Política
El embuste del Bono Familiar Universal

El 16 de marzo el presidente Martín Vizcarra decretó el Estado de Emergencia Nacional y se inició una cuarentena obligatoria para evitar la propagación de la Covid-19. Y a los pocos días anunció la entrega del bono Yo me quedo en casa de S/380 soles para cada familia vulnerable de extrema pobreza. Aquel bono estuvo destinado a 2.5 millones de familias pobres y luego se duplicó a S/760 soles debido a la ampliación del confinamiento. Luego vino el Bono Independiente, también de S/760 soles y que fue destinado a 800 mil familias de trabajadores independientes que dejaron de tener ingresos durante la cuarentena. Después vino el Bono Rural de S/760 soles para 837 mil familias muy pobres de todos los rincones del país. Y finalmente el presidente anunció el Bono Familiar Universal.
Hasta ese momento Martín Vizcarra gozaba de popularidad porque salía en mensajes diarios para explicar a la ciudadanía cuáles eran los planes que estaban poniendo en marcha para contrarrestar la falta de ingresos que sufrían los peruanos. Entonces, como aparentemente ya estaban cumpliendo con las familias de extrema pobreza, con los trabajadores independientes que no gozaban de ingresos, con las familias rurales, con los trabajadores dependientes que retiraron parte de sus CTS y AFP, y con los aportantes desempleados que retiraron 2 mil soles de sus AFP; finalmente, faltaba algo…
Ese algo… al principio pareció haber calado en el Presidente para inducirlo a la reflexión y el 23 de abril en un nuevo mensaje palaciego lanzó el denominado Bono Familiar Universal. En palabras del mandatario aquel nuevo bono iba a ser destinado para el resto de familias que no fueron beneficiadas con los primeros bonos y/o subsidios. Es decir, para acceder a ese nuevo bono solamente se requería tener una familia, contar con DNI, y no percibir ingreso alguno durante la cuarentena.

Con esa noticia, todos creímos que ante su naturaleza de que sea Universal, por provenir de un universo, tal como se menciona en trabajos metodológicos de muestreos y estadísticas; entonces el universo vendría a ser: todos los ciudadanos que residen en suelo nacional. Sin embargo, para acceder a dicho subsidio, luego pusieron algunas condiciones, entre ellas, que dentro de la familia beneficiada, no haya un miembro que figure en planilla pública ni privada, que tampoco goce de pensiones del Estado y obviamente, que no haya sido beneficiado por los anteriores bonos.
En suma, desde que el gobierno estableció sus restricciones, aquel bono jamás debió llamarse Familiar Universal; y a partir de ese instante Martín Vizcarra y su ministra Ariela Luna cayeron en una serie de contradicciones, porque dijeron que el subsidio alcanzaría a beneficiar a 6,8 millones de familias, es decir a 75% de hogares en el Perú que faltaban ser asistidos; incluso, según el mapa conceptual que el propio presidente mostró en su conferencia de prensa en abril, señaló que como el 25% de hogares en planilla contaban con un ingreso económico comprobado (se refería a 2.2 millones de familias); entonces, se tendría que atender al resto de hogares del Perú y que según el mapa significaba un 75% restante, y que en cifras concretas alcanzaría a 6.8 millones de hogares; todo ello se cuantificó sobre un universo total de 9.09 millones de hogares y que a su vez equivalen a los 31.9 millones de habitantes en Perú; es decir, todo el universo nacional.
Hasta ahí la teoría cuantitativa sonaba muy bonita, pero en la práctica eso nunca se cumplió, porque como mencionamos al principio, aquel bono tuvo sus candados y restricciones. Y luego de anunciada la norma, el MIDIS colgó un link en la web para que todos los ciudadanos puedan inscribirse y después de ser evaluados y sean declarados beneficiarios, se podía contar con un acceso para seguir los siguientes pasos para su cobro. Seguidamente, como el gobierno se percató de los errores y las deficiencias de ese primer padrón virtual, entonces, se creó la plataforma de RENIEC denominada Registro Nacional de Hogares.

