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Política

Fiscal Tomás Gálvez: “Yo le decía Cesítar porque éramos amigos”

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El Fiscal Tomás Gálvez y miembro de la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público se encuentra investigado por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, cohecho activo y pasivo, tráfico de influencias y organización criminal. Mientras tanto, la Junta Nacional de Justicia, tampoco ha dado un pronunciamiento claro sobre los procesos disciplinarios que tienen pendientes contra fiscales y jueces supremos.

Mientras tanto, Tomás Gálvez acaba de denunciar ante el presidente del Congreso, al Fiscal Supremo Pablo Sánchez por los delitos penales: Encubrimiento personal agravado, Encubrimiento real, Abuso de autoridad, Patrocinio ilegal, Colusión agravada, Usurpación de funciones, Revelación indebida de identidad agravada y Falsedad ideológica. Así como una denuncia por infracción constitucional por violar el artículo 39° de la Constitución Política del Perú.  

Tomás Aladino Gálvez Villegas en esta entrevista nos cuenta aspectos sobre las investigaciones del Equipo Especial Lava Jato y sobre su rivalidad con el fiscal Pablo Sánchez.

En principio, esto es como una guerra entre usted y el Fiscal Pablo Sánchez, porque primero él lo denunció a usted por su presunto vínculo con la organización criminal los Cuellos Blancos del Puerto, y ahora usted acaba de interponer una denuncia contra él ¿A qué se debe esta guerra entre ustedes que son Fiscales Supremos?

Para empezar, no se trata de ninguna guerra. Cuando tú conoces de la comisión de un delito estás en la obligación de denunciarlo, y si no lo haces en tu condición de fiscal, estás incurriendo en omisión de denuncia, o en infracción de tus deberes. Y no es que esté en una guerra con Pablo Sánchez y lo haga ahora. Desde que conocí el contenido del acuerdo que se expresó, o que se determinó en la sentencia, porque el acuerdo no lo han soltado nunca porque hasta ahora lo han mantenido en absoluto secreto; desde ese momento yo dije que estos señores Vela y Pérez estaban protegiendo y encubriendo a la empresa Odebrecht. No es que yo lo diga desde ahora y no es que haya levantado una guerra.

Si no es una guerra, ¿Entonces qué es?

En primer lugar, yo solicité a la Junta de Fiscales Supremos que los citen para que expliquen ese contenido irregular y delicado del acuerdo, pero Pablo Sánchez dijo que no y luego ellos salieron a despotricar contra mi persona. Todo quedó en nada por la protección de Pablo Sánchez; entonces no es que ahora yo esté haciendo una guerra, todo lo contrario, estoy denunciando un hecho que en ese momento dije que lo iba a denunciar, pero ante quién lo iba a denunciar, ¿Lo iba denunciar ante la Fiscal de la Nación que prácticamente está en dúo con Pablo? Imposible. Tenía que esperar ciertamente que se constituya la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para interponer la denuncia, y como ya está constituida, por eso es que he interpuesto la denuncia. Punto.

En ese sentido, cuando usted criticaba la labor del Equipo Especial Lava Jato su tesis consistía en que ellos no se estaban enfocando en un tema de fondo; es decir, usted decía que sus investigaciones la basaban en aspectos accesorios e irrelevantes, y no en los temas de fondo, como por ejemplo, los delitos ligados al Gasoducto Sur peruano.

Pero precisamente… mira. Se supone que estaban celebrando un acuerdo de colaboración eficaz. Y  en ese acuerdo de colaboración eficaz para ponernos de acuerdo, tú me das las pruebas que sean útiles, veraces y oportunas, y yo evalúo las pruebas que me das, y te concedo los beneficios, muy bien. Pero a los jefes, dirigentes y a los que han hecho daño, en este caso de la empresa Odebrecht, no les podían dar la excepción de pena, porque la ley lo prohíbe. Entonces, tendría que esperar la prueba para yo darte luego el beneficio. Y qué hicieron estos señores: les dieron todos los beneficios, inclusive los que estaban prohibidos sin que la empresa entregara las pruebas porque solo se comprometieron a entregarlas en el futuro. Por eso es que han ido viajando constantemente para que les entreguen las pruebas que hasta ahora no lo han hecho. Entonces, celebraron el acuerdo de colaboración a pesar de que la empresa ocultó las pruebas de todos los hechos importantes. Y en esas condiciones cómo te voy a dar el beneficio, si eso es elemental.

Fiscal Tomás Gálvez y Fiscal Provincial José Domingo Pérez.

Y según usted ¿Por qué hicieron eso?

