Por lo visto, el estribillo de la canción de Tongo: “Sufre peruano, sufre”, ha trascendido el ámbito musical para convertirse en un retrato descarnado de la realidad política nacional. En el Perú de hoy, sobrevivir no solo significa ganarse el pan con esfuerzo, sino también resistir el parasitismo institucional de quienes, bajo el disfraz de autoridad, ingresan al aparato estatal con la avidez de quienes solo conocen el verbo “saquear”.

Si bien la corrupción y el clientelismo han sido males endémicos del sistema político peruano, lo que vivimos actualmente es una de sus formas más degradadas. El pacto de supervivencia entre el Ejecutivo y el Legislativo ha dado lugar a un cogobierno cínico, donde los intereses personales y de grupo han desplazado por completo cualquier noción de proyecto país. En el centro de este escenario se encuentra un personaje que parece haber llegado al poder por accidente, pero que se aferra a él con una voracidad y angurria predecible: Dina Boluarte Zegarra.

De vicepresidenta marginal en el gobierno del no menos inclasificable Pedro Castillo, Boluarte Zegarra pasó a ser presidenta de la República por sucesión constitucional, tras la intentona golpista del entonces mandatario. Sin embargo, lejos de convocar a elecciones inmediatas como clamaban las calles, tejió un acuerdo oscuro con el Congreso que hoy la sostiene. Este pacto de conveniencia, sellado el 7 de diciembre de 2022, no buscaba otra cosa que la continuidad: ella en Palacio, ellos en el Parlamento, hasta el 28 de julio de 2026. El objetivo era simple y crudo: quedarse para seguir cobrando, colocando allegados, repartiéndose ministerios, y disfrutando de los privilegios del poder. Como muestra, el botón del aumento presupuestal de 400 millones de soles adicionales al Congreso para el año fiscal 2025, aprobado por el Ejecutivo.

Los socios de este pacto infame son fácilmente identificables. En primer lugar, Alianza para el Progreso (APP), la tienda de César Acuña Peralta, ha sido el pilar más firme del régimen de Boluarte Zegarra. Desde el blindaje político, a ministros cuestionados, hasta el copamiento de prefecturas y cargos en el Estado, APP ha sabido rentabilizar su “lealtad”. Su respaldo fue clave en la aprobación de la Ley 32108, una norma que ha levantado sospechas por favorecer intereses vinculados al crimen organizado. Su rol ha sido más que utilitario: ha sido funcional.

Fuerza Popular, por su parte, continúa con su doble juego. Mientras en los pasillos del Congreso en ‘Pasos Perdidos’ sus voceros en apariencia ofrecen discursos de indignación ante las cámaras, en las votaciones críticas han sido un soporte fundamental para la chalhuanquina Boluarte. La férrea defensa fujimorista en los casos “Rolex” y “cirugías” deja en evidencia su incondicional complicidad. Más que oposición, lo suyo ha sido un teatro político que habitualmente busca despistar.

A esta dañina sociedad se suman Renovación Popular, Somos Perú, Acción Popular y Avanza País, todas bancadas que han otorgado a la presidenta el respaldo necesario en momentos decisivos. En el caso del escándalo por los relojes Rolex, por ejemplo, legisladores como José Cueto argumentaron que investigar a la presidenta era una estrategia para desestabilizar el orden democrático. ¿Qué clase de democracia necesita ser protegida encubriendo la corrupción?

El resultado de este blindaje mutuo ha sido devastador. La impunidad se ha institucionalizado. Las responsabilidades políticas se diluyen entre el ruido parlamentario y la apatía del Ejecutivo. La rendición de cuentas es hoy una pieza de museo. La alianza entre el Legislativo y Boluarte Zegarra ha normalizado el abuso del poder y ha dejado al ciudadano común en la más absoluta orfandad.

Por si fuera poco, se ha activado una peligrosa campaña contra la prensa crítica. En lugar de responder con transparencia, el gobierno ha optado por victimizarse y acusar a los periodistas de “acosadores”, generando un clima hostil contra la libertad de expresión. La criminalización de la labor periodística es una señal inequívoca de deriva autoritaria.

Los números no mienten. El 85% de la población desaprueba la gestión de Boluarte Zegarra, y el 91% rechaza al Congreso. Es un rechazo histórico que debería sacudir cualquier conciencia política, pero que, sin embargo, no ha frenado la ambición de quienes hoy gobiernan. Y es que el sistema está diseñado para olvidar: para que las próximas elecciones borren el pasado y permitan que los mismos personajes de siempre regresen con nuevas promesas, nuevos logos y las mismas mañas.

