Política
Exregidor Jorge Valdez: “Jorge Muñoz, de lejos, aun con sus falencias, era mucho mejor alcalde que López Aliaga”
Lea la entrevista completa de Luis FelIpe Alpaca.
Actualmente, la ciudad de Lima viene atravesando una serie de problemas que tienen que ver con la inseguridad, el desorden y los conflictos entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la ATU, con respecto a la nueva obra de la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima. Dicha controversia, no hace otra cosa que retrasar el proyecto y los únicos perjudicados siempre serán los ciudadanos. Lima Gris conversó sobre este tema y sobre la actuación del alcalde de Lima Rafael López Aliaga, con el experimentado en temas municipales y exregidor metropolitano Jorge Valdez Oyola.
Aquí la entrevista.
Primero para contextualizar a la ciudadanía ¿Cuál es el verdadero rol de un alcalde?
Un alcalde, por la propia ley, se encarga de algunos temas puntuales de la administración de una ciudad. Por ejemplo, se encarga del ornato, de la limpieza, de la seguridad, pero que tiene que ver con el Serenazgo. Una cosa es el Serenazgo y otra cosa completamente distinta es la seguridad que nos tiene que dar la Policía Nacional y obviamente el Gobierno Nacional y el Ministerio del interior. Además de eso, se encarga del desarrollo de la propia ciudad y del reordenamiento de ésta. De cómo se administra el suelo de la ciudad; es decir, los permisos para construcción, las licencias para los negocios. Adicionalmente, también administran el tránsito, vale decir la circulación vehicular en su circunscripción. En este caso puntualmente la MML se encarga del tránsito en toda la provincia de Lima.
Hablemos del alcalde de Lima López Aliaga. Recordemos que primero quiso ser presidente y tras postular y perder las elecciones generales en 2021, inmediatamente optó por candidatear a la comuna metropolitana y luego de ser elegido se convirtió en alcalde ¿Qué opinión te merece esa actuación?
Puntualmente, en el caso de López Aliaga, siempre hay que preguntarnos ¿si estamos frente al candidato López Aliaga, o al actual alcalde de Lima? Porque yo soy de los que piensan que López Aliaga nunca dejó de ser candidato. Vale decir, postuló a la presidencia de la República, inmediatamente vio la elección municipal y continuó su candidatura; luego fue elegido como alcalde y mientras tanto, sigue actuando como candidato pensando en las siguientes elecciones presidenciales. Es una persona que desde mi punto de vista está ávida de poder y en ese deseo continúa actuando y continúa en su posición como un candidato. Y es ahí que vemos, no solamente que no ha colmado las expectativas del electorado, sino que, su propia actuación y su discurso, sobre todo confrontacional con el gobierno, me indican más bien una postura política y no tanto una postura de un alcalde que lo que quiere es conciliar y conversar para ver cómo la ciudad puede mejorar.
Entonces, ¿consideras que ya empezó su campaña presidencial, a pesar que es un alcalde en ejercicio?
Yo lo que creo, es que él nunca ha dejado de ser candidato. Incluso, electo alcalde, él ha continuado mirando con el rabillo del ojo el sillón presidencial y que cada acto que él toma como alcalde, se hace siempre pensando políticamente como candidato.
Ya es de conocimiento público que el alcalde de Lima ha utilizado las redes sociales de la MML para publicar imágenes donde se le ve con la banda presidencial ¿Esto puede tener efectos legales? ¿Se puede emprender una acción legal contra esta acción?
Por supuesto. Nada del recurso público debería ser utilizado para alguien que está manifiestamente y abiertamente pretendiendo una elección de un cargo que no tiene nada qué ver con el cargo que ocupa actualmente. Por eso la ley prescribe que un alcalde que quiera ser, por ejemplo, candidato a la presidencia, tiene que renunciar con una anterioridad. Lo que sucede es que esa anterioridad para mí es muy corta. Vale decir, si un alcalde en funciones pretende un cargo superior, yo creo que por lo menos, dos años antes debería dejar el cargo justamente para que no vaya a suceder esto que tú propones, la idea de que alguien podría estar utilizando recursos del Estado y municipales para una campaña presidencial.
