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Política

Fiscalía allana viviendas de Vladimir Cerrón en Lima y Junín

Líder de Perú Libre es investigado por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de colusión.

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En horas de la madrugada personal de la Fiscalía, en compañía de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), iniciaron una diligencia de allanamiento en la casa del fundador de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, ubicada en la cuadra 1 del jirón Los Dongos, en la ciudad de Huancayo, residencia usada por Cerrón Rojas.

La zona intervenida ha sido cercada por vehículos de la PNP, a fin de proteger las diligencias del Ministerio Público y asegurar que no se perturbe el trabajo de las autoridades designadas para llevar este caso.

Según afirmaron fuentes oficiales, esta labor de allanamiento estaría motivada por la adjudicación de cuatro efectivos policiales para el resguardo brindado a Vladimir Cerrón en 2021, hecho que fuera cuestionado debido a que la cara visible de Perú Libre no ostenta ningún cargo público y, por consiguiente, no le correspondía tal protección.

Además, otro hecho causal de la diligencia ejecutada hoy es la contratación irregular de varias personas, entre las que se cuentan Alexis Misayauri Villalobos y Gregoria Aydee Villalobos Cerrón, familiares del policía Carlos Wilfredo Zárate Villalobos, uno de los designados de forma anómala para el resguardo de Vladimir Cerrón.

Cabe precisar que esta es la tercera vez que miembros de la Fiscalía y la PNP allanan una propiedad del fundador de PL, siendo la última la ocurrida el pasado 27 de mayo, intervención que fuera criticada por Cerrón al calificar las operaciones como “un abuso y una persecución sin límites en busca de lo inexistente”.

Al mismo tiempo, se allanaron otros 16 inmuebles vinculados al ideólogo perulibrista. La medida, autorizada por el Poder Judicial, alcanza a otros 11 investigados y tiene como objetivo buscar documentos relacionados con irregularidades en el pago de bonificaciones a agentes de la PNP que habrían prestado servicios a favor de exgobernadores de Junín.

En el caso de Lima, la fiscalía y agentes de la Policía Anticorrupción ingresaron a un edificio en la cuadra 14 de la Avenida Arequipa, en Lince. Mientras tanto, en Huancayo, intervinieron 16 inmuebles.

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Política

Congresistas contra las Mypes: Intereses ocultos en la Comisión de Energía

Lee la columna de Edwin Cavello.

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Durante los últimos años se ha ido evidenciando que en el Congreso existen parlamentarios que no tragaban para beneficiar a los ciudadanos y muchos menos al país. Muchos de esos congresistas solo se han dedicado a trabajar para empresas privadas, realizando un grosero lobby que termina perjudicando a todos los peruanos.

Actualmente en la Comisión de Energía del Congreso de la República se viene revisando dos proyectos justos en beneficio de las Mypes, el primero es el Proyecto de Ley N° 900/2021-CR, presentado a iniciativa del congresista Germán Tacuri Valdivia, integrante del Grupo Parlamentario Perú Libre, y el segundo proyecto de ley N° 937/2021-CR, presentado a iniciativa del congresista Hernando Guerra García Campos, integrante del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Los dos proyectos proponen la modificatoria de la Primera Disposición Complementaría de la Ley 28832 Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica. Con esto se lograría que las Mypes tenga la libertad para elegir un mejor precio y servicio.

Sobre esto, Daniel Hermoza, presidente de las Mypes Unidas del Perú, manifestó: “Este acceso al mercado libre te permite comprar directamente a los generadores de electricidad sin la necesidad de pasar por un distribuidor. Entonces, obviamente el ahorro es sustantivo; en este momento el ahorro podría fácilmente alcanzar el 30% de la factura (de luz). Ahora, esto ayuda muchísimo a las micro y pequeñas empresas porque nos permiten en este momento de crisis donde todos los precios se están disparando, en tener el precio del insumo principal, por ejemplo de las panaderías que hoy utilizan hornos eléctricos de primera generación, o la industria gráfica para mover las imprentas, las industrias de confeccionistas, y etc., inclusive los molinos de arroz en el norte del país también utilizan energía eléctrica, que a propósito este insumo ha subido y seguirá subiendo su costo, en un margen razonable de costo fijo”.

Con esto se daría un primer gran paso para una Ley de libre electricidad para las Mypes. Pero para que las Mypes puedan tener la libertad de elegir, lo que primero que se debe hacer es bajar la valla de 200 kW a 50 kW, de esta manera las Mypes pasarán de clientes regulados a convertirse en clientes libres.

