Política
FPF: Agustín Lozano contra la pared por denuncia de abandono de La Nueva Videna
Una historia que daña el fútbol peruano. Seis canchas construidas con estándares FIFA, una empresa estafada y el abandono de una inversión que se está destruyendo.
La revista ONCE presentó un completo informe sobre el abandono de la Nueva Videna, una historia que tiene como principal responsable a Agustín Lozano, Presidente de la Federación Peruana de Fútbol.
El periodista Umberto Jara detalló con documentos, una historia que daña el fútbol peruano a causa de la mediocre gestión de Agustín Lozano. Aquí la denuncia de ONCE:
Desde el inicio de su gestión, el director técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, planteó a la FPF una exigencia muy válida: la construcción de un predio destinado exclusivamente al trabajo de las selecciones nacionales, de juveniles a mayores. La idea era contar con una infraestructura esencial para el trabajo profesional y de las divisiones juveniles. A partir de una villa deportiva con instalaciones modernas se podía planificar un trabajo a futuro para el futbol con instalaciones adecuadas para todas las categorías de seleccionados. Ejemplos hay muchos en el mundo y, en Sudamérica, destacan el llamado Predio de Ezeiza que sirve a las selecciones argentinas y, en el fútbol chileno, el Complejo Juan Pinto Durán.
Contar con una instalación de esa envergadura era posible y por eso el 16 de noviembre del 2017, se anunció “una alianza estratégica entre el Arzobispado de Lima y la FPF” y se firmó un convenio para la construcción del nuevo Centro de Selecciones Nacionales de fútbol, publicitado como La Nueva Videna, a construirse en un terreno de 114 mil m2 de extensión de propiedad de la Iglesia católica en el distrito de Chaclacayo. En la página web del Arzobispado de Lima se informó que se construirían “seis modernos campos reglamentarios, camerinos, habitaciones y todo lo necesario para la formación de nuevos valores deportivos”.
Es verdad que hubo discrepancias desde el inicio por la dificultad de acceso al predio y porque el convenio tuvo oscuridades al ser impulsado por el ex abogado de la Iglesia y, a la vez, asesor de la FPF, Natale Amprimo. Pero la obra se echó a andar y al interior de la selección nacional hubo entusiasmo porque Gareca conocía de primera mano las ventajas de contar con un centro destinado exclusivamente al trabajo futbolístico. Él mismo había trabajado en el Club Atlético Vélez Sarsfield de Buenos Aires —logró cuatro títulos— que cuenta con una magnífica villa olímpica edificada por sugerencia de Marcelo Bielsa. En Vélez, la obra se inició en enero de 1998 y finalizó el año 2000, de modo que Gareca sabía que en dos años se podía estar trabajando, en Perú, con el mismo nivel de infraestructura que en otros países. Pero han pasado tres años y no hay nada.
El 6 de enero de 2018, la FPF invitó a la empresa Agrícola Pumayaca a participar en el Concurso para la construcción y equipamiento de campos de campos de fútbol profesional en la sede de Chaclacayo. Se trataba de cinco canchas con medidas reglamentarias y una de menor dimensión.
El 21 de febrero del 2018, la empresa Agrícola Pumayaca recibió una comunicación de la FPF con el anuncio de que eran los ganadores del concurso. En ese momento, el presidente de la federación era Edwin Oviedo y el vice-presidente Augustín Lozano. El primer paso de la empresa fue enviar a la FPF un informe de 220 páginas con todas las especificaciones técnicas como Análisis de Suelos, Granulometría, Estratificación de Suelos, Cálculo Hidráulico, Electro válvulas, Controlador de Riego con Sistema de Multinyección, entre otros.
Incluso, se hicieron modificaciones al plan inicial de la FPF con el objetivo de que las canchas cuenten con todos los requisitos que recomienda la FIFA. Entre esos cambios estuvo el incremento de 5 cm. a 15 cm. de arena de río en todos los campos, cambio de diseño en el sistema de riego y una caseta de bombeo subterránea. A fines del mes de mayo del 2018, se iniciaron los trabajos.
Las primeras tareas fueron la construcción de la caseta de bombeo subterránea y el reservorio de 800 m3 para tener una disponibilidad mínima de 4 días de riego total de los campos. Luego, se procedió a la instalación del sistema de riego con tuberías especiales, equipos y accesorios de última generación y una caseta de riego con sistema de presión constante.