Esa línea es bien delgada, porque todos tenemos claro y sabemos que López Aliaga es y va a ser candidato a la presidencia de la República. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es ¿su entorno personal, sus asesores, sus funcionarios y los que manejan la página web y los que cuelgan los contenidos, están pensando en López Aliaga como alcalde para resolver los problemas? o ¿ya todos están pensando en el López Aliaga candidato? y ¿cómo le hago la mejor presentación para verlo como un presidenciable? esa es la pregunta. ¿Será que ya todo un entorno y toda una maquinaria pagada obviamente por la municipalidad, estaría al servicio de una eventual campaña? esa es una pregunta que tenemos que hacernos.
Con respecto a la controversia de la obra de la estación central de la Línea 2 en el centro de Lima, el alcalde ha ordenado instalar una veintena de carteles para desmentir al concesionario e indicar que han cerrado el Paseo Colón sin autorización de la MML ¿Es verdad que cada panel ha costado S/700 soles?
De repente podría equivocarme en el número, en uno o dos; pero yo circulé por el centro de Lima el otro día y si no me equivoco yo habría contado 20 paneles. Entonces, al ver que no es un panel informativo, sino, un panel que tiene que ver más bien con una respuesta política a algo, porque ese panel no informa nada y no tiene una comunicación virtuosa. Inmediatamente hice una llamada a una persona que provee paneles y le di las características y me dio el precio aproximado de S/700 cada panel.
López Aliaga ha salido a los medios a decir que el ‘malo de la película’ es el MTC, que desde hace muchos años dicha institución del Ejecutivo ha trabado la obra de la Línea 2. Sin embargo, la misión del alcalde de Lima es precisamente no trabar dicha obra, entonces, ¿Qué está sucediendo exactamente?
López Aliaga está abocado en tratar de instalar en la población el hecho de que él está haciendo algo, cuando en realidad no está haciendo nada. Ahora resulta que él es el paladín y defensor de la ciudad y de los ciudadanos. El alcalde no tiene porqué dedicarse al enfrentamiento con otras instituciones también abocadas al desarrollo. Deberíamos tener un alcalde, más bien conciliador, evaluador de la obra, con propuestas de cómo lograr que la empresa de verdad termine la obra en el plazo que le corresponde. Debería estar abocado a eso y no a ponerle trabas a la empresa a modo de hábeas corpus y de denuncias legales.
Él debería estar abocado a mejorar el tránsito y la circulación alrededor de la obra. A ver cómo hago para que el plan de desvíos funcione mejor. A plantear ideas y no el conflicto. Él continúa actuando políticamente, queriéndonos hacer pensar que lucha a favor del vecino contra el gobierno. Que él está enfrentado al gobierno; sin embargo, cruzando la avenida Abancay (en el Congreso) la bancada de Renovación Popular le vota todo a favor del gobierno y lo apoya en todo. Entonces, veo ahí la histórica ‘escopeta de dos cañones’. Yo juego por acá con este cañón a ser el que fiscaliza al gobierno y defiende al ciudadano; y por el otro, tú con la bancada apoya al gobierno en todo.
Mencionaste la palabra conciliación. Sin embargo, el alcalde se ha peleado con diversos gremios, e intenta desalojar a los emolienteros que desde hace 28 años fueron refrendados por una resolución de alcaldía gracias a Alberto Andrade. Asimismo, pretende desalojar a los canillitas. Ha cerrado ‘Las Cucardas’ y las trabajadoras sexuales están en las calles expuestas ante los extorsionadores. Incluso, ha despedido a 860 trabajadoras de limpieza con más de veinte años de servicio.
