La tecnología utilizada para combatir la corrupción. Un estudio realizado por la Contraloría, utilizando la Inteligencia Artificial (IA), consiguió detectar alrededor de 2200 proveedores que contrataron con el Estado por más de S/584 millones pese a estar impedidos de hacerlo por tener vínculos de consanguinidad y afinidad con altos funcionarios, así como a unas 700 personas que trabajaban en el Estado pese a haber sido inhabilitados para trabajar en el sector público.

Para la Contraloría, este estudio, ejecutado en el marco de la Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII), concluye que el uso de la IA es crucial para la lucha anticorrupción.

“Esto es solo una muestra del potencial que tienen las nuevas líneas de tecnología en el mundo y que se vienen aplicando ya en la Contraloría General del Perú”, señala la Contraloría.

Según indican, en algunos países como Brasil ya se usan aplicativos de inteligencia artificial que trabajan con el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) en la revisión de todas las contrataciones públicas de dicho país y alerta sobre cualquier indicio de irregularidad.

“Sería importante que el TCU permita que las instituciones pares en el control gubernamental podamos acceder a esta nueva tecnología. Sin dudas, resultaría de gran utilidad en la planificación y ejecución de auditorías para nuestros países”, indican.

El uso de la Inteligencia Artificial fue resaltado como fundamental en la lucha contra la corrupción, según el ente de control, enfatizando su papel complementario al trabajo físico de los auditores. Se subrayó que las contrataciones públicas son escenarios frecuentes de corrupción, con consecuencias negativas tanto económicas como sociales.

Finalmente, se enfatizó la necesidad de sancionar de manera ejemplar a quienes infringen la ley, subrayando que la potestad sancionadora es crucial en la administración pública. Sin embargo, se identificaron desafíos para fortalecer el sistema sancionador, como la escasez de recursos financieros, técnicos y humanos, y se resaltó la importancia de promover la ética en la gestión pública en la lucha contra la corrupción.

Los tiempos cambian y la forma en que nos comunicamos también, esto debido a nuevos inventos, la globalización, o nuevas definiciones. Todo cambia y nuestra lengua no es ajena a las variaciones que muchas veces provienen de las redes sociales.

El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, ha destacado la inclusión de nuevas acepciones como crack, en cursiva, para designar a la persona que destaca extraordinariamente en algo; o tóxico, de la acepción como influencia nociva o perniciosa sobre alguien.

En el ámbito de la tecnología resalta la palabra videoarbitraje y su acrónimo VAR, como “sistema de vídeo empleado como ayuda al árbitro, que permite volver a ver una jugada que acaba de ocurrir”. Además, se agregan numerosas voces relacionadas con internet y las redes sociales, como pixelar (con sus derivados, pixelación y pixelado), que es “alterar una imagen, haciendo que se vea en píxeles grandes poco nítidos; banner(en cursiva, como mensaje publicitario en una web), big data (aunque se prefiere macrodatos) y cookie (pequeño archivo de texto enviado por un sitio web y almacenado en el navegador del usuario, cuyas preferencias captura).

El ámbito de la sexualidad añade los términos no binario y disforia de género. El primero es, dicho de una persona, aquella que no percibe su identidad de género en términos binarios de hombre o mujer. El segundo, procedente de la psiquiatría, es la angustia o malestar persistente en una persona causados por la falta de correspondencia entre su sexo biológico y su identidad de género. También el despectivo y coloquial machirulo (o machirula): persona, especialmente un hombre, que exhibe una actitud machista (aunque aún no está señoro). Y sexting, envío o intercambio de imágenes o mensajes de texto con un contenido sexual explícito a través de un dispositivo electrónico.

De la música llegan los términos chundachunda —música fuerte y machacona— y perreo —baile que se ejecuta a ritmo de reguetón, con eróticos movimientos de caderas, y en el que, cuando se baila por parejas, el hombre se coloca habitualmente detrás de la mujer con los cuerpos muy juntos—.

