La crisis en el Ministerio Público ha dejado de ser un asunto institucional para convertirse en un show político lamentable. La pugna entre Delia Espinoza y Patricia Benavides, ambas decididas a no ceder ni un milímetro en su disputa por el control de la Fiscalía de la Nación, refleja no solo el colapso del liderazgo dentro del órgano autónomo, sino también la politización descarada del sistema de justicia. En medio de esta tormenta, la derecha parlamentaria, lejos de exigir orden y legalidad, ha optado por tomar partido y profundizar el conflicto.

La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, anunció que su bancada presentará una denuncia constitucional contra los cuatro integrantes de la Junta de Fiscales Supremos y no menos cuestionados: Delia Espinoza, Juan Carlos Villena, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez. ¿El motivo? Haber desobedecido —según sus propias palabras— la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que dispone la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Es decir, para esta ala política, el retorno de Benavides Vargas no es una cuestión jurídica discutible, sino un mandato incuestionable que se debe ejecutar de inmediato, sin debate ni procedimiento.

Lo más grave es que la defensa férrea y “militante” de Benavides Vargas por parte de sectores de la derecha no responde a principios institucionales, sino a afinidades políticas. La fiscal suspendida fue funcional a los intereses del Congreso en sus investigaciones selectivas, y su retorno representa para varios sectores una garantía de continuidad en ese alineamiento. No olvidar que Rafael López Aliaga en 2023 condecoró a Patricia Benavides y le entregó una medalla bañada en oro de 18 quilates valorizada en más de 8 mil soles.

Por eso, ahora que su poder está en entredicho, sus aliados en el Parlamento no dudan en atacar a la Junta de Fiscales Supremos, acusándolos de «atrincherarse» y «desacatar» la ley, cuando lo que realmente hacen es esperar un acto formal colegiado que determine con claridad la situación legal.

Norma Yarrow incluso comparó a Delia Espinoza con Pedro Castillo, insinuando que intenta «perpetuarse en el poder». La ironía es evidente: mientras cuestionan a Espinoza por presuntamente resistirse a una orden, callan cuando Patricia Benavides irrumpe en la sede de la Fiscalía acompañada de abogados y policías, autoproclamándose fiscal de la Nación sin un acto oficial que la respalde. ¿Esa acción no merece el mismo nivel de crítica?

Esta doble moral no solo daña aún más al Ministerio Público, sino que desenmascara la instrumentalización de la justicia para fines políticos. El enfrentamiento entre Espinoza y Benavides es profundamente dañino, pero más preocupante aún es cómo desde el Congreso se exacerban las divisiones y se utiliza la crisis para perseguir a fiscales que no se alinean con determinados intereses.

En lugar de buscar una solución institucional, u organizar una reforma integral, la derecha opta por la confrontación. Mientras tanto, la Fiscalía continúa perdiendo legitimidad ante una ciudadanía harta de ver cómo los más altos cargos de justicia se comportan como enemigos de una guerra partidaria, y no como guardianes del Estado de derecho.

Preocupado más en defender a la presidenta Dina Boluarte o en firmar decretos que declaran de “interés nacional” la final de la Copa Libertadores 2025, el titular del Ministerio de Economía (Minedu), Morgan Quero, hace de la ‘vista gorda’ para no mirar cómo están quedando los colegios en Lima tras el sismo de magnitud 6.1 ocurrido el último domingo.

El cuestionado ministro, que le encanta lanzar vivas al autismo o aseveran que no se necesitan docentes de inglés en los colegios, hasta el momento no se ha hecho presente en ninguna institución educativa perjudicada, pero sí está en primera fila para apoyar a la jefa de Estado, no ha emitido ningún reporte.

En cambio, Marcos Tupayachi, titular de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) ha salido a informar que 181 colegios presentan daños, de menores a muy graves, luego de ocurrido el movimiento telúrico.

