En un Estado de derecho, el fiscal de la Nación no es una figura decorativa ni un operador político. Su papel esencial es defender el ‘principio de legalidad’, que significa actuar con estricta sujeción a la ley, investigar con independencia, sin favorecer ni perseguir a nadie por intereses personales o ideológicos. Sin embargo, en el Perú contemporáneo, la más alta autoridad del Ministerio Público ha dejado de representar esa función republicana para convertirse en ficha de poder dentro de una guerra abierta entre facciones políticas. Hoy, Delia Espinoza Valenzuela y Patricia Benavides Vargas, lejos de honrar sus cargos, encarnan una pugna vergonzosa que pone en jaque la legitimidad de la institución que deberían proteger.

Desde hace unas horas, la Fiscalía de la Nación parece una escena de ‘teatro absurdo’. Delia Espinoza permanece atrincherada en su despacho, haciendo vigilias simbólicas con velas para demostrar que no cederá el cargo. Mientras tanto, Patricia Benavides, tras una resolución de reposición emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), intentó reinstalarse por la fuerza con respaldo policial y con una carta intimidante dirigida a Espinoza, exigiéndole que se abstenga de firmar resoluciones.

Ninguna cede, ninguna retrocede. El Ministerio Público ha quedado como rehén de una guerra personal disfrazada de debate institucional. La pregunta de fondo no es quién debe ocupar el cargo, sino si ¿alguna de estas fiscales está verdaderamente interesada en defender la legalidad por encima de su ambición?

Patricia Benavides: la fiscal del sector conservador

Patricia Benavides Vargas, destituida en mayo de 2024 por la JNJ, representa una de las etapas más oscuras del Ministerio Público en la última década. Llegó al cargo envuelta en polémicas académicas —no se han hallado sus tesis de maestría y doctorado— y salió con acusaciones graves por presunto tráfico de influencias, abuso de poder, obstrucción de justicia y uso político del aparato fiscal.

Uno de los casos más evidentes fue su interferencia directa en la investigación contra su hermana, la jueza Enma Benavides Vargas, acusada de liberar a narcotraficantes a cambio de sobornos. La fiscal Bersabeth Revilla, a cargo del caso, fue retirada por Patricia Benavides de forma arbitraria, lo cual fue considerado una falta muy grave por la JNJ. La historia se repitió con el fiscal Luis Felipe Zapata, apartado por investigar a otro fiscal (Miguel Vegas Vaccaro) afín a Benavides. Según se comprobó, los informes usados para justificar estas remociones estaban plagados de datos falsos. En otras palabras, usó su poder para proteger intereses personales y castigar la independencia.

Las revelaciones del exasesor Jaime Villanueva —hoy colaborador eficaz— son aún más alarmantes. Villanueva reveló que su exjefa Benavides se reunió en al menos cinco ocasiones con la presidenta Dina Boluarte entre 2022 y 2023. En esas reuniones, se habrían negociado favores judiciales a cambio de respaldo político. Por ejemplo, cuando Boluarte Zegarra en su condición de titular del Midis era investigada por lavado de activos en el caso «Los Dinámicos del Centro», Villanueva coordinó con el fiscal Rafael Vela para evitar que se pidiera prisión preventiva contra la chalhuanquina. ¿Cuál fue el resultado? Dina Boluarte ascendió sin obstáculos a la presidencia de la República tras la caída de Pedro Castillo.

Las relaciones entre Benavides Vargas y la mandataria Boluarte Zegarra continuaron, incluso después de las muertes durante las protestas en Juliaca. Patricia Benavides buscó frenar la destitución del general Raúl Alfaro —quien se negó a detener a Castillo durante el intento de golpe— y negoció presuntos archivos de investigaciones a cambio de nombramientos de confianza en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) y el Fondo de Vivienda Policial (FOVIPOL), según los testimonios del propio Villanueva.

Pese a este historial, Patricia Benavides ha recibido el respaldo explícito de sectores conservadores y del aprismo. Rafael López Aliaga, aún alcalde de Lima que pronto abandonará la comuna metropolitana, la condecoró por su enfrentamiento contra Pedro Castillo, presentándola como heroína democrática. Pero más allá de las narrativas épicas, los hechos revelan una fiscal que no solo traicionó el ‘principio de legalidad’, sino que convirtió la Fiscalía de la Nación en su oficina de operaciones políticas.

Delia Espinoza: la fiscal del ala progresista

Delia Espinoza Valenzuela, actual fiscal de la Nación, no representa una solución institucional a la crisis, sino la otra cara de la misma moneda. Su nombramiento en octubre de 2024 fue visto por muchos como un intento de “limpiar la casa”, pero rápidamente quedó claro que también juega sus propias cartas políticas. Su cercanía con sectores autodenominados “caviares” o progresistas ha provocado desconfianza, y sus decisiones han levantado sospechas de que estaría usando su poder para proteger a sus aliados.

Una de sus primeras acciones como fiscal fue presentar demandas de inconstitucionalidad contra leyes que otorgaban mayores facultades a la Policía Nacional en las investigaciones preliminares. La justificación fue la defensa de la autonomía del Ministerio Público, pero varios congresistas lo interpretaron como una forma de deslegitimar la labor policial en medio de investigaciones sensibles.

Desde el Congreso —especialmente desde bancadas como Fuerza Popular y Renovación Popular— se ha acusado a Espinoza Valenzuela de encubrir a fiscales investigados, de proteger redes internas en el Ministerio Público, y de tomar decisiones que benefician al sector judicial progresista con el que se le vincula. Incluso desde el Ejecutivo, el ministro del Interior presentó una denuncia constitucional contra ella por presunto abuso de autoridad, alegando que desconoció normativas que otorgan a la Policía liderazgo en las primeras etapas de investigación.

Además, hay acusaciones de que su ascenso al cargo fue negociado dentro de una Junta de Fiscales Supremos fragmentada, donde habría ofrecido archivar investigaciones a cambio de votos favorables, lo que pone en entredicho la legitimidad de su nombramiento. Su imagen de fiscal «anticrisis» se ha ido diluyendo frente a un estilo de gestión defensivo, confrontacional y cada vez más politizado.

Dos mujeres, un camino de decadencia

Patricia Benavides y Delia Espinoza representan facciones opuestas del tablero político peruano. Una es la favorita de la derecha y el aprismo. La otra, de los sectores progresistas. Pero ambas coinciden en lo esencial; han hecho del Ministerio Público una trinchera personal y una herramienta de poder. La institucionalidad ha quedado en segundo plano, desplazada por una lógica de supervivencia política donde el ‘principio de legalidad’ solo se invoca cuando conviene.

En lugar de investigar con independencia, han usado sus cargos para blindar aliados, negociar favores y enfrentarse entre sí como si la Fiscalía fuera un botín. No hay transparencia, no hay rendición de cuentas, no hay justicia imparcial.

El Perú necesita con urgencia una Fiscalía de la Nación que no responda a intereses personales ni políticos, sino al mandato constitucional de investigar y sancionar con independencia. Lo que hoy tenemos, en cambio, es una guerra vergonzosa entre dos fiscales que se disputan un cargo como si fuera una presidencia alterna del país. Esta batalla no solo erosiona la credibilidad del Ministerio Público, sino que degrada peligrosamente la fe ciudadana en el sistema de justicia. Mientras no se ponga fin a esta pugna y se restablezca el ‘principio de legalidad’, ninguna de las dos merece el sillón fiscal.

Por Jorge Paredes Terry

Este acto es parte de un engranaje corrupto que involucra al Congreso, la JNJ y el Tribunal Constitucional (TC). El Congreso, controlado por fuerzas fujimoristas, cerronistas y acuñistas, eligió a los miembros de la JNJ, quienes, en un acto sin precedentes, emitieron una resolución sin unanimidad, usurpando competencias y violando la Ley de Procedimiento Administrativo. El TC, nombrado por el mismo Congreso, permanece en silencio cómplice, avalando el operativo al no pronunciarse sobre la demanda competencial que cuestiona los límites de la JNJ. Su inacción permite que Dina Boluarte, quien enfrenta acusaciones por graves delitos, elimine a su principal opositora, la fiscal Espinoza, reponiendo a Benavides, aliada política que en 2022 facilitó su ascenso al poder.

El asalto a la Fiscalía es un atropello constitucional. La JNJ sobrepasa sus límites, ignorando precedentes del Tribunal Constitucional que establecen que la nulidad de un proceso no restaura automáticamente cargos obtenidos por designación interna. La resolución de la JNJ además omitió pruebas clave, como el informe que demuestra la destitución ilegal de una fiscal para obstruir una investigación contra la hermana de Benavides, presuntamente vinculada al narcotráfico. Diversos Juristas califican la resolución como un título inválido para ejercer como fiscal de la Nación.

Este asalto es la culminación de una estrategia de cerco perfecto: el Fujimorismo y Cerronismo controlan el Congreso e instalan operadores; Boluarte busca inmunidad persiguiendo fiscales que la investigan; y el TC legitima el abuso con su silencio, allanando el camino a una dictadura técnico-legal. La ciudadanía asiste a la destrucción del Estado de Derecho. La JNJ, el TC y el Congreso han secuestrado la justicia para convertirla en un botín político. Hoy no solo la Fiscalía está bajo asalto, sino la democracia peruana misma. Es imperativo que la ciudadanía se levante y defienda la democracia antes de que sea demasiado tarde. El silencio es complicidad. La lucha por la justicia y la democracia requiere la participación activa de todos.

Por Tino Santander

Los miraflorinos se han rebelado contra las políticas autoritarias del alcalde Carlos Canales. Lo acusan de sembrar cemento en desmedro de la poca arborización del distrito. Además, sus críticos más severos señalan que existen graves indicios de corrupción e incompetencia en las obras, y ponen como ejemplo la ciclovía de la avenida comandante Espinar y el puente Miraflores-Barranco, que tanto perjuicio ha causado a los vecinos y a los limeños en general.

Abel Condori y Justo Mamani me invitaron a participar en los plantones de los vecinos insurrectos en el parque Kennedy. Ellos creen que la clase media miraflorina puede sumarse a una insurrección contra el sistema. Justo Mamani me dijo: «También son peruanos. No te olvides de que las clases medias nos pueden ayudar a acabar con los podridos que gobiernan el Perú». Lo escuché. En ese momento apareció el periodista Rafo León, conocido como «la china Tudela», agitando alocadamente como si fuese un revolucionario dispuesto a dar la vida por la causa vecinal contra el alcalde Canales. Abel Condori dijo: «Mira, Justucha, compañero Tino, ese es el periodista racista y clasista que habla mal de los puneños. ¿Te acuerdas cuando insultaba al compañero Walter Aduviri? Con este vamos a hacer Frente Único. No jodas, Justo». Nos quedamos callados mientras los vecinos gritaban consignas contra el alcalde.

«Compañeros —les dije—, es verdad que los miraflorinos no están luchando por conseguir agua y desagüe para diez millones de peruanos, ni contra los bancos usureros que controlan la economía nacional, ni contra el monopolio farmacéutico del Interbank, ni por infraestructura agraria, de salud y educación. Ellos tienen otros problemas. Pero lo que nos une es la lucha contra la corrupción y contra el fraude electoral. Esta insurrección es el inicio para que puedan escalar sus reivindicaciones a otro nivel y así contar con ellos para transformar el país en una verdadera democracia».

«Eres iluso, compañero —dijo Abel—. Ellos son racistas y clasistas. Ese Rafo León nunca se va a juntar con nosotros. No podemos mezclarnos con ellos porque no nos quieren, y nosotros tampoco. Tú sabes el odio que siente la gente por la frustración que vive la inmensa mayoría. Ellos se imaginan un Perú diferente al nuestro; ellos aspiran a ser Miami, mientras que nosotros queremos un país democrático, libre, donde impere la ley y esta no sea un instrumento de los grupos de poder económico, como hasta ahora».

«No —les dije—. Tenemos que superar nuestros prejuicios. Además, este movimiento de las clases medias recién empieza. No hay nada orgánico; es todavía una algarada, un vacilón para los pitucos. Lo importante es ayudarlos, movilizarnos con ellos, que sientan que el pueblo, a pesar de nuestras diferencias, los apoya. Tenemos que estar a la altura del reto que significa transformar el Perú. En la batalla contra el crimen organizado, la corrupción política y el fraude electoral, estamos todos. En la próxima movilización, participaremos orgánicamente y veremos cómo los ayudamos».

«Compañeros —dijo Justo, señalando la Iglesia “Virgen Milagrosa”—, si tomamos esta iglesia con la gente que no tiene agua ni desagüe, con los colectivos que luchan contra los bancos y el monopolio farmacéutico, ¿tú crees que los “combativos vecinos de Miraflores” nos van a apoyar o van a pedir que nos saquen a palos y nos acusen de “tucos”? No jodas, Tino. Ellos son otro Perú, al margen de nosotros. Entiende: no nos quieren».

La insurrección democrática, la revolución social y la desobediencia civil son tareas que deben ser tolerantes con la diversidad de condiciones económicas, sociales y políticas si queremos acabar con los podridos que gobiernan.

Por estos días, en el Congreso de la República, se escenificó una de esas farsas que ya no sorprenden, pero sí indignan. Fabricio Valencia Gibaja, el actual ministro de Cultura —o lo que queda de esa cartera— fue interpelado por su gestión desastrosa. El escenario fue casi simbólico: un hemiciclo semivacío, con parlamentarios ausentes como si la destrucción del patrimonio milenario del Perú fuera un asunto menor. Esa imagen lo decía todo: el país se cae a pedazos y un gran porcentaje de los supuestos padres de la patria miran para otro lado.

El ministro fue interrogado sobre el escandaloso recorte del polígono de protección de las Líneas de Nasca y Palpa, una mutilación al patrimonio mundial que haría revolver en su tumba a María Reiche. Lejos de responder con honestidad, Valencia optó por la evasiva, la retórica hueca y la mentira abierta. Como si la verdad pudiera ocultarse bajo el manto de la burocracia.

Pero el punto más grotesco vino cuando se le preguntó por Shirley Hopkins, beneficiada con órdenes de servicio en su gestión y, presuntamente vinculada sentimentalmente con el ministro. Fue allí donde la compostura se desmoronó. El ministro, visiblemente nervioso, negó toda relación, balbuceó excusas y trató de esquivar el tema del uso indebido de un vehículo oficial, hoy bajo investigación fiscal. La escena fue patética, digna de una tragicomedia mal escrita.

Y es que la trama de este drama tiene nombres y apellidos: según fuentes del propio ministerio, desde Palacio de Gobierno se habría ordenado al ministro acelerar un informe —elaborado por funcionarios de la DDC de Ica— para justificar la resolución que recorta el área protegida de las Líneas. El documento, firmado por la también cuestionada viceministra Moira Novoa Silva, ha sido repudiado por arqueólogos, especialistas y una parte del Congreso aún comprometida con la cultura.

Ante el escándalo, el Ejecutivo solo ha optado por la táctica del camuflaje: “pausar” el proceso, socializarlo, dilatarlo. Pero el crimen está en marcha. Fabricio Valencia no solo ha demostrado incompetencia; ha mostrado sumisión, cobardía y desprecio por la historia del Perú. Lo que ocurrió en Nasca no es un error técnico: es un acto deliberado que pretende la destrucción cultural. Y sus responsables no deben quedar impunes. El silencio de Alberto Martorell y su nuevo cargo en el Mincul abre una nueva línea de investigación.

Por Edwin A. Vegas Gallo

El Tratado del Alta Mar, TAM, cubre el 64% de los océanos (49% del planeta Tierra) y, después de veinte años de trabajo sobre el tema, es una nueva conquista de las Ciencias Oceánicas y del Derecho Ambiental y no tiene en su gestación nada de “oenegenero”, como lo pretenden presentar en Perú políticos y gremios empresariales desconocedores de aquel.

El nacimiento del TAM se dio el domingo 5 de marzo de 2023, en la V Conferencia Intergubernamental del instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención de Naciones sobre el Derecho del Mar CNUDM, relacionado con la conservación y uso de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional”.

Tanto fue el resultado de este Acuerdo que la presidenta de la Conferencia, Rena Lee (Singapur), señaló: “Después de 20 años, el barco llegó a la costa”. Se adoptó por consenso el 19 de junio, en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (que usó Perú para delimitar frontera marítima con Chile), relativo a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional.

En dichas reuniones participó el gobierno peruano, vía Cancillería, y debió tomar la providencia del caso para evitar desinteligencias políticas, como ocurrió con el Acuerdo de Escazú.

Este Tratado regula el alta mar, entendida como “las aguas internacionales que comienzan a 200 millas náuticas de las costas”, que hasta antes de este Acuerdo, carecía de protección o gestión específica, con menos del 1% de las zonas de alta mar total o altamente protegidas.

El TAM hace que el alta mar, una “res communis usus”, se transforme en “patrimonio común de la humanidad” (art. 5 b del TAM), aunque ese acuerdo no ha establecido al momento una autoridad ni un mecanismo adecuado a esa naturaleza de bien, como sí se hizo para los fondos marinos y oceánicos fuera de la jurisdicción nacional y sus recursos, tema del cual Perú debe estar atento.

 Este Tratado o Acuerdo oceánico busca revertir el estado de emergencia de los mares del mundo, en concordancia con alcanzar el Objetivo 14 de desarrollo sostenible y el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal (diciembre 2022); sobre todo en la ampliación de áreas marinas protegidas, la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada de flotas extranjeras, que entran y salen de nuestras 200 millas, sin que los entes de vigilancia intervengan.

Por cierto, en el TAM, hay 33 referencias a los pueblos indígenas y 29 a comunidades locales, aunque si bien son ajenas a la experiencia en alta mar, les da derecho de opinión en este tema, debido al principio de integración marina.

Las cuestiones esenciales del TAM pasan por la investigación y desarrollo, especialmente de los recursos genéticos marinos, con la repartición justa y equitativa de sus beneficios (monetarios y no monetarios), así como las áreas marinas protegidas, del sistema de evaluación de impacto ambiental y la construcción de capacidades y transferencia de tecnología.

Hay que entender que este Acuerdo no tiene que ver nada con la pérdida de soberanía alimentaria ni de dominio marino, ni mucho menos con el control de la pesca artesanal ni industrial, en la que los gremios empresariales peruanos hacen su agosto, empobreciendo al mar peruano; ya que en las negociaciones del tratado se generó el consenso de que el manejo pesquero de los países no debía ser regulado por aquél.

La implementación de este TAM, pienso, será complicada. El principal problema a resolver es determinar quién vigilará las áreas marinas protegidas en alta mar. Otro problema es que no hay un arreglo preciso para la resolución de disputas. En el caso de Perú, que no es miembro de la CONVEMAR, al momento de ratificar por el Congreso este TAM, puede pedir solución de controversias al Tribunal Internacional de Derecho del Mar o a la Corte Internacional de Justicia. Ni que decir de los recursos financieros y los mecanismos de desembolso que se requieren para su funcionamiento.

Aun con todo, este acuerdo histórico sobre la biodiversidad marina en aguas internacionales contribuirá a la protección vital contra la contaminación, contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, así como evitar la destrucción del hábitat en estas zonas críticas, para beneficio de las generaciones futuras.

Por Miguel Fegale

A fines del 2004 regresé al Perú luego de naufragios entre Texas y Extremadura (es), económicamente quebrado, pero con la decisión firme de entrar o morir en el intento a la mítica y guapa universidad Villarreal.

Económicamente arruinado, agarré valor, postulé e ingresé. Siempre de niño quise ser arqueólogo, acabé con 16 la secundaria, no me dejaron serlo. Estudié en universidades pitucas y nefastas, pero siempre tuve el deseo de ser arqueólogo. Le debo mucho a la literatura. De joven, perdido entre las calles de Ate, casi me pierdo como Al Stone. Los libros y revistas de rock redimieron mi vida. Dejé la violencia y me fui por la senda del arte; publiqué 6 libros. En las calles con los subterráneos: Cesar N, Leo Escoria, Richi lakra, Angel Izquierdo, Primo Mujica, Nataly Celio, Oscar Flores (algunos ya murieron) siempre pasábamos de noche/madrugadas entre tragos y puchos. Yo miraba hipnotizado la Villa (algún día estudiare ahí, -me decía). No sé por qué tanto amor por el Centro de Lima, quizás porque mi tatarabuelo fue del barrio de Monserrate, pienso.

Ya en la Villa me costó mucho adaptarme. 10 años o más sin estar en aulas; me golpeó los horarios, trabajos, profesores geniales, muy capos, amigos talentosos y chicas guapísimas, pero tromes. Me sacudieron como una gaviota en el mar de Paracas. Así pasé el primer año donde casi tiro la toalla, al final me enamoré de la Villa, su comedor, sus aulas, sus pasadizos inmensos, sus alegrías, sus silencios, su historia viva. Este año fue extraño. Me fui a España, luego pasé por Italia visitando a mi adolescente hija Sasha. Pasé avatares, me regresé triste a Lima; con mi hija peleamos por su edad y cosas de la vida. En mi Lima instalado y feliz (siempre es lindo volver), volví a mi casa, ¡a mi Villarex! Como le digo de cariño, mi inmenso coloso universitario, pero con los meses no había matrícula, ni códigos, ni explicaciones; la mayoría de escuelas y facultades ya se matricularon y es un abuso, ineficiencia, atropello de parte de la OCRACC, ente encargado de realizar esas funciones, el decanato, que nos deja expuestos a perder el año académico, perder el carné universitario y varios derechos más por culpa de los que se esconden en sus oficinas mudas y cómplices. Estamos en votaciones y quieren enquistarse en una nueva directiva mafiosa, y nosotros al no tener matrícula no tenemos derecho a voto y a todo lo demás, como se explicó. Esperamos que se resuelva lo antes posible. Hemos realizado plantones y marchas con los colegas de literatura, historia, arqueología, lingüística y antropología. Lucharemos por nuestros derechos. La educación no es un favor, es un derecho, señores.

Bueno, yo, algo hastiado de peleas y revueltas argonautas, ya tuve mucho con el bastardo exalcalde del Rímac (el delincuente Rosario) y sus tres intentos de destruir la favela rockera y literaria (30 de junio, aniversario), pero… creo que aún me debo ajustar las botas, el cinturón, las muñequeras, mis cadenas y mi camiseta por mi casa villana que tanto quiero. Como mi cielo limeño, ese cielo que es como una chica gélida, cobarde, androide que cada vez que la veo me electrocuto y enamoro más. FUERZA VILLARREAL HOY Y SIEMPRE. Letras, fotografía y rock con los anestesiados. (ti).

¿Qué futuro puede existir en una sociedad donde los planes educativos se aferran a la escolaridad por competencia mientras los exámenes de la universidad exigen la educación por contenidos?

     En Hacia una educación del buen vivir (Ed. Auriseduca, 2024) el periodista, profesor universitario y escritor David Auris se plantea —mediante un abanico de artículos armonizados— una respuesta: la urgencia de una pedagogía solidaria, democrática, dialogante y equitativa. Es decir, una educación que no se limite a los estándares internacionales, sino que busque construir una colectividad; y esta no puede ser posible sin los elementos ya citados.

      Así, este buen vivir precisa habitar la realidad concibiendo lo solidario como un quehacer esencial. Pensar en este marco conceptual nos lleva a observar el día a día docente. En medio de la bulla y el desorden habitual, se deben llenar registros, armar sesiones de clases y documentación virtual (SIAGIE), todo en la búsqueda de los estándares de competencias. Si a lo expuesto añadimos que la sociedad peruana tiene problemas a nivel racial, político y social, observamos que hay además un conflicto que se añade al educativo, y en ese escenario complejo se precisa pensar la problemática pedagógica desde miradas filosóficas.

     En ese sentido, Hacia una educación del buen vivir es un tratado de pedagogía ética global: praxis de un quehacer divergente. La reflexión con los grandes pedagogos latinoamericanos, como Paulo Freire, enriquece la propuesta: “La transformación social requiere de un entendimiento común y la creación de un horizonte de prosperidad para todos” (p. 14). La solidaridad es urgente para construir el progreso social; sin embargo, no es posible sin democratizar el diálogo y el bien común. ¿Hermosa utopía? ¿Acaso un regreso a los proféticos versos vallejianos que piden la reunión de todos al borde de la mañana eterna?

      Los que vivimos en el Perú sabemos que todo nos divide: el deporte, los partidos políticos, incluso el color de nuestra piel. Por eso mismo, la pedagogía de la solidaridad también es la del oír al otro: “Es imperativo llevar a cabo un ejercicio metacognitivo consciente de la Pedagogía del Diálogo, con el desarrollo sostenido como bandera. De lo contrario, perderemos una vez más la oportunidad de convertirnos en un país más justo” (p. 15).

     Para enriquecer estos conceptos, el autor recupera a las grandes columnas del pensamiento occidental y oriental —ya sea Jesús, Confucio o Sócrates—, así como pensadores contemporáneos como Zygmunt Bauman, Maturana, Ken Robinson, Claudio Naranjo. “En un momento en que las políticas educativas del planeta están centradas en el conocimiento debido a la reputada meritocracia, este maestro de la reflexión nos invita a ejecutar en las escuelas como un contenido transversal, holístico, apelando a sencillas preguntas filosóficas entre los estudiantes, guiándolos a comprender el significado de nuestro destino” (p. 57), añade el autor refiriéndose a Maturana. 

     Por otro lado, la idea del buen vivir es un retorno al concepto andino de Sumak Kawsay. Según la revista Tesauro Biomimesis (2022), esta filosofía busca un equilibrio de lo humano y el entorno natural. Pensemos en cómo se relacionaban los pueblos andinos con la naturaleza. Pensemos en su respeto y amor profundo, con raíces que se retoman a los trabajos de comunidad de los pueblos quechuas o aimaras, o con arquitecturas orientadas a favor del curso natural, con pozos y andenes que sobreviven hasta hoy. Por eso, estas reflexiones no soslayan los enormes problemas de la sociedad neoliberal, pero no se queda en la queja e impotencia: proponen, transforman, unen los ejes.

     En un medio social donde se prima la competencia, el ser el mejor que el otro, en buscar siempre la cumbre (así se tenga que humillar u ofender a los demás), con los sistemas educativos privados manejados por administradores que buscan duplicar el dinero, pensar alternativas de mejora no solo es una necesidad básica, sino que resulta un trabajo de salvación. La propuesta del autor se une a otras exploraciones disidentes del currículo nacional, como la del colegio Los Reyes Rojos, y se opone a la individualidad como la única forma de existencia. Por eso, resulta refrescante pensar la vida como colectividad, desde el buen vivir.

El 12 de junio de 2025, Eduardo Arana se presentó ante el Congreso para solicitar el voto de confianza como presidente del Consejo de Ministros. Lo que ofreció fue un discurso predecible y vacío, repleto de promesas recicladas y sin una pizca de autocrítica. A pesar de que más de 50 congresistas anunciaron que no apoyarían su investidura, el voto de confianza fue finalmente otorgado. Lo que vimos en el hemiciclo no fue un debate serio, sino un espectáculo ya conocido, basado en críticas encendidas seguidas de una rendición sumisa. En suma, pura coreografía parlamentaria.

La exposición de Arana repitió el mismo libreto de siempre: lucha contra la criminalidad, bloqueo de celulares en penales, intervención de las Fuerzas Armadas y reforma penitenciaria. Propuestas que han sido mencionadas durante años sin resultados tangibles. No cabe duda que no hay capacidad en este gobierno para proponer algo nuevo; y mucho menos, un diagnóstico profundo y una estrategia seria frente a la creciente criminalidad. Arana ni siquiera se molestó en renovar su discurso. ¿Qué se puede esperar de un premier cuya gestión anterior como ministro de Justicia fue un desfile de omisiones?

Pero lo más indignante fue el nombramiento de Arana, tras la salida del inefable Gustavo Adrianzén. Dina Boluarte, una vez más, ignoró el clamor ciudadano y optó por mantener a un rostro ya desgastado y cuestionado. No hubo cambio de rumbo ni renovación del gabinete, simplemente continuó el reciclaje, en un nuevo acto de desprecio por la opinión pública. Arana no reformó nada cuando estuvo en Justicia. ¿Por qué ahora sería diferente?

Peor aún, sobre él pesa una investigación fiscal por presunto tráfico de influencias y cohecho. Fue interlocutor frecuente del hoy preso Walter Ríos, cabecilla de «Los Cuellos Blancos», y tiene una sentencia judicial por incumplir con obligaciones alimentarias. ¿Y este es el rostro del liderazgo que Boluarte propone?

Con esta designación, el régimen de la cuestionada presidenta reafirma su desprecio por la meritocracia, la ética y la rendición de cuentas. En el gobierno de la señora de Chalhuanca, los verdaderos méritos parecen ser tener una carpeta fiscal, figurar en escándalos judiciales y blindar con cinismo a una presidencia cada vez más aislada, deslegitimada y aferrada al poder.