El presidente del Consejo de Ministros (PCM) Gustavo Adrianzén como es habitual, intentó blindar a la presidenta de la República, Dina Boluarte y desacreditó el audio de la exasistente personal de Dina Boluarte, en el que se le escucha afirmar que las operaciones que se realizó la mandataria en la clínica Cabani fueron estéticas.

Tras no darle fe ni credibilidad al archivo de audio, el jefe del Gabinete Ministerial indicó que este material debería pasar a ser investigado por las autoridades jurisdiccionales.

«Yo no puedo dar fe, ni tampoco doy ninguna credibilidad a audios de esa naturaleza que llegan a la prensa sin tener un origen absolutamente anónimo. En aquello no se puede confiar», aseveró en declaraciones a la prensa.

Adrianzén asegura que autoridades descartarán audio

Asimismo, el premier refirió que, cuando alguien tiene un archivo similar, inmediatamente debería presentarlo a las autoridades jurisdiccionales, en lugar de entregarlo a la prensa. Entre tanto, Adrianzén Olaya se mostró seguro de que las conversaciones registradas en el audio no serán corroboradas, debido a que las autoridades a cargo de la investigación descartarán el archivo. 

“Si alguien tiene información de un proceso que se encuentra en investigación, no corresponde ir a la prensa. Lo que corresponde es presentarse en las instancias jurisdiccionales respectivas y sentar las pruebas de su dicho. Estoy seguro de que aquello no se va a poder corroborar de ninguna manera. Confío en que, llegado el momento, la autoridad jurisdiccional no lo tenga en consideración y lo descarte de hecho», concluyó el primer ministro.

Otro inhabilitado más. La Comisión Permanente del Congreso aprobó, con 20 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, el informe final que recomienda la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública del exministro del Interior, Ismael Rubén Vargas Céspedes, por presuntas infracciones a los artículos 45, 139 inciso 3) y 172 de la Constitución Política del Perú.

Además, se aprobó con 21 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, la propuesta para acusarlo por la presunta infracción constitucional en su condición de exministro del Interior, así como la presunta comisión del delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal.

De igual forma, con 19 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, la Comisión Permanente decidió levantar el fuero parlamentario del exministro Vargas Céspedes, para que el Ministerio Público actúe conforme a sus atribuciones constitucionales.

Culminadas las votaciones, el titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, precisó que de esta manera “queda expedito para que el Consejo Directivo fije fecha y hora para el debate y votación ante el Pleno del Congreso”.

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La Comisión Permanente del Congreso de la República inhabilitó al exministro del Interior, Rubén Vargas, por 10 años para ejercer la función pública y le levantó el fuero

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— Canal N (@canalN_) March 12, 2025

Por su parte, el congresista Jorge Montoya Manrique, delegado de las denuncias constitucionales 285, 287 y 369 (acumuladas), indicó que el exministro Vargas Céspedes debe asumir responsabilidad por la vulneración de las normas que rigen el funcionamiento de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según Montoya, el 24 de noviembre de 2020, Vargas Céspedes y otros funcionarios habrían dispuesto de manera arbitraria y violando la Constitución el pase al retiro de 3 tenientes generales y 16 generales de la PNP, lo que afectó gravemente la institucionalidad de la Policía, pues produjo un «descabezamiento» sin motivación legal, menoscabando la dignidad de los oficiales y de la institución.

Montoya Manrique también cuestionó la legalidad de la designación del general César Augusto Cervantes Cárdenas como comandante general de la PNP, al considerarla una violación de los procedimientos establecidos por la ley. Además, destacó que las resoluciones que ordenaron el pase a retiro y desestimaron los recursos de reconsideración interpuestos no fueron debidamente motivadas, lo que vulneró los derechos de los oficiales afectados.

El exministro de Defensa, Emilio Gustavo Bobbio Rosas, afirmó que la Fiscalía le envió una notificación con una carpeta en la cual ha sido incluido como investigado en el caso del golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, ocurrido el 7 de diciembre de 2022.

Sin embargo, negó haber tenido algún rol en los hechos y calificó las acusaciones en su contra como infundadas. Es más, el exministro en recientes declaraciones, calificó de “estúpido” a Pedro Castillo, asegurando que esa era la razón por la que deberían sentenciarlo. “Se ha suicidado políticamente. Claro, cómo lee eso. A mi juicio deben darle 3 o 4 años por estúpido, pero no por haber hecho un golpe de Estado”, manifestó.

Exministro Bobbio niega todo

Por otro lado, Bobbio Rosas indicó que nunca fue convocado por Pedro Castillo y que su llegada al Ministerio de Defensa se debió exclusivamente a una solicitud del entonces comandante general del Ejército, Walter Córdova, cuando presentó su carta de renuncia. Además, aseguró que no estaba en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el día 3 de diciembre, como se menciona en la investigación, ya que ese día se encontraba dictando clases, algo que puede ser corroborado con registros académicos, según indicó.

