FPF: Agustín Lozano contra la pared por denuncia de abandono de La Nueva Videna
Una historia que daña el fútbol peruano. Seis canchas construidas con estándares FIFA, una empresa estafada y el abandono de una inversión que se está destruyendo.
La revista ONCE presentó un completo informe sobre el abandono de la Nueva Videna, una historia que tiene como principal responsable a Agustín Lozano, Presidente de la Federación Peruana de Fútbol.
El periodista Umberto Jara detalló con documentos, una historia que daña el fútbol peruano a causa de la mediocre gestión de Agustín Lozano. Aquí la denuncia de ONCE:
Desde el inicio de su gestión, el director técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, planteó a la FPF una exigencia muy válida: la construcción de un predio destinado exclusivamente al trabajo de las selecciones nacionales, de juveniles a mayores. La idea era contar con una infraestructura esencial para el trabajo profesional y de las divisiones juveniles. A partir de una villa deportiva con instalaciones modernas se podía planificar un trabajo a futuro para el futbol con instalaciones adecuadas para todas las categorías de seleccionados. Ejemplos hay muchos en el mundo y, en Sudamérica, destacan el llamado Predio de Ezeiza que sirve a las selecciones argentinas y, en el fútbol chileno, el Complejo Juan Pinto Durán.
Contar con una instalación de esa envergadura era posible y por eso el 16 de noviembre del 2017, se anunció “una alianza estratégica entre el Arzobispado de Lima y la FPF” y se firmó un convenio para la construcción del nuevo Centro de Selecciones Nacionales de fútbol, publicitado como La Nueva Videna, a construirse en un terreno de 114 mil m2 de extensión de propiedad de la Iglesia católica en el distrito de Chaclacayo. En la página web del Arzobispado de Lima se informó que se construirían “seis modernos campos reglamentarios, camerinos, habitaciones y todo lo necesario para la formación de nuevos valores deportivos”.
Es verdad que hubo discrepancias desde el inicio por la dificultad de acceso al predio y porque el convenio tuvo oscuridades al ser impulsado por el ex abogado de la Iglesia y, a la vez, asesor de la FPF, Natale Amprimo. Pero la obra se echó a andar y al interior de la selección nacional hubo entusiasmo porque Gareca conocía de primera mano las ventajas de contar con un centro destinado exclusivamente al trabajo futbolístico. Él mismo había trabajado en el Club Atlético Vélez Sarsfield de Buenos Aires —logró cuatro títulos— que cuenta con una magnífica villa olímpica edificada por sugerencia de Marcelo Bielsa. En Vélez, la obra se inició en enero de 1998 y finalizó el año 2000, de modo que Gareca sabía que en dos años se podía estar trabajando, en Perú, con el mismo nivel de infraestructura que en otros países. Pero han pasado tres años y no hay nada.
El 6 de enero de 2018, la FPF invitó a la empresa Agrícola Pumayaca a participar en el Concurso para la construcción y equipamiento de campos de campos de fútbol profesional en la sede de Chaclacayo. Se trataba de cinco canchas con medidas reglamentarias y una de menor dimensión.
El 21 de febrero del 2018, la empresa Agrícola Pumayaca recibió una comunicación de la FPF con el anuncio de que eran los ganadores del concurso. En ese momento, el presidente de la federación era Edwin Oviedo y el vice-presidente Augustín Lozano. El primer paso de la empresa fue enviar a la FPF un informe de 220 páginas con todas las especificaciones técnicas como Análisis de Suelos, Granulometría, Estratificación de Suelos, Cálculo Hidráulico, Electro válvulas, Controlador de Riego con Sistema de Multinyección, entre otros.
Incluso, se hicieron modificaciones al plan inicial de la FPF con el objetivo de que las canchas cuenten con todos los requisitos que recomienda la FIFA. Entre esos cambios estuvo el incremento de 5 cm. a 15 cm. de arena de río en todos los campos, cambio de diseño en el sistema de riego y una caseta de bombeo subterránea. A fines del mes de mayo del 2018, se iniciaron los trabajos.
Las primeras tareas fueron la construcción de la caseta de bombeo subterránea y el reservorio de 800 m3 para tener una disponibilidad mínima de 4 días de riego total de los campos. Luego, se procedió a la instalación del sistema de riego con tuberías especiales, equipos y accesorios de última generación y una caseta de riego con sistema de presión constante.
Aquí el video que muestra los trabajos iniciales de la obra.
Una vez que se concluyó con la instalación del sistema de riego, se procedió con el acarreo de arena de río con granulometría exigida por el estándar FIFA y con una salinidad muy baja. Para cumplir con estos requisitos fue necesaria una búsqueda en diversas canteras de arena ubicadas en Lima provincia. Cuando se alcanzó el nivel de 15 cm. de arena, se efectuó la nivelación de las canchas con una niveladora laser para garantizar una pendiente de 00%.