Pero la realidad es que, en la otra vereda, también existen congresistas con sus propios intereses que se niegan a apoyar el Proyecto de Ley en beneficio de las Mypes. entre ellos están: Diego Bazán Calderón, Juan Burgos Oliveros, Eduardo Salhuana y Carlos Alva Rojas (de la banca de ‘Los Niños’), presidente de la Comisión de Energía y Minas. ¿Qué intereses particulares tienen estos cuatro congresistas de Avanza País, APP y Acción Popular? ¿Acaso estos parlamentarios legislan a favor de las grandes empresas?

Seguiremos atentos a la Comisión de Energía y Minas, una comisión donde ‘Los Niños’ de Acción Popular también tienen voz y voto.

(Columna publicada en el diario La Razón)

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Política

Inti y Bryan: una investigación política llena de odio

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Desde el inicio se observó que la investigación del Ministerio Público sobre la muerte de los jóvenes Inti y Bryan tuvo graves defectos. A la distancia de los hechos, podemos señalar que lo que terminó desacreditando la búsqueda de la verdad, fue el impulsivo odio político de fiscales y congresistas que convirtieron un emblemático caso en una cacería de brujas.

A diferencia de la Fiscalía, la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, tuvo mayor sobriedad, ya que aprobó el informe del congresista Alejandro Cavero, que recomendó archivar la denuncia constitucional interpuesta por la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos contra el expresidente Manuel Merino, su Primer Ministro Flores-Araoz y el Ministro del Interior Rodríguez Limo.

En la actual coyuntura el trabajo de la comisión del Congreso es importante, porque sirve como una especie de antejuicio político, de esa manera el parlamento realiza un riguroso filtro. Es aquí donde la denuncia contra los tres exfuncionarios mencionados líneas arriba, es revisada minuciosamente, es decir, solo se aprueba lo que tiene fundamento sólido, y de la misma forma se rechaza las investigaciones o denuncias que no cuentan con argumentos legales. Curiosamente, el excesivo odio político encegueció a varios congresistas y fiscales que fueron sorprendidos por el ruido de los oportunistas de turno que siempre aparecen donde hay muerte y miseria.

A pesar de que la investigación sobre la muerte de Inti y Bryan se encuentra llena de defectos, un grupo de medios de comunicación con intereses subalternos, han venido desinformando sobre el caso. Este hecho que no es intencional, sino que, representa una muestra clara de la maquinaria caviar que en su momento hasta inventó una lista de desaparecidos. Para decirlo más claro, los caviares usaron a los medios y a los cadáveres de dos jóvenes para concretar su estadía en Palacio de Gobierno.

Ahora desde sus trincheras, algunos medios usan sus editoriales y portadas para hablar de un blindaje contra Ántero Flores-Aráoz, Manuel Merino y Gastón Rodriguez. Lo lamentable es que, a pesar del tiempo, el odio sigue latiendo. La opinión pública debe entender que la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales no ha blindado a los denunciados, más bien, a archivado una vergonzosa investigación que no cuenta con la rigurosidad ni seriedad que el caso amerita.

Recordemos que el propio periodista de investigación Ricardo Uceda, en su artículo que fue publicado el 12 de octubre de 2021 en el diario La República, señaló tajantemente que “El Ministerio Público no encontró elementos para atribuirles abuso de autoridad o desaparición forzada, ni tampoco indicios de que hubo órdenes desde Palacio de Gobierno para que la policía actuara impropiamente”.

En ese sentido, es imposible blindar a alguien de una investigación donde no se encontró nada. Aquí el Ministerio Público debe hacer su trabajo para ubicar a los verdaderos asesinos de Inti y Bryan. La pregunta es ¿la Fiscalía se atreverá a investigar a los manifestantes y políticos de izquierda que participaron activamente de las manifestaciones de noviembre de 2020? Lo dudamos, pero sería bueno que la Fiscalía se ponga a trabajar y comience nuevamente a revisar los videos de la fatídica noche. Así comenzar con los interrogatorios a los barristas que participaron de las protestas.

El país también necesita conocer la verdad y saber cada detalle de la movilización que terminó con la vida de dos jóvenes peruanos.

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Política

Presentan moción de censura contra Dimitri Senmache

Ministro del Interior es cuestionado por la fuga a vista y paciencia de las autoridades del ex titular del MTC Juan Silva.

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Se le escapó la tortuga. El Congreso de la República ha admitido una moción de censura contra el ministro del Interior, Dimitri Senmache, por la fuga del ex ministro de Transportes, Juan Silva. En el documento se precisa que existe una “grave responsabilidad funcional” por parte del ministro Senmache.