Bobbio critica maltrato contra Castillo

Si bien, Gustavo Bobbio reconoce que el mandato de Pedro Castillo fue deficiente, calificó como «digno» el comportamiento del expresidente.

Bobbio también expresó su crítica al proceso judicial contra Castillo Terrones, asegurando que el exmandatario ha sido tratado de manera irregular y que su situación se maneja más como un caso político, que legal.

El 03 de marzo sin presencia de la Policía Nacional, un grupo de fiscales apareció a las 5:30 de la mañana en la vivienda del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Esa misma mañana frente a los medios el titular del Mininter señaló: “Es la primera vez que en un caso de abuso de autoridad se realiza un allanamiento”.

Santiváñez cuestionó que las diligencias en su vivienda hayan sido motivadas por las presuntas declaraciones de dos testigos protegidos, las mismas que calificó como “chismes”.

Tras nueve días del allanamiento, fuentes de la Fiscalía aseguran que la Fiscal de la Nación Delia Espinoza, habría solicitado una nueva orden de allanamiento de la casa del ministro Juan José Santiváñez y de la clínica donde estaría la historia clínica de Dina Boluarte.

¿Un acto de desesperación? Según nos informan, en los pasillos de la fiscalía durante los últimos días se respira una atmósfera inquietante. Sin duda, Santiváñez es el ministro que más dolores de cabeza le ha dado al sector caviar del Ministerio Público.

En las próximas horas, el juez Juan Carlos Checkley deberá resolver los pedidos de la fiscal de la Nación. Fuentes también informaron que los allanamientos se declararían fundados por información que tendrían en su contra ex agentes DIVIAC.

Para algunos la fiscal de la Nación Delia Espinoza actúa con desesperación, para otros, ella tendría su propia agenda. El nuevo allanamiento a la casa de Santiváñez y la clínica donde se atendió Boluarte Zegarra se estarían ejecutando en las próximas horas con el apoyo y la rúbrica del juez Checkley.

Desde el Congreso cuestionan a Delia Espinoza

Congresista Fernando Rospigliosi consideró que el allanamiento de la semana pasada se trataba de una represalia de la fiscal de la Nación.

“Sin duda, es una represalia de la Fiscalía contra el ministro del Interior, dado que el ministro del Interior ha defendido una ley aprobada por el Congreso que devuelve la investigación preliminar a la Policía y el ministro había señalado que iba a denunciar a la fiscal de la nación», indicó. 

Por su parte la parlamentaria Tania Ramírez mencionó: es «la primera vez que he visto un caso que, por abuso de autoridad, se allanen viviendas. Hay casos más graves, como por ejemplo el caso de la señora Barreto y de otros fiscales que son casos más graves imputables, pero no les allanan hasta ahora sus viviendas», cuestionó. 

Finalmente, el congresista Jorge Montoya manifestó: «Tenemos que ver bien el tema porque no es un tema fácil de manejar, es complicado. Todo está apuntándose para que sea censurado el ministro del Interior. Yo pregunto, ¿qué propuestas nuevas están dando los que quieren censurarlo? Por dichos, no vamos a juzgar a las personas, los dichos afectan la honra. En este momento, su casa ha sido intervenida».

Este martes 11 de marzo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por la legisladora de APP María Acuña Peralta, llevó a cabo una sesión a ‘puerta cerrada’ para evaluar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte en el caso Rolex.

Abogado de Boluarte pidió que sea reservada

De esa manera, la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se inició con el pedido de Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, quien solicitó que la reunión sea reservada, a puerta cerrada, la cual fue aceptada por la presidenta de la subcomisión, la congresista de Alianza para el Progreso, María Acuña Peralta, sin objeciones de los demás legisladores presentes.

Como se recuerda, la jefa de Estado es investigada por el presunto delito de cohecho pasivo tras haber recibido lujosos relojes y costosas joyas que, según el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, estarían relacionados con un supuesto beneficio al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Se pidió a periodistas que desalojen la sala

Tras la aprobación de la solicitud del abogado de Boluarte Zegarra, la transmisión en los canales oficiales del Congreso se interrumpió y se pidió a los periodistas que abandonaran la sala. Pese a la relevancia del caso y el interés público que representa, tampoco hubo oposición parlamentaria a la reserva de la sesión.

El abogado de Boluarte Zegarra argumentó que la confidencialidad en la sesión era necesaria para garantizar el debido proceso y evitar filtraciones que pudieran afectar el desarrollo de la investigación.