Aquí el video que muestra los trabajos iniciales de la obra.
Una vez que se concluyó con la instalación del sistema de riego, se procedió con el acarreo de arena de río con granulometría exigida por el estándar FIFA y con una salinidad muy baja. Para cumplir con estos requisitos fue necesaria una búsqueda en diversas canteras de arena ubicadas en Lima provincia. Cuando se alcanzó el nivel de 15 cm. de arena, se efectuó la nivelación de las canchas con una niveladora laser para garantizar una pendiente de 00%.
Concluida esta etapa surgió el primer inconveniente. Se necesitaba energía eléctrica en el terreno para continuar con los trabajos. La FPF se había comprometido a conseguir los permisos. No cumplió. La obra se paralizó en el mes de setiembre y la única salida fue que Agrícola Pumayaca alquile dos generadores de electricidad de 40 y 60 kw para poder iniciar el sembrío y regado de los campos.
Al contar con esos implementos, se reiniciaron los trabajos y se empezó, en octubre de 2018, con el preparado del terreno para la siembra de las canchas con semillas de alta calidad importadas de los Estados Unidos de Norteamérica. Se logró tener en un mes una buena germinación que no necesitó de resiembra.
Los avances de las obras eran satisfactorios y el profesor Gareca y su comando técnico visitaron el establecimiento y se mostraron satisfechos porque las canchas habían sido construidas con los requisitos para el entrenamiento de alto nivel.
Hasta que apareció en escena Agustín Lozano Saavedra. Este personaje asumió en el mes de diciembre de 2018 la presidencia de la FPF. La empresa Agrícola Pumayaca, que tenía un contrato con la obligación de dar mantenimiento a las canchas hasta el mes de abril de 2019, solicitó una y otra vez reuniones con la nueva directiva de la FPF para informar sobre los trabajos de mantenimiento. No encontraban ninguna respuesta, hasta que por insistencia lograron que los reciba el secretario general de la FPF, Oscar Chiri. En la reunión, Chiri les indicó que debían continuar con las tareas de mantenimiento de acuerdo al contrato y bajo las condiciones pactadas. En una palabra que el proyecto debía continuar y que les serían reconocidos a la empresa todos los gastos incluyendo el pago de los dos generadores de electricidad alquilados.
El 4 de abril de 2019, días antes de la fecha de conclusión del contrato, al fin accedió a una reunión Agustín Lozano. Esta actitud de no conceder citas era una muestra nítida de que a Lozano el fundamental proyecto de La Nueva Videna no le interesaba en absoluto. La razón se puede presumir: los contratos ya estaban efectuados y la obra en marcha, por lo tanto no había espacio para exigir prebendas u obtener beneficios indebidos.
En esa reunión, Lozano les indicó a los directivos de Agrícola Pumayaca que él “no tenía claro cómo manejar el proyecto”. Es decir, un proyecto que las principales selecciones y clubes en el mundo es una prioridad, para Lozano carecía de la menor importancia. Cuando le hicieron notar que las canchas se iban a deteriorar si no se les daba mantenimiento, Lozano contestó “sigan regándolas”.
Como el contrato concluía ese mes de abril, la empresa convocó a un grupo de técnicos e ingenieros de ambas partes para llevar a cabo la entrega de la obra. La reunión se efectuó el 26 de abril. Se encontraron algunas observaciones que fueron levantadas según consta del Acta de fecha 10 de mayo de 2019. Días más tarde, los representantes de Agrícola Pumayaca Jorge Morales y Alfonso Dibos hicieron la entrega de la obra a los representantes de la FPF, Agustín Lozano y Jorge Valenzuela. En esa ocasión, Lozano, tal vez motivado al ver el escenario con impecable verdor, les dijo a los representantes de la empresa: “Ustedes tienen que seguir trabajando hasta que yo les avise que paren. Yo soy la única persona que les tiene que dar la orden para que sigan o para que paren”. La empresa señala que se vieron obligados a continuar dándole mantenimiento a las canchas mientras la FPF decidía qué hacer con el proyecto, por una razón: existían deudas pendientes por los trabajos realizados y por el alquiler de los grupos eletrógenos. Ante el riesgo de no poder cobrar, sobre todo con personas con las cuales era muy difícil conseguir una cita, continuaron sus labores para simultáneamente solicitar los pagos pendientes y suscribir el documento concluyendo el vínculo. Lo que siguió después de mayo de 2019 a la fecha, son situaciones usuales en la destructiva gestión de Lozano: no daba cara a las repetidas solicitudes para resolver la situación.
