¡El colmo! Primero pasó el pasado jueves 23 de enero, fecha en que la Comisión de Ética se abstuvo de revisar el caso del parlamentario José Jerí por presunta violación por falta de quórum. Aquella vez, solo se hicieron presente los congresistas Alex Paredes y Elvis Vergara de manera presencial. Los demás, ni su sombra. Entre los faltones destacaron María Taipe (Perú Libre), Kira Alcarraz (Podemos Perú) y Cruz María Zeta (Fuerza Popular), ellas habían pedido licencia. Entre los faltantes más relevantes destacó Nelcy Heidinger (APP), secretaria de la Comisión, Rosangella Barbarán, Héctor Ventura, Auristela Obando (Fuerza Popular) y Kelly Portalatino (Perú Libre).

Y esta vez sí asistieron a la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso nueve congresistas, entre ellos Alcarraz, Heidinger, Paredes, Medina, Portalatino, Palacios Huamán y Vergara. Entre tanto, se mantuvieron ausentes, los dos Bazán y Rosangella Barbarán. Sin embargo, decidieron no abrir una investigación de oficio contra el congresista investigado José Jerí Ore, denunciado por presunta violación sexual a fines de diciembre pasado.

El presidente del grupo de trabajo, Alex Paredes, anunció la determinación al inicio de la sesión, argumentando que el caso se encuentra en la Fiscalía y está bajo reserva.

“No podemos interferir en una investigación en sede fiscal, donde además estamos obligados a respetar la reserva del proceso para salvaguardar a la víctima. Por estas razones, la Comisión no puede formular una denuncia de oficio sin elementos que demuestren una vulneración a la ética parlamentaria”, sostuvo Paredes.

Asimismo, el presidente de la Comisión precisó que, ante la falta de elementos que sustenten una transgresión a la ética parlamentaria, el grupo que dirige continuará a la espera de los avances del Ministerio Público.

“La Comisión de Ética sigue esperando la respuesta del Ministerio Público. Si en el futuro se determinan hechos que ameriten una indagación preliminar, procederemos conforme a nuestras atribuciones”, concluyó Alex Paredes.

Partido Somos Perú suspendió a congresista José Jerí

Como se recuerda, tras hacerse pública la denuncia, los primeros días del mes de enero de este año, Somos Perú emitió un pronunciamiento oficial en el que informó la suspensión de la militancia de José Jerí Oré hasta que culminen las investigaciones.

«Somos Perú, condena todo tipo de violencia contra la integridad de la mujer o personas vulnerables, hemos tomado conocimiento de los hechos que involucran a un congresista de nuestro partido, exigimos al Ministerio la celebridad del caso en las investigaciones, Enrique Jerí queda suspendido», escribió Somos Perú.

El grupo parlamentario Renovación Popular ha presentado una moción para crear una Comisión Investigadora Multipartidaria que detecte e indague a los beneficiarios del financiamiento que otorgó la “Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional” (USAID) en Perú. Entre los parlamentarios firmantes destacan Alejandro Muñante, Patricia Chirinos, Diego Bazán, Cheryl Trigoso Reátegui, María Jessica Córdova, y Norma Yarrow Lumbreras.

«Constituir una Comisión Investigadora Multipartidaria, encargada de (…) determinar si este financiamiento se direccionó de manera irregular para la implementación de agendas político – ideológicas en contravención a lo normado en la Constitución Política del Perú y las leyes vigentes, y/o al debilitamiento de nuestra institucionalidad democrática», se lee en el documento de la moción.

Asimismo, el documento indica que resulta necesario conformar este grupo de trabajo parlamentario para determinar qué personas jurídicas estatales y/o privadas; así como personas naturales, fueron financiadas por la agencia norteamericana y con qué fines recibieron este financiamiento. Y si esta subvención se encontraba alineada con nuestra Constitución Política y nuestro ordenamiento jurídico interno y nuestra institucionalidad democrática.

Asimismo, se busca confirmar si existió un desvío de fondos para financiar agendas políticas ideológicas ajenas al concepto de financiamiento brindado por USAID. Además, plantearon que se les otorgue un plazo de 120 días calendarios, a partir de su instalación con la finalidad de cumplir con la labor planteada.