“Lo manifestado por el ministro Senmache ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría, tanto al momento de su exposición, como al responder las interrogantes de los integrantes de la comisión, no ha cumplido con esclarecer los hechos materia de cuestionamiento, ni ha respondido con idoneidad y cabalidad sobre las acciones desplegadas por su sector para revertir los deplorables acontecimientos que vienen conmocionando al país”, se lee en el documento.

En la moción de censura también se señala que Dimitri Senmache asumió el cargo de ministro del Interior el 23 de mayo de 2022, y en lo que va de su gestión, “solo se tiene como resultado la fuga de altos personajes implicados en corrupción”, así como muertes, desaparecidos y caos social, por lo que, se indica, no se puede mantener al frente de la cartera ministerial a alguien que no cuenta con la capacidad.

Al extitular de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, se le abrió una investigación preliminar por los presuntos delitos de colusión y organización criminal en agravio del Estado a raíz de este caso. 

El ministro del Interior consideró que la fuga del exministro se dio por una “desconfianza” entre el Ministerio Público y su sector al momento de compartir la información.

Senmache consideró que la relación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional puede mejorar y calificó como un “error” la fuga de Juan Silva, la cual dijo ocurrió por la “desconfianza” que existe entre ambas instituciones.

El titular del Mininter se refirió ante el pleno del Congreso a la disposición de videovigilancia por parte del Ministerio Público para el hoy prófugo Juan Silva. En esa línea, indicó que la Policía debe cumplir con estas disposiciones tal y como están señaladas.

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Política

Congresistas en contra de Proyecto de Ley que favorece a las Mypes [VIDEO]

Un grupo de congresistas están en contra de las Mypes, negándose a apoyar el proyecto de ley que beneficia a millones de familias en el Perú. ¿Acaso existen negociaciones particulares a favor de las grandes empresas? Aquí todo lo que viene sucediendo en la Comisión de Energía presidida por Carlos Alva, congresista que pertenece a la bancada de ‘Los Niños’ de Acción Popular.

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Congresistas Eduardo Salhuana , Carlos Alva Rojas, Juan Burgos Oliveros y Diego Bazán Calderón.

Durante los últimos años se ha ido evidenciando que en el Congreso existen parlamentarios que no tragaban para beneficiar a los ciudadanos y muchos menos al país. Muchos de esos congresistas solo se han dedicado a trabajar para empresas privadas, realizando un grosero lobby que termina perjudicando a todos los peruanos.

Actualmente en la Comisión de Energía del Congreso de la República se viene revisando dos proyectos justos en beneficio de las Mypes, el primero es el Proyecto de Ley N° 900/2021-CR, presentado a iniciativa del congresista Germán Tacuri Valdivia, integrante del Grupo Parlamentario Perú Libre, y el segundo proyecto de ley N° 937/2021-CR, presentado a iniciativa del congresista Hernando Guerra García Campos, integrante del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Los dos proyectos proponen la modificatoria de la Primera Disposición Complementaría de la Ley 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica.

Con esto se busca una Ley de libre electricidad para las Mypes. Pero para que las Mypes puedan tener la libertad de elegir, lo que primero que se debe hacer es bajar la valla de 200 kW a 50 kW, de esta manera las Mypes pasarán de clientes regulados a convertirse en clientes libres, pudiendo tener un mejor precio y la libertad para poder elegir.

El proyecto de ley en beneficio de las miles de Mypes a nivel nacional, mas que ser justo, es una necesidad, ya que luego de los dos años de pandemia, miles de familias peruanas viven en una permanente crisis económica. Para generar empleos y una verdadera reactivación económica, el Ejecutivo y el Parlamento deben entender que en estos momentos post pandemia no se les puede dar la espalda a los pequeños empresarios peruanos.

Pero la realidad es que en la otra vereda, también existen congresistas con presuntos intereses económicos que se niegan a apoyar el Proyecto de Ley en beneficio de las Mypes. Varios de esos congresistas que no quieren apoyar a los pequeños empresarios ya han sido detectados, entre ellos están: Diego Bazán Calderón, Juan Burgos Oliveros, Eduardo Salhuana y Carlos Alva Rojas, presidente de la Comisión de Energía y Minas. ¿Qué intereses particulares tienen estos cuatro congresistas de Avanza País, APP y Acción Popular? ¿Acaso estos parlamentarios legislan a favor de las grandes empresas?

Conversamos con Daniel Hermoza, director de las Mypes Unidas del Perú, para entender mejor lo que viene pasando en la Comisión de Energía y Minas, una comisión dónde los Niños de Acción Popular también tienen voz y voto.

