No una, ni dos, sino ¡tres mociones de interpelación! El titular del Ministerio de Cultura (Mincul), Fabricio Valencia, acaba de cometer un gravísimo error que le podría costar su cargo al reducir considerablemente (2,400 kilómetros cuadrados) la zona correspondiente a la Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca.

El ministro Valencia aprobó tal disminución, mediante la Resolución Viceministerial n.° 00128-2025-VMPCIC/MC publicada en el diario El Peruano, pese a que en setiembre pasado se advirtió la presencia de mineros ilegales cerca de la zona protegida.

Es por ello que congresistas de distintas bancadas llegaron a presentar hasta tres mociones de interpelación contra el titular de Cultura, teniendo que presentarse en el Parlamento para responder un pliego de 11 preguntas relacionadas a tan bochornosa reducción. Una de ellas se refiere al sustento técnico, científico y legal del recorte del sitio reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; y otra, a si el portafolio coordinó con la Unesco la modificación del territorio arqueológico, donde se han hallado más de 800 figuras geométricas, antropomorfas, zoomorfas, entre otras.

De conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política del Perú y los incisos a) y b) del artículo 83 del Reglamento del Congreso, en la siguiente sesión del Pleno se consultará la admisión de la moción de interpelación.

¿Ministro Valencia presionado por los mineros?

Resulta llamativo que la principal autoridad de Cultura del país, quien en teoría debería de estar encargada de velar y proteger nuestro patrimonio cultural, sostenga que tal recorte no llegará a afectar el valor ni las características de la reserva arqueológica.

En tal sentido, el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú viene exigiendo la inmediata destitución del titular del Mincul, argumentando que desde su cartera se viene promoviendo la afectación de nuestro patrimonio cultural.

Asimismo, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) resaltó que justo esa área recortada coincida con el petitorio de decenas de mineros para la explotación de la zona.

En un pronunciamiento, la organización destacó que ha “identificado que en el área excluida no solo existen 57 concesiones tituladas y 165 petitorios mineros, sino que, además, a pocos días de la decisión gubernamental, se han presentado ante el Ingemmet al menos 58 nuevos petitorios mineros en la zona arqueológica excluida, generando mayor presión sobre esta área sensible”.

El dato:

En caso de que sus respuestas no resulten satisfactorias, el Congreso de la República podría respaldar una eventual censura contra el ministro del régimen de Dina Boluarte.

En medio de una creciente indignación nacional, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja, enfrenta duras críticas por dos decisiones emblemáticas de su cuestionada gestión: la reducción del perímetro protegido de las Líneas de Nasca y Palpa, y las jugosas órdenes de servicio a la señora Shirley. Ambos casos exponen una alarmante tendencia: el debilitamiento institucional del Ministerio de Cultura y el avance de intereses privados, incluso ilegales, sobre el patrimonio cultural del país.

Nasca y Palpa: el tijeretazo al patrimonio

Una de las medidas más escandalosas del ministro Valencia fue la drástica reducción en un 42% del área protegida de las Líneas de Nasca y Palpa, pasando de 5,600 a 3,200 kilómetros cuadrados. Esta área, reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO, alberga cientos de geoglifos milenarios que aún no han sido completamente estudiados.

Según el ministro, la decisión responde a un “proceso de optimización técnica”, supuestamente respaldado por estudios internacionales. Pero el Colegio de Arqueólogos del Perú y diversas organizaciones patrimonialistas han calificado esta medida como irresponsable y servil a intereses extractivos.

Reducir el área protegida es abrirles la puerta a los mineros informales que desde hace años intentan ingresar a esa zona. No hay justificación científica ni técnica que respalde semejante atentado. Lo que hay es una larga lista de empresas mineras que vienen acechando la zona con vínculos al partido Alianza Para el Progreso de César Acuña.

El nuevo perímetro excluye zonas con presencia de geoglifos no mapeados y áreas que desde hace décadas estaban en proceso de conservación. Como resultado, la actividad minera informal ha comenzado a avanzar peligrosamente hacia sectores antes resguardados, según informes locales. Altos funcionarios del Ministerio de Cultura señalan que detrás de esta maniobra estaría el acalde de Nasca, Jorge Bravo (APP), y un grupo de mineros con vínculos políticos que operan en la región de Nasca.

