Calienta la moto. La ‘Bebecita’ quiere calle y nuestro precario sistema judicial le podría favorecer. Wanda del Valle, conocida en el mundillo criminal por ser la ex pareja del sanguinario sicario Christopher Fuentes, alias ‘Maldito Cris’, fue detenida en Ecuador para luego ser trasladada al Perú por presuntamente querer asesinar al coronel PNP Víctor Revoredo, ofreciendo una suma de hasta 40 mil dólares. Ante la declaración de un sicario detenido que la inculpaba, el Poder Judicial dictó para ella 18 meses de prisión preventiva.

Sin embargo, sus días detrás de las rejas podrían acabar este 1 de agosto cuando se realice la audiencia para ver la solicitud de excarcelación presentada por su abogado Alejandro Navarro.

De acuerdo al letrado, no existirían pruebas contundentes que vinculen a su patrocinada con el intento de asesinato del coronel Revoredo.

“El coronel Revoredo no inicia esta investigación. Todo parte de una intervención arbitraria, y el primer testigo nunca fue citado formalmente. No hay pruebas, todo es especulación”, señaló Navarro.

El abogado también destacó que no existen audios, mensajes de WhatsApp ni otros elementos que demuestren que su patrocinada haya ordenado el crimen y aseguró que tienen la esperanza de que el 1 de agosto se reconozca la falta de pruebas y Wanda del Valle quede en libertad.

Similar opinión la tiene el abogado especialista en derecho penal Aaron Alemán, mencionando que la Fiscalía hasta ahora no ha podido realizar una “imputación objetiva” contra la ciudadana venezolana.

El jurista consideró que estas omisiones debilitan la tesis del Ministerio Público. “La primera irregularidad que hemos podido advertir es que la Fiscalía no ha cumplido con llevar a cabo una imputación objetiva”, declaró, y señaló que la falta de precisión en el caso impide esclarecer los hechos.

Quieren quedarse con el poder y para ello no es impedimento que difieran de ideologías políticas. El congreso de la República acaba de anunciar la primera lista para la nueva Mesa Directiva.

Ella estará encabezada por el parlamentario de Somos Perú, José Jerí, quien recae sobre él una investigación por presunta violación sexual contra una mujer durante una reunión en las celebraciones por Año Nuevo en la provincia de Canta.

Como primer vicepresidente se suma el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), mientras que Waldemar Cerrón (Perú Libre) aparece como segundo vicepresidente. Cierra la fórmula el parlamenartario Ilich López, de Acción Popular.

Cabe recordar que la lista de Jerí cuenta con el apoyo de Somos Perú, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Perú Libre. Los cuatro grupos parlamentarios suman 58 votos, mientras que la fórmula de José Cueto tiene el apoyo de Honor y Democracia, Renovación Popular, Podemos Perú, y ahora con la alianza con Carlos Zeballos y las bancadas de izquierda como Bloque Democrático Popular y la Bancada Socialista, los votos suman 39.

La liberación de Jhon Cruz Arce, señalado como exlíder de la organización criminal ‘Los Pulpos’, ha puesto en evidencia no solo vacíos normativos, sino también una preocupante falta de coordinación entre el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Pese a que el proceso judicial no ordenó expresamente su excarcelación, el interno fue liberado tras un fallo de habeas corpus que dejó sin efecto una resolución del INPE.

La Sala Penal de Apelaciones de Tacna, a través de un comunicado, negó haber dispuesto su libertad. Aclaró que su sentencia solo estableció que a Cruz Arce le correspondía el beneficio de redención de pena bajo la modalidad 2×1 —es decir, un día de pena por cada dos de trabajo o estudio—, norma vigente en 2008, año en que su condena quedó firme. Según el tribunal, el cálculo final de los días redimidos debía ser responsabilidad exclusiva del INPE.

No obstante, la ejecución práctica de esta sentencia derivó en la excarcelación del interno, generando cuestionamientos ciudadanos y políticos. ¿Quién toma realmente las decisiones sobre la libertad de un interno condenado por crimen organizado? ¿Y qué garantías existen para asegurar que se evalúe adecuadamente cada caso?