Concluida esta etapa surgió el primer inconveniente. Se necesitaba energía eléctrica en el terreno para continuar con los trabajos. La FPF se había comprometido a conseguir los permisos. No cumplió. La obra se paralizó en el mes de setiembre y la única salida fue que Agrícola Pumayaca alquile dos generadores de electricidad de 40 y 60 kw para poder iniciar el sembrío y regado de los campos.
Al contar con esos implementos, se reiniciaron los trabajos y se empezó, en octubre de 2018, con el preparado del terreno para la siembra de las canchas con semillas de alta calidad importadas de los Estados Unidos de Norteamérica. Se logró tener en un mes una buena germinación que no necesitó de resiembra.
Los avances de las obras eran satisfactorios y el profesor Gareca y su comando técnico visitaron el establecimiento y se mostraron satisfechos porque las canchas habían sido construidas con los requisitos para el entrenamiento de alto nivel.
Hasta que apareció en escena Agustín Lozano Saavedra. Este personaje asumió en el mes de diciembre de 2018 la presidencia de la FPF. La empresa Agrícola Pumayaca, que tenía un contrato con la obligación de dar mantenimiento a las canchas hasta el mes de abril de 2019, solicitó una y otra vez reuniones con la nueva directiva de la FPF para informar sobre los trabajos de mantenimiento. No encontraban ninguna respuesta, hasta que por insistencia lograron que los reciba el secretario general de la FPF, Oscar Chiri. En la reunión, Chiri les indicó que debían continuar con las tareas de mantenimiento de acuerdo al contrato y bajo las condiciones pactadas. En una palabra que el proyecto debía continuar y que les serían reconocidos a la empresa todos los gastos incluyendo el pago de los dos generadores de electricidad alquilados.
El 4 de abril de 2019, días antes de la fecha de conclusión del contrato, al fin accedió a una reunión Agustín Lozano. Esta actitud de no conceder citas era una muestra nítida de que a Lozano el fundamental proyecto de La Nueva Videna no le interesaba en absoluto. La razón se puede presumir: los contratos ya estaban efectuados y la obra en marcha, por lo tanto no había espacio para exigir prebendas u obtener beneficios indebidos.
En esa reunión, Lozano les indicó a los directivos de Agrícola Pumayaca que él “no tenía claro cómo manejar el proyecto”. Es decir, un proyecto que las principales selecciones y clubes en el mundo es una prioridad, para Lozano carecía de la menor importancia. Cuando le hicieron notar que las canchas se iban a deteriorar si no se les daba mantenimiento, Lozano contestó “sigan regándolas”.
Como el contrato concluía ese mes de abril, la empresa convocó a un grupo de técnicos e ingenieros de ambas partes para llevar a cabo la entrega de la obra. La reunión se efectuó el 26 de abril. Se encontraron algunas observaciones que fueron levantadas según consta del Acta de fecha 10 de mayo de 2019. Días más tarde, los representantes de Agrícola Pumayaca Jorge Morales y Alfonso Dibos hicieron la entrega de la obra a los representantes de la FPF, Agustín Lozano y Jorge Valenzuela. En esa ocasión, Lozano, tal vez motivado al ver el escenario con impecable verdor, les dijo a los representantes de la empresa: “Ustedes tienen que seguir trabajando hasta que yo les avise que paren. Yo soy la única persona que les tiene que dar la orden para que sigan o para que paren”. La empresa señala que se vieron obligados a continuar dándole mantenimiento a las canchas mientras la FPF decidía qué hacer con el proyecto, por una razón: existían deudas pendientes por los trabajos realizados y por el alquiler de los grupos eletrógenos. Ante el riesgo de no poder cobrar, sobre todo con personas con las cuales era muy difícil conseguir una cita, continuaron sus labores para simultáneamente solicitar los pagos pendientes y suscribir el documento concluyendo el vínculo. Lo que siguió después de mayo de 2019 a la fecha, son situaciones usuales en la destructiva gestión de Lozano: no daba cara a las repetidas solicitudes para resolver la situación.
Sin embargo, las canchas seguían en buen estado debido al mantenimiento que Agrícola Pumayaca siguió dando mientras se seguían acumulando nuevas cuentas a las facturas pendientes de pago por el contrato original. Finalmente, tras largos meses de espera, el 5 de febrero de este año se celebró una reunión a la que asistieron por la FPF el secretario general Oscar Chiri y el gerente de administración Jorge Valenzuela. Por el lado de la empresa Jorge Morales y Alfonso Dibos. En la reunión, Chiri ofreció que a más tardar el 15 de febrero se firmaría el documento final que pondría fin a la relación y se procedería a pagar lo adeudado. Asimismo, Chiri señaló específicamente que no se debían continuar con los trabajos. Hizo la precisión, para que no quedarán dudas, de que no se debía dar ni mantenimiento ni riego a las seis canchas.
