El 1 de agosto, en la Sala Tovar de Miraflores, se alzará el telón para una obra que no solo narra una historia, sino que la encarna: Frenesí, escrita y dirigida por Herbert Corimanya, llega con una carga emocional que desborda el escenario. El elenco está compuesto por hombres que no aprendieron a actuar en escuelas de arte, sino en los patios grises de penales donde el tiempo pesa más que los muros. Son ex reclusos, y cada línea que pronuncian, cada gesto que ensayan, es una reconstrucción del pasado, una forma de redención.

La trama parte de un hecho aparentemente simple: un grupo de internos recibe permiso para montar La vida es sueño fuera de la cárcel. Pero en medio de la función, uno de ellos decide fugarse. Entonces, la ficción se agrieta, el público deja de ser espectador y el teatro se convierte en espejo. Lo que sigue es un viaje a las entrañas del sistema penitenciario, donde la realidad es más absurda y brutal que cualquier libreto.

«Lo que van a presenciar es único», dice Juan Pablo Mejía, ex interno y actor. “Pocas personas conocen lo que se vive en una celda. Estar cara a cara con esa experiencia genera una angustia que solo el teatro puede traducir”.

Giancarlo Almonte, que conoció la soledad de un penal de máxima seguridad, hoy sube al escenario no como rehén de su pasado, sino como testigo de que es posible cambiar. “Este montaje es una esperanza multiplicada. Quiero que otros vean que quienes hemos cometido errores también podemos volver a empezar. Somos sobrevivientes de un sistema que muchas veces olvida que todavía somos humanos”, confiesa.

El elenco lo completan Mario Velásquez, Yaremís Rebaza, Walter Ramírez, Lía Camilo, Martín Velásquez (Marvelat), Santiago Espinoza y Christian Gonzáles. Todos, desde sus propias trincheras, hacen que el teatro se convierta en acto de resistencia y catarsis.

Frenesí no solo ha conmovido a públicos fuera del encierro. Gracias a los Estímulos Económicos para las Artes Escénicas del Ministerio de Cultura, la obra se presentó en los penales de Lurigancho y Castro Castro, frente a más de 500 internos. Ahí, bajo la vigilancia de barrotes y custodios, el teatro logró lo impensable: por unos minutos, el alma de los presos fue libre.

El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, ha designado de manera temporal —del 9 al 13 de julio de 2025— a Moira Novoa Silva, actual viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, como encargada de la Unidad Ejecutora 002: Ministerio de Cultura Cusco. En la práctica, Novoa Silva asumirá la conducción de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC), en reemplazo del también temporal Jorge Luis Moya Cohaguila, cuya designación fue dada por concluida.

Resolución Ministerial N° 000168-2025-MC que designa a Moira Novoa Silva.

Lo que llama la atención es la brevedad del encargo: apenas cinco días. ¿A qué responde una medida tan puntual? ¿Qué se pretende concretar durante ese corto lapso con una funcionaria de confianza del ministro, y no con un profesional del Cusco?

La viceministra Novoa Silva no es ajena a la polémica. Como se recuerda, a finales del mes de mayo firmó una resolución viceministerial que redujo en más del 40% el área protegida de las Líneas de Nasca y Palpa, consideradas patrimonio arqueológico intangible. Esa decisión aún genera críticas desde sectores académicos y ciudadanos.

En medio de tensiones por el aforo en Machu Picchu, la venta de entradas y cuestionamientos por el manejo centralista del sector Cultura, esta designación temporal plantea dudas legítimas. ¿Se avecinan resoluciones clave? ¿Habrá sorpresas desde el escritorio de la viceministra?

El Ministerio de Cultura (Mincul) aceptó la renuncia de Cinthya Gloria Cuadrao Mallqui al cargo de directora del Órgano Desconcentrado de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Pasco, función que asumió desde el 25 de junio de 2024, durante la gestión de la entonces cuestionada ministra Leslie Urteaga Peña.

La aceptación de su renuncia fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 000157-2025-MC, firmada el 30 de junio por el actual ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja.

Cuadrao Mallqui es arqueóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y trabajó previamente en el Proyecto Qhapaq Ñan del Ministerio de Cultura, donde estuvo a cargo de la gestión del tramo La Raya–Desaguadero, en Puno. Además, figura como accionista de la empresa Cika Construcciones Generales S.A.C. y fue socia de Imaina Consultores SAC.

Sin embargo, su gestión durante un año en la DDC de Pasco generó críticas internas. Fuentes consultadas en el Ministerio de Cultura señalan que Cuadrao Mallqui mantenía una relación conflictiva y de discordia con parte del personal, y que existieron tensiones relacionadas con contrataciones de locadores (politólogos, antropólogos y comunicadoras) cuyos resultados habrían sido insatisfactorios. También se le atribuye haber maltratado a subordinados, incluidos colegas arqueólogos.