Por eso, la verdadera pregunta es: ¿permitiremos que estos oscuros socios regresen en 2026? APP, Fuerza Popular, Renovación Popular, Somos Perú y Avanza País no son meros actores del presente: son aspirantes al futuro. Cada uno de sus votos a favor del régimen Boluarte es una advertencia, una prueba de que no representan al pueblo sino a sí mismos.

El Perú merece una política sin parásitos ni cómplices. Y la historia no debe repetirse.

Si tenemos que hablar de la persona menos indicada para salir al frente y reclamar por las muertes de 13 trabajadores de la minera Poderosa es, sin ninguna duda, el actual gobernador regional de la Libertad, César Acuña Peralta. Desde que asumiera en el 1 de enero del 2023, el popular ‘Plata como cancha’ lleva fuera de su gobernación más de 100 días, entre permisos por “motivos personales”, vacaciones porque un gobernador también “tiene derecho a descansar”, y comisiones que lo llevan hasta países tan distantes como China o los Emiratos Árabes.

Durante todos esos días de ausencia, su región vivió protestas, manifestaciones, bloqueos, atentados perpetrados por extorsionadores, detonaciones de torres de alta tensión, asesinatos a mineros, asesinatos y hasta la explosión de una sede del Ministerio Público. A cualquier ciudadano que se le consulte en la calle responderá que el líder y fundador de Alianza para el Progreso (APP) está más preocupado en mantener los lazos políticos que le unen a Dina Boluarte, más que reforzar la seguridad en La Libertad.

Acuña Peralta, desde que fuera nombrado como gobernador en el 2023, lleva más de 103 días alejado de sus funciones: 85 por “temas personales” sin goce de haber, 11 por comisión de servicios y 7 días de vacaciones, según el diario Correo.

En el 2023 dejó el cargo durante 45 días por licencias aprobadas por el Consejo Regional, muchos de ellos partidarios de APP.

El año pasado, los mismos consejeros aprobaron que se ausente en total por 50 días. Entre esos permisos hay que mencionar que se le otorgó para que viaje a China del 4 al 14 de abril por invitación de la empresa Huawei.

Además, a fines de agosto del 2024, utilizó sus 7 días de vacaciones para irse con toda su familia a Chile.

Pero el viaje más indignante fue el que realizó a Dubái, del 11 al 19 de diciembre, nuevamente argumentando que se trataban de “temas personales”.

Esto ha llevado a ser cuestionado en reiteradas ocasiones por sus viajes, abandonando su región a manos de las bandas criminales, acrecentándose las críticas por su nula participación en la región de Pataz, donde ahora pretende hacerse el defensor de los familiares de los mineros asesinados, otorgándoles “donaciones” económicas a título personal; pero eso no fue bien recibido pues más hubiera ayudado que esté desde un principio sentado en su oficina planificando medidas preventivas contra la criminalidad.

Ayer Acuña estuvo presente en Palacio de Gobierno, alzando la voz como si hubiese hecho algo por sus paisanos desde que asumiera en el 2023. Pasará una semana o dos hasta que la gente centre su atención en otra noticia para que el gobernador de La Libertad ya piense en solicitar otro permiso por “motivos personales” para volver a ausentarse.

Un robo oportuno. Entre un abogado y su cliente tiene que existir una relación muy sincera para llevar adelante un caso. Muchas veces, las conversaciones se realizan vía telefónica debido a la recargada agenda de los abogados y en este caso del médico cirujano Mario Cabani, quien el pasado 30 de abril acudió al Ministerio Público para brindar su declaración respecto a las cirugías que se realizó la jefa de Estado Dina Boluarte.

Cinco días después, Alex Starost, abogado de Cabani, denunció ante la comisaría de Monterrico haber sido víctima de un robo cuando se encontraba en la notaría Cuelo. El letrado indica que ese día se encontraba realizando algunos trámites cuando de pronto fue atacado por un sujeto que se encontraba a bordo de una motocicleta. Starost declaró que el delincuente se subió a la vereda y le arranchó violentamente su celular, huyendo rápidamente del lugar.