La moción indica que la comisión investigadora tendrá que encargarse de recabar toda la información requerida en el «primer apartado que sirva, asimismo, para determinar las responsabilidades políticas y administrativas; así como civiles y penales que hubiera, para remitir esa información al Ministerio Público a fin de que proceda con las imputaciones y acusaciones respectivas pasibles de ser sancionadas por ley».

Hasta 2022 organizaciones de Perú recibieron US$157 millones de USAID

Según indicadores, Perú recibiría el 6% de los fondos destinados por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), institución internacional que estaría con los días contados, tras la orden de cierre de todas sus oficinas en el extranjero.

Por su parte, el exdirector ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), Carlos Pando, aseguró que Estados Unidos no se puede dar el lujo de dejar de cooperar con el mundo.

“Estados Unidos no se puede dar el lujo de dejar de cooperar con el mundo. Lo que va a hacer es reorientar. El gobierno americano podrá cerrar USAID, pero va a tener que tener una oficina de cooperación y priorizará los temas (…) El gigante del mundo no puede dejar de tener política exterior de cooperación», sostuvo y además reveló que, hasta el 2022, Perú había recibido un total de 157 millones de dólares de USAID.

Ya no es solo ‘plata como cancha’. Ahora se trata de ‘influencia como cancha’. Por algo el partido de César Acuña Peralta, Alianza para el Progreso (APP), prácticamente cogobierna con la presidenta Dina Boluarte, y ha copado a través de “la cuota”, diversas instituciones del Estado con sus militantes.  

En tal sentido, una nueva “alfil” de APP, ingresa al aparato del Estado y nada menos que al campo de la educación. Se trata de la obstetra Susana Edita Paredes Díaz, quien a través de la Resolución de Presidencia N° 017-2025-CONCYTEC-P, ha sido designada como representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC) ante el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU.

Como se sabe, la Sunedu fiscaliza a las universidades como la César Vallejo (UCV), donde Paredes Diaz se desenvuelve como docente de investigación de las carreras profesionales de Obstetricia, Nutrición y Medicina en pregrado y postgrado, desde hace aproximadamente 12 años. Y ¿de quién es esa universidad? Nada menos que de César Acuña Peralta, quien también es propietario del Partido Alianza para el Progreso, (APP), agrupación política en el que ella también es militante activa desde 2013.

El actual presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación (Concytec), Sixto Sánchez Calderón emitió y firmó la resolución publicada en el Boletín de Normas Legales del diario El Peruano— que oficializa en el cargo a Susana Edita Paredes Díaz.

Como es de conocimiento público, la Sunedu tiene la facultad de “aprobar, denegar, suspender o cancelar las licencias para el funcionamiento del servicio de educación superior universitaria bajo su competencia”, pero puede sancionar a las instituciones educativas que no cumplan con la normativa educativa. Sin embargo, con Susana Edita Paredes Diaz en la directiva, ¿la Sunedu continuará fiscalizando a la Universidad César Vallejo?

Sunedu ha sancionado múltiples veces a la UCV de César Acuña Peralta

Como se recuerda, la Sunedu anteriormente ha mostrado su relativa independencia, al imponerle una multa a la UCV de S/193,251.38 por el pago indebido de regalías por S/1,894,737.00 a César Acuña Peralta, bajo el rubro de “Conoce Más Viajes y Turismo”, y otra sanción de S/594 mil, por utilizar los fondos de la universidad, cerca de S/7 millones, para financiar los viajes de sus parientes cercanos. Asimismo, en agosto de 2023, la Sunedu multó con S/1’160,363 a la universidad de César Acuña Peralta por infringir la Ley Universitaria.

Susana Edita Paredes Diaz es obstetra de la Universidad de Cajamarca

De acuerdo a su expediente registrado ante el Concytec, la doctora Paredes Diaz indica que es obstetra, egresada de la Universidad Nacional de Cajamarca, magister en Educación y posee una larga trayectoria laboral en la Universidad César Vallejo (UCV) desde el año 2013, tiempo durante el cual ha desempeñado cargos directivos que revelan su cercana relación con César Acuña Peralta.

La nueva directiva de Sunedu es militante activa del partido Alianza para el Progreso (APP)

Susana Edita Paredes Díaz también es, desde el 4 de diciembre de 2013, una activa militante del partido acuñista Alianza para el Progreso (APP).

