Tras ser inhabilitado el pasado 13 de diciembre de 2024, por 10 años de toda función pública por el Pleno del Congreso, el exministro de Salud conocido como el ‘doctor muerte’ Víctor Zamora Mesía por haber ordenado comprar millones de pruebas rápidas, pese a que sabía que no detectaban la Covid-19, acaba de ser incluido por el Poder Judicial en  el inicio de una investigación preparatoria, por el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales cuando estuvo a cargo del Minsa durante el mandato del expresidente investigado Martín Vizcarra.

La medida se adoptó luego que el juez supremo Juan Carlos Checkley fue comunicado sobre la decisión de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en formalizar la investigación preparatoria contra el exministro de Salud por un período de 120 días. Según la tesis fiscal, Zamora Mesía durante su gestión al mando del Ministerio de Salud, optó por la compra de pruebas rápidas en lugar de pruebas moleculares, provocando la ruptura del cerco epidemiológico de aislamiento establecido a raíz de la pandemia de Covid-19.

Además, en agravio de la salud pública, el exfuncionario habría demorado en emitir un Decreto Supremo para el uso del oxígeno medicinal con una concentración no menor al 93 %. Esta resolución fue notificada a la Fiscalía de la Nación, la Procuraduría General del Estado y a la defensa legal del investigado.

Informe de la ‘Subcomisión de Acusaciones Constitucionales’ señala que avaló actos irregulares para uso de pruebas rápidas

El documento especifica que Víctor Zamora no cumplió su función como titular del Ministerio de Salud, al no verificar la correcta ejecución del Decreto de Urgencia 028-2020, desde los días 20 hasta 29 de marzo del 2020. De esta forma se ejecutó el acto administrativo indebido para la adquisición de 1’400 millones de pruebas rápidas.

«Asimismo publicó el 30 de marzo de 2020, la resolución ministerial 139-2020- MINSA, con el fin de brindar un marco procedimental para el uso de la prueba rápida, avalando los actos irregulares para la adquisición de pruebas rápidas realizadas desde el 18 de marzo de 2020, que tenían como argumento principal, la supuesta detección del virus COVID 19″, sustentaron.

Fiscal de la Nación Delia Espinoza formalizó investigación preparatoria

Como se sabe, la fiscal de la Nación Delia Espinoza formalizó esta investigación preparatoria tras una resolución legislativa del Congreso de la República, en la que el Pleno aprobó el informe final de la denuncia constitucional contra el exministro por este caso.

El Poder Judicial anuló este martes la orden de prisión preventiva dictada contra Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta Dina Boluarte, quien estaba acusado de presunta participación en influencias ilícitas. Así lo dispuso la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que declaró fundadas las apelaciones presentadas por las defensas de los investigados Nicanor Boluarte, Jorge Ortiz Marreros, Zenovia Herrera Vásquez, Jorge Chingay Salazar y Noriel Chingay Salazar.

Sin embargo, desde que se emitió de dicha resolución, Nicanor Boluarte permaneció en la clandestinidad, y se convirtió en un prófugo evitando así enfrentar a la justicia.

Ante esta nueva situación, Martín Salas, el exfiscal anticorrupción señaló que la decisión de revocar la medida se basa en argumentos de proporcionalidad, considerando que el investigado puede continuar su proceso en libertad sin que supuestamente represente un riesgo de fuga o entorpecimiento de las investigaciones. En tanto, esto le permitirle retomar su vida cotidiana bajo el amparo de la ley.

«Nicanor Boluarte vuelve a ser ciudadano con todos sus derechos»

Tras el fallo, sus abogados declararon que Nicanor Boluarte «vuelve a ser ciudadano con todos sus derechos». Según la defensa legal, el Poder Judicial reconoció que la prisión preventiva no era una medida adecuada en este caso.

“Quizá para la sala el peligro procesal no existe y no hay peligro que Nicanor Boluarte haga uso de ese poder de facto que se le atribuye para el curso de la investigación, es por eso que los elementos de convicción son insuficientes», concluyó el exfiscal Martín Salas.

En #NPortada, el exfiscal anticorrupción Martín Salas indicó que Nicanor Boluarte no tiene reglas de conducta y está con comparecencia simple: “Vuelve a ser ciudadano con todos sus derechos”

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Luego de que el Poder Judicial a través de una medida cautelar le ordenara a Rafael López Aliaga y a la comuna metropolitana suspender la demolición de casas en San Juan de Miraflores ante las obras de la Vía Expresa Sur, los vecinos del asentamiento humano «Luis Felipe De Las Casas Grieve II» en San Juan de Miraflores (SJM) exigieron al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que no continúe con la demolición de sus viviendas.