Resulta sumamente sospechoso que el ladrón solamente se haya enfocado en arrebatarle como sea el celular del abogado de Cabani, sobre todo cuando su cliente hace unos días había confirmado, con lujo de detalles, las intervenciones quirúrgicas de la mandataria, desmintiendo la versión que se trataba de una operación estrictamente de salud. Al contrario, de acuerdo a lo testificado por Cabani, todo se trató de una cuestión meramente estética.

El cirujano también reveló que, tras las intervenciones, Boluarte salió de la clínica con el rostro completamente vendado, incluidos los ojos, y que, por recomendación médica, debía guardar un reposo absoluto de cinco días, seguido de otros cinco días más sin salir de su hogar.

Asimismo, las declaraciones de Cabani calzan con lo dicho por la ex asistente personal de la presidenta, Patricia Muriano, quien estuvo a cargo de sus cuidados post operatorios.

La plata no le alcanza para más “retoquitos”. Mientras 13 trabajadores de la minera Poderosa perdían la vida de manera horripilante nuestra presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte, se relamía los labios al saber que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había realizado un informe para que se le aumente el sueldo hasta en S/35,580.00, casi el doble de lo que recibe como jefa de Estado.

Y es que dicho ministerio encabezado por el economista José Salardi, quien acusara a la prensa de “orquestar” una persecución política contra la mandataria, explicó que Boluarte Zegarra a nivel regional viene percibiendo mucho menos que otros jefes de Estado. Asimismo, desde el MEF se basan en las sugerencias del Fondo Monetario Internacional (FIM), el cual indica que las remuneraciones del sector público deben corresponder al valor del trabajo invertido.

Sin embargo, tal como se viene desempeñando la ‘chalhuanquina’ al contrario se le debería reducir el sueldo ya que no se ven resultados de su trabajo por ningún lado.

Luego que se hiciera pública la terrible muerte de los 13 trabajadores de la minera Poderosa, Boluarte salió 24 horas después a anunciar una serie de medidas en Pataz, mientras tanto el principal sospechoso de la masacre, Miguel Rodríguez Días (alias ‘Cuchillo’), tomaba un vuelo con destino a Colombia. Eso demuestra una vez más que la mandataria hace las cosas de manera improvisada, siempre de manera reaccionaria y de manera tardía. Si le hubiera puesto la debida atención a lo que viene sucediendo desde hace meses en Pataz ya hubiera colocado agentes de inteligencia en la zona, sin embargo, siempre aparece con soluciones populistas al querer decretar toque de queda y militarizar la zona.

Por mucho menos un Congreso (el de los decentes) ha vacado a un presidente. Dina Boluarte no pretende ni quiere cambiar la realidad de los millones de peruanos que día a día afrontan amenazas por extorsiones, siendo asesinados a sangre fría por diez soles o mucho menos. Baleados en la puerta de sus hogares, dentro de sus vehículos, paseando con sus esposas e hijos. Por su operado rostro no hay ni un mínimo atisbo de pena, de remordimiento, de vergüenza.

Desde el Parlamento en repetidas ocasiones se han presentado infinidad de denuncias constitucionales, pero todo queda en nada ya que serían los propios legisladores quienes agachan la cabeza a Boluarte y así permanecer en sus puestos. Recientemente se viene impulsando una moción de censura contra su premier Gustavo Adrianzén, pero nuevamente todo quedará en nada; tienen miedo a perder sus curules, y es que habrían hecho un pacto de no agresión con la presidenta para quedarse todos hasta el 2026.

El informe del MEF, presentado a la PCM el pasado 28 de abril, ahora se encuentra a un solo paso para su aprobación, la cual no sería nada raro que termine por realizarse pese al 3 % de aprobación de Dina Boluarte.

El mismo titular que en marzo afirmó en una entrevista que en cuatro meses el país estaría mejor, ahora se niega responder a los periodistas.  Mientras tanto, la presidenta Dina Boluarte declaró toque de queda en la provincia, anunció la instalación de una base militar y suspendió toda actividad minera para que las Fuerzas Armadas tomen el control en la zona.

El ingreso del ministro al congreso se dio sin ninguna declaración hacia la prensa. En el congreso de Perú se oye con más insistencia la necesidad de una vacancia mientras la mesa directiva del congreso naufraga herida por el caso de la oficina de prácticas. Entretanto, el presidente del congreso se encuentra fuera del país en viaje oficial. La consternación en las calles continúa y en el horizonte solo se prevé un empeoramiento de la situación mientras el gobierno de Perú se duerme ante una acelerada mexicanización de la violencia.

