Podemos Perú, la bancada congresal que ha juntado a perro, gato y harto ‘pericote’. Un testigo protegido afirma que la congresista Francis Paredes, de Podemos, habría cobrado al menos 45 mil soles a un empresario a cambio de una jefatura en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

De acuerdo al informe difundido anoche por el dominical Panorama, dicha cantidad de dinero habría sido entregada en tres depósitos de 15 mil soles a la cuenta de Maura Porras Huamán, persona cercana de la parlamentaria representante de la región Ucayali, refiriéndose a ella como ‘La Reinita’.

En enero de 2022, Paredes (mencionada como ‘La Profesora’) le informó a su amiga que le realizarían un depósito en su cuenta bancaria de Interbank, pidiéndole que le avisara cuando llegaran dichos depósitos.

Para concretar la operación, la congresista le facilitó al empresario Rodolfo Bardales Piña el número de cuenta de su amiga, con el propósito de que el dinero fuera depositado en partes cada 15 días. Dicho pago estaría relacionado con el presunto nombramiento en una jefatura del INPE.

Luego, la totalidad del dinero fue entregada a Javier Antonio Barbarán Pérez, alias ‘Pelacho’, hombre de confianza de Francis Paredes, quien incluso facilitó una camioneta para concretar la entrega.

Según el estado de cuenta correspondiente a mayo de 2022, Maura Porras efectivamente recibió un depósito de S/15 mil en su cuenta bancaria. El monto fue retirado en una agencia de Interbank ubicada en San Borja. Esta operación se repitió en dos ocasiones más, en una sucursal cercana al centro comercial La Rambla.

Cuenta el colaborador eficaz que la persona que iba a ser beneficiada con la jefatura sería Edgar Vilcapaza Arias, trabajador del INPE en Pucallpa. Sin embargo, la situación se complicó, ya que, tras el pago realizado a mediados de 2022, no se habría cumplido con otorgar dicho puesto.

Como consecuencia de lo ocurrido, la amiga de Francis Paredes comenzó a enfrentar problemas. Rodolfo Bardales Piña, quien realizó los depósitos, se presentó en su domicilio y le reclamó de forma airada por no haber cumplido con el nombramiento de su allegado en el INPE.

Porras Huamán habría llamado a la parlamentaria, quien le habría respondido: “Que tengan paciencia, que esperen, que eso va a salir y que los asesores estaban viendo ese tema”.

La situación no se resolvió, y la amiga de Francis Paredes comenzó a recibir nuevas visitas acompañadas de reclamos y amenazas, exigiéndole la devolución del dinero entregado.

“Habiendo concurrido a su casa por estos motivos, un aproximado de 15 veces, tanto Piña en su moto marca Honda de color rojo y en dos oportunidades también Vilcapaza en un carro plomo. Piña amenazó a ‘reinita’ diciéndole que tanto ella como la profesora lo habían engañado y que si no devolvía el dinero ‘a ambas les van a mandar a los penaleros’”, señala el documento fiscal.

El descargo de la parlamentaria

Horas después de que se emitiera tal reportaje, la parlamentaria emitió un comunicado en sus redes sociales, afirmando que se trata de un “préstamo y obligación de pago entre terceros”.

Mientras Bolivia se prepara para conmemorar su bicentenario con una serie de actos oficiales en Sucre, la gran ausente será la presidenta del Perú, Dina Boluarte. El gobierno del país altiplánico ha optado por no incluirla entre los invitados, una decisión que no ha pasado desapercibida en el escenario diplomático regional.

En su lugar, quien representará al Estado peruano será el ministro de Defensa, Walter Astudillo, según lo aprobado por un decreto supremo emitido por el Ejecutivo. Astudillo participará en los eventos programados entre el 5 y el 7 de agosto, con el objetivo —según se argumenta oficialmente— de fortalecer los vínculos de cooperación bilateral con el gobierno de Luis Arce. Su traslado se realizará en un avión de la Fuerza Aérea del Perú.

Pero detrás de la cortesía diplomática, hay una tensión latente. La exclusión de Boluarte Zegarra parece estar directamente relacionada con las recientes declaraciones que hizo durante su mensaje por Fiestas Patrias, en las que comparó al Perú con «países fallidos» como Cuba, Venezuela… y Bolivia. Un comentario que fue interpretado como una crítica directa al modelo político boliviano.