De esta manera, la opinión pública nuevamente es testigo de la gran influencia que ostenta César Acuña Peralta y todo su clan de “Alianza para el Progreso” (APP), que desde el Parlamento y en un “pacto” con el gobierno de Dina Boluarte, vienen decidiendo los infortunados destinos que hoy vive el país. Sin embargo, como dice el refrán: “No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista”. 

Hace menos de un mes el Congreso de la República aprobó la Ley n. º 32242 el 11 de enero la cual establece la destitución automática de cualquier director, profesor, auxiliar o personal administrativo de colegios públicos o privados que sea condenado en primera instancia a prisión, ya sea efectiva o suspendida, por ciertos delitos.

La norma también prohíbe el reingreso de estas personas a la carrera pública magisterial, dejándolas inhabilitadas permanentemente para trabajar en el ámbito educativo, tanto en instituciones públicas como privadas, así como en otras entidades descentralizadas del sector.

Ante ello, congresistas de las bancadas de izquierda como Perú Libre (Flavio Cruz), Bancada Socialista (Alfredo Pariona) y el Bloque Magisterial (Paul Gutiérrez) presentaron proyectos de ley para derogar la citada norma que destituye a los profesores condenados por delitos graves como terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas y abuso sexual.

Los proyectos buscan permitir que estos docentes puedan volver a las aulas de clase. Según los congresistas, la defensa se centra en aquellos profesores que han sido «injustamente» sentenciados.

Waldemar Cerrón a favor de derogatoria

Por su parte, el segundo vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, Waldemar Cerrón, se mostró a favor de derogar la norma vigente y permitir que los docentes recobren sus puestos de trabajo.

“[La norma actual] más bien terminaría perjudicando a personas inocentes y aprovechando la instrumentalización de la justicia se persiga al magisterio, y nadie va a querer ser maestro”, sostuvo el parlamentario, quien agregó que la norma actual es rechazada por los maestros del Perú, porque “es una forma de perseguir al docente”.

El congresista también hizo un llamado a la justicia para “que se respete el principio de presunción de inocencia” de los maestros y se utilicen todos los mecanismos legales “para evitar que se cometan injusticias”.

Según Yuri Khodjamirian, director de inversiones de Tema ETFs, la administración de Donald Trump en Estados Unidos ha mostrado un renovado interés en respaldar esta tecnología. No obstante, Khodjamirian advierte que el desarrollo de nuevas fuentes de energía nuclear requiere tiempo, un proceso que puede extenderse hasta diez años para la aprobación de nuevas tecnologías.

En el Perú, el ministro Jorge Montero Cornejo, señaló que el futuro energético de nuestro país requiere un enfoque integral, basado en la diversificación de las fuentes de energía y en la adopción de nuevas tecnologías. Es decir, hay grandes intereses privados en la región que vienen impulsado la energía nuclear.

“Estamos impulsando actividades conjuntas para ir avanzando hacia la incorporación de la tecnología nuclear en el sector energético desde el Grupo de Trabajo Sectorial, en el que participan autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y del propio Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN)”, señaló el ministro.

Durante su participación en la ceremonia por el 50 Aniversario del IPEN, el ministro señaló que esta institución se ha consolidado como un baluarte para la investigación científica, contribuyendo a que el país incorpore nuevas tecnologías y conocimientos fundamentales para su seguridad energética y el desarrollo de procedimientos indispensables en campos como la salud pública y las actividades productivas.

“El aporte del IPEN ha sido fundamental para incorporar a la tecnología nuclear en la salud mediante la producción de radiofármacos para el diagnóstico y tratamiento del cáncer, en el uso seguro de la radiación ionizante en el país; y actualmente en sus esfuerzos para la implementación de políticas energéticas que promuevan la diversificación de fuentes de energía”, detalló durante la ceremonia.

Montero Cornejo busca que el MINEM y el IPEN, trabajen en conjunto para que el Perú acelere sus pasos en el campo de la energía nuclear. Esto, según explicó, puede ser de gran utilidad para satisfacer las demandas de electricidad en la Amazonía.

“En un mundo que cambia a pasos acelerados y donde surgen mayores desafíos a través de la incorporación de nuevas tecnologías, el concurso del IPEN será fundamental para que nuestro país esté a la par de los avances globales y establezca alianzas con importantes socios, diversificando cada vez más sus fuentes de energía”, remarcó.

