonso Dibos,consultado por ONCE señaló que, a la fecha, han transcurrido 19 meses sin que Lozano y Chiri cumplan con pagar una deuda que asciende a S/.1’397,568.50. Ahora bien, en lugar de seguir con esta empresa o contratar otra que preste un servicio similar en calidad, la decisión ha sido la peor: que las canchas queden abandonadas.
No estamos ante un otro capítulo más en la infame gestión de Agustín Lozano Saavedra, Oscar Chiri y la directiva de la FPF. Estamos frente a un episodio que, tarde o temprano, tendrá implicancias penales en dos ámbitos: el primero y fundamental, es la desprotección de una inversión esencial para el fútbol peruano. Se ha paralizado y destruído un proyecto que nos ponía al nivel de las selecciones con las cuales debemos competir en las Eliminatorias Mundialistas y en la Copa América. No se trata de simples partidos de fútbol. Se trata de eventos en los cuales una buena participación significa importantes ingresos económicos para invertir en el crecimiento del futbol nacional y, sobre todo, en el surgimiento de nuevas figuras. Esa es la gravedad del abandono al proyecto de La Nueva Videna. Lo segundo, es que han convertido a la FPF en un ente sin ninguna credibilidad frente a terceros. Hoy la FPF es vista como la entidad que le recorta sueldos a los trabajadores, que no cumple con las necesidades internas, y, frente a terceros, se incurre en estafas y nadie quiere convertirse en proveedor de una institución manejada por gentes sin escrúpulos.
Política
Congresista Bellido pide ‘cuestión previa’ contra proyecto de ley que favorece a grandes corporaciones turísticas
El legislador Guido Bellido hoy en el pleno afirmó que con el nuevo dictamen: “No solo están contentos con eliminar el beneficio social, sino, brindar beneficio presupuestario a las grandes empresas como las del señor Rafael López Aliaga”, y planteó una cuestión previa para que retorne a la Comisión de Descentralización y Economía.
Gremios y Empresarios de turismo a través de la Asociación Peruana de Empresas Turísticas (APETUR), enviaron un oficio a 23 congresistas de las bancadas de Acción Popular y Podemos Perú, que representan a diversas regiones del país, exigiendo que presenten ‘cuestión previa’ en contra del Proyecto de Ley 9796, acumulado a otros, Nueva Ley General de Turismo, para que regrese a la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, con el fin de desacumular el Proyecto de Ley 10209, y pueda ser dictaminado de forma independiente.
Asimismo, denuncian que en el nuevo texto sustitutorio del dictamen de la nueva ley general de turismo se ha eliminado la obligación legal de que Mincetur deba aprobar programas de turismo social que beneficien a grupos excluidos del turismo, considerando que dicho detalle sí se encontraba en el texto primigenio de la vigente ley general del turismo.
Además, la Asociación Peruana de Empresas Turísticas denuncian que CANATUR y algunos congresistas que serían sus aliados, se confabularon los días 12 y 13 de diciembre del 2024, para excluir a las agencias de viaje y turismo y a las empresas que presten el servicio turístico de transporte turístico, para que sean excluidas del texto sustitutorio del Proyecto de Ley 7208, cuyo titulo es: “Ley que modifica la Ley 31556, Ley que promueve medidas de reactivación económica de micro y pequeñas empresas de los rubros de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos”.
Finalmente, el presidente de APETUR, Rolando Concha López solicitó una audiencia con los integrantes de las bancadas a las que se le cursó el oficio para poder sustentar la necesidad de que presenten un Proyecto de Ley que modifique a la Ley 32219, que es la que pretende modificar a la Ley 31556, que promueve la reactivación económica de las micro y pequeñas empresas turísticas y de restaurantes y alojamientos.
Por su parte, en el Pleno de hoy en el Congreso, el legislador Guido Bellido durante su intervención mencionó que, para los cusqueños, este predictamen se aprobó en una sesión en la Municipalidad Metropolitana de Lima en presencia del alcalde de Lima Rafael López Aliaga, aprobado solo con 5 votos favor; es decir, un predictamen que fue exonerado de la Comisión de Descentralización, cuando el tema de turismo tiene que ver con todo el país, y también fue exonerada de la Comisión de Economía, y han desaparecido el turismo social.
“Aquí claramente se muestra que el propósito es beneficiar a la corporación que maneja el turismo en el país, en detrimento de los intereses del propio país. No solo están contentos con eliminar el beneficio social, sino, con beneficio presupuestario a esas grandes empresas como las del señor Rafael López Aliaga, y planteo una cuestión previa para que retorne a la Comisión de Descentralización y Economía”, concluyó Bellido Ugarte.