Eso significó que el resto de ciudadanos que fueron rechazados por distintas razones en la inscripción del primer padrón, podrían esta vez inscribirse en aquel nuevo registro web sin ningún problema ya que antes fueron excluidos. Ante esa situación, realicé un somero trabajo de campo y con las medidas pertinentes recorrí algunas arterias de mi distrito y exhorté a varias personas que fueron excluidas en el primer intento de inscripción, a que nuevamente lo intenten en aquel Registro de RENIEC. Cabe mencionar, que las personas que entrevisté cumplían con todos los requisitos que exige el gobierno, es decir, dentro de sus núcleos familiares no había integrantes que contaban con trabajos estatales, privados y menos con alguna pensión del Estado, y tampoco recibieron los bonos anteriores.
La verborrea y las inconsistencias cuantitativas que maneja el presidente Vizcarra
El 24 de junio el gobierno anunció a través de la Oficina General de Comunicación Estratégica del MIDIS, que cerca de 5.3 millones de hogares ya han cobrado los bonos de 760 soles: Yo me quedo en Casa, Rural, Independiente, y Familiar Universal. Y que desde el 20 de mayo se inició el pago del primer tramo del Bono Familiar Universal, y que además, a partir del 1 de junio comenzaron a pagar el Bono Familiar Universal destinado a los 743,702 hogares usuarios de los programas Juntos, Pensión 65, y Contigo y que de ese grupo incluido en programas sociales, el 94.8% ya recibió el subsidio monetario. Y ahora ¿Cómo pueden admitir que casi 750 mil hogares beneficiarios de otras pensiones y/o programas del Estado, hayan cobrado el Bono Familiar Universal? Si al principio estaban impedidos.
También mencionan que el Bono Familiar Universal ya fue recibido por 1.4 millones de hogares y que es equivalente según ellos a un avance del 84.8%. Eso no tiene sentido, porque si fuera cierto o al menos verosímil que 1.4 millones de hogares ya obtuvieron ese bono, entonces significaría que aún restan 5.4 millones de familias a la espera del subsidio universal. En ese sentido ¿Cómo pueden consignar oficialmente que ya entregaron el bono a un 84.8% de familias? si tomamos en cuenta que ese porcentaje equivaldría a 5´766,400 millones de peruanos, y en términos matemáticos entonces solamente faltarían 1´033,660 familias por cobrar. Ante esa maraña de datos oficiales y aseveraciones, solo podemos vislumbrar que el gobierno está tratando de confundir a la opinión pública cuando arguye que ya llegaron al 84.8% de avance; porque están omitiendo que ese avance obedece al pago de los 4 bonos juntos; pero dan a entender que ese alto porcentaje pagado equivale a los casi 5.8 millones de peruanos beneficiarios del Bono Familiar Universal, cuando en realidad todo eso es absolutamente falso.