En conversación con RPP, Tupayachi señaló que equipos de su entidad y las UGEL han efectuado inspecciones en las escuelas de los distritos de la ciudad. Según aclaró la autoridad, estos daños se relacionan principalmente con “algunas baldosas que han cedido, quebraduras en las paredes y algunas uniones que por el movimiento se abren un poco pero que necesitan una reparación inmediata”.

Respecto al impacto en el desarrollo de las clases, Tupayachi precisó que la mayoría de los colegios afectados solo tuvo que suspender las actividades presenciales por uno o dos días, principalmente para limpiar vidrios rotos y asegurar un ambiente adecuado para el retorno seguro de los estudiantes.

“(…) En los 181 la gran cantidad de colegios que tenemos son por vidrios rotos. Eso ha obligado a que el primer día de clase, por ejemplo, hagamos una suspensión de un día o dos días para proceder a la limpieza. Estas ya están en presenciales”, detalló.

Sin embargo, hay actualmente nueve colegios que debieron pasar temporalmente a la virtualidad, aunque solo tres de ellos se mantienen en esa modalidad por un periodo aún indefinido debido a mayores daños en su infraestructura.

Consultado por los pedidos de emergencia en distritos como Comas, Marcos Tupayachi afirmó que hay colegios con infraestructura muy antigua, y por eso, son los que presentan mayores daños. Anunció que equipos técnicos están realizando informes y, al final de la semana, se recopilará la información definitiva para canalizar recursos y atender de inmediato a estos locales escolares.

El nuevo paro anunciado por un sector de transportistas para el 26, 27 y 28 de julio —en plenas Fiestas Patrias— revela no solo la profunda desesperación del gremio ante el avance del sicariato y la extorsión, sino también la desastrosa parálisis del gobierno de Dina Boluarte. La presidenta permanece indiferente, encerrada en su silencio político, mientras la violencia se apodera de las calles y el sistema de transporte se hunde en el caos.

La protesta realizada el miércoles 18 de junio, aunque con una participación reducida, expuso con claridad la sensación de abandono que enfrentan los transportistas. No es nuevo: los crímenes contra conductores se acumulan sin respuestas efectivas del Ejecutivo, y la extorsión es ya una ‘industria paralela’. Sin embargo, es inaceptable que, en respuesta a esa desprotección, los gremios opten por paralizar el país cuando les parece, afectando a miles de ciudadanos que también están atrapados en esta crisis.

Los usuarios —trabajadores, pacientes, estudiantes— son los primeros perjudicados por este tipo de medidas que, lejos de generar empatía, provocan rechazo. El transporte público no puede convertirse en un arma de presión política. La solución no es chantajear al país con paros estratégicos, sino exigir medidas reales sin bloquear la vida cotidiana de los demás.

Por su parte, Boluarte continúa como espectadora de un Estado que se desmorona. Su incapacidad para gestionar la seguridad ciudadana y liderar una estrategia articulada contra el crimen organizado ha hecho del país un campo fértil para mafias y extorsionadores. No solo ha perdido autoridad, sino también legitimidad.

En resumen, la responsabilidad política del Ejecutivo, hoy mal conducido por Boluarte Zegarra y la irresponsabilidad de los gremios transportistas forman una combinación peligrosa: un gobierno ausente y un sector que cree tener licencia para tomar las calles como rehenes. El Perú merece mucho más que esta asfixiante parálisis compartida.

Fue durante el primer gobierno de Alan García, en 1988, cuando se reestructuró la histórica Guardia Republicana para convertirse en un primer momento como la “Policía de Seguridad” hasta el año 1991, para posteriormente ser parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Realizando una breve reseña histórica, la Guardia Republicana fue creada por iniciativa del expresidente Augusto B. Leguía, quien durante su segundo mandato , en 1919, quiso emular a la famosa Guardia Republicana de Francia, disponiendo que desde ese momento el Batallón de Gendarmes de Infantería n.° 1 pase a llamarse Batallón de Gendarmes de Infantería «Guardia Republicana del Perú» n.° 1, el cual tendría como funciones la seguridad de las instituciones del Estado como el Palacio de Gobierno o el Congreso de la República.