Todo tiene una razón. Si no entregaban las pruebas, entonces ¿por qué les concedieron los beneficios y por qué cerraron el acuerdo? porque la empresa Odebrecht necesitaba que le entreguen los 5 mil millones de la venta de la Central Hidroeléctrica Chaglla. Para eso celebraron el acuerdo, solo para entregar el dinero, y no porque les entregaron las pruebas, o porque estaban investigando, ni porque la empresa estaba colaborando. Porque la empresa no ha colaborado en lo absoluto, y cómo le vas a conceder los beneficios.

Usted está diciendo que ¿el Equipo Especial ha jugado mal?

Esos señores distorsionaron la investigación, como tú más o menos has dicho…

Yo no he dicho eso, yo solo le pregunto

Pero mira pues, ¿qué se tenía que investigar en este caso? Se tenía que investigar los grandes actos de colusión y los sobornos realizados en la adjudicación de los megaproyectos, Gasoducto Sur Peruano, Chaglla, Chavimochic, H2Olmos, etc. Allí en esas obras con presupuestos bien inflados y sobrevalorados, ahí se tenía que investigar qué funcionarios participaron, cuánto de coima hubo, dónde estaba la plata, y sobre todo, quiénes de esas empresas participaron. Ese era el cuerpo de la investigación, no otra cosa. Pero ellos dejaron de lado la esencia de la investigación y se pusieron a investigar otra cosa, que les den datos sobre financiamientos de campañas electorales.

Pero no está mal descubrir esos delitos

Eso no era delito. Ahora ya es delito, pero no en ese momento. Yo no sé si te acuerdas que en agosto del año pasado recien el Congreso sacó una ley considerando como delito al financiamiento de campaña.

Pero igual, si… (Interrupción)

Entonces qué significa: que la información que les dan sobre ese financiamiento es una información de casos irrelevantes, porque no es delito y eso ni siquiera es competencia de la Fiscalía.

Entiendo cuando usted argumenta desde su posición jurídica como Fiscal, que el lavado de activos para que sea delito tendría que comprobarse que la procedencia del dinero sea ilícita, pero…

Pero todavía no hemos hablado de lavado de activos. Yo te hablo de financiamiento de campañas electorales y en el momento que esta gente entregó dinero, como han entregado los del Banco de Crédito, y el grupo Gloria, etc., todos ellos entonces estarían presos pues, si sería delito. 

No seamos incautos, eso es inmoral.

Pero no era delito y eso es irrelevante desde la perspectiva penal. Ahora, desde la perspectiva tributaria, y desde Contraloría, eso podrán investigarlo. Incluso desde la perspectiva moral podemos condenar esos actos inmorales, pero la Fiscalía no investiga actos inmorales, no investiga actos de honestidad, sino, investiga delitos. Y esos eran hechos, no eran delitos.

¿Y acaso el cohecho no es un delito?

Pero estoy hablando de financiamiento de campaña, ¿por qué me cambias a cohecho?

Porque el financiamiento de campaña se ofrece como una condición de promesa para que luego haya una retribución del funcionario público, y eso es lo que hubo después.  

Es como si yo te diga: si mañana tengo un hijo, pasado mañana voy a tener una nuera, después voy a tener unos nietos…

De todas maneras, son actos de corrupción

Es que el hecho tiene que producirse ahora, la ley lo establece categóricamente. Yo te tendría que dar el dinero en un proceso o en un contrato, o como un acto preparatorio para que después me des las obras. Pero acá no se ha demostrado que se dieron las obras, o que se intentó dar las obras; es más, creo que muchos de ellos ni siquiera han sido gobierno. A ver si eso es delito entonces ¿por qué no está presa Lourdes Flores?

Le repito, es corrupción.

Desde la perspectiva general, digamos, cuando nosotros decimos que las cosas tienen que ser limpias, podríamos decir que es corrupción, pero no es un delito. ¿Qué cosa es un delito? es un hecho que está descrito expresamente en la norma como delito.

Sé perfectamente que todo lo que está tipificado en el instrumento legal del Código Penal es delito, pero ¿qué me dice de Susana Villarán y Luis Castañeda que están con arresto domiciliario?

Tenemos que razonar lógicamente, porque Villarán era gobierno local y le entregaron plata, porque le financiaron la campaña, o mejor dicho, le entregaron 3 millones de dólares para su campaña, que es distinto, para que entregue las obras y por eso entregó Rutas de Lima, eso es categórico. Pero eso es colusión, porque el funcionario está en el cargo, y a cambio de entregarle la obra, creo que en el caso de Villarán al principio la concesión era para 30 años, y luego la aumentó a 40 años y le infló el presupuesto al triple, porque para eso recibió la plata. Eso es un proceso concreto por eso es corrupción, claro que sí, es soborno.

