Por Rafael Romero
Sectores del profesorado, alumnado, personal administrativo y autoridades de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (UNJFSC) se ven afectados por la inestabilidad generada desde la presidencia de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, al buscar aprobar los predictámenes de los Proyectos de Ley N° 7627/2023-CR, 8022/2023-CR y 8220/2023-CR que dizque “reorganizarán” a dicha universidad.
Las dos preguntas centrales son: ¿quién y por qué se busca que la Comisión de Educación del Congreso “intervenga o reorganice” a la UNJFSC?
Son contados personajes resentidos e individualistas de la docencia, o contadas exautoridades que, por problemas personales e ideológicos con otros sectores de la citada casa superior de estudios, se fueron a Lima, donde lamentablemente congresistas desinformados les han prestado oídos y han generados predictámenes alejados de la legalidad y la realidad.
Por las envidias, desencuentros subjetivos o por intereses subalternos esa claque dentro de la UNJFSC quiere llevar de la nariz a la Comisión de Educación del Congreso de la República a una situación extrema de intervencionismo, hecho además inconstitucional, antidemocrático y lobista, que consagra el más puro autoritarismo, perjudicando la estabilidad laboral de más de 700 trabajadores, los estudios de 13,000 estudiantes universitarios y de 38 escuelas académicas.
Frente a ese tema, el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Segundo Montalvo, y sobre todo el partido Perú Libre, deben tener claro lo sostenido por el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad de Huacho (SUTHU), en el sentido de que a la luz de los informes de la Contraloría de la República y de las carpetas fiscales del Ministerio Público ya se tienen individualizadas las investigaciones y -por tanto- estas deben seguir su curso, no justificándose en la hora presente ninguna seudo intervención ni reorganización.
Esto es muy sencillo de entender y debería ser comprendido por todos y cada uno de los miembros que integran la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, para que no se dejen manipular por tres o cuatros personajes quienes a partir de sus diferencias personales contra otros docentes o autoridades van a Lima a tocar las puertas de los parlamentarios buscando utilizarlos y sorprenderlos.
Se debe dejar trabajar a las autoridades fiscales y de control y no llevar guerras individualistas o antojadizas al seno del Congreso, distrayendo el tiempo, la atención y los recursos públicos de un poder del Estado en temas que están individualizados.
Esta clase de caprichos tiene que ser expuesta en su real dimensión por el respeto a la autonomía universitaria, la democracia interna de los estamentos y la no alteración de la vida académica de los estudiantiles de la histórica y emblemática UNJFSC.
A contrapelo, existen sectores del Estado peruano en donde la Comisión de Educación sí debería actuar e investigar como son las argollas de amigos y burócratas en las UGEL, las Direcciones Regionales de Educación y el MINEDU: y dicha comisión no debería ser furgón de cola ni marioneta de tres o cuatros elementos personalistas de las universidades que confrontan con otros, y solo buscan promover predictámenes del tipo de los Proyectos de Ley N° 7627/2023-CR, 8022/2023-CR y 8220/2023-CR.
Un partido con experiencia de combate y proyección nacional como Perú Libre no puede dejarse llevar de la nariz en asuntos estrictamente interesados, individualistas, antidemocráticos y subjetivos.