“Yo quisiera que por favor el señor alcalde nos escuche a nuestro pedido y que haga caso a lo que el Poder Judicial ha emitido; que no toque nuestras viviendas y que por favor respete ese dictamen por favor, ya que somos personas que vivimos acá hace bastantes años. Por favor señor alcalde aclare y diga si en caso no nos afecta para estar tranquilos. Por favor le pedimos eso; la población que ha confiado en usted y que lo ha elegido como alcalde de Lima y que respete nuestra medida cautelar por favor”, pidió una vecina de la zona.

Vecinos piden que no sigan demoliendo sus casas por la Vía Expresa Sur

Uno de los propietarios enfatizó que ellos no son invasores.

«Yo como afectado pido al señor alcalde que nosotros no somos invasores, somos posesionarios desde el año 1987, acá nos ha dado la razón el juez que ha dictado la medida cautelar. Queremos que respete esta decisión del juez y que no siga destruyendo nuestras viviendas. Con eso yo quedo muy tranquilo, mis vecinos también están tranquilos. Que se respete esta orden que dicta el Poder Judicial», afirmó un vecino.

Por otro lado, una vecina del mismo grupo de propietarios argumentó que se sienten más tranquilos tras las declaraciones de Carlos Peña, representante de Emape, quien mencionó recientemente que sus viviendas se encuentran fuera del trazado del proyecto, por lo que no serían afectadas.

«Anoche me he enterado de que el funcionario de Emape ha reconocido que esta área no la van a tocar. Solamente ellos recuperarán desde el mercado, para allá. Queremos que cumpla, así como lo está diciendo, que más adelante no se arrepienta y después va a seguir con la demolición (…) en total somos 64 familias, pero afectados somos 28. Pero con esta resolución demostramos que ya no somos afectados, van a respetar esta área. Queremos que cumpla su palabra», sostuvo otro de los vecinos.

Emape anunció que continuarán con los trabajos de la Vía Expresa

Luego de que el Poder Judicial dictara la medida cautelar que protege a los propietarios del mencionado asentamiento humano en San Juan de Miraflores, el representante de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) anunció que continuarán con los trabajos de la Vía Expresa.

«La Municipalidad de Lima siempre va a ejercer sus derechos legales sobre la justicia y los mecanismos judiciales que existen. Lo que vemos es que estos predios concedidos o relacionados a esta medida están fuera del trazo, por lo tanto, no paralizan la actividad», aseveró el funcionario de la MML.

Como se recuerda, el pasado 31 de diciembre de 2024, el coronel de inteligencia Harvey Colchado Huamaní terminó su trayectoria en la Policía Nacional del Perú, luego de casi 28 años de servicio, tras haber sido pasado al retiro por el gobierno de Dina Boluarte. En tal sentido, el coronel ha mostrado una notoria libertad para expresarse en los medios periodísticos desde que se encuentra en situación de retiro, y ha señalado que los funcionarios del Gobierno y del Congreso de la República vienen «jugando en pared» y también ser refirió a las recientes modificaciones a normas desde el Parlamento.

Colchado emitió estas declaraciones, luego de que el congresista Américo Gonza de Perú Libre criticara su labor como jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) en la PNP. Asimismo, el parlamentario reveló que tiene en sus manos una grabación en audio que compromete a Colchado en un intento de extorsión. Según Gonza, el audio fue grabado durante una reunión en el estacionamiento del centro comercial Real Plaza, en el centro de Lima, donde el exjefe de la Diviac ofreció no incluirlo en una investigación.

Harvey Colchado responde a Américo Gonza y al Congreso

“Esa es una media verdad que (Américo Gonza) ha señalado repitiendo lo que dijo el ministro Santiváñez, porque están jugando en pared, muchas bancadas del Congreso con este Gobierno, por este pacto que hay”, manifestó Colchado Huamaní y añadió que los funcionarios «solo salen a decir medias verdades». Ante esto, aseguró que comenzará a defenderse, ya que ahora puede ‘salir a hablar’.

Congreso y Ejecutivo han derogado leyes para ‘cuidarse’ y beneficiar a los delincuentes

Asimismo, el coronel en situación de retiro criticó al Congreso por emitir y derogar normas que vienen favoreciendo a los criminales.

«Estas normas las han derogado o las han modificado para ellos beneficiarse, para que los funcionarios corruptos no sean allanados, no sean detenidos preliminarmente, para que los colaboradores eficaces tengan menos tiempo de periodo para poder ser corroborados, para que una escucha legal tenga menos tiempo de su antelación y así poco tiempo de poder ser escuchado”, afirmó Colchado para RPP.

Asimismo, Harvey Colchado cuestionó las recientes modificaciones de normas en el Parlamento con respecto a la lucha contra el crimen organizado, porque en diciembre pasado, luego de haber tomado en cuenta que cometieron un error, en el Congreso se vieron obligados a aprobar el restablecimiento de la detención preliminar en casos de no flagrancia, lo que ha sido observado por el Ejecutivo por causas políticas, para presuntamente blindar al entorno presidencial.