Sin embargo, expertos en derecho constitucional han cuestionado la decisión, por considerar que un caso importante de presunta corrupción que involucra a una jefa de Estado, debería tratarse con total transparencia.

Se busca la inhabilitación de Dina Boluarte

Este proceso parlamentario por la denuncia constitucional contra Dina Boluarte, podría derivar en su inhabilitación, así como en otras consecuencias políticas y judiciales. El caso Rolex tomó gran relevancia luego de que se difundieran imágenes en las que la presidenta luce relojes de alta gama, sin llegar a sustentar la verdadera procedencia de estos lujosos artículos.

Según la tesis del exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena, la mandataria Boluarte Zegarra habría recibido estos objetos de valor a cambio de favorecer al gobernador Wilfredo Oscorima, quien ha sido vinculado en anteriores oportunidades a presuntas irregularidades en la gestión de recursos públicos en Ayacucho.

Aprobaron las ‘tablillas de Moisés’. La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó un dictamen que establece que la cédula para las elecciones generales del 2026 tenga una sola hoja y que se garantice su carácter indivisible.

El dictamen, que busca establecer medidas para la simplificación del desarrollo de las elecciones generales 2026 y otras disposiciones, señala, además, que la cédula para la elección del presidente de la República y vicepresidentes debe contener el nombre de la organización política, el símbolo y la foto del candidato.

Se aprobó con 18 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones.

Asimismo, la propuesta, modifica algunos criterios y plazos para este proceso electoral. Entre ellos, dispone que la calificación de las candidaturas a las elecciones primarias esté a cargo de los órganos estatutarios de cada partido, mientras que la calificación integral de las candidaturas a cargo de los Jurados Electorales Especiales.

También, se establece que luego de culminadas las elecciones primarias, la designación de candidaturas se realiza hasta la fecha máxima dispuesta por la ley, y la elección de los delegados para la elección de candidaturas se realiza el día de las elecciones primarias.

En tanto, indica que la solicitud de inscripción de alianzas electorales procede hasta los 120 veinte días calendario previos a la fecha del día de las elecciones primarias, esto es el 2 de agosto de 2025.

Se aprobó además que la conformación de las mesas de sufragio en el exterior se realice con 350 ciudadanos hábiles para votar como mínimo y 500 como máximo. Cuando el número es menor al mínimo establecido, la mesa de votación se conformará con dicho número de ciudadanos habilitados. 

Durante el debate de este predictamen, la comisión rechazó la propuesta de la Comisión de Constitución para que la elección de los senadores y representantes ante el Parlamentario Andino se realice mediante lista única y cerrada, lo que implicaba eliminar el voto preferencial.

La cuestión previa planteada por el congresista Elías Dávalos para retirar esta propuesta del dictamen fue aprobado por mayoría.

En un reciente episodio de nuestro podcast, conversamos con el consultor y asesor político Jorge Paredes Terry, quien realizó un análisis del incendio en Barrios Altos. Asimismo, comentó sobre el Congreso, César Acuña y la posible vacancia de la presidenta Dina Boluarte.

Paredes Terry también habló de su libro «El nuevo sendero: China y el amanecer luminoso para Perú y América Latina», donde detalla las inversiones del gigante asiático en el Perú.

«Yo le diría al Congreso de la República, que si quieren salvar algo de su desprestigiada y si tiene sangre en la cara, saquen a Dina Boluarte este año, tiene los votos para hacerlo», mencionó Paredes Terry.

Además, agregó: «El actual ministro de Economía es gente allegada a César Acuña. El Contralor de la República es gente ligada a César Acuña. Sunedu ya lo tiene Acuña. El Congreso de la República ya lo tiene Acuña. Lo que he denunciado también es que la policía y el Ejército estaría comprada por César Acuña».

Aquí la entrevista completa.

Alfonso Bustamante Canny, en su calidad de saliente presidente del Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), envió una carta de agradecimiento al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en reconocimiento a su valiosa colaboración con su gestión empresarial, la cual ha promovido el fortalecimiento del desarrollo económico y social del país.

En vista de la culminación del mandato del mencionado Consejo, cuyo periodo de gestión abarcó desde 2023 hasta 2025, Bustamante Canny redactó la misiva de reconocimiento a Juan José Santiváñez Antúnez, en la cual también anunció que el nuevo presidente del Consejo Directivo de Confiep para el periodo 2025-2027 será Jorge Zapata Ríos.

«Quisiéramos extender nuestro más sincero reconocimiento por su valiosa colaboración con nuestra gestión, la cual ha sido fundamental para fortalecer la relación entre el sector público y privado, y ha coadyuvado a promover un entorno propicio para el desarrollo económico y social de nuestro país», se lee en la carta.

Como se recuerda, en noviembre de 2024, el Ministerio del Interior (Mininter) y la Confiep firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.