Este domingo durante una entrevista televisiva el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, aseguró que iba a conversar con la presidenta de la República, Dina Boluarte, para definir su permanencia en el gabinete ministerial y tomar la decisión de renunciar a la cartera de Desarrollo e Inclusión Social.

Julio Demartini defendió la «dignidad» que no tendría

El aún ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) aseguró en el programa Panorama que no permitirá que su honra y su dignidad se vean afectadas por las denuncias de presuntos actos de corrupción en el caso ‘Qali Warma’. Sin embargo, se resiste a renunciar.

«Estoy en esta evaluación, hablaré con la presidenta para tomar una decisión en el tiempo más corto en el espacio de la presidenta de la república, ve todos los temas del Estado y del Gobierno. Hablaré con ella y tomaré una decisión (…) Mi honra, mi dignidad, mi trabajo también tienen un valor superlativo y eso no lo puedo permitir», anunció en el programa dominical.

Julio Demartini asegura que es honesto y que sí colabora con investigaciones

Asimismo, Demartini afirmó que es inaceptable que quieran «utilizarlo» para entrampar las investigaciones y sostuvo que colaborará con la Fiscalía y entregará la información que requiera. Dijo ello, a pesar que a la presentadora de Panorama apenas le mostró capturas de pantalla de sus conversaciones de WhatsApp, y no las conversaciones reales que cuentan con una consecución de líneas escritas. 

«Que me quieran utilizar para entrampar investigaciones, para que no se empiece a ver dónde realmente está el objeto, eso es inaceptable. Yo voy a seguir dando a la fiscalía toda la información que requiera y necesite porque ambas cosas son fundamentales para el Perú: que haya instituciones, pero que haya funcionarios como nosotros -que somos muchos también-, que somos honestos y queremos las cosas bien», culminó el cuestionado ministro.

China de risa. EL Poder Judicial (PJ) declaró fundado el pedido mediante el cual se anula el juicio oral iniciado contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, investigada por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal en el denominado caso Cócteles.

El colegiado, conformado por los magistrados Juana Caballero García, Nayko Coronado Salazar y Max Vengoa Valdiglesias, adoptó esta medida en atención a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la acusación fiscal contra el ex secretario general de Fuerza Popular José Chlimper.

Con ello, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional dispuso que el caso regrese a la etapa intermedia para que se pueda realizar un nuevo control de acusación a fin de subsanar las observaciones realizadas por el TC.

«Desarrollar un juicio con una imputación deficiente constituye una puerta abierta hacia la arbitrariedad, en tanto se pone en riesgo el principio de congruencia procesal ya que, si las conductas imputadas no están debidamente claras o estando claras estructuralmente no tienen consistencia, se pone al acusado en una posición de incertidumbre», indicó el magistrado Max Vengoa.

Posteriormente, el fiscal José Domingo Pérez, en representación del Ministerio Público, junto con la Procuraduría, interpusieron un recurso impugnatorio para revertir la anulación del juicio oral.

A diferencia de lo ocurrido con el delito de obstrucción a la justicia, donde a Fujimori se le excluyó del proceso y, por tanto, se desestimó su responsabilidad penal, lo dispuesto por este colegiado implica regresar el caso a una etapa anterior.

Al declararse nulo el auto de enjuiciamiento, el caso regresa a la etapa de control de acusación, donde se deberá subsanar cualquier vicio procesal y se le permitirá a la defensa plantear excepciones. 

“Se declara nula la resolución número 1, que es el auto que cita a juicio oral, de fecha 25 de enero de 2024”, indicó la magistrada Juana Callabero, quien preside el colegiado.

Caso Cócteles

El “caso Cocteles” se centra en una investigación sobre presunto lavado de activos vinculado a las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en Perú, específicamente en 2011 y 2016. El caso examina los aportes recibidos por Fuerza Popular durante estos periodos, en particular los montos reportados bajo la modalidad de eventos como cocteles benéficos, que supuestamente sirvieron para justificar grandes sumas de dinero de origen presuntamente ilícito.