No sé cómo él está intentando iniciar una campaña presidencial y que en su acápite diga: “generación de trabajo”, cuando en realidad con la mano izquierda, está haciendo que cientos de familias puedan quedarse sin trabajo. Y me refiero a los emolienteros, a los canillitas y también a las trabajadoras sexuales. Él debería, por el contrario, ver cómo generar, no solamente la posibilidad de que se queden estas personas de manera ordenada, obviamente respetando el ornato, con limpieza, con calidad en los lugares que ya tienen. Si no, cómo puedo promover incluso mayores posibilidades para ese comercio ambulatorio que inunda Lima. Fracasó en una intentona que tuvo de llevárselos a Barrios Altos a una zona que era un poco más que un descampado. Debería generar posibilidades en zonas más urbanas, en zonas donde de verdad los comerciantes puedan tener negocio y donde puedan vender.
Hablemos de la revocatoria contra el alcalde López Aliaga. Ya se adquirió el kit electoral y ya se están recabando las firmas. Suena fuerte esta iniciativa contra él y contra otros alcaldes distritales de su partido ¿crees que finalmente se pueda destituir a López Aliaga?
La permanente incapacidad de gestión, la permanente falta de resultados, la permanente incapacidad para poder resolver los problemas de la ciudad, le han ganado a López Aliaga a pulso, la posibilidad de que un grupo de ciudadanos quiera revocarlo. Eso a mí no me cabe duda, porque no hay un resultado y no se ve un horizonte en la administración de la ciudad y por supuesto, me refiero también a algunos distritos donde casualmente hay alcaldes del partido del alcalde de Lima, donde los vecinos ya hartos han salido a buscar su kit y salen a las calles organizados a buscar las firmas.
Ahora, sobre López Aliaga, creo que de revocarlo, le estarían haciendo un bien, porque no solamente lo harían dejar el cargo con más tiempo para luego dedicarse a su campaña; sino, que va a salir a decir que le hicieron daño, que la izquierda, que los proterroristas y quien fuere. Va a decir que son malos y que como él ya estaba a punto de convertir Lima en Potencia Mundial, había que sacarlo. Entonces creo que la revocatoria, dado el proceso electoral tan cerca y dado que él ya es prácticamente un candidato a ese proceso, por el contrario, lo va a victimizar. Creo que dejarlo en el cargo donde está hasta el último momento que tenga que estar, va a evidenciar claramente la gran incapacidad que tiene de gestión, con lo cual, el electorado en el tema nacional seguramente lo castigaría, como tiene que castigarlo.
Ahora, conseguir dos millones de firmas es una tarea titánica en una ciudad compleja como es Lima. Verdaderamente, en otras condiciones yo estaría completamente de acuerdo, pero adelantándome a la posibilidad de una victimización, me manifiesto en contra. Sin embargo, soy también de los que firmaría el planillón de revocatoria, solamente como muestra de rechazo a una gestión incapaz, a una gestión sin una luz al fondo del túnel.
Para terminar, estamos acostumbrados a elegir al mal menor. En ese sentido, cuál de los dos alcaldes fue peor ¿Jorge Muñoz o Rafael López Aliaga?
Todos saben la profunda oposición que tuve a la gestión del alcalde Jorge Muñoz, porque no compartía muchas de las cosas que él hacía, pero increíblemente… y es una reflexión que he hecho; tengo que decir que Jorge Muñoz, de lejos, aún con sus falencias, era mucho mejor alcalde que López Aliaga y tenía una primera cualidad que lo diferencia. Jorge Muñoz sí era un hombre más dialogante. Era un hombre que sí dialogaba con todos los sectores. Seguramente él en una coyuntura como esta de la Línea 2, habría estado sentado con todos los actores buscando la solución y no provocando más conflicto y echándole más leña al fuego. Creo que finalmente, en el tiempo la gente va a terminar diciendo que Jorge Muñoz fue mejor alcalde que López Aliaga.
Es increíble lo que mencionas…
Sí, suena increíble.
Política
Mineros informales amenazan con romper diálogo si el Gobierno no cede a sus reclamos
Mineros pretenden imponer sus condiciones, caso contrario anuncian nuevas protestas en el país.