En ese sentido, Colchado Huamaní refirió que antes había herramientas para perseguir a los criminales, pero con las modificaciones realizadas por el Parlamento y Ejecutivo con el fin de cuidarse entre ellos, han terminado favoreciendo a los que cometen delitos. “Y al cuidarse ellos han beneficiado a los delincuentes de los delitos urbanos violentos, a los extorsionadores, asaltantes. A todos ellos han beneficiado», concluyó.

Vade retro. Nuestra Constitución de la República de 1993 indica en su artículo 50 que el Perú es un Estado laico, pero en la práctica casi el 70% de sus habitantes responde al catolicismo cuando se le consulta si profesa algún credo. El grueso de esa población corresponde a personas mayores de 40 años a más, sin embargo, existen muchos jóvenes que sienten gran admiración por la obra en vida de Jesucristo, así como de todos los santos.

La obra “María Maricón”, prevista a estrenarse el 30 de enero, terminó siendo cancelada luego que se difundiera un afiche representando a la Virgen María como un hombre homosexual, cosa que no fue bien tomada por el sector más conservador de la Iglesia Católica en nuestro país, así como de la Universidad Católica, casa de estudios de los alumnos de Artes Escénicas que iban a representar esa puesta teatral.

En similar descontento también alzaron su grito al cielo autoridades como el burgomaestre limeño Rafael López Aliaga, quien no dudó en calificarla como una ofensa directa hacia la imagen de la Virgen Santísima.

PUCP suspende el Festival Saliendo de la Caja por criticas a la obra "María Maricón". @festivaldelima pic.twitter.com/g2e376XcZX

— Revista Lima Gris (@Limagris) January 15, 2025

Asimismo, el Ministerio de Cultura (Mincul), ente encargado de otorgar el permiso como evento cultural no deportivo, también salió a pronunciarse, condenando a aquellos funcionarios que no revisaron bien los permisos otorgados, anunciando que se tomarán “medidas correctivas” por lo que consideran un atentado contra la imagen de la Madre de Jesús.

En su pronunciamiento, Mincul indicó que rechaza el contenido de la Resolución Directoral N° 001324-2024, la cual fue expedida por la Dirección General de Industrias Culturales y Artes de su jurisdicción. Esto se debe a que la puesta en escena recibió la calificación de «espectáculo público cultural no deportivo«, mismo que fue autorizado por la referida sede.

La cartera encabeza por el ministro Fabricio Valencia reveló que dicha resolución ha sido suscrita por la directora general de Industrias Culturales y Artes, sin conocimiento del Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural ni del Despacho Ministerial. Por ello, garantizó que evaluarán las decisiones a tomar frente a lo que podría considerarse una falta a sus normativas internas.

Por último, invocan al respeto por los símbolos religiosos que son considerados «patrimonios de nuestro país». Además, se refirió al título que recibió la obra y la imagen el afiche, advirtiendo que catalogar a la Virgen con la figura de un varón estaría atentando contra los elementos de la fe católica. 

No todos tienen la ventaja de tener a una hermana como presidenta de la República que puede hacerse de la vista gorda para observar leyes. El Poder Judicial (PJ) declaró improcedente el mandato de 36 meses de prisión preventiva impuesto contra Nicanor Boluarte y demás investigados por el caso ‘Waykis en la sombra’.

Así lo dispuso la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que declaró fundadas las apelaciones presentadas por las defensas de los investigados Nicanor Boluarte, Jorge Ortiz Marreros, Zenovia Herrera Vásquez, Jorge Chingay Salazar y Noriel Chingay Salazar. 

En la resolución, la sala dispone revocar las resoluciones emitidas por el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción Carhuancho, quien dictó las prisiones preventivas contra estos procesados en noviembre del año pasado.

Asimismo, el colegiado reformó las resoluciones e impuso mandato de comparecencia simple para todos los investigados, por lo que quedaron sin efecto los oficios cursados para sus capturas.

La decisión fue adoptada en mayoría por los magistrados de la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, mientras que la jueza superior María Felices Mendoza emitió un voto en discordia y concluyó que se anulen las resoluciones por las que se impusieron las prisiones preventivas y que un nuevo juez emita un nuevo pronunciamiento.

Nicanor Boluarte, Jorge Chingay Salazar, Jorge Luis Ortiz Marreros, Noriel Chingay Salazar y Zenovía Herrera Vásquez se encuentran con orden de captura al estar en calidad de “no habidos” tras haberse dictado 36 meses de prisión preventiva en su contra dentro de esta investigación preparatoria.