«Estamos camino a convertirnos en un país fallido, como Cuba, Bolivia y Venezuela», dijo Boluarte ante el Congreso, asegurando que su gobierno evitó ese colapso al asumir con responsabilidad institucional en medio de una grave crisis.

La Cancillería peruana intentó minimizar el impacto diplomático. El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, afirmó que las palabras de la mandataria fueron malinterpretadas y que no se trató de un ataque directo. “Fue una comparación general sobre la situación económica de la región, no un señalamiento específico a Bolivia”, aseguró.

No obstante, la decisión del gobierno boliviano de dejar fuera a Boluarte Zegarra en una fecha tan simbólica, evidencia que las relaciones bilaterales atraviesan un momento delicado. Aunque se mantiene el canal diplomático formal —como demuestra la invitación a Astudillo—, el gesto de exclusión presidencial es elocuente.

En un contexto regional donde la diplomacia debería tender puentes, no levantar barreras, el distanciamiento entre Bolivia y Perú prende señales de alerta. La pregunta es si esta tensión será contenida por el canal institucional o si marcará un nuevo episodio de aislamiento internacional para un gobierno que, como el de Dina Boluarte, ya enfrenta cuestionamientos en múltiples frentes.

En medio de una profunda crisis de seguridad, caos institucional y un creciente descontento ciudadano, la presidenta Dina Boluarte ha decidido —una vez más— abandonar el país. Esta vez será por ocho días, del 5 al 12 de agosto, para participar en actividades protocolares en Japón e Indonesia. El Congreso, en una ya habitual muestra de complacencia, el último viernes 1 de agosto autorizó el viaje con 63 votos a favor.

¿Es realmente prioritario para el Perú que su presidenta siga acumulando millas aéreas mientras en el territorio nacional se multiplican los asesinatos, la informalidad campea, y las regiones claman por una gestión más presente?

Desde que asumió el cargo, Boluarte Zegarra ha adoptado un estilo presidencial errante, con una agenda internacional que parece ignorar la magnitud de los problemas internos. Su gira por Asia, que incluye reuniones con empresarios, ceremonias protocolares, y cenas de gala, refleja más una obsesión por la vitrina internacional que un compromiso real con el país que gobierna.

Un itinerario de lujos y formalidades

La apretada agenda de Dina Boluarte en Japón incluye eventos como la XVI Reunión del Consejo Empresarial Peruano-Japonés (CEPEJA), un almuerzo en su honor, encuentros con la comunidad peruana y la clásica foto con el emperador Naruhito. También hará acto de presencia en la Expo Osaka-Kansai 2025, donde visitará el pabellón peruano y participará en ceremonias que, si bien simbólicas, tienen escaso impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos peruanos.

En Indonesia, más de lo mismo: reuniones con el presidente Prabowo Subianto, firma de acuerdos, un foro empresarial, visitas al Parlamento y a la Secretaría de la ASEAN. El protocolo como protagonista, y la realidad peruana como telón de fondo ignorado.

Una presidenta ausente de su país, pero presente en la foto

La ausencia de Dina Boluarte se ha convertido en una constante preocupante. La presidenta parece más interesada en estrechar manos extranjeras que en resolver el caos interno que azota al Perú. Durante su mandato, se han disparado los niveles de criminalidad, con regiones dominadas por mafias, extorsión y sicariato. A esto se suma la parálisis en la gestión pública, con ministerios sin rumbo claro y una ciudadanía cada vez más harta de la desconexión entre el poder y el pueblo.

Mientras Boluarte Zegarra disfruta de recepciones diplomáticas en hoteles cinco estrellas y trenes bala en Japón, miles de peruanos en zonas rurales no tienen acceso a servicios básicos. El contraste es obsceno.

El costo político y económico del ausentismo presidencial

Cada salida internacional de la presidenta implica un despliegue de recursos públicos: seguridad, logística, alojamiento, viáticos y, por supuesto, la delegación que la acompaña. En momentos en que se exige austeridad y eficiencia, estos viajes resultan un lujo difícil de justificar.

A ello se suma el costo político. La presidenta parece ajena al rechazo creciente que genera su gestión. Su desapego del territorio nacional, su escasa presencia en regiones golpeadas por desastres naturales y su nula conexión con la ciudadanía construyen la imagen de una mandataria que gobierna a distancia, sin empatía ni sentido de urgencia.

