La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República presidida por el legislador Juan Burgos decidió citar a Andrés Hurtado ‘Chibolín’, para que responda a acerca del tráfico de influencias y otros delitos por los que es investigado en la Fiscalía. Según el documento publicado, la cita estaba pactada para el pasado 20 de septiembre; sin embargo, y en vista que se le impuso detención preliminar, posiblemente tendrá que asistir al Parlamento, la próxima semana, si es que antes no se le impone una prisión preventiva que lo tendría por mucho más tiempo recluido.

Como se sabe, el exconductor de televisión fue arrestado el pasado jueves 26 de septiembre por la noche por efectivos de la Diviac y de la Dirandro, mientras se encontraba en una clínica de San Borja. Por esa razón, la fecha de la citación variará y eventualmente será comunicada al polémico personaje. Mientras tanto, ‘Chibolín’ permanece recluido en las instalaciones de la Prefectura de Lima.

La Fiscalía de la Nación solicitó al Poder Judicial cuatro años y ocho meses de prisión contra el exdefensor legal de la presidenta de la República, Dina Boluarte, Mateo Castañeda, en torno a la acusación que tiene por haber revelado de forma indebida la identidad de un testigo protegido del caso “Waykis en la Sombra”. A Castañeda se le acusa de haber revelado la identidad de una persona que fungía como testigo protegido en la investigación contra el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte.  Ello ocurrió durante una entrevista dada para el programa dominical Panorama.

“Se imputa a Mateo Grimaldo Castañeda Segovia y Eduardo Simeón Barriga Bernal haberse presentado en el programa televisivo “Panorama” que fue transmitido en vivo y difundido a nivel nacional (…) En el cual brindaron una entrevista denominada “Mateo Castañeda sobre audio con Harvey Colchado y Carlos Morán” (…) donde revelaron indebidamente la identidad del testigo protegido N° 8-2024, designado en la carpeta fiscal 7-2024″, se lee en el requerimiento fiscal.

Esta revelación que mencionó el fiscal Carlos Robert Vásquez Barboza señala que, durante la entrevista brindada por los dos acusados, en sus condiciones de abogado y defendido, y que se dio el 30 de junio de 2024, ambos expusieron la identidad del testigo protegido aludiendo que la Fiscalía lo estaba extorsionando.

En la entrevista Mateo Castañeda y su abogado Eduardo Barriga afirman que Juan José Enciso Torres participaba como testigo protegido en una investigación que incluía al señor Martín Vizcarra y que, por actos inescrupulosos del Eficcop, fue citado sin la presencia de su abogado para que participara, de manera obligada y coaccionada, como testigo protegido en el caso “Waykis en la Sombra”.

Ambos citan reiteradamente el nombre de Enciso Torres en varias ocasiones, aludiendo que él era el testigo con nombre y apellido. Por esta razón se basa la acusación de la Fiscalía contra los dos imputados y se ve agravada, según el documento fiscal, porque “brindaron información que permitía su identificación, atentando contra la administración de justicia y contra la propia integridad de dicho testigo protegido”.

La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos ejecuta allanamiento al domicilio de la fiscal suspendida Elizabeth Peralta Santur, en el distrito de Ate, como parte de la investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo especifico.

En tal sentido, una hora antes la Fiscalía Suprema recibió la declaración de la fiscal investigada, sin embargo, durante la diligencia a cargo del fiscal provincial Juan José Castillo Nieto, Peralta Santur se acogió a su derecho de guardar silencio.

Este allanamiento autorizado por un plazo de 48 horas, por el Poder Judicial,  prácticamente fue un “aviso” y se debe a la nueva y cuestionada Ley del Crimen Organizado (Ley 30077), que en lo sucesivo exige que se aguarde la presencia del abogado defensor del investigado, para recién iniciar la diligencia de allanamiento; sin embargo, esta desnaturalización de los allanamientos alerta a los implicados en delitos, para que puedan deshacerse de las evidencias que agravarían sus situaciones jurídicas.

El Poder Judicial autorizó el allanamiento de las viviendas de Andrés Hurtado ‘Chibolín’, la fiscal suspendida Elizabeth Peralta y el minero informal Augusto Javier Miu Lei, por las investigaciones que los vinculan con delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.