Con respecto al aparato fiscal ¿Usted cree que Pablo Sánchez tiene mucha influencia, e iría por encima de la doctora Zoraida Ávalos en las decisiones del Ministerio Público?

El problema es que Pablo Sánchez ha realizado actos concretos que significan actos de corrupción, como el caso de su hijo que lo hizo ingresar al JNE, y a su otro hijo que lo metió a la Procuraduría del Ministerio de Justicia, y luego ese hijo en contraprestación hizo que a otra persona la promuevan a la Fiscalía. Eso está comprobado, no sé si viste en un reportaje donde su hijo dice: “Mi papá me preguntó si quería trabajar… y me dijo, ya anda a trabajar allá”.

¿Estamos hablando de Patrocinio ilegal?

Sí, es Patrocinio ilegal conforme al Código. Y ese mismo hecho es el que ha considerado la justicia española para admitir la extradición de Hinostroza Pariachi. A él lo están extraditando porque consideran que es un delito grave por haber recomendado a una persona para que ingrese a trabajar en una entidad como Tráfico de influencias y como Patrocinio ilegal; es tan grave que a Hinostroza hasta la extradición están dándole por eso. Y yo he denunciado ese hecho concreto contra Pablo Sánchez, y no es que esté pensando que tiene mucho poder.  

Hablemos de Los Cuellos Blancos del Puerto

Yo sé que muchos periodistas están condicionados porque creen que yo particularmente soy un Cuello Blanco, y no. Yo no tengo que ver absolutamente nada con eso.

Entiendo que tenga argumentos legales para discutir los temas, pero generalmente usted choca con la prensa cuando le entrevistan

Pero qué quieres que haga cuando la gente no entiende temas legales.

Pero tampoco puede desestimar las opiniones de los periodistas

Pero dime cuál pues.

Fiscal Tomás Galvez. Foto: Diario Correo.

Hablo de que usted no es un Fiscal muy popular que digamos

Y eso qué tiene que ver. No me cambies de tema, yo soy profesor de metodología y me desespera cuando la gente se pierde en el camino. Vamos a suponer que yo no soy popular y eso qué tiene que ver con la naturaleza de los hechos que estoy denunciando. No tienes que criticarme a mí, y si quieres defenderlos a ellos, entonces defiende los hechos que te estoy diciendo. 

Aquí no se trata de defenderlo a usted, ni al Fiscal Pablo Sánchez con los fiscales del Equipo Especial.  Aquí se trata de que usted tenga tolerancia.

Mira, hemos estado hablando de esas cosas y no hemos sacado una conclusión sobre los hechos. Y me sacas conclusiones: que yo no soy un Fiscal popular, entonces estás dando un salto que se llama falacia…

¿Cómo ve a la nueva Junta Nacional de Justicia?

Yo tenía mucha esperanza porque Aldo Vásquez Ríos ha sido mi profesor; el otro señor Henry Ávila también es un profesor universitario con quien hemos coincidido en distintos lugares muy importantes; la doctora María Zavala… hemos sido colegas como Vocales Superiores; y la doctora Inés Tello una persona muy ecuánime, y al resto no los conozco, así que de ellos no hablo ni a favor, ni en contra. Pero con esos cuatro yo tenía mucha esperanza, porque ellos son juristas y son gente bien formada, y dije: no voy a tener ningún problema para que ellos entiendan que yo no tengo nada que ver. Pero de arranque me abren un procedimiento inmediato que es contrario a la ley y a la Constitución. Y a Pablo Sánchez y a San Martín que claramente han realizado hechos que son materia de investigación, ni los mencionan. Y a mí que no tengo absolutamente nada que ver, me abren un procedimiento inmediato para que de una vez con un informe dicten la resolución y me destituyan.

¿Cree que hay una falta de motivación en ese procedimiento?

Por eso yo dije que los voy a denunciar, porque ellos han cometido infracciones constitucionales y delitos de discriminación, porque cuando tú das un trato desigual contra una persona… y a mí me han discriminado, porque a otros por hechos más graves ni los comprenden en una investigación. Y a mí por haber hecho algo lícito me incluyen.

Entonces ¿Hubiera preferido una investigación preliminar?

Claro. Yo no me opongo a que me investiguen. Es que ahí hay una consigna, y además hay mucha gente de la Junta que han motivado a favor del Acuerdo y tienen fotos con Odebrecht y todo eso.