De la política y las ciencias sociales se han modificado acepciones, como estado de sitio o intervencionismo, y se han incorporado de los tiempos actuales neoconservador, que remite a neoconservadurismo: ideología política y económica de tendencia conservadora, surgida en Estados Unidos en la década de 1980, que propugna el capitalismo de libre mercado. Igualmente, sinhogarismo, que es la circunstancia de la persona que carece de hogar donde vivir.

El dato:

El director de la RAE ha anunciado que a partir de enero la académica Dolores Corbella será la nueva directora del Diccionario, en sustitución de Paz Battaner.

Tras la llegada de la pandemia el servicio de delivery se ha extendido en diferentes ciudades del país, pues solo basta una moto lineal para ejecutar el servicio de recojo y entrega de productos a los domicilios. Sin embargo, la poca o nula regulación no permitía fiscalizar adecuadamente a las personas que se dedican a dicho trabajo, donde, en algunas ocasiones, estos conductores cometen distintas infracciones de tránsito, o los delincuentes se mimetizan con los repartidores para cometer robos al paso.

A propósito de ello, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República aprobó el dictamen del proyecto de ley que plantea la regulación del servicio de delivery en vehículos motorizados, no motorizados y a las empresas proveedoras de este servicio a través de aplicativos.

El dictamen del Proyecto de Ley N° 1381/2021-CR propone crear los registros nacionales de estos servicios con la finalidad de garantizar los derechos, la seguridad y la satisfacción de los usuarios en la necesidad del servicio del transporte de envíos de entrega rápida vía terrestre de mercaderías, productos u otro diferente a los servicios de cargo y/o courier.

En la exposición de motivos del dictamen de proyecto de ley se advierte que la ausencia de regulación en el mercado del delivery expone a los usuarios del servicio como a los repartidores.

De aprobarse el Proyecto de Ley N.° 1381/2021-CR en el Pleno del Congreso, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones deberá crear en la Plataforma Digital Única GOB.PE, 3 nuevos registros. 

1. Registro Nacional de Proveedores del Servicio de Delivery en Vehículos Motorizados y No Motorizados.
2. Registro Nacional de Empresas de Intermediación del Servicio de Delivery con Aplicativo Móvil – App.
3. Registro Nacional de Establecimientos Comerciales que Utilizan el Servicio Delivery.

Como se recuerda, en el reporte de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el 2019 se produjeron alrededor de 1200 mil asaltos a bordo de vehículos motorizados, muchos de ellos cometidos por falsos repartidores de delivery, lo cual es un constante peligro para la ciudadanía.  Asimismo, entre el 2020 y el 2021 casi el 60% de asaltos a mano armada, se realizaron en una moto lineal en donde iban dos acompañantes.

El gerente de servicios del SAT, Wilfredo Calderón, en entrevista ofrecida para Exitosa, precisó que hay gran cantidad de motivos por los cuales se sancionan a los conductores de motos, pero habría un aumento en el caso de ciudadanos extranjeros.

“Lo que observamos en el incremento de estas sanciones es que están impuestas a ciudadanos extranjeros, con lo cual lleva a una complejidad en toda la cobranza de estas infracciones. (…) Ubicar a esas personas es muy complejo”, manifestó.

En el programa de Lima Gris por radio Planicie 91.5 FM se habló sobre la acusación de la empresa Antartida de Radiodifusion E.I.R.L. contra el señor Steven Choquehuanca, recordado por haber sido candidato a la alcaldía de San Juan de Lurigancho.

Al señor Steven Choquehuanca se le acusa de no cumplir con los servicios de un panel publicitario por el cual se pagó más de 9 mil soles en el mes de marzo pasado, el cual consta en las evidencias de los vouchers de los depósitos bancarios.

Al no cumplir con el servicio, la empresa Antartida de Radiodifusión E.I.R.L el 27 de abril pasado envío una carta notarial al señor Steven Choquehuanca, en la misiva se le requiere la devolución del dinero en un plazo de 72 horas y bajo el apercibimiento de iniciar acciones legales.

