Política
Fiscalía investiga en Cancillería: testimonio de chef revela que empleada de embajada participó en complot
Un artículo de Rafael Romero

Por Rafael Romero
Existe una carpeta fiscal abierta recientemente, donde magistrados del Ministerio Publico realizan las primeras indagaciones respecto de presuntos actos de corrupción perpetrados por una red o argolla enquistada en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería de la República).
Para algunos periodistas y jurisconsultos esa argolla estaría plenamente identificada, sobre todo a partir del denominado caso Fortunato Quesada, “armado” o “desatado” entre enero y junio del 2018 desde Lima. Lamentablemente, respecto del problema, y por lo menos desde ese año, los ministros de Relaciones Exteriores parecen cortados por la misma tijera, pues han preferido mirar de costado en lugar de limpiar la Cancillería; y es peor cuando algunos altos funcionarios habrían obstaculizado las acciones encaminadas a transparentar y sancionar ese tipo de casos.
En ese sentido, las acciones preliminares de la Fiscalía en los predios de la diplomacia peruana, que requiere a gritos una reorganización, deberán ser prolijos para conocer y valorar testimonios y cartas reveladoras, como las del chef Jesús Alvarado Zegarra, que trabajó en la residencia del embajador Fortunato Quesada en Tel Aviv y que fue testigo de excepción respecto de un plan perverso, maquiavélico y delictivo ejecutado desde las más altas esferas de la Cancillería.
El ciudadano Jesús Alvarado, ex servidor del Ministerio de Relaciones Exteriores, acaba de ratificarse en sus declaraciones mediante las cuales detalla cómo funciona esa argolla delictiva y quiénes la integran. En esta historia del complot contra el embajador Quesada estamos en condiciones de revelar, en calidad de primicia, dicha ratificación del chef Jesús Alvarado.

En el texto de su testimonio, fechado del pasado 1 de abril, podemos encontrar, de forma sencilla y valiente, datos, hechos, mecanismos de un modus operandi impulsado por funcionarios públicos en actividad y el objetivo de conspirar contra quien resulta incómodo en la Cancillería, ya sea en áreas o puestos diplomáticos dentro o fuera del Perú.
Alvarado, muy indignado, textualmente dice que su carta es “para desmentir y hablar sobre sus difamación de la Sra. Romina Tevez Araujo (empleada del hogar en la residencia del embajador Fortunato Quesada en Israel) a mi persona y al Embajador, quien fue desleal desde que llego a la casa del embajador y fue recibida por en ese entonces el Ministro Consejero Pedro Rubin el 2018 con quien ya tubo contacto directo desde un comienzo y siendo parte del COMPLOT en contra del Embajador Fortunato Quesada, también con Popolizo, De Zela y compañía” (sic).
Pero lo vergonzoso de la Cancillería es que algunos funcionarios referidos por Jesús Alvarado continúan muy orondos en actividad y hasta premiados con puestos claves y bien remunerados pese a los siguientes hechos que describe en su declaración:
“(…) Cuando llegue a Israel (casa del embajador Fortunato Quesada) ya se sentía esa vibra de mala onda en contra del señor Quesada ya que me comentó en una oportunidad la Sra. Empleada del hogar que el ex ministro Consejero Pedro Rubin ya la había abordado para comentarle algunas cosas negativas de nuestro jefe directo y así ponernos en alerta sin razón alguna (sic) … y todo era cuchicheos de los empleados sobre el embajador lo cual me hacía pensar y también equivocarme como me paso y la historia la saben, que tuve reuniones con el ex ministro consejero Pedro Rubin donde hay audios de las mismas reuniones con las expresiones negativas sobre mi jefe directo” (sic).