El legislador Guido Bellido durante su intervención mencionó que, para los cusqueños, este predictamen se aprobó en una sesión en la Municipalidad Metropolitana de Lima en presencia del alcalde de Lima Rafael López Aliaga. @GuidoBellidoU pic.twitter.com/79HWyFGc4A
— Revista Lima Gris (@Limagris) May 8, 2025
Política
Congreso plantea exigir antecedentes penales y policiales para comprar motos
Proyecto de ley impulsado por legislador exfujimorista y actual apepista Lizarzaburu señala que su iniciativa fortalece la seguridad ciudadana y por la creciente ola de crímenes perpetrados utilizando las motos.
El congresista, exfujimorista y actualmente de Alianza Para el Progreso (APP), Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu, ha presentado el Proyecto de Ley n.° 11037/2024-CR denominado: “Ley que fortalece la seguridad ciudadana, a través de la incorporación de los artículos 4-B y 4-C en la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre para la adquisición y responsabilidad de las transacciones de los vehículos menores motorizados”, que en resumidas cuentas plantea exigir antecedentes penales, policiales y otros requisitos de rigor para comprar motocicletas en el Perú. En el documento propuesto se indica que el objetivo ayudar a prevenir delitos.
La iniciativa propone que se incluyan los artículos 4-B y 4-C en la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, y el nuevo texto sería de la siguiente manera:
Artículo 4-B. De la adquisición de los vehículos menores motorizados
Para la adquisición de los vehículos menores motorizados de la categoría L de la clasificación vehicular contenida en el Anexo I del Decreto Supremo 058-2003-MTC, Reglamento Nacional de Vehículos, serán indispensables los siguientes requisitos:
• Licencia de conducir.
• Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) legalizado.
• Antecedentes Penales.
• Antecedentes Policiales
• Para el caso de extranjeros, además, condición migratoria habilitante vigente.
Además, señala que los mismos requisitos serán necesarios para el alquiler de los citados vehículos motorizados, previo registro en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Mientras tanto, el artículo 4-C hace referencia a la «responsabilidad administrativa de las transacciones de vehículos menores motorizados».
«Las personas naturales y jurídicas que, al transferir, alquilar, prestar, donar o permutar vehículos menores motorizados de la categoría L de la clasificación vehicular contenida en el Anexo I del Decreto Supremo 058-2003-MTC, Reglamento Nacional de Vehículos; no hayan cumplido con acreditar ante el MTC, lo previsto en el artículo 4-B de la presente Ley, alcanzan responsabilidad administrativa», señala.
MTC deberá crear registro de compra de motos
En las disposiciones complementarias finales se establecen que el Poder Ejecutivo deberá aprobar el reglamento de la Ley en un plazo «no mayor de noventa días hábiles contados desde su entrada en vigor». Asimismo, la iniciativa establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cree el Registro de Adquisiciones de Vehículos Menores Motorizados.
En la exposición de motivos, el proyecto de ley argumenta que las razones se deben a que durante los últimos años se ha presenciado un «incremento exponencial de los delitos que se comenten utilizando como medio de transporte a los citados vehículos motorizados». En tanto, consideran que con las nuevas exigencias y requisitos se podrá ejercer un debido control sobre las motos lineales.
«Así, las autoridades tendrán las herramientas necesarias para una debida fiscalización y un monitoreo permanente con el propósito de la prevención de ilícitos», añaden en la iniciativa legal.
Política
Tu firma por tres gaseosas [VIDEO]
Movimiento por la unidad de los Pueblos, del ex ministro de Salud Hernando Cevallos, te da bebidas para afiliarte a su partido.
De acuerdo a su página oficial, el Movimiento por la Unidad de los Pueblos (MUP), aparece como un “movimiento político que lucha por la transformación del país hacia un Perú justo, soberano e igualitario”. A priori se leen palabras sensatas, sin embargo, investigando un poco más en sus redes sociales se observa que exigen la liberación del expresidente Pedro Castillo.
Justamente, el ex ministro de Salud castillista Hernando Cevallos figura como su coordinador nacional, quien en una oportunidad fue a visitarlo al penal de Barbadillo. Asimismo, desde el MUP se han organizado varias marchas a favor de la liberación de Castillo Terrones, acusando directamente al Congreso de la República y a los “grandes medios” de ser los verdaderos golpistas.