Alcalde de Nasca, Jorge Bravo.

El caso Shirley Hopkins: miles de soles sin título universitario

Otro de los episodios que ha revelado el deterioro ético en la gestión de Valencia es la contratación de Shirley Hopkins, quien fue contratada para un puesto clave del sector Cultura sin contar con título universitario, lo que violaría la Ley Servir y los lineamientos del propio Ministerio.

Pese a las advertencias internas y la denuncia en Lima Gris, el ministro primero defendió públicamente su nombramiento, alegando experiencia en el sector. Sin embargo, en nuestra investigación revelamos que Hopkins no solo carecía del título profesional exigido, sino que tenía un vínculo previo con miembros del entorno político del ministro, lo que refuerza las sospechas de un caso de favoritismo político encubierto.

Esta contratación fue la gota que colmó el vaso para varios sindicatos del sector, que denunciaron una “política de nombramientos a dedo” en diferentes direcciones regionales de Cultura, entre ellas la de Cusco, donde el intento de imponer al controvertido Régulo Franco también provocó protestas laborales.

Ayer los trabajadores del Ministerio de Cultura de Cusco realizaron un paro de 24 horas, una advertencia que anunciaría la caída de los oscuros negocios digitados desde Palacio de Gobierno.

Una gestión a espaldas de la cultura

La gestión de Fabricio Valencia Gibaja está siendo cada vez más percibida como opaca, ineficaz y favorable a intereses ajenos al sector cultural. Todo esto a que pesar que su padre fue un arqueólogo respetado y su madre  es una antropóloga que hasta el momento continúa sin pronunciarse sobre la gestión de su hijo.

A ello se suma su estilo autoritario, evidenciado en los múltiples conflictos con trabajadores del Ministerio y en las decisiones unilaterales que han derivado en protestas, paros y demandas judiciales, como ocurrió en el caso de la venta de boletos para Machu Picchu.

El ministro, lejos de corregir el rumbo, ha optado por minimizar las críticas y aferrarse al cargo, blindado políticamente por sectores del Ejecutivo que ven en él una ficha útil para facilitar concesiones y recortes en zonas estratégicas. Antes defendía el patrimonio y ahora desde el piso ocho de la sede central del Mincul parece que su tarea es lotizar nuestro legado cultural.

El caso de las Líneas de Nasca y Palpa y la designación de Shirley Hopkins no son hechos aislados, sino síntomas de una política cultural desvirtuada. En lugar de fortalecer la protección del patrimonio y profesionalizar la gestión, el ministro Fabricio Valencia Gibaja parece empeñado en desmantelar lo avanzado, abriendo camino a la informalidad, el clientelismo y el debilitamiento institucional.

En tiempos donde el Perú necesita reafirmar su identidad y proteger su riqueza histórica, la pregunta cae por su propio peso: ¿al servicio de quién está el Ministerio de Cultura bajo la gestión de Valencia?

Según el último informe emitido por el Banco Central de Reserva del Perú, sucursal Iquitos, el turismo no destaca como actividad primaria en la economía regional, como sí resaltan los sectores agropecuario, pesquero y minero. El sector turístico no se puede evidenciar como actividad de primera importancia. Estos datos reflejan la cruda y veraz condición económica del turismo y que la autoridad regional nunca tuvo el mínimo interés por desarrollar la industria sin chimenea. Es decir, asumió la gobernación sin tener un plan estratégico de desarrollo turístico para Loreto. Y esta aseveración cobra fuerza al apreciar los cuadros estadísticos.

Este mal manejo del turismo debe quedar marcado como precedente para la población electoral y no dejarse sorprender ante tanto parlanchín que se ufana y enarbola la bandera del turismo como herramienta de solución a los problemas económicos de la región. Definitivamente, el gobernador René Chávez tiene una distorsión de la valía del turismo, que no es como él lo viene promocionando con juane y chicha, con fiesta y farra,  y con tufillos populistas y demagógicos con sonido a campaña electoral.

Gobernador Regional de Iquitos René Chávez.