Como era de suponer, el 15 de febrero de 2020 no se cumplió nada de lo ofrecido y nadie atendió en la FPF. Agrícola Pumayaca dejó de dar mantenimiento y dejó de regar los campos acatando la indicacion del secretario general Oscar Chiri. A la fecha, la empresa no ha podido cobrar un céntimo y tiene totalmente cerradas las puertas de la FPF. Un correo electrónico de fecha 13 de agosto de este año da una muestra cabal del estilo “criollo” y tramposo que caracteriza a Agustín Lozano. En esta comunicación el directivo de la empresa, Alfonso Dibós, le resume la situación a Sabrina Martin Zamalloa, la jefa del Departamento Legal de la FPF, en estos términos: “Hasta la fecha no tengo una respuesta clara sobre el acuerdo qué debemos firmar, tú me dices que se lo pasaste a Jorge Valenzuela y él me dice que no me lo puede enviar porque sólo es asesor, lo claro y concreto es que hasta la fecha han pasado más de seis meses de la reunión con Oscar Chiri y Jorge Valenzuela, donde nos ofrecieron hacer el acuerdo de pagos y por alguna razón no se lleva a cabo. En tu correo me agradeciste por la comprensión pero como comprenderás se sigue pasando el tiempo y nosotros seguimos sin cobrar un dinero que nos pertenece que ha sido ganado honradamente y no merecemos este tipo de trato de parte de la FPF”.
En agosto de 2020 habían transcurrido 14 meses desde la conclusión de las seis canchas profesionales; a la fecha de este informe han pasado 19 meses. Lo grave de esta situación es el total abandono del proyecto de La Nueva Videna de Chaclacayo. Si Gareca y el comando técnico de la selección se habían entusiasmado porque en apenas dos años las selecciones peruanas de fútbol estarían trabajando en instalaciones de primer nivel, lo cierto es que han transcurrido tres años y no solamente la obra está inconclusa sino que, lo peor, está abandonada.
Una obra que debía competir con el Predio de Ezeiza de la selección argentina y con el Pinto Durán de Chile se encuentra en total abandono y las canchas construidas con todos los lineamientos FIFA de alta competencia están totalmente descuidadas y deteriorándose. Pero ese es un asunto que a Agustín Lozano y a Oscar Chiri, presidente y secretario de la FPF, no les interesa en absoluto. Sus intereses no son los de la FPF sino los beneficios que ellos puedan conseguir utilizando a la FPF. ¿El fútbol? Solo les interesa si deja ganancias oscuras.
Aquí un video sobre los trabajos generales en la obra.
No es todo. Hay un epílogo que tiene que ver con el estilo depredador de quienes manejan la FPF. A principios de agosto de 2020, solicitaron a Agrícola Pumayaca el desmontaje de los equipos de riego de las canchas y el traslado de los equipos de riego de los campos de Chaclacayo a la sede central de la FPF. Incluso dispusieron camiones para el transporte. ¿Por qué se tenían que llevar estos implementos a la sede central de la FPF si allí no existen seis canchas de futbol? Es evidente que se trataba de un acto destinado a la disposición fraudulenta y ese equipamiento habría terminado en uno de los destinos ilegales que caracterizan a la gestión de Lozano y su directiva.
El desmantelamiento y traslado no fue posible por una razón: el Arzobispado de Lima, propietario de los terrenos, exigió un previo inventario con la presencia de un notario. El inventario también se practicó a las instalaciones que debían utilizarse para gimnasios, habitaciones, comedores, oficinas del proyecto. ¿Qué ocurrió? Descubrieron que la FPF había retirado puertas, ventanas, servicios higiénicos. Todo. Habían dejado en casco los locales destinado a La Nueva Videna de Chaclacayo. Entonces, la abogada del Azobispado de Lima se negó, con justa razón, a dar acceso y por esa razón no se pudieran desmontar los sistemas de riego de las canchas.
En suma, la FPF invirtió un total de S/. 5’693,743.35 para la construcción de seis canchas de futbol con sus correspondientes sistemas de riego. El directivo de Agrícola Pumayaca, Alfonso Dibos,consultado por ONCE señaló que, a la fecha, han transcurrido 19 meses sin que Lozano y Chiri cumplan con pagar una deuda que asciende a S/.1’397,568.50. Ahora bien, en lugar de seguir con esta empresa o contratar otra que preste un servicio similar en calidad, la decisión ha sido la peor: que las canchas queden abandonadas.
