Se ‘quemó’ las pestañas para ingresar a una de las universidades más prestigiosas del Perú. Año a año miles de jóvenes que están por terminar la secundaria o ya la terminaron postulan a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para obtener un cupo en sus respectivas carreras, y es que esa casa de estudios es conocida por estar entre las más exigentes en todo el país, dando cabida solamente a unos cuantos estudiantes entre los miles que se presentan.

Entre los merecedores de tal honor se encuentra una joven venezolana que nada menos obtuvo el primer lugar en la carrera de Administración de Negocios Internacionales, representando el orgullo de toda su familia y amistades que estuvieron a su lado en el momento que conoció la buena nueva.

Jilary de los Ángeles Jaimes Ortiz logró ingresar a la UNMSM con un puntaje de 1258.875. En un video publicado en TikTok, compartió la reacción de su familia al recibir la noticia y expresó: “¡Reacción de mi familia al enterarse de que ingresé a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos! Todavía no me lo creo. Mis papás lucharon mucho por esto, ¡es un sueño!”.

La joven compartió en sus redes sociales que dedicó más de 13 horas diarias al estudio, repasando temas complejos como historia del Perú, geografía peruana, entre otras más áreas. Esta preparación rigurosa le permitió enfrentar con éxito la prueba y asegurar su ingreso.

El caso de Jilary de los Ángeles no solo destaca el esfuerzo individual, sino que también pone en debate el acceso a la educación superior en un contexto globalizado, donde la competencia académica trasciende fronteras y las oportunidades de formación dependen del mérito y la preparación de cada postulante.

El dato:

El acceso de estudiantes extranjeros a universidades peruanas no es un fenómeno aislado. Recientemente se conoció que 42 postulantes internacionales lograron ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en el proceso de admisión 2025 -1. La mayoría proviene de Venezuela, con 11 ingresantes, seguidos por jóvenes de Estados Unidos, Argentina, Ecuador e Italia.

Una tragedia que se pudo evitar. Van a ser casi 15 días que ocurrió el derrumbe del techo del patio de comidas del Real Plaza Trujillo y hasta el momento no hay ni un solo detenido, y lo más seguro que van a pasar los meses y los años y todo va a quedar en nada. Y es que tal como pasa en los más sonados procesos judiciales donde se encuentran involucrados grandes y poderosos empresarios es casi frecuente que demore unos cuatro o cinco años hasta que se presente la denuncia debidamente sustentada.

A propósito de ello, el gerente general del Grupo Intercorp, Fernando Zavala Lombardi, durante una entrevista para RPP, mencionó que los pernos oxidados encontrados tras el derrumbe parcial del techo forman parte de la investigación que realiza el Ministerio Público.

El directivo señaló que, al igual que los peritos de la Fiscalía, el equipo del Real Plaza también ha podido visualizar los pernos oxidados; sin embargo, dijo que estos elementos estaban “ocultos” entre la estructura y se hicieron visibles tras el desprendimiento del techo, que dejó un saldo de seis muertos y más de 80 heridos. 

Zavala Lombardi precisó que las investigaciones permitirán conocer en qué periodo comenzó el proceso de oxidación de los pernos.

Experto asegura que pernos oxidados fueron el causante del techo

Al respecto, Raúl Maraví, ingeniero de estructuras, ha indicado, basándose en las imágenes difundidas del derrumbe parcial, que los pernos y vigas halladas muestran deficiencias originadas por la corrosión, la misma que habría estado buen tiempo así a causa de la humedad condensada.

El ingeniero concluyó que no se realizaron los trabajos de conservación necesarios para evitar la corrosión y el deterioro. Además, advirtió que los pernos estaban mal encajados, lo que habría debilitado aún más la estructura. “Si yo hago un recorrido como inspector y veo elementos corroídos, pediría una escalera para verificar los pernos”, señaló en diálogo con Panorama.

Por su parte, Hernán Malpartida, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Real Plaza, declaró en exclusiva que el mantenimiento de la infraestructura estuvo a cargo de un equipo propio del mall. Asimismo, se conoció que en el año 2024 la Municipalidad de Trujillo realizó una inspección con tres especialistas para otorgar el certificado de seguridad, sin encontrar aparentes riesgos en la estructura del techo.