Al parecer, de nada le sirvió su estancia en Cuba, ya que es un país que genera divisas por el turismo y la salud, a través de la hotelería hospitalaria; sin embargo, la región Loreto se encuentra en unidad de cuidados intensivos en ambos sectores. El gobernador Chávez debe saber que cada rincón o provincia de la región Loreto guarda atractivos culturales, naturales y de apoyo  que son claves para poder diseñar corredores turísticos, ya que esta región guarda la más grande riqueza en biodiversidad en sus bosques y ríos, cultura y tradición  en sus 33 pueblos originarios  y una belleza arquitectónica en la zona monumental de la ciudad de Iquitos que no la tiene ninguna otra región o ciudad amazónica peruana.

Ante los últimos hechos deplorables a turistas en el río Amazonas, los asesores y comunicadores del gobernador que desfilan semanalmente  por su despacho, deberían susurrarle al oído que es en vano recurrir a poses plañideras y querer estigmatizar con campañas orquestadas de animadversión a cada mando policial y, más aún, pretender castigarles con el destierro, como si ellos fueran los grandes responsables de las malas decisiones de su gestión que, sospechosamente, excusa al alto mando de  la V Zona Naval ya que son los responsables directos de patrullar los ríos amazónicos.

 Requena.

El gobernador loretano debe hacerse un mea culpa por las mentiras, medias verdades y la falta de atención al sector turístico, porque desde que inició su gestión restringió el presupuesto a la oficina de GERCETUR, o “confía” partidas de inversión a personas leales a su interés, como es el caso de  “arreglos y mejoras en Quistococha” y la “fiesta del juane y su chicha”. Asimismo, mantuvo distanciamiento frontal con los miembros de la CARETUR, pues, irrisoriamente, “inauguró” con matracas y serpentinas un vuelo comercial a la ciudad colombiana de Leticia,  pero  nunca más volvió a despegar o aterrizar alguna avioneta o avión  que nos conecte con la ciudad fronteriza; además, asigna fondos económicos a una oficina improductiva de la marca “Loreto”, donde funcionarios de turno, desde su creación hasta la fecha, despilfarraron o usaron irracionalmente el dinero. El gobernador Chávez debe entender y asumir que  fue elegido para liderar  una de las regiones más grandes del Perú que lo conforman 8 provincias, y en cada una de las mismas debería funcionar una oficina de turismo de enlace con GERCETUR debidamente implementado con  personal capacitado, herramientas tecnológicas y presupuesto asignado que hasta la fecha no se hace.

Los empresarios de turismo de la región Loreto han unido sus voces para decir ¡basta ya!  de estar quejándose y pidiendo suspicazmente “estado de emergencia” para la región, que no hará más que ahuyentar a los pocos turistas que llegan y, por consiguiente, sufrirían pérdidas económicas. Pero, por supuesto, esa suerte no correrían los funcionarios públicos del gobierno regional para hacer las compras o adquisiciones directas sin licitación. Es importante, que la población conozca   que el año 2024 el gobierno regional de Loreto  recibió del Estado S/. 1, 103 millones de soles,  y ejecutó 969 millones de soles, de los cuales invirtió en el sector turístico 77 millones, menos del 10% del monto total recibido y que fue distribuido de la siguiente manera: 34 millones de soles en el Centro Ferial y Turístico de Yurimaguas, 21 millones en el Boulevard de Requena, 12 millones en la Marina Turística en Iquitos, 4,4 millones de soles en construcción de un corredor, casetas y oficinas para información turística en Quistococha, 3 millones en creación y mejoramiento de los servicios públicos en la zona monumental de Iquitos, 2,6 millones soles en mejoramiento de servicios públicos en la Plaza San Francisco de Asís de Requena y otros dos montos de menor inversión, tal como se puede observar en la página oficial del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fuente: MEF.

Esta noticia fue recibida con sorpresa por algunos empresarios de turismo porque hasta la fecha en algunos casos no se colocó ni un ladrillo o hay una evidente desproporción de lo manifestado con la realidad. Hubiese hecho bien invertir en promocionar el destino en ferias nacionales o extranjeras como de Madrid (España), Berlín (Alemania) y Anato (Colombia), entre otros escenarios.

