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Política

El “error” de un bribón, por Umberto Jara

Umberto Jara

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Esta mañana hizo un tour por medios de comunicación, el médico Oscar Ugarte Ubilluz. Está siendo presentando casi como un héroe por haber superado el contagio por Covid-19 tras haber acudido a Iquitos. Lo llamativo es que en Iquitos y en otras ciudades hay médicos muertos en ejercicio de sus funciones a los cuales nadie les da el espacio mediático que se le está otorgando a Oscar Ugarte, actual gerente central de operaciones de Essalud.

En realidad, lo que hay detrás de esta campaña —a la que se prestan algunos periodistas sin tener un mínimo de bochorno— es un intento de protegerlo disfrazando con una campaña de imagen su gravísima responsabilidad por la muerte de miles de peruanos por la falta de oxígeno medicinal.

Están muriendo miles de pacientes en hospitales y en sus casas. Seres humanos que podrían salvar sus vidas si existiese un balón de oxígeno. ¿Por qué no hay y, si lo hay, por qué tiene un precio elevadísimo? El origen de esta grave situación corresponde a Oscar Ugarte, pues, el 26 de enero de 2010, cuando era ministro de Salud del alanismo, firmó la Resolución Ministerial N° 062-2010/Minsa que implantó un requisito innecesario pero eficaz para montar un negociado: impuso que el suministro de oxígeno medicinal debía contar con una concentración del 99% de pureza. Con esta medida, Ugarte puso fuera de juego a TODOS los productores nacionales y concentró la producción y los precios en apenas dos corporaciones: Linde (alemana) y Air Products (norteamericana). Un oligopolio que lleva una década con suculentos beneficios económicos y que hoy esta generando muertes de pacientes que podrían salvarse. Si eso no es algo criminal ¿entonces qué es?

Esta mañana con enorme desparpajo y utilizando el efectismo de ser “sobreviviente” del COVID-19 , Oscar Ugarte dijo, en las condesciendes entrevistas que le hicieron: “Mirando retrospectivamente eso fue un error, sin duda fue un error”. Para él, apenas un error; para miles de familias la muerte de sus seres queridos. En cuanto al absurdo de haber fijado en 99% de pureza un oxigeno que durante años se había producido en Perú con 93% de pureza y sin ningún problema médico, Ugarte, actual gerente central de Essalud, dijo, con la soltura que corresponde a un bribón que “Probablemente lo puedo reconocer como error, no revisamos el informe técnico” y en una muestra de cinismo añadió: “Quizás detrás de eso había intereses”.

Por supuesto que hubo intereses y un negociado en el cual él participó. Desde el punto de vista médico no existe razón alguna, ni en Perú ni en Marte, para exigir oxígeno medicinal con 99% de pureza, porcentaje que, además, nadie ha verificado si efectivamente se cumple. Cuando Oscar Ugarte firmó ese beneficio que encareció el oxígeno medicinal era ministro de Salud del corrupto gobernante Alan García Pérez y éste lo sostuvo en el cargo desde el 14 de octubre de 2008 hasta el 28 de julio de 2011, a pesar de varias controversias.

Ugarte no es aprista pero su origen político es infame: fue llevado al gabinete ministerial de García Pérez por quien fuera miembro del grupo terrorista MRTA, Yehude Simon Munaro, quien ejerció como primer ministro de García y actualmente está siendo procesado por lavado de activos en el caso proyecto Olmos.

Ugarte no es el “heroico médico contagiado por el Covid-19” que nos quieren vender. Es el directo responsable de miles de muertes por falta de oxígeno. Es el responsable de que ahora veamos esposas e hijos poniéndose de rodillas en los hospitales suplicando por un balón de oxígeno para el familiar que se muere, es el responsable de que en Iquitos los sacerdotes hayan tenido que hacer colectas para generar oxígeno, es el responsable de que los precios del oxígeno se hayan encarecido brutalmente porque fue él quien rompió el mandato de la competencia que exige la Constitución y le entregó el mercado al oligopolio conformado por dos corporaciones extranjeras: Linde (Alemania) y Air Products (EE.UU) que concentraron, según una investigación de portal Ojo Público, las ventas de oxígeno medicinal destinado a los hospitales del Ministerio de Salud, Essalud y gobiernos regionales con ingresos que ascienden a casi 400 millones de soles.

Lo que irresponsablemente califica como un “error” el rufián Oscar Ugarte, no es un error sino un acto punible. Hace siete años Indecopi sancionó a estas dos empresas por incurrir en la práctica ilegal de repartirse el mercado del oxígeno, práctica que fue posible por la resolución ministerial que Ugarte les facilitó cuando era ministro de Salud. La multa impuesta fue de 21 millones de soles. ¿Qué hicieron las dos corporaciones? ¿Corrigieron la situación? ¿Pagaron la multa? No. Se zurraron en el mandato de Indecopi y se fueron a litigar al Poder Judicial durante siete años. Recién hace unos días, la Corte Suprema ha resuelto que estas empresas deben pagar 24 millones de soles que corresponden a la multa impuesta más intereses. ¿Pagarán? ¿Y por los muertos quién responde?

Si Ugarte considera que fue un “error” entonces debe solicitar de inmediato al presidente Vizcarra y al ministro de Salud la derogatoria de la Resolución Ministerial N° 062-2010/Minsa que él firmó, y estos dos últimos poner fin al oligopolio del oxígeno medicinal para los hospitales.

No lo van a hacer porque hay aguas turbias debajo que el tiempo terminará mostrando y si este país tiene dignidad tendrá que pedirle cuentas al trío Vizcarra, Zamora, Ugarte por los muertos innecesarios. No se pueden amparar en el colapso de los hospitales. El negociado del oxigeno medicinal existía desde antes de la pandemia y sigue existiendo en plena pandemia y no hacen nada por ponerle fin.

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Política

Pilar Mazzetti o el reciclaje en el Ministerio de Salud

Luis Felipe Alpaca

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Hoy juramentó el nuevo gabinete Cateriano y entre ellos, se conocieron algunos nuevos ministros, en las carteras del Interior, Justicia, Relaciones Exteriores, Trabajo, Ambiente, Desarrollo e Inclusión Social, y Energía y Minas. Entre esos titulares de sectores, juramentó una nueva ministra… que en realidad no es tan nueva en el rubro. Estamos hablando de la exjefa del Comando de Operaciones Covid-19, Pilar Elena Mazzetti Soler.