Más de 50 personas fallecidas a causa de la minería informal, pero eso no es suficiente para muchos mineros informales que se encuentran camuflados entre algunos mineros artesanales. Para ellos, lo único que interesa es el oro, quedando en un segundo plano el derramamiento de sangre.
Pasadas las once de la mañana de hoy, los principales dirigentes de la Confederación Nacional de Federaciones Mineras del Perú (Confemin) ingresaron al despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros para sostener la cuarta mesa de diálogo con el premier Eduardo Arana y otras altas autoridades del Ejecutivo y del Legislativo.
En la importante reunión también estuvieron presentes Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), así como el expresidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, y la exvicepresidenta de dicho grupo de trabajo, Diana Gonzales.
Este importante grupo de mineros pretende doblegar al Gobierno Central para que flexibilice los plazos para regular el uso de explosivos durante la extracción del oro, caso contrario abandonarán cualquier tipo de negociación.
El detonante es el Decreto Supremo 09-2025-EM, que exige a los mineros informales obtener autorización para el uso de explosivos antes del 17 de agosto. Según Confemin, este plazo es “técnicamente inviable” y dejaría fuera del proceso a miles de trabajadores.
Previamente, Máximo Franco Béquer, presidente de Confemin, criticó que el Ejecutivo haya ignorado las observaciones planteadas en mesas técnicas y subcomisiones. Según el dirigente, hubo consenso en que los plazos eran imposibles de cumplir, pero hasta ahora no se ha hecho ningún cambio normativo.
“Si no atienden nuestras demandas, volveremos a protestar”, afirmó Ismael Palomino, coordinador nacional de Confemin. La paciencia se agota, y los gremios ya alistan acciones si el Ejecutivo mantiene la fecha límite actual.
El problema no solo afecta a quienes no han podido avanzar con la formalización. También golpea a los más de 50 mil mineros que ya fueron excluidos del Reinfo, profundizando la percepción de que el proceso está mal diseñado y genera más informalidad en lugar de reducirla.
El dato:
Un reciente informe del Observatorio de Conflictos Mineros señala que más del 50% de los conflictos sociales en el país están vinculados a la minería, especialmente a la informal y artesanal.
Política
Perú evalúa retirarse de la Corte IDH: ¿defensa de soberanía o retroceso institucional? [VIDEO]
El Gobierno inició el análisis técnico para definir si el Perú debe continuar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en medio de presiones políticas y cuestionamientos al rol del organismo adscrito a la OEA.
El Gobierno peruano ha iniciado una revisión formal sobre su continuidad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), según confirmó el ministro de Justicia, Juan Alcántara. La evaluación está siendo desarrollada por un equipo técnico conjunto entre el Ministerio de Justicia y la Cancillería, aunque aún no se ha definido una fecha para presentar conclusiones ni decisiones oficiales.
Esta revisión se produce en un contexto de creciente tensión entre el Estado peruano y el organismo internacional, tras las recientes observaciones de la Corte sobre el proyecto de ley que busca otorgar una amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa por acciones realizadas en el contexto del terrorismo de dos grupos subversivos entre 1980 y 2000. Aunque el proyecto aún se encuentra en trámite legislativo, la Corte solicitó detener su avance, lo que provocó la inmediata reacción del Ejecutivo.
Para el canciller Elmer Schialer, esta intervención es una extralimitación. “Ni siquiera es ley y ya están exigiendo una posición. ¿La Corte IDH es un gobierno supranacional?”, cuestionó en declaraciones a la prensa. La posición fue reforzada por sectores políticos, como el congresista José Cueto, quien reiteró su respaldo al retiro del Perú del sistema interamericano, al considerar que este vulnera la soberanía nacional.
No obstante, más allá del debate coyuntural, surge una pregunta de fondo: ¿ha sido favorable para el Perú mantener su participación en la Corte IDH?