Estamos seguros que los amazónicos le van a  exigir al “médico del pueblo” con mayor presupuesto otorgado por el Estado, para que se ponga a trabajar por la Amazonía en el poco tiempo que le queda y deje de ser berrinchudo con su pedido de “estado de emergencia”. Por otro lado, está en la obligación de esclarecer y rendir cuentas de los desembolsos millonarios que viene haciendo en el sector, porque si no logra sincerar las inversiones que ejecutó el año 2024 (sin revisar de años anteriores), automáticamente se sumará una nueva carpeta en la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público a su abultado legajo de investigaciones que recaen sobre él desde que fue alcalde de la provincia del Datem del Marañón,  y lamentablemente tendrá el mismo final de los anteriores gobernadores de la región Loreto.

Un Congreso deslegitimado aprobó ayer, en primera votación, la reelección inmediata de gobernadores regionales y alcaldes, sin embargo, al no alcanzar los 87 votos requeridos, ahora tendrá que someterse a un referéndum la reforma constitucional.

Al alcanzarse solo 77 votos, la reforma de la constitución deberá ser vista por la población. Al respecto, el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, criticó severamente que esto pase por un referéndum, calificando tal vía como “absurda” pues implicaría “gastar una enorme cantidad de dinero”.

“Se ha presentado una reconsideración y, por lo tanto, el proyecto ha quedado en pausa, como el anterior. En la legislatura pasada se votó un proyecto idéntico de reelección de gobernadores y alcaldes, pero que tenía la eliminación de movimientos políticos. Esta vez ya no iba con los movimientos regionales, no tenía nada que ver. Solamente elección de gobernadores y alcaldes, cosa que hubiera sido muy positiva porque permite una mejor gestión y, además, una carrera política”, sostuvo para Canal N.

Alcaldes y gobernadores en ejercicio podrían volver a ser elegidos

El texto sustitutorio propuesto modifica los artículos 191 y 194 de la Carta Magna para permitir que gobernadores y alcaldes puedan postularse nuevamente tras su mandato de cuatro años, estando posibilitados los actuales gobernadores y alcaldes en ejercicio, como por ejemplo el gobernador regional de La Libertad, César Acuña o el burgomaestre capitalino Rafael López Aliaga.

Opiniones de los congresistas

El congresista Rospigliosi alegó que la reelección de autoridades no constituye un derecho fundamental, sino una decisión política, tal como ha reconocido el Tribunal Constitucional. “Posibilita la implementación de proyectos de desarrollo mediano y largo plazo, además, fomenta la profesionalización de la política”.

Por su parte, la congresista Ana Zegarra (SP), presidenta de la Comisión de Descentralización, señaló que la reelección permitirá que se concluyan proyectos que no son considerados por las nuevas autoridades. “Hay que darle la oportunidad, pues quien finalmente los elige son los electores”, dijo.

A su turno, Alejandro Cavero (Avanza País) manifestó que la reelección no es un derecho de los alcaldes, sino de los ciudadanos, pues es la libertad de poder decidir si un alcalde ha hecho bien o no su gestión y merece un periodo adicional.

En tanto, el parlamentario Alejandro Muñante (RP) dijo que la reelección de alcaldes no ha sido un problema, porque no ha superado el 20%, es decir, no todos los que querían una segunda oportunidad ganaban.

Por otro lado, el congresista Luis Aragón (AP), en representación de los autores de un dictamen en minoría, planteó que la reelección de autoridades municipales y regionales sea a partir del 1 de enero del 2027.

Con 87 votos a favor, 11 en contra y 6 abstenciones, el Congreso de la República, en segunda votación, aprobó ayer la nueva Ley General del Turismo (LGT) recaído en los proyectos de ley 2007, 3981, 3992, y otros, que busca otorgar beneficios tributarios al sector turístico, los mismos que entrarán en vigor a partir del 1 de enero del año próximo.

A propósito de esos beneficios, se señala dentro de las disposiciones la creación de las Zonas Especiales de Desarrollo Turístico (ZEDT), consistentes en áreas que contarán con beneficios tributarios y condiciones especiales para atraer a los inversionistas privados.

Además, para los proyectos de inversión de infraestructura básica se autoriza el uso de hasta un 5 % del Fondo de Compensación Regional (Foncor) y para garantizar la formalización, se prohíbe la comercialización y promoción de servicios propios de las agencias de viaje y turismo en espacios públicos como plazas, parques u otros lugares, en aras de salvaguardar a los turistas.

¿En qué consisten las ZEDT?