Solo recordar que el 27 de marzo el actual ministro del Interior afirmó a la prensa: “Máximo en cuatro meses el país debe vivir más tranquilo”. Han pasado casi 2 meses y en un solo día tenemos 13 muertos. Si esto es ir a mejor, estamos condenados.

La situación en números 

A nivel nacional se incrementa a 750 los homicidios registrados tras 124 días del año 2025, hasta el 04 de mayo, el cual representa 21% más de lo registrado en el mismo período del año 2024.

En PATAZ (La Libertad) son 445 días en «estado de emergencia» desde el 14/02/2024.

El último DS Nº 030-2025-PCM amplió por 60 días el «estado de emergencia» en PATAZ desde el 10/03/2025 el cual está pronto a terminar. La presidenta decretó toque de queda en Pataz, pero esto parece ser evidentemente insuficiente. Sobre los resultados según informa el analista de datos Juan Carbajal, «no hay documentación oficial pública ni abierta al respecto, tras casi 450 días de «estado de emergencia» en PATAZ».

El mismo investigador señaló hace unos días de un error en el registro de muertes. Cómo menciona:

«Otra vez: Sinadef con registros de homicidios eliminados. Extrañamente, y por segunda vez en el presente mes de abril/2025, se vienen detectando situaciones INUSUALES en los registros de defunciones del SINADEF y sobre todo en los registros de homicidios. El día ayer martes 29 de abril, y con fecha de corte al lunes 28 de abril, el SINADEF informaba de 724 homicidios registrados en el año 2025.

Enero: 204

Febrero: 167

Marzo: 192

Abril: 161

Sin embargo, hoy miércoles 30 de abril, y con fecha de corte al martes 29 de abril, el SINADEF informa de 582 homicidios registrados:

Enero: 204

Febrero: 167

Marzo: 192

Abril: 19 ( -142) ¿📉?

142 registros han sido «ELIMINADOS» del mes de ABRIL/2025 con lo cual si ahora mismo se desea informar desde la web del SINADEF conllevaría a ERRORES e incluso por medio de la descarga de su base de datos la cual está INCORRECTA. Una situación similar ocurrió el jueves 17 de abril, en la que 65 registros de homicidios de FEBRERO/2025 habían sido eliminados, pero al día siguiente el viernes 18 de abril lo corrigieron, pero sin dar explicación alguna.  Esto NO tendría por qué ocurrir, ya que los procesos de descarga de la base de datos de registros de defunciones del SINADEF están AUTOMATIZADOS. En otras ocasiones he observado demora en la publicación de los registros (a veces días o semanas), pero NUNCA había observado ELIMINACIÓN de registros como en estas dos oportunidades del 17/04/2025 y del 30/04/205″.

No obstante, el error se subsanó a las horas, la confusión que genere información incorrecta evidencia un síntoma de que el Estado se muestra o menos operativo o poco transparente.

Más de una semana después de que se reportara la desaparición de 13 trabajadores de la minera Poderosa, el gobierno de Dina Boluarte ha anunciado este mediodía la declaratoria de toque de queda en Pataz, provincia de La Libertad, la misma que regirá desde las 6.00 p.m. hasta las 6.00 a.m.

Asimismo, la mandataria indicó que las Fuerzas Armadas tomarán el “control total” de la zona minera correspondiente a la minera Poderosa, y que se instalará una base militar en la ciudad de Pataz.

«A raíz del acontecimiento de Pataz, como gobierno decidimos en las próximas horas, mientras trabajemos el marco legal, a partir de entonces, se declara el toque de queda en todo el distrito de Pataz desde las 6.00 p. m. hasta las 6.00 a. m. Las Fuerzas Armadas tomarán el control total en la zona de la minera Poderosa«, dijo la presidenta.

Por otra parte, Boluarte Zegarra también anunció la suspensión de la actividad minera en la provincia de Pataz por un plazo de 30 días, sin embargo, no anunció a partir de qué fecha se haría vigente tal disposición.   

«Se suspenderá toda actividad minera en la provincia de Pataz por 30 días prorrogables para facilitar la instalación de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Durante este plazo se va a proceder de la exclusión de todos los Reinfo en condición de suspendidos», aseveró.