Durante las últimas décadas, la Corte ha sido clave en casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta, donde se reconocieron violaciones a los derechos humanos cometidas por el propio Estado. Estos fallos contribuyeron a fortalecer la rendición de cuentas y a consolidar una institucionalidad más respetuosa de los derechos fundamentales. Sin embargo, también ha habido momentos en que sus decisiones han generado fricciones con autoridades nacionales, especialmente en asuntos vinculados a las Fuerzas Armadas y la lucha contra el terrorismo.
El dilema, por tanto, no se reduce a obedecer o no a una corte externa, sino a equilibrar el respeto a la soberanía con el compromiso internacional del país en materia de derechos humanos. Retirarse de la Corte IDH también podría enviar un mensaje preocupante sobre el retroceso en estos compromisos, especialmente en un contexto donde las instituciones democráticas ya enfrentan desafíos serios.
El debate está abierto, y su desenlace tendrá implicancias profundas en la política exterior y la salud institucional del país.
#EnVivo
— Canal N (@canalN_) August 1, 2025
Juan Alcántara, ministro de Justicia: Se está evaluando la salida de la Corte IDH, cuando tengamos el resultado del equipo técnico se dirá si es conveniente o no
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Política
Solicitan vacancia de Gino Ríos en la JNJ por sentencias por violencia familiar
Parlamentaria Flor Pablo presentó formalmente una solicitud de vacancia contra el magistrado Gino Ríos “por carecer de idoneidad moral como exige la ley para integrar, y menos aún presidir, la JNJ”, manifestó.
La permanencia de Gino Ríos Patio en la presidencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha sido cuestionada por la congresista no agrupada, Flor Pablo Medina, quien ha solicitado formalmente su vacancia por falta de idoneidad moral, citando como fundamento dos sentencias firmes en su contra por violencia psicológica.
La solicitud fue presentada oficialmente mediante un oficio ante la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, según se informó a través de las redes sociales de la parlamentaria. En su pronunciamiento, Flor Pablo exigió a la JNJ actuar con celeridad, argumentando que un funcionario con antecedentes por violencia familiar no puede mantenerse en un cargo desde el cual se nombran jueces y fiscales, particularmente aquellos vinculados a la justicia de familia.
“Un sentenciado por violencia familiar no puede seguir nombrando jueces y fiscales. He presentado una solicitud de vacancia contra Gino Ríos por carecer de la idoneidad moral que exige la ley para integrar, y menos aún presidir, la JNJ”, expresó la congresista en la red social X.
La parlamentaria recordó que las sentencias contra Ríos Patio se emitieron en el marco de un proceso de divorcio y una denuncia por violencia familiar, ambos con resolución firme. Bajo este contexto, insistió en que la ley es clara respecto a los requisitos éticos que deben cumplir los miembros de la JNJ, entidad clave para el sistema de justicia del país.
En su oficio formal, identificado como n.° 875-2025-2026-FPM-CR, Pablo sostiene que se cumplen plenamente las causales establecidas en el artículo 13° de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que contempla la vacancia por pérdida de idoneidad moral. Además, consideró que ignorar estas causales podría debilitar gravemente la credibilidad institucional de la JNJ.
La congresista también solicitó ser notificada de los descargos y pruebas que pueda presentar el señor Ríos, para ejercer su derecho a rebatir cualquier alegación que busque invalidar la solicitud.
Con esta petición, se reabre el debate sobre los criterios éticos y la responsabilidad institucional en los altos cargos del sistema judicial, y se pone a prueba la disposición de la JNJ para aplicar con firmeza su propia normativa interna.
Política
Fiscalía Anticorrupción allana gestión de César Acuña en La Libertad
César Acuña tomó vacaciones y el Ministerio Público intervino las oficinas del Gobierno Regional de La Libertad por presuntas irregularidades en contratos de obras valorizadas en S/ 300 millones.
Mientras el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, se encuentra nuevamente fuera del cargo por vacaciones hasta el 9 de agosto —sumando ya 145 días de ausencia en lo que va del año—, el Ministerio Público ha iniciado una diligencia clave para esclarecer presuntas irregularidades en la adjudicación de dos obras públicas por casi S/ 300 millones.