De acuerdo al Capítulo III de la Ley, las ZEDT ofrecerán exoneraciones fiscales, incluyendo la eliminación de impuestos como el Impuesto a la Renta (IR), el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), así como el Impuesto de Promoción Municipal (IPM), entre otros.

Para obtener tales beneficios, las zonas deberán de cumplir el principio de sostenibilidad, la inclusión de la población local en la fuerza laboral y la contribución al desarrollo económico de las comunidades. Tales exoneraciones no podrán superar los 15 años.

Además de todo eso, las transferencias de bienes y servicios entre los usuarios de las ZEDT también estarán exentas de impuestos.

Más beneficios tributarios

En tanto, en el Capítulo IV de la nueva LGT destaca la posibilidad de aplicar una depreciación acelerada de activos fijos a una tasa del 20 % anual, lo que beneficiará a establecimientos de hospedaje, agencias de viaje, restaurantes y otros servicios relacionados con el turismo.

Asimismo, se establece la suspensión del Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) para empresas que hayan acumulado pérdidas tributarias entre 2020 y 2026, medida que estará vigente durante los ejercicios fiscales de 2026 y 2027, siempre que las empresas cumplan con ciertos requisitos, como no tener deudas tributarias pendientes.

Otro beneficio relevante es el crédito tributario por reinversión, que permitirá a las empresas deducir hasta el 30 % del monto reinvertido en la mejora de servicios turísticos, infraestructura y equipamiento.

Para las micro y pequeñas empresas, este porcentaje se eleva al 50 %, con un plazo de aplicación de hasta cinco años. Según el dictamen, estas reinversiones deberán orientarse hacia la sostenibilidad, la conservación de ecosistemas y la innovación tecnológica en el sector.

Beneficiarios encubiertos

Las casas de apuesta se encuentran dentro de los beneficiarios de los incentivos fiscales, siendo criticado por varios sectores ya que consideran que tales actividades no contribuyen directamente al desarrollo sostenible del turismo y es más que seguro que el próximo año, cuando entre en vigor la Ley, se verán casos de diversas casas de apuesta pagando menos tributos de lo que les corresponde.

Fuerza Popular y sus aliados lo hicieron de nuevo: defraudarnos. Ayer finalmente se aprobó en primera votación una propuesta (Proyectos de ley 2421, 3785, 3954, 5861, 7149 y 8924) fomentada desde la Comisión Agraria que preside el fujimorista Eduardo Castillo, para la elaboración de la nueva Ley Agraria, la misma que viene siendo calificada como la Ley Chimpler 2.0 por solo beneficiar a algunas agroexportadoras del país, pese a que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el 2024 había señalado que tal modificatoria generaría una pérdida para el Estado aproximadamente de S/. 1,850 millones cada año, y de aproximadamente S/20.000 millones entre 2025 y 2035.

Y es que con ello se pretende otorgarle más beneficios tributarios al sector agroexportador, consistentes en la reducción del Impuesto a la Renta (IR) del 29,5 % al 15 % en un periodo de 10 años, así como créditos por reinversión, depreciación acelerada y recuperación anticipada del Impuesto General a las Ventas (I.G.V.).

Pero eso no es todo. El impacto de esa propuesta impulsada por la agrupación de Keiko Fujimori no se limita al ámbito fiscal. Según el especialista Eduardo Zegarra, de Grade, la ley también debilitaría la capacidad de fiscalización laboral de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), priorizando la supervisión en “zonas informales”.

Esto, según Zegarra, afectaría aún más las condiciones laborales en un sector donde predominan el autoempleo y los trabajadores familiares no remunerados, segmentos que concentran altos niveles de pobreza.

La parlamentaria Ruth Luque, de la bancada Frente Amplio –Juntos por el Perú, había presentado una reconsideración para anular la primera votación, pero finalmente fue rechazado. Sin embargo, el pleno del Congreso deberá a volver a debatir el proyecto dentro de 7 días para finalmente pasarlo a ley. Vale mencionar que la última versión del texto sustitutorio fue subido a la página web del Congreso a las 5:41 p.m. Es decir, en pleno debate parlamentario.

El dato:

Las empresas que sacarían ventaja de estos privilegios serían Camposol, Danper Trujillo, Agrícola Cerro Prieto, Ecosac Agrícola, Agrovisión Perú, entre otras que figuran en un informe del MEF bajo la gestión de José Arista. Todas estas compañías ya vienen gozando de los alcances de la Ley N° 31110 y son las que concentran más exportaciones.