Ahora habla que lo han discriminado, pero se olvida de las respuestas discriminadoras que dio a dos periodistas mujeres

Así como estoy conversando contigo en voz alta y con firmeza, así he conversado con ellas, y por eso dicen que las he discriminado. ¿En qué las he discriminado?

Usted le dijo a Carla Harada: “Mujer qué… hablo quechua… no me estás entendiendo” ¿Acaso ya no se acuerda?

¿Así les he dicho? Yo solo les he dicho que no entienden.

Pero hay que tener respeto

Lo que pasa es que yo soy directo, y quizás soy imprudente en eso. Mira a ellas, que no entendían les dije: ¿estoy hablando quechua que no me entienden? Eso he dicho; en dónde discrimino.

También ha admitido que es amigo personal de César Hinostroza Pariachi

Desde siempre, porque nos encontramos en la Academia y hemos juramentado juntos y nos hemos hecho amigos. Nos hemos comunicado por cuestiones de amistad y por cuestiones funcionales ¿Cuál es el problema? Y si partes de ahí, por el hecho que sea mi amigo, qué tiene que ver; yo nunca lo he negado porque es una realidad. Yo nunca niego ni a mis amigos ni a los hechos. Lo que he hecho pongo el pecho, lo que me calumnian, me defiendo con firmeza. Punto. 

Pero en uno de sus audios con Hinostroza Pariachi se escucha que usted le está pidiendo un favor para un amigo

Pero claro… si tú eres mi amigo y me pides un favor porque estás en problemas y yo pido un favor a otro, claro que sí. Mientras el favor que pido no sea ilícito, ¿cuál es el problema?

Que ese favor que usted pedía era para el fiscal Walter delgado

El fiscal Walter Delgado es mi amigo. Yo he sido su profesor, prácticamente he sido su padrino… es casi como mi hijo; entonces, él estaba en una situación de depresión, grave, por unos problemas familiares que no puedo decirlo, y ya estaba al borde de la locura. Hinostroza ya había hablado con Walter porque eran amigos también, porque había sido su profesor y ya le había levantado la moral.

Eso parecía un favorcito para ayudarlo en un litigio familiar contra su esposa

Claro que era un favor, como que tú me puedes pedir un favor, o como que yo te puedo pedir un favor; pero el favor que te pido no es ilícito. No hemos hablado en ningún momento del litigio, porque el litigio estaba resuelto a favor de Walter. Primera vez que hablo de esto y ojalá que lo publiques. Cuando yo llamo a Hinostroza, el caso de Walter estaba resuelto. Entonces ¿para qué voy a llamar para que interceda Hinostroza por un caso resuelto; y acaso Hinostroza tenía el caso? Ahora, si yo hubiese llamado a Hinostroza, y él tenía el caso; ahí si me puedes decir.

Pero es un Vocal Supremo pues, tampoco seamos ingenuos

Y yo soy Fiscal Supremo. Y a quién le voy a pedir yo… a quién le voy a ordenar.

Mientras, Hinostroza Pariachi le decía a usted Tomasito

Está bien pues. Y yo le decía Cesítar porque éramos amigos. ¿Qué pasa contigo?

Para finalizar, ante las denuncias se está pidiendo que usted debe renunciar como Fiscal Supremo ¿Qué tiene que responder?

Yo si quiero renuncio… y sino no ¿cuál es el problema? Si no he hecho absolutamente nada como para renunciar, sino, que me digan qué he hecho, a ver. Dame por lo menos el beneficio de la duda. Sino, que como Pablo Sánchez hace la cortina de humo para tener el espacio adecuado para encubrir a Odebrecht, lo hizo bacán pues, y como las fiscales del Callao dependen de Pablo, porque él la nombró a Sandra Castro, porque ha sido su alumna y todo eso… y le obedece. Acuérdate que mi oficina está al frente de la de él, y todas las veces que venían las fiscales a hablar con Pablo, yo lo sabía pues.  

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Luis Felipe Alpaca es egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas y estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza; asimismo estudió en la Escuela de Escritura Creativa del CCPUCP, y tiene un Diplomado de Especialista en Derecho Comercial por la Escuela Superior de Negocios. Ha sido Editor de Cultura del Diario 16, y actualmente es Editor General del Grupo Editorial Lima Gris, y es conductor del programa radial Lima Gris Radio por La estación Planicie 91.5 de la FM. Como gestor cultural ha organizado y curado exposiciones de arte y eventos ligados a los derechos culturales. Asimismo es corrector de estilo, y ha escrito más de 400 artículos relacionados a cultura, actualidad y política. Como activista social ha sido miembro de la Red del Patrimonio Cultural con el afán de defender patrimonios inmateriales y materiales como el desaparecido Palais Concert, y el Complejo Arqueológico Puruchuco. Actualmente es miembro del Colectivo Antropoceno Identidad, y ha recorrido distintas regiones del país para brindar apoyo, encuentros y conferencias en universidades con temas relacionados al arte ancestral y la cultura originaria.