Congresistas quieren la salida inmediata del premier Adrianzén

En tanto, desde el Palacio Legislativo, parlamentarios de diversas bancadas vienen recolectando firmas para presentar una moción de censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. El motivo de su salida, señalan los legisladores, se debe a su manifiesta incapacidad para hacer frente a la ola criminal que viene azotando al país.

Uno de los congresistas que se encuentran a favor de la salida de Adrianzén es el representante de la bancada de Honor y Democracia, Jorge Montoya, quien no ve con buenos ojos su permanencia un minuto más en el Gabinete Ministerial.

«Él, como primer ministro, es el responsable directo de lo que está sucediendo en los diferentes sectores que involucran este tema. [El ministro del Interior] también», manifestó Montoya, cuya bancada sumaría las firmas de sus cinco integrantes en la moción contra el jefe del gabinete.

El dato:

Para presentar formalmente una moción de censura se requieren al menos 33 firmas de los parlamentarios. Hasta el momento ya van 20 los que exigen su salida.

Este es un gobierno macabro, cuyos ministros liderados por Adrianzén asumieron con una frialdad calculada los casos en Pataz, revelando así su verdadero rostro que vive a años luz de la realidad de la inseguridad y el terror en el que vivimos en Perú.

Las víctimas del terrorismo en Pataz desaparecieron el 25 de abril, pero hasta hace pocos días tanto el primer ministro Adrianzén como la Policía ponían en duda que se tratara realmente de un secuestro. Este domingo, todas las suspicacias quedaron borradas con una imagen devastadora: trece cuerpos sin vida, desnudos y atados, hallados en lo profundo de un socavón en la localidad de Pataz, región La Libertad. Asesinados y expuestos en redes sociales como si los terroristas no le tuvieran miedo al Estado, representan un escenario que no admite negaciones ni minimizaciones. Es, en sí mismo, el retrato del fracaso estatal frente a la desolación.

¿Cuántos cadáveres necesitan para llamarlo «terrorismo»? ¿Acaso asumimos pasivamente que el terrorismo tome más terreno?

Lo que ocurre en Pataz no es distinto al terrorismo que asoló nuestro país en décadas pasadas. Pero mientras a Sendero Luminoso lo llamábamos por su nombre —terrorismo/ terroristas —, a estas bandas criminales las denominan: «Minería ilegal», «delincuencia organizada». Palabras que diluyen el horror. Esto también es terrorismo: el sistemático uso del miedo y la violencia para controlar un territorio y sus recursos. La única diferencia es que ahora el móvil no es ideológico sino económico. Pero las tumbas son iguales, las lágrimas tienen el mismo sabor, y el Estado sigue repitiendo los errores del pasado: negar, minimizar, reaccionar tarde.

La minimización de la tragedia de Pataz no es un error de comunicación. Es una estrategia deliberada de un gabinete que prefiere maquillar la realidad antes que afrontarla con valentía. Un gabinete que teme más a las estadísticas negativas que a las vidas perdidas en los socavones o las calles olvidadas del Perú.

¿Hay mayor insulto para las familias de las víctimas que escuchar al Ministro del Interior, en poses electorales, hablar de su supuesta entrega al país o reducirlos a estos terroristas al eufemismo de “delincuencia organizada”?

La metáfora es perfecta: el gabinete ministerial es como ese médico que diagnostica un resfriado al paciente que se desangra. Minimiza los síntomas, receta paracetamol y se indigna cuando le reclaman por la muerte que no supo prever.

Los tres ministros —Primer Ministro, Defensa e Interior— comparten una característica: ninguno ha dormido una sola noche en Pataz. Ninguno ha escuchado los disparos que interrumpen el sueño de familias enteras. Ninguno ha tenido que pagar cupos para poder trabajar. Desde sus torres de marfil, la violencia es una estadística; desde Pataz, es el pan de cada día.

REINFO es solo una pieza del rompecabezas. Mientras este mecanismo permite blanquear oro manchado de sangre, son los ministros quienes, con su inacción y minimización, otorgan la verdadera licencia para matar.

El Primer Ministro está obligado a explicarle personalmente a los huérfanos de Pataz, por qué su inacción cómplice. Esta no es solo la historia de un gabinete inepto. Es el reflejo de una clase política que ha normalizado la muerte en ciertas regiones del país, como si existieran zonas donde la vida vale menos.