Sin embargo, las canchas seguían en buen estado debido al mantenimiento que Agrícola Pumayaca siguió dando mientras se seguían acumulando nuevas cuentas a las facturas pendientes de pago por el contrato original. Finalmente, tras largos meses de espera, el 5 de febrero de este año se celebró una reunión a la que asistieron por la FPF el secretario general Oscar Chiri y el gerente de administración Jorge Valenzuela. Por el lado de la empresa Jorge Morales y Alfonso Dibos. En la reunión, Chiri ofreció que a más tardar el 15 de febrero se firmaría el documento final que pondría fin a la relación y se procedería a pagar lo adeudado. Asimismo, Chiri señaló específicamente que no se debían continuar con los trabajos. Hizo la precisión, para que no quedarán dudas, de que no se debía dar ni mantenimiento ni riego a las seis canchas.
Como era de suponer, el 15 de febrero de 2020 no se cumplió nada de lo ofrecido y nadie atendió en la FPF. Agrícola Pumayaca dejó de dar mantenimiento y dejó de regar los campos acatando la indicacion del secretario general Oscar Chiri. A la fecha, la empresa no ha podido cobrar un céntimo y tiene totalmente cerradas las puertas de la FPF. Un correo electrónico de fecha 13 de agosto de este año da una muestra cabal del estilo “criollo” y tramposo que caracteriza a Agustín Lozano. En esta comunicación el directivo de la empresa, Alfonso Dibós, le resume la situación a Sabrina Martin Zamalloa, la jefa del Departamento Legal de la FPF, en estos términos: “Hasta la fecha no tengo una respuesta clara sobre el acuerdo qué debemos firmar, tú me dices que se lo pasaste a Jorge Valenzuela y él me dice que no me lo puede enviar porque sólo es asesor, lo claro y concreto es que hasta la fecha han pasado más de seis meses de la reunión con Oscar Chiri y Jorge Valenzuela, donde nos ofrecieron hacer el acuerdo de pagos y por alguna razón no se lleva a cabo. En tu correo me agradeciste por la comprensión pero como comprenderás se sigue pasando el tiempo y nosotros seguimos sin cobrar un dinero que nos pertenece que ha sido ganado honradamente y no merecemos este tipo de trato de parte de la FPF”.
En agosto de 2020 habían transcurrido 14 meses desde la conclusión de las seis canchas profesionales; a la fecha de este informe han pasado 19 meses. Lo grave de esta situación es el total abandono del proyecto de La Nueva Videna de Chaclacayo. Si Gareca y el comando técnico de la selección se habían entusiasmado porque en apenas dos años las selecciones peruanas de fútbol estarían trabajando en instalaciones de primer nivel, lo cierto es que han transcurrido tres años y no solamente la obra está inconclusa sino que, lo peor, está abandonada.
Una obra que debía competir con el Predio de Ezeiza de la selección argentina y con el Pinto Durán de Chile se encuentra en total abandono y las canchas construidas con todos los lineamientos FIFA de alta competencia están totalmente descuidadas y deteriorándose. Pero ese es un asunto que a Agustín Lozano y a Oscar Chiri, presidente y secretario de la FPF, no les interesa en absoluto. Sus intereses no son los de la FPF sino los beneficios que ellos puedan conseguir utilizando a la FPF. ¿El fútbol? Solo les interesa si deja ganancias oscuras.
Aquí un video sobre los trabajos generales en la obra.
No es todo. Hay un epílogo que tiene que ver con el estilo depredador de quienes manejan la FPF. A principios de agosto de 2020, solicitaron a Agrícola Pumayaca el desmontaje de los equipos de riego de las canchas y el traslado de los equipos de riego de los campos de Chaclacayo a la sede central de la FPF. Incluso dispusieron camiones para el transporte. ¿Por qué se tenían que llevar estos implementos a la sede central de la FPF si allí no existen seis canchas de futbol? Es evidente que se trataba de un acto destinado a la disposición fraudulenta y ese equipamiento habría terminado en uno de los destinos ilegales que caracterizan a la gestión de Lozano y su directiva.