Fallo judicial, omisiones administrativas

El INPE había denegado la solicitud de Cruz Arce aplicando una norma posterior (1×6) que no le correspondía. La Sala anuló esa decisión por considerar que se trató de un error jurídico evidente y ordenó emitir una nueva resolución respetando el marco legal de 2008. Sin embargo, al no establecer una coordinación clara ni mecanismos de control, la sentencia terminó sirviendo como base para una liberación cuya responsabilidad ahora nadie asume plenamente.

“El Poder Judicial no sustituye a la autoridad penitenciaria en sus funciones”, aclara el pronunciamiento, desmarcándose del desenlace. Pero esta declaración pone en evidencia una práctica peligrosa: sentencias judiciales que se ejecutan sin criterios uniformes, sin control posterior y sin canales institucionales claros de articulación entre juzgados y administración penitenciaria.

Un síntoma de un problema mayor

Este caso no solo refleja una disputa de competencias. Expone un mal estructural en la justicia penal peruana: instituciones que actúan en paralelo, sin mecanismos eficientes de coordinación, control ni transparencia en decisiones que involucran a condenados por crimen organizado.

Mientras el Poder Judicial defiende la corrección legal del habeas corpus, y el INPE guarda silencio sobre el proceso administrativo que derivó en la excarcelación, la ciudadanía observa con preocupación cómo decisiones clave se diluyen en la confusión institucional.

¿Quién responde cuando el Estado no se pone de acuerdo ni siquiera para mantener en prisión a quien fue condenado por liderar una organización criminal?

Lo que todo el mundo se pregunta en este momento es: ¿se habrá reformado o volverá nuevamente a las fechorías? Al promediar las cinco de la tarde de ayer, Jhon Smith Cruz Arce, conocido en el ambiente criminal como ‘Jhon Pulpo’, puso un pie fuera del penal de máxima seguridad de Challapalca, ubicado en Tacna.

Afuera, ya le esperaban sus familiares y abogados, quienes lo recibieron de manera efusiva y entusiasta, tras 17 años de cautiverio por haber asesinado en el año 2008 a su ex pareja Marilyn Teresa Angulo y a Benjamín Salinas Ferrel, alias ‘Benja’, un ex integrante de su organización criminal. Según testigos, Cruz Arce abordó un vehículo con dirección a Puno.

Aunque en un principio fue condenado a 25 años de prisión, beneficios penitenciarios terminaron admitidos por la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Tacna, que reconocieron que el reo había realizado estudios y trabajos dentro del centro penitenciario.

El fallo se sustentó en la aplicación de la norma conocida como “2×1”, que estaba vigente en el momento de su sentencia y permitía que ciertos trabajos y estudios redujeran el tiempo efectivo de condena. La Corte de Tacna anuló la resolución anterior que rechazaba sus beneficios penitenciarios y ordenó su excarcelación inmediata.

La decisión ha sido calificada de polémica por especialistas en derecho penal y seguridad ciudadana, quienes señalan que el beneficio fue aplicado con criterios laxos, como ocurrió anteriormente en el caso de Antauro Humala, liberado en 2022 tras redimir años de condena haciendo peluches de Hello Kitty y participando en talleres.

Cabe mencionar que Cruz Arce es reconocido como el fundador de la organización criminal ‘Los Pulpos’ que en la actualidad tiene en vilo el norte del país, sobre todo en la región La Libertad.

Formada en los años noventa en Trujillo, se consolidó como una estructura piramidal dedicada a cobrar cupos, ejecutar asesinatos por encargo y lavar dinero a través de negocios fachada.

En la actualidad, el liderazgo de la sanguinaria organización recae sobre el hijo de Jhon Cruz, Jhonsson Smith Cruz Torres, quien el Ministerio del Interior ha puesto un precio por su cabeza, ofreciendo medio millón de soles por información que permita su captura.

La salida de prisión de Jhon ‘Pulpo’ revive el debate sobre los beneficios penitenciarios y el uso del habeas corpus como herramienta de excarcelación, en un país donde la percepción ciudadana de impunidad alimenta la desconfianza hacia el sistema de justicia.

