Connect with us

Política

EsSalud: Segundo Acho es investigado por presunta corrupción

El alfil de APP, Segundo Acho Mego, acaba de ser designado por la presidenta Boluarte en el cargo de presidente ejecutivo de EsSalud, pese a estar investigado en la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito, malversación de bienes, fraude procesal, concusión, falsificación de documentos y coacción laboral.

Avatar photo

Published

on

El flamante presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Cecilio Acho Mego, no solamente fue observado por la Controlaría durante su gestión como presidente del Hospital Nacional Cayetano Heredia; sino que actualmente es investigado por la Fiscalía de la Nación, por presuntos delitos de corrupción. 

A pesar que la Contraloría realizó un reporte en agosto del 2024, denominado ‘Informe de Orientación de Oficio N° 032-2024-OCI/3604-SOO’ en el cual detectó una “situación adversa” y negativa en su administración cuando dirigía el Cayetano Heredia, el ginecólogo Segundo Cecilio Acho Mego fue designado como presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud).

Hay que indicar que este nombramiento firmado por la presidenta Dina Boluarte obedecería a la cuota acuñista. Es decir, Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña Peralta, primero logró que su alfil César Vásquez se convierta en ministro de Salud en el actual régimen. Y actualmente, a través del nombramiento de Acho Mego, prácticamente los apepistas manejarán todo el sistema nacional de salud en el Perú. 

EsSalud en manos de Alianza para el Progreso.

Contraloría y sindicato de trabajadores lo cuestionaron

Según el ‘informe de orientación’ del ente controlador, en 2024 el entonces titular del Hospital Cayetano Heredia, Acho Mego no preservó los intereses del nosocomio.

 “Se ha advertido una situación adversa que afecta o podría afectar la continuación del proceso, el resultado o el logro de los objetivos” en el hospital Cayetano Heredia, se lee en el documento.

En 2024 la Contraloría también observó la compra de un resonador magnético que costó casi 10 millones de soles, sin respaldo eléctrico.

Asimismo, el sindicato de trabajadores también lo denunció por varios casos, entre ellos, por el presunto pago de 1.4 millones de soles por una fallida remodelación de la unidad de pacientes con cáncer y una indebida adjudicación a un proveedor que incumplió contratos de remodelación de la farmacia y el banco de sangre, en el Cayetano Heredia.

Fiscalía investiga a Acho Mego por presunta corrupción 

Asimismo, el amigo del ministro de Salud César Vásquez, y actual presidente de EsSalud, mantiene carpetas fiscales abiertas por estar investigado por la presunta comisión de diversos delitos contra la administración pública.

Los amigos César Vásquez (Minsa) y Segundo Acho (EsSalud) lideran el sistema nacional de Salud en Perú.

Según el documento del distrito fiscal de Lima, Segundo Acho Mego, en agosto del 2015 tuvo la calidad de imputado por el delito de falsedad ideológica y falsificación documentaria. Asimismo, en febrero del 2017 fue imputado por los presuntos delitos de peculado (malversación de bienes o dinero público). Ese mismo mes del mismo año también fue imputado por abuso de autoridad; y el estado de su demanda civil por Nulidad de Resoluciones se encontraba ya con dictamen.

En noviembre del 2017 también fue imputado por los presuntos delitos de discriminación, abuso de autoridad, actos contra el pudor y coacción laboral.

En mayo del 2018 también tuvo una demanda civil en un proceso contencioso administrativo y en octubre del mismo año, también fue imputado por abuso de autoridad.

Actualmente, el flamante presidente de EsSalud se encuentra investigado por una denuncia penal por los presuntos delitos de supresión, destrucción y ocultamiento de documentos, falsificación documentaria, omisión de denuncia, enriquecimiento ilícito, Concusión (colusión simple) y fraude procesal.

Acho Mego se defiende

Tras verse evidenciado por las múltiples denuncias penales que pesan en su contra, el nuevo presidente de EsSalud, Segundo Cecilio Acho Mego, ha salido a defenderse y asegura que se está causando un daño moral innecesario contra su persona “que ha trabajado durante años en la gestión pública”, aseverando además que lo hizo con “transparencia y compromiso”.