En el país actualmente existen dos tipos de consumidores de energía, están los consumidores regulares que son la gran mayoría de ciudadanos, y los consumidores libres que pagan un costo mucho menor porque consumen bastante energía. En el medio de ellos se encuentran las Mypes que en el Perú se cuentan por millares; ustedes han presentando un Proyecto de Ley para bajar la valla energética que actualmente es de 200 kilowatts, es decir, para que todas las Mypes sean consideradas como clientes libres esa valla se debería de reducir a 50 kilowatts. Detállenos el PL.

Efectivamente, existen dos mercados como has señalado, el mercado regulado y el mercado libre. En el mercado regulado estamos todos, incluido la micro y pequeña empresa, y en el mercado libre se encuentran las grandes empresas que consumen 200 kilowatts para arriba.

Este acceso al mercado libre te permite comprar directamente a los generadores de electricidad sin la necesidad de pasar por un distribuidor. Entonces, obviamente el ahorro es sustantivo; en este momento el ahorro podría fácilmente alcanzar el 30% de la factura (de luz). Ahora, esto ayuda muchísimo a las micro y pequeñas empresas porque nos permiten en este momento de crisis donde todos los precios se están disparando, en tener el precio del insumo principal, por ejemplo de las panaderías que hoy utilizan hornos eléctricos de primera generación, o la industria gráfica para mover las imprentas, las industrias de confeccionistas, y etc., inclusive los molinos de arroz en el norte del país también utilizan energía eléctrica, que a propósito este insumo ha subido y seguirá subiendo su costo, en un margen razonable de costo fijo.

Nosotros hemos presentado un proyecto de ley a través del congresista Nano Guerra García de Fuerza Popular y del congresista Germán Tacuri de Perú Libre. Ambos congresistas consideran que esta es una gran oportunidad de hacer algo efectivo y real, que ni siquiera perjudica al Estado ni a las distribuidoras, dentro de la Comisión de Energía y Minas, que ha tenido una actuación un poco sinuosa frente a este importante proyecto.

Hay un tema muy crucial que sería bueno que lo expliques porque muchos ciudadanos hasta el día de hoy desconocen que las grandes empresas consumen la energía de forma libre y tienen un precio más económico, en cambio los ciudadanos de a pie tienen que pagar sus facturas de luz a empresas como Enel o a Luz del Sur. Entonces se estaría configurando una especie de monopolio por parte de esas empresas distribuidoras.

No es que parezca, es un monopolio. Si bien es cierto existen dos empresas en Lima no cabe duda que está bien marcada la distancia. Luz del Sur y Enel son empresas monopólicas.

Se han repartido el terreno.

Exactamente, eso para dar una apariencia de que hay dos empresas, pero no existe la posibilidad de que yo pueda contratar por una y otra, obligatoriamente tengo que adquirir una dependiendo en el lugar donde resida.

Sin embargo, en otros países del mundo se puede adquirir la energía al proveedor que uno desee, tal como ocurre con los celulares o con el gas. Lo que pasa es que aún falta mayor inversión en la generación (de energía eléctrica) para tener la seguridad de que haya el precio que nosotros pretendemos, a pesar de que hay 52 empresas generadoras en el Perú, pero no todas están en la capacidad de poder atender a usuarios tan pequeños.

Yo creo que estamos en un proceso importante y bajar la valla a 50 kilowatts, que permitiría aproximadamente el ingreso de unas 25 mil Mypes, va a ser un bonito plan piloto, y también de que las distribuidoras se vayan acostumbrando a competir, porque este proyecto de ley no impide que las distribuidoras puedan negociar mejores tarifas con sus consumidores. Lo que pasa es que no quieren y están acostumbrados a tener un mercado cautivo o monopólico.

Todos los años se incorporan 70 mil nuevas viviendas en el Perú, cifras de CAPECO, y Mypes se incorporan más de 100 mil, de ese total 30 mil Mypes incrementan su consumo hasta 5 veces. Entonces, al mercado ingresan anualmente un promedio de 100 mil unidades, entre empresas y viviendas. Nosotros las Mypes cómo quisiéramos tener anualmente un incremento de clientes como lo tienen las empresas distribuidoras.

Dictamen de los Proyectos de Ley.

No tenemos libertad para elegir en el tema de electricidad. Nos imponen una empresa, y si ella nos impone un precio a nosotros solamente nos queda agachar la cabeza. Por otro lado, dentro del Congreso existen varios congresistas que están en contra de las Mypes, porque no apoyar este proyecto de ley es darle la espalda a las micro y pequeñas empresas y las miles de familias que se encuentran detrás.

No solo eso, sino la posibilidad de que los precios se estabilicen, porque obviamente tener un porcentaje tan grande de ahorro del consumo eléctrico va a ayudar a la Mype de que no sienta presión de subir los precios, por ejemplo del pan.