El chef Alvarado Zegarra también adjunta a su carta un mensaje aclaratorio que le envió la empleada del hogar Romina Tevez, donde ella lo difama diciéndole que él “es el principal responsable del COMPLOT CONTRA EL SEÑOR QUESADA”, hecho y expresiones de dicha mujer que hoy Alvarado rechaza de plano y acota literalmente otro dato sobre un complot que tenía el objetivo de hacer daño y empapelar al entonces embajador del Perú en Israel mediante trampas y celadas, como la siguiente:
“Si hubo una invitación al señor Quesada para salir al resto bar que estaba cerca de casa y donde el mensaje del ex ministro Consejero Pedro Rubin era que la empleada del hogar la Sra. Tevez (cómplice del mismo ex ministro en todo) le tomará fotos bebiendo un trago como con ella como si fuera toda una mala práctica del embajador pero más bien era para hacerlo caer en una trampa que sería sembrada por las cabezas de Ministerio de relaciones exteriores” (…).
Se aprecia a la luz del testimonio de Jesús Alvarado que con su carta del pasado 1 de abril, conocida en calidad de primicia por esta redacción, él no solo busca defender su honor frente a los dichos por la ciudadana Romina Tevez sino que defiende la verdad en un caso que lleva años ya no solo en materia administrativa a nivel del Ejecutivo, sino también a nivel del Poder Judicial y del Ministerio Público. En ese contexto, el chef Jesús Alvarado acota lo siguiente:
“Dejo muy claro que a mi si me engañaron con todo lo que se me dijo por llamadas telefónicas vía WhatsApp desde Lima (ministerio de relaciones exteriores) /Israel (Pedro Rubin y compañia) lo cual nunca se cumplió y más bien apenas VOTARON AL SEÑOR QUESADA también me VOTARON, aludiendo que no había dinero para pagarme pero si para pagarle y ayudar a la Sra. Tevez quedándose hasta cumplir el CONTRATO y otras gollerias más que va tener que explicar ante la ley ya que pudo viajar a USA CON VISA QUE LE AYUDO PEDRO RUBIN entre otras cosas más” (sic).
Y otro relato contundente que la Fiscalía deberá diligenciar está de lo declarado por el chef Alvarado cuando afirma: “(…) la Sra. Tevez hizo grabaciones ilegales dentro de la residencia del señor Quesada como también ya tenían fecha para ser cómplice en las grabaciones que se hicieron en las oficinas de la embajada de Perú en Israel para el PROGRAMA PANORAMA” (…) aumentando así las falsas denuncias en contra del Embajador y mi persona”.
Señores y altos funcionarios del Estado, en medio de un desmoronamiento de la moral pública y la corrupción, al parecer nada nos sorprende pues basta revisar cualquier ámbito del gobierno para evidenciar hechos vergonzosos. No obstante, algo de decoro e integridad debería de quedar y en eso los lectores coincidirán, seguramente, con la parte final del testimonio de Jesús Alvarado en el sentido de que acabe la impunidad, en especial él cuando señala: “Espero que les caiga todo el peso de la ley por dejar tan mal a nuestro país y a TORRE TAGLE no como hoy que siguen siendo PREMIADOS y con puestos en otros países”.
Política
Ministro Fabricio Valencia sobre Shirley Hopkins: «No he tenido ningún tipo de relación sentimental con ella» [VIDEO]
Ayer el Ministerio de Cultura canceló el contrato de Shirley Hopkins y hoy el ministro negó tener una relación sentimental con la locadora de servicios. Aquí en exclusiva las declaraciones del ministro Valencia Gibaja.

El ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja, negó tener una relación sentimental con Shirley Hopkins, la locadora de servicios mejor remunerada del Ministerio de Cultura en lo que va de su gestión. La polémica crece tras revelarse que Hopkins habría recibido múltiples órdenes de servicio por montos significativos, algunas de ellas firmadas durante la gestión de Valencia.
Desde Cusco, en declaraciones brindadas al periodista Néstor Larico de Nueva TV, el titular del Mincul intentó justificar las contrataciones. “Lo que hay que precisar es lo siguiente. Primero, hay que tener en cuenta el buen uso del recurso público. El monto exacto no supera los 100 mil soles”, afirmó, antes de aclarar que Hopkins no ocupó un cargo de confianza, sino que fue contratada bajo la modalidad de orden de servicio. “Las dos primeras órdenes fueron emitidas antes de que asuma como ministro”, añadió. Sin embargo, reconoció que hubo otras dos posteriores, aunque aseguró no haber tenido “ninguna participación” en dichas contrataciones.
Sobre el manejo de esos procesos, Valencia deslindó responsabilidades. “Yo no propongo montos, ni tiempos, ni absolutamente nada. La Fiscalía ya ha intervenido y se le brindará todas las facilidades. Esta servidora ya presentó su carta de desistimiento y dejó de prestar servicios al ministerio”.
Consultado directamente sobre su presunta relación sentimental con Hopkins, el ministro respondió: “Pueden especular una serie de cuestiones. Lo que nos importa es el manejo del recurso público. Si la pregunta es si tengo una relación sentimental con ella, la respuesta es no. No he tenido ningún tipo de relación sentimental con ella”.
Pese a sus declaraciones, la Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una investigación preliminar para determinar si existió tráfico de influencias o algún tipo de favorecimiento indebido. En paralelo, la Comisión de Fiscalización del Congreso ha anunciado que citará al ministro para que rinda cuentas sobre los contratos otorgados a Hopkins y la presunta utilización de un vehículo oficial para fines personales, otro aspecto que forma parte del expediente fiscal.
El caso reaviva el debate sobre el uso discrecional de las órdenes de servicio en el sector público y los riesgos de que estas se conviertan en una vía opaca para beneficiar a allegados o personas cercanas a altos funcionarios.
Aquí las declaraciones del ministro esta mañana.
Política
Hernando de Soto amenaza con renunciar a la candidatura presidencial por Podemos, asegurando haberse sentido “engañado”
Economista responsabiliza al presidente del partido, Paul Jaimes, de no honrar el “Acuerdo Político” firmado en julio del año pasado.

Los perros ladran, y no es precisamente porque se esté avanzando. Una guerra intestina viene ocurriendo dentro del partido Progresemos luego que su rostro más visible, el economista Hernando de Soto, anunciara que no se vienen respetando los acuerdos firmados con el presidente de dicho movimiento político, Paul Jaimes, calificando la situación de “engaño y demagogia” al pretender incluir en el partido a sujetos con procesos judiciales abiertos.
“Han salido personas que han estado en la cárcel, que deberían estar en la cárcel, personas acusadas de atracar bancos, de apuñalar a sus parientes”, indicó.
Ante ello, el economista de 83 años adelantó que de no cumplir hasta el fin de semana con los acuerdos firmados en julio del año pasado declinaría de su postulación presidencial.
Asimismo, el también excandidato presidencial indicó que busca tomar control del partido a través de delegados regionales “que realmente hayan sido elegidos como candidatos y no impuestos por el círculo íntimo que actualmente controla la agrupación”.
Menciona de Soto, que en el primer punto del “Acuerdo Político”, se establecía que él sería el candidato presidencial. El segundo, que presidiría la Comisión Política para la campaña hasta junio de 2026, con la facultad de modificar el estatuto del partido antes del 27 de este mes —plazo que vence hoy—, en cumplimiento con la ley electoral, que permite cambios solo hasta el 11 de junio. Esta reforma sería clave para inscribir a los precandidatos a alcaldías y gobernaciones regionales, y candidatos al Congreso.


Por su parte, en declaraciones para Perú21, Jaimes respondió que el “Acuerdo Político” estaba sujeto a modificaciones para adecuarse a la normativa electoral, y que De Soto estaba al tanto de todo eso. La Ley dice que los candidatos se eligen en elecciones internas, no a dedo, como él pretendía, sostuvo el presidente de Progresemos.
Es más, de Soto asegura que distintas personas se han acercado a él para reclamar compromisos pendientes luego de haber entregado importantes sumas de dinero.
“Gente ha venido y ha pedido cita conmigo y me dicen: ‘yo he contribuido con 40 mil dólares, 50 mil dólares, tres oficinas, y hasta ahora no me dicen lo que tengo que hacer’”.
La ‘jauría’ ladra dentro de Progresemos y tal parece que el primero en dar marcha atrás será de Soto, quien a sus 83 años verá cómo se deslizan una vez más sus aspiraciones presidenciales.
economía
El Perú y la minería ilegal: 7 de 10 peruanos cree que las próximas elecciones estarán financiadas por ese ilícito medio
Mineros ilegales buscarían acceder aún más en la política a través de los nuevos parlamentarios y autoridades del más alto nivel.