Lo que resulta sorprendente es que, a pesar de contar con abundantes recursos de gas a nivel nacional, y de tener en el yacimiento de Camisea la mayor acumulación de gas natural, el propio Gobierno de Dina Boluarte parece impulsar el desplazamiento de la riqueza energética que ofrece nuestro territorio. Ante esto, surge una pregunta clave: ¿Qué empresas privadas están detrás del negocio de la energía nuclear?»

La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, interpuso denuncia constitucional contra las legisladoras Kelly Roxana Portalatino Ávalos y Silvia María Monteza Facho, por ‘negociación incompatible’, cuando se desempeñaba como segunda vicepresidenta del Congreso, respectivamente.

La denuncia constitucional contra Kelly Portalatino y Silvia Monteza, obedece a la contratación de la joven Rommy Vásquez Yáñez, hijastra del hermano de la legisladora de Perú Libre, en el Ministerio de Salud (Minsa) y el Congreso de la República para que brinde el servicio de asistente administrativo. Esto sucedió en el 2022 y presuntamente habría sido orquestado por la extitular del Ministerio de Salud, Portalatino Ávalos.

Según el comunicado de la Fiscalía, exactamente en noviembre del mencionado año, la entonces ministra de Salud, Kelly Portalatino habría influido en José Celiz Vásquez, quien era jefe del Gabinete de Asesores del Minsa, para consumar la contratación de Rommy Vásquez.

En la misma línea, en los meses de febrero y marzo del 2023, Kelly Portalatino logró que la congresista Monteza Facho ascienda a la nueva asistente administrativa a un puesto técnico en el Congreso. Fue entonces que la parlamentaria de Acción Popular instigó a Jimmy Torres Sias, hombre de su confianza, para que el proceso de contratación en el Parlamento sea consumado el 5 de abril de ese año.

Kelly Portalatino habría favorecido a la hijastra de su hermano

Las dos congresistas denunciadas formaron parte de entidades del Estado, como lo son el Consejo de Ministros y el propio Congreso de la República. No obstante, la joven Rommy Vásquez Yáñez, la principal involucrada, esconde mucho más. Según un reportaje emitido por ‘Punto Final’, se identificó que la mencionada señorita es hijastra del hermano de la congresista y extitular del Minsa Kelly Portalatino Ávalos. Se trata de Cristhian Risso Portalatino. Y su hijastra Vásquez Yáñez fue colocada en un puesto en el Ministerio de Salud, sin contar con título universitario. También se conoció que cuando pasó a formar parte de la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso, el sueldo que recibía la trabajadora Vásquez Yáñez mensualmente era de S/. 4270. Sin embargo, cuando Kelly Portalatino fue consultada por su vínculo con la trabajadora del Estado, ella negó tener responsabilidad en la contratación de la hijastra de su hermano.

Pese a la poca popularidad y cuestionamientos encima hacia la actual titular del Ministerio de Desarrollo e inclusión Social (Midis), Leslie Urtega Peña, y que antes probara suerte en otra cartera como el Ministerio de Cultura (Mincul), nuestra jefa de Estado, Dina Boluarte, continúa colocándola dentro del Gabinete Ministerial solo por confianza y no precisamente por tener las cualidades y aptitudes requeridas para tan importantes carteras.

Urteaga Peña enfrenta una investigación preparatoria por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y colusión, vinculados a su gestión en el Mincul en el año 2018. Además, se le atribuye una denuncia por supuesta discriminación, actualmente en manos de la Tercera Fiscalía Supraprovincial especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, según detalló América Noticias.

A propósito de lo primero, informes de la Contraloría General de la República advierten que la ministra habría cometido irresponsabilidades funcionales y supuestos actos de corrupción cuando dirigía la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural (DGPA). Estas acusaciones están relacionadas con la adquisición de hitos de concreto para la delimitación de sitios arqueológicos prehispánicos.

Según la Fiscalía, Urteaga y otros cinco funcionarios, entre ellos Luis Enrique Espinoza Gálvez, excoordinador de Administración de la DGPA, presuntamente formaron una red para defraudar al Estado, sobrevalorando los hitos e involucrando a José Suárez, un anciano de escasos recursos, como falso proveedor. La supuesta ferretería que se le atribuye habría recibido 200,000 soles.