La Fiscalía Anticorrupción intervino esta semana las oficinas del Gobierno Regional de La Libertad, incautando documentos relacionados con los contratos observados. Durante más de dos horas, los fiscales se reunieron con funcionarios para recoger información administrativa y escuchar los primeros descargos. El objetivo: determinar si los procesos de licitación se ajustaron de acuerdo a ley o si, por el contrario, existieron prácticas que podrían configurar presuntos delitos de corrupción.
Desde la administración regional se ha insistido en que los procedimientos fueron legales. El gerente general, Martín Namay Valderrama, aseguró que el control posterior —responsabilidad de la Contraloría— permitirá verificar la autenticidad de los documentos presentados por las empresas contratistas. Además, afirmó que la gestión regional viene colaborando con la Fiscalía y ha puesto a disposición toda la información solicitada.
Sin embargo, la investigación no se detiene en La Libertad. El consejero regional Robert de la Cruz encendió las alarmas al señalar que la empresa ganadora de las obras también ha sido beneficiada con millonarios contratos en otras regiones gobernadas por autoridades cercanas a Alianza para el Progreso (APP), el partido de César Acuña Peralta. Particularmente, mencionó Ayacucho, donde el gobernador Wilfredo Oscorima —otro aliado político de APP— ha adjudicado proyectos millonarios a la misma compañía.
Estas coincidencias, según De la Cruz, no pueden ser ignoradas y exigen una revisión más amplia del patrón de contrataciones públicas dentro de regiones dirigidas por el partido apepista. Advirtió posibles conflictos de interés y solicitó una investigación profunda, no solo desde el ámbito judicial, sino también político.
Acuña Peralta, por su parte, rechazó las acusaciones a través de redes sociales y sostuvo que su gestión se rige por principios de legalidad y transparencia. Pero su prolongada ausencia en momentos clave y la repetición de contratistas bajo su entorno partidario dejan más preguntas que respuestas.
Política
Bancada de Somos Perú ahora tiene 10 miembros tras la integración de Paul Gutiérrez
Parlamentario en este quinquenio ha pasado por cuatro bancadas.
El congresista ‘golondrino’. El parlamentario por la región Apurímac, Paul Gutiérrez Ticona, bien podría ser calificado como el típico legislador sin bandera ni ideología definida, pues desde que se estableció este Parlamento en el 2021 inició con Perú Libre para luego conformar la bancada del Juntos por el Perú, tiempo después representaba los colores del Bloque Magisterial, y tras la disolución de esta última ahora anuncia su inserción a Somos Perú.
Con la incorporación de Gutiérrez Ticona a Somos Perú, la bancada del actual presidente del Congreso, José Jerí, alcanzó los 10 integrantes. Antes de las elecciones a la Mesa Directiva 2025-2026, se incorporaron a esta bancada los congresistas Alex Paredes, Elizabeth Medina y Óscar Zea, quienes también dejaron el desintegrado Bloque Magisterial.
De esta manera, los integrantes de la bancada de Somos Perú suman 10 representantes: Alfredo Azurín Loayza, Paul Gutiérrez Ticona, José Jerí Oré, Elizabeth Medina Hermosilla, Jorge Morante Figari, Alex Paredes Gonzales, Bernando Pazo Nunura, Héctor Valer Pinto, Óscar Zea Choquechambi y Ana Zegarra Saboya.
Con este nuevo cambio la conformación de los grupos parlamentarios ha quedado de la siguiente manera: Fuerza Popular continúa siendo la bancada con más integrantes, teniendo a 21; le sigue Alianza para el Progreso con 17; detrás de ellos está Podemos Perú con 13; Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, Perú Libre y Renovación Popular tienen 11 legisladores; Somos Perú con 10; Acción Popular con 9; Avanza País con 6; Bancada Socialista, Bloque Popular Democrático, Honor y Democracia cuentan con 5 integrantes cada uno; finalmente los no agrupados suman 6.