Si en la actualidad existen congresistas que se muestran abiertamente a favor de la renovación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) no es de manera gratuita, ya que durante toda su vida jamás han tenido un contacto sumamente cercano con los mineros informales; y es que lo que verdaderamente les estaría motivando a votar a favor de la extensión de un programa notablemente fallido no es precisamente el afecto o entendimiento pleno que tienen sobre esa problemática, sino los miles de dólares que podrían recibir de parte de ellos. No es amor al chancho, sino a los chicharrones, dirían algunos.
Es tanto el dinero que se mueve en la minería ilegal que esto representa alrededor de S/23 mil millones en pérdidas para el país solo en el año 2022, monto equivalente al 2.5 % del Producto Bruto Interno (PBI), según datos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Esa cifra sigue en aumento con el transcurso de los años y el año pasado eso representó el 2.8 % del PBI. Lo peor de todo eso es que resulta imparable debido a una deficiente respuesta del Gobierno Central.

Pero, ¿en qué momento hablamos de minería ilegal? La socióloga e investigadora Zaraí Toledo, experta en minería ilegal, explica en el paper “Legal, or Illegal? Varieties of Artisanal Mining in the Global South”, publicado en la prestigiosa revista World Politics en el año 2024, algunas diferenciaciones que nos permitan reconocerla.
- Minería informal: el Estado no la regula, ni recibe protección de este, y tampoco paga impuestos.
- Minería ilegal: es aquella que se realiza en zonas prohibidas, como una reserva natural, y se asocia a una violación extensiva de reglas y prácticas delictivas y criminales.
- Minería artesanal: se realiza con instrumentos rústicos o semimecánicos.
La minería ilegal y la política, su influencia a futuro
Un reciente estudio de campo de IPSOS arrojó una cifra preocupante, pero que para varios conocedores del tema es solo una confirmación del problema: 71 % de los encuestados respondió que la minería ilegal va a financiar la próxima campaña electoral. De corroborarse, daría pie a que los futuros diputados y senadores inclinen sus votos a para regulaciones más favorables a los mineros ilegales, ya sea modificando zonas que en la actualidad son consideradas como santuarios ecológicos, protección legal, impunidad, etc.
De esta manera, 7 de cada 10 peruanos considera que el dinero proveniente de la minería ilegal servirá para el pago de los afiches, los viajes al interior del país, el pago para los músicos, fuegos artificiales, enormes estrados, banderolas, polos y demás pagos relacionados a una campaña electoral.

Mineros llaman a la puerta del Congreso
El problema resulta sumamente complejo, pues muchos de los mineros ilegales se camuflan como mineros informales para realizar la ilícita extracción del oro, que a propósito se estima que para fines del 2025 su valor llegue a los 3,700 dólares por onza.
Recientemente, se conoció que 168 mineros informales de Pataz, inscritos al REINFO, figuran como militantes del partido político Alianza para el Progreso (APP), liderado por César Acuña, quien en la actualidad es el gobernador regional de La Libertad, región donde se encuentra Pataz. ¿Coincidencia?
Asimismo, el año pasado, entre enero y mayo, periodo donde se debatía la extensión del REINFO, se registró al menos 158 veces la visita de dirigentes relacionados a la minería informal.
El Perú es minero por naturaleza y el negocio del oro es sumamente lucrativo para muchos; además, da trabajo de manera directa e indirecta a millones de peruanos que conscientes o no de ese ilícito trabajo, prefieren guardar silencio luego de recibir en sus manos un considerable sueldo. Total, ellos solo son una pieza de un terrible engranaje de una maquinaria que busca más y más poder, arrasando con todo lo que encuentre a su paso.
Política
PJ limpia de ‘polvo y paja’ a José Luna Gálvez [VIDEO]
Fundador y líder del partido Podemos se libró de tres investigaciones fiscales donde se le acusa de soborno, lavado de activos y organización criminal.