Asimismo, indican que solicitó licencia del 16 de junio al 15 de agosto para dedicarse a su proyecto de investigación. Según información a la que tuvimos acceso, los proyectos que se desarrollaban en Oxapampa quedaron bajo la supervisión del arqueólogo Alex Guevara Liau, sin mayor participación de otros colegas especialistas como se hacía anteriormente. ¿Por qué solo se enviaba a Guevara Liau?

Otro punto crítico fue la aparente falta de coordinación con comunidades nativas, con quienes, según norma administrativa, se deben realizar mesas de trabajo para garantizar el enfoque intercultural. Además, no se habría promovido suficientemente a artistas, danzantes u otros gestores culturales de la región, lo que generó descontento en el sector.

La salida de Cuadrao Mallqui deja a la DDC de Pasco nuevamente sin una dirección estable, en un contexto donde se reclama mayor cercanía con las comunidades y el impulso real a las expresiones culturales locales.

Hay artistas que pintan por oficio, otros por catarsis, y unos pocos —los más raros, los más necesarios— que lo hacen como quien respira o sueña. Luis Castellanos pertenece a esa casta secreta. En el nuevo episodio del podcast de Lima Gris, conversamos con él, en medio de la melancolía y la lucidez, sobre su infancia, su paso por Bellas Artes y la manera en que la vida —esa vieja maestra caprichosa— lo fue modelando con la paciencia de un escultor.

Su más reciente exposición, La intuición de la extrañeza, presentada en el ICPNA del centro de Lima, no es solo una muestra, sino una retrospectiva íntima, donde confluyen los fantasmas y las revelaciones de treinta años de creación. En cada trazo hay una interrogante suspendida, una sospecha del mundo. Castellanos no busca retratar lo visible, sino ese temblor invisible que habita en las formas y se escapa de las palabras. Su obra es una meditación estética, un lenguaje de lo incierto, una poética de la duda.

Escuchar a Castellanos es como mirar uno de sus cuadros: uno sale distinto, con una inquietud nueva, con la impresión de haber asomado a un espejo que devuelve algo más que el reflejo.

El dato: la presentación del libro de la muestra de Luis Castellanos será el 11 de julio a las 7 pm en el ICPNA del Centro de Lima.

Aquí la entrevista completa.

La problemática del Ministerio de Cultura se intensifica. No solo hay cuestionamientos contra el ministro de Cultura Fabricio Valencia Gibaja. Además, los empleados de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, exhaustos y humillados, claman a la presidenta Dina Boluarte que lo reemplace. Y como si el drama fuera aún poco, lo último que se sabe es que estos trabajadores planean tomar Machu Picchu. No por vandalismo, sino por desesperación. Porque el Estado los ha dejado solos, igual que al Santuario.

A esto se suma que Machu Picchu ha sido incluida en la lista negra por el portal Travel and Tour World, que recomienda no visitar la ciudadela inca.

Mediante una comunicación telefónica, Andy Ancasi, representante del Sitracas, nos da todos los detalles de lo que viene sucediendo en Cusco.

Aquí el video del programa.

En una ceremonia cargada de símbolos y solemnidad, el poeta Julio Barco fue galardonado con el segundo puesto en los Juegos Florales La Familia Túpac Amaru, organizados por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), una de las instituciones académicas más prestigiosas del Perú. El reconocimiento fue acompañado por un premio de S/. 4,000 y una ovación cálida por parte del jurado, autoridades y asistentes.

La distinción no solo celebra el talento literario de Barco, sino también la creciente necesidad de reconciliar la ciencia con la sensibilidad, la técnica con la poesía. Que una universidad dedicada históricamente a la formación de ingenieros rinda homenaje a la palabra escrita es, sin duda, un signo de que el arte aún pulsa en los espacios más racionales del país.

Con más de treinta libros publicados, Julio Barco ha construido una obra intensa, vital, crítica. Su participación en este certamen reafirma su compromiso por llevar la poesía al centro del debate cultural peruano. «Este premio me impulsa —dijo al recibir el reconocimiento—. Tengo tantos proyectos para revolucionar el arte en nuestro país. La poesía no ha muerto, solo está esperando que le hablemos desde otro ángulo».

El evento se realizó el 27 de junio de 2025 en el campus principal de la UNI. La entrega de premios fue precedida por palabras de homenaje a la familia Túpac Amaru, símbolo de lucha, dignidad y resistencia cultural —valores que resuenan también en la poesía de Barco—.