¿Cuesta tanto cumplir con la palabra y ser puntuales en este país? Primero dijeron que para fin de enero, luego para fines del mes de marzo, y ahora todo indicaría que la tan anunciada inauguración de uno de los más vías de ingreso a nuestro país recién estaría listo en el mes de julio. Cuesta entender el nivel de irresponsabilidad por parte de las autoridades al querer presentar una obra a medias, con vías de acceso inexistentes, con un puente construido a medias, y con un sistema de transportes que permita acercar al viajero aún en pañales.

Pasó con la Línea 1 del Metro que demoró casi 20 años en terminar de construirse y ahora está pasando con la Línea 2, con retrasos que terminan por poner los nervios de punta a los conductores. Cualquier obra que anuncie el Gobierno Central, Regional o Distrital siempre viene con una adenda bajo el brazo, mencionándose que falta esto o aquello para darla por concluida; eso sí, con un gasto adicional que, por supuesto, sale del bolsillo de todos los peruanos. Estamos en el país de los impuntuales.

Ahora ha salido a decir el premier Gustavo Adrianzén que el nuevo aeropuerto no será inaugurado hasta que no se garantice la seguridad total de los pasajeros y trabajadores, dejando en vilo la apertura prevista para el 30 de marzo.

“Para nosotros es fundamental otorgar a cada uno de los pasajeros y trabajadores la seguridad al 100%, por eso tenemos como meta el 30 de marzo, pero insisto, esto se va a producir realmente cuando todas las medidas de seguridad estén debidamente adoptadas y certificadas”, enfatizó.

Además, indicó que aún no se han desarrollado las pruebas integrales de la operación de la estación de combustible. El jefe de Gabinete explicó que en las nuevas instalaciones el abastecimiento de gasolina a los aviones se realizará mediante un sistema subterráneo, a diferencia de actual aeropuerto que se realiza a través de cisternas.

“Estas pruebas que tienen que realizarse aún no se realizan en su integridad. Se han hecho las primeras pruebas, se ha presentado observaciones, y estas observaciones se tienen que levantar”, precisó.

“Hasta que no esté absolutamente certificado todos los sistemas de seguridad y mientras exista un mínimo de margen de riesgo de la seguridad, nosotros no vamos a inaugurar el aeropuerto”, aseveró.

A propósito de ello, el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), Crisólogo Cáceres, mostró su preocupación ante una inauguración sin tomar en cuenta todas las medidas rigurosas de seguridad.

“Si los problemas mencionados persisten, será necesario considerar una ampliación del plazo. Existen aspectos contractuales que, según entiendo, el contrato firmado con Lima Airport Partners, la concesionaria del aeropuerto, establece como obligación cumplir con la fecha del 30 de marzo. Sin embargo, si cumplir con este compromiso resulta imposible, entonces se deberá considerar una negociación bilateral entre las partes”, señaló.

En los últimos meses, ha cobrado relevancia un tema preocupante en varias sucursales de Smart Fit, una de las cadenas de gimnasios más populares en Lima. Se trata de las denuncias de acoso y comportamientos inapropiados por parte de entrenadores hacia las personas que asisten a sus instalaciones.

A través de relatos de usuarios que han vivido estas situaciones, se ha dejado en evidencia una serie de incidentes que van desde miradas incómodas hasta tocamientos no consentidos y acoso verbal.

Testimonios de víctimas

Los testimonios de las personas afectadas han sido contundentes y varios coinciden en describir situaciones de acoso tanto físico como verbal. Una de las denuncias más frecuentes se refiere al comportamiento de los entrenadores que parecen fijarse de manera inapropiada en las clientas, con actitudes que generan incomodidad. «Hay un entrenador en el Smart Fit de Magdalena que se nota que está viendo a las chicas con otros ojos», comentó un usuario, quien prefirió mantener su anonimato por temor a represalias.

Un caso particularmente alarmante fue el de una usuaria del gimnasio de Plaza Norte, quien relató que un entrenador le dijo: “Te botas, ni que fueras la gran cosa”, cuando rechazó su oferta de asesoría. La joven optó por entrenar sola, pero se sintió humillada y acosada por la actitud del entrenador. «Este tipo de comentarios no solo son molestos, sino que nos hacen sentir vulnerables», expresó la afectada.