Yo creo que la Comisión de Energía y Minas tiene que dar una señal clara de favorecer a las Mypes, a los consumidores, y al empleo también. El año pasado, en el Congreso anterior, presentamos este proyecto de ley y fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Energía y Minas y por mayoría en la Comisión de Economía, porque fue dictaminado para dos comisiones. Lamentablemente el congresista de Acción Popular Anthony Novoa, presidente de la Comisión de Economía del Congreso anterior, encarpetó dos meses el dictamen aprobado y lo soltó cuatro días antes de que termine la legislatura y obviamente no pudo ser aprobado en el Pleno.

Nosotros nuevamente volvemos a la carga porque creemos que es algo justo, y este Gobierno que podría solucionar este problema que dice luchar contra los monopolios al contrario los defiende, porque si el presidente de la República quisiera bajar la valla de electricidad, no necesitamos esta ley ya que se puede bajar mediante un decreto supremo, pero el Ministerio de Energía y Minas se opone porque son dueños de las distribuidoras de provincia que pertenecen al Estado. Las Mypes, hoy más que nunca, necesitamos de su ayuda para poder subsistir.

Lo que se sabe de ‘Los niños’, los congresistas de Acción Popular, donde se habla de una presunta organización criminal. ¿Cómo has visto a esos congresistas que conforman la Comisión de Energía y Minas, y de Carlos Alva Rojas, presidente de dicha comisión?

Siento que el congresista Alva tiene un conflicto, como todo representante de la patria me imagino que debe tener la necesidad de querer ayudar al pueblo, por el cual fue electo, porque hace como tres semanas el presidente de la comisión sacó un dictamen archivando este importante proyecto de ley. Nosotros salimos a la carga en los medios, por redes sociales, y afortunadamente se tuvo que dar marcha atrás para que ese proyecto de ley nuevamente tenga que ser analizado, porque solamente había opinión del Estado pero no del sector privado. Luego, la semana pasada, se vuelve a presentar otro dictamen, esta vez sí aprobando la bajada de la valla energética, pero modificándose a último momento para que las distribuidoras no pierdan a sus principales clientes.

Y hoy día nos encontramos en un nuevo escenario en donde congresistas de Acción Popular y el congresista Eduardo Salhuana de Alianza para el Progreso (APP), salió a hablar ahora de que las distribuidoras del Estado al vender menos si se da el retiro de la Mypes en el mercado regulado, comprarían menos a Electroperú, y esta última empresa a su vez contribuye con la ONP, argumenta que las personas de tercera edad se verían perjudicados. Y para la próxima semana han invitado a Electroperú y a la ONP a opinar sobre este proyecto de ley.

No olvidarse también de los congresistas de Avanza País Diego Bazán Calderón y Juan Burgos Oliveros, porque estamos encontrando una presunta negociación particular de estos legisladores, es decir, parecería que existen algunos congresistas contratados por las empresas privadas para defenderlas.

Yo no sé si el nido (de ‘Los Niños) está creciendo pero yo siento que hay una predisposición de no ayudar a la micro y pequeña empresa; creo que esta sería la única acción real de este Congreso, independientemente de la norma del pago de factura en 30 días que promovió el congresista Carlos Anderson. De concretarse este proyecto sería la segunda norma que ayudaría a las Mypes a seguir trabajando, sino que también ayudaría a que los costos de producción no suban, de tal manera que al final quien se va a ver beneficiado es el consumidor, ese famoso pueblo que todos los políticos dicen defender.

El 95% de las empresas en el país son mypes, según ComexPerú | RPP Noticias
Por pandemia más de 500 mil empresas tuvieron que cerrar en el Perú.

Y ni hablar de las dos reactivas durante el periodo del ex presidente Pedro Vizcarra que al final fueron para las grandes empresas.

Pienso que aquí el Gobierno y el Congreso deberían de poner ojo fino en estas medidas que venimos conversando para que se dé la real reactivación de las Mypes. De todas maneras estamos poniendo una alerta para una situación que se nos viene de aquí a unos diez a doce meses el cual es el vencimiento del Reactiva. Reactiva ha sido ampliado otra vez un año más el periodo de gracia, eso quiere decir que el Estado reconoce que no ha podido lograr la reactivación de las Mypes; nosotros hemos revisado los cuadros de Reactiva y el sector que tiene la mayor concentración del préstamo hoy es la mediana empresa con más de 25 mil millones de soles. Yo felicito a esas Mypes que han podido acceder al Reactiva y que la vienen pagando, pero que con esta nueva coyuntura se les va hacer cada vez más complicado cumplir con sus obligaciones, y el día que llegue con cancelar esa deuda no va a haber manera de cómo salvar a esas empresas. No creo que el Estado llegue a condonar esas deudas.