En tanto la segunda investigación corresponde a una denuncia por presunta discriminación presentada por la Asociación Falun Dafa, dedicada a la promoción de una disciplina espiritual de origen chino a través de la práctica de ejercicios de meditación y enseñanzas filosóficas con el objetivo de mejorar la salud física, mental y espiritual de los practicantes. Este caso, que se encuentra en etapa de investigación, ha sido asignado a la Tercera Fiscalía Supraprovincial especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad.

Por último, la ministra Urteaga también fue denunciada en julio de 2024 por el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), durante el premierato de Gustavo Adrianzén, por presuntamente haber omitido información en su declaración jurada cuando ejercía como ministra de Cultura. Sin embargo, la funcionaria señaló que este caso fue archivado por el Ministerio Público el 1 de octubre de 2024, lo que, según ella, demuestra que no incurrió en irregularidades en ese momento.

Fotos: Margot Simons

Con la presencia del presidente del Congreso Eduardo Salhuana, los parlamentarios Karol Paredes, Waldemar Cerrón; el alcalde provincial de Maynas Vladimir Chong y Jorge Linares, director de Iquitos Cultural, se realizó ayer por la mañana la conferencia de prensa en la sala Héroes de la Democracia con la participación de medios nacionales e internacionales.

Durante cinco días, Iquitos será el epicentro donde habrá encuentros culturales, turísticos, gastronómicos, tecnológicos, antropológicos y arqueológicos. En el evento participarán viceministros de Estado, congresistas de diversas regiones y representantes del Gobierno Regional de Loreto.

La congresista Karol Paredes Fonseca mencionó: “El Día de la Amazonía no es un día de fiesta para nosotros, es un día de visibilización y de reivindicación para nosotros los amazónicos”. Además, la parlamentaria subraya la problemática de las ciudades en la selva: “Nos estamos quedando sin agua y nos estamos quedando sin energía. Esto debe ser una primera tarea para nosotros los amazónicos. No solo que se declare en emergencia el déficit hídrico, sino también que se ponga esto como un espacio de trabajo de los sectores que corresponda”.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, manifestó: “Nuestras comunidades nativas son los sectores menos favorecidos por el Estado. Hay una discriminación, una marginación y eso evidentemente son temas que tenemos que encarar juntos. Tenemos el río más extenso y caudaloso del mundo, pero se nos está secando. Somos una región con gran biodiversidad y con recursos de petróleo y gas, y esto no lo extraemos o lo extraemos mal, porque no genera recursos y desarrollo para los pueblos de donde se extrae. Iquitos no tiene carretera, su aeropuerto es precario”.

Por su parte, el parlamentario Waldemar Cerrón expresó: “Este Congreso de la República se ha caracterizado por formar leyes a favor de las grandes mayorías, y ya que está presente nuestro colega Eduardo Salhuana, yo quisiera que ese proyecto de ley que resuelve los problemas de la Amazonía será posible cuando se apruebe el proyecto de ley de la descentralización. Si no descentralizamos nuestros recursos, siempre se estará pidiendo a la capital”.

Jorge Linares, representante de Iquitos Cultural, quien viene encabezando la organización, y en su intervención señaló: “De 55 pueblos originarios que tiene nuestro país, 51 son amazónicos y 33 están en la región Loreto. Desde hace 15 años, nuestra asociación Iquitos Cultural, conformada por alumnos agustinos de la ciudad de Iquitos, venimos dándole un enfoque turístico cultural, pero ahora se hace realidad con esta ley que nos va a ayudar a visibilizar no solo un componente turístico, sino también un componente de reflexión por todo lo que viene sucediendo en la Amazonía”.

Finalmente, el alcalde de Maynas, Vladimir Chong, señaló: Más de mil ríos circulan por la Amazonía sostenidos por la gran vertiente que es el Amazonas. Tenemos más de 12 mil lagos que se han formado. Por eso el 12 de febrero le rendimos homenaje a la mayor fuente de biodiversidad del mundo”.

Este año el lema del evento es “Descubriéndonos desde el Amazonas”, una gran oportunidad para poner el nombre del Perú en alto.

Aquí el video completo de la conferencia de prensa.