El desmantelamiento y traslado no fue posible por una razón: el Arzobispado de Lima, propietario de los terrenos, exigió un previo inventario con la presencia de un notario. El inventario también se practicó a las instalaciones que debían utilizarse para gimnasios, habitaciones, comedores, oficinas del proyecto. ¿Qué ocurrió? Descubrieron que la FPF había retirado puertas, ventanas, servicios higiénicos. Todo. Habían dejado en casco los locales destinado a La Nueva Videna de Chaclacayo. Entonces, la abogada del Azobispado de Lima se negó, con justa razón, a dar acceso y por esa razón no se pudieran desmontar los sistemas de riego de las canchas.
En suma, la FPF invirtió un total de S/. 5’693,743.35 para la construcción de seis canchas de futbol con sus correspondientes sistemas de riego. El directivo de Agrícola Pumayaca, Alfonso Dibos,consultado por ONCE señaló que, a la fecha, han transcurrido 19 meses sin que Lozano y Chiri cumplan con pagar una deuda que asciende a S/.1’397,568.50. Ahora bien, en lugar de seguir con esta empresa o contratar otra que preste un servicio similar en calidad, la decisión ha sido la peor: que las canchas queden abandonadas.
No estamos ante un otro capítulo más en la infame gestión de Agustín Lozano Saavedra, Oscar Chiri y la directiva de la FPF. Estamos frente a un episodio que, tarde o temprano, tendrá implicancias penales en dos ámbitos: el primero y fundamental, es la desprotección de una inversión esencial para el fútbol peruano. Se ha paralizado y destruído un proyecto que nos ponía al nivel de las selecciones con las cuales debemos competir en las Eliminatorias Mundialistas y en la Copa América. No se trata de simples partidos de fútbol. Se trata de eventos en los cuales una buena participación significa importantes ingresos económicos para invertir en el crecimiento del futbol nacional y, sobre todo, en el surgimiento de nuevas figuras. Esa es la gravedad del abandono al proyecto de La Nueva Videna. Lo segundo, es que han convertido a la FPF en un ente sin ninguna credibilidad frente a terceros. Hoy la FPF es vista como la entidad que le recorta sueldos a los trabajadores, que no cumple con las necesidades internas, y, frente a terceros, se incurre en estafas y nadie quiere convertirse en proveedor de una institución manejada por gentes sin escrúpulos.
Política
Congreso rechaza intromisión de la CIDH por haber exigido que suspendan ley sobre ‘lesa humanidad’
El Parlamento rechazó el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que cuestionó y requirió al Peru que desde el Legislativo inmediatamente se suspenda el dictamen que precisa la prescripción de los delitos de lesa humanidad, para que no puedan ser aplicados en casos cometidos antes del 2002.
El Congreso rechazó el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que cuestionó el dictamen aprobado en primera votación por el Pleno que precisa la prescripción de los delitos de lesa humanidad del 1 de julio de 2002, hacia atrás.
Ante dicha intromisión, desde el Parlamento emitieron un comunicado publicado este viernes 14 de junio que responde a lo pedido por la CIDH:
“El Perú es una República democrática, social, independiente y soberana, de acuerdo al articulo 43° de la Constitución Política del Estado”.
“El Congreso de la República, primer poder del Estado peruano, es igualmente independiente de las decisiones que por mandato constitucional y legal le corresponden. Por lo tanto, rechazamos cualquier forma de intromisión nacional o extranjera en nuestras decisiones”, se lee en el documento.
Asimismo, se indicó que el Poder Legislativo abordará el tema “con total Independencia y autonomía en la oportunidad que lo crea conveniente” y “tramitará los proyectos de ley dictaminados por las comisiones correspondientes”.
La CIDH requirió al Peru suspender tramite de proyecto de ley sobre delitos de ‘lesa humanidad’
Cabe recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requirió al Perú que se suspenda “inmediatamente” el trámite del proyecto de ley que se está avanzando en el Congreso y que busca restringir los alcances de los delitos de ‘lesa humanidad’ para que no puedan ser aplicados en casos cometidos antes del 2002. La comisión señala que esta suspensión debe aplicarse hasta que cuenten con todos los elementos para pronunciarse sobre las medidas provisionales y el impacto que tendrá esta norma en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Asimismo, convocó al Estado peruano, así como a los representantes de los deudos de Barrios Altos y La Cantuta y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a una audiencia pública virtual para el lunes 17 de junio del 2024 las 8:30 a.m. hora de Costa Rica.