Con esta distinción, el autor de Me da pena que la gente crezca y Cantar de Chancay suma un nuevo capítulo en su incansable travesía por devolverle a la poesía peruana su fuerza originaria.

La convocatoria CAS N.° 216-2025-MC, lanzada en abril de 2025 por el Ministerio de Cultura (Mincul), tenía como objetivo contratar a un(a) Coordinador(a) para la Dirección de Certificaciones. Se trataba de un puesto clave, pues esta dirección es responsable de coordinar, planificar y ejecutar acciones orientadas a preservar, proteger y conservar el patrimonio arqueológico inmueble del país.

Fuente: Mincul.

Entre sus principales funciones, figura la revisión, aprobación y seguimiento de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y de los Planes de Monitoreo Arqueológico (PMA), documentos indispensables para el desarrollo de proyectos de inversión pública y privada.

Concluido el proceso en mayo, la arqueóloga Karla María Alarcón García fue anunciada como la ganadora del concurso. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Sin embargo, una revisión detallada de los requisitos y de la trayectoria de la ganadora revela una serie de inconsistencias que comprometen la transparencia del proceso y siembran dudas sobre su legitimidad.

¿Se cumplían los requisitos?

El perfil exigido para el cargo incluía, como mínimo, título universitario en arqueología con colegiatura vigente, formación complementaria en gestión o patrimonio cultural, así como experiencia general de al menos siete años en el sector público o privado. Más aún, se pedía una experiencia específica de al menos cuatro años en funciones vinculadas al cargo, o tres años en el sector público en áreas similares. Pero lo más importante: el postulante debía acreditar dos años de experiencia en la dirección de Planes de Monitoreo Arqueológico y/o Proyectos de Evaluación Arqueológica y/o gestión de CIRAs.

Karla Alarcón no cumple con requisitos de 2 años como directora de PMA y CIRA.

Este último punto no es un detalle menor. Se trata de un filtro clave, pues quien asume la coordinación de la ‘Dirección de Certificaciones’ debe tener conocimiento de campo y experiencia comprobada en dirigir intervenciones arqueológicas. No basta con conocer los documentos, hay que haber estado en terreno. De otro modo, resulta inviable liderar técnicamente la instancia más estratégica del sector.

¿Y cómo pasó Karla Alarcón la evaluación?

Según los documentos revisados, la arqueóloga Karla Alarcón no cumple con el requisito específico de haber dirigido intervenciones arqueológicas. Su experiencia laboral no evidencia dirección alguna de PMA, proyectos de evaluación ni gestiones de CIRA en campo. Es más, su trabajo ha sido siempre de oficina, como técnica dentro del propio Ministerio. Sin embargo, en su ficha de postulación, consignó haber ejercido la “gestión de CIRAs”, una frase y/o formulación ambigua que se asemeja a una leguleyada y parece haber sido suficiente para que pasara la evaluación curricular, etapa que por norma es eliminatoria.

Karla Alarcón se amparó en una palabra, para validar su postulación.

Aquí surge la primera gran interrogante: ¿cómo validó el comité evaluador esa experiencia? ¿Desde cuándo dar conformidad a documentos administrativos desde un escritorio equivale a dirigir una intervención arqueológica en el campo?

La respuesta no es técnica, es política. Lo que aquí se ha validado es una interpretación forzada del término “gestión”, que abre peligrosamente la puerta para que personas sin experiencia real en campo postulen y ganen puestos clave, mientras otros profesionales con trayectoria probada quedan fuera.

Una plaza con nombre propio

El contexto del concurso no ayuda a disipar las dudas. Según fuentes cercanas al proceso, la convocatoria habría estado originalmente dirigida a Ruth Quispe Calderón, amiga cercana de la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Moira Novoa Silva. Sin embargo, ante la filtración de esta información, se habría descartado ese nombramiento para evitar un escándalo mayor. Como alternativa, se habría optado por Karla Alarcón, quien ya se desempeñaba como directora encargada de la Dirección de Certificaciones y, por tanto, era una figura “de confianza” dentro del sector.

Viceministra Moira Novoa, la misma que firmó la Resolución Viceministerial para el recorte de las Líneas de Nasca y Palpa.

En este punto, el proceso se vuelve aún más cuestionable. La convocatoria fue ganada por Luis Felipe Mejía Huamán, pero mediante una fe de erratas se corrigió el resultado, otorgándole el puesto a Alarcón García en calidad de accesitaria. Mejía no habría llegado a firmar el contrato, y en un giro curioso pero conveniente, Alarcón asumió el cargo de forma oficial, pasando de ganar S/4,500 a más de S/11,264 mensuales.

El CAS fue ganado por Luis Felipe Mejía Huamán, pero luego corrigieron el resultado.