Recordemos que Pilar Mazzetti lideró aquel Comando desde inicios de abril, junto al eterno gurú de la salud y erróneamente considerado héroe del Covid, Óscar Ugarte Ubilluz. Y luego de tres meses de labor, podemos vislumbrar que en la gestión en la cartera de Salud se fracasó por la incapacidad de gestión, la falta de control, la corrupción y la total desarticulación que han venido ejerciendo, por más que en los medios siempre han salido a declarar, que entre EsSalud, Minsa y las clínicas privadas hay una gran sinergia.

Asimismo, el Comando de Operaciones Covid-19 no estuvo a la altura de la terrible emergencia sanitaria, en especial, por no atender como se debía a los peruanos enfermos que viven en los sitios más recónditos del país. Sin embargo, esta médica, que al menos habla de frente y no baja la cerviz cuando la emplazan para que responda sobre temas embarazosos, a pesar que todo a su alrededor sea un caos, ha ganado gran simpatía en un sector de la población que ya se siente servida por el solo hecho de ver a una funcionaria que habla frontalmente claro.

Repito, a pesar que todo a su alrededor siga siendo un caos; es decir, cuando aumentan los fallecidos diariamente, o se acaban las camas UCI, o el resto de sistemas sanitarios sigan colapsando, Mazzetti siempre se mantiene imperturbable y con una feroz serenidad ante los cámaras y los micrófonos, que no queda más que asentir ante ella. Con esa actitud de filuda Inteligencia emocional se ganó a la gente, y con la imponencia que mostraba, aturdía a los periodistas que siempre se amedrentaron, porque ni siquiera intentaron cuestionarle algo sobre su gestión en el Comando.

Para nuestro establishment eso es más que suficiente… “Si habla claro y bonito ¡ya está!” A pesar que no haya resultados, a pesar que todo el sistema de salud siga colapsado (aunque los defensores del régimen siempre argumentan que no se puede echar la culpa al gobierno, porque el enfoque neoliberal es el que ha corroído el sistema desde hace 30 años). Pero no es que se le atribuya culpas al gobierno de las deficiencias endémicas que vienen desde atrás; simplemente, el gobierno de Martín Vizcarra tuvo la oportunidad de pasar a la historia, si hubiera reformulado gestiones rápidas y pragmáticas, al menos como contingencia para poder salvar miles de vidas humanas.

Nadie duda de las intenciones, pero los peruanos no podemos seguir esperando las buenas intenciones y recibir el premio consuelo; sino, los resultados. En todo caso, desde que se inició el régimen de Pedro Pablo Kuczynski, ya han pasado ocho ministros de Salud, y desde el mandato de Martín Vizcarra, con Pilar Mazzetti hasta el momento, ya suman cinco ministros de Salud. A ver ¿Eso qué significa?

Pilar Mazzetti.

Generalmente, ese es el tipo de criterio y meritocracia que se ejerce en la política de nuestro país, y sucede también en las instancias corporativas, sociales y estudiantiles. En ese sentido, dos de los profesionales de la salud, es decir, médicos como Pilar Mazzetti y Óscar Ugarte, siempre repetirán el plato porque así es el reciclaje. Se debe entender que así como en la farándula, y en los círculos empresariales, donde todos se conocen y luego se recomiendan entre ellos después de haber asistido a un almuerzo de camaradería, así también funciona en la política, donde primero, en un escenario parecido al circo romano, se ladran, y se dicen de todo… pero luego acaban confluyendo en una sola idea como partners de un mismo equipo; y dizque, todo en honor a la gobernabilidad ( esa es su palabrita mágica que se convierte en la llave para engatusar al pueblo), sino, preguntémosle a Martín Vizcarra ¿Por qué Pedro Cateriano está como Premier? De hecho, esa puntada con nudo la descifraremos en unos meses cuando empiece la campaña.

Así pues, esa es la casta política; un grupito cerrado que a través del reciclaje se pasa la pelota dentro de una cancha llamada Estado.

Imagínense, si nos pusiéramos en una situación ucrónica: Eso sería otra cosa. Si es que esa casta dizque comprometida y fraterna, jugaría con la misma pelota en el juego de la gobernabilidad, pero ad honorem, es decir, sin salario ni gollerías del Estado y mucho menos, sin poderosas influencias. Pero claro está… eso es imposible.

Aquí los entretelones políticos de Pilar Mazzetti

Pilar Mazetti Soler encabezó el comando que luchó contra el Covid-19, y ahora vuelve a ser ministra de Salud. Y en cuanto a experiencia, claro que la tiene. Como médico es considerada una buena neuróloga, y en gestión pública tiene… vamos a decirlo, vasta experiencia porque fue ministra de Salud durante el régimen de Alejandro Toledo desde febrero de 2004, hasta terminar el mandato Posibilista en julio de 2006, y ahí nomás, a los pocos días con el nuevo gobierno aprista de Alan García empalmó como titular del Interior.

La exministra de Salud tuvo algunos aciertos en temas de infraestructura, como la construcción de más postas médicas en el país y una mejor atención para los pacientes, incluso para reducir la mortalidad infantil; sin embargo, causó polémica cuando instauró en los sistemas nacionales de salud, la píldora de Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE), más conocida como píldora del día siguiente.

El uso de dicha píldora fue controvertido en los círculos eclesiásticos e incluso, algunas ONGs emprendieron activismo para que saliera del sistema médico nacional por considerársele abortiva. Entonces, Mazzetti estuvo en el ojo de la tormenta y eso sin contar las denuncias que tuvo por compras presuntamente irregulares de 59 ambulancias rurales defectuosas gracias a su jefa de la OGA (Oficina General de Administración) de ese entonces, Gloria Vargas.

El mismo problema sucedió durante su paso por la cartera del Interior, cuando se adquirieron 469 patrulleros de marca Hyundai con costos sobrevalorados. Todos esos vehículos adquiridos durante sus gestiones en Salud, e Interior lo hicieron a través de Automotriz Gildemeister. Debido a ese escándalo, tuvo que salir por la puerta trasera del Mininter en febrero de 2007 y a pedido del Premier Jorge del Castillo renunció a su cargo de ministra.