Tras recibir la carta notarial, el señor Steven Choquehuanca mediante un documento de compromiso de pago con fecha del 19 de mayo pasado, se comprometió a pagar e incluso envío un cronograma de pagos con su firma y DNI. Pero esta fue otra gran mentira, ya que hasta la fecha no cumplió con devolver ni un sol.

Estamos ante un grave caso de un personaje que pretende ser alcalde de San Juan de Lurigancho, pero como podemos observar no tiene palabra y por ello tampoco cumple con el servicio del panel publicitario tras siete meses de espera, es por eso que la empresa Antardita Radiodifusión tomará acciones legales debido a la presunta estafa cometida por el señor Alejandro Steven Choquehuanca Mendoza.

Aquí el programa del caso Choquehuanca.

No hay un final feliz en el arcoíris. Vinicunca, o Montaña de los Siete Colores, permanecerá restringida a cualquier visitante nacional o extranjero desde hoy, esto debido a una medida adoptada por la comunidad campesina originaria de Chillihuani, quien acredita como propietaria y administradora de dicho atractivo turístico ubicado en el distrito cusqueño de Cusipata.

En ese sentido, los representantes de Chillihuani emitieron un pronunciamiento solicitando a los operadores de turismo y a los visitantes respetar el acuerdo. Por su lado, para reducir posibles riesgos hacia los visitantes, las autoridades de la municipalidad de Cusipata han recomendado a los guías de turismo utilizar la ruta de Pitumarca, y evitar la vía de Cusipata – Chillihuani, por los recientes hechos.

Según las autoridades locales del distrito de Pitumarca, la Montaña de 7 colores no pertenece a la comunidad originaria de Chillihuani ni otros ciudadanos, a quienes acusan de adjudicarse la titularidad de la montaña. Estas refieren que es el Estado peruano.

Por ello, demandan a las entidades competentes administrar el atractivo, que se encuentra camino hacia el Apu Ausangate —la montaña más alta del departamento del Cuzco y la quinta más alta del Perú—, estableciendo un boleto turístico para su ingreso. De esta forma, consideran que se podría asegurar el tránsito adecuado de los visitantes nacionales y extranjeros por la zona.

No obstante, los comuneros de Chillihuani han ratificado ser propietarios del “arcoíris hecho montaña” por ser una comunidad ancestral del lugar donde se ubica la cumbre altitudinal situada a 5,200 metros sobre el nivel del mar. Hasta el momento, como consecuencia de la falta de diálogo entre las partes involucradas, varios comuneros han resultado heridos.

Disputa territorial viene desde hace mucho tiempo atrás

Cabe mencionar que las discusiones entre la comunidad campesina de Chillihuani y la municipalidad distrital de Cusipata no son de ahora. Cada cierto tiempo las disputas entre ambas partes ocasionan que la ruta de acceso a la Montaña de 7 colores se cierre.

De acuerdo al medio local Qosqo Times, el conflicto inició cuando, desde en febrero de este año, la municipalidad distrital de Cusipata implementó el cobro del boleto turístico para el ingreso al atractivo natural frente a los presuntos malos manejos económicos de los dirigentes de Chillihuani y los deficientes servicios que estos ofrecerían a los turistas.

Una imputación que ha sido rechazada en más de una oportunidad por la comunidad campesina, argumentando que se está cometiendo un abuso sobre su autonomía y libre determinación para manejar la recaudación por el acceso al lugar, afectando a sus ingresos.

Una inminente tragedia se avecina. Este último fin de semana se registró un incendio en la cuadra 8 del jirón Puno, ubicado en la zona comercial como Mesa Redonda, afectando al menos cinco puestos y hasta el momento dos heridos. El siniestro habría iniciado en una galería que también era usada como estacionamiento, aproximadamente a las 11:26 de ayer.

Al lugar de los hechos acudieron alrededor de 10 unidades del Cuerpo general de Bomberos Voluntarios del Perú para evitar que las llamas se propaguen hacia otros establecimientos.