Acoso físico y psicológico

Los comentarios de otras usuarias coinciden en que el acercamiento de los entrenadores llega a ser invasivo. «Me pasó lo mismo en esa sede. El tipo hasta me grabó con su teléfono, y aunque hice la denuncia, nunca recibí respuesta», contó otra persona que vivió una experiencia similar. Estos incidentes no solo involucran palabras hirientes, sino también tocamientos no solicitados, lo que aumenta la gravedad de las acusaciones.

Algunas de las mujeres mencionan que los entrenadores parecen confundir amabilidad o gentileza con una invitación a una relación más allá de lo profesional. Una usuaria recordó que su amiga constantemente recibía mensajes directos en su Instagram por parte de un entrenador, lo que provocó que ambas se sintieran incómodas y vulnerables.

En otros casos, la actitud de los entrenadores va más allá de la invasión de espacio físico, pues también se observa una falta de respeto por las normas de convivencia. Una denunciante relató cómo un entrenador del gimnasio en Pueblo Libre, quien se mostraba “amigable” con todas las chicas, tocó a una de las usuarias de manera inapropiada. Después de amenazarlo, el entrenador dejó de acosarla, pero la situación dejó una profunda huella.

La falta de respuesta de la empresa

Lo que ha agravado aún más la situación es la respuesta por parte de Smart Fit, que en varios casos ha sido descrita como insuficiente o incluso indiferente. Varias personas aseguran que tras presentar sus quejas a través de los canales oficiales, recibieron respuestas que no resolvieron sus problemas o incluso fueron consideradas como burlas. “La respuesta que dan a la queja por correo es una burla”, señaló una usuaria de la sede de Plaza San Miguel.

En este sentido, la empresa ha sido criticada por no implementar mecanismos efectivos para prevenir y sancionar este tipo de comportamientos. Muchas personas han sugerido que se debería realizar un examen psicológico a los entrenadores antes de contratarlos, así como ofrecer capacitación en temas de respeto y trato adecuado hacia los clientes.

Las denuncias de acoso en los gimnasios Smart Fit son una problemática que no puede ser ignorada. A pesar de ser una de las cadenas de gimnasios más grandes de la región, es evidente que aún falta mucho por hacer para garantizar un ambiente seguro y respetuoso para todos sus usuarios. Las autoridades deben tomar cartas en el asunto y exigir que se implementen medidas adecuadas para prevenir estos incidentes. Mientras tanto, las víctimas de acoso deben sentirse apoyadas en su derecho a hacer valer su voz y a exigir un trato digno en los gimnasios a los que asisten.

@paoloramirezfit

♬ sonido original – Paolo Ramirez

La ciberdelincuencia no descansa. Ahora, Inkafarma aparece en el ojo de la tormenta por una posible filtración de datos que habría expuesto información personal de casi 4 millones de clientes. Nombres, DNI, teléfonos, correos y fechas de nacimiento de millones de peruanos estarían circulando en la dark web, como si fueran simples listas de supermercado.

El Centro Nacional de Seguridad Digital (CNSD) ha lanzado la alerta, indicando que los datos podrían haber sido robados el 6 de febrero. Y aquí surge la pregunta obvia: ¿si esto ocurrió a inicios de mes, por qué recién ahora nos enteramos? ¿Es que nadie en Inkafarma se dio cuenta antes o simplemente nos lo ocultaron para evitar el escándalo?

Ojo, Inkafarma ya respondió sobre el tema y confirmó el hackeo. No cabe duda que esto es un golpe brutal a la confianza digital en el país. Y no es que esto sea una sorpresa. Hace menos de un año, Interbank sufrió un ataque similar, con información de 3 millones de clientes filtrada. Y pese a toda la indignación pública, ¿qué cambió? Nada. Seguimos viendo empresas que manejan datos sensibles con una ligereza absurda, y un Estado que regula con la misma eficiencia con la que arregla pistas.

Pero lo mejor viene con la «solución» que nos da el gobierno: usen contraseñas complejas, cámbienlas seguido y no hagan clic en enlaces sospechosos. Aquí hay que ser claros: la protección de datos es una responsabilidad compartida. Cuando confiamos nuestra información a una empresa, lo hacemos bajo la idea de que sabrán resguardarla. No basta con decir que pongamos una clave difícil si al final los sistemas son vulnerables y las bases de datos se filtran igual. ¿De qué sirve tener la contraseña más robusta si la empresa que almacena nuestros datos la deja expuesta?