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, es señalada como la cabeza de la red que habría recibido aportes ilegales, incluyendo dinero presuntamente entregado por la constructora brasileña Odebrecht.

Aquel congresista que contrata a personas por su “buen corazón” para que trabajen en el Parlamento, pese a no contar con el perfil requerido. Sí, nos referimos al legislador arequipeño Edwin Martínez, quien hasta último momento tenía en su despacho que ofrecía contenido para adultos en la página de OnlyFans, y que su curvilínea figura desconcentraría a más de uno dentro de los pasillos del Parlamento, ahora ha salido a declarar en un programa de RPP que la presunta violación del legislador de Somos Perú, José Jerí, a una muchacha se debió a que esta última tenía que “haberse controlado”.

El caso, que viene generando indignación pública, se originó cuando una mujer de 31 años denunció haber sido ultrajada mientras se encontraba inconsciente en una reunión de fin de año en un domicilio en Canta donde acudieron el parlamentario Jerí y el amigo de este Marco Antonio Cardoza Hurtado.

El congresista Martínez afirmó que la víctima debía haber “controlado” su consumo de alcohol para evitar lo ocurrido, comentarios que no tardaron en generar una fuerte reacción en redes sociales y en el ámbito político.

Durante la entrevista, Martínez sostuvo que Jerí y Cardoza “debieron controlar a la muchacha para que no beba tanto y después puedan suceder este tipo de situaciones”. Asimismo, señaló que la agraviada “también ha debido controlarse un poco porque en borrachera pierden la ecuanimidad y empiezan a resaltar esas cosas feas que a veces tienen las personas escondidas dentro”.

Denunciado ante la Comisión de Ética

Por su parte, la legisladora Susel Paredes denunció ante la Comisión de Ética del Congreso a su colega Edwin Martínez por las declaraciones realizadas en torno a la denuncia que enfrenta el congresista José Jerí.

“Aquí no cabe el espíritu de cuerpo. Las víctimas nunca son responsables. Los violadores son los responsables. La vergüenza cambió de lado”, aseveró la congresista del Bloque Democrático Popular.

La Contraloría General de la República (CGR) a través de un informe de Control detectó que, entre enero y noviembre del 2024, el Seguro Social de Salud (EsSalud) abandonó a cientos de miles de ancianos. Es decir, no atendió más de 109 mil recetas médicas del Programa de Atención Domiciliaria (Padomi).

Dicho programa pertenece a la Subgerencia de Atención Domiciliaria de EsSalud, y consiste en brindar servicios de cuidados hospitalarios para personas que no pueden acercarse a un centro de atención, debido a su condición de salud. Se refieren básicamente a los asegurados mayores de 80 años que no pueden salir de sus domicilios.

El informe identificó que, luego de realizarse un análisis del reporte: “Recetas Emitidas sin Atención”, obtenido del sistema de Explotación de Datos del ESSI, 109 569 recetas del Programa de Atención Domiciliaria (Padomi) no fueron atendidas por el seguro social, “no evidenciándose que se cuente con un análisis de los motivos por los cuales se encuentran en dicha situación”, se lee en el documento publicado por Diario Uno y añaden: “Del análisis de las recetas emitidas sin atención, se tiene que, entre los medicamentos recetados se encuentran un total de 3 848 628 unidades de fármacos que están vinculados al tratamiento de afecciones crónicas como hipertensión, diabetes, enfermedad de Parkinson, entre otras”.

EsSalud responde que el servicio en ‘Padomi’ se da con normalidad

Tras el informe de la Contraloría, EsSalud emitió un comunicado indicando que “garantiza que la atención a los asegurados del Padomi se mantiene activa y en constante supervisión, priorizando la entrega oportuna de los medicamentos esenciales para el tratamiento de enfermedades crónicas y el bienestar de los pacientes atendidos en sus hogares”.