Más allá de esos pronunciamientos o actividades, poco o nada se sabe sobre la ideología de ese movimiento político. Quiénes son sus caras más visibles, sus representantes. Empero, sus tantas declaraciones a distintos medios, nos dan a entender que buscan una Asamblea Constituyente, el mismo discurso de varios partidos de izquierda.
“Somos un movimiento democrático y popular, reconocemos el valor de la democracia representativa, pero reivindicamos la necesidad de la participación directa y permanente del pueblo en las gestiones y decisiones del Estado, una democracia participativa que se asienta sobre la base de la organización y el poder popular, levantando las banderas de cambios profundos que el país necesita como una asamblea popular constituyente”, fueron las declaraciones de Hernando Cevallos difundidas por la revista Caretas el 22 de octubre del 2023.
Ese mismo movimiento ahora pretende afiliar a los ciudadanos entregándoles, según ellos de manera voluntaria, tres botellas de gaseosa para que firmen un planillón.
Un reportaje de 24 horas evidenció a dos señoras, con planillones, lapiceros y botellas, sentadas muy cerca al hospital Daniel Alcides Carrión, “regalando” gaseosas, pero con la condición de que el ciudadano otorgue sus datos personales y estampe su firma en una planilla de inscripción.
“Estamos regalando tres gaseosas con tu DNI”, se escucha a una de las mujeres en el video difundido por el programa de Panamericana.
Lastimosamente muchos de los incautos ciudadanos aceptan tal ofrecimiento y firman las hojas sin siquiera revisar el contenido ni a qué partido político se están afiliando. “Somos una sociedad que normaliza el clientelismo político”, advierte el ex ministro de Justicia, José Tello.
Política
¿Cuánto debería ganar Dina Bolaurte?
Mandataria en la actualidad percibe 16 mil soles, pero si su remuneración estuviera sujeta a su desempeño y popularidad ¿ganaría lo mismo?
Un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sugiere que nuestra presidenta de la República, Dina Boluarte, tendría que ganar por lo menos 35 mil soles por su condición de jefa de Estado, y que hasta sus ministros ganan más que ella.
Sin embargo, si evaluáramos tal remuneración considerando su desempeño en el sillón de Pizarro muchos de los ciudadanos consideran que la ‘madre de todos los peruanos’ debería solamente recibir un poco más del sueldo mínimo, una tarjeta por navidad y año nuevo y su pavo congelado.
Y es que nuestra presidenta desde que asumiera en el 2022 no da muestra de mejoría alguna. Recluida detrás de sus ministros, Boluarte Zegarra desde un principio quiso apartarse de los medios de prensa, esquivándolos, rechazándolos, tildándolos de “enemigos de la patria”, de “confabuladores” que solo ponen noticias negativas en sus portadas y que nunca ponen sus logros.
La primera presidente mujer de la historia del Perú anuncia todas las semanas, luego de concluido el Consejo de Ministros, que su gobierno está comprometido por brindarle la paz y tranquilidad a todos los peruanos y que salgamos tranquilos a la calle porque no nos va a pasar absolutamente nada, ya que la Policía y las Fuerzas Armadas “prácticamente” han desarticulado a las bandas criminales. Unos minutos después, un ciudadano es acribillado en la puerta de su casa.
Su desolador 3 % de aprobación es la clara muestra de que algo no anda bien con su gestión. Algunas empresas en el Perú, y otras empresas en el mundo, les pagan a sus empleadores de acuerdo a su desempeño. Viendo que Boluarte va perdiendo la batalla contra la inseguridad, más preocupada en ocultar sus cirugías, salimos a la calle a formular la siguiente pregunta al ciudadano de a pie: ¿cuánto debería ganar Dina Boluarte?
Las respuestas fueron variopintas.
- “Esa señora al contrario debería de pagarnos todo lo que nos ha robado”.
- “Que su wayki le pague su sueldo”.
- “Que venda todas esas joyas, esos relojes que tiene escondido. Con eso que se pague todas las cirugías que quiera”.
- “Le daría un sol para su pasaje y se largue. Vieja corrupta”.
Conociendo la indignación de las personas, muchas respondiendo ‘al vuelo’ nuestra pregunta, solamente cabría recomendarle a nuestra mandataria que de una vez por todas dé la cara (o lo que quede de ella) y empiece a hacer su tarea como máxima autoridad para que así justifique los miles de soles que gana y que los peruanos, con nuestro sudor, se lo venimos pagando.