Con las ‘lunas’ bien limpias. El mejor amigo de los mineros informales y el REINFO, aquel que cobija a ‘perro, pericote y gato’ dentro de su bancada congresal, el de la universidad con fachada ‘bamba’, sí, estamos hablando del congresista José Luna Gálvez, el mismo que fuera suspendido por 5 años por presuntamente recibir dinero de Vladimiro Montesinos, el siniestro asesor de Alberto Fujimori.
Detrás de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, la bancada de Podemos es una de las peores en el Congreso de la República, reciclando a cualquier parlamentario sin importarle sus antecedentes ni investigaciones fiscales. Total, son tal para cual.
Huancavelicano de nacimiento, Luna Gálvez siempre ha tenido la intención de convertirse en presidente de la República, aburrido tal vez de siempre ser electo como legislador a través de distintos partidos (Solidaridad Nacional, Alianza Unidad Nacional, Unidad Nacional, Alianza Solidaridad Nacional, Podemos Perú).
Su abogado Miguel Ángel Soria (ex viceministro de Justicia y aspirante a defensor del Pueblo) presentó el pasado 20 de enero un recurso de habeas corpus para anular tres investigaciones vinculadas a los presuntos delitos de lavado de activos, sobornos y organización criminal. El encargado de aprobarlo fue el juez Juan Carlos Núñez Matos.

Es en esa línea que el juez correspondiente al Primer Juzgado Constitucional de Lima declara no solo declara fundado el recurso a favor del legislador, sino que dispone la nulidad de las investigaciones y “ordena a los fiscales demandados abstenerse de investigar al beneficiario José León Luna Gálvez, sin antes cumplir con lo establecido en el Artículo 99° de la Constitución Política”.
Es así que cuatro días después, en tiempo récord, el magistrado admitió la demanda y el pasado 24 de abril procede con anularlas.
Luna Gálvez era acusado de haber transferido S/180 mil a la cuenta del fallecido alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, entre los años 2013 – 2015, en su calidad de dueño de la Universidad Telesup. El dinero habría provenido de la trama de corrupción del Caso Lavajato.
Asimismo, se le investigó por haber transferido de Telesup S/ 912 mil a Iván Noguera Ramos, cuando fue miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Noguera fue parte de la red ‘Los Cuellos Blancos’.
Además, Luna Gálvez era investigado por haber sobornado a miembros del CNM para elegir al jefe de la ONPE para que lo favorezca en elecciones.
Por su parte, el Ministerio Público ya ha anunciado que presentará una apelación al fallo del juez Núñez Matos; será la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima quien determine si revoca o no el fallo.
Política
Ministerio de Cultura cancela contrato de Shirley Hopkins tras escándalo de órdenes de servicios
Luego de un hermetismo cómplice, este lunes 26 de mayo, el Ministerio de Cultura emitió un nuevo comunicado deslindando vínculos con Shirley Hopkins Cerna y, tras la intervención de la Fiscalía, informó que el contrato de la ‘locadora de servicios’ ya fue cancelado.

El ministro de Cultura Fabricio Valencia Gibaja hasta el día de hoy continúa sin dar declaraciones a la prensa sobre el escándalo que involucra a la señora Shirley Hopkins Cerna, quien sin contar con título universitario —y al mismo estilo ‘Richard Swing’— fue beneficiada con órdenes de servicios por 127,500 soles.
Sin embargo, recién por la noche del viernes 23 de mayo, el ministerio de Cultura emitió un comunicado que intentaba confundir al público y ocultar el favoritismo en la contratación de Hopkins Cerna para que cumpla el servicio de coordinación administrativa para el Gabinete de Asesores en el Despacho Ministerial.
Asimismo, tras el escándalo, este lunes 26 de mayo antes del mediodía, el Mincul nuevamente ha emitido un comunicado en el que pretende ejercer distancia de la señora Hopkins Cerna, y luego de la intervención de la Fiscalía en el Mincul, la entidad anunció que ya canceló el contrato con la locadora de servicios.