No se trata solo de que el usuario se proteja mejor. Se trata de que las empresas refuercen sus sistemas de seguridad y que el Estado las obligue a hacerlo. Hasta que no haya regulaciones más estrictas y sanciones ejemplares, seguiremos viendo estos escándalos una y otra vez.

Toda una campaña se estaría preparando contra el ministro Juan José Santiváñez, donde incluso, funcionarios que fueron parte del recordado Eficoop estarían involucrados. Según información a la que tuvo acceso Lima Gris, desde las propias oficinas del Ministerio Público estarían armando un muñeco contra el actual ministro del Interior. Es decir, se habría fabricado colaboradores eficaces falsos para construir un caso contra Juan José Santiváñez, con la finalidad de poder allanar su casa y oficinas del actual ministro.

Los testigos protegidos según la información a la que tuvimos acceso, serían: Alexander Rojas Paredes, exempleado del Estudio Santivánez, que fue despedido; y Enrique Encinas Ibarra, otro extrabajador, abogado del área penal del mismo estudio, también cesado en su momento.

En el testimonio ante la fiscalía, ambos testigos habrían afirmado que desde el estudio Santivánez se solucionaban casos judiciales o fiscales, con coimas.

En una parte de su testimonio, el testigo protegido Rojas Paredes cuenta que supuestamente el propio Santivánez le ordenó contactar al juez constitucional de un caso, para que por medio de una coima de 100 mil soles, el juez ordene a través de un habeas corpus la libertad de uno de los patrocinados por el Estudio del ministro.

Con esto, el enfrentamiento de la Fiscalía de la Nación con el ministro Santiváñez solo refleja que los operadores de justicia siguen manejando la «justicia» para perseguir a sus enemigos políticos. Pero claramente lo que buscan desde el Ministerio Público es armar un muñeco para que un juez les dé la autorización para allanar la vivienda , el estudio y el propio Ministerio del interior.

Lo que sorprende, es que solo con «dichos» de supuestos testigos protegidos que no fueron corroborados, el Ministerio Público ha ordenado abrir un proceso contra el ministro Santiváñez . Lo más grave es que incluso, desde la Fiscalía de la Nación pretenden involucrar a los familiares del actual ministro.

Al parecer, los tiempos del lawfare continúan en el Ministerio Público.

Los años pasan y la ciudad crece y lo que antes era un lejano penal en la actualidad se encontraba en medio de una bulliciosa ciudad que busca crecer como sea. Es por ello que el ex penal San Jorge, centro de reclusión para reos primarios, dejó de funcionar en el año 2010, intentándose vender el espacio en el año 2014 de manera infructuosa.

En la actualidad, el Centro de Lima se encuentra invadido por una gran cantidad de vendedores ambulantes, los cuales vienen ocasionando un gran desorden en todas las calles que conforman Mesa Redonda.

Ahora bien, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) viene estudiando la posibilidad que dicho espacio se convierta en un destacado centro comercial. Según la regidora municipal Roxana Rocha la iniciativa busca ordenar el comercio informal en el Centro Histórico y ofrecer una solución estructurada a los ambulantes que actualmente ocupan las calles de la ciudad.

Durante una entrevista ofrecida a Panamericana, Rocha detalló que el proyecto podría desarrollarse a través de una asociación público-privada o mediante una iniciativa privada. “Vamos a pedir en afectación en uso ese predio tal como lo ha dispuesto el alcalde a la Dirección General de Abastecimientos del MEF, para que nos lo puedan dar y nosotros, con la presencia de empresas privadas, poder edificar y llegar a un acuerdo”, afirmó.

La municipalidad considera que un centro comercial en el ex penal San Jorge permitiría agrupar a vendedores informales en un solo lugar, ofreciéndoles una plataforma estable para sus negocios.

De acuerdo con Rocha, el objetivo es replicar modelos de éxito en otras ciudades, donde los ambulantes han sido trasladados a galerías comerciales con mejores condiciones.

A pesar de la propuesta, algunos especialistas advierten que la reubicación de comerciantes ambulantes en centros comerciales no siempre ha funcionado en Lima. En el pasado, iniciativas similares han enfrentado el rechazo de los vendedores, quienes argumentan que estos espacios no generan el mismo flujo de clientes que las calles.