Una vez más, la corrupción dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP) se manifiesta en su forma más burda y peligrosa: la extorsión directa al ciudadano. Esta semana, el Ministerio Público informó que dos suboficiales, junto a una civil, fueron condenados a más de cuatro años de prisión por el delito de concusión, tras exigir una coima de 500 soles a un conductor en la Costa Verde de Lima, valiéndose de una prueba de alcoholemia fraudulenta.

Los sentenciados, Carlos Morales (25) y Marco López (26), junto a su cómplice Fiorella Tello (22), armaron una falsa intervención para forzar al chofer a entregarles dinero a cambio de no ser sancionado con la suspensión del brevete, el internamiento del vehículo y una multa de 1 UIT. El procedimiento no solo fue ilegal, sino descaradamente inventado: el alcohotest utilizado no era oficial y el intervenido no había consumido alcohol.

Este no es un caso aislado, sino un síntoma del deterioro estructural de una institución que debería estar al servicio de la ciudadanía. Lo ocurrido revela una dinámica común en muchas calles del país, donde policías, en lugar de proteger al ciudadano, lo convierten en víctima de chantaje, abuso de poder y corrupción. Que este patrón se repita con tanta frecuencia no solo habla de individuos corruptos, sino de una cultura permisiva que tolera, y muchas veces encubre, estas prácticas.

Que los implicados hayan reconocido los hechos y aceptado la condena —que incluye prisión efectiva, la devolución del dinero y una reparación civil de 10 mil soles— no borra el daño ocasionado ni devuelve la confianza perdida. Al contrario, evidencia cómo algunos miembros de la PNP usan el uniforme como una licencia para delinquir.

El Estado, por medio del Ministerio del Interior y la Inspectoría General, debe actuar de forma mucho más firme y sistemática para depurar sus filas. No basta con sancionar casos cuando ya se han convertido en escándalos. Se requiere control interno real, investigación proactiva y una formación ética desde las escuelas policiales.

La ciudadanía ya no distingue entre el policía honesto y el corrupto, y eso es grave. Cuando los guardianes del orden se transforman en extorsionadores de esquina, la autoridad se desmorona y la ley se vuelve letra muerta. Si el país quiere recuperar el respeto por sus instituciones, debe comenzar por erradicar a los malos elementos de su policía. De lo contrario, seguirá reinando el miedo… y la coima.

¿Será que en un futuro no muy lejano el nombre de la actual mandataria aparezca en la lista de los más buscados? De ser así, quién no se animaría a buscarla por el condominio Mikonos o donde se esconde Vladimir Cerrón que por cierto cuenta con una excelente señal de internet.

El Ejecutivo acaba de subir el máximo de recompensa para los líderes o cabecillas de bandas criminales a un millón de soles, representando una cifra nada despreciable si no fuera porque se demoran hasta casi un año en pagar por dichas recompensas a los ciudadanos vigilantes de la seguridad.

Fuera de eso, el Ministerio del Interior (Mininter), en su plataforma de Recompensas Perú, ha puesto un nuevo precio por la captura de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, convirtiéndose desde ayer en el criminal más buscado en todo el país. Quien diera información sobre su paradero se hará acreedor de un millón de soles.

Según el decreto supremo publicado ayer en el Diario Oficial El Peruano, el motivo para aumentar la recompensa por Moreno Hernández es porque “el monto actualmente ofrecido por información que permita la búsqueda, captura y/o entrega de jefes, dirigentes y cabecillas de organizaciones criminales puede resultar insuficiente o poco atractivo para incentivar la entrega de información (…)”.

Además, se afirma que las organizaciones criminales ya cuentan con recursos económicos suficientes para “mantenerse en la clandestinidad mediante mecanismos, como la compra de silencio, constantes traslados, seguridad y protección, alojamiento en lugares lujosos, uso de documentación falsa, entre otros (…)”.

Según el Decreto Supremo n.° 086-2025-PCM, la implementación de lo dispuesto en la norma se financia «con cargo al presupuesto institucional del Ministerio del Interior, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público«.

Un millón de razones para delatar al ‘Monstruo’

No es lo mismo 100 mil soles que un millón y por ello el Mininter a lo largo de los últimos años ha ido incrementando la recompensa, pasando de 100 mil soles en el 2023, a 500 mil soles en setiembre del año pasado, y finalmente el millón de soles por quien es sindicado de ser el líder de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’.