Política

El Congreso avanza hacia la inhabilitación de Betssy Chávez

El peso de la responsabilidad por intentar quebrar el orden constitucional. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe que recomienda inhabilitar por 10 años a la exprimera ministra Betssy Chávez.

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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por la legisladora de APP María Acuña Peralta, aprobó el informe que recomienda la inhabilitación por diez años para toda función pública de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino. Señalada como una de las figuras clave detrás del intento de golpe de Estado encabezado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, Chávez enfrenta ahora una de las sanciones políticas más severas previstas por la Constitución.

El proceso avanza con rapidez. La exministra no presentó defensa ante la subcomisión, ni de forma personal ni mediante un abogado, lo que facilitó el trámite y dejó su situación aún más comprometida. Esta ausencia levanta preguntas sobre su estrategia legal, pero también refuerza la percepción de una falta de interés por enfrentar las consecuencias institucionales de sus actos.

Actualmente detenida mientras avanza el proceso penal en su contra, Chávez Chino ha quedado políticamente aislada. Aunque tendrá la oportunidad de ejercer su defensa ante la Comisión Permanente y ante el pleno del Congreso, el camino hacia la inhabilitación parece cada vez más inevitable.

Betssy Chávez permanecerá presa en el Penal Anexo de Mujeres, hasta marzo del 2026.

Más allá de la figura de Betssy Chávez, este caso marca un punto de inflexión en la respuesta del sistema político frente a intentos de quebrar el orden democrático. Sin embargo, también se exige autocrítica del Congreso: no debe confundirse justicia con revancha política. La transparencia y el respeto al debido proceso son cruciales para que la sanción tenga legitimidad, y no se perciba como una simple maniobra punitiva.

El informe aprobado es parte de un paquete de acciones contra exfuncionarios vinculados al intento de disolver el Congreso. Pero el castigo político debe estar acompañado de una reflexión institucional más profunda: cómo evitar que quienes llegan al poder, como Pedro Castillo o sus principales aliados, vuelvan a intentar socavar la democracia desde dentro.

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Política

Polémico ‘proyecto de ley’ busca devolver brevetes a conductores ebrios

¿Segunda oportunidad o riesgo público? En Perú, conducir en estado de ebriedad es incurrir en delito de ‘peligro común’. El artículo 274° del Código Penal sanciona esta conducta con prisión, e inhabilitación, subrayando la gravedad de manejar bajo efectos del alcohol o drogas.

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El congresista Jorge Flores Ancachi, ahora legislador ‘no agrupado’ tras su salida de Podemos Perú, ha reactivado la polémica con su proyecto de ley 11781/2024-CR, conocido informalmente como la “Ley del borrachito”. La iniciativa propone permitir que conductores sancionados por manejar en estado de ebriedad puedan recuperar su licencia de conducir, siempre que no hayan causado muertes, ni daños permanentes.

Proyecto de Ley 11781/2024-CR presentado por Jorge Flores Ancachi.

La propuesta contempla una amnistía parcial hasta el 31 de diciembre de 2025, permitiendo a los infractores —previo pago de una multa con descuento del 80% y la aprobación de un curso de capacitación— volver a conducir legalmente. Según Flores Ancachi, no se trata de fomentar la impunidad, sino de reconocer la posibilidad de rehabilitación y evitar sanciones “eternas” para quienes desean reinsertarse laboralmente.

Miles de conductores inhabilitados por conducir en estado de ebriedad han mostrado respaldo a la medida, argumentando que están arrepentidos, necesitan trabajar y que han sido castigados por años. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se opone con firmeza, señalando que el proyecto representa un serio retroceso en la lucha por la seguridad vial.

El debate pone sobre la mesa una tensión legítima: ¿puede una sociedad negar toda posibilidad de reinserción a un infractor que no causó daños irreparables? Pero también es necesario recordar que conducir ebrio no es un simple error: es una conducta peligrosa con potencial letal, porque es considerado un delito.

Conducir bajo influencia del alcohol es delito

 Como se recuerda, conducir en estado de ebriedad en Perú constituye el delito de peligro común. El artículo 274° del Código Penal «Conducción en estado de ebriedad o drogadicción», establece que manejar bajo la influencia del alcohol o drogas es un delito, y se sanciona con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años, o con prestación de servicios comunitarios, además de la inhabilitación para conducir.