Política
PJ: Julio Demartini niega responsabilidad por caso ‘Qali Warma’
El extitular del Midis, quien continúa trabajando como asesor para el Gobierno, reapareció en audiencia judicial y aseguró que no hay evidencia de que haya favorecido a algún proveedor. Asimismo, refirió que el caso ‘Qali Warma’ se basa en especulaciones.
Durante la audiencia de apelación del Poder Judicial por el impedimento de salida del país, el exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, se dedicó a defender su trayectoria profesional de más de 30 años en el servicio público y sostuvo que no hay, ni habrá evidencia de que haya favorecido a proveedor alguno y que no tuvo ninguna injerencia en las contrataciones del cuestionado Programa Alimentario, “Qali Warma”.
Asimismo, enfatizó que el caso en su contra se basa en meras especulaciones mediáticas y en el desconocimiento de los procedimientos administrativos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
“Estamos hoy aquí por hechos originados en noticias de medios de comunicación, en especulaciones. Pero la realidad es que he estado, estoy y estaré en el país, enfrentando cualquier investigación, porque mi interés principal es que esto se esclarezca”, declaró Demartini ante los jueces.
El exministro afirmó que las contrataciones bajo investigación se realizaron a través de un procedimiento especial y autónomo dentro del programa alimentario, el cual no se rige por las reglas tradicionales de compras del Estado, y aclaró que los ministros no intervienen, en esos procesos.
“Ese procedimiento especial de compras tiene autonomía técnica, y las decisiones las toma el equipo especializado del programa, no los ministros”, puntualizó.
Negó sus vínculos con investigado Martín Riepl
En otro momento, Juli Demartini, negó cualquier vínculo con los empresarios que vienen siendo investigados. “No conozco al señor Riepl, ni social, ni laboral, ni profesionalmente. No tengo relación alguna con su empresa, y ni siquiera tengo registro de haber sido entrevistado por él en calidad de periodista”, indicó y sostuvo que no hay, ni habrá evidencia de que haya favorecido a proveedor alguno.
“No he dicho jamás ‘contraten a tal persona’. Eso es impensable. Las contrataciones se basan en informes técnicos, con respaldo de entidades como el Sename, la Digesa o el Ministerio de Agricultura”, concluyó.
Política
Gobierno extingue 14 programas de ministerios y pasarán a formar parte de la ANIN
Ministro de Economía José Salardi anunció la desactivación de Provias Descentralizado, Plan Copesco, Programa Nacional de Telecomunicaciones y otros 11 programas de diversos ministerios, para formar parte de la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).
El ministro de Economía y Finanzas, José Antonio Salardi Rodríguez, anunció la extinción de 14 programas de infraestructura que pasarán a ser parte de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), la misma que se encuentra adscrita a la Presidencia del Concejo de Ministros (PCM) Estos son:
Provías Descentralizado.
Provías Nacional.
Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL.
Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED.
Programa Nacional de Inversiones en Salud – PRONIS.
Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU.
Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR.
Programa Agua Segura para Lima y Callao – PASLC.
Programa Subsectorial de Irrigación – PSI.
Plan Copesco Nacional – PCN.
Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR.
Programa Mejoramiento Integral de Barrios – PMIB.
Programa Nuestras Ciudades – PNC.
Plan Nacional de Diversificación Productiva – PNDP.
El titular del MEF, indicó que actualmente existen múltiples entidades que ejecutan proyectos sin que haya una articulación territorial eficiente, lo que ha generado duplicidades administrativas y una fragmentación operativa.
“Hoy en día tenemos 14 programas que ejecutan inversiones a nivel nacional, tenemos 14 gerencias de administración, de logística, de recursos humanos. Es decir, se sobreponen muchas funciones. (…) Por eso, la medida que se va a tomar es la de extinguir estos programas y sus inversiones van a ser incorporadas en la cartera de proyectos del ANIN”, afirmó Salardi.
Según el MEF, ahorrarán miles de millones
Asimismo, destacó que, solo durante el segundo semestre de 2025 (de junio a diciembre), el ahorro estimado debido a la eliminación de estos programas será de aproximadamente S/ 2.500 millones.
Funciones de la ANIN
La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), es una entidad pública creada mediante la Ley N° 31841, promulgada el 21 de julio de 2023. Su misión principal es gestionar proyectos de infraestructura pública de gran envergadura. Esta entidad se encuentra adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y posee autonomía funcional, administrativa, técnica y económica.