Lo quieren agarrar, pero por el corazón y ver a su madre entre rejas puede significar un golpe muy duro para Erick Moreno Hernández, el temible criminal conocido como ‘El Monstruo’, quien se encuentra prófugo de la justicia.

El pasado 4 de junio, a través de un megaoperativo conjunto entre la policía de Bolivia y Perú, se dio con la captura de la madre el ‘Monstruo’, Martina Esther Hernández De la Cruz, junto con otros 27 presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’. Entre los intervenidos también se encuentra la madre de su hija, Liseth Ruiz. A todos ellos se les dictaminó 15 días de detención preliminar.

A punto de acabar la detención preliminar, la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noreste (Equipo 3) ha solicitado 36 meses de prisión preventiva contra todos los presuntos integrantes de la mencionada organización criminal, incluidos la madre y la pareja sentimental del ‘Monstruo’, quienes habrían tenido participación activa en las operaciones ilícitas de la organización.

Mamá del ‘Monstruo’ manipuló explosivos, según peritaje policial

Aunque el ‘Monstruo’ difundió un video desde la clandestinidad exculpando a su madre y su pareja, un peritaje policial confirmó que Martina Hernández arrojó positivo a residuos de nitrato en ambas manos, indicativo de manipulación de explosivos. Esta prueba reforzaría su presunta participación en actividades delictivas del grupo.

Ante ello, la Fiscalía incorporará los últimos elementos probatorios al expediente para evaluación judicial. Se aguarda que el Poder Judicial programe audiencia para sustentar formalmente la solicitud contra los 27 investigados.

Los mil rostros del ‘Monstruo’

Por otro lado, imágenes difundidas por Latina revelaron que Erick Hernández ha cambiado de apariencia física para tratar de distraer a las autoridades: cabello más largo, barba crecida y cambios físicos notorios, entre ellos una posible intervención quirúrgica en la nariz.

El ‘Monstruo’ se encontraría refugiado en Brasil, luego de haber huido de Paraguay. En Brasil, Hernández estaría con una identidad falsa y fuertemente protegido por el Primer Comando de la Capital (PPC), la organización criminal más influyente de Sudamérica.

Líderes amazónicos tratan de proteger los bosques y ríos de su localidad, siendo conscientes que sus enemigos son mucho más poderosos e influyentes que ellos, llegando incluso a asesinarlos por intermedio de sicarios que aceptan unos cuantos soles por acabar con la vida de personas irremplazables y valerosas.

Precisamente uno de ellos, Quinto Inuma, fue acribillado el 29 de noviembre de 2023 por desconocidos en presencia nada menos de sus menores hijos y su esposa. Inuma, jefe de la comunidad nativa Kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, ubicado en el departamento de San Martín, retornaba a su comunidad luego de participar en un taller de defensores ambientales de Pucallpa.

Cuatro de los cinco presuntos asesinos vienen cumpliendo prisión preventiva y uno de ellos se encuentra prófugo de la justicia, según información de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada.

De acuerdo con información publicada por la Agencia Andina, la investigación determinó que el crimen de Quinto Inuma Alvarado fue un asesinato por encargo, lo que configura el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de sicariato, así como homicidio calificado en grado de tentativa. 

El fiscal provincial Juan Alberto Orihuela Legonia solicitó al Poder Judicial penas severas para los acusados. Para Genix Saboya Saboya, identificado como coautor del delito de sicariato, se pidió una condena de 26 años de prisión. En el caso de Limber Ríos Ruíz, Belustiano Saboya Pisco y Segundo Juan Villalobos Guevara, también señalados como coautores, la solicitud fue de cadena perpetua. Para Jerrly Saboya Saboya, considerado cómplice primario, la pena solicitada asciende a 23 años y 6 meses de prisión.

El caso de Quinto Inuma Alvarado ha sido emblemático por el contexto en el que se produjo: un periodo de graves amenazas contra defensores ambientales y líderes indígenas que han denunciado actividades ilícitas en territorios amazónicos. Según el Ministerio Público, la labor de los fiscales adjuntos provinciales del despacho fue fundamental para el desarrollo de la investigación, aportando elementos clave para sustentar la acusación.