Política
Congresista Illich López regresa a las filas de Acción Popular
Parlamentario había renunciado de manera “irrevocable” a la bancada acciopopulista en agosto del año pasado por estar en desacuerdo con la elección de Darwin Espinoza como vocero.
Se le acabó el berrinche. La bancada de Acción Popular informó a través de un comunicado la reincorporación del parlamentario Illich López, quien el 8 de agosto del 2023 presentó su renuncia “irrevocable” junto a otros siete legisladores por encontrarse en desacuerdo con la elección de Darwin Espinoza como vocero del grupo parlamentario.
Los otros congresistas que también renunciaron fueron María del Carmen Alva, Silvia Monteza, Edwin Martínez, Karol Paredes, Juan Carlos Mori, José Arriola y Carlos Enrique. De este grupo, solo José Arriola se unió a la bancada de Podemos Perú, mientras que los demás permanecen como no agrupados.
El vocero titular de la agrupación parlamentaria, Elvis Vergara, dio la bienvenida al congresista López Ureña en la cuenta oficial de la bancada en la red social X.
“¡Bienvenido! Por la institucionalidad partidaria y el trabajo unificado a favor del país, damos una cálida bienvenida al congresista Ilich López. Con gran esperanza, extendemos la invitación a nuestros correligionarios congresistas a regresar y trabajar juntos por el Perú”, señaló.
Ante ello, el congresista Ilich López en respuesta manifestó, “Es un honor regresar a mi bancada y seguir trabajando en conjunto por el bienestar de nuestro país. Estoy convencido de que, unidos y con transparencia podemos seguir adelante”.
Tanto Illich López como Darwin Espinoza son acusados de pertenecer a ‘Los Niños’
El “Caso los Niños” se refiere a un grupo de congresistas investigados por la Fiscalía de la Nación por presuntos vínculos con actos de corrupción ocurridos durante el gobierno del expresidente encarcelado Pedro Castillo. Los implicados son Elvis Vergara, Darwin Espinoza, Jorge Flores, Juan Mori, Ilich López y Raúl Doroteo.
Las acusaciones indican que estos legisladores habrían respaldado las decisiones del entonces presidente Pedro Castillo a cambio de beneficios personales y protección frente a investigaciones por corrupción. Estos congresistas son señalados de formar parte de una estructura de corrupción que operaba dentro del Congreso de la República.
El dato:
Con el regreso de Ilich López a Acción Popular, la agrupación parlamentaria suma nueve integrantes.
Política
Congreso aprobó dictamen que incorpora el delito de ‘terrorismo urbano’ en el Código Penal
En este nuevo tipo de delito se indica que la pena de cárcel será no menor de 30 años si el agente emplea armamentos, materias o artefactos explosivos. Asimismo, si es que usa armas, municiones o explosivos que pertenezcan a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional del Perú.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó con catorce votos a favor y cuatro abstenciones el dictamen que propone incorporar el delito de ‘terrorismo urbano’ en el Código Penal peruano, específicamente en el Decreto Legislativo 635°.
La pena privativa de libertad será entre veintitrés y treinta años.
La propuesta plantea la incorporación del Capítulo II, Terrorismo Urbano, en el Título XIV del Libro Segundo del Código Penal y que comprende los artículos 318-A y 318- B.
Se indica que “el que provoque o realice actos típicos que deben concurrir en dos o más delitos previstos en los artículos 108, 108-C, 108-D, 121, 129-A, 129-B, entre otros, así como en los delitos agravados de la Ley de Delitos Informáticos; generando estado de zozobra en la población o en un sector de ella con la finalidad de obtener ventaja o beneficio económico, será reprimido con pena privativa de libertad no menor a 23 ni mayor a 30 años con 365 días multa”.
El dictamen también establece sanciones más severas si el acto de ‘terrorismo urbano’ es cometido desde el interior de un establecimiento penitenciario, utilizando menores de edad o personas inimputables, o si se actúa con gran crueldad.
Al respecto, se indica que será no menor de 30 años si el agente emplea armamentos, materias o artefactos explosivos. Asimismo, si es que usa armas, municiones o explosivos que pertenezcan a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional del Perú.
“Si el agente comete terrorismo urbano desde el interior de un establecimiento penitenciario, donde se encuentra privado de su libertad, si utiliza a menores de edad u otros inimputables para su comisión, actúa con gran crueldad (…) o si la víctima es un funcionario comprendido en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú o miembro de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público o miembro del Tribunal Constitucional o cualquier autoridad elegida por mandato popular”, se lee en la iniciativa.