Al 31 de mayo de 2025, el Ministerio de Educación (Minedu) ha alcanzado la tasa más alta de ejecución presupuestal en inversiones de los últimos cinco años, con un total de S/ 1,559 millones ejecutados. Esta cifra posiciona al sector Educación como uno de los principales motores de la inversión pública nacional, reflejando un compromiso concreto por mejorar las condiciones de aprendizaje en todo el país.

“Esta es una muestra clara del compromiso del Gobierno con nuestros estudiantes. Estamos trabajando para cerrar la brecha en infraestructura educativa y llevar escuelas modernas y bien equipadas a cada rincón del país”, destacó el ministro de Educación, Morgan Quero.

Con un 38.1 % de avance en la ejecución presupuestal en el rubro de inversiones, el Minedu se ubica en el quinto lugar entre todos los sectores del Estado. Las proyecciones para el resto del año son positivas, lo que permitiría escalar aún más posiciones en el ranking de ejecución pública.

Un factor clave en este avance ha sido el programa Escuelas Bicentenario, que ya ha entregado 144 instituciones educativas completamente renovadas, beneficiando a más de 106,000 estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria. Solo en Lima Metropolitana, Callao y Junín, ya están operativas 38 escuelas con infraestructura moderna, segura y equipada para el aprendizaje del siglo XXI.

El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) también ha contribuido significativamente, ejecutando más de S/ 88.5 millones en obras de construcción y mejora de colegios públicos en Lima y diversas regiones. Estas inversiones buscan no solo resolver problemas de infraestructura, sino crear espacios dignos, seguros e inclusivos para miles de escolares.

Por su parte, las 54 universidades públicas del país han destinado más de S/ 380 millones en mejoras de infraestructura y equipamiento, fortaleciendo así la calidad de la educación superior. A ello se suma la inversión del Programa para la Mejora de la Calidad y Pertinencia de los Servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica (PMESUT), que ha ejecutado S/ 33.9 millones para impulsar la educación tecnológica y técnico-productiva.

Estos esfuerzos articulados reflejan una política sostenida para garantizar el derecho a una educación de calidad en todos los niveles. Más allá de las cifras, la prioridad está puesta en el futuro de los niños, niñas y jóvenes del país.

“El trabajo continúa, siempre pensando en brindarles a nuestros estudiantes un lugar digno donde crecer, aprender y construir sus sueños”, concluyó el titular del sector.

No podrá ser presidente, pero al menos su partido sigue en carrera. El expresidente Martín Vizcarra, inhabilitado por 10 años por cerrar el Congreso, continuará al frente su partido Perú Primero, luego que el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazara una denuncia de la exprocuradora Katherine Ampuero por presuntas firmas falsas presentada por su partido para su inscripción.

Ampuero denunció al partido del ‘Lagarto’ Vizcarra basándose en reportajes periodísticos que daban cuenta de que se habrían presentado fichas de afiliación con miles de firmas provenientes de un solo puño, de acuerdo a un informe del Reniec. Similar situación ocurría en los partidos Primero La Gente y Perú Moderno, solicitándose la nulidad de sus inscripciones.

En el caso del partido de Martín Vizcarra se dio a conocer que cinco mil fichas de afiliaciones contenían firmas de un mismo puño. Cabe precisar que dichas fichas no fueron consideradas para el conteo de los 25.000 adherentes para lograr la inscripción, aunque ello no evitó que de todos modos se dieran casos de afiliaciones indebidas.

“Presunciones”

De acuerdo a la resolución del ROP, no se ha verificado que los ciudadanos que declararon en medios de comunicación que fueron afiliados indebidamente «efectivamente no hayan manifestado su consentimiento suscribiendo una ficha para su afiliación”.

Y es que, el pleno del JNE estableció en enero de este año, antes de que explote el escándalo de firmas falsas, que no bastaba la palabra del ciudadano presuntamente afiliado indebidamente a un partido para proceder a excluirlo del padrón de un partido. El afectado tiene que probar la afiliación indebida presentando una pericia grafo técnica.

El dato:

La resolución de la dirección nacional del ROP no puede ser apelada, de acuerdo a la jurisprudencia del JNE.