Al respecto sobre esta desactivada entidad, el congresista de Renovación Popular, Miguel Ciccia, presentó el Proyecto de Ley (PL) n.° 11687/2024-CR que propone la restitución de la Guardia Republicana, pero además de la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones el Perú (PIP) y el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), instituciones especializadas de la PNP.

De acuerdo al PL, la PNP estaría integrada tres cuerpos policiales especializados. En ese sentido, la Guardia Civil del Perú se encargaría del orden público, patrullaje preventivo, seguridad ciudadana y funciones policiales urbanas y rurales. 

Con respecto a la Guardia Republicana, tendría como función, la protección de instituciones y activos críticos del Estado, servicios de escolta, seguridad penitenciaria y custodia de sedes institucionales.

Por su parte, la Policía de Investigaciones del Perú estaría dedicada a la investigación criminal, lucha contra el crimen organizado, delitos complejos en apoyo técnico policial al Ministerio Público. 

Asimismo, busca el retorno del Grupo Especial de Inteligencia «como unidad élite de inteligencia operativa» de la PNP y su conformación sería por agentes egresados de las escuelas de la Guardia Civil, Guardia Republicana, PIP, GEIN y especializadas en la lucha contra el terrorismo, crimen organizado y otras amenazas a la seguridad ciudadana. 

La iniciativa legislativa también contempla crear nuevas escuelas policiales para cada unidad, y establece un plazo máximo de 12 meses para adecuar la estructura y funciones de la PNP. De aprobarse, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en 90 días, derogando toda norma en contra.

La reciente denuncia penal interpuesta por Delia Espinoza Valenzuela contra Patricia Benavides Vargas y su “comitiva de incursión” no es simplemente un acto legal y facultativo; es el más reciente capítulo de una pugna de poder descarnada entre dos fiscales supremas que parecen haber olvidado que el Ministerio Público no es un feudo personal, sino una institución del Estado que exige estabilidad, credibilidad y respeto.

Espinoza Valenzuela, actualmente en el cargo de fiscal de la Nación, acusa a Benavides Vargas de ‘usurpación de funciones’ y ‘perturbación de la tranquilidad pública’ por irrumpir, junto a su abogado Juan Mario Peña Flores y otros seis acompañantes, en la sede institucional del Ministerio Público el pasado 16 de junio a las 08:27 a.m. Según la denuncia, Benavides se presentó como fiscal de la Nación pese a no contar con el respaldo formal de la Junta de Fiscales Supremos, lo que para Espinoza representa una actuación ilegal, una afrenta al orden interno y una amenaza a la institucionalidad.

Sin embargo, lo que subyace detrás de esta denuncia no es solo una controversia técnica o legal. Es la continuidad de una guerra política que ha degradado profundamente la imagen del Ministerio Público. Ambas fiscales, con cuestionamientos distintos pero igual vehemencia, parecen más concentradas en disputarse el trono que en velar por la justicia.

Delia Espinoza, en lugar de actuar con la prudencia y neutralidad que se espera de la cabeza de esta institución, ha utilizado su posición para consolidar su autoritarismo mediante denuncias que, si bien pueden tener sustento legal, se leen también como maniobras de control político interno.

Por su parte, Patricia Benavides tampoco actúa con altura institucional. Su ingreso intempestivo al noveno piso de la Fiscalía, flanqueada por abogados, policías y asesores, fue un acto claramente calculado y amedrentador para enviar un mensaje de prepotencia y desafío. Retomar funciones sin un acto colegiado expreso por parte de la Junta de Fiscales Supremos no solo es jurídicamente cuestionable, sino que pone en entredicho su compromiso con el debido proceso y con la institucionalidad misma que afirma querer defender.

El país asiste indignado, a una disputa de egos que debilita gravemente al sistema de justicia. Y en lugar de construir consensos o preservar la autonomía del Ministerio Público, ambas fiscales se olvidaron de velar por el ‘principio de legalidad’ y se han enfrascado en una batalla encarnizada por el poder que solo beneficia a los impunes, sean de derecha o izquierda y daña aún más la confianza ciudadana.