Se agrega que la sanción también se dará en caso el citado delito es realizado por dos o más personas, además si es que el hecho recae sobre torres de energía o transmisión, o afecte cualquier servicio público de agua o energía eléctrica.
Política
Ministra de Vivienda Hania Pérez de Cuellar se ‘zurra’ en la comisión de Vivienda
En el Congreso la citaron cinco veces para que responda de ‘manera virtual’ ante los cuestionamientos del reciente incremento de las tarifas del agua y sobre los contratos SACO de Sedapal otorgados a sus socios franceses, el Consorcio WAS y VEOLIA ganando contratos por más de S/840 millones para cobrar y tratar el agua en todo Lima. Sin embargo, la ministra se excusa por quinta vez y evita a asistir para rendir cuentas.
La ministra de Vivienda Hania Pérez de Cuellar evita asistir a la Comisión de Vivienda para responder sobre los aumentos tarifarios de SEDAPAL del 8% impuesto desde enero de este año y sobre el Decreto Legislativo 1620° promulgado por ella, aduciendo que “busca mejorar los servicios que brindan las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) a la población”. Asimismo, vuelve a desairar al grupo de trabajo del Congreso para no responder por el próximo incremento de 3% establecido en la Ley de Acceso Universal al Agua Potable.
Pérez de Cuellar, que cuenta con el total respaldo de la presidenta de la República Dina Boluarte, ya lleva 18 meses a cargo del sector y tras descubrirse que en su despacho ministerial se aprovechaban indebidamente de la caja chica para despilfarrar el dinero publico en banquetes orientales y criollos, ella se empecinó en impulsar la privatización de Sedapal, aunque lo ha negado siempre, porque aduce la figura de la “concesión”. E incluso recientemente ha admitido que se incrementará el precio de las tarifas del agua: “Hoy las tarifas del agua están bajas y no cubren ni la operación ni el mantenimiento de la infraestructura”.
Sin embargo, a pesar de los cuestionamientos, ella se resiste a responder ante la Representación Nacional, sobre los contratos SACO de Sedapal otorgados a sus amigos y socios franceses, el Consorcio WAS Lima y VEOLIA.
Aquello evidentemente habría sido un “lobby francés” de la ministra de Vivienda Hania Pérez de Cuéllar, porque El “Consorcio WAS Lima” (firmas francesas Suez y Veolia) ganó contratos con Sedapal por más de S/840 millones y se encargará de cobrar y tratar el agua en todo Lima. Ambas transnacionales pertenecen al gremio de empresas francesas que presidió Hania Pérez de Cuéllar en la Cámara Peruano Francesa.
Como se recuerda, antes de ser designada ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar se unió a la Cámara de Comercio e Industria Peruano Francesa (CCIPF), un gremio de empresas francesas que agrupa a Vinci, Suez, Veolia, y más transnacionales de Francia.
Según las notas de prensa del gremio francés, la nieta del exsecretario general de la ONU se unió a la Cámara de Comercio e Industria Peruano Francesa, el 12 de abril del 2022 y luego de unos meses, el 24 de septiembre del mismo año, fue nombrada presidenta del Consejo Directivo 2022-2024.
Sin embargo, para no responder ante lo evidente, la ministra Hania Pérez de Cuellar se ha excusado 5 veces alegando diversos argumentos asociados a su agenda y hasta el momento, la Comisión de Vivienda liderada por la parlamentaria María Agüero Gutiérrez, no ha contado con su presencia virtual, tras haberle enviado 5 citaciones.
1ra excusa, del 29 de abril del 2024: “Tengo sesión del Consejo de Ministros a esa hora”
La ministra Hania Pérez de Cuellar fue citada por la Comisión de Vivienda para que asista a la vigésima sesión ordinaria a realizarse el martes 30 de abril del presente año; sin embargo, ella se excusó y no asistió.
2da excusa, del 06 de mayo del 2024: “Estaré en Cusco entregando 3000 títulos de propiedad”
Hania Pérez de Cuellar fue citada por la Comisión de Vivienda para que asista a la vigésima primera sesión ordinaria a realizarse el martes 07 de mayo del presente año; sin embargo, la ministra por segunda vez, se excusó y no asistió.