Es decir, el funcionario Acho Mego basa su defensa en el principio de presunción de inocencia y añade que más del 95% de sus procesos penales se encuentran archivados.

Sin embargo, pese a que lo asiste la presunción de inocencia, el presidente de EsSalud no puede negar que mantiene investigaciones penales en la Fiscalía y dicha situación comprometedora no se condice con la supuesta probidad y ética que debe demostrar un funcionario público al momento de ingresar al aparato estatal.

En todo caso, desde un punto de vista ético, y no jurídico, ni legal; Segundo Acho Mego debería mantenerse fuera de EsSalud, hasta que se demuestre que es realmente “inocente” a nivel judicial, mediante sentencia firme. Y entonces ya podría liderar dicha entidad. Pero eso sería pedir mucho; porque al parecer, su verdadera meritocracia, más allá de haber tenido una trayectoria cuestionada en el aparato público, consiste en sus vínculos con Alianza para el Progreso (APP) y por ello permanece al mando del Seguro Social de Salud.  

Comentarios

Política

Ministro de Economía deberá responder ante el Congreso por alza del sueldo presidencial

El congresista Juan Burgos anunció que la Comisión de Fiscalización, que preside, citó al ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, para que explique el aumento del sueldo presidencial a más de S/35 mil.

Avatar photo

Published

on

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, presidida por el parlamentario Juan Burgos, ha citado al ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes Espejo, para que explique ante el Pleno los fundamentos detrás del reciente aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte, que pasó de S/ 16,000 a S/ 35,568 mensuales.

En una entrevista, Burgos informó que la citación se programó para este viernes 4 de julio a las 10:00 a.m., y busca aclarar los criterios utilizados por el Ejecutivo para aprobar esta medida que ha generado una fuerte ola de críticas desde distintos sectores sociales y políticos.

La decisión del incremento fue oficializada mediante un decreto supremo emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y anunciada públicamente por el propio ministro Pérez-Reyes. Según explicó el titular del MEF, el aumento responde a un proceso técnico y normativo orientado a equiparar la remuneración presidencial con los estándares de otros países de la región, dentro del marco institucional de la reforma del servicio civil.

El Gobierno mantuvo en secreto el trámite del aumento de sueldo de la presidenta.

Sin embargo, desde la Comisión de Fiscalización consideran que el momento y la falta de transparencia en torno a esta decisión ameritan una investigación. A través del oficio N.º 1402-2024-2025-CFC-CR, enviado el 3 de julio, el Congreso formalizó la convocatoria y expresó su preocupación por la reacción ciudadana ante lo que califican como una medida desproporcionada en un contexto de crisis económica y desconfianza institucional.

Además de solicitar la presencia del ministro, la comisión exige que el MEF remita el informe completo elaborado por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, junto con todos los antecedentes normativos, análisis comparativos y actos administrativos que sustentaron la decisión. También se requiere cualquier pronunciamiento de la Dirección General de Presupuesto Público, «de existir», respecto a la sostenibilidad del aumento.

Asimismo, ha sido citado el presidente ejecutivo de Servir, Guillermo Valdivieso, dado que el proceso de valorización de puestos presidenciales fue validado por esta entidad.

La citación se ampara en lo dispuesto por la Ley N.º 27785 (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control) y la Ley N.º 28716 (Ley de Control Interno), que buscan garantizar la correcta gestión de los recursos públicos y el principio de transparencia en el gasto del Estado.

Comentarios
Continue Reading

Política

Alcalde de lima recula con el inicio del funcionamiento del tren y ahora dice que en realidad habrá una “prueba en vacío”

Burgomaestre capitalino reconoció que en realidad no existe una fecha de inicio y responsabiliza al MTC por la demora.