No estamos ante un otro capítulo más en la infame gestión de Agustín Lozano Saavedra, Oscar Chiri y la directiva de la FPF. Estamos frente a un episodio que, tarde o temprano, tendrá implicancias penales en dos ámbitos: el primero y fundamental, es la desprotección de una inversión esencial para el fútbol peruano. Se ha paralizado y destruído un proyecto que nos ponía al nivel de las selecciones con las cuales debemos competir en las Eliminatorias Mundialistas y en la Copa América. No se trata de simples partidos de fútbol. Se trata de eventos en los cuales una buena participación significa importantes ingresos económicos para invertir en el crecimiento del futbol nacional y, sobre todo, en el surgimiento de nuevas figuras. Esa es la gravedad del abandono al proyecto de La Nueva Videna. Lo segundo, es que han convertido a la FPF en un ente sin ninguna credibilidad frente a terceros. Hoy la FPF es vista como la entidad que le recorta sueldos a los trabajadores, que no cumple con las necesidades internas, y, frente a terceros, se incurre en estafas y nadie quiere convertirse en proveedor de una institución manejada por gentes sin escrúpulos.
Pleno aprueba ampliación del desarrollo del mecanismo de obras por impuestos
Se usará IGV como crédito fiscal que incentive a más empresas a participar en Obras por Impuestos enfocada a gobiernos regionales y locales. Con mucha facilidad fue exonerada de segunda votación.
En el marco de mejora del procedimiento legal y operativo de ejecución de la ley de obras por impuestos, se propuso hoy en el pleno reformas a la ley 29230.
En una emocionante sesión del Pleno de hoy el presidente de la Comisión de Economía, el ‘niño’ López, expuso esta mejora a la norma, la cual ayudará a impulsar la inversión pública en los gobiernos regionales y locales con participación del sector privado a fin de ampliar e impulsar el desarrollo del mecanismo de obras por impuestos. Conforme a lo que dijo el congresista López «el objetivo del dictamen es ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos (…) busca ampliar las entidades habilitantes que además del gobierno local y regional se habilitará también a las universidades nacionales para que ellos también puedan utilizar el mecanismo de Obras por Impuestos y mejorar su infraestructura mediante la participación privada.
«Si bien es cierto los gobiernos regionales tienen determinados objetivos de cierre de brechas, estos no impactan a través de obras por impuestos a la solución de otros tipos de problemas como la educación» dijo López.
Lo que busca este dictamen es ampliar fuentes de financiamiento para expandir la capacidad de realizar proyectos bajo obras por impuestos. «En la actual norma no se puede utilizar los recursos directamente recaudados y lo que hace esta norma es también que estos recursos puedan habilitar también que estos recursos puedan utilizarse para estos proyectos y su planificación para que puedan ser desarrollados. Además, se plantea un seguimiento y monitoreo [esto huele a más burocracia y que va ser más lenta la ejecución] a través de ProInversión. Además, el uso de IGV como crédito fiscal que incentive a más empresas a participar».
Debemos recordar que esta herramienta que impulsa la inversión en salud, saneamiento y educación, en favor de comunidades con brechas identificadas, contribuye a cerrar la profunda pero muy profunda brecha en infraestructura que tiene Perú. Solo en Apurímac existe un puente de piedra que data de 1580 que hasta ahora se utiliza porque no se ha construido otro.
Por su parte el diputado Víctor Flores se refirió a la situación del mecanismo «el monto máximo del CIPRL (Certificado de Inversión Pública Regional y Local) considera a los dos últimos años y no solo el último como señaló MEF, lo cual ha perjudicado a los gobiernos regionales para hacer obras por impuestos. Consideramos debe actualizarse excepcionalmente los topes máximos de capacidad anual para los gobiernos regionales, locales y universidades. Para que en un plazo de 15 días MEF pueda actualizar los flujos transferidos, los montos reducidos para el repago de los CIPRL y la relación de los convenios suscritos. La modificatoria prevista incidiría en la reducción de 91 proyectos sin adjudicarse por un máximo de 877 millones».
La congresista Diana González, mencionó la importancia de la norma «que fortalece el régimen de OXI, dónde el privado diseña e implementa la obra, cerrando muchos presuntos canales de corrupción, y el Estado tiene que reconocer al sector privado como aliado estratégico para el cierre de brechas, y muchos ministros han reconocido el impacto de OXI para la realización de obras y el incremento de las mismas respecto al año anterior». También mencionó «fortalecer los techos presupuestales de los gobiernos regionales y locales para la emisión del certificado de OXI, pero en la última ley del crédito suplementario se incluyó una modificación a la segunda disposición que redujo el monto máximo que pueden usar los gobiernos regionales y locales, afectándolos». En resumen, se busca incrementar el techo presupuestal para coadyuvar a los gobiernos regionales.
Por su parte, la parlamentaria Ruth Luque fue crítica con esta propuesta. «Estoy opuesta a la incorporación de la reducción al IGV en el art. 7 de la norma, por tener un impacto, porque significaría una reducción a los propios gobiernos locales. Ya de por sí las empresas tienen de por sí ciertos beneficios».