Hablemos de la portabilidad, es decir, uno como cliente puede cambiar de empresa que abastece de electricidad. ¿Llegará algún día al Perú esa opción?

Las condiciones están dadas para que esto suceda. Se tomó en su momento la buena decisión de que el mercado libre esté en las generadoras, lo cual ha ocasionado que muchas empresas de todo tipo, incluido las ecológicas y eólicas, tengan la oportunidad de llegar al cliente. Hoy día tienen un intermediario que son las distribuidoras, pero una vez que eso se rompa, y va a tener que suceder en algún momento, estas empresas van a que invertir más porque van a competir en el mercado y esa va a ser una opción grande para que la inversión se incremente.

Todavía creo que hay un largo camino, porque por 20 mil Mypes imagínate todo lo que tenemos que luchar. Es una lucha bastante fuerte. 

¿Cómo va seguir el tema parlamentario con la iniciativa de bajar la valla?

La próxima semana estarán en la Comisión de Energía y Minas la empresa Electroperú y la ONP, y nosotros también queremos estar en esa mesa de conversación y que la comisión tenga la mejor decisión para todo el Perú.

Aquí la entrevista en el set de televisión de Lima Gris.

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Política

Zamir Villaverde mantenía constante contacto con ex ministro del MTC Juan Silva [VIDEO]

En nuevos audios se escucha a empresario reportándole a Silva sobre los contratos que iba ganando. El exministro estaba al tanto de todos los negociados.

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Uno prófugo y el otro aspirante a colaborador eficaz. El primero, el ex titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, desde hace varios días se encuentra con paradero desconocido, en tanto Zamir Villaverde, con prisión preventiva por 24 meses, viene declarando ante la Comisión de Fiscalización que existiría una presunta red criminal encabezada por el presidente Pedro Castillo. Ambos tienen algo en común y es la cercanía con el jefe de Estado.

En nuevos audios difundidos por el programa Combutters de Willax se oye una conversación entre Villaverde y Silva, en donde el primero de ellos le iba informando de licitaciones presuntamente “arregladas”.

Se trata de un audio grabado de fecha 18 de octubre de 2021, periodo que coincide con las contrataciones sospechosas que investigaba la fiscal Karla Zecenarro. A continuación, la transcripción de una parte de la conversación;

Juan Silva (JS): Yo te mando… Le voy a dar tu número para que te llame también el pata…

Zamir Villaverde (ZV): Sí, sí, dale este número.

JS: Díctame tu número, díctame tu número. Anota, Angélica, el número.

ZV: Ya.

JS: Del pata…

(…)

ZV: 99 70 46 843…

JS: Sí… Que le llame a ese número y que le diga de parte mía, que le llame a Marco (Zamir Villaverde). Él le va a dar instrucción respecto a eso que me dijiste.

ZV: Don Juan, más bien que me escriba un WhatsApp más bien, porque yo no estoy contestando llamadas desconocidas. Que me escriba un WhatsApp.

JS: OK. Que te escriba un WhatsApp de mi parte, ya de ahí ya que te llame.

ZV: Así es, yo lo llamo.

JS: Ya, listo. Ya, bacán.

ZV: Don Juan, entonces mañana estoy yendo un ratito para avisarle. Tres cositas (contratos) que tengo ahí que ya son ganadores.

JS: Ya, por la noche, porque voy a viajar al Cusco. En la noche estoy acá. Ahí conversamos.

ZV: Ya, en la noche entonces don Juan. Ahí le voy a decir, tenemos un resultado ya, que estoy contentísimo para decírselo, ¿ya?

JS: Ya, correcto, correcto. Ya comparito.

ZV: Un abrazo, don Juan. Lo tengo informado.

JS: Ya, igual. Cuídate, también.

Las tres ‘cositas’

El empresario Zamir Villaverde hacía alusión a las tres obras que ganaron los hermanos Aguilar Quispe mediante su empresa Ingeniería Integración de Proyectos (INIP), en consorcio con las empresas China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), el 21 y 30 de setiembre, y el primero de octubre de 2021.

En los tres casos, la entidad Provías Nacional, que controlaban Juan Silva y Zamir Villaverde, favoreció con la buena pro al consorcio de INIP y CCECC por un total de S/347,9 millones.

Justamente, la colaboradora eficaz Karelim López mencionó siete contratos arreglados entre Silva y Villaverde, entre los que se encuentran los tres indicados. Los otros cuatro se consumaron en el mismo periodo que Villaverde le dio “cien grandes” a Silva, el 4 de noviembre de 2021. De esta manera, de corroborarse los hechos mencionados en este último audio, se caería la versión del ex ministro Silva que decía no conocer a Villaverde.

