La Procuradora General del Estado (PGE), María Caruajulca Quispe, denunció a su antecesor, el exprocurador Javier Pacheco, por haber ordenado formatear la computadora asignada a su despacho y que él usaba mientras estuvo en ese cargo de procurador.  

Caruajulca Quispe, que apenas tiene menos de un mes en el cargo en la Procuraduría, hizo la denuncia ante la policía en la Comisaría de San Isidro para que se realicen las investigaciones respectivas.

El formateo de la computadora, que contenía información sensible y propiedad del Estado, es un aspecto crítico que Caruajulca cuestionó.

Ante su irregular conducta, Javier Pacheco habría incurrido en los presuntos delitos de Aprovechamiento Indebido del Cargo (artículo 399° de Código Penal) y Peculado de Uso (Artículo 398° del mismo instrumento legal).

Por lo pronto, la computadora de la Procuraduría General del Estado ha sido separada para permitir futuros peritajes por parte de la Fiscalía, que determinarán si se ha ocultado, o si se ha eliminado información relevante.

El ‘Lagarto’ le prende velas al TC. El ex presidente Martín Vizcarra ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) anular su inhabilitación de cinco años impuesta por el Congreso, alegando violación de derechos constitucionales, como el derecho a un tribunal imparcial y la participación en la vida política.

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Martín Vizcarra acude al Tribunal Constitucional para anular inhabilitación de 5 años en su contra

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— Canal N (@canalN_) June 21, 2024

Cabe recordar que en el año 2022 el Congreso de la República aprobó con 67 votos a favor inhabilitar al ex mandatario por un plazo de 5 años por la presunta infracción del artículo 126 de la Constitución. La denuncia constitucional fue presentada por la excongresista Yeni Vilcatoma de la Cruz en el 2019 quien dijo que Vizcarra no renunció a sus acciones en la empresa C y M Vizcarra SAC cuando ejerció el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

El documento, al que el diario El Comercio tuvo acceso, detalla que ninguno de los derechos invocados pretende revalorar el material probatorio del procedimiento parlamentario, sino que se centran en la afectación de la debida motivación y la imparcialidad del proceso.

‘Lagarto’ Vizcarra tiembla porque Procuraduría pide reabrir investigación por las pruebas rápidas

Por otro lado, La Procuraduría General del Estado (PGE) ha solicitado a la Fiscalía de la Nación la reapertura de la investigación preliminar seguida al exmandatario y otros por una supuesta concertación con empresas particulares para la adquisición de pruebas rápidas para el diagnóstico de la COVID-19 y la emisión de normas para poder incluirlas dentro de la política de salud del Estado.

Hay que indicar que la solicitud de la PGE deberá ser evaluada por el Ministerio Público, a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.

Esta solicitud se emite después de que el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, comunicó que la investigación contra el expresidente del Perú Martín Vizcarra fue archivada y que no se formulará una denuncia constitucional.

En declaraciones a RPP, Juan Villena indicó que no se encontraron suficientes indicios que prueben la comisión del delito de colusión en perjuicio del Estado.

De la misma manera, el magistrado también adoptó similar medida en el caso de la exministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva Luperdi, y los exministros de Salud, María Hinostroza Pereyra y Víctor Zamora Mesia, quienes se encontraban comprendidos dentro de esta investigación preliminar.

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte, una vez más alimenta la impunidad y premia a los funcionarios que han sido cuestionados por sus irregulares labores en el aparato estatal. Esta vez, mediante la Resolución Ministerial N° 0002398-2024-MC, “recicla” y designa a Joanna Fischer Battistini, en el cargo de Asesora II de la Secretaría General del Ministerio de Cultura. El nombramiento está firmado por la ministra del sector, Leslie Urteaga.

El 13 de noviembre del 2023, la entonces presidenta del SENACE Rosa Zavala Correa, luego de aceptar la renuncia de Joanna Fischer Battistini, del cargo de gerente general de dicha entidad, le da las gracias por los servicios que prestó en la institución, pese a que salió por “la puerta falsa”, tras descubrirse un escándalo ambiental en el proyecto minero Inmaculada, que implicaba presiones desde la PCM cuando estaba al mando Alberto Otárola, y de la exministra del Ambiente Albina Ruiz Ríos, que el 18 de octubre del 2023 le pidió a la exviceministra de Gestión Ambiental Giuliana Becerra que renuncie al cargo, debido a sus indagaciones sobre las irregularidades que acontecían en el SENACE. En aquel tiempo, la extitular del Minam le increpaba a Becerra que su trabajo incomodaba al sector Ambiente.

Joanna Fischer renunció tras propalarse audios en los que presiona para favorecer a Minera Ares

Johanna Fischer Battistini, cuando era gerente general del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) presentó su carta de renuncia el miércoles 8 de noviembre del 2023, luego que el medio televisivo ATV difundiera audios en los que se escucha cómo ella presiona a su equipo de trabajo para aprobar de manera inmediata, y sin considerar observaciones importantes, un estudio de impacto ambiental a favor de un proyecto minero de la Compañía Minera Ares.

Varias semanas anteriores, la exviceministra de Gestión Ambiental, Giuliana Becerra reveló que estaba investigando posibles anomalías en la certificación ambiental del proyecto minero de Ares, avalado durante la administración de Joanna Fischer Battistini. Pero finalmente, Becerra renunció al cargo por dignidad, el 19 de octubre del mismo año y envió una carta al Congreso dirigida a su presidente, el legislador Alejandro Soto, pidiendo que los hechos denunciados se esclarezcan por el bien del país, aclarando que el servicio público es para la nación y no para beneficios personales. Seguidamente, por las mismas razones, el 21 de octubre renunció la exviceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Nancy Chauca.  

Asimismo, en la carta que Giuliana Becerra le cursó al presidente del Congreso, le indica que la exministra del Ambiente Albina Ruiz se reunió con Joanna Fischer y con la entonces secretaria general del Minam—la cercana de Martín Vizcarra— Rocío Barrios Alvarado, justo antes que decidiera pedirle que renuncie.  

¿Qué es SENACE?

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) es una entidad adscrita al Ministerio del Ambiente y se encarga de evaluar la viabilidad ambiental de los proyectos de inversión más complejos del país, con asistencia técnica y participación ciudadana, con el propósito de generar confianza en la población en el proceso de evaluación ambiental. En el SENACE brindan certificaciones de estudios de impacto ambiental de los proyectos de inversión a las instituciones públicas y privadas.

Sin embargo, esta institución tampoco está inmune de algunas componendas y de actos lesivos que atentan contra el ambiente.

En los últimos meses el gobierno de Dina Boluarte utiliza el Ministerio de Cultura para “reubicar” a cuestionados personajes que han realizado roles nefastos en el aparato estatal.

Con el fujimorismo ni a la esquina. El actual alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Rafael López Aliaga, líder del movimiento político Renovación Popular, descartó tajantemente tener cualquier tipo de acercamiento con Fuerza Popular, partido donde actualmente se ha afiliado el dictador Alberto Fujimori.

“Una alianza con el fujimorismo, en general como partido, nunca haría, no lo tomaría porque ya tiene demasiado rechazo”, dijo en una entrevista difundida en Willax, donde además marcó distancia con el APRA y el Partido Morado ante posibles alianzas políticas.

“Donde voy, me piden: ‘Rafael, no te juntes con Fujimori, no te juntes con el APRA tampoco’. Son dos temas que siento que la gente no quiere volver a la misma vaina. Tampoco con los ‘morados’, ese es otro tema clarísimo”, continuó. Alberto Fujimori, quien fue excarcelado a fines del año pasado en contra de una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), firmó su ficha de afiliación el sábado pasado.

En la misma entrevista, López Aliaga también abordó sus intenciones políticas de cara a la carrera presidencial del 2026. “Si veo que no hay alguien que ‘peche’ lo que se nos puede venir, como un [Pedro] Castillo dos o Antauro Humala […] sí tendría la obligación de lanzarme. Lo he dicho varias veces, no niego lo que hablo. Todavía tengo un año y ocho meses para pensarlo, déjenme pensarlo”, afirmó.

Además, se refirió a su interés en dialogar con el empresario Carlos Añaños, que anunció su afiliación al partido Perú Moderno. “Para mí es una excelente noticia. Casi le he rogado, siete veces me he reunido [con él]… Hemos ganado a un empresario para la política; él nunca se había afiliado a nada”, comentó.

En otro momento, el burgomaestre también hizo mención de la reestructuración interna de la bancada de Renovación Popular. “Ha vuelto a tener nueve miembros. Hay un décimo congresista que ha pedido integrarse… El presidente del partido ya tiene voz y voto en la bancada, como siempre debió ser”, detalló al añadir que este cambio se decidió en la asamblea nacional del año pasado.

Proceso de revocatoria a la vista

López Aliaga se enfrenta actualmente a un proceso de revocatoria. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregó el kit al economista Ciro Silva, quien impulsa la iniciativa ante “promesas incumplidas” como “Lima Potencia Mundial,” “Hambre Cero”, la construcción de teleféricos, la implementación de 60 puentes y la arborización del río Rímac.

Luego que Keiko Fujimori anunciara y mostrara en un video donde se aprecia a su padre Alberto, afiliándose a Fuerza Popular con miras a las elecciones presidenciales del 2026, las reacciones han sido diversas. Tanto, a favor del expresidente, y también en contra, por la innumerable cantidad de detractores que no se olvidan del pasado Fujimorato.

Sin embargo, las expectativas que aguardan a un Alberto Fujimori candidato en el 2026, se hicieron notar en las redes sociales:

“Alberto Fujimori, líder fundador del fujimorismo, toma su lugar en Fuerza Popular”, comentaron en el video compartido por Keiko Fujimori. A partir de ahí, diversas figuras ligadas al partido naranja aseguraron que el expresidente podría postular a los siguientes comicios, a pesar que fue condenado por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

Como se recuerda, el otrora mandatario recibió el indulto humanitario gracias a la gracia presidencial del procesado por corrupción, Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2017.

Pero también se han sumado las opiniones de los expertos y de abogados que conocen el aspecto legal y procesal en temas constitucionales y electorales. En ese sentido, el abogado penalista, Roberto Pereira dio su opinión al respecto.

Alberto Fujimori no podrá postular a la presidencia

En una entrevista en Exitosa el abogado penalista, Roberto Pereira, dejó en claro que el indulto otorgado al padre de Keiko no lo exime de las sentencias que se le imputaron en el pasado, por lo que la Constitución le prohíbe tajantemente lanzarse a la carrera electoral.

“Yo creo que ese es un desconocimiento absoluto de lo que significa la figura del indulto. El indulto no es una anulación de condena, tampoco es una amnistía. Es decir, no es una anulación del delito. El indulto lo único que hace es perdonar la pena, pero no la condena de responsabilidad. Toda sentencia penal tiene dos partes, una parte donde los hechos están probados y una segunda parte donde se le impone una pena concreta”, afirmó.

La Constitución prohíbe postular a cargos de elección popular a personas sentenciadas

El exabogado de la Confiep, Roberto Pereira señaló que la Constitución le impide a Alberto Fujimori esta posibilidad, debido a la modificación que se realizó hace cuatro años atrás en la Ley 31043°, donde se establece que una persona que cuenta con una condena impuesta por un juez no podrá postular a ningún cargo.

“Por lo tanto él no podría postular en virtud de la prohibición que se ha introducido en la Constitución en el año 2020, el cual impide postular a cargos de elección popular a personas sobre las que recae una sentencia condenatoria”, culminó el letrado.

Con los “problemas técnicos” ocurridos el viernes pasado para acceder a dos celulares que pertenecían al ex mandatario Alan García Pérez, la familia del finado consiguió tiempo para que se admita una demanda de amparo para declarar la nulidad de la autorización de acceso a la información contenida en dos teléfonos celulares del exgobernante, según confirmó ayer el Poder Judicial (PJ).

Como se recuerda, la autorización de acceso a los celulares de García fue solicitada por el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez en el marco de un proceso contra sus exfuncionarios por lavado de activos y colusión, pero su intento por ingresar a esa información se frustró hace una semana por “problemas técnicos”.

“La diligencia se ha pretendido instalar, aunque las defensas han solicitado la suspensión por acciones de tutela que han planteado, pero el aspecto técnico es el que lamentablemente no ha permitido llevar a cabo esta diligencia”, declaró Pérez a los periodistas en esa fecha.

Los hechos que han motivado el pedido de acceso a los celulares de Alan García se refieren a la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima y la continuación de la construcción del Corredor Vial de la Interoceánica Sur (Tramo 2 y 3), en lo que se ha comprendido al exministro Enrique Cornejo y al ex secretrario presidencial Luis Nava, entre otros funcionarios del segundo gobierno del líder del Partido Aprista.

A comienzos de mayo pasado, el exdirector de la empresa estatal Petroperú Miguel Atala declaró en una audiencia judicial que entregó 1,3 millones de dólares a García provenientes de una cuenta que abrió en Andorra a solicitud de Nava y del exdirectivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata.

José Domingo Pérez confirmó que las defensas de los implicados en el caso han presentado acciones de tutela ante los tribunales y señaló que acudirá ante el “Poder Judicial para señalar que todas las actuaciones se han llevado a cabo respetando los derechos y garantías del suceso”.

Recordó que, en dos instancias, los jueces peruanos han resuelto que “sí se puede revisar todo aquello que tenga interés criminal para la investigación”.

Unos cuantos solcitos que podrían ser utilizados para el mejoramiento de carreteras o la refacción de los colegios. La titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Elizabeth Galdo, manifestó ayer que no será parte de la delegación que acompañará a la presidenta de la República, Dina Boluarte, a China, y que esa delegación será “la más pequeña”.

“No estoy en esa comitiva. Tengo otras labores que desarrollar en China porque estamos trabajando en la optimización de lo que sería el Tratado de Libre Comercio. En algún momento voy a estar en China porque tenemos que firmar un memorándum de entendimiento, pero no estoy en esa comisión”, dijo para RPP.

La titular del Mincetur agregó también:”El criterio ha sido los temas que se van a tratar en China y el otro es que se ha tratado de llevar la delegación más pequeña posible. Tenemos a la presidenta, que es la cabeza. Ella representa todo el Ejecutivo”.

La ministra Galdo enfatizó que durante la ausencia de la mandataria será el premier Gustavo Adrianzén será el responsable del Ejecutivo.

“El premier no va. Él es el que se va a quedar de responsable. Y la presidenta, por supuesto, que va a estar al tanto de todo lo que viene ocurriendo en el país. Y vía remota se van a continuar tomando las decisiones que sean necesarias”, expresó.

Vale destacar que cinco ministros formarán también parte de la comitiva que acompañará a Dina Boluarte en su viaje oficial a China, del 23 al 30 de junio. Ellos son: José Arista, Hania Pérez de Cuéllar, Raúl Pérez-Reyes, César Vásquez y Javier González-Olaechea.

Más de medio millón de soles serán destinados para viaje de Dina Boluarte

Lo que no comentó la ministra Galdo es que la delegación que acompañará a la mandataria a China, conformada por 17 personas, costará a todos los peruanos la friolera suma de S/523,419.

Inicialmente se contempló que solo viajen siete personas con la mandataria, pero con el pasar de los días nuevos integrantes se sumaron a la lista de viajeros.

Por su parte, el canciller Javier González-Olaechea indicó que el viaje a China tiene como propósito la atracción de inversionistas.

“Se tiene previsto abordar la mayor cooperación en inversión en varios sectores estratégicos, es una visita muy importante en un año muy importante porque hay que recordar que en noviembre se producirá la cumbre de APEC y en ese marco va a venir el presidente de China”, señaló a inicios de junio.

¿Acaso buscaría el respaldo de las FF. AA? El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley ante el Congreso de la República que busca otorgar una subvención mensual a aquellos comandos militares que participaron en el operativo ‘Chavín de Huántar’.

La propuesta legislativa estipula entregar una bonificación a cada uno de estos comandos y de acuerdo al proyecto presentado y respaldado por el Consejo de Ministros, el monto a entregarse ascendería a un total de S/2,550 soles mensuales.

Aquella subvención no aplicará al personal militar que actualmente recibe bonificaciones mensuales por campañas realizadas con anterioridad, tal y como fue la de 1941.

Se encuentra en evaluación parlamentaria

Antes de llegar al Pleno del Congreso, el proyecto de ley pasará a ser evaluado por diversos grupos de trabajo, además de legisladores, quienes se encargarán de tomar una decisión final. También se conoció que, entre los comandos que podrían beneficiarse, se encuentra el congresista José Williams, líder del exitoso operativo Chavín de Huántar.

El debate acerca de este proyecto de ley ya viene siendo analizado por parlamentarias como Gladys Echaíz y Flor Pablo, quienes ya participaron en mesas de trabajo respectivas.

También, indican que el proyecto legislativo pretende reconocer y compensar a los comandos que aún están en actividad y a aquellos que ya se encuentran en situación de retiro.

Finalmente, la última decisión la tomará el Pleno del Congreso.