Como se recuerda, hace dos semanas los hombres de rojo tuvieron dificultades para atender una alarma de incendio en el jirón Mesa Redonda. La presencia de ambulantes no permitió que pudieran llegar con rapidez a la zona.

“En estas circunstancias cualquier cosa puede suceder cualquier desgracia. (…) No estamos seguros, acá en ningún momento el alcalde no hace nada, esta es una zona de riesgo”, dijo uno de los comerciantes informales a Canal N.

Por su parte, un miembro de los Bomberos mencionó que ellos necesitan facilidades para entrar a estos lugares. “Por eso se requiere el trabajo conjunto de la municipalidad para que nosotros no tengamos problemas al poder ingresar”, lamentó.

“Es mejor que hayamos acudido y que no haya pasado nada, a que realmente haya pasado algo (…). Sin embargo, esta podría ser una advertencia del latente peligro que se podría vivir en esta zona comercial”, agregó.

De acuerdo a Mario Carlos Casaretto La Torre, gerente de Gestión de Riesgos de Desastres, hay cinco puestos que han quedado “prácticamente consumidos”.

El hecho habría ocurrido luego de una supuesta negligencia de los comerciantes al soldar metales, a pesar de que las autoridades recomendaron no hacerlo. Los locales afectados se dedican al servicio técnico de artefactos eléctricos. Asimismo, sus certificados de inspección técnica de seguridad y edificaciones, que tiene normalmente una duración de dos años, no estaba actualizado, ya que había vencido el 15 de noviembre.

“Es parte de los trámites que se tienen que hacer dos meses antes del vencimiento del certificado. Esperemos que luego de la clausura ellos puedan regularizar posteriormente. (…) Vamos a poder manejarlo de una manera administrativa. Tenemos que clausurar, es parte del protocolo cuando sucede estos hechos”, manifestó Casaretto.

El funcionario sostuvo, además, que los bomberos voluntarios utilizaron el sentido contrario de la vía, por lo que pudieron llegar más rápido al lugar y atender la emergencia.

Lo más lamentable de todo esto es la poca o nula participación de la Municipalidad de Lima, encabezada por el alcalde Rafael López Aliaga, que no ha podido o no quiere dar solución a la enorme cantidad de ambulantes que impiden el libre tránsito de peatones y vehículos.

Por Rafael Romero

En reciente entrevista, el destacado abogado Brigham Young, integrante del staff legal de RBC, precisó que Paolo del Águila, presidente de la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI, cometió desatinos legales, institucionales y morales, al permitir que el hijo de Ricardo Belmont Cassinelli siga al frente de una ilegal, ilegítima y fraudulenta junta de acreedores.

Brigham Young indicó que Paolo del Águila bien pudo en dos minutos solucionar un caso donde le Estado de derecho —Poder Judicial, SMV y Bolsa de Valores (Cavali)— ya le dio la razón al fundador y propietario de Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A., Ricardo Belmont padre.

Ricardo Belmont confía en que se hará justicia.

Pero, ¿qué fue lo que hizo este funcionario del INDECOPI, Paolo del Águila, en un acto por demás cuestionado y acomodaticio? Solo decidió pasar la pelota a una oscura, tenebrosa y raquítica secretaría de Fiscalización, donde su funcionario Juan Elías Rojas no reúne el perfil, menos tendría la idoneidad para solucionar un tema complejo a merced de una mano negra que desde hace siete años boicotea al emblemático Canal 11 y que tiene el objetivo de silenciar la voz de Ricardo Belmont Cassinelli.

Curiosamente en octubre del 2008, desde un editorial de una revista llamada ANDA News, vinculada al establishment del rating y la SNRTV, se declaró a RBC enemigo de la industria, por el solo hecho de que el canal del Hermanón reclamó mayor transparencia en la medición de la teleaudiencia, pero en dicha edición apareció en portada una noticia sobre un evento del INDECOPI.

Es decir, coincidentemente se declaraba enemigo de la Industria a RBC desde una revista que promocionaba al INDECOPI y ahora el último eslabón de esta cadena de atentados contra los derechos de RBC se dan en INDECOPI.