El congresista Eduardo Castillo Rivas solicitó en el pleno al presidente de la comisión de economía, «incorporar a los locadores como beneficiarios de la especialización y certificación gradual de profesionales señalados en el art. 7 de la norma 29230». Es decir, pretende hacerlo más rápido incorporando a los locadores como parte de los beneficiarios.
Finalmente, por 60 votos a favor fue aprobado en primera votación esta propuesta. El proyecto será materia de segunda votación en 7 días calendario.
Posteriormente, según informó la oficina de comunicaciones del Congreso, el proyecto de ley fue exonerado de segunda votación, con lo cual quedó expedido para ser enviado al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.
Congreso cita con “urgencia” al ministro Rómulo Mucho para que explique sobre Ley MAPE
Luego que el Gobierno envió al Legislativo el documento de la Ley MAPE, la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Diana Gonzales, advierte poca claridad en diversos aspectos de la ley; y, por ende, pidió citar urgentemente al titular de Energía y Minas Rómulo Mucho.
Este miércoles 20 de noviembre el Ejecutivo, mediante el reciente Consejo de Ministros, aprobó el proyecto de Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, más conocida como Ley MAPE, que reemplazará al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia termina este 31 de diciembre. Y a pesar de las críticas de los cientos de mineros que se encuentran protestando en la avenida Abancay a inmediaciones del Congreso, hoy el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, envió el proyecto de ley al Parlamento para su debate en la comisión del sector.
Sin embargo, la congresista Diana Gonzáles Delgado (Avanza País) solicitó al presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, citar con “carácter de urgencia” al ministro Mucho Mamani, para que informe y explique en detalle sobre los alcances y el contenido del Proyecto de la Ley MAPE, recientemente aprobado en el Ejecutivo.
“Solicito tenga a bien citar con carácter de urgencia al Ministro de Energía y Minas, señor Rómulo Mucho, a la siguiente sesión extraordinaria […] para informar sobre el contenido y alcances del Proyecto de Ley 09555/2024-PE Ley de la pequeña minería y minería artesanal”, se lee en el documento.
Cabe mencionar que el documento entregado al Poder Legislativo, indica en su tercera disposición complementaria que los procedimientos iniciados con el Reinfo continuarán su trámite en esas instancias durante 6 meses, contados desde el día hábil siguiente a la publicación de la nueva ley y al finalizar dicho plazo, indican, que el Minem asume las funciones que se le habían dado a las Direcciones Regionales de Energía y Minas y las Gerencias Regionales de Energía, Minas e Hidrocarburos (DREM/GREM) con el Reinfo para la formalización minera.
Mineros informales bloquearon Panamericana Sur en Ica y Arequipa en desacuerdo con la Ley MAPE
Según informó Máximo Becker, presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú, los mineros informales están en desacuerdo con la reciente aprobada ley MAPE y exigen la extensión del ‘Reinfo’ por dos años más.
Más de mil mineros informales hoy mantuvieron bloqueada la carretera Panamericana Sur en el kilómetro 440 en la provincia de Nasca, en la región Ica, donde la fila de vehículos alcanza los 10 km, y en el kilómetro 782 a la altura del Puente Ocoña, en Camaná, Arequipa. Los mineros informales que se encuentran bloqueando ambos puntos desde ayer, 20 de noviembre, exigen la extensión de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera, porque este documento les permite trabajar en concepciones mineras de terceros, sin embargo, vence este 31 de diciembre.
Ministros de Estado defienden a prófugo Nicanor Boluarte [VIDEO]
¡Lluvia de escuderos! Los ministros César Vásquez, Durich Whittembury y José Arista se despojaron de sus investiduras sectoriales y han asumido roles de ‘abogados defensores’. Pero esta vez no protegen a la presidenta Dina Boluarte, sino, a su “socio” y hermano, el prófugo de la justicia Nicanor Boluarte Zegarra.
Primero fue el premier Gustavo Adrianzén, que salió a declarar tras la medida de detención preventiva de 36 meses contra Nicanor Boluarte Zegarra, y se atrevió a decir que existe una “judicialización de la política”, mencionando incluso, que hay una soterrada intención de promover una vacancia presidencial.
Seguidamente, hizo lo mismo, el titular de la cartera de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, al afirmar que el fallo judicial del juez Richard Concepción Carhuancho “no tiene explicaciones técnicas” y que además obedece a un proceso politizado.
Y en menos de unas horas, se sumaron tres ministros “escuderos” para defender, no precisamente, a la presidenta Dina Boluarte; sino a su hermano Nicanor. Quien, en lugar de ponerse a derecho, pasó a la clandestinidad e ingresó a la categoría de prófugo de la justifica.