El proyecto de ley, aunque bien acertado para algunos, corre el riesgo de normalizar una falta grave y un presunto delito. Las segundas oportunidades son valiosas, pero deben estar siempre subordinadas a la responsabilidad, la prevención y el bien común.

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economía

Presentan PL para que el Banco de la Nación pueda comprar y vender oro de la minería artesanal

Iniciativa presentada por el congresista Jorge Montoya busca modificar la Ley 16000 para incrementar las funciones del banco.

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Arroz con mango. Pretender dotar atribuciones que no corresponden a determinada institución es como forzar a los abogados que operen a un herido, o que un ingeniero se dedique a cosechar papas; es decir, cargarles con atribuciones que no van con la naturaleza de su oficio.

A propósito de ese desbarajuste, la Comisión de Economía del Congreso de la República viene evaluando el Proyecto de Ley (PL) n. 8491 para que el Banco de la Nación (BN) pueda comprar, vender, exportar y comercializar oro proveniente de la minería artesanal y de pequeña escala.

La iniciativa ha sido presentada por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) y propone la modificatoria de los artículos 2 y 6 de la Ley 16000, la misma que regula las funciones del banco estatal.

En el mencionado PL se estipula además que la entidad deberá implementar tecnología y procedimientos para asegurar la trazabilidad, calidad y exportación de los minerales, todo ello respetando normas ambientales, tributarias y de prevención de lavado de activos.

Según el texto, el Ejecutivo tendría un plazo de 90 días para aprobar la reglamentación necesaria, en caso se apruebe la ley. El financiamiento, según se indica, se haría con cargo al presupuesto institucional del banco y sin recurrir a recursos adicionales del Tesoro Público.

Cabe precisar que uno de los argumentos principales de la propuesta es que gran parte del oro producido por la minería artesanal no es trazado ni declarado formalmente, lo que facilita su desvío hacia canales ilegales. El proyecto también afirma que países como Bolivia y Tanzania han implementado esquemas similares con resultados positivos, aunque no ofrece mayores detalles al respecto.

Congresista Montoya, impulsor del PL ante la Comisión de Economía. Foto: Andina.

La postura del Banco de la Nación

En tanto, el BN envió un informe donde advirtió sobre los riesgos de aprobar el PL que propone ampliar las facultades operativas de la entidad para permitirle participar en la compra, venta y exportación de oro y minerales. Según el documento, el Banco no cuenta con experiencia en estas actividades, ya que su labor está orientada a brindar servicios financieros a entidades públicas, instituciones del sistema financiero y trabajadores del sector público, conforme a lo establecido en su Estatuto.

En adición, se señaló que habilitarlo para operar en el comercio de minerales podría generar resultados negativos debido a la falta de recursos y conocimientos técnicos, afectando incluso su desempeño actual en la prestación de servicios bancarios. Por estas razones, la Gerencia Legal no recomienda la aprobación de la iniciativa legislativa.

Por su parte, ADEX señaló que existe un alto riesgo de que la compra de oro sin conocer la procedencia de este pueda involucrar metales de origen ilegal e informal, significaría blanquear activos ilegales, con lo cual se estaría incentivando aún más la ilegalidad e informalidad del sector al monetizar el oro.

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Política

Demora histórica: Gobierno anuncia financiamiento para cinco nuevos penales

El Ministerio de Economía firmó un acuerdo con CAF por USD 800 millones para mejorar el sistema penitenciario, pero persisten dudas sobre si los nuevos penales se construirán con eficiencia o volverán a demorarse por años, como ha ocurrido antes.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concretó un préstamo de US$ 800 millones con CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, destinado a financiar la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios en el país. La operación fue anunciada el 29 de junio durante la 185ª reunión del directorio de la CAF en Sevilla, España, y forma parte de un ambicioso programa liderado por el Ministerio de Justicia.

Aunque la inversión —que asciende a US$ 1,000 millones, sumando un aporte estatal de US$ 200 millones— representa un avance importante, la medida también pone en evidencia una histórica desatención del Estado en materia de infraestructura penitenciaria. Durante décadas, los centros de reclusión en el Perú han operado por encima de su capacidad, con niveles de hacinamiento que superan el 130%, sin que se hayan desarrollado políticas sostenidas para resolver el problema de fondo.