Asimismo, y según las recientes declaraciones del presidente Martín Vizcarra, la meta inicial de llegar a 6.8 millones de hogares, se ha elevado a 7.5 millones; es decir, el gobierno va a incluir a 700 mil familias más, para el cobro del Bono Familiar Universal, porque alegan que los hogares que no fueron considerados en ningún bono, tuvieron la oportunidad durante dos semanas de actualizar sus datos en la plataforma web del Registro Nacional de Hogares de RENIEC hasta el último día de plazo que venció el 3 de junio, y que por ello, ahora 3 millones de hogares actualizaron su data. Además, aseguran que actualmente se está desarrollando el proceso de análisis y verificación de esa información, con la finalidad de elaborar la segunda relación de hogares que recibirán el Bono Familiar Universal.
En el MIDIS insisten en mencionar que en el segundo tramo del Bono Familiar Universal van a acceder aquellos hogares que actualizaron sus datos, y que no hayan recibido bono alguno, además que no tengan miembros en planilla pública o privada y que ninguno de sus integrantes perciba un ingreso superior a los 3 mil soles mensuales. Asimismo, aseguran que en los próximos días se podrá conocer los nuevos hogares beneficiados con el bono y que estiman que serán alrededor de 1.5 millones.
Pero las cifras no cuadran, porque la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna añadió que ya se han entregado bonos a 5.3 millones de hogares y que falta cubrir un poco más de 2 millones y que dentro de ese saldo están los hogares que recibirán el segundo tramo, con el que sumarían 7.5 millones de hogares con subsidios en todo el Perú.
La ministra ha vertido declaraciones inexactas y contradictorias. ¿Acaso tiene problemas de concentración cuando analiza los datos subsidiados; o está mintiendo al país?
Lo cierto es, que hasta el momento miles de hogares que cumplieron con las fechas de inscripción en el primer padrón de registro, nunca obtuvieron respuestas, ni en sus correos electrónicos personales, ni en los SMS de sus celulares; y como se vieron excluidos, acudieron a la plataforma alternativa del Registro Nacional de Hogares, y si bien, muchos de ellos no pudieron quedar registrados, porque recibieron una respuesta que decía que un miembro del grupo familiar ya había sido asistido por uno de los anteriores bonos; otros hogares sí pudieron inscribirse con éxito en aquel Registro; es decir, no obtuvieron una inmediata respuesta negativa, pero a pesar de ello… hasta el día de hoy no reciben ninguna respuesta.
Actualmente, y según las declaraciones que he recibido de gente que aún tiene esperanzas de poder acceder al subsidio universal, comprobé que por estos días continúan intentando reinscribirse en el link https://bonouniversalfamiliar.pe/ y se puede leer una inscripción que dice: Consulta aquí tu subsidio monetario. Inmediatamente se tiene que rellenar dos recuadros, el primero, para consignar el DNI, y el segundo, para consignar la fecha de emisión del mismo; y luego de clicar la consulta, sucede algo insólito; el sistema automáticamente redirige la petición hacia otra página donde se lee: El DNI o la fecha de emisión es incorrecta; o no te encuentras en el padrón de beneficiarios. Consulta si otro miembro de tu hogar se encuentra en el padrón de beneficiarios.
Y luego de clicar en el recuadro que dice: INGRESA AQUÍ para la nueva consulta, sucede algo más insólito; el sistema una vez más redirige la última consulta del usuario a la página del Registro Nacional de Hogares; y lo que dice es reamente increíble: “COMUNICADO: Registro Nacional de Hogares hasta el 3 de junio. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) informan a la ciudadanía que se podrá acceder al Registro Nacional de Hogares hasta las 23:59 horas del miércoles 3 de junio. La extensión del plazo busca facilitar el ingreso a la plataforma virtual para registrar datos referidos al ciudadano y al hogar que conforma. Recordamos que la información que se registre tiene carácter de declaración jurada. Lima, 31 de mayo de 2020”.