Avatar photo

Published

on

Urgente, se busca un traductor para el alcalde de Lima. Luego de anunciar con orgullo y sin un ápice de reflexión que mandará a adquirir drones que “explotarán” en la cara de los delincuentes, el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Rafael López Aliaga, nuevamente ha salido a decir que no habrá una marcha blanca, tal como venía repitiendo los últimos días, sino que en realidad se dará una “prueba en vacío”. Quién le entiende.

El popular ‘Porky’ anunció ayer que el proyecto del tren Lima-Chosica no contará con una “marcha blanca” para este 28 de julio, sino que “técnicamente” se dará una “prueba en vacío” alrededor del 28 de julio como “regalo” para Lima Este.

Diría más que marcha blanca prueba en vacío realmente es, esa es la palabra técnica. Hay un concepto previo, que es la prueba en vacío, un tema muy técnico, entonces que es prueba en vacío, marcha blanca (…) Si hay buena voluntad se puede hacer prueba en vacío y marcha blanca alrededor de 28 de julio, como un regalo a Lima Este”, dijo para Canal N.  

Asimismo, López Aliaga aseguró que ya existe un marco legal firmado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y agradeció la intervención del premier Eduardo Arana. “Yo tengo un convenio marco con el MTC. Le agradezco al premier porque él ha entrado al tema y me ha dicho: ‘Rafael, esto sale, esto va de todas maneras’”, sostuvo.

“Tengo un contrato firmado hace meses con el MTC. Pérez Reyes [extitular del MTC] estuvo conmigo en la donación”, agregó al señalar que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ya replicó al pedido del portafolio sobre aspectos técnicos del proyecto. “Ya hemos respondido. Esto va por etapas”, señaló.

Tren fantasma. Hasta el momento no hay nada concreto con el famoso tren anunciado por ‘Porky’.

Todo es “voluntad política”

Pese al entusiasmo, López Aliaga admitió que el avance del proyecto está sujeto a decisiones del gobierno central. “Por mí (empezaría a operar), mañana. Pero dado que hay burocracia… Si hay buena voluntad política, esto debe salir rapidísimo”, manifestó.

No obstante, reconoció que no hay fecha oficial de inicio. “Es que no depende de mí, dependo del ministro de Transportes. Con el anterior teníamos una condición mejor. Antes de viajar, yo le pedí (aparentemente a César Sandoval, actual titular del sector): ‘No declares nada, porque al declarar me pones en una posición de responder’”, dijo.

Comentarios
Continue Reading

Política

Jorge Luis Moya no va más en la DDC del Cusco

Abogado permanecía increíblemente en un puesto que no era acorde a los requisitos técnicos, saltándose el cuadro de meritocracia.

Avatar photo

Published

on

Sin pena ni gloria. Aunque parezca una broma de mal gusto, un abogado había sido designado, de manera temporal, como director nada menos de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco, y no un arqueólogo, un destacado historiador, o quizás un antropológo o un especialista en gestión, sino ¡un abogado!

Sí, Jorge Luis Moya Cohaguila, investigado por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por irregularidades en la adquisición de un terreno, ocupaba tan importante cargo dentro del Ministerio de Cultura (Mincul). Todos los especialistas en el sector cultural se miraron las caras ante el nombramiento de Moya, llegando a una sola conclusión: favoritismo.

Y es que el abogado bien podrá saber de leyes y jurisprudencia, pero poco sobre gestión cultural, patrimonio y el día a día del sector turismo; en otras palabras, se encontra en un puesto totalmente antinatural a su carrera profesional.

Moya se encontraba al frente de la DDC de Cusco desde setiembre del año pasado, sin embargo, ayer se emitió la Resolución de Secretaria General n.° 000241-2025-SG/MC del Mincul que anuncia su destitución de dicho cargo.

Asimismo, el abogado también en mayo de este año había sido nombrado como Asesor II de la Secretaría General del Mincul, oficializándose su renuncia ayer, según Resolución Ministerial n.° 000156-2025-MC.