Han pasado 15 años y finalmente el tema de RBC Televisión debe resolverse definitivamente en las instancias del INDECOPI, no sin antes aclarar que en esos tres lustros aparecieron en torno al primogénito de Ricardo Belmont actores empresariales y mediáticos como Phillip Buttres, que mentían y decían públicamente “me he comprado el canal de Belmont”, tal como ocurrió en el otoño del 2017 en Radio Exitosa y frente a Nicolás Lúcar.

La gran mentira.

El abogado Brigham Young recuerda que en el camino ocurrieron hechos que debió contemplar el INDECOPI, y que nos llevan a preguntarnos ¿qué hay detrás del caso de RBC y del emblemático Canal 11? Porque los funcionarios del INDECOPI jamás debieron pasar por alto hechos concretos y muy relevantes como la toma violenta de su sede principal ubicada en La Victoria, por parte del hijo mayor de Ricardo Belmont, en abril del 2016, edificio vendido después entre gallos y media noche a espaldas de su padre y los trabajadores.

Ese mismo año, el 27 de julio, matones contratados por el hijo nuevamente tomaron las instalaciones, pero esta vez las ubicadas en el cerro Marcavilca, distrito de Chorrillos, colindante al Morro Solar, donde se ubican las torres y antenas de transmisión del Canal 11. Además, aparecieron granadas de guerra en la camioneta de Luis Alfonso Morey, funcionario de la televisora, también se atacó con piedras a dos unidades móviles de RBC Televisión y murió de un disparo de arma de fuego en circunstancias extrañas uno de los trabajadores fundadores del canal y mano derecha de Ricardo Belmont, el señor Guido Valdivia.

Todo esto sin contar que luego el hijo mayor del Hermanón apareció como socio de Phillip Butters, a quien luego alquiló Radio Tigre, medio de radiodifusión que es uno de los activos de RBC Televisión, amén de empresas creadas por ellos que tienen ahora denuncias en la Policía y la Fiscalía por fraude en la administración de personas jurídicas, dado que no se sabe a dónde van los ingresos de RBC Televisión, porque esas dos personas se enriquecen a diario mientras que el Canal 11 y sus trabajadores languidecen sin sus beneficios sociales que están respaldados por resoluciones del Poder Judicial.

También el abogado Brigham Young llamó la atención acerca de que el INDECOPI mediante una serie de errores de forma y fondo en los procedimientos y de cara a una actuación cuestionada de sus funcionarios, haya estado tan alejada de la realidad en un caso donde se evidencia manipulación y falta de probidad con el objetivo de llevar a la televisora ante un procedimiento concursal para no pagar los beneficios sociales, boicotear la empresa, secarla de recursos y silenciar a Ricardo Belmont Cassinelli.

No obstante, lo delicado es que en medio de todo esto ahora aparecen denuncias y choques personales dentro del INDECOPI, dimes y diretes entre sus propios funcionarios, acusándose mutuamente de corrupción.

Esto ya se ha hecho saber al despacho de la doctora Karin Cáceres, presidenta ejecutiva de esta entidad que depende de la PCM, hoy en manos del doctor Alberto Otárola; así como también es de conocimiento de la jefa de Integridad, Sada Olga Fayad y de la servidora Mónica; como es de conocimiento de la jefa de Promoción y Difusión, Milagritos Noemi Vicente Vásquez y de la secretaria técnica de Procedimientos Concursales Nathali Aquino Bullón.

Es grave, por ejemplo, que una funcionaria del INDECOPI —sobre el tema de la corrupción e inmoralidad pública en la sala de procedimientos concursales— se haya atrevido a lanzar este mensaje, el cual amerita una aclaración por parte del INDECOPI. Revíselo usted mismo, amable lector:

WhatsApp revelador sobre funcionaria de Indecopi.