Una gira que llega en el peor momento

La autorización del Congreso llega justo cuando el país enfrenta una nueva oleada de inseguridad ciudadana y corrupción. La desaprobación de Boluarte Zegarra alcanza niveles históricos, y varios de sus ministros son cuestionados por su ineficiencia y lambisconería. En lugar de concentrarse en una reforma profunda del Estado, o en liderar una cruzada contra la delincuencia, la jefa de Estado prefiere mantener una agenda de relaciones públicas fuera del país.

El argumento oficial es el mismo de siempre: atraer inversión extranjera. Sin embargo, los resultados de sus anteriores giras no se traducen en cambios tangibles para la economía nacional. La promesa de convertir al Perú en un polo de inversión permanece en el discurso, pero no en la realidad.

¿Una presidenta en piloto automático?

La sensación es clara: Dina Boluarte ha optado por sobrevivir políticamente sin enfrentar los problemas de fondo. Sus viajes son parte de una estrategia que prioriza la exposición internacional sobre el compromiso nacional. No hay liderazgo visible, ni decisiones audaces. Solo una administración que parece moverse en piloto automático mientras el país se hunde en la incertidumbre.

En suma, la nueva gira de la presidenta Boluarte no es solo un símbolo de desconexión, sino también una muestra preocupante de prioridades distorsionadas. El Perú necesita una presidenta presente, no una turista diplomática.

De acuerdo al cronograma electoral formulado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) este último sábado solo cinco alianzas electorales acudieron a presentar su inscripción para participar en las Elecciones Generales 2026, respetando el plazo previsto.

De esta manera, los partidos Partido Popular Cristiano (PPC), Unidad y Paz, y Peruanos Unidos: ¡Somos Libres! formalizaron la solicitud de inscripción de su alianza electoral bajo el nombre de Unidad Nacional. El candidato presidencial de esta coalición sería el congresista Roberto Chiabra.

«Somos la primera alianza y esto se ha dado, porque los partidos miembros tienen coincidencias ideológicas y programáticas. Es importante que sea la primera, porque viene una serie de procedimientos que se tienen que realizar en el Jurado Nacional de Elecciones y, al ser la primera, entendemos que habrá un pronunciamiento rápido respecto de nuestra alianza», manifestó Jimmy Benites, vocero de dicha alianza.

Por su parte los partidos Ahora Nación (AN), del exrector de la UNI Alfonso López Chau, y Salvemos al Perú, del exministro del Interior Mariano González, se presentarán como Alianza Electoral Ahora Nación. La solicitud fue presentada por Carlo Magno Salcedo, personero legal de la nueva agrupación política, en representación de ambos bloques. Cabe mencionar que tal solicitud fue observada por el JNE.

En tanto, Primero la Gente (partido vinculado al expresidente Martín Vizcarra) y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores formalizaron su inscripción bajo el nombre del último. Su personero legal, Marco Zevallos, señaló: «Nosotros nos hemos mantenido desde hace más de un año con todas las organizaciones. Los partidos que nos hemos sostenido en la mesa fuimos el PTE y Primero la Gente. Le proponemos al país trabajo digno, entre otras demandas que exige. Esta alianza no está circunscrita únicamente a las elecciones generales 2026 y las regiones».

Los partidos Voces del Pueblo (del legislador Guillermo Bermejo) y Nuevo Perú por el Buen Vivir se presentarán como la alianza electoral Venceremos, representando la apuesta desde la izquierda. Vicente Alanoca, líder del partido político Nuevo Perú, señaló que apuestan por un «liderazgo colectivo». «Las bases determinarán el candidato presidencial de nuestra alianza», expresó.

Finalmente, los partidos Fuerza Moderna (liderada por la exministra Fiorella Molinelli) y Batalla Perú (del actual gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas) se unieron bajo el nombre Fuerza y Libertad. “Somos dos economistas que lideramos los partidos, con experiencia pública. Además, coincidimos con modernizar al Estado con meritocracia”, mencionó Molinelli.

Más de 50 personas fallecidas a causa de la minería informal, pero eso no es suficiente para muchos mineros informales que se encuentran camuflados entre algunos mineros artesanales. Para ellos, lo único que interesa es el oro, quedando en un segundo plano el derramamiento de sangre.