El nuevo plan contempla cinco penales, entre ellos el de Colquepata (Cusco), con capacidad para 2,500 internos, y el de Huacho (Lima), que será el más grande del país con capacidad para 16,000 personas privadas de libertad. Otros tres establecimientos se construirán en regiones aún no detalladas, sumando espacio para unos 10,000 internos adicionales.

La reforma apunta a cerrar brechas, garantizar derechos y contribuir a la reinserción social. Sin embargo, el éxito del programa dependerá no solo de la inversión, sino también de una ejecución eficiente que supere los retrasos estructurales que históricamente han postergado al sistema penitenciario peruano.

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Política

JPP le cierra las puertas a Antauro Humala y solo confirma alianza con Pedro Castillo

Roberto Sánchez, presidente de JPP, negó cualquier tipo de acercamiento con líder etnocacerista.

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Lo mandaron bien lejos. Luego que el líder etnocacerista, Antauro Humala, gritara a los cuatro vientos que iba a formar una alianza con el partido Juntos por el Perú (JPP) y el ex presidente Pedro Castillo. “Esta coalición es un bloque nuevo y aquí estoy dando la primicia, la presentación de un bloque nacionalista”, mencionó en hace poco de una semana Humala Tasso.

Ahora, el propio presidente de JPP, Roberto Sánchez, salió a aclarar que en realidad solo existe un pacto con el expresidente Castillo, desmintiendo por otro lado cualquier lazo con Antauro Humala.

Juntos por el Perú y el movimiento liderado por el presidente Pedro Castillo, solo ambos, han suscrito su unidad política y electoral en este nuevo momento de llamado a la unidad popular más amplia que ha realizado Castillo”, manifestó el parlamentario para el diario El Comercio.

Solo con él. Roberto Sánchez solo ha confirmado una alianza con Pedro Castillo. foto: Presidencia.

Asimismo, el exministro de Comercio Exterior durante el mandato de Pedro Castillo, subrayó que sí existen conversaciones separadas tanto con Castillo Terrones como con Antauro Humala y que las decisiones definitivas sobre alianzas se tomarán antes del 2 de agosto, fecha límite para la presentación de alianzas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Por su parte, desde sectores internos y aliados de Castillo se confirmó que, hasta el momento, no existe una mesa de diálogo directa entre Castillo y Humala.

Tal parece que las exigencias de Antauro Humala habrían caído muy mal dentro de JPP, insinuándose un presunto pedido para su agrupación encabece la nómina presidencial y de postulantes al Congreso. Estas diferencias se suman a pugnas internas en el partido, donde un sector rechaza la posible alianza con Humala y acusa a Sánchez de irregularidades en el manejo del comité electoral interno.

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Política

Trenes sin rieles: el proyecto de López Aliaga y el conflicto con el MTC

Mientras el alcalde de Lima prioriza anuncios cargados de campaña electoral, el proyecto ferroviario hacia Chosica avanza sin infraestructura ni coordinación técnica. La llegada de trenes usados evidencia más improvisación que planificación, en medio de un nuevo conflicto con el Ministerio de Transportes.

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La reciente iniciativa del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de adquirir trenes usados para implementar un servicio ferroviario entre Lima y Chosica ha vuelto a generar polémica. Lejos de ser una propuesta articulada con el Ejecutivo, esta acción se enfrenta a objeciones técnicas claras y revive la ya conocida confrontación entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El titular del MTC, César Sandoval, ha advertido que las vías necesarias para operar estos trenes no están habilitadas ni cuentan con la infraestructura mínima para una marcha blanca —un periodo de prueba previo al funcionamiento comercial. En otras palabras, los trenes que pretende traer el alcalde no tienen dónde operar con seguridad ni viabilidad técnica, al menos por ahora. A pesar de ello, López Aliaga ha insistido en el anuncio de una marcha blanca, una declaración que parece más un acto de campaña presidencial, que una planificación responsable de política pública.

Alcalde pretendería ‘marcha blanca’ de trenes para alimentar su imagen política.

El alcalde, conocido por su estilo confrontacional, ha optado nuevamente por llevar el debate al terreno político, dejando de lado una coordinación técnica elemental con el MTC, que —según ha declarado su ministro— no está poniendo trabas al proyecto y ha mostrado disposición al diálogo. Esta respuesta del Ejecutivo desarma en parte la narrativa del bloqueo institucional que López Aliaga ha pretendido difundir.

Más allá de los protagonismos, el fondo del problema es preocupante. Traer trenes usados, sin haber garantizado previamente las condiciones mínimas de operación, es una señal de improvisación y de una peligrosa desconexión con las exigencias técnicas de un proyecto de transporte masivo. Además, sin un plan de integración con el sistema de movilidad de la ciudad, lo que podría terminar vendiéndose como un avance en infraestructura urbana, podría convertirse en una inversión ineficiente o incluso en un monumento a la descoordinación institucional.