Rocha reconoció que este es un desafío, pero aseguró que la municipalidad busca diseñar un modelo atractivo para los comerciantes. “La solución está en encontrar un espacio adecuado y ofrecer condiciones favorables para que los vendedores acepten trasladarse”, explicó.

Otro obstáculo es la gestión del predio, ya que el expenal San Jorge pertenece al Estado y su cesión a la municipalidad requiere trámites administrativos con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El dato:

El desactivado penal San Jorge fue inaugurado en 1940 como un centro penitenciario para albergar a reos primarios. Durante su funcionamiento, que se extendió por varias décadas, se convirtió en uno de los principales centros penitenciarios de Lima. A lo largo de los años, esta cárcel pasó por diversas transformaciones y fue testigo de importantes eventos relacionados con el sistema penitenciario peruano hasta su cierre.

Una nueva irregularidad se ha detectado esta vez en el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). Se trata del uso de la movilidad, furgón blanco de placa CJR-123, que usualmente traslada al jefe de Equipo de Comunicaciones de la empresa, Miguel Ángel Bellido Almeyda.

El jefe de comunicaciones estaría utilizando dicho vehículo que es pagado por la empresa, para beneficiar en los traslados y/o desplazamientos ida y vuelta a un tercero (su amigo) el creador de contenidos para redes sociales, Víctor Navarrete Pinto, quien brinda servicios con términos de referencia (TdR) para Sedapal; sin embargo, él no pertenece a la empresa. Asimismo, se desplaza a otra colaboradora de manera permanente. Por lo que, estarían faltando a las disposiciones que establecen las normativas que se indican en el documento denominado Procedimiento: Asignación y uso de flota vehicular (propia y contratada) de Sedapal. En esa línea, hay que tener en cuenta que los documentos que firman los terceros que brindan servicios a la empresa estatal, especifican que los contratistas o colaboradores no pueden utilizar el mobiliario o recursos de la empresa, sin previa autorización.

“Está prohibido que los colaboradores utilicen los vehículos en actividades no relacionadas a Sedapal, o para uso personal, para tomar refrigerio, transporte desde o al domicilio, durante el horario y días de prestación del servicio. Por lo cual, en caso de advertirse y observarse el incumplimiento de lo establecido, será informado al jefe del Equipo con copia a la Gerencia respectiva, a fin de que dichos despachos procedan a las acciones correctivas o administrativas a que hubiera lugar, salvo autorización expresa de la gerencia respectiva, quien será responsable directo de la autorización otorgada”, se lee en el Procedimiento de asignación de flota vehicular de Sedapal. 

Procedimiento de Asignación y Uso de flota vehicular de Sedapal.

Es exigible que el área correspondiente de la empresa Sedapal realice una indagación para dar con más precisiones sobre estas irregularidades, con el fin de que los recursos de la empresa estatal sean utilizados únicamente en beneficio de los intereses de la organización. Por lo que, deberían verificar el recorrido GPS de la unidad móvil CJR-123 y entrevistar al conductor, para corroborar la presunta irregularidad.

Datos del vehículo utilizado por jefatura de Comunicaciones de Sedapal. Fuente: Sunarp.

Lima Gris se comunicó vía telefónica con el jefe de Comunicaciones de Sedapal, Miguel Ángel Bellido Almeyda y respondió: “Los vehículos los usa mi equipo como cualquier otra función acá”. Sin embargo, cuando se le repreguntó ¿por qué se traslada a terceras personas que no pertenecen a la empresa?, se abstuvo de responder y pidió que las preguntas le sean formuladas vía correo electrónico.

Posteriormente, a través del chat de WhatsApp, se le preguntó ¿por qué el señor Víctor Navarrete, quien no pertenece a Sedapal, y pese a ser proveedor se traslada en el vehículo de la empresa? Sin embargo, el señor Bellido Almeyda, tampoco dio el descargo correspondiente y solo mencionó que como periodista que tiene 30 años de carrera.

Las irregularidades no son nuevas en Sedapal. Lamentablemente, esta empresa arrastra diversas denuncias y cuestionamientos, lo más reciente es la denuncia contra funcionarios de Sedapal que manipulaban cifras de recibos para “ganar bonos”.

¿Qué nos dirá el ministro de Vivienda Francisco Whittembury Talledo sobre lo que sucede en Sedapal?