Y ahora… luego de trece años, como si nada hubiera sucedido, nuevamente es ministra de Estado.

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Actualidad

¿La Legítima defensa realmente protege a un ciudadano?

Luis Felipe Alpaca

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Dentro de las causas que eximen de responsabilidad penal a las personas, se encuentra la figura de la Legítima defensa, que por antonomasia es un derecho constitucional, porque está contemplado en la Carta Magna nacional.

Ante este derecho constitucional, naturalmente, están exentos de responsabilidad penal: el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que en el cumplimiento de su deber y el uso de sus armas en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte (artículo 20° inciso 11 del Código Penal). Sin embargo, el conflicto de esta relativa inimputabilidad se agrava cuando un civil común la ejerce.

Es decir, la figura de la Legítima defensa es el derecho de defenderse utilizando la violencia contra un inminente agresor ilegitimo, con el único objetivo de proteger el bien jurídico propio, o de terceros, y cuyo medio racional empleado para repeler el ataque, no haya sido el que en primera instancia haya provocado la agresión (Artículo 20° inciso 3 del Código Penal).

Este tema ha vuelto a la discusión mediática precisamente, porque en las noticias del fin de semana se propalaron imágenes del asesor de seguridad y excandidato al Congreso Luis Miguel Llanos. En el video registrado, claramente se observa que fue asaltado por un grupo de hampones cuando se hallaba en los exteriores de un restaurant en Tumbes; sin embargo, Llanos extrajo su pistola para repeler el ataque y a pesar que logró abatir a su agresor, él salió herido por tres impactos de bala. Actualmente, se encuentra recuperándose en una clínica en el norte del país.

En ese sentido, la Legítima defensa en nuestro país, más que una solución que sirva para atenuar un conflicto, se ha mostrado como un aditivo ante el problema que enfrenta una persona cuando es atacada por un criminal.

Ataque de delincuentes en Tumbes a Luis Miguel Llanos.

Aunque parezca absurdo, parece ser, que más protección tiene un sujeto que de forma antijurídica emplea un arma de fuego de procedencia ilegal para perpetrar crímenes con asesinato incluido, a diferencia de un ciudadano común que adquiere con su propio peculio un arma lícita y que se somete a las pruebas y exámenes de rigor, incluso al de salud mental, para poder finalmente obtener una licencia a través de SUCAMEC. No obstante, de acuerdo a la casuística local, no todas las personas que se han visto involucradas en incidentes de tiros por el solo hecho de repeler un ataque criminal para salvaguardar sus vidas han sido favorecidas con la figura de la Legítima defensa; porque, incluso, algunas de esas personas han terminado en prisión y sentenciadas por homicidio simple.

Es importante resaltar que la Legítima defensa no se da automáticamente; es decir, no hay que creer deliberadamente que si uno se defiende y mata a un supuesto agresor que ha pretendido atacarlo, luego saldrá librado penalmente; porque a partir de ese momento, el ciudadano que se defendió tendrá que demostrar, tanto a la Policía como a la Fiscalía, que su conducta fue jurídica en el marco de la ley que busca protegerlo. Y necesariamente se tendría que cumplir con tres requisitos esenciales que dicta la norma.

Por ejemplo, ¿Será Legítima defensa cuando un ladrón que ingresa a tu casa portando un arma de fuego y en el momento de su huida extraes tu arma y le disparas? o ¿Si tú matas con una pistola a un agresor que pretendió atacarte con un cuchillo, es Legítima defensa?

Tomando en cuenta a nuestra actual legislación, es probable que el primer ejemplo no ingrese necesariamente al terreno de la Legítima defensa; y también es probable que el segundo ejemplo podría configurarse como una Legítima defensa. Y menciono probable… porque los juicios de valores apresurados y prematuros no son tomados en cuenta por el juzgador; porque, luego de un incidente violento, donde hubo agresión, se hacen una serie de delicadas valoraciones que empiezan desde el parte policial, hasta llegar al terreno fiscal, con testimonios, pericias, y otros medios probatorios; incluso, se recurre a los análisis de las Jurisprudencias penales y las Ejecutorias supremas.

En ese sentido, cabe mencionar que hay dos clases de Legítima defensa:

Legítima defensa perfecta.- Que consiste en cumplir con los tres requisitos previstos en la ley, para que realmente se cumpla con las causas que justiciarán un hecho tópico y que por tanto, eximirán de responsabilidad penal al sujeto atacado. En otras palabras, los ciudadanos que finalmente hayan hecho uso de su Legítima defensa perfecta, es más que seguro que sean absueltos ante la ley.

Legítima defensa imperfecta.- En cuyo tópico tendría que carecerse de alguno de los tres requisitos como condición elemental para que no se exima de responsabilidad penal al sujeto atacado; sin embargo, esa misma responsabilidad penal podría ser atenuada y/o disminuida por el juzgador. En otras palabras, los ciudadanos que finalmente hayan hecho uso de su Legítima defensa imperfecta, es más probable que sean sentenciados por homicidio simple con una pena menor.  

En cuanto, a los requisitos para que se configure una Legítima defensa perfecta tenemos:

La agresión ilegítima.- Es la que sobreviene de un agresor de forma inminente, cuando se vislumbra que el peligro de atacar y atentar contra un bien jurídico protegido como la vida y la salud, es real y grave.

La racionalidad del medio empleado.- como bien señala la norma, aquí se requiere una necesidad racional del medio empleado para impedir la agresión, porque se tomará en cuenta la intensidad y peligrosidad de la agresión, así, como la forma de proceder del agresor. Por tanto, la justicia y equidad consiste en medir la proporcionalidad que hay entre el peligro de la agresión, y el acto de defenderse legítimamente.  

La falta de provocación suficiente de quien hace la defensa.- Es decir, el agredido que busca defenderse no debe haber provocado, incitado o insultado al agresor, para que éste ejecute algo por el hecho de verse enojado. Es decir, quien se defiende no debe obedecer a un comportamiento que haya originado reacciones de terceros contra él, y más bien, deberá actuar por el mero objetivo de neutralizar a su inminente agresor.