La ANIN tiene como objetivo principal ejecutar proyectos de infraestructura que superen los S/ 200 millones, así como aquellos entre S/ 40 y S/ 200 millones en situaciones de emergencia o con alto impacto territorial. Entre sus funciones se incluyen la formulación, ejecución y mantenimiento de estos proyectos, la gestión de contratos y convenios, y la supervisión de estudios técnicos y consultorías especializadas. Asimismo, está facultada para ejercer funciones de adquisición y expropiación de inmuebles necesarios para la ejecución de obras, así como para coordinar con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050.
Los proyectos gestionados por la ANIN se rigen por modalidades de contratación que incluyen contratos de ingeniería de uso estándar internacional, convenios de administración de recursos con organismos internacionales y contratos de fideicomiso con COFIDE.
Política
Dina Boluarte ‘premia’ a Juan José Santiváñez y ahora lo coloca en la Sucamec
Censurado ex ministro fue designado como miembro del Consejo Directivo de la Sucamec.
Continuará metiendo ‘bombazos’ a los “enemigos de la patria”, pero esta vez desde la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) gracias a Dina Boluarte.
Esta mañana se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución Suprema n.° 069-2025-IN donde se indica la designación del ex ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien fuera censurado por el Congreso por no ofrecer soluciones contra la delincuencia y la extorsión. En esa resolución se precisa que Santiváñez Antúnez ingresará al Consejo Directivo de la Sucamec.
De acuerdo al Decreto Legislativo 1172 en su octavo artículo, el “Consejo Directivo es el órgano máximo de la SUCAMEC… responsable de establecer las políticas institucionales y la dirección de la SUCAMEC”. Curiosamente, en artículo siguiente en su literal “e” también se precisa que el miembro del Consejo Directivo deberá “gozar de reconocida solvencia moral”, algo que muchos ciudadanos le han cuestionado al ex ministro Santiváñez.
Como se recuerda, el pasado 17 de abril Santiváñez fue incorporado como jefe de la Oficina General de Monitorio Intergubernamental, un puesto calificado como de confianza. Es así que el censurado ex ministro podrá estar cerca de la jefa de Estado.
El dato:
La SUCAMEC, o Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, es una entidad pública peruana adscrita al Ministerio del Interior. Su función principal es controlar, regular, fiscalizar y sancionar las actividades relacionadas con la seguridad privada, armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil en el país.
Política
Respuesta a Carta Notarial del excanciller Óscar Maúrtua
Tras publicación de un artículo de opinión titulado “Turismo Diplomático a costa del erario público: un privilegio injustificable”, el diplomático Óscar Maurtua, nos ha enviado una carta notarial pidiendo rectificación y reedición de la nota. Aquí la respuesta de Lima Gris.
Nos llegó a la redacción una carta notarial, remitida por el señor Óscar Maúrtua de Romaña, en la cual manifiesta su enfado e indignación por el artículo de opinión de nuestro columnista Luis Felipe Alpaca, publicado el pasado 2 de mayo, titulado: “Turismo Diplomático a costa del erario público: un privilegio injustificable”, porque considera que se afecta su honor. Asimismo, solicita rectificación y reedición de la nota periodística en mención, y aduce que es inexacta e incompleta.
Seguidamente, Lima Gris ha procedido a realizar las precisiones correspondientes, conforme a la solicitud del remitente.
A continuación, el párrafo con las precisiones actualizadas:
“A estos casos se suma el de Óscar Maúrtua, excanciller del Perú, quien fue denunciado por apropiación indebida de fondos destinados a víctimas del terremoto de 2001. Sin embargo, en 2008, la Corte Superior de Justicia anuló el proceso y archivó el caso. Asimismo, el exlegislador Álvaro Gutiérrez lo denunció constitucionalmente por su presunta participación en maniobras para favorecer a la aerolínea chilena LAN, que no cumplía con sus obligaciones fiscales en el país. Durante el mandato del expresidente sentenciado por corrupción Alejandro Toledo, Maúrtua participó en el avión parrandero; que era toda una fiesta con mucho alcohol en el avión presidencial con otros personajes del oficialismo con recursos del Estado. Actualmente, Maúrtua sigue siendo una figura prominente dentro del mundo de la diplomacia”.
“En septiembre del 2021 el Congreso citó al excanciller Maúrtua por la reunión secreta entre Castillo y Maduro. Sin embargo, Maúrtua aclaró que dicha reunión no fue secreta, sino espontánea y breve”.
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