De esta manera, Jorge Luis Moya se va dejando una pésima y cuestiobable gestión en la DDC de Cusco, recordando que durante su estadía se suscitaron protestas, bloqueos, una sobrecarga de turistas que buscaban un boleto de ingreso a Machu Picchu, entre otros problemas que afectaban el patrimonio cultural y el turismo.

Comentarios
Continue Reading

Política

Martha Meléndez es designada como la nueva secretaria de prensa del Despacho Presidencial

Tras la abrupta salida de Mónica Tiburcio, que no duró ni un día, la comunicadora tendrá la difícil tarea de mejorar la imagen de Dina Boluarte.

Avatar photo

Published

on

Martha Meléndez Muñoz aceptó la titánica tarea de mejorar la imagen de la presidenta de la República, Dina Boluarte, a pesar de que la “mamá de todos los peruanos” hace unas cuantas horas se acaba de aumentar el sueldo a más de 35 mil soles, o de no querer declararle a la prensa por más de 250 días. Con todo, la comunicadora de profesión, puso su firma para convertirse en la nueva Secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial.

A través de la Resolución n.° 000045-2025-DP/SGDP, publicada hoy en el diario El Peruano, se oficializa su designación en reemplazo de Mónica Tiburcio, quien de manera intempestiva tuvo que dejar su cargo a tan solo unas horas de haber sido designada.

La resolución señala, además, que el vínculo de la servidora se rige exclusivamente por el régimen de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, su reglamento y las normas que emite la Autoridad Nacional del Servicio Civil, como ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.

Martha Meléndez, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (Unifé), tiene una Maestría en Periodismo y Comunicación Multimedia. Se ha desempeñado como Jefa de Comunicaciones e Imagen Institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, especialista en comunicaciones en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, jefa de prensa del Congreso de la República, entre otros cargos.

La resolución lleva la firma del secretario general del Despacho Presidencial, Enrique Vílchez Vílchez.

Comentarios
Continue Reading

Política

Ministerio de Cultura acepta abstención de viceministra Moira Novoa en ‘caso Armatambo’

La cuestionada viceministra de Patrimonio Cultural pidió abstenerse de opinar sobre el retiro parcial de la condición cultural de la Parcela Arqueológica O en el Morro Solar. El ministro Fabricio Valencia, declaró procedente su solicitud mediante resolución ministerial.

Avatar photo

Published

on

Mediante la Resolución Ministerial N.º 158-2025-MC, el Ministerio de Cultura aceptó y declaró procedente la abstención formulada por la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Moira Novoa Silva, respecto al procedimiento que evalúa el retiro parcial de la condición cultural de la Parcela O de la Zona Arqueológica e Histórica de Armatambo – Morro Solar, ubicada en el distrito de Chorrillos, Lima.

Resolución Ministerial N.º 158-2025-MC.

En su lugar, será el viceministro de Interculturalidad, Percy Yhair Barranzuela Bombilla, quien se pronunciará sobre el procedimiento mencionado.

La resolución, firmada por el ministro de Cultura Fabricio Valencia, señala en sus considerandos que Novoa Silva solicitó abstenerse por haber emitido previamente opinión técnica sobre el tema, cuando se desempeñaba como directora general de Patrimonio Arqueológico Inmueble. En ese cargo, suscribió los informes N.º 000050-2025-DGPA-VMPCIC/MC y N.º 000141-2025-DGPA-VMPCIC/MC, en los que se abordaba el caso. Por esta razón, y conforme al numeral 2 del artículo 99° del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General), se configuraría una causal de abstención.

Sobre el retiro parcial de la condición cultural de la Parcela O de Armatambo, especialistas advierten que deben evaluarse rigurosamente los motivos detrás de la decisión. Si la zona fue intervenida con un proyecto formal de rescate arqueológico y se concluyó que ya no existen restos patrimoniales, entonces podría justificarse la desprotección. Sin embargo, existen cuestionamientos por el uso de cateos mínimos o informes técnicos limitados como sustento para retirar la protección, lo cual representa un tema especialmente sensible dada la fragilidad del patrimonio arqueológico.