La medida que fue declarada fundada por el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, fue solicitada por el Ministerio Público, y obedece a las diversas evidencias que involucra a los tres investigados por presuntamente pertenecer a una red que habría favorecido intereses particulares mediante el uso de influencias en diversos órganos del Estado.

“Declarar fundado parte el requerimiento fiscal de allanamiento con descerraje de ser el caso, por el plazo de 48 horas respecto de los inmuebles”, se lee en el documento emitido por el juez Juan Carlos Checkley Soria.

El allanamiento de los inmuebles de los investigados, está autorizado, por un plazo de 48 horas, incluso para el descerraje en caso de ser necesario. “Este avisaje” se debe a la nueva y cuestionada Ley del Crimen Organizado (Ley 30077), que en lo sucesivo se requiere aguardar a la presencia del abogado defensor del investigado, para recién iniciar diligencias de allanamiento.

Asimismo, en la resolución emitida por el Poder Judicial se autoriza al levantamiento del secreto de las comunicaciones de los tres implicados para facilitar la labor del  Ministerio Público.

“Cuando existan suficientes elementos de convicción para considerar la comisión de un delito sancionado con pena superior a los cuatro años de privación de libertad y la intervención sea absolutamente necesaria para proseguir las investigaciones, podrá solicitar al Juez de la Investigación Preparatoria la intervención y grabación de comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas de comunicación”, se lee en la resolución judicial.  

Por lo visto, la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco, ha significado un rosario de controversias que solo han contribuido a dilatar aún más dicho proyecto, que hasta el momento solo habría alcanzado el 12% de su ejecución y actualmente el Consorcio Natividad ha suspendido la ejecución de las obras.  

Como se recuerda, el pasado 16 de agosto el ministro de Transportes Raúl Pérez Reyes se reunió en una mesa de diálogo en la cual se comprometió con el gobernador de Cusco, el alcalde de Urubamba, el alcalde de Chinchero y los presidentes de las comunidades campesinas, solucionar las negociaciones con el Consorcio Natividad Chinchero para que las obras no sean paralizadas. Sin embargo, el viernes 06 de septiembre el Consorcio envió una comunicación oficial dirigida al propio MTC anunciando la suspensión de todas las obras.

La empresa que ejecutaba el proyecto aeroportuario, señala en el documento dirigido a Iván Castillo Gallegos de la Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC, que solicita implementar medidas para continuar con la negociación: “En virtud de ello, consideramos que la medida más adecuada para mitigar estos impactos es la suspensión de la ejecución de las obras, con el fin de permitir que las negociaciones puedan desarrollarse reduciendo al máximo los impactos comentados”, se lee.

En otros términos, el Consorcio Natividad Chinchero solicitó formalmente que los trabajos en Chinchero paralicen con el fin de llegar a un acuerdo mutuo entre las partes. Esto también se debe a que el titular del MTC en Cusco, prometió que se solucionarían los problemas relacionados al proyecto, lo cual no se ha cumplido. Ante ello, el gobernador de Cusco Werner Salcedo y sus funcionarios del gobierno regional, sostendrían una reunión de emergencia a fin de emitir un pronunciamiento regional sobre el particular.

Consorcio Natividad encargado de construcción del Aeropuerto de Chinchero exige US$193 millones adicionales para continuar la obra ¿Extorsión con presión política?

Recordemos que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), primero durante el gobierno de Martín Vizcarra y luego con su entonces titular Eduardo González, durante la encargatura de Francisco Sagasti brindó la adjudicación para la ejecución de esta obra mediante un contrato de Estado a Estado con el Gobierno de Corea, al Consorcio Natividad de Chinchero. El costo total de la obra era de US$427 millones; que incluía un terminal de pasajeros, que sería ocho veces más grande que el actual aeropuerto de Cusco Alejandro Velasco Astete, y debía ejecutarse en 47 meses; sin embargo, el “Consorcio Natividad de Chinchero” integrado por las empresas Hyundai Engineering & Construction CO. LTD (Corea), Sinohydro Corporation Limited (China), ICA Constructora S.A de C.V. (México) y HV Contratistas (Perú), pidió este año un adicional de US$193 millones para terminar y concluir la construcción del aeropuerto de Chinchero, argumentando que el cálculo inicial del presupuesto que realizaron no fue el adecuado, debido a la inflación y actualización de precios. Es decir, pidieron al gobierno―fuera del contrato―este excesivo incremento en el costo del presupuesto, sencillamente porque el Consorcio se encuentra desfinanciado para continuar con el proyecto.

