Viaje mortal. El ex contralor general Edgar Alarcón Tejada falleció este martes mientras se dirigía en un bus de la empresa CIVA rumbo a Ayacucho. Durante el trayecto el vehículo de transporte interprovincial se precipitó por un barranco en el sector Apacheta, vía de Los Libertadores.

De acuerdo con Exitosa, los familiares de Alarcón Tejada se presentaron en la terminal Civa en La Victoria, Lima; sin embargo, optaron por no declarar.

Al momento, la Dirección de Salud de Ayacucho dio cuenta de 14 heridos y 13 fallecidos producto del accidente de tránsito.

Asimismo, desde el Congreso de la República se publicó un mensaje vía X en donde enviaban sus condolencias a los familiares del ex parlamentario.

Fiscalía detrás de las causas del accidente

Por su parte, la Segunda Fiscalía Penal de Huamanga inició diligencias sobre el accidente ocurrido esta mañana en la vía Los Libertadores, en la que perdieron la vida 13 personas, entre ellas el ex contralor Edgar Alarcón.

“El fiscal provincial Juan Ames Blas informó que se dispuso recabar la lista de pasajeros y documentación de la empresa de transportes y del vehículo, tomar las declaraciones de los testigos y pasajeros ilesos, así como efectuar el levantamiento de los cuerpos”, informó el Ministerio Público.

Investigaciones en su contra

Por otro lado, Edgar Alarcón enfrentaba un juicio oral por presunto enriquecimiento ilícito al tener un incremento patrimonial injustificado en relación a sus ingresos como contralor general de la República. Por este hecho, el Congreso lo destituyó en 2017.

Años después, en 2020, Alarcón fue elegido como congresista para completar el periodo parlamentario 2016-2021. Sin embargo, fue suspendido de sus funciones en 2021 tras ser acusado constitucionalmente por presunto enriquecimiento ilícito cuando era contralor general.

El proceso penal contra Alarcón ya estaba en etapa de juicio oral. Ahora con su sensible fallecimiento, la Sala Suprema Penal Especial declarará la extinción de la acción penal y archivará la causa.

La Fiscalía solicitaba 15 años de pena privativa de la libertad, inhabilitación de la función pública por 20 años, una pena de multa por un total de S/202.121,50, y el pago de una reparación civil de cinco millones 522 mil 243.72 soles.

En medio de la detención preliminar de Nicanor Boluarte por 10 días, acusado de liderar la presunta organización criminal ‘Los Waykis en la Sombra’; el Gobierno de su hermana Dina, designó a su amigo en un importante cargo. Se trata de Juan Enrique Alcántara Medrano, quien desde hoy despacha como viceministro de Justicia, en reemplazo del renunciante Walther Javier Iberos Guevara.

La Resolución Ministerial N° 070-2024-JUS con el nombramiento de Alcántara, se encuentra publicada en el diario oficial El Peruano y lleva las firmas de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa.

El currículum de Alcántara Medrano también incluye un cargo muy de confianza a la presidenta Dina Boluarte, pues durante la actual gestión de la mandataria, desde el 3 de febrero del año 2023, también fue nombrado como Secretario General de la Presidencia. Ocupó el cargo hasta que en abril del 2023 fue trasladado al Ministerio de Justicia como director general del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej).

Alcántara señaló a un dominical en diciembre del año pasado que conoce a Nicanor Boluarte desde la época en que ambos trabajaron en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el 2016. Incluso, en el informe televisivo se emitió imágenes de saludos, que ambos se enviaban como amigos en la red social Facebook.

Flamante viceministro tiene antecedente en la Contraloría

El nuevo viceministro Alcántara Medrano tiene un antecedente cuestionable, al aparecer en un informe de la Contraloría General de la República.

Según el documento, el amigo de Nicanor Boluarte tuvo una presunta responsabilidad administrativa y penal en la contratación de una persona que no tenía experiencia laboral, ni formación académica y que iba a ser asesor del exalcalde de la municipalidad de Breña, José Li Bravo. El ingeniero beneficiado de manera irregular fue Daniel Peña Bermúdez, quien habría tenido un sueldo mensual de 7.500 soles, desde enero de 2019, hasta julio de 2021.

Cada día los ciudadanos nos encontramos más indefensos ante la creciente ola delictiva que no duda un segundo en apretar el gatillo para arrebatar hasta un celular; cuando se les hace frente con la misma proporcionalidad muchas veces el delincuente se convierte en víctima, encarcelando al ciudadano agredido. Ante ello, el Congreso de la República ha aprobado el uso de armas por parte de ciudadanos en situación de “legítima defensa”, modificando para ello el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal.

La iniciativa, impulsada por las parlamentarias Patricia Chirinos y Norma Yarrow, tuvo el apoyo con 79 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones.

Así pues, se modificó el artículo 20 del Código Penal, que ahora establece que no habrá responsabilidad penal para aquellos que, en defensa de su integridad o la de terceros, empleen la fuerza, llegando incluso al uso de fuerza letal, bajo ciertas circunstancias.

En esa línea, el cambio legislativo establece que no se procederá con prisión preventiva contra las personas que en defensa propia usen armas para proteger su integridad o la de terceros, siempre y cuando no tengan antecedentes penales o sentencia firme previa.

El numeral 3 del documento aclara que el acto de defensa puede ejercerse en caso de una irrupción ilegítima en una propiedad privada, vehículo, negocio o lugar de trabajo. Así como también frente a una situación de peligro inminente, donde se repele una agresión.

También se establece que si en el acto de defensa se usó un arma de fuego legalmente inscrita esta deberá ser incautada por la autoridad competente en un plazo que no exceda las 48 horas, para las investigaciones preliminares.

Poder Judicial y Fiscalía se opusieron

Cabe señalar que, previo a la aprobación del proyecto, el Poder Judicial (PJ) y la Fiscalía la rechazaron, declarando, en setiembre del 2023, que esta iniciativa legislativa no era viable por la Comisión de Justicia. Estas entidades, fundamentales en la administración de justicia del país, han expresado serias preocupaciones sobre las implicaciones de dicha propuesta.

El PJ indica que sugerir estos cambios en el Código Penal podría desvirtuar el análisis objetivo y concreto de los hechos, esenciales en el proceso penal.

Por su parte, Fiscalía indicó que la seguridad ciudadana no puede ser usada como pretexto para crear mecanismos que, en la práctica, faciliten la justificación o exculpación de actos de violencia por parte de los ciudadanos hacia terceros, incluidos familiares.

El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Peter Abad Altamirano, confirmó que la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) dispuso expresamente la censura temporal para la entrega del informe de pobreza monetaria 2023.

“Como es de conocimiento público, la postergación se debió a una disposición expresa de la Presidencia del Consejo de Ministros”, indicó durante el evento de análisis del ‘Informe sobre la Pobreza Monetaria 2023’ organizado por el INEI.

“Esto no implicó dejar de publicar el Informe Técnico de la Pobreza 2023 y la base de datos en nuestra página web institucional en la fecha establecida. Gracias por su interés y bienvenidos a todos”, añadió.

INEI suspendió publicación de resultados de la Pobreza Monetaria en el 2023 por “razones de fuerza mayor”

Cabe recordar que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) pospuso la publicación de los datos sobre pobreza monetaria correspondientes al año 2023, ello generó un ambiente de preocupación en el país.  

Las cifras, que se esperaban, podrían reflejar un aumento en los niveles de pobreza, regresando a los índices alarmantes experimentados durante la pandemia.  

Mediante un breve comunicado compartido en su cuenta de X, desde el INEI indicaron que se había adoptado esta decisión “por razones de fuerza mayor”; sin embargo, no mencionaron que se debía por orden del gobierno, específicamente de la PCM. Asimismo, señalaron que la presentación se realizaría durante la próxima semana.

El Consejo de Ministros retardó la presentación de los índices de pobreza

En la última sesión del Consejo de Ministros, fotografías oficiales revelan que la presidenta Dina Boluarte y su gabinete fueron informados sobre estas estadísticas, lo que inmediatamente generó especulaciones sobre la razón detrás del aplazamiento de la presentación. Algunas fuentes sugieren que las cifras de pobreza multidimensional, que incluyen aspectos como seguridad, salud, educación, empleo, vivienda y conectividad, podrían haber causado incomodidad en el gobierno.  

La Presidencia del Consejo de Ministros descartó que el Gobierno tenga la intención de modificar cifra alguna del INEI, al asegurar que es un ente técnico especializado e independiente; sin embargo, ordenaron no difundirlas temporalmente.

En las fotos registradas durante la última sesión de la PCM, se revela que la presidenta Dina Boluarte y su gabinete sí vieron las cifras de la pobreza.

La legisladora de la bancada Cambio Democrático-JP, Sigrid Bazán, anunció que ya están preparando una nueva moción de vacancia en contra de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

Dicha decisión se dio, luego de que se diera a conocer que la jefa de Estado a las 9.15 a.m. del sábado 11 de mayo visitó la oficina de su abogado Mateo Castañeda, a pesar que el día anterior fue allanada por Eficcop en el marco ‘Los Waykis en la Sombra’.

Sigrid Bazán, adelantó que han iniciado conversaciones contra otras bancadas del Parlamento, y en una entrevista afirmó que hay diálogo entre Cambio Democrático-JP y Nueva Constitución, agrupación conformada por exintegrantes de Perú Libre.

“Lo estamos conversando. Hemos conversado ya con bancadas. Hay una que es Nueva Constitución, no la quieren reconocer como bancada, pero son cinco o seis congresistas que salieron de Perú Libre”, refirió.

Asimismo, aseveró que conversarán con otras bancadas, entre las cuales se encuentra Perú Libre y especificó que la estrategia con dicho grupo parlamentaria será hablar con cada congresista de manera personal.

“En el caso de la bancada de Perú Libre, es hablar congresista por congresista la manera de sincerar si habría o no la disposición del voto para una vacancia. Entiendo que Avanza País, a través del congresista Williams, ha deslizado una posibilidad. Vamos a conversar con ellos también para empezar”, remarcó.

Cabe decir que Cambio Democrático-JP no es la única bancada que alistaría una moción de vacancia en contra de la presidenta de la República.

Perú Libre evalúa moción de vacancia, tras confesiones de Carlos Morán

Luego de las revelaciones del exministro Morán que señalan que el abogado de la mandataria buscaba obstruir la investigación contra su hermano Nicanor, la congresista Margot Palacios indicó que Perú Libre se reunirá para debatir y no descartó la ‘moción de vacancia’.

“Nosotros como bancada vamos a tener una reunión en la noche y vamos a evaluar esta situación, en la cual ameritaría hacer efectiva nuestras funciones de control político y de fiscalización frente a todas estas informaciones tan evidentes que hemos estado viendo a partir del viernes”, enfatizó.

Palacios Huamán tampoco descartó la posibilidad de presentar una denuncia constitucional, o vacancia presidencial por “la continua forma de incapacidad moral” que presenta la presidenta Dina Boluarte.

“Siempre va estar latente el hacer una denuncia constitucional, una vacancia presidencial, por la continua forma de incapacidad moral que viene demostrando la señora Dina Boluarte, no solamente en querer proteger a su hermano a cambio de dar puestos laborales o ascender como habría pretendido hacer con el señor Colchado. Vamos a evaluarlo y hay la posibilidad de iniciar acciones”, agregó.

Fue, pero no entró, y por ello no pasó nada; una explicación absurda comparable solamente con los “préstamos” de los relojes Rolex. De acuerdo con el estudio de abogados Castañeda & Menacho, la presidenta de la República, Dina Boluarte, no ingresó a la oficina de su abogado, Mateo Castañeda, durante el allanamiento realizado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) este último viernes y por ello “no perturbó en las diligencias”.

El citado estudio jurídico indicó mediante su cuenta de X que la jefa de Estado al no ingresar al inmueble no perturbó el desarrollo de las diligencias, siendo ello corroborado, sostienen, en el acta policial.

“Con relación a la visita de la cliente Dina Boluarte Zegarra, se ha dejado constancia en el acta que no ingresó al inmueble objeto de allanamiento, por tanto, no ocasionó ninguna perturbación al desarrollo de la diligencia”, se lee en el comunicado.

Como se recuerda, en la víspera, el dominical ‘Cuarto Poder’ reveló que la mandataria acudió a la oficina de Castañeda un día después de que este sea detenido por presuntamente ser parte de una organización criminal liderada por Nicanor Boluarte.

Tras tocar la puerta de la oficina, Dina Boluarse se encontró con agentes de la Dirección de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y la fiscalía, por lo que se retiró rápidamente sin ofrecer ninguna explicación sobre su visita.

Como se sabe, Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda, hermano y abogado de la líder respectivamente, fueron arrestados el pasado viernes después de ser identificados como miembros de la organización delictiva conocida como los “Waykis en la sombra”.

Castañeda está acusado de solicitar a los policías del Equipo Especial que archivaran la investigación sobre el hermano de la presidenta. Se dice que hizo esta solicitud ilegal en nombre de la mandataria, a cambio de mantenerlos en sus puestos. Asimismo, la fiscalía señala a Nicanor Boluarte de ejercer un “poder de facto” para sus intereses personales, incluida la formación del partido Ciudadanos por el Perú.

El alcalde de Ferreñafe, Polanski Carmona Cruz, durante la madrugada de hoy martes fue detenido preliminarmente, tras ser acusado por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada en la región Lambayeque.

Además, del alcalde, también fueron detenidos otros cinco funcionarios municipales.

El equipo conformado por agentes del Segundo Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Policía Contra la Corrupción, lo intervino en su propio domicilio ubicado en la urbanización El Algodonal, tras haber pedido licencia por motivos de salud.

Carmona Cruz fue detenido por 7 días y según la tesis fiscal, conformaría una organización criminal ‘Los Ediles del Norte’, que habría direccionado contratos en favor de ciertas empresas para servicios de mantenimiento durante el 2023 y es considerada como la más rica del norte del país, pues recibe más de 350 millones de soles en transferencias por canon minero y regalías.

La fiscal Ana Zegarra estuvo al cargo de la operación, debido a que el alcalde es sindicado de haber realizado actos colusorios en febrero de 2023 junto a servidores y exservidores municipales, y una empresa. Ellos estarían detrás de un supuesto mantenimiento de la Plaza de Armas y trabajos en el camal municipal que fueron cancelados sin haber sido concluidos, lo que generó un perjuicio económico en agravio del Estado peruano.

Por ello, el juzgado de turno dispuso allanamiento con orden de descerraje e incautación en los inmuebles de los investigados en Ferreñafe, Batán Grande, Chiclayo, Lambayeque y Pimentel.

No es el único alcalde detenido

El alcalde provincial de Ferreñafe, Polanski Carmona Cruz, no ha sido el único burgomaestre detenido en las últimas semanas.

También, el pasado 24 de abril el burgomaestre de Umachiri, Martín Huamán, fue intervenido tras haber sido denunciado por presuntamente pedir el pago de una importante suma de dinero a una empresa contratista. Él fue acusado de haber incurrido en el presunto delito de cohecho pasivo impropio, al pedir a los representantes del consorcio que ganó la licitación para la construcción de la institución educativa 86, el pago de S/ 50 mil para poder continuar con la obra.

La Comisión de Ética Parlamentaria, presidida por el congresista Diego Bazán (Avanza País), dio lectura de la sanción de amonestación escrita pública, en el Expediente N. º 130-2022-2023/CEP-CR, contra el congresista Edgar Tello Montes (BMCN).

A Tello Montes se le acusó de haber solicitado aportes de las remuneraciones y bonos de sus trabajadores, aunque no se corroboró dicha denuncia; sin embargo, sí se acreditó haber vulnerado el Código de Ética al haber recibido una donación de dinero, pese a la prohibición expresa del referido documento.

En estricto, el pedido de donación fue por 8 mil dólares a la oficina económica de Taipéi, para la adquisición de ollas, cocinas y otros, para las ollas comunes.

Por todo ello, se declaró fundada en parte la denuncia de oficio contenida en el mencionado expediente, por presunta infracción a la ética parlamentaria establecida en diversos artículos del Código de Ética y su respectivo reglamento.

Es así que el grupo de trabajo le impuso una amonestación escrita pública con multa de 60 días de su remuneración, a aplicarse de conformidad con los estipulado en el artículo 36 del Reglamento del Código de Ética.

Denuncia contra congresista Amuruz por insultar al presidente de la comisión llegó a una conciliación

Más adelante, durante la audiencia correspondiente al Expediente N.° 175-2023-2024/CEP-CR, seguido en proceso de flagrancia contra la congresista Rosselli Amuruz Dulanto (AvP), tanto el denunciante, Jorge Marticorena Mendoza (PB), como la denunciada, llegaron a un acuerdo de conciliación.

Esta figura se dio de acuerdo con el artículo 39 del reglamento del Código de Ética parlamentaria, en donde se afirma que “la Comisión podrá extender sus buenos oficios hacia la búsqueda de una conciliación entre las partes, siempre que se deje a salvo la vigencia de los principios éticos que rigen la conducta de los congresistas”.

El presidente de la comisión, al considerarse tercero involucrado, dio por aceptadas las disculpas de la congresista Rosselli Amuruz Dulanto. En la siguiente sesión (lunes) se dará lectura de la resolución respectiva.

Al pendiente denuncias contra Kira Alcarraz y Raúl Doroteo

Asimismo, la comisión evaluó el Expediente N. º 164-2023-2024/CEP-CR contra la congresista Kira Alcarraz (Podemos Perú), acusa de haber hecho declaraciones públicas, el 14 de diciembre de 2023, con expresiones agraviantes contra el congresista Juan Lizarzaburu (Fuerza Popular) y a su madre. La denuncia fue interpuesta por Alfredo Vera Delgado.

Luego de la participación del congresista agraviado y de los alegatos de la congresista Alcarraz Agüero, el presidente de la comisión dio por concluida la audiencia y el proceso de investigación, e informó que queda expedito el camino para la elaboración del informe final.

También se evaluó el Expediente N.º 171-2023-2024/CEP-CR en la denuncia de oficio contra el congresista Raúl Doroteo Carbajo (AP), quien solicitó reprogramar la audiencia debido a que dijo estar enfermo.