Las consecuencias están a la vista. Un Estado ausente. Unos ministros que minimizan. Un REINFO que legaliza lo ilegal. Y Pataz que sigue sangrando mientras Lima sigue ignorando.

Las familias de Pataz no necesitan más conferencias de prensa. Necesitan ministros que dejen de minimizar y empiecen a maximizar la protección de sus derechos fundamentales. Renuncia o censura: señores congresistas, está en sus manos cambiar el rumbo.

Sostener la continuidad de este gabinete es asumir que el abandono y la indiferencia no son solo errores: es cederle paso al terrorismo, entregarle el país a la barbarie y condenar a regiones enteras al olvido y la muerte.

Una sola onza de oro (28,350 gramos aprox.) en el mercado internacional puede valer alrededor de 3,500 dólares americanos, y según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE) la minería ilegal exportó más de 90 toneladas solo el año pasado, cifra superior en un 20 % a la del 2023 y que de acuerdo a la tendencia se incrementaría una vez más este 2025. Un negocio sumamente lucrativo por donde se le mire, sobre todo cuando se considera que está libre de impuestos. Sin embargo, para que ese codicioso mineral salga, muchas de esas organizaciones habrían tenido conversaciones con algunas cabezas del Estado, entre comisarios, alcaldes, gobernadores, comandantes, y hasta quien sabe la propia mandataria también estaría al tanto de las oscuras movidas.

Los primeros en beneficiarse obviamente son los líderes de esas organizaciones criminales, llevándose millones de dólares a sus bolsillos, los cuales posteriormente son utilizados para la adquisición de armamento de última generación, granadas, chalecos antibalas, camionetas, mercenarios y equipamiento de rastreo. Pero ellos no pueden trabajar a sus anchas sin que previamente se haya conversado con alguna autoridad, ofreciéndoles una jugosa ‘tajada del pastel’. Y no nos referimos a pequeños sobres manila, sino que se trataría de verdaderos fajos de billetes manchados con sangre, pues todos se preguntan hasta el momento qué de distinto se encuentra en Pataz al declarársele en estado de emergencia.

Para tener una figura más clara y contundente de la gran cantidad de dinero que se puede obtener del oro extraído de manera ilegal, eso representa al 2,8 % del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú. Una cifra que bien podría ser utilizada para atender a miles de peruanos que viven en extrema pobreza.

Pero no solo gobernadores, alcaldes o comisarios estarían involucrados en darles ‘carta blanca’ a los mineros ilegales, sino que desde el propio Parlamento también se moverían oscuros hilos para permitir que las masacres no terminen.

El REINFO, la puerta giratoria para la minería ilegal

Resultó clave para los mineros informales la extensión hasta el 30 de junio de este año del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) pues eso les permitía seguir operando en el norte del país con la venia nada menos del Estado.

Cabe mencionar que el REINFO se creó para darle una alternativa a aquellos mineros informales para que regularicen su situación, sin embargo, en muchas ocasiones esos mineros informales no tienen la más mínima intención de formalizarse, significando que continuarán operando al margen de la ley.

El 29 de noviembre del año pasado, el Congreso de la República sesionó para debatir sobre la extensión o no del REINFO, observándose al final de la votación a bancadas enteras a favor de la extensión.

Estas bancadas fueron: Acción Popular (10 a favor); Alianza para el Progreso, del gobernador de La Libertad César Acuña (8 a favor, 1 en contra); Avanza País (7 a favor, 1 en contra); Bloque Magisterial (6 a favor, 1 en contra); Fuerza Popular, de Keiko Fujimori (20 a favor, 1 abstención); Perú Libre, del supuesto “perseguido político” Vladimir Cerrón (6 a favor, 5 en contra y 2 abstenciones); Renovación Popular, del impasable alcalde de Lima Rafael López Aliaga (8 a favor); Podemos Perú (7 a favor, 1 en contra); Somos Perú (4 a favor, 1 en contra); Bancada Socialista (3 a favor, 2 en contra); Honor y Democracia (1 a favor, 4 en contra y 1 abstención); Bloque Democrático Popular (1 a favor, 4 en contra); Cambio Democrático –JPP (2 en contra, 3 abstenciones); y finalmente los No Agrupados (6 a favor, 2 en contra).

Habría que indagar si una parte de ese dinero obtenido de manera ilegal por el oro fue a parar a alguna de esas manos.