Cabe recordar que hace poco más de un mes, la misma viceministra Novoa Silva fue duramente criticada por firmar la controvertida Resolución Viceministerial N.º 000128-2025-VMPCIC/MC, que redujo en casi un 50% el perímetro de protección de las Líneas de Nasca y Palpa, lo que generó un fuerte rechazo por parte de la comunidad arqueológica y defensores del patrimonio cultural en todo el país.

Comentarios
Continue Reading

Política

Congreso blinda a la JNJ y archiva denuncia por retorno de Benavides

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso rechazó investigar a los seis miembros de la Junta Nacional de Justicia que avalaron la controvertida reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Con esta decisión, ya no serán procesados.

Avatar photo

Published

on

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, presidida por la parlamentaria de APP María Acuña Peralta, ha vuelto a actuar como muro de contención para los intereses de ciertos sectores del poder. Esta vez, al declarar improcedentes las denuncias constitucionales contra los seis miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que votaron por la restitución de Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación, a pesar de las evidentes irregularidades en el proceso y la ausencia de unanimidad.

El blindaje es evidente: mientras la misma SAC sí decidió abrir investigación contra los miembros de la Junta de Fiscales Supremos por una controversia similar, a la JNJ se le concede impunidad institucional. Esta doble vara confirma la falta de coherencia y la clara intencionalidad política de las decisiones parlamentarias.

La pugna entre Delia Espinoza y Patricia Benavides evidencia el deterioro institucional del Ministerio Público.

Las denuncias rechazadas fueron presentadas por los congresistas Alfredo Pariona (Bancada Socialista) y Elías Varas (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo). Acusaban a los magistrados de la JNJ de usurpación de funciones, avocamiento indebido y abuso de autoridad, al intervenir en decisiones que, según sus críticos, correspondían exclusivamente al ámbito del Ministerio Público y no al de la JNJ.

Los magistrados protegidos por el Congreso son Gino Ríos Patio (presidente), María Teresa Cabrera, Jaime De La Puente, Víctor Hugo Chanduví, Germán Serkovic y César Cayo Galindo. Todos ellos firmaron la resolución que repuso no solo a Benavides Vargas, sino también a la fiscal Azucena Solari y a la jueza Enma Benavides Vargas.

Pero el escándalo no termina ahí. El acta de la sesión extraordinaria en la que se decidió la reposición confirma que no hubo unanimidad, ya que el magistrado Francisco Távara no participó. Peor aún, la secretaria general de la JNJ, Giovanna Díaz, no fue convocada a la reunión, lo cual ella misma dejó consignado en el acta. Esta omisión plantea serias dudas sobre la legalidad de la sesión y abre la puerta a sospechas de manipulación institucional.

A pesar de estos hechos, el Congreso prefirió mirar hacia otro lado. Lo que debió ser un acto de fiscalización y defensa del orden constitucional terminó siendo otro ejemplo más de cómo las instituciones se protegen entre sí, incluso a costa de la legalidad y la confianza ciudadana. El blindaje a la JNJ por parte de la SAC deja una pregunta inquietante en el aire: ¿a quién sirve realmente el Congreso?

Comentarios
Continue Reading

Política

MML derrochó más de 9 millones de dólares en estudio de abogados para luego despedirlo

Gestión de López Aliaga responsabilizó al estudio Foley Hoag LLP de perder los dos laudos arbitrales, acusándolos de omitir información que lo vincularía con Brookfield, empresa matriz de Rutas de Lima.

Avatar photo

Published

on

Plata al agua o al charco, para ser más precisos cuando se habla del alcalde de Lima. Como el dinero no sale de su bolsillo y sí de todos los peruanos, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), encabezada por el errático y explosivo Rafael López Aliaga, decidió dar por terminado el vínculo contractual que tenía con el estudio de abogados Foley Hoag LLP, alegando que la firma estadounidense le habría omitido información relevante relacionada a su cercanía con Brookfield, empresa matriz de Rutas de Lima.