La capital necesita trenes, sí, pero también necesita planificación, transparencia y diálogo entre niveles de gobierno. La urgencia electoral de un personaje que parece haberse olvidado de los problemas de la comuna metropolitana no puede sobrepasar las necesidades reales de una ciudad que, más que anuncios, requiere soluciones viables.

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Política

‘Renovación Popular’ defiende a Patricia Benavides y denuncia a Delia Espinoza

¿Justicia o intereses cruzados? La bancada ultraconservadora presentó una queja ante la JNJ para solicitar la destitución de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y la suspensión temporal de los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena.

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La reciente queja presentada por la bancada de ‘Renovación Popular’ ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, y otros tres fiscales supremos, plantea más preguntas que certezas. Alegando “faltas muy graves” por desobedecer la orden de reponer a Patricia Benavides Vargas en el cargo, los congresistas solicitan una suspensión temporal e incluso la eventual destitución de los involucrados. ¿Es un verdadero intento por defender la legalidad o simplemente una maniobra política para proteger a una aliada?

No sorprende el respaldo de ‘Renovación Popular’ a Benavides Vargas, quien fue suspendida por el Poder Judicial mientras es investigada por presunto cohecho. Su figura, aunque controversial, ha sido vista por sectores conservadores como un contrapeso frente a decisiones de la JNJ que han incomodado al Congreso. El problema radica en el sesgo evidente: mientras se minimiza la gravedad de las acusaciones contra Patricia Benavides, se cuestiona a Delia Espinoza por no acatar una disposición administrativa, cuyo alcance jurídico aún es materia de debate.

Queja interpuesta por congresistas de Renovación Popular ante la JNJ.

Pero Espinoza Valenzuela tampoco queda libre de escrutinio. En su intento por sostenerse en el cargo tras la orden de la JNJ, su resistencia ha generado dudas sobre si su permanencia responde a la defensa institucional o a intereses personales. Acusaciones como “vigilias internas” e instrumentalización de funcionarios menores no pueden ser tomadas a la ligera, y la falta de claridad en sus motivaciones ha alimentado el desgaste de la imagen del Ministerio Público; aunque ella lo niegue y salga a decir que “la Fiscalía no está en crisis”.

El fondo del asunto trasciende la pugna entre dos señoras del Ministerio Público: pone en evidencia cómo la justicia se ha convertido en un campo de batalla política. Mientras ‘Renovación Popular’ actúa como defensor político de Patricia Benavides, bajo el argumento de “resistencia a la autoridad”, se omite que esa misma autoridad —la JNJ— dictó medidas contra ella por causas penales, no disciplinarias.

La institucionalidad se erosiona cuando las reglas se interpretan a conveniencia. La ciudadanía asiste, una vez más, a una disputa que parece menos sobre justicia y más sobre quién controla el poder dentro del sistema fiscal. Mientras tanto, ni Delia Espinoza, ni su detractora Patricia Benavides están exentas de responsabilidad en este clima de desconfianza.

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Política

Porky en su laberinto: entre trenes viejos y los 200 millones de dólares que se pagará a Rutas de Lima

Los oscuros días del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

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El alcalde de Lima Rafael López Aliaga se encuentra inmerso en fuertes cuestionamientos. Su gestión viene siendo golpeada por sus propias decisiones. Traer unos trenes viejos al país —que para muchos es considerado chatarra— ha visibilizado que sus promesas fueron falsas. Una ciudad no puede convertirse en potencia mundial haciendo uso de trenes que otro país descarta.

A esto se suma la ausencia de un plan cultural para Lima. Además, recientemente la Corte de Apelaciones del distrito de Columbia, en los Estados Unidos, ratificó el pasado 24 de junio dos laudos arbitrales internacionales que ordenan a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), dirigida por Rafael López Aliaga, el pago de aproximadamente 200 millones de dólares a Rutas de Lima.

Un gran detalle que no se le ha escapado a la jueza Ana C. Reyes, de la Corte de Columbia, fueron las reiteradas declaraciones del alcalde de Lima, quien se oponía públicamente en pagarle a la concesionaria. Tales declaraciones le permitieron a la jueza sacar una conclusión.

Esto no saldrá del bolsillo de Porky, los 200 millones de dólares lo pagaremos todos los peruanos.

Aquí el programa de Lima Gris radio con más detalles de Porky en su laberinto.

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