No se trata de quién tiene la razón, sino de quién está dispuesto a actuar con altura moral. Ni Delia Espinoza ni Patricia Benavides parecen, hoy dispuestas a dar un paso atrás por el bien institucional. Y mientras tanto, la Fiscalía de la Nación se ha convertido en escenario de una vergonzosa telenovela política, donde lo último que importa es la justicia.

Qué se puede esperar de un alcalde que ha abandonado toda la avenida Abancay, Mercado Central, Mesa Redonda, la avenida Grau, y demás calles de su jurisdicción al comercio ambulatorio. Es más, ahora los vendedores vienen ocupando gran parte del jirón Cusco, haciéndonos recordar cómo era Lima en la década de 1990. Tal parece que para el alcalde capitalino, Rafael López Aliaga, sus competencias solo se circunscriben en cuidar y embellecer la Plaza Mayor, dejando a su suerte lo demás.

Ciertamente no se le puede exigir mucho a un alcalde que prefiere permanecer encerrado en el Palacio Municipal, desentendiéndose de los almacenes clandestinos que en realidad son conocidos por todos los vecinos. O será que prefiere tomarse fotos con youtubers y streamers, entregándoles diplomas y ramos de flores; en tanto, la delincuencia es moneda corriente en sus narices.

A propósito de la delincuencia, el popular ‘Porky’ hace honor a su apelativo, embarrándose solo con sus declaraciones. López Aliaga aseguró que desde su gestión se comprarán drones equipados con inteligencia artificial que sobrevolarán la ciudad tipo “cóndor” para ubicar a los delincuentes y, si se da la ocasión, “explotar” en su humanidad.

El alcalde explicó que el sistema utilizará tecnología avanzada para detectar delitos en tiempo real. “El dron es (…) como un cóndor. Detecta, porque tiene IA, si hay un hecho delictivo, y baja el dron y te manda un aviso: o te paras, o exploto. Así funciona la tecnología, así funciona el mundo”, declaró sin siquiera detenerse en lo que dijo. “Así funciona el mundo”, añadió.

Tuvo que salir el asesor del alcalde en temas de seguridad, Alberto Jordán, para ‘traducir’ lo dicho por López Aliaga, indicando que en realidad los drones irán a hacer un cerco y que en sentido figurado iban a “explotar” para atrapar al ladrón. Una explicación demasiado forzada que solo sus más acérrimos seguidores le creen.

‘Porky’ presidente

Tal parece que ‘Porky’ ya se viene proyectando para su candidatura a la presidencia de la República y poco o nada le importa cómo va a dejar su jurisdicción. Hace poco, en radio Bethel, señaló que se tomaría unos días para pensar si dejaría la alcaldía de Lima para postular a las elecciones presidenciales de 2026.  “Voy a retirarme de todo el tráfago de ser alcalde dos días para pensar bien. No es fácil. Ser alcalde de Lima es ser bombero. (…) Un presidente tiene muchos más recursos para solucionar los temas de fondo del Perú, por ejemplo, el hambre”, declaró.

No obstante, en 2021, cuando era candidato para la Municipalidad de Lima, prometió que no dejaría el cargo.

“Yo hecho ya una propuesta pública y soy una persona de palabra. Si entro cuatro años, que me parece poco, debería ser reelegible el alcalde si hace una buena gestión. Pero considero que el Perú necesita unirse, todos los partidos democráticos tenemos que unirnos y tener un candidato único. Yo aseguro que me quedo los 4 años porque considero que el país está en un grave problema de corrupción”, señaló Aliaga en una entrevista que brindó en 2022 a Cuarto Poder.

Con promesas incumplidas, proyectos fracasados como la reorganización de los comerciantes informales en la Huerta Encontrada, sus misteriosas desapariciones durante los incendios, su poca palabra, o sus drones “cóndor” que explotarán en la cara, ¿cómo creerle que mejorará las cosas de encontrarse en el sillón presidencial?