3ra excusa, del 13 de mayo del 2024: “Estaré en Ancón en una mesa de trabajo”
La ministra Hania Pérez de Cuellar fue citada por la Comisión de Vivienda para que asista a la vigésima segunda sesión ordinaria a realizarse el martes 14 de mayo del presente año; sin embargo, ella se excusó por tercera vez y no asistió.
4ta excusa, del 10 de junio del 2024: “Tengo un evento ya programado con antelación”
Hania Pérez de Cuellar fue citada por la Comisión de Vivienda para que asista a la vigésima quinta sesión ordinaria a realizarse el martes 11 de junio del presente año; sin embargo, la ministra por cuarta vez, se excusó y no asistió.
5ta excusa, del 12 de junio del 2024: “Tengo una visita de trabajo en Chancay”
La ministra Hania Pérez de Cuellar fue citada por la Comisión de Vivienda para que asista a la décimo segunda sesión ordinaria a realizarse hoy viernes 14 de junio del presente año; sin embargo, ella se excusó por quinta vez y no asistió.
Según la agenda de las diversas sesiones ordinarias programadas en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo, por la Comisión de Vivienda y Construcción en la modalidad semipresencial, a través de la plataforma virtual Microsoft Teams, estas son algunas de las preguntas que la ministra Pérez de Cuellar evita responder, porque aún no asiste a ninguna sesión:
▪Detalle, por qué las licitaciones de Servicio de Actividades Comerciales y Operativas Norte (S/.284,608,146.50), Centro (S/.297,123,748.00) y Sur (S/.198,704,486.92) o Contratos SACO de SEDAPAL, han sido concesionados a empresas del mismo grupo económico como son las empresas CONSORCIO WAS LIMA (que agrupa Decremento Perú SAC subsidiarias de Suez) y VEOLIA SERVICIOS PERÚ SAC (del grupo VEOLIA que adquirió Suez).
▪ Detalle qué empresas (y los nombres de sus representantes) participaron junto a usted en su calidad de ministra en el Desayuno Empresarial que organizó la Cámara de Comercio Industrial Peruano Francesa (CCIPF) el 29 de febrero del 2024.
▪ Precise qué proyectos de inversión se presentaron y si usted fue presidenta de este gremio de empresas francesas (CCIPF), por cuánto tiempo y a qué empresas de la Cámara de Comercio Industrial Peruano Francesa asesoró con su empresa: PDC Consultores.
▪ Especifique si en el mencionado Desayuno Empresarial participaron las empresas VEOLIA, SUEZ y EGIS, denunciadas por corrupción en Panamá, India, Argelia y Gabón e inhabilitada por el Banco Mundial (BM) y por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
▪ Detalle qué rol tuvo el MVCS en la contratación de UNOPS para la licitación internacional.
▪ Precise si fue luego del Desayuno Empresarial con empresas francesas del 29 de febrero del 2024 que Consorcio WAS Lima ganó la licitación internacional Ítem 4 por S/.60 Millones para el cobro y operación del agua para grandes clientes (Coca Cola, Lindley, Aje, Backus y Alicorp) el 15 de abril del 2024.
Sin duda, y ante las preguntas que vienen aguardando las respuestas de la ministra Hania Pérez de Cuellar, ella se resiste a responderlas, a pesar que sus citaciones son virtuales y no presenciales. Es decir, no pretende darse un tiempo para ponerse a derecho ante la Representación Nacional que le pide explicaciones ante las denuncias periodísticas emitidas en las últimas semanas ¿Acaso estará preparando su coartada?
Política
Presentan PL para que menores de 16 años puedan ir a la cárcel por cometer delitos como robo, extorsión o sicariato
Iniciativa del congresista Juan Burgos busca que se modifique el inciso 2 del artículo 20 del Código Penal para eliminar la inimputabilidad favorable a los menores de edad.
Cada día se observan en las noticias cómo jóvenes que no pasan la mayoría de edad son tan o más avezados que ‘rankeados’ delincuentes a la hora de cometer asesinatos, realizándolos a sangre fría, sin interesarles que sus víctimas sean inocentes padres de familia o menores de edad.
Ante ello, el congresista de Podemos, Juan Burgos, presentó un proyecto de ley para que menores de 16 años puedan ir a prisión por cometer delitos como sicariato, robo y extorsión.