Asimismo, anunciaron que han mejorado su servicio por el bienestar de sus asegurados. “La atención a nuestros pacientes de Padomi se brinda con normalidad. Como parte de nuestra política de mejora continua, hemos identificado oportunidades para fortalecer aún más el servicio, implementado acciones como el envío de recordatorios de visitas médicas con 24 horas de anticipación […] Asimismo, se han optimizado los procesos de despacho de medicamentos, asegurando la entrega oportuna y continua de los tratamientos, priorizando siempre la salud y bienestar de nuestros asegurados”, advierten desde EsSalud, a pesar que la falta de atención a los adultos mayores demuestran lo contrario.

Gerente de Contraloría: “No había una adecuada rotación de medicamentos en almacenes de EsSalud”

Por su parte, el gerente de Control de Servicios Públicos Básicos de la Contraloría, Luis Castillo Torrealva advirtió que “tratamientos permanentes”, como la diabetes o la hipertensión, fueron descuidados por el seguro social, debido a una inadecuada programación.

“Estas más de 109 mil recetas significan que ha habido pacientes que no han recibido, de manera oportuna, esos medicamentos [para] pacientes que son críticos, en algunos casos, que pueden tener enfermedades de dolencias muy crónicas o enfermedades tan simples de controlarse, como la diabetes o la hipertensión, que si no cuentan con los medicamentos se podrían volver crónicos. Ahí está la importancia de este trabajo que hemos realizado en EsSalud, en el cual la idea es no parar los tratamientos. Lo que más nos preocupa a nosotros son los tratamientos permanentes, como la diabetes, la hipertensión, que en estos momentos las personas que están delicadas en su domicilio tenemos que mantenerlos bajo control. Y es ahí donde se ha identificado que estas recetas, por una inadecuada programación y que, justamente, a partir de nuestras recomendaciones, esperamos nosotros que podamos evitar que continúen estos riesgos”, sostuvo Castillo Torrealva.

Asimismo, remarcó que no es que las recetas no fueron atendidas por falta de medicamentos, sino que “no había una adecuada rotación en los diferentes almacenes” del seguro de salud. “No es que no había [medicamentos]. Lo que se ha podido verificar es que, dada la rotación y la programación, hubo momentos en los cuales los medicamentos que se habían prescrito no había una adecuada rotación en los diferentes almacenes que se tenían”, explicó.

En esa línea, el funcionario aseguró que “a partir de este informe”, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría “va a trabajar, de determinarse algún tipo de responsabilidades”, y refirió que se ha dispuesto que OCI “acompañe el proceso adecuado de programación y de entrega de medicamentos oportunos”.

“No es solamente emitir la receta, porque la receta no va a curar al paciente, lo que cura al paciente son los medicamentos y que continúe un tratamiento, y no podemos dejar de decirlo. Por lo menos, hemos tenido una buena recepción, pero que esa buena recepción, a partir de este mes de enero, con nuestro Órgano de Control Institucional, vamos a hacer un programa que nos ayude a verificar que se cumpla con las recetas que se vienen emitiendo”, agregó.

Finalmente, la gestión de la doctora María Elena Aguilar del Águila como jefa de EsSalud, continúa cometiendo un atentado contra los pacientes adultos mayores que se acogen al Padomi, justamente por no poder movilizarse hasta un hospital del Seguro Social. 

¿Otro favorecido? El titular del ministerio de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, designó al ex alcalde de Pueblo Libre, Stephen Yuri Hass Del Carpio, “en el cargo de confianza como agregado a la Embajada del Perú en el Reino de España”.

Según el referido documento, el nombramiento se dio porque «resulta necesario que la Embajada del Perú en el Reino de España cuente con los servicios» de un agregado, el cual «realiza funciones especializadas relacionadas con actividades productivas del país como turismo, agricultura, entre otras, o actividades que tengan impacto para el desarrollo social del país, como son educación, salud, vivienda, etc., para impulsar la cooperación bilateral entre el Perú y el Estado receptor».