¿Quién dio la orden?

La pregunta es inevitable: ¿quién intervino para asegurar que Karla Alarcón se quedara con el puesto? Todo apunta a decisiones tomadas desde las más altas esferas del Mincul. Tanto la Oficina General de Recursos Humanos como la Alta Dirección —es decir, el ministro Fabricio Valencia y la viceministra Moira Novoa— estarían al tanto del proceso. Con el nombre de Ruth Quispe ya comprometido, y para no arriesgar la llegada de un profesional externo, se habría optado por consolidar a una figura que ya venía ejerciendo el cargo sin concurso y que, además, respondería fielmente a los intereses de quienes manejan el sector.

El 11 de junio convocaron como ganadora a Karla Alarcón García.

El cargo más codiciado

No se debe olvidar que la Dirección de Certificaciones es la joya de la corona del Ministerio de Cultura. Por esa oficina pasan todos los proyectos de inversión del país que requieren una evaluación arqueológica previa: minería, infraestructura, hidrocarburos, construcción, telecomunicaciones. Cualquier obra pública o privada necesita un CIRA o un PMA. Es decir, quien dirige esa oficina no solo tiene poder técnico, sino capacidad de incidencia en decisiones multimillonarias.

Por eso resulta tan preocupante que el proceso de selección no haya sido riguroso, ni transparente. En lugar de optar por la meritocracia, se ha preferido perpetuar prácticas que favorecen el amiguismo y el control político de una dirección técnica. Y si se valida como experiencia el trabajo administrativo desde una oficina, pronto veremos a otros funcionarios, sin experiencia real, disputando cargos estratégicos bajo el mismo criterio.

¿Y ahora qué?

Lo ocurrido en la convocatoria CAS N.° 216-2025-MC debe ser revisado con seriedad por los órganos de control del Estado. No se trata solo de un concurso más, sino de un proceso que compromete la legitimidad del sistema de contrataciones públicas, la credibilidad del Ministerio de Cultura y, sobre todo, la adecuada protección del patrimonio arqueológico del país.

Porque si quienes deben garantizar la conservación del patrimonio no saben ni siquiera cómo se ejecuta una intervención en campo, ¿Qué nos queda como ciudadanos? Solo mirar desde lejos cómo el poder se distribuye a puertas cerradas, mientras las formas legales se ajustan, como siempre, al tamaño de los intereses.

El esplendor de Machu Picchu, esa ciudadela suspendida entre la niebla y el abismo, ha dejado de ser solo un símbolo de orgullo nacional para convertirse, lamentablemente, en ejemplo de lo que ocurre cuando el patrimonio se subordina al lucro. La reciente inclusión del santuario inca en la lista de destinos que “ya no valen la pena visitar”, elaborada por la publicación internacional Travel and Tour World, es mucho más que una advertencia: es un grito de auxilio.

Junto a destinos igualmente emblemáticos como Venecia o Bali, Machu Picchu aparece ahora en un índice vergonzoso: el de los sitios donde el turismo masivo ha comenzado a erosionar lo que una vez se admiró. Las razones son contundentes: sobresaturación de visitantes, tarifas desproporcionadas y un impacto ambiental alarmante. A ello se suma la advertencia de la Unesco, que evalúa declararla Patrimonio en Peligro si el Estado peruano no actúa con urgencia y decisión.

No es una exageración. Según informes recientes, rutas diseñadas para no recibir más de 450 personas al día han llegado a registrar hasta 700 ingresos. El resultado es predecible: senderos desbordados, piedras milenarias al borde del colapso y una experiencia cada vez más parecida a la de una feria caótica que a la contemplación sagrada de un legado ancestral.

La Contraloría General de la República, por su parte, ha emitido un informe demoledor: aforos incumplidos, ausencia de fiscalización y una Aguas Calientes convertida en una máquina de exprimir turistas, donde los precios suben, pero la calidad se desploma.

El problema, claro está, no es el turismo, sino su pésima gestión. Especialistas en conservación han exigido una reestructuración del sistema de ingreso, la implementación de límites reales y no simbólicos, y un nuevo modelo de turismo sostenible que reconcilie el desarrollo con la protección. No se trata de clausurar el acceso a la maravilla, sino de salvarla de su propia fama.

La inclusión de Machu Picchu en esta lista negra debe interpelarnos como país. ¿Vamos a permitir que uno de nuestros mayores legados se pierda en manos de la improvisación y la codicia? ¿O tendremos, al fin, el coraje de actuar antes de que la historia nos pase la factura?

Mientras tanto, el ministro Fabricio Valencia continúa en su búnker solucionando sus problemas y haciendo seguimiento a la investigación de la fiscalía por el caso Shirley Hopkins.