Como coautores de la norma aparecen sus compañeros de bancada: Luis Picón, José Luna, José Elías, Carlos Zeballos, Kira Alcarraz y Digna Calle.
Para lograr este objetivo, el legislador propone que se modifique el inciso 2 del artículo 20 del Código Penal, en lo que respecta a la inimputabilidad, aprobado mediante Decreto Legislativo 635.
De progresar dicha iniciativa legislativo el texto del citado artículo quedaría así:
“No está exento de responsabilidad penal el adolescente que, a partir de los 16 años de edad incurre en la comisión de delitos los contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de homicidio, homicidio calificado, homicidio calificado por la condición de la víctima, sicariato, y, conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato; delitos contra el patrimonio en su modalidad de robo, robo agravado y extorsión; y; delitos contra tranquilidad pública en su modalidad organización criminal, y, banda criminal u otro delito sancionado con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años o cadena perpetua”.
De aprobarse, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) deberá adecuar las normas complementarias en el sentido de la presunta norma en el plazo de 30 días hábiles contados a partir de la publicación.
Edad mental más que una edad biológica para condenar a los menores
Dentro de los argumentos, Burgos se basa en la existencia de las “reglas de Beijing, que establecen que para la responsabilidad penal del menor se debe tener en cuenta la madurez mental y emocional”.
“Esto significa que, más que una edad específica, se debe tomar en cuenta criterios psicológicos y morales y su discernimiento”, precisa.
Además, señala que en Europa hay diferentes países que regulan este aspecto como: Bielorrusia, Moldavia y Macedonia a partir de los 14 años; Dinamarca, Finlandia, Polonia, Turquía y Suecia.
Política
Carlos Otiniano presentó su carta de renuncia “irrevocable” al Hospital Loayza en medio de denuncia por laboratorio ‘fantasma'[VIDEO]
Saliente director indicó que su renuncia se debe a “motivos personales”, sin embargo, informe periodístico reveló irregularidades en la implementación de laboratorios y la existencia de lotes de medicina vencidos.
Política
Hoy el Fiscal José Domingo Pérez extraerá información de los celulares de Alan García
La diligencia autorizada por el 6to Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional será este 14 de junio y forma parte de la investigación que se le sigue a Luis Nava y Enrique Cornejo. Los herederos de Alan García han expresado su total desacuerdo y preocupación por las posibles filtraciones y el uso indebido de la información contenida en los teléfonos.
El Ministerio Público informó que el fiscal José Domingo Pérez realizará este viernes 14 de junio la apertura y extracción de la información de los celulares del expresidente Alan García.
La diligencia se realizará desde las 10:00 am en la Oficina De Peritajes del Ministerio Publico, ubicadas en la avenida Prolongación Arica 1812, Cercado de Lima, en el contexto de la investigación a los exministros Luis Nava, Enrique Cornejo, entre otros, por los presuntos delitos de colusión, lavado de activos y otros.
Cabe recordar que la diligencia había sido autorizada mediante resolución N° 13 por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional el pasado 11 de marzo, resolución que fue confirmada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional mediante la Resolución N° 16, el 24 de mayo último.
Estos hechos objeto de investigación están referidos a la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima y la continuación de la construcción del Corredor Vial de la Interoceánica Sur (tramo 2 y 3).
Abogado de Alan García lo califica como “un acto arbitrario e inconstitucional”
El abogado del expresidente Alan García, Erasmo Reyna, calificó como un “acto arbitrario e inconstitucional” la resolución que autoriza el levantar el secreto de las comunicaciones de los dos teléfonos del fallecido exmandatario.
El exdefensor legal de García Pérez dijo que existe una amenaza latente sobre el acceso hacia otros dispositivos. Argumenta que no es procedente continuar con investigaciones sobre una persona fallecida, y que los herederos de García, al ser terceros en el proceso, no pueden ejercer derechos de defensa en este contexto.
Al respecto, señaló que la entrega de estos dispositivos viola el principio de legalidad procesal y los derechos fundamentales.
Sería un grave daño a la memoria y a la privacidad
Además, se ha cuestionado la motivación detrás de esta medida, sugiriendo que podría haber un interés en hacer pública información personal y familiar del exmandatario, lo que generaría un grave daño a su memoria y a la privacidad de sus familiares.
Los herederos han expresado su total desacuerdo y preocupación por las posibles filtraciones y el uso indebido de la información contenida en los teléfonos.
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