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, lanzó un contundente contraataque contra su antecesora, Patricia Benavides Vargas, al presentar un requerimiento judicial para suspenderla del ejercicio de sus funciones por 36 meses. La solicitud fue remitida al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria el pasado 11 de junio, apenas dos días después de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) anulara la destitución de Benavides Vargas y ordenara su reincorporación.

Según la carpeta fiscal 605-2024, la medida busca evitar posibles actos de obstrucción a la investigación penal que se sigue contra Benavides por presuntos delitos de cohecho pasivo específico y encubrimiento personal.

La fiscalía sostiene que Patricia Benavides habría recibido beneficios indebidos a cambio de favorecer nombramientos dentro del Ministerio Público, especialmente en favor del abogado José Luis Castillo Alva, vinculado al caso “Cuellos Blancos del Puerto”. Asimismo, se le atribuyen coordinaciones con otros actores, como Abelardo Caycho, Alberth Fernández, Katherine García, Juan Carlos Tafur y César Romero, señalados como parte de una presunta ‘red de tráfico de influencias’ al interior del Ministerio Público.

El requerimiento de Delia Espinoza se fundamenta en el artículo 159° de la Constitución y en los artículos 297° y 298° del Código Procesal Penal, que permiten adoptar medidas cautelares para proteger la integridad de las investigaciones. La gravedad de los delitos imputados y la posición de poder que aún ostenta Benavides Vargas son, según la fiscalía, razones suficientes para justificar su suspensión inmediata.

Además, fuentes fiscales advirtieron que hechos recientes ocurridos en la sede del Ministerio Público habrían agravado la situación legal de Benavides Vargas, lo que refuerza la necesidad de su apartamiento.

La audiencia decisiva se llevará a cabo el lunes 24 de junio, a las 2:30 p. m., y será el juez supremo de investigación preparatoria quien determinará si acepta la suspensión de tres años solicitada por la fiscal de la Nación Espinoza. El caso marca un nuevo capítulo en la batalla institucional que enfrenta a dos de las figuras más cuestionadas y descreditadas del Ministerio Público.

La polémica en torno a la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación sigue agudizándose. Esta vez, los congresistas Elías Varas Meléndez (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) y Alfredo Pariona Sinche (Bancada Socialista) presentaron denuncias constitucionales contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), acusándolos de vulnerar la Constitución y exceder sus competencias.

El congresista por Áncash, Elías Varas formalizó una denuncia contra los seis integrantes de la JNJ que suscribieron la resolución que devuelve a Benavides Vargas a la Fiscalía de la Nación. En declaraciones, calificó el acto como “inconstitucional, ilegal y contrario al artículo 158° de la Constitución”, el cual establece claramente las funciones de la JNJ y limita su rol respecto a magistrados supremos.

Varas Meléndez argumentó que la Junta incurrió en el presunto delito de avocamiento indebido, al asumir competencias exclusivas del Poder Judicial. “No pueden restituir a una fiscal suprema cuando hay procesos en curso y decisiones tomadas por órganos constitucionalmente competentes, como la Junta de Fiscales Supremos”, afirmó.

El legislador también criticó la falta de unanimidad en la decisión, recordando que el miembro de la JNJ Francisco Távara se excusó de votar y luego declaró que no se alcanzó el consenso necesario. Para Varas, esto invalida aún más la resolución y confirma su carácter arbitrario.

A esta denuncia se sumó el legislador por Huancavelica Alfredo Pariona, quien también presentó una acusación constitucional contra todos los miembros de la JNJ y solicita su inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos, alegando una grave infracción constitucional.

Ambos congresistas coinciden en que la JNJ ha extralimitado su mandato, interfiriendo indebidamente en un caso cuya resolución corresponde al sistema judicial y al Congreso, no a un órgano administrativo. Además, advierten que esta decisión agrava la ya delicada situación del Ministerio Público, minando su institucionalidad y abriendo un peligroso precedente de impunidad.

Las denuncias ya se encuentran en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la apepista María Acuña Peralta, que deberá evaluar su admisibilidad y determinar si procede iniciar un proceso sancionador contra los cuestionados miembros de la Junta Nacional de Justicia.