Cabe mencionar que en la actualidad la MML y Rutas de Lima tienen un conflicto legal derivado de la cancelación del cobro de peajes de parte de la empresa concesionaria, la cual le viene exigiendo a la comuna capitalina el pago de más de 200 millones de dólares.

Según documentos judiciales y registros de contrataciones del Estado, la MML suscribió cuatro contratos con Foley Hoag LLP, tres durante el mandato del exalcalde Jorge Muñoz y uno bajo la administración de López Aliaga. La comuna destinó más de US$ 8 millones en tres procesos arbitrales que terminó perdiendo, y un contrato adicional por US$ 1.6 millones en 2024 para frenar la ejecución de los fallos. Esta última contratación fue anulada tras revelarse un conflicto de interés no declarado.

El municipio alega que Foley Hoag LLP ocultó que también representaba a Brookfield Asset Management, empresa matriz de Rutas de Lima, mientras defendía a la comuna en procesos contra dicha concesionaria. Esta falta de transparencia habría condicionado la estrategia legal y perjudicado gravemente a la municipalidad que dirige ‘Porky’.

“El conflicto de intereses no divulgado de Foley contaminó su representación de MML, y los resultados fueron devastadores”, se lee en el escrito presentado ante la Corte de Columbia por el nuevo estudio defensor, Boies Schiller Flexner LLP. En este documento se exige anular la sentencia que valida los laudos arbitrales por US$ 200 millones, alegando que Foley Hoag omitió recursos clave para proteger a la comuna.

Desconectado. Comuna limeña gastó más de 9 millones de dólares en estudio de abogados.

A la fecha, la Corte de Apelaciones ya ha ratificado la validez de los laudos arbitrales, pero la MML aún espera una decisión de la jueza de primera instancia en EE. UU. que podría cambiar el rumbo de este escándalo legal y financiero.

Comentarios
Continue Reading

Política

¿A quién beneficia la millonaria compra de aviones de guerra?

¡Escandalo! en vez de invertir en hospitales, cárceles o vías de transporte, el gobierno destina más de S/ 13 mil millones a aviones de guerra sin enemigo a la vista. Una decisión desconectada de las prioridades nacionales, que podría esconder millonarios negociados oscuros antes de dejar el poder.

Avatar photo

Published

on

Esta semana se confirmó: la presidenta Dina Boluarte ha decidido endeudar al Estado peruano por la exorbitante suma de 3,500 millones de dólares para adquirir 24 aviones de caza ‘Gripen E’ a la empresa sueca Saab. En un país que no enfrenta ninguna amenaza bélica real, este acuerdo resulta escandaloso, cuestionable y oportunamente silencioso. ¿Por qué ahora? ¿Para qué esta compra? ¿Y a quién realmente beneficia?

El argumento oficial es que esta adquisición forma parte del proyecto de modernización de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). La presidenta Boluarte Zegarra, flanqueada por el comandante general de la FAP, Carlos Chávez, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, y el premier Eduardo Arana, justificó el grosero gasto alegando que es una “decisión histórica” para “garantizar la paz mediante la disuasión”. ¿alguien puede creer eso?

Pero mientras la mandataria se alista para abandonar Palacio de Gobierno –como ya lo han hecho otros expresidentes–, deja atado al país a un endeudamiento que se pagará hasta 2050, y que no prioriza las verdaderas urgencias nacionales.

Gastos de guerra en tiempos de crisis

Dina Boluarte anuncia con orgullo esta compra, al tiempo que su propio gobierno apenas ha destinado 800 millones de soles para construir cinco penales en todo el país. Es decir, solo una fracción mínima de lo que costarán estos aviones, en un país donde el hacinamiento carcelario, la inseguridad ciudadana y la falta de infraestructura penitenciaria son un clamor nacional.

¿Por qué no destinar esos 3,500 millones de dólares a construir al menos 30 o 40 nuevos penales a nivel nacional, mejorar hospitales colapsados y construir decenas de estos, o cerrar la brecha de infraestructura educativa? ¿cuántas líneas de Metro de Lima se podrían implementar con esa millonada de dinero? ¿O es que existe un interés oculto detrás de este contrato con Saab?