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Política

Faenón en Dubái: Contraloría confirma irregularidades en contratación de servicio de pabellón peruano

Se trataría de direccionamiento por parte de Promperú en la contratación de una empresa sin experiencia en eventos internacionales. Contraloría reveló detalles de las contrataciones para el pabellón peruano en la feria Expo Dubái.

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Con la plata de todos los peruanos. Hace más de tres meses el portal Sudaca difundió, y que Lima Gris también denunciara en su oportunidad, una investigación sobre el derroche de dinero que se venía dando en la organización de la Expo Dubái 2020 pues se estaría revelando un presunto direccionamiento a favor de la empresa Continous Events, todo por obra y gracia de funcionarios de Promperú.

Dicha empresa ganadora no contaba con la experiencia requerida, tal como Sudaca demostrara gracias a distintos correos electrónicos publicados entre los entonces funcionarios de Promperú Irene Suárez (gerente general), María Katia Noriega Vílchez (jefa de la oficina de producción), Tiz Aliaga Manssevitz (oficina de producción), Andrés Moromisato (jefe de la Unidad de Logística), entre otros responsables, y Sofía Sanguineti quien es representante del Consorcio Continous Events.



Correos más que comprometedores entre Irene Suárez y Andrés Moromisato. Fuente: Sudaca.

Antes esos claros indicios la Contraloría General de la República detectó hechos irregulares en el proceso de contratación y pago del servicio para la implementación y funcionamiento del pabellón peruano que participó en la Feria Expo 2020 Dubái, en los Emiratos Árabes, a cargo de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), lo que ocasionó un perjuicio económico al Estado de € 310,314, es decir S/ 1,4 millones aproximadamente.

Una comisión de control evidenció que en este caso 3 funcionarios y un 1 servidor de Promperú, tuvieron una actuación dolosa con el propósito de beneficiar al proveedor internacional con el que la entidad suscribió un contrato por el monto de US$ 1 657 127 en 2021, para el evento que se desarrolló del 1 de octubre de ese año, al 31 de marzo de 2022.

De acuerdo al Informe de Control Específico N°002-2022-2-5610-SCE, el perjuicio económico se debe a que Promperú efectuó el pago de servicios no previstos en los Términos de Referencia (TDR) del Servicio de Gestión Operativa para la mencionada feria internacional, como honorarios y viáticos de “personal adicional” (4 personas) y de “personal complementario” (2 personas adicionales a las 7 requeridas). Ello, sin que la necesidad de dichos servicios haya sido justificada técnicamente.

Dicha situación evidenció que la Estructura de Costos presentada por el consorcio proveedor en la cotización, difería de la presentada para la suscripción del contrato en los montos y personal adicional, pese a lo cual, finalmente, se suscribió el acuerdo legal.

Una empresa sin experiencia para grandes eventos

La comisión de control verificó, además, que el consorcio ganador no cumplió con acreditar su experiencia en la especialidad (sustentar un monto facturado mínimo de US$ 1′000,000), ni tampoco la del personal clave (10, 5 y 3 años de experiencia) y personal complementario (5 y 1 año de experiencia) que propuso y que fue requerido en los TDR.

Fuente: Informe de la Contraloría General de la República.

Asimismo, se comprobó que se comunicó anticipadamente al proveedor la decisión de contratarlo, sin contar previamente con la incorporación de ese proceso en el Plan Anual de Contrataciones, la certificación presupuestal del gasto, el informe de indagación del mercado, así como los informes técnico y legal que sustentarían la contratación internacional.

También se ha verificado que la Gerencia General de Promperú dispuso que la Unidad de Logística curse invitación a cotizar al consorcio en mención, antes que se emitiera la solicitud de bienes y servicios.

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Política

Keiko Fujimori seguirá en libertad tras anunciar su divorcio

Corte Suprema declara infundada solicitud de prisión contra Keiko Fujimori

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China de risa. Ni los miles de documentos que la implican de haber recibido aportes para sus campañas presidenciales de los años 2011 y 2016 pueden conseguir que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, regrese a prisión, luego de que el Poder Judicial anunciara esta mañana que no se restablecerá la medida de prisión preventiva contra la hija de Alberto Fujimori; la Fiscalía, encabezada por el fiscal José Domingo Pérez, solicitaba 15 meses de reclusión.

Desde la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema se dio lectura de la resolución sobre la casación presentada por el Ministerio Público para dejar sin efecto la anulación de la prisión preventiva de Keiko Fujimori, la resolución salió a favor de la lideresa de Fuerza Popular.