El dato:
En febrero de 2025, la Comisión de Ética del Congreso recomendó sancionarlo con una amonestación escrita pública. Se le señalaba por incluir respuestas generadas por ChatGPT en al menos cinco proyectos de ley sin edición ni revisión adecuada, lo cual fue considerado un “descuidado uso de la inteligencia artificial”, aunque no se estableció plagio formal.
Luego de investigaciones periodísticas, Gutiérrez retiró los proyectos cuestionados. Reconoció que fue un asesor quien copió y pegó las respuestas de IA y afirmó que no supervisó los documentos antes de presentarlos oficialmente.
Política
Gobierno rechaza afirmaciones de López Aliaga y respalda al ministro Sandoval
La disputa por el proyecto ferroviario Caltrain aviva el enfrentamiento entre el MTC y la Municipalidad de Lima. La mandataria Dina Boluarte apoya al ministro César Sandoval y deslegitima las acusaciones del alcalde Rafael López Aliaga, profundizando la confrontación política.
La reciente controversia por el proyecto del Tren Lima-Chosica ha desnudado algo más que una discrepancia técnica. Ha puesto en evidencia un enfrentamiento político entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), encabezado por César Sandoval, y la Municipalidad Metropolitana de Lima, dirigida por Rafael López Aliaga. Lo que podría haber sido un debate técnico sobre movilidad urbana, terminó convertido en un intercambio de acusaciones que refleja la descoordinación entre niveles de gobierno.
El punto más álgido se produjo cuando el alcalde de Lima acusó al ministro Sandoval de intentar apropiarse del material rodante del tren con supuestos fines irregulares. Incluso fue más allá, al insinuar que el ministro había buscado respaldo político para acceder al cargo, encendiendo así una chispa que rápidamente escaló.
La respuesta no se hizo esperar. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) difundió un comunicado categórico respaldando a Sandoval y condenando lo que calificó como “lamentables expresiones” del burgomaestre. En el documento, se destaca que el titular del MTC actúa con criterios técnicos y en busca de soluciones sostenibles para el sistema de transporte, mientras se lamenta el deterioro de la coordinación interinstitucional.
Detrás del lenguaje diplomático, sin embargo, se percibe una preocupación legítima. El enfrentamiento entre dos figuras clave en la gestión de infraestructura pública pone en jaque proyectos urgentes como el tren Lima-Chosica, vital para aliviar el caos vehicular de la capital. Lejos de fomentar consensos, ambos actores han optado por el enfrentamiento público, arrastrando consigo el riesgo de paralización de obras necesarias.
El ministro Sandoval, por su parte, agradeció públicamente el respaldo de la PCM, reiterando su compromiso con cerrar brechas sociales y trabajar con gobiernos locales.
Pero ese llamado al diálogo llega después del ruido mediático, y en medio de una narrativa de poder en la que cada parte institucional parece más interesada en marcar territorio que en coordinar esfuerzos.
Más allá de quién tenga la razón técnica, lo cierto es que esta disputa política revela la fragilidad de la articulación institucional en el país. En un contexto donde la ciudadanía exige soluciones concretas al colapso del transporte, la confrontación parece ser, una vez más, el camino elegido.
Política
Mañana el Congreso decide si autoriza viaje de Dina Boluarte a Asia
Permiso de mandataria para salir del país el próximo martes con destino a Japón e Indonesia será debatido este 1 de agosto en el pleno del Congreso.
El presidente del Congreso, José Jerí (Somos Perú), anunció que este viernes 1 de agosto se pondrá a debate en el Pleno el nuevo pedido de autorización presentado por el Ejecutivo para que la mandataria Dina Boluarte pueda ausentarse del país entre el 5 y el 12 de agosto, con destino a Japón e Indonesia.
La solicitud, registrada en el Proyecto de Resolución Legislativa N° 11986/2025-PE, fue remitida al Parlamento el 29 de julio. Según se detalla, la jefa de Estado ha sido invitada por el Gobierno japonés a participar en la Exposición Universal ‘Osaka Kansai 2025’, evento que se celebrará el 9 de agosto en la ciudad de Osaka. Además, está programada una reunión bilateral con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, en Tokio, y una audiencia con el emperador Naruhito.