Parte del comunicado del 23 de mayo del Mincul:
«Ante la publicación que viene circulando en las redes sociales, respecto a presuntas irregularidades en la contratación de una locadora de servicios en la gestión del ministro de Cultura, Fabricio Valencia, se informa lo siguiente:
La contratación de dicha locadora se realizó conforme a la normativa vigente, cumpliendo con los procedimientos internos establecidos por la entidad, a través de la Oficina General de Administración y la Oficina de Abastecimiento.
La información difundida en dicha publicación se basa en versiones inexactas y tendenciosas, que reflejan prácticas contrarias a la ética. En ese sentido, rechazamos categóricamente cualquier acto que atente contra la honra, honorabilidad y dignidad de las personas”.
Mincul emite nuevo comunicado
Mientras, que desde el Congreso piden que la Contraloría y Fiscalía investiguen de oficio este caso, desde el Ministerio de Cultura nuevamente rompieron su silencio con un segundo comunicado que intenta justificar los jugosos pagos a una locadora que no ostenta título universitario y que es muy cercana al ministro Fabricio Valencia Gibaja.

Comunicado del lunes 26 de mayo del Mincul:
“El Ministerio de Cultura, respecto a la contratación de la señora Shirley Hopkins Cerna bajo la modalidad de locación de servicios, informa lo siguiente:
1.- La referida locadora ha venido prestando servicios en la Oficina del Gabinete de Asesores del Ministerio de Cultura desde mayo de 2024.
2.- Mediante carta de fecha 25 de mayo de 2025, la mencionada locadora presentó su solicitud de desistimiento respecto de la Orden de Servicio N° 1925. Dicha solicitud ha sido canalizada conforme a los procedimientos internos vigentes, a través de la Oficina General de Administración.
3.- Rechazamos cualquier acto, expresión o insinuación que atente contra la honra, honorabilidad y dignidad de las personas.
El Ministerio de Cultura reafirma su compromiso con el uso adecuado y transparente de los recursos del Estado”.

La falta de transparencia del Ministerio de Cultura frente a un caso tan sensible como el de la señora Shirley Hopkins Cerna reflejaría una preocupante continuidad de prácticas clientelistas y de favorecimiento irregular en la administración pública.
La ausencia de respuestas oficiales, sumada al evidente paralelismo con casos anteriores como el de Richard Swing, evidencia no solo una falla institucional, sino también una alarmante tolerancia hacia la improvisación y el uso político de recursos del Estado. El silencio, en este contexto, no solo es cómplice, es inaceptable.
Política
Gobierno evalúa cambios en Cultura
Tras intervención de la Fiscalía a la sede central del Ministerio de Cultura, en Palacio de Gobierno se evalúa continuidad del ministro.

La presidenta Dina Boluarte viene evaluando el relevo del ministro de Cultura, Fabricio Valencia, luego de que se conociera un caso de presunto favoritismo en contrataciones al interior de su despacho. Según fuentes de Palacio de Gobierno, la jefa de Estado solicitó información detallada del caso que involucra al titular del Mincul y a la señora Shirley Hopkins, una locadora de servicios sin título universitario.
Hopkins fue contratada con montos superiores a los de otros profesionales con mayor experiencia, en actividades que no guardarían relación directa con su perfil. El caso ha generado preocupación en el entorno presidencial, donde algunos asesores advirtieron sobre el impacto negativo que tendría mantener a Valencia en el cargo.
El premier Eduardo Arana también analiza la posibilidad de solicitar el cambio del titular de Cultura. Según fuentes del Ejecutivo, Arana considera que la permanencia de Valencia entorpecería la legitimidad de nuevas medidas culturales, en momentos en que el gobierno intenta recuperar imagen tras la caída de aprobación presidencial.
Valencia Gibaja, designado en septiembre de 2024, ha evitado declarar sobre el tema. Su oficina de prensa se limitó a señalar que “todo contrato ha seguido el procedimiento correspondiente”. El ministro no anunció una investigación interna alguna. Mientras tanto, un alto funcionario ha señalado que es importante que la Fiscalía revisé las cámaras de seguridad y el registro del GPS del vehículo oficial del ministro de Cultura.
El caso nos recuerda a las órdenes de servicio que recibió Richard Swing, otro personaje que tampoco contaba con título universitario.
Política
Ministro de Cultura: ¿el amor o la impunidad al poder?
Una historia que tiene como protagonistas a una mujer casada sin título universitario, un ministro que arrastra conflictos sentimentales y jugosas órdenes de servicio.