Escudero 1: Ministro César Vásquez asevera que todo es ‘un show mediático’
El titular del Ministerio de Salud (Minsa), César Vásquez, quizá por una orden de su mentor César Acuña Peralta, ha vinculado esta situación con los esfuerzos que existen para lograr la desestabilización del gobierno y señaló que el juez Richard Concepción Carhuancho tiene “mucho afán mediático”.
El ministro también se pronunció sobre el reciente fallo judicial que dicta 36 meses de prisión preventiva contra el hermano de la presidenta de la República, Nicanor Boluarte y considera que algunos actores políticos buscan desacreditar la gestión de la mandataria, tras el supuesto éxito de la APEC.
Además, cuestionó al juez Richard Concepción Carhuancho por haber tomado la medida y refirió que tiene “mucho afán mediático, y una pasión por las cámaras”. Asimismo, remarcó que el sistema se está politizando porque se afecta la presunción de inocencia, así como la estabilidad política del gobierno, y en especial al propio hermano de la presidenta.
“Estamos vulnerando la presunción de inocencia. Se está desnaturalizando esta medida de prisión preventiva. Uno de los grandes afectados es el señor Boluarte por ser hermano de la presidenta. Hace daño que la justicia se politice”, sostuvo el ministro de Salud.
Escudero 2: Ministro Whittembury pide que ‘justicia no sea politizada’ para Nicanor Boluarte
El ministro de Vivienda, Durich Whittembury, insinúa que el inicio de la lectura de la resolución que dictó prisión preventiva contra el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, coincidió estratégicamente con el cierre del Foro APEC y consideró que esto podría ser un intento de desviar la atención de los logros que se alcanzaron en dicha cumbre internacional. Y al momento de ser consultado sobre la medida impuesta por el juez Richard Concepción Carhuancho, Whittembury se reafirmó en su posición, de que la justicia no debe estar politizada
Escudero 3: Ministro José Arista critica prisión preventiva contra Nicanor Boluarte
Por último, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas José Arista afirmó que, en su condición de ciudadano, le llama la atención que algunas personas sean detenidas durante 36 meses sin una investigación completa. Asimismo, criticó la resolución que dicta prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, advirtiendo que debe respetarse el derecho de las personas a ser tratadas como inocentes, hasta que se demuestre lo contrario.
¡Los niños no se tocan! Existen personas que valiéndose del anonimato de las redes sociales buscan acercarse a nuestros hijos, creándose perfiles falsos o acercándose a ellos a través de los mismos juegos. Personas depravadas que solo buscan saciar sus deseos más enfermizos sin importarles que con ello estarían destrozándole le vida a un inocente.
Se ha publicado la Ley N.° 32169, la misma que penaliza el acoso sexual contra menores de 14 años. Como se recuerda, la norma fue aprobada en el Pleno del Congreso el 31 de octubre pasado.
Para la firma de la autógrafa, realizada en el despacho de la Presidencia del Congreso, estuvo presente Diana Gonzales Delgado, de Avanza País, autora de la iniciativa legislativa. En ese momento, mencionó que, para crear el delito de acoso sexual a menores de 14 años, se tuvo que incorporar el artículo 176-D al Código Penal peruano.
“Esta iniciativa surgió durante las reuniones sostenidas en semana de representación entre el Grupo Multipartidario Arequipa y el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, quien advirtió que la actual tipificación del delito de acoso sexual, como requiere de la negativa de consentimiento por parte de la víctima, no incluye los casos donde la víctima es menor de 14 años”, explicó.
De acuerdo al documento publicado en el diario oficial El Peruano, la persona que “de cualquier forma vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía” con una niña o niño, podría recibir una condena de entre seis y nueve años de prisión. Además, podría ser inhabilitado conforme a los numerales 5,9, 10 y 11 del artículo 36 del Código Penal.
“Igual pena se aplica a quien realiza la misma conducta, valiéndose del uso de cualquier tecnología de la información o de la comunicación o cualquier otro medio tecnológico”, indica el texto.
La Ley, oficializada este jueves, lleva las rúbricas de la presidenta Dina Boluarte y del titular de la PCM, Gustavo Adrianzén.
Ministro Demartini cuestiona prisión contra Nicanor Boluarte: “no tiene explicaciones técnicas”
Otro de los ministros que se suma a la “cruzada” para defender al hermano prófugo de la presidenta. El titular del Midis Julio Demartini aseveró que la medida judicial es un “proceso politizado”; sin embargo, evitó opinar sobre la situación de clandestinidad de la que goza Nicanor Boluarte.
Se suma otro ministro a la defensa del prófugo de la justicia, Nicanor Boluarte Zegarra. Esta vez, el titular de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) Julio Demartini, criticó la orden de 36 meses de prisión preventiva impuesta contra el hermano de Dina Boluarte, por el caso “Waykis en la sombra”, y también evitó pronunciarse sobre el hecho que se encuentre en la clandestinidad y no ponerse a derecho.