Posteriormente, Boluarte planea trasladarse a Indonesia, donde el 11 de agosto asistiría a las actividades oficiales por el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. La visita, de acuerdo con información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, tendría carácter de “Visita de Estado”.
Aunque la solicitud cumple con los procedimientos constitucionales, el titular del Congreso expresó ciertas reservas. Jerí lamentó que la presidenta no haya enviado aún las iniciativas legislativas anunciadas durante su reciente mensaje a la Nación, como la propuesta de ley para regular la pequeña minería y la minería artesanal.
“Creo mucho en la política de los detalles. Hubiera sido más oportuno que, junto con el pedido de autorización, llegaran también los proyectos que prometió. Eso habría sido un gesto distinto”, comentó Jerí. También reconoció que parte de la ciudadanía cuestiona la frecuencia de los viajes presidenciales y percibe una falta de atención a temas prioritarios del país.
El Congreso definirá este viernes si autoriza el desplazamiento internacional de la mandataria, en un contexto en el que se exige mayor coherencia entre los anuncios del Ejecutivo y sus acciones.
Política
Piden a la fiscal de la Nación investigar a López Aliaga por presunta compra encubierta de trenes
El congresista Pasión Dávila pidió a la Fiscalía abrir una investigación preliminar contra el alcalde de Lima y funcionarios de la MML, por los presuntos delitos de defraudación aduanera, malversación, colusión, abuso de autoridad y falsedad ideológica.
La adquisición de trenes por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima ha entrado en una fase crítica de cuestionamiento. Lo que inicialmente fue presentado como una generosa donación por parte de la empresa ferroviaria estadounidense Caltrain, ahora es objeto de sospecha y denuncia formal ante la Fiscalía de la Nación.
El congresista Pasión Dávila Atanacio, de la Bancada Socialista, solicitó el 23 de julio que se inicie una investigación preliminar contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga y funcionarios de la MML, por presuntos delitos que incluyen defraudación de renta de aduanas, malversación de fondos, colusión, abuso de autoridad y falsedad ideológica. Según el parlamentario, no se trataría de una donación genuina, sino de una “compraventa encubierta”.
La solicitud enviada a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, incluye el pedido expreso de que se cite como investigados tanto al burgomaestre como a los funcionarios responsables de la operación. Dávila advierte que la magnitud de los hechos amerita una investigación “exhaustiva e inmediata”, ante posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos y declaraciones aduaneras.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la aparente contradicción entre la información entregada por Caltrain y la presentada por la MML. Mientras la empresa estadounidense consignó en su carta oficial de “donación” un valor de US$ 4.9 millones por el material ferroviario, la Municipalidad registró el mismo proceso con un valor inflado de S/822 millones, bajo el concepto de “valor técnico patrimonial”.
Además, Dávila Atanacio indica que existen actas del Comité Consultivo de Ciudadanos de Caltrain, fechadas el 15 de enero de 2025, en las que se hace referencia explícita a una “venta” de locomotoras, no a una donación. También se sostiene que el material fue parte de un proceso de retiro de flota diésel y había sido previamente puesto en venta pública por la empresa.
La denuncia también incluye la posible existencia de pagos no declarados. Por su parte, el exministro Rafael Rey habría afirmado que la MML transfirió más de US$ 7 millones a Caltrain, contradiciendo el discurso oficial sobre la gratuidad de la operación.
Frente a estos indicios, surgen preguntas que la municipalidad metropolitana liderada por López Aliaga aún no ha respondido con claridad: ¿hubo realmente una donación sin condiciones? ¿Por qué no se hizo pública toda la documentación? ¿Y por qué el valor declarado varía tanto según la fuente?
Por ahora, el caso avanza hacia el Ministerio Público, mientras las dudas sobre la transparencia del proceso siguen creciendo.
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