Es decir, el gobierno, a través del ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del ministerio de Trabajo, y de RENIEC, se sigue burlando de la gente que aún mantiene esperanzas, pero que lamentablemente ya corroboró que fue engañada. Y a pesar que ahora salen con el rollo que siguen analizando y verificando el proceso, porque ya van a colgar en la web la nueva relacion de hogares beneficiados; gran parte de la población ya no cree en el gobierno, porque aquel Bono Familiar Universal, desde el principio estuvo mal denominado, y más bien, debió llamarse Bono Selectivo Familiar.
Bonus track
La incoherencia y afán que muestra el presidente Martín Vizcarra al pretender quedar bien con algunos sectores laborales, a pesar que sigue desprotegiendo a cientos de miles de personas que ni siquiera tienen un trabajo, ni otra subvención que les haya permitido supervivir durante los 107 días de cuarentena y que hasta hoy no pueden cobrar aquel Bono Familiar Universal, ha llegado a niveles insospechados de falta de empatía e indolencia, porque incluso anunció un Bono de S/720 soles para 119 mil policías, militares y agentes del Instituto Nacional Penitenciario; así como un bono de S/300 soles para el personal de tropa acuartelado. Asimismo, acaba de lanzar un Bono de Suspensión Perfecta de Labores de S/760 soles para los trabajadores que fueron suspendidos temporalmente en sus trabajos.
Nadie se opone a que el gobierno subsidie a esos sectores mencionados, pero también hay prioridades, y lo cierto es que esos sectores, con excepción de los suspendidos laboralmente, han percibido y siguen percibiendo sus salarios, por lo tanto y aunque suene duro, ellos aún no pertenecen a la categoría de grupos vulnerados, porque tienen empleo. Y el presidente Vizcarra una vez más mintió en su discurso, cuando mencionó que ningún ciudadano del Perú se quedaría sin recibir su Bono Familiar Universal.
Política
El Congreso avanza hacia la inhabilitación de Betssy Chávez
El peso de la responsabilidad por intentar quebrar el orden constitucional. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe que recomienda inhabilitar por 10 años a la exprimera ministra Betssy Chávez.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por la legisladora de APP María Acuña Peralta, aprobó el informe que recomienda la inhabilitación por diez años para toda función pública de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino. Señalada como una de las figuras clave detrás del intento de golpe de Estado encabezado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, Chávez enfrenta ahora una de las sanciones políticas más severas previstas por la Constitución.
El proceso avanza con rapidez. La exministra no presentó defensa ante la subcomisión, ni de forma personal ni mediante un abogado, lo que facilitó el trámite y dejó su situación aún más comprometida. Esta ausencia levanta preguntas sobre su estrategia legal, pero también refuerza la percepción de una falta de interés por enfrentar las consecuencias institucionales de sus actos.
Actualmente detenida mientras avanza el proceso penal en su contra, Chávez Chino ha quedado políticamente aislada. Aunque tendrá la oportunidad de ejercer su defensa ante la Comisión Permanente y ante el pleno del Congreso, el camino hacia la inhabilitación parece cada vez más inevitable.

Más allá de la figura de Betssy Chávez, este caso marca un punto de inflexión en la respuesta del sistema político frente a intentos de quebrar el orden democrático. Sin embargo, también se exige autocrítica del Congreso: no debe confundirse justicia con revancha política. La transparencia y el respeto al debido proceso son cruciales para que la sanción tenga legitimidad, y no se perciba como una simple maniobra punitiva.
El informe aprobado es parte de un paquete de acciones contra exfuncionarios vinculados al intento de disolver el Congreso. Pero el castigo político debe estar acompañado de una reflexión institucional más profunda: cómo evitar que quienes llegan al poder, como Pedro Castillo o sus principales aliados, vuelvan a intentar socavar la democracia desde dentro.
Política
Polémico ‘proyecto de ley’ busca devolver brevetes a conductores ebrios
¿Segunda oportunidad o riesgo público? En Perú, conducir en estado de ebriedad es incurrir en delito de ‘peligro común’. El artículo 274° del Código Penal sanciona esta conducta con prisión, e inhabilitación, subrayando la gravedad de manejar bajo efectos del alcohol o drogas.

El congresista Jorge Flores Ancachi, ahora legislador ‘no agrupado’ tras su salida de Podemos Perú, ha reactivado la polémica con su proyecto de ley 11781/2024-CR, conocido informalmente como la “Ley del borrachito”. La iniciativa propone permitir que conductores sancionados por manejar en estado de ebriedad puedan recuperar su licencia de conducir, siempre que no hayan causado muertes, ni daños permanentes.

La propuesta contempla una amnistía parcial hasta el 31 de diciembre de 2025, permitiendo a los infractores —previo pago de una multa con descuento del 80% y la aprobación de un curso de capacitación— volver a conducir legalmente. Según