Felizmente, la legislación penal incorporó como presupuesto esencial  La racionalidad,a diferencia de La proporcionalidad, que estuvo tipificada en nuestro Código Penal hasta el año 2003. Con ese criterio, muchos ciudadanos que hicieron uso de la Defensa propia y/o Legítima defensa, pero que no emplearon un medio proporcional para defenderse, tuvieron que purgar cárcel por no haber actuado de acuerdo a ley.

Es decir, si anteriormente un agresor atacaba con un cuchillo y el ciudadano se defendía con un arma de fuego; ya no podía acogerse a la Legítima defensa; sencillamente, porque en aquel incidente no hubo Proporcionalidad. Eso significa, que el agresor ilegítimo estuvo en desventaja porque atacó con un arma blanca y el ciudadano se defendió legítimamente, pero con un arma de fuego.

Sugiero que al momento de vernos patrocinados por abogados penalistas, seamos acuciosos a la hora de elegirlos, porque siempre encontraremos juzgadores de naturaleza sui géneris que obedecen a un afán de distanciarse de la norma, y es precisamente en ese momento donde nuestros abogados defensores tendrán que elaborar una convincente teoría del caso

En ese sentido, recordemos aquel sonadísimo caso de enero de 2012, donde el joven universitario Gastón Mansilla Yupanqui de 20 años, ante la inseguridad ciudadana que reinaba en las arterias capitalinas, optó por comprarse una pistola con su licencia respectiva. Luego, cuando Mansilla salía de sus clases de la universidad Villarreal, fue perseguido y atacado por dos delincuentes en las inmediaciones de la avenida Tacna en el centro de Lima, y cuando uno de los agresores intentó acuchillar al joven, éste extrajo su arma de fuego y abatió a su atacante.

El caso se volvió mediático porque el joven universitario inmediatamente fue internado al penal San Jorge por homicidio simple, sencillamente, porque la jueza Asunción Puma León que resolvió el caso, había basado su resolución de prisión preventiva contra Mansilla con el presupuesto de la Proporcionalidad de medios, cuando en realidad, en esa época ese presupuesto ya había sido excluido como valoración en el Código Penal, porque había sido reemplazado por la Racionalidad. No obstante, la jueza fue procesada por prevaricato y OCMA la separó del cargo y le abrió un proceso disciplinario por incapaz. Asimismo, el Fiscal Provincial Penal Juan Héctor de La Cruz Aguilar, que formuló la denuncia contra el joven universitario, también fue investigado por la Oficina de Control Interno del ministerio Público por haber incurrido en una falta de análisis respecto a la Legítima defensa. 

Jueza Asunción Puma León que injustamente envío a prisión al joven Gastón Mansilla Yupanqui.

Afortunadamente, el joven universitario tras cuatro días de encierro, fue absuelto y puesto en libertad; lo que sin duda, coadyuvó en parte a generar un precedente positivo. Sin embargo, aún continúan las inconsistencias en los fallos que tienen que ver la con la Legítima defensa

Finalmente, cabe reflexionar y formular una pregunta de rigor ¿La Legítima defensa favorece realmente a la ciudadanía… o a los criminales?

En los últimos años la SUCAMEC ha sido muy inquisidora con los civiles que requieren una licencia de uso de armas de fuego para sus defensas personales; eso, sin mencionar la inversión onerosa y los procesos administrativos engorrosos que obligadamente debe emprender un administrado.

Pero, esa inquisición y coerción no se da en los criminales y bandas organizadas que cuentan con los más grandes arsenales, que adquieren en el mercado negro a vista y paciencia de los aparatos de inteligencia de la Policía Nacional. Como decía el locutor Humberto Martínez Morosini: “Aquí no pasa nada”. Ante ello, y ante la creciente ola de violencia que en la era post-Covid ganará más terreno delictivo, urge inmediatamente una Política Pública de Desarme Nacional.

Es decir, ya es hora de que se articule un trabajo conjunto entre El Congreso (para emitir el marco legal), el ministerio del Interior, ministerio de Defensa, los gobiernos locales y regionales, para que de una vez, emprendan una requisa permanente de las armas de fuego ilícitas que se encuentran en todo el territorio nacional. E Insisto: el desarme deberá ser permanente, a través de un Decreto Legislativo, y no, un saludo a la bandera, como hasta hoy se ha venido dando de forma intermitente en la provincia constitucional del Callao.  

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Política

Pedro Cateriano y el nuevo Gabinete

Redacción Lima Gris

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Con la salida de Vicente Zeballos, Pedro Cateriano asumió la Presidencia del Consejo de Ministros, en este nuevo gabinete aparecen nombres nuevos y también se confirma la salida de personajes cuestionados en el gobierno del presidente Martín Vizcarra.

Aquí los nombres completos del nuevo Gabinete.

Pedro Cateriano, Presidente del Consejo de Ministros

María Antonieta Alva, Ministra de Economía y Finanzas

Mario López Chavarri, ministro de Relaciones Exteriores  

Walter Martos Ruiz, ministro de Defensa

Jorge Eduardo Montoya Pérez, ministro del Interior

Ana Cristina Neyra, ministra de Justicia y Derechos Humanos

Martín Benavides Abanto, ministro de Educación

Pilar Mazzetti, ministra de Salud

Jorge Luis Montenegro, ministro de Agricultura y Riego

Martín Adolfo Ruggero, ministro de Trabajo

José Antonio Salardi Rodríguez, ministro de Producción

Rocío Barrios Alvarado, ministra de Comercio Exterior y Turismo

Carlos Estramadoyro Mori, ministro de Transportes y Comunicaciones

Carlos Lozada Contreras, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Gloria Montenegro Figueroa, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Kirla Echegaray Alfaro, ministra de Ambiente

Alejandro Neyra, ministro de Cultura

Patricia Donayre, ministra de Desarrollo e Inclusión Social

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Política

Las jugadas del poder

Edwin Cavello Limas

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El Fiscal Ávalos presentó dos denuncias constitucionales contra el congresista Edgard Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Esto sucedió justo cuando la Comisión está por presentar el predictamen de la investigación del caso «Richard Swing«, un caso que viene generando un sismo político en el Ejecutivo y que continúa destapando una larga lista de involucrados donde se incluye a varios funcionarios del Ministerio de Cultura y especialmente a funcionarios que trabajaron en el gobierno de Ollanta Humala, y que usaron el Ministerio de Agricultura como reducto para posicionarse en buenos puestos en el actual gobierno de Martín Vizcarra, incluso algunos de ellos están como funcionarios en Palacio de Gobierno.