Stephen Yuri Haas Del Carpio, licenciado en Derecho por la Universidad de Lima, cuando se desempeñó como burgomaestre de Pueblo Libre, contrató a Nicanor Boluarte el pasado 4 de agosto del 2021, cuando su hermana era vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Cabe resaltar que por esta contratación, Haas Del Carpio fue denunciado penalmente por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de “negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, nombramiento o aceptación indebida para el cargo público”, a solicitud de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Por ello, el 24 de abril del año pasado, Haas solicitó al municipio de Pueblo Libre que se le conceda el beneficio de defensa legal en su calidad de exalcalde, lo cual, el último 26 de noviembre, le fue concedido por resolución de Gerencia Municipal. 

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Designan a Stephen Yuri Haas del Carpio como agregado a la embajada de Perú en España

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— Canal N (@canalN_) January 12, 2025

El dato:

En enero del año pasado, el ex alcalde fue designado por el Tribunal Constitucional como representante técnico titular ante el Consejo Técnico para la Reforma del Sistema de Justicia, entidad creada en mayo del 2019 “con la finalidad de impulsar la reforma del sistema de justicia”.

En medio de un fuerte resguardo policial y rejas de seguridad que resguardan los exteriores de la sede principal del Ministerio Público, en la avenida Abancay, la presidenta de la República Dina Boluarte Zegarra acudió esta mañana a la sede Fiscal para rendir su “declaración indagatoria” por la investigación preliminar en su contra por presunta omisión de funciones y abandono del cargo. En tal sentido, la mandataria viene respondiendo ante la fiscal de la Nación Delia Espinoza, y también rendirá su declaración en el Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.

Como se recuerda, en el mes de diciembre del 2024, la Fiscal de la Nación confirmó que la mandataria acudiría a su despacho el 2 de enero de 2025 para que responda por el presunto delito de abandono del cargo por haberse sometido a una cirugía a la nariz. Sin embargo, a pedido de Dina Boluarte, se aplazó su declaración para este lunes 13 de enero.

Como se sabe, la investigación fiscal se basa en la falta de comunicación de la jefa de Estado al Consejo de Ministros y al Congreso de la República sobre su incapacidad temporal para ejercer el cargo entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, debido a que se ausentó del despacho presidencial durante unos días para someterse a una operación quirúrgica a la nariz en la clínica Cabani.

Robo en las propias narices del Poder Judicial (PJ). Trabajadores que supuestamente se encargan de combatir la delincuencia estarían implicados en un robo sistemático de 173 procesadores de computadora adquiridos por el PJ. Todos los implicados no habrían trabajado solos, pues se trataría de una organización criminal donde se le facilitó las cámaras de vigilancia.

Las computadoras, adquiridas con un presupuesto de 1.3 millones de soles durante la gestión del ex presidente Javier Arévalo, estaban almacenadas en la sede central de la institución en el jirón Carabaya, frente a la Plaza San Martín, y fueron desmanteladas entre enero y noviembre del año pasado.

Un informe del dominical Panorama detalla que las computadoras fueron llevadas primero al almacén 401 del Poder Judicial para luego ser trasladadas al almacén 302 del mismo edificio. Allí, permanecieron por 11 meses antes de ser distribuidas. Se presume que, durante este periodo, una organización criminal habría manipulado los componentes y extraído a placer las piezas en cuestión.

El caso salió a la luz cuando, al distribuirse los equipos a la Corte Superior de Lima Este, el personal notó que no funcionaban. Según investigaciones periodísticas, los procesadores, el componente más valioso y considerado el “cerebro” de las computadoras, habían sido extraídos manualmente.

En algunos casos, fueron reemplazados por piezas obsoletas para ocultar el delito, una maniobra conocida como “cambiazo”. Este sofisticado esquema delictivo representa pérdidas económicas cercanas al medio millón de soles.