De acuerdo con la Fiscalía, la defensa de Keiko Fujimori presentó fuera de plazo el recurso de apelación contra los 15 meses de prisión preventiva impuesta a su defensa. Por tanto, subrayó no debió de ser admitido.

El equipo especial precisó en su recurso que el plazo de tres días para impugnar el mandato de prisión preventiva vencía el 31 de enero del año 2020, sin embargo, la apelación contra dicha resolución recién fue propuesta el 3 de febrero.

Al respecto, la Procuradora para casos de Lavado de Activos, María Camus Dávila, respaldó la posición del Ministerio Público y sostuvo que la defensa legal de Keiko Fujimori no presentó su apelación a tiempo por lo que debe deshacerse el trámite de este recurso.

No obstante, Giuliana Loza, abogada de la excandidata presidencial, pidió a la sala suprema que rechace el recurso de casación del Ministerio Público al sostener que la apelación contra la prisión preventiva que se impuso a su defendida fue presentada dentro del plazo de ley, demandando a su vez a este colegiado que establezca jurisprudencia nacional respecto a este asunto.

Para la Corte Suprema, la resolución de prisión preventiva fue dictada oralmente en audiencia y apelada en ese acto por la defensa de Keiko Fujimori; sin embargo, en ese momento no se le entregó ninguno de los documentos de notificación de lo resuelto.

Precisó, además, que el plazo de tres días para presentar la apelación debe ser contado a partir de la recepción de los documentos.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema está integrado por María del Carmen Altabás (directora de debates), Iván Sequeiros, Erazmo Coaguila Chávez, Norma Beatriz Carbajal y Hugo Núñez Julca.

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Política

Midagri anula compra de urea brasileña tras informe de la Contraloría

Y ministro Alencastre destituye a Rogelio Huamaní, responsable de la compra.

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Ministro Andrés Alencastre.

Clases de inglés urgentes. Un verdadero escándalo se ha convertido la cancelación de la compra de urea (fertilizante imprescindible para la agricultura) por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) tras las observaciones efectuadas por la Contraloría General de la República.

Las indagaciones de la Contraloría indican que el Comité de evaluación de Agro Rural descalificó la oferta de la empresa estadounidense Global Investments Group (GIG) por presentar certificados ISO en idioma inglés, pese a que la oferta de esa empresa era mucho menor que la propuesta de la brasileña MF Fertilizantes que estaba dispuesta a pagar US$55.882.040, a comparación de los US$47.793.850 de GIG que llegó a presentar, incluso, documentación en portugués. Dichas irregularidades dieron pie a que la Contraloría presuma que se trató de favoritismo para la brasileña.

“Nosotros vamos a declarar nulo (el proceso de compra) y vamos a reconocer la importancia de lo que ha dicho la Contraloría. Tomaremos medidas para anular la convocatoria, poner a un lado a los responsables (de las irregularidades) hasta que termine la investigación con toda la rigurosidad que le vamos a dar, y vamos a convocar otra licitación”, declaró la noche de ayer el ministro de Agricultura Andrés Alencastre para RPP.

Ministro Alencastre retira a director ejecutivo de Agro Rural Rogelio Huamaní, personaje cercano a Vladimir Cerrón

Lo botan sin darle las gracias. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, dio por concluida hoy la designación de Rogelio Huamaní Carbajal en el cargo de director ejecutivo del Programa Productivo Agrario Rural (Agro Rural), tras anularse la segunda licitación internacional para la compra de fertilizantes.

La resolución suprema que separa al funcionario fue emitida hoy y en la misma -a diferencia de otras resoluciones- no se le agradece a este exfuncionario por su labor.


Su más importante tarea era comprar el fertilizante y lo hizo mal.

Huamaní Carbajal fue designado como director de Agro Rural en octubre de 2021 por el exministro Víctor Maita. El mayor logro del exfuncionario -que tenía la función de comprar urea, la que fue cancelada dos veces- fue su cercanía con el secretario general de Perú Libre y con una condena firme por el delito de corrupción de funcionarios, Vladimir Cerrón.

No solo es militante del partido de gobierno, el exfuncionario también carecería de experiencia en temas agrarios. Intentó ser parlamentario por Perú Libre en la última campaña del 2021. Además, obtuvo el cargo de subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín con solo la formación académica de bachiller en Economía.

En el 2019, ya titulado, asumió como gerente de Desarrollo Económico de la región con Cerrón Rojas como gobernador. Un reportaje de Cuarto Poder dio cuenta que el exfuncionario de Agro Rural cuenta, en el registro del Ministerio Público, con una imputación por los delitos de nombramiento ilegal del cargo público, falsedad ideológica y falsificación documentaria.

Además, de ser objeto de dos investigaciones fiscales en proceso.

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