Lamentablemente, Paolo del Águila, en lugar de solucionar el caso de RBC televisión que ya lleva más de siete años en medio de un complot contra su fundador, haya delegado la solución final a su amigo y antiguo compañero de trabajo, de nombre Juan Elías Rojas, dizque para que como secretario de Fiscalización “evalúe sancionar” al hijo de RBC, lo cual es una burla y un atentado al Estado de derecho en el Perú, pues a todas luces el hijo de Ricardo Belmont está al frente de una ilegal e ilegítima junta de acreedores.

Pero esta es otra perla más del INDECOPI, pues el referido secretario de fiscalización lleva meses sin sancionar al hijo de Ricardo Belmont pese a las evidencias de fraude y corrupción. ¿A manos de qué clase de funcionarios ha llegado el caso RBC?  El presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola y la presidenta ejecutiva del Indecopi tienen la palabra.

Recuérdese que en este caso ya se inhibió el funcionario Molleda, que ocupó la presidencia de una sala de procedimientos concursales, también renunció Carola Ortiz a la secretaría de procedimientos concursales; pero ahora aparecen cuestionamientos a Paolo del Águila y a la secretaria técnica Nathali Aquino Bullón, quien es también profesora de derecho concursal de la PUCP, y ambos son sindicados de corrupción por una exfuncionaria del INDECOPI.

¿Qué papelón es este? ¿Cuál es el nivel moral, profesional y técnico de estas personas que solo demoran la solución del caso RBC mientras que el Poder judicial y otras instituciones del mercado ya reconocieron que Ricardo Belmont es el verdadero propietario y que no es cierto que Phillip Butters haya comprado el canal? ¿En qué planeta viven los funcionarios de Indecopi?

Hemos notificado al INDECOPI sobre el particular, pero sus funcionarios se encierran y nadie da la cara. Seguiremos informando acerca de quién es quién dentro del INDECOPI y sobre la antojadiza demora en la solución al acaso RBC Televisión.

Malos aires. El distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) se acaba de hacer merecedor de un premio que muchos otros distritos por nada lo desean, y es que sus aires son los peores para respirar en toda Sudamérica. Un estudio del Instituto de Política Energética de la Universidad de Chicago la coloca como la peor ciudad para habitar debido a su pésima calidad atmosférica debido a las actividades industriales, la emanación de gases provenientes de los vehículos, así como la quema de basura en cualquier parte de ese populoso distrito.

En el estudio realizado en el 2022, se utilizan mediciones de partículas en suspensión conocidas como PM2.5 (partículas menores a 2.5 micrómetros de diámetro). Estas partículas son diminutas y están compuestas por diferentes elementos como metales, carbono, compuestos orgánicos y sulfatos, entre otros.

Debido a su reducido tamaño, las PM2.5 pueden ser inhaladas fácilmente por las personas, penetrando profundamente en el sistema respiratorio y llegando a los alvéolos pulmonares.

Según los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la concentración de PM2.5 no debería exceder los 20 microgramos por metro cúbico. Sin embargo, el distrito ha registrado niveles de hasta 41.2 microgramos por metro cúbico, superando más del doble de la recomendación internacional.

Según mostraron las cámaras del noticiero de 24 Horas, en distintos puntos del distrito de Lima Este se acumulan basura.

“Ahí pueden observar que tenemos basura, la queman. Afuera del instituto también se acumula la basura. A veces el carro no pasa a la hora o no pasa durante el día y ello genera un olor muy desagradable”, mencionó una joven que estudia en el distrito.

Elías Medina, especialista en modelamiento de contaminantes del aire del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), apunta que la mala calidad de aire en SJL proviene principalmente del tráfico y factores meteorológicos. Además, la ubicación geográfica del distrito agrava la situación, propiciando la acumulación de contaminantes.

“Generalmente los vientos vienen desde el sur y se encajonan en la zona este. Entonces, la contaminación que pueda generarse en los distritos en el sur, toda esa contaminación se traslada hacia la zona de este”, explicó para el noticiero.

Asimismo, indicó que el parque automotor es el responsable del 58% de la contaminación atmosférica en la capital peruana. La actividad industrial y la quema de basura también son factores que aumentan notablemente la emisión de estas micropartículas en SJL.