Ex fiscal Anticorrupción indica que Nicanor Boluarte podría salir de la clandestinidad

Por su parte, el ex fiscal Anticorrupción, Martín Salas, manifestó que tal vez no se está cumpliendo con algún requisito para que proceda la privacidad de libertad de los imputados, entre ellos el hermano de la jefa de Estado.

En esa línea, aseguró que, como la resolución del PJ se produjo en segunda instancia, “con esta decisión se ordena inmediata libertad, sale de la clandestinidad y, más aún, no tiene reglas de conducta, está con comparecencia simple, de acuerdo con lo que dice la sala. Lo que quiere decir que vuelve a ser un ciudadano de a pie y con todos sus derechos”, sostuvo para Canal N.

La Fiscalía sospecharía que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez podría intentar borrar información clave de su cuenta de almacenamiento de su teléfono celular personal, y por ello le ha dado un plazo de 48 horas para que proporcione su cuenta de iCloud y contraseña, con el fin de crear un respaldo de la información almacenada en la nube.

La medida se tomó luego de que el titular del Mininter entregara un celular reseteado y sin chip como parte de una investigación en su contra. El requerimiento señala que el dispositivo no contiene información, lo que llevó a solicitar el acceso a su cuenta de iCloud.

«[…] que no hay ninguna información en el equipo, manifestando además que se proporcione la cuenta iCloud y la contraseña para poder hacer un respaldo de la información que contiene en la nube y, de ser el caso, poder extraer la información […]», detalla el documento.

La investigación en curso se debe a la difusión de grabaciones de audio en medios periodísticos que desató controversia, al involucrar al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y al capitán de la Policía Nacional del Perú, Junior Izquierdo Yarlequé, conocido como ‘Culebra’, quienes discuten sobre su nombramiento. En dichos audios, se revela que la presidenta Dina Boluarte solicitó a Santiváñez el cierre de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), una unidad encargada de investigar a su hermano, Nicanor Boluarte, y a su abogado, Mateo Castañeda. La filtración fue cuestionada sobre posibles maniobras políticas para obstaculizar las investigaciones.

De esta manera, la Fiscalía busca recuperar posibles datos relevantes almacenados en la nube y el acceso a posibles pruebas que puedan esclarecer los hechos investigados.

Ahora que salga la jefa de Estado a decir que todo se trata de una “percepción” por parte de un destacado medio internacional. A cualquier hora del día y en cualquier lugar de la ciudad uno no se encuentra seguro; ya no se puede salir con la familia porque en algún local de comida puede ser encañonado por los delincuentes.

Para la presidenta Dina Boluarte todo se trata de una campaña de desprestigio de los medios de prensa contra ella, y que en realidad las noticias sobre extorsión, homicidios, sicariato son una exageración y que las cifras se encuentran distorsionadas. Así también opina la “madre de todos los peruanos” sobre las encuestas, desconociendo de los resultados.

El medio estadounidense Financial Times habló sobre la inseguridad ciudadana en el Perú en el artículo “Amenazas de muerte por WhatsApp: la extorsión drena el dinero de los peruanos”, mencionando sobre las consecuencias del incremento de la criminalidad en todos los estratos de la sociedad, haciendo énfasis en las extorsiones en el sector transporte, empresarial, o las barberías.

De hecho, uno de los factores mencionados por el Financial Times como parte del problema de inseguridad ciudadana es un “vacío de poder político” causado por la alta rotación de presidentes con seis personas ocupando Palacio de Gobierno en pocos años.

“Los grupos criminales dedicados al sicariato y al tráfico de drogas han pasado a la extorsión, explotando un vacío de poder político (…)”, se lee en el artículo, que además indica que analistas consideran que una explicación al ‘boom’ criminal en el Perú podría deberse a hechos ocurridos en otros países de la región, como Colombia (desmovilización de las FARC-EP) e incluso Venezuela (expansión de pandillas).

A esto hay que sumarle un aspecto clave: la economía de estos sectores criminales llegó a tal nivel que incluso supera los recursos económicos de ministerios completos, precisamente aquellos encargados de mantener la seguridad como Interior y Defensa, además de entidades del Estado encargadas de la administración de justicia.

“El gran problema que tenemos ahora en Perú es que la enorme cantidad de dinero que se mueve en las economías ilegales eclipsa el presupuesto anual combinado del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial”, indicó Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior al medio norteamericano.

El medio internacional también indicó que uno de los motivos para este incremento de la criminalidad sería un impulso generado por normas promovidas desde el Congreso y que beneficia a delincuentes, como la modificación de grupos considerados parte del crimen organizado.

“El Congreso está aprobando leyes que favorecen la corrupción, y por eso en lugar de seguridad tenemos corrupción, y esto es algo que Boluarte como presidente está permitiendo, así que obviamente queremos que se vayan todos”, afirmó José León, un transportista entrevistado por Financial Times.