Demartini aprovechó para responder que su opinión la emite como un “ciudadano común y corriente y también como un funcionario público”, pero no como miembro del Gabinete. Dicha aseveración genera cierta confusión y contradicción.
“Pero vemos un proceso que está siendo politizado, y esa es mi opinión personal. ¿Sabe por qué lo digo? Porque el juez Carhuancho en la detención preliminar, el nuevamente dio una sanción con restricción de la libertad y la sala revoca esa decisión por algo fundamental. Porque el señor Carhuancho señala que el señor Boluarte no tenía arraigo laboral y la sala lo corrige”, sostuvo.
“Ayer nuevamente el señor, después que la sala ya lo ha corregido en la detención preliminar, ahora en la preventiva vuelve a utilizar elementos que ya han sido corregidos por su superior”, añadió el ministro Demartini.
Con respecto a su paso a la clandestinidad, el ministro Julio Demartini no quiso opinar y solo se limitó a decir que Nicanor Boluarte “tomará una decisión adecuada”.
“No puedo opinar porque él tomará sus decisiones. Son decisiones personales de las cuales no me voy a pronunciar. Cada uno asume sus decisiones. Imagino que el señor Boluarte está meritando. Si estoy viendo nuevamente que me están perjudicando en mi libertad, él tomará una decisión adecuada. No voy a opinar al respecto”, indicó.
Asimismo, afirmó que la prisión preventiva contra Nicanor Boluarte “no tiene explicaciones técnicas” y será usado para afectar políticamente a la presidenta Dina Boluarte.
“Estas decisiones que no tienen explicaciones técnicas. Pasan a ser un coro en el campo político que dice ‘presidenta, usted está comprometida, todo está mal, dé un paso al costado’ y eso no es así”, culminó el titular del Midis.
Premier Adrianzén califica como ‘campaña de vacancia’ la prisión preventiva de Nicanor Boluarte
En vista que la presidenta Dina Boluarte no se pronuncia por la prisión preventiva contra su prófugo hermano Nicanor, el premier tomó el rol de “defensor” y criticó al juez Concepción Carhuancho.
El Gobierno se encuentra en su peor crisis, tras la situación penal del hermano presidencial y prófugo de la justicia Nicanor Boluarte Zegarra. Sin embargo, desde el Ejecutivo no ha habido un pronunciamiento formal respecto a esta situación. Y quien nuevamente tomó la posta para fungir como “abogado defensor” de la mandataria, ha sido el presidente del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, quien, tras ser consultado por la prensa sobre el imputado hermano de la jefa de Estado, a quien le dictaron 36 meses de prisión preventiva y ordenaron su inmediata captura, cuestionó y desacreditó un mandato judicial impuesto por el juez Richard Concepción Carhuancho.
Asimismo, Adrianzén, pese a ser abogado y conocer perfectamente, qué implica el no ponerse a derecho ante un mandato judicial, e incurrir en una obstaculización a la justicia, él minimizó la situación de clandestinidad de Nicanor Boluarte y su actual condición de prófugo de la justicia, y apenas mencionó: «seguramente sus abogados podrán presentar los recursos de apelación que crean responsabilidad y se tomará la decisión final».
Asimismo, cuestionó la vinculación de Dina Boluarte con la presunta organización criminal que, según tesis fiscal, habría sido dirigida por su hermano mayor Nicanor, y que tendría como objetivo afectar la continuidad de su cargo de presidenta de la República. «Tengo que denunciar una vez más la judicialización de la política. (…) Hay una afiebrada idea de que existe una organización criminal, y a partir de eso, pretender promover una presunta incapacidad moral de la señora presidenta de la República que podría conducir a su vacancia», aseveró disgustado el titular del Consejo de Ministros.
«Veo sorprendido que mentes atormentadas y confundidas están tratando de vincular y de insinuar que aquello existe (una posible relación entre Dina Boluarte con el caso ‘Los Waykis en la Sombra’. Nosotros no podemos permitir esta idea de presionar para que renuncie; o de promover una vacancia. No tiene ningún asidero», añadió Adrianzén.
Además de ratificar que existe una supuesta judicialización de la política, Adrianzén habló de una “soterrada intención” para promover una presunta incapacidad moral que pueda llevar a su renuncia, o a una eventual vacancia presidencial.
“Nosotros no podemos permitirlo y creo en realidad que no solamente eso, sino que esta idea de presionar para que renuncie, o de promover una vacancia, no tiene ningún asidero. La señora presidenta constitucional está firme en el puesto, su liderazgo respecto al Poder Ejecutivo es indubitable”, culminó el premier escudero.