Desde su creación, el Ministerio de Cultura del Perú parece más un escenario de escándalos que una institución dedicada a preservar el legado cultural del país. La historia reciente lo confirma. En 2018, el viceministro Luis Villacorta benefició a su propia empresa, ‘Arqueo’, con más de S/300 mil en contratos. Poco después, Richard Swing, personaje sin mayor mérito profesional, recibió más de S/175 mil por brindar “charlas sapienciales” gracias a recomendaciones directas del despacho presidencial durante el gobierno de Martín Vizcarra.
En 2019, Rogers Valencia, entonces ministro, anuló multas por más de S/4 millones a favor de la empresa R&G, responsable del controversial hotel Sheraton en Cusco. Más adelante, Leslie Urteaga fue la más cuestionada y enfrenta acusaciones fiscales por su falta de voluntad para proteger el patrimonio nacional frente a intereses de mineras y empresas privadas, además de contratar irregularmente a Joinnus para manejar la venta de entradas a Machu Picchu.
Y ahora, en pleno 2025, la historia se repite con Fabricio Valencia, actual titular de Cultura, protagonista de un nuevo escándalo que combina poder, amor e irregularidades administrativas. Shirley Hopkins Cerna, de 34 años, ha recibido jugosas órdenes de servicio por más de S/120 mil como especialista en gestión administrativa. ¿Su mérito? No tener estudios universitarios, pero sí un aparente romance con el ministro.
Más allá del vínculo sentimental —que en una sociedad no debería ser motivo de escarnio—, lo que indigna es el uso del aparato estatal como si fuera propiedad privada. Hopkins no solo obtuvo contratos dudosos: también habría utilizado junto a Valencia el vehículo oficial para fines personales, como ir a comer a restaurantes cercanos al ministerio.
Esto no es nuevo. Nos recuerda al «ministro del amor», Mariano González, o al expremier Alberto Otárola, ambos caídos por escándalos similares que involucraba a féminas. Lo preocupante es la reincidencia. ¿Qué dice esto sobre los filtros éticos y legales en la gestión pública?
El último viernes el Ministerio Público ya intervino las oficinas del Mincul y la Comisión de Fiscalización ha citado a Valencia para la próxima semana. Pero más allá de las explicaciones que pueda dar, la pregunta de fondo es otra: ¿Cuánto más toleraremos que el Estado sea utilizado como botín por funcionarios sin escrúpulos?
Política
Shirley Hopkins, la mejor pagada en el Ministerio de Cultura sin título universitario [VIDEO]
Fiscalía Anticorrupción intervino las oficinas de la sede central del Ministerio de Cultura tras escándalo de las jugosas órdenes de servicio a favor de Shirley Hopkins.

La persona que no cuenta con título universitario ni experiencia en temas culturales, es Shirley Hopkins Cerna, locadora de servicios que gana 10 mil soles mensuales. Actualmente se ha convertido en la mejor pagada sin título universitario bajo la gestión del ministro Fabricio Valencia Gibaja.
Hopkins Cerna, no cuenta con estudios universitarios pero aún así ha logrado conseguir jugosas órdenes de servicio en el Ministerio de Cultura por un valor de 127,500 soles. Su presunta relación sentimental con el titular del Mincul, sería su mejor carta de presentación para que la oficina de Abastecimiento haya aprobado su contratación.
Esto es solo la punta del icerberg de un caso que involucraría al ministro de Cultura, una exministra y varios funcionarios del Ministerio de Cultura.
En el programa de Lima Gris por radio Planicie 91.5 FM, se habló sobre todos los detalles que encierra este nuevo escándalo que nos recuerda al caso Richard Swing.
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