Pasadas las once de la mañana de hoy, los principales dirigentes de la Confederación Nacional de Federaciones Mineras del Perú (Confemin) ingresaron al despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros para sostener la cuarta mesa de diálogo con el premier Eduardo Arana y otras altas autoridades del Ejecutivo y del Legislativo.

En la importante reunión también estuvieron presentes Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), así como el expresidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, y la exvicepresidenta de dicho grupo de trabajo, Diana Gonzales.

Este importante grupo de mineros pretende doblegar al Gobierno Central para que flexibilice los plazos para regular el uso de explosivos durante la extracción del oro, caso contrario abandonarán cualquier tipo de negociación.

El detonante es el Decreto Supremo 09-2025-EM, que exige a los mineros informales obtener autorización para el uso de explosivos antes del 17 de agosto. Según Confemin, este plazo es “técnicamente inviable” y dejaría fuera del proceso a miles de trabajadores.

Previamente, Máximo Franco Béquer, presidente de Confemin, criticó que el Ejecutivo haya ignorado las observaciones planteadas en mesas técnicas y subcomisiones. Según el dirigente, hubo consenso en que los plazos eran imposibles de cumplir, pero hasta ahora no se ha hecho ningún cambio normativo.

“Si no atienden nuestras demandas, volveremos a protestar”, afirmó Ismael Palomino, coordinador nacional de Confemin. La paciencia se agota, y los gremios ya alistan acciones si el Ejecutivo mantiene la fecha límite actual.

El problema no solo afecta a quienes no han podido avanzar con la formalización. También golpea a los más de 50 mil mineros que ya fueron excluidos del Reinfo, profundizando la percepción de que el proceso está mal diseñado y genera más informalidad en lugar de reducirla.

El dato:

Un reciente informe del Observatorio de Conflictos Mineros señala que más del 50% de los conflictos sociales en el país están vinculados a la minería, especialmente a la informal y artesanal. 

El Gobierno peruano ha iniciado una revisión formal sobre su continuidad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), según confirmó el ministro de Justicia, Juan Alcántara. La evaluación está siendo desarrollada por un equipo técnico conjunto entre el Ministerio de Justicia y la Cancillería, aunque aún no se ha definido una fecha para presentar conclusiones ni decisiones oficiales.

Esta revisión se produce en un contexto de creciente tensión entre el Estado peruano y el organismo internacional, tras las recientes observaciones de la Corte sobre el proyecto de ley que busca otorgar una amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa por acciones realizadas en el contexto del terrorismo de dos grupos subversivos entre 1980 y 2000. Aunque el proyecto aún se encuentra en trámite legislativo, la Corte solicitó detener su avance, lo que provocó la inmediata reacción del Ejecutivo.

Para el canciller Elmer Schialer, esta intervención es una extralimitación. “Ni siquiera es ley y ya están exigiendo una posición. ¿La Corte IDH es un gobierno supranacional?”, cuestionó en declaraciones a la prensa. La posición fue reforzada por sectores políticos, como el congresista José Cueto, quien reiteró su respaldo al retiro del Perú del sistema interamericano, al considerar que este vulnera la soberanía nacional.

No obstante, más allá del debate coyuntural, surge una pregunta de fondo: ¿ha sido favorable para el Perú mantener su participación en la Corte IDH?

Durante las últimas décadas, la Corte ha sido clave en casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta, donde se reconocieron violaciones a los derechos humanos cometidas por el propio Estado. Estos fallos contribuyeron a fortalecer la rendición de cuentas y a consolidar una institucionalidad más respetuosa de los derechos fundamentales. Sin embargo, también ha habido momentos en que sus decisiones han generado fricciones con autoridades nacionales, especialmente en asuntos vinculados a las Fuerzas Armadas y la lucha contra el terrorismo.

El dilema, por tanto, no se reduce a obedecer o no a una corte externa, sino a equilibrar el respeto a la soberanía con el compromiso internacional del país en materia de derechos humanos. Retirarse de la Corte IDH también podría enviar un mensaje preocupante sobre el retroceso en estos compromisos, especialmente en un contexto donde las instituciones democráticas ya enfrentan desafíos serios.

El debate está abierto, y su desenlace tendrá implicancias profundas en la política exterior y la salud institucional del país.