Gobierno aprobó Ley MAPE en medio de cuestionamientos por el ‘Reinfo’ [VIDEO]
El titular de Energía y Minas Rómulo Mucho aseguró que este jueves el Ejecutivo enviará el proyecto al Congreso para que sea debatido. Sin embargo, la vicepresidenta de la Comisión de Energía del Parlamento, Diana Gonzales, observó poca claridad en diversos aspectos de la ley.
El premier Gustavo Adrianzén confirmó que el Ejecutivo, mediante el reciente Consejo de Ministros, aprobó el proyecto de Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, más conocida como Ley MAPE, que reemplazará al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia termina este 31 de diciembre.
Asimismo, y a pesar de las críticas de los cientos de mineros que se encuentran protestando en la avenida Abancay a inmediaciones del Congreso, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, aseguró que este jueves el Gobierno enviará el proyecto de ley al Parlamento para su debate en la comisión del sector.
Ministro Rómulo Mucho le hace ‘propaganda’ al gobierno de Dina Boluarte y a la Ley MAPE
Asimismo, el ministro de Energía y Minas, no pierde la oportunidad para indicar las bondades de la reciente Ley aprobada por el Gobierno. Y además, se dio tiempo para “resaltar” la supuesta disposición de la presidenta Dina Boluarte, para solucionar y poder formalizar a miles de mineros informales.
«Con este proyecto de ley se evidencia que el Gobierno tiene interés de ordenar esta actividad porque se sabe que estaba pendiente la elaboración de la ley MAPE. La ley busca brindar asistencia técnica con tecnologías limpias, generar incentivo para la formalización, establecer zonas especiales y áreas exclusivas para estas actividades, con potencial minero. Establece procedimientos para la formalización, con las direcciones regionales del Minem», remarcó Rómulo Mucho en conferencia de prensa.
Como se recuerda, desde su implementación en 2017, el Reinfo registró cerca de 90.000 inscritos. Previamente, se advirtió que el registro fue empleado de manera inadecuada, facilitando el avance desmedido de la minería ilegal.
Mineros informales bloquean Panamericana Sur en Ica y Arequipa en desacuerdo con la Ley MAPE
Según informó Máximo Becker, presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú, los mineros informales están en desacuerdo con la reciente aprobada ley MAPE y exigen la extensión del ‘Reinfo’ por dos años más.
Más de mil mineros informales mantienen bloqueada la carretera Panamericana Sur en el kilómetro 440 en la provincia de Nasca, en la región Ica, donde la fila de vehículos alcanza los 10 km, y en el kilómetro 782 a la altura del Puente Ocoña, en Camaná, Arequipa. Los mineros informales que se encuentran bloqueando ambos puntos desde ayer, 20 de noviembre, exigen la extensión de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera, porque este documento les permite trabajar en concepciones mineras de terceros, sin embargo, vence este 31 de diciembre.
Solo 2% de los registros que ha tenido el ‘Reinfo’ logró ser formalizado
Dicha cifra obedece a un análisis de Videnza realizado al Registro Integral de Formalización Minera, (Reinfo), que trata de difundir la intención de formalizar, pero sin resultados concretos.
La minería no formal, que comprende a la informal e ilegal, se ha convertido en la actividad que más dinero ilícito genera en el Perú; incluso mucho más que el propio narcotráfico, según lo reportan expertos en temas mineros. En tal sentido, según cifras estimadas por el Instituto Peruano de Economía (IPE), la exportación de oro ilegal se multiplicó hasta por siete veces entre el periodo 2005-2023, y solo este año 2024 alcanzará el máximo histórico de US$ 6,840 millones, un crecimiento de 41%, respecto del 2023.
Mientras Japón abre sus fronteras sin visa a los peruanos, Perú ya tiene un TLC con Hong Kong, a su vez que ha llevado a su perfeccionamiento el TLC con China que permitirá el ingreso de diversas frutas a la China, un mercado de 1400 millones de consumidores. Fue esto lo que resumió el presidente del Congreso, Salhuana que puso como moción del día la comparecencia de los ministerios claves en esta APEC para dar resultados de esta cumbre.
Con mucho entusiasmo Salhuana mencionó el impacto positivo de la cumbre, como es la potencialidad de otras frutas peruanas como la castaña de Madre de Dios. También refirió en el pleno de hoy que que se ha declarado a Perú libre de fiebre aftosa lo cual cristaliza la posibilidad de exportación de carne de ganado vacuno.
«Considero de suma importancia que el Premier, el Canciller, el titular del MEF, el ministro de Agricultura y riego y el titular de Comercio Exterior, asistan al congreso y nos informen cuales son los acuerdos precisos y en qué manera beneficiarán al país en materia agraria, forestal, comercial, de turismo, etc».
La propuesta de Salhuana fue aprobada con 88 votos de aprobación. Los ministros habrán de presentarse este viernes 22 de noviembre a las 9am, a lo que parece una invitación sobre los resultados del APEC, pero que más podría ser una oportunidad para cercar al gobierno.