El recinto donde ocurrió el robo cuenta con estrictos controles de seguridad, incluidas cámaras de vigilancia y personal encargado de custodiar los bienes almacenados. Sin embargo, según la jefa del Gabinete del Poder Judicial, Susana Silva, “los momentos en los que se produjeron estos robos no han sido registrados por las cámaras de seguridad, lo que sugiere una posible manipulación”.

El modus operandi pone en evidencia una presunta infiltración de una mafia dentro de la institución, integrada posiblemente por trabajadores coludidos con redes delictivas externas. “No me extrañaría que la seguridad esté involucrada. Este tipo de delincuencia suele comprar a los responsables de la vigilancia para que volteen la cara”, mencionó César Anderson Ortiz, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana del Perú.

Tras la denuncia periodística, el PJ anunció el inicio de una investigación para identificar y sancionar a los responsables.

Un allegado a la presidenta de la República, Dina Boluarte, habría intentado sobornar a Noemí Alvarado, testigo clave del caso ‘Qali Warma’, a cambio de información sobre funcionarios implicados, según investigación periodística.

En esa línea, la Fiscalía de la Nación, resguarda un audio de contenido importante para Palacio de Gobierno. El material, que se encontraría en sobre lacrado, llegó el 20 de diciembre pasado, al despacho de Marcial Páucar Chappa, fiscal adjunto supremo provincial, señala una investigación de Latina. Se trata de la grabación de una conversación entre Noemi Alvarado Llanos, la principal testigo del caso Frigoinca – Qali Warma, y un allegado de la presidenta Dina Boluarte.

La reunión entre el allegado de Dina Boluarte y la testigo Noemi Alvarado

De acuerdo a la Unidad de Investigación, Carlos Guillén Anchayhua es la persona que habría intentado sobornar a la principal testigo, Noemí Alvarado, quien anteriormente fue coordinadora de ventas de la empresa Frigoinca, que proveía de productos alimenticios al programa ‘Qali Warma’. El informe manifiesta que hace unas semanas, el 18 de diciembre del 2024, a la 1:10 p.m., se registra el ingreso de Guillén al edificio en el que reside Noemí Alvarado, en Lima Norte. En esta reunión Guillén le habría dicho que se presentaba en nombre del ministro de Educación, Morgan Quero. Además, le comentó que la mandataria estaría preocupada por el caso ‘Qali Warma’ y le preguntó sobre el tipo de información que ella poseía y que, si se lo daba, podría conseguirle trabajo para ella y su hermana.

Dos días después, el 20 de diciembre, Carlos Guillén registró una visita al Ministerio de Educación y se reunió con el jefe de gabinete de asesores, el cual fue nombrado por Morgan Quero.

Carlos Guillén registra una visita a Palacio de Gobierno

Asimismo, el informe periodístico indica que el Ministerio Público tendría en su poder un audio entre Noemí Alvarado y Carlos Guillén, lo cual habría iniciado investigación penal por obstrucción a la justicia contra el ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini. La investigación sostiene que Guillén Anchayhua aparece en el registro de visitas al Ministerio de Educación y al Midis, pero también registra una visita a Palacio de Gobierno para una reunión con la presidenta Dina Boluarte. Este encuentro ocurrió el pasado 31 de enero de 2023.

Como se sabe, a Carlos Guillén se le puede observar en un video del sepelio del exviceministro de Desarrollo e Inclusión Social, William Contreras, y allí se le observa muy cerca a la presidenta Dina Boluarte, sin tener que estar detrás del cerco policial.

Luego de ser consultado, el ministro Julio Demartini admitió conocer a Carlos Guillén, sin embargo, añadió que no tiene ninguna amistad, ni relación contractual con el paisano de Dina Boluarte. Pero Demartini omitió decir que el pasado martes 7 de enero él se reunió con Guillén justamente en su despacho en el Midis. Y luego que la Fiscalía le inició una investigación por obstrucción a la justicia y negociación incompatible, el ministro Demartini el miércoles 9 de enero denunció en la comisaria de San Isidro a Carlos Guillén por supuestamente utilizar su nombre.