Como se sabe, a inicios de junio de este año la Contraloría General de la Republica indicó en un informe que existía un 40% de retraso en la construcción del terminal aéreo cusqueño, si tomamos en cuenta que dicho aeropuerto tendría que haber sido construido en su totalidad en agosto de 2025.

El congresista Luis Aragón presionaba a favor del Consorcio para que MTC desembolse los US$193 millones

En toda esta controversia por el retraso de la construcción del aeropuerto de Chinchero, Luis Aragón jugó un papel clave. Para empezar, él se desempeñó como presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones en el Parlamento, antecediendo a su colega Eduardo Salhuana. Recordemos que, este legislador declaró que existe una “amenaza de resolución de contrato de la obra del Aeropuerto de Chinchero”. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Ollantaytambo, Carlos Gonzales, desmintió a Luis Aragón Carreño y aseguró que no había información fidedigna sobre una presunta resolución del contrato del aeropuerto de Chinchero y lo acusaba de haber causado zozobra por supuestamente haber dado una información inexacta.

Gobernador Regional de Cusco reta al gobierno de Dina Boluarte y al MTC

El Gobernador Regional de Cusco Werner Salcedo dice: “Si no tiene la capacidad y no tiene la voluntad, que se nos transfiera al gobierno regional porque tampoco vamos a estar siendo testigos de más de un año de una mesa de negociación y recordarle a la presidenta que ella dijo en su mensaje a la nación que lo iban a resolver en un tiempo más breve. Si breve significa tres o cuatro meses, no quisiera imaginarme qué es una propuesta un poco más seria”.

Cusco espera hace más de 20 años la culminación de la construcción de la obra del Aeropuerto Internacional de Chinchero; sin embargo, los lobbies, las componendas y las evidentes presiones políticas y empresariales han originado que este ambicioso proyecto no tenga fecha cierta de entrega.  

Misión imposible. El nombre de Andrés Hurtado suena en estos días por todos lados, siendo no necesariamente ello algo positivo, sino todo lo contrario; el conocido animador y comediante es en estos momentos el personaje que más secretos guarda sobre los políticos y personajes de la farándula.

Luego de destaparse esa ‘caja de Pandora’ que envuelve al también conocido como ‘Chibolín’, una orden de detención preliminar cayó en su contra, apareciendo en escena en un primer momento el abogado Julio Rodriguez para la defensa del animador; sin embargo, por discrepancias que aún se desconocen, el hombre de leyes desistió de representarlo ante los tribunales.

Luego de ello, el letrado Elio Riera, ex abogado de Alberto Fujimori, ha tomado las riendas de la defensa legal de Andrés Hurtado, en relación con las investigaciones en curso que se le sigue al detenido conductor de televisión por tráfico de influencias, cohecho activo específico y lavado de activos.

Riera, conocido por haber conseguido la excarcelación del fallecido expresidente, comunicó su nueva representación a través de la red social X.

“Luego de establecer un plan de trabajo y consensuar en diferentes términos, he decidido aceptar el encargo de asumir la defensa legal del señor Andrés Hurtado”, expresó el abogado.

Elio Riera, el ‘desterrado’ del Fujimorismo

El vínculo de Riera con los Fujimori se rompió abruptamente, luego de que el abogado se adelantara a anunciar el fallecimiento del exmandatario.

“Descanse en paz. Su legado perdurará en la historia. Su amistad para mí será eterna. Recordaré siempre sus palabras: logramos el objetivo”, decía el mensaje que fue eliminado de inmediato.