El Gobierno anunció financiamiento para apenas cinco nuevos penales.

Un proveedor cuestionado

Saab, la compañía sueca elegida por el gobierno peruano, está actualmente bajo investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. por su venta de aviones a Brasil en 2014. El caso, conocido como Operación Zelotes, involucró presuntos sobornos y tráfico de influencias, nada menos que con participación del actual presidente brasileño Lula da Silva y su hijo. Aunque el proceso fue archivado en Brasil, las investigaciones internacionales siguen en curso.

No se trata solo de antecedentes incómodos. Saab ha ofrecido “compensaciones legales” al Perú bajo el esquema offset, que supuestamente incluiría transferencia tecnológica y eventuales inversiones en sectores no militares. En teoría, suena bien. Pero en la práctica, es un terreno fértil para sobrecostos, contratos opacos y beneficios indirectos para actores políticos y empresariales.

Más aún: se ha revelado que parte de los aviones podrían ser ensamblados en Brasil, desde una planta inaugurada en 2023, lo que supondría una preocupante dependencia tecnológica y logística del Perú respecto al gobierno de Lula da Silva, un actor político que ya ha sido señalado por su participación directa en la anterior venta de Saab y que calificó como “intromisión” las investigaciones internacionales.

Gobierno endeudará al país para adquirir 24 aviones ‘Gripen E’, a la sueca Saab.

Un Congreso cómplice

Este endeudamiento no sería posible sin la venia del Congreso de la República, que aprobó el financiamiento en dos tramos: 2,000 millones de dólares en 2025 y 1,500 millones en 2026, utilizando deuda interna del Banco de la Nación. El plazo de pago será de entre 18 y 24 años. ¿Por qué un Congreso tan crítico del gasto público autoriza sin mayor resistencia esta compra? ¿Cuáles son los intereses detrás?

Esta práctica de dejar “herencias envenenadas” se repite peligrosamente. El exencargado de Palacio de Gobierno, Francisco Sagasti comprometió al país en deudas a 100 años por vacunas y compras durante la pandemia, sin rendición de cuentas claras. Más recientemente, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha endeudado a la Municipalidad Metropolitana de Lima por más de 4,000 millones de soles, comprometiendo a sus sucesores durante los próximos 20 años.

Una ‘disuasión’ sin enemigo

El argumento de la “disuasión” esgrimido por el viceministro de Políticas para la Defensa, César Torres, no resiste un análisis serio. Perú no enfrenta amenazas bélicas ni tiene conflictos armados en el horizonte. En cambio, sí vive una guerra interna contra la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción y la impunidad judicial. Es en esos frentes donde urge invertir.

Invertir miles de millones de dólares en armamento sin enemigo visible es no solo irresponsable: es un acto de desconexión total con las prioridades nacionales, y podría esconder negociados oscuros en nombre de la defensa nacional. Se repite así la historia de gobiernos que, antes de irse, amarran contratos millonarios para beneficios ajenos a los intereses del pueblo.

El legado de Boluarte: deuda, armas y desconfianza

No cabe duda que Dina Boluarte pasará a la historia como una mandataria sin respaldo popular, que accedió al poder por la vía sucesoria, que ejerció con represión y terminó comprometiendo el futuro económico del país en acuerdos sin consenso ni transparencia.

La compra de aviones de guerra en tiempos de paz, sin consulta pública, sin licitación internacional abierta y con un proveedor extranjero bajo investigación, es más que una mala decisión política: es una afrenta al pueblo peruano, que exige justicia, desarrollo y seguridad real, no fantasmas de guerra ni herencias de deuda.

¿Quién se beneficia de este negocio? Esa es la pregunta que el país debe hacerse ahora, antes de que sea demasiado tarde.

Comentarios
Continue Reading
Advertisement

LIMA GRIS TV

PUBLICIDAD

PRNEWS

PARTNER

 

CONTACTO

Síguenos en Twitter


LIMA GRIS RADIO

Trending