La mujer con más poder en el gobierno y con más presencia que la primera dama en el ambiente palaciego, se llama Mirian Morales. Conocida actualmente por contratar a la tía de su hija en el Estado, además, de que su ex pareja y padre de su hija también trabaja en el Gobierno de Vizcarra. Morales es una de las personas claves en el caso de Richard Swing y su permanencia en Palacio de Gobierno luego de las diversas denuncias se debe a su poder y a otros temas que sabe sobre el presidente Vizcarra.

¿Por qué el presidente no le pidió su renuncia? ¿Por qué Vizcarra no ha dicho ni una sola palabra sobre el tema? es claro que hay temor por el destape que se viene, y el gesto de ese temor es el accionar del Fiscal Ávalos. ¿Todavía siguen creyendo en la independencia de poderes?

Justo cuando la Comisión de Fiscalización también ha retomado el caso Chinchero y Conirsa se inicia un intento por bloquear las investigaciones de parlamentario Edgard Alarcón.

El 10 de julio los citados en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República eran: Fredy Herrera Begazo (cuñado de Vizcarra), exconsultor del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), pero el cuñado no se presentó. Leonidas Huber Valdivia Pinto, ex director Ejecutivo del Programa Subsectorial de Irrigaciones y María Sara Aguirre Pajuelo, subsecretaria de la Secretaria General del Despacho Presidencial. Al final la Comisión la sesión fue suspendida y ninguno de los tres citados se hicieron presente. 

Francis Allison era uno de los dos abogados que representaba a Fredy Herrera Begazo, pero según nuestra fuente el abogado y político, renunció a la defensa del cuñado del presidente Vizcarra. Por su parte, Herrera Begazo solicitó la reprogramación de su citación en la Comisión de Fiscalización.

Dentro de la lista de los próximos citados a la Comisión de Fiscalización, figuran el propio presidente Martín Vizcarra, la primera dama Maribel Díaz Cabello y el ministro de Agricultura Jorge Luis Montenegro. Además, no se descarta que se le sume a las investigaciones a la señora Rossmary Silva Acevedo, tía de sus hijos del presidente.

En política jamás habrá casualidades, ya que en medio de esto el Partido Morado y Frente Amplio piden la renuncia de Edgar Alarcón y Omar Chehade a las comisiones de Fiscalización y Constitución. ¿De quién será el Jaque mate?

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Política

Presidente Vizcarra: tía de sus hijos contrató con el Estado durante su gobierno

Redacción Lima Gris

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Panorama revela las contrataciones de la tía de los hijos del presidente Martín Vizcarra. «Una fotografía tomada el 24 de mayo del 2018, cuando Martín Vizcarra ya era presidente de la República muestra cómo a su lado posa Rossmary Silva Acevedo, la cuñada del matrimonio Vizcarra- Díaz, quien habría sido nombrada Jefa de la Unidad Territorial del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) de Moquegua».

«Rossmary Silva está casada con Gabriel Díaz Cabello, el hermano menor de la primera dama y no solo el cuñado del presidente Vizcarra ha estado ligado al Estado durante su gestión, la cuñada de la primera dama también, ambas mantienen una relación muy cercana, al punto que Rossmary es uno de los pocos familiares que visita en Palacio de Gobierno a Mirabel Díaz, esposa del presidente Vizcarra. Se trata de puestos que han ocupado familiares del presidente. Sin ningún problema Martín Vizcarra le ha abierto las puertas de su despacho a su concuñada, cuando era Ministro de Transportes y Comunicaciones, también  cuando era vicepresidente e incluso hoy cuando ejerce la presidencia de la República», señala el reportaje.

La confianza y la cercana relación familiar se hace más evidente, ya que Rossmary Silva estuvo presente en el palco presidencial durante la juramentación de Vizcarra como presidente de la República en el 2018. Las cámaras hasta captaron el instante en que Silva sostuvo al bebé de su cuñada, Maribel Díaz.

Aquí el reportaje completo.

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Crónica

«No somos objetos descartables»: obreras de la Municipalidad de Lima en pie de lucha

Sol Pozzi-Escot

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(Isabel Cortez, obrera de limpieza pública, luchadora social)

Crónica y fotos por Sol Pozzi-Escot

“Hemos sido retenidas, golpeadas, rociadas con agua sucia con gusanos”, cuenta Isabel Cortez, obrera de limpieza pública y dirigente del SITOBUR (Sindicato de Trabajadores Obreros de Limpieza Pública de Lima), respecto al arbitrario arresto del que fue víctima la noche del lunes 6 de Julio mientras protestaba por sus derechos laborales. Ayer, viernes 10, los golpes no fueron físicos, fueron burocráticos: la sesión extraordinaria del concejo municipal convocada para tal fecha no logró incluir en un muy cuestionado proceso de licitación de personal de limpieza, iniciado por el alcalde de Lima Jorge Muñoz, una cláusula que permita a 504 actuales trabajadores de limpieza pública mantener sus puestos de trabajo cuando se otorgue la buena pro a la eventual empresa elegida, ni, mucho menos, se logró suspender el cuasi-ilegal proceso. Welcome to Limaflores.

La lampa vs. la escoba

“Nosotros hemos laborado en condiciones terciarizadas ilegales”, explica Raúl Oviedo, secretario general de SITOBUR. Conversamos en el plantón convocado por el sindicato, para el día de ayer, en la plazuela Santo Domingo del Cercado de Lima. Eran las 8 de la mañana, y un coro de alrededor de 50 trabajadores de limpieza pública, secundaba con sus cánticos la indignación del líder sindicalista:

“Héroes a la calle, por culpa del alcalde”.

Para Oviedo, el asunto es simple: el actual proceso de licitación iniciado por el acciopopulista Jorge Muñoz es nulo, pues contradice diametralmente dos sentencias: una emitida por el Tribunal Constitucional que determina que, por tratarse de un servicio esencial y continuo, la limpieza pública no debe ser terciarizada, sino debe ser asumida por la Municipalidad de Lima, y otra, de la Corte Suprema, que dictamina que 296 de los actuales 800 trabajadores de INNOVA- de los cuales, por cierto, el 70% son mujeres- deben pasar de la planilla de dicha service, que hoy opera bajo concesión para la Municipalidad, a aquella de la Municipalidad directamente. Oviedo cuenta que el alcalde Muñoz ha dado ciertos pasos para incluir a estos 296, pero los otros 504, quedan en el aire. Un amenazante camión lanzaaguas se estaciona en la esquina frente a la plazuela. Continuamos.