Según la cúpula de Fuerza Popular, Keiko Fujimori alistaba un mensaje oficial sobre la muerte de su padre cuando Riera publicó el texto, un exabrupto que provocó un profundo malestar en el entorno familiar al punto que lo sacaron de la residencia de San Borja y lo vetaron del velorio.

Otro ‘escudero’ más para Boluarte. El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, solicitó al Congreso no cometer “exabruptos” y que por “temas políticos” se interpele a ministros de Estado, en referencia a las mociones aprobadas contra los ministros del Interior y Ambiente.

En declaraciones a la prensa, el gobernador de La Libertad sostuvo que censurar en estos momentos a un ministro implicaría un retraso en los acuerdos y gestiones que se tienen entre ministerios y los gobiernos regionales y locales.

“Esperamos que de aquí hasta el 26 no se cometan exabruptos y que solamente por temas políticos en el Congreso se les ocurra interpelar a cada momento a los ministros, en lugar de dedicarse a solucionar los problemas del Perú”, refirió el popular ‘Plata como cancha’.

Acuña pide a los congresistas enfocarse solo en su labor parlamentaria

Acuña Peralta manifestó también que los legisladores deben estar enfocados en trabajar en normas que resuelvan asuntos ligados a la problemática del país, como la inseguridad ciudadana por el tema de las extorsiones a empresas de transporte.

“Creo que los problemas del Perú son clarísimos, que se dediquen a legislar cómo revertir el tema de la inseguridad, ese es el tema de los congresistas”, sostuvo el líder de Alianza para el Progreso. 

Como se recuerda, el Pleno del Congreso aprobó interpelar al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para el miércoles 2 de octubre a las 3.00 p. m. El titular del Mininter deberá responder un pliego interpelatorio de 29 preguntas, entre ellas una referida a si la mandataria Dina Boluarte le pidió cerrar la Diviac.

De igual forma, el Pleno aprobó interpelar al ministro del Ambiente, Juan Castro, por los incendios forestales que han afectado diversas regiones del país, que han dejado 20 muertos. El titular de dicha cartera deberá concurrir al Parlamento el miércoles 2 de octubre a las 10 de la mañana y responder un pliego interpelatorio de nueve preguntas.

Sus ‘escuderos’, allegados, y demás personajes cercanos a la presidenta Dina Boluarte han sostenido que el vehículo presidencial, mejor conocido como ‘cofre’, jamás sirvió para transportar al prófugo Vladimir Cerrón, sin embargo, sus respuestas no terminan de cerrar la interrogante sobre qué hacía dicho vehículo de uso exclusivo de la mandataria a más de 100 kilómetros de distancia de su lugar de uso habitual.

A propósito de ello, la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por el legislador Juan Burgos (Podemos Perú), emitió una carta en la que invitó al suboficial PNP Félix Montalvo Guevara, conductor del ‘cofre’, para que participe de una próxima sesión de la Comisión de Fiscalización el día miércoles 2 de octubre a las 9:00 de la mañana.

“En dicha sesión se abordarán temas de interés nacional relacionados con su participación en las actividades recientes del vehículo presidencial asignado a la Presidenta de la República. Su presencia es de suma importancia para el esclarecimiento de los hechos y contribuirá al ejercicio de las funciones de fiscalización del Congreso”, se indica en la carta firmada por el parlamentario y enviada al suboficial PNP.

Vocero de Boluarte califica de “innecesaria” participación del chofer del ‘cofre’

Por su parte, el vocero oficial de Palacio, Fredy Hinojosa, sostuvo que la asistencia del suboficial a este grupo de trabajo en el Congreso sería “innecesaria”.

“No solamente resulta innecesario, sino que resulta irresponsable exponer, en cadena nacional, a un suboficial de nuestra Policía Nacional que brinda un servicio, por el cual ha sido capacitado, y forma parte de una unidad de la Policía especializada. Y frente a su familia, exponerlo ante la ciudadanía y todo el país, y sentarlo en el banquillo de los acusados, por utilizar un término coloquial, para exponer un hecho que resulta totalmente sencillo”, argumentó

El grupo de trabajo actualmente no cuenta con las facultades de comisión investigadora.