#EnVivo

Juan Alcántara, ministro de Justicia: Se está evaluando la salida de la Corte IDH, cuando tengamos el resultado del equipo técnico se dirá si es conveniente o no

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— Canal N (@canalN_) August 1, 2025

La permanencia de Gino Ríos Patio en la presidencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha sido cuestionada por la congresista no agrupada, Flor Pablo Medina, quien ha solicitado formalmente su vacancia por falta de idoneidad moral, citando como fundamento dos sentencias firmes en su contra por violencia psicológica.

La solicitud fue presentada oficialmente mediante un oficio ante la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, según se informó a través de las redes sociales de la parlamentaria. En su pronunciamiento, Flor Pablo exigió a la JNJ actuar con celeridad, argumentando que un funcionario con antecedentes por violencia familiar no puede mantenerse en un cargo desde el cual se nombran jueces y fiscales, particularmente aquellos vinculados a la justicia de familia.

“Un sentenciado por violencia familiar no puede seguir nombrando jueces y fiscales. He presentado una solicitud de vacancia contra Gino Ríos por carecer de la idoneidad moral que exige la ley para integrar, y menos aún presidir, la JNJ”, expresó la congresista en la red social X.

La parlamentaria recordó que las sentencias contra Ríos Patio se emitieron en el marco de un proceso de divorcio y una denuncia por violencia familiar, ambos con resolución firme. Bajo este contexto, insistió en que la ley es clara respecto a los requisitos éticos que deben cumplir los miembros de la JNJ, entidad clave para el sistema de justicia del país.

En su oficio formal, identificado como n.° 875-2025-2026-FPM-CR, Pablo sostiene que se cumplen plenamente las causales establecidas en el artículo 13° de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que contempla la vacancia por pérdida de idoneidad moral. Además, consideró que ignorar estas causales podría debilitar gravemente la credibilidad institucional de la JNJ.

La congresista también solicitó ser notificada de los descargos y pruebas que pueda presentar el señor Ríos, para ejercer su derecho a rebatir cualquier alegación que busque invalidar la solicitud.

Con esta petición, se reabre el debate sobre los criterios éticos y la responsabilidad institucional en los altos cargos del sistema judicial, y se pone a prueba la disposición de la JNJ para aplicar con firmeza su propia normativa interna.

Mientras el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, se encuentra nuevamente fuera del cargo por vacaciones hasta el 9 de agosto —sumando ya 145 días de ausencia en lo que va del año—, el Ministerio Público ha iniciado una diligencia clave para esclarecer presuntas irregularidades en la adjudicación de dos obras públicas por casi S/ 300 millones.

La Fiscalía Anticorrupción intervino esta semana las oficinas del Gobierno Regional de La Libertad, incautando documentos relacionados con los contratos observados. Durante más de dos horas, los fiscales se reunieron con funcionarios para recoger información administrativa y escuchar los primeros descargos. El objetivo: determinar si los procesos de licitación se ajustaron de acuerdo a ley o si, por el contrario, existieron prácticas que podrían configurar presuntos delitos de corrupción.

Desde la administración regional se ha insistido en que los procedimientos fueron legales. El gerente general, Martín Namay Valderrama, aseguró que el control posterior —responsabilidad de la Contraloría— permitirá verificar la autenticidad de los documentos presentados por las empresas contratistas. Además, afirmó que la gestión regional viene colaborando con la Fiscalía y ha puesto a disposición toda la información solicitada.

Sin embargo, la investigación no se detiene en La Libertad. El consejero regional Robert de la Cruz encendió las alarmas al señalar que la empresa ganadora de las obras también ha sido beneficiada con millonarios contratos en otras regiones gobernadas por autoridades cercanas a Alianza para el Progreso (APP), el partido de César Acuña Peralta. Particularmente, mencionó Ayacucho, donde el gobernador Wilfredo Oscorima —otro aliado político de APP— ha adjudicado proyectos millonarios a la misma compañía.

Estas coincidencias, según De la Cruz, no pueden ser ignoradas y exigen una revisión más amplia del patrón de contrataciones públicas dentro de regiones dirigidas por el partido apepista. Advirtió posibles conflictos de interés y solicitó una investigación profunda, no solo desde el ámbito judicial, sino también político.

Acuña Peralta, por su parte, rechazó las acusaciones a través de redes sociales y sostuvo que su gestión se rige por principios de legalidad y transparencia. Pero su prolongada ausencia en momentos clave y la repetición de contratistas bajo su entorno partidario dejan más preguntas que respuestas.