“¡Muñoz se está volviendo Castañeda!”, se lamenta Oviedo: cuando se lanzó por primera vez esta licitación, en marzo de este año, los regidores no fueron notificados, lo que lo lleva a pensar, me confiesa, que el alcalde está actuando por su cuenta, intentando, a como dé lugar, sacar adelante el proceso. Se pregunta por qué no da la cara, por qué se niega a recibirlos y en su lugar les manda a gerentes municipales, quienes, en una oportunidad, llegaron a decirle que una vez se escoja una nueva empresa de limpieza pública, le darían a los trabajadores actuales la dirección de dicha compañía para que vayan a solicitarles trabajo.

Raúl Oviedo se dirige a los medios

Crónica de una sesión accidentada

La sesión parecía arrancar bien. El alcalde Muñoz había incluso tenido el gesto de aceptar el pedido de los regidores del partido Podemos de incluir entre los oradores a Raúl Oviedo, quien no dudó en alzar su voz de reclamo cuando se le dio la palabra. Fue, sin embargo, cuando intervino el regidor Víctor Aguilar, que las cosas tomaron nuevos giros. En efecto, Aguilar cedió minutos de su tiempo de intervención a Isabel Cortez, para que pueda expresarle directamente su indignación al alcalde.

Le cortaron la transmisión. No la dejaron hablar. “Estamos indignadas”, me cuenta después Isabel. “Nosotras las trabajadoras de limpieza somos como hermanas, somos una familia y es muy doloroso encontrarnos en esta situación, genera mucha impotencia». Pero apretar mute en algún sistema de conferencias virtuales no es suficiente para callar esas voces que, juntas y esperanzadas, como una real familia, se alzan en dignidad. Aguilar reclama, Isabel puede hablar: “¡Dé la cara, señor alcalde!”, le exige.

Pero el alcalde siguió en su salsa, y, argumentando otros compromisos relacionados a su gestión, se retiró de la sesión. Uno tras otro, hablaron los 36 regidores. Pasaban las horas pero nada pasaba: el resultado de la sesión era, ya, predecible. Las trabajadoras empezaban a sentarse en el suelo de la plazuela. La repentina llegada de la congresista Cecilia García solo permitió levantar los ánimos por unos cuantos minutos. En la sesión del concejo, todos pontificaban. En la plaza, volaban palomas grises.

Una breve pausa en una lucha de décadas

Burocracia nuestra de cada día

El proceso iniciado por el alcalde Muñoz está plagado de falencias. El regidor Carlo Ángeles tuvo la amabilidad- y la paciencia- de explicarme, vía telefónica, por qué este proceso debió ser declarado nulo. En efecto, dentro del espectro de las licitaciones, una concesión no es lo mismo que una contratación pública. La primera está prevista en la Ley Orgánica de Municipalidades y representa la cesión, de parte de la Municipalidad, de un sector de sus operaciones. La segunda, por su parte, se rige bajo la ley de Contrataciones del Estado y no está contemplada por la Ley Orgánica de Municipalidades. Sin embargo, explica el regidor Ángeles, el modelo de este proceso no corresponde al de una concesión, sino al de una contratación pública.

¿Por qué se quiere seguir un proceso de una manera que la ley no contempla? Volvamos a la sentencia del Tribunal Constitucional. Esta determina que el servicio de limpieza pública, por ser de carácter permanente y esencial, no se puede terciarizar, pero sí se puede dar en concesión bajo la Ley Orgánica de Municipalidades. Y es en base a esta sentencia que la Corte Suprema dictaminó que los 296 obreros públicos en cuestión deben ser incorporados a planilla municipal. Dar la buena pro en el marco de una concesión implicaría reconocer el dictamen de la Corte Suprema y el TC. Sin embargo, rescata Ángeles, la sesión del día viernes permitió a los regidores municipales llegar a un consenso: la Comisión Legal y aquella de Asuntos Económicos harán un estudio de la actual propuesta para determinar si, posteriormente, incluir en un contrato de concesión una cláusula que garantice el empleo de los actuales 800 obreros de limpieza pública, o, sino, crear una empresa municipal de servicios de limpieza pública que acoja a todos estos trabajadores, siendo ambas propuestas legalmente viables.

“No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, afirma Isabel Cortez una vez concluida la sesión extraordinaria. “Estamos cansadas: pasan los alcaldes por el sillón municipal, pero ninguno tiene esa mirada humana”. Me habla, y es como si en su voz siguieran retumbando los ecos de los cánticos de sus compañeras: “No somos objetos descartables, no somos objetos descartables”. La lucha continúa, y no habrá lampa que pueda con la escoba.

Obreras de limpieza pública en búsqueda de justicia

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Política

Benavides se queda sin licenciamiento

Redacción Lima Gris

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El Congreso de la República hace unos días aprobó la creación de una Comisión Investigadora para indagar en las irregularidades que asomaron en el licenciamiento que la Sunedu otorgó a las universidades UTP y UPAL. La reacción del ministro de Educación, Martín Benavides Abanto, fue organizarse uno de los tours mediáticos complacientes que ha puesto de moda el gobierno cada vez que aparecen evidencias de malos manejos. Su frase fuerza —de acuerdo al media training— fue que las críticas “representan un ataque a la reforma universitaria” y que se trata de una “investigación que no es seria” en alusión a los informes de Lima Gris que pusieron al descubierto los extraños manejos en la Sunedu cuando Benavides era el Superintendente. A su vez, Oswaldo Zegarra, el actual titular interino de la Sunedu, salió de pronto a luz pública con dos curiosos ataques: la amenaza de una denuncia penal a Lima Gris por haber “iniciado la campaña” y la reprimenda a las más altas autoridades del país en estos términos: “No escucho al presidente ni al primer ministro defender la reforma universitaria”.

Ambos dislates pueden ser entendibles porque durante semanas el ministro Benavides se pasó declarando como si fuera jefe de la Sunedu que, al final, el real jefe mostró estar totalmente fuera de forma y se despistó y volcó dando tales declaraciones.

En Lima Gris hemos venido investigando y publicando el proceso de los licenciamientos que recibieron la UTP —licenciada sin tener locales, bibliotecas, laboratorios, licencia de funcionamiento— y UPAL —la universidad fantasma que nunca dictó una clase y no tiene un solo alumno—. Hemos mostrado una parte de la frondosa y contundente documentación con que contamos y la nerviosa reacción del ministro Benavides, en lugar de dar respuestas, ha consistido en un ejercicio humorístico, pues, según él aquello que se publica en un portal web “no es una investigación seria”. Traicionado por el inconsciente, Benavides terminó diciendo que la legitimidad de un medio de comunicación es la que dicta el gobierno, es decir, “si hablan a mi favor son serios”.

La legitimidad a un medio periodístico no se la da el gobierno o un ministro. La clave de la legitimidad surge de la información fidedigna que los lectores reciben y evalúan. Es por eso que nosotros trabajamos en función al compromiso con nuestros lectores. No somos El Grupo El Comercio cuyos medios reciben importantes pautas publicitarias de parte del Gobierno y, además, han resultado beneficiados con millonarios préstamos de Reactiva Perú. Sabemos que existe un divorcio entre periodistas y medios, pero en Lima Gris esa relación sigue latente y vigorosa y no tenemos interés en divulgar la “verdad” oficial y tampoco incurrir en los bochornosos discursos de las conferencias del medio día.

Intentar deslegitimar o amedrentar a un medio y sus periodistas es una vieja práctica de los malos políticos que siempre terminan arrollados por la verdad. Quizá al ministro Benavides y a su guiñol Zegarra les sirva esta cita del periodista Edward R. Murrow “No descendemos de hombres temerosos, de hombres que temían escribir, hablar, asociarse y defender causas que eran, por el momento, impopulares”.

Se habla de una supuesta reforma universitaria, una reforma a la que tratan de darle el estatus de intocable porque, según Benavides y su prensa, es cuasi perfecta. Lo hacen con el fácil escudo de que se cerraron universidades que no merecían funcionar, pero un acierto no justifica las sombras de presunta corrupción que se debe investigar en la Sunedu. Y hay un punto central que no se debe olvidar y es el que sostiene las investigaciones de Lima Gris: una reforma universitaria que deja en la calle a los estudiantes, no es un buena reforma. Una reforma que no beneficia a los estudiantes, no es una reforma válida. Las universidades se sustentan en la presencia de los estudiantes. Sin ellos, no hay universidad. ¿Cómo puede ser buena una reforma que expulsa a casi 200 mil estudiantes sin darles alternativas? 

El ministro Benavides y su coro de periodistas hablan de “una campaña en contra de la reforma”. Y cuestionan que se organice “una campaña”. Curiosa manera de ver la paja en el ojo ajeno porque resulta, precisamente, que quienes se pasean por los medios de comunicación son el ministro Benavides y Oswaldo Zegarra, el ¿titular? de la Sunedu. Y detrás de ellos, con primera plana del diario El Comercio los exministros de Educación Marilú Martens, Idel Vexler, Daniel Alfaro y Flor Pablo, todos ellos personajes cuestionados que bajo el titular de “Una mirada profunda a la reforma universitaria” intentan construir un respaldo al hoy investigado Martín Benavides Abanto.

Si esos personajes tuviesen respeto a sí mismos deberían dirigir su “mirada profunda” a las oscuridades de un licenciamiento organizado para entregarle el mercado universitario de provincias a la UTP. Es evidente que el profundo atractivo es que esa universidad pertenece a Intercorp. ¿Por qué no se preguntan qué va a pasar con los estudiantes que la Sunedu puso en las calles negándoles un futuro profesional?

El Congreso de la República es cuestionado e incurre en actos que generan críticas, es verdad, pero, también es cierto que ya fue creada la Comisión investigadora con 101 votos a favor, 16 en contra y 8 abstenciones. Quiérase o no es un claro mensaje contra la gestión de Martín Benavides en la Sunedu. La Comisión de Educación por un periodo de 120 días, investigará y evaluará los licenciamientos otorgados a la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL). Esa será la ocasión para confrontar los actos de Benavides que los titulares de prensa amistosos intentan ocultar.

Existe un hecho que genera el nerviosismo de Benavides que fue expresado por su subordinado Oswaldo Zegarra que funge de jefe de la Sunedu: el silencio del presidente Vizcarra y del premier Zeballos sobre la “magnífica” reforma universitaria. Ese silencio tiene una gran elocuencia en privado: la salida de Benavides del gabinete ministerial se aproxima y sin los resguardos del poder y las pautas publicitarias, tendrá que rendir cuentas sobre los sombríos licenciamientos a las universidades UTP y UPAL. Y también entenderá que las investigaciones serias se hacen, hoy, en los portales web.

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Política

American Horror History

Roberto Ramírez Manchego

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El 4 de Julio de 1776 los padres de la patria norteamericana redactaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, bajo el paradigma de la igualdad; pero esos hombres iguales no eran todos los hombres que se habían constituido en suelo norteamericano y la Constitución diseñada posteriormente bajo el abstracto preámbulo: “Nosotros el pueblo” no incluía a todos los estadounidenses. La esclavitud, que venía desde los primeros asentamientos de colonos, se aparejó con el nacimiento oficial del país. Se puede decir, sin embargo, que estos padres de la patria no veían la esclavitud como una próspera y honorable institución sino como una especie de perversidad funcional con la cual no estaban necesariamente conformes.

De hecho ellos mismos a nivel personal y político tuvieron actitudes para controlar y (en un futuro) disminuir dicha institución. Que su abolición oficial haya comenzado luego del separatismo de los estados sureños que se ampararon en la potestad estatal y llevaron al país a una desgastante guerra civil, de profundas resonancias actuales, es reflejo de los profundos desencuentros y contrariedades de una sociedad que en su épica histórica intentó mostrarse como el lugar de los sueños y la libertad. Pero ese intento de igualdad que comenzó luego de la guerra de secesión no tuvo el camino libre; muchos estados buscaron los modos de perpetuar la opresión amparados en su potestad de decidir las leyes, así, no solamente los afroamericanos vieron acotadas sus reivindicaciones sino también las numerosas etnias indígenas, muchas de ellas desaparecidas en los albores de las guerras de independencia. Sin ir más lejos y en pleno siglo XX la construcción del monumento a la épica norteamericana en el monte Rushmore, lugar considerado sagrado por la etnia sioux, expresa muy bien las fracturas del estabilishment norteamericano con sus coterráneos.

Esta herencia dolorosa y controversial lejos de disminuir se ha ido actualizando callada o de modo grandilocuente en el imaginario norteamericano, opiniones y argumentos en dichos sentidos siguen generando recuerdos y heridas que polarizan a sus ciudadanos. Por eso el discurso de Donald Trump – en el sentido que Norteamérica se encuentra en una lucha contra unos intereses que buscan destruir la historia y el modo de vida americano que comenzó desde la llegada de Colón en 1492 – no solamente demuestra una inexactitud histórica sino que remueve los mismos sentimientos que el país del norte no puede superar.

Inexactitud, pues la llegada de Colón a América en la búsqueda de una ruta comercial hacia las Indias no generó per se ningún modo de vida americano. Descontando que Colón llegó con el aval de la monarquía española, luego de haber ofrecido su empresa a la corona británica, quienes rechazaron sostener dicho proyecto por el costo económico que representaba para un imperio envuelto en constantes gastos para mantener su poderío bélico frente a las demás naciones hegemónicas de la época.

Así pues y como es sabido la corona española tomo posesión de los dominios americanos, por lo que la llegada de los colonos británicos al norte del continente –  espacio geográfico que la corona española no había tenido interés en explotar – se produjo mucho después, luego de la ocupación de este lugar por franceses, holandeses y miembros de otras naciones. Hablar así de un modo de vida americano desde 1492 es un despropósito. Fueron, además, los ingentes recursos que la tierra americana les proporcionaba a los colonos británicos más el tráfico esclavista y la política colonial lo que proporcionó las bases de su prosperidad económica, y esto a su vez les dotó de recursos para erigirse como un esforzado rival contra el imperio británico. Pero ni aún en vísperas de la consolidación de su independencia se podía hablar cabalmente de un modo de vida americano, de hecho los estados eran políticos en su interior, pero muy poco unidos; los protestantes, puritanos, agricultores, esclavistas y traficantes de los diversos estados de la futura nación tenían menos cosas en común aparte del sueño de independencia; fue recién ante las duras coacciones británicas que el ansia de libertad se erigió como parangón y nacieron los sueños federados. La guerra de independencia no fue pues por defender un modo de vida americano estable y cabal, sino por el derecho de consolidar formalmente un proyecto de vida americano que comenzaba a dar sus primeros pasos.

Por eso las palabras de Trump  en el contexto de la pandemia tienen analogías escabrosas con el pasado. Si en el interín de las guerras de independencia Washington ordenó a sus tropas inocularse el virus de la viruela -que había comenzado a diezmar a los habitantes del país– para controlar sus efectos y decidir los hombres que eran aptos para la guerra; y si Wilson en el contexto de la Primera Guerra Mundial no priorizó las implicancias de la gripe española por enfocarse en la participación norteamericana en el contexto bélico; Trump por el contrario enmarca las protestas recientes –que expresan fracturas antiquísimas– en el contexto de una guerra cultural. Así la mascarilla, lejos de ser una medida sanitaria, se ha convertido en un emblema político.

 El coronavirus -como la viruela en el contexto de las guerras por la independencia y la gripe española en el contexto de la primera guerra mundial– se ha vuelto el telón de fondo de una guerra enmarcada por Trump: la guerra cultural. Que se libra no solamente en el espacio físico sino también en el virtual. Sin embargo, no ver el otro aspecto de las protestas sería tener sesgado el panorama; el justo reclamo de Black Lives Matter a raíz de la muerte de George Floyd ha degenerado en varios casos de vandalismo y destrucción de monumentos, no necesariamente de personalidades racistas o de confederados de la guerra civil, sino también de personalidades que en muchos casos fueron artífices de la derrota de los proyectos de confederación.

Un replanteamiento de los sucesos no puede hacerse pues tumbando cualquier tipo de símbolo del pasado, solamente por pertenecer al pasado, sin tener una claridad mínima sobre qué expresaban dichas manifestaciones. Aunado a eso la censura moral e ideológica en diversos medios norteamericanos, las diversas posturas en redes y las decisiones de varios empresarios basados en una corrección política han llevado a un grupo nutrido de intelectuales a publicar una carta en la revista Harper’s advirtiendo sobre la escalada de intolerancia. En resumen; han dicho que Trump representa un peligro para la democracia, pero ciertas actitudes progresistas a favor de la justicia social y la inclusión, desarticulan el debate, pues en lugar de generar espacios de discusión recurren a la censura, al boicot y al ostracismo de las opiniones discordantes rebajando así el ideal democrático por el que dicen luchar.

El punto de advertencia de los firmantes genera un breve cisma en la unidad del progresismo norteamericano, pero la discordancia desde el interior no se agota en ellos. En el lado republicano son muchas las personalidades que desde la entrada al gobierno de Trump le han puesto el alto a sus posturas políticas, desde la carta de un alto funcionario de la administración norteamericana, quejándose por el errático comportamiento del presidente, publicado el año pasado en The New York Times, hasta los diversos libros de funcionarios de las altas esferas que retratan a Trump como un energúmeno que genera inseguridades en su propia administración; pasando por el proyecto Lincoln, de republicanos que buscan deshacerse políticamente de su líder. Así pues incluso desde adentro se genera un clima polar en los proyectos de los diversos actores políticos.

Con miras a las elecciones de noviembre varios políticos demócratas y republicanos coinciden en que Trump no ha prestado atención a la llamada trama rusa, además de criticar su aislacionismo frente a los aliados tradicionales en el espectro geopolítico norteamericano y su acercamiento a líderes de tendencia dictatorial. Joe Biden su rival demócrata en las elecciones de noviembre ha capitalizado estas ideas y comienza a ascender en las lides electorales. Mientras tanto Trump sigue apelando a las palabras que su ya catequizado auditorio conoce: guerra, democracia, historia, libertad. Como decía Gotfried Benn: “Palabras, palabras … sustantivos, solamente tienen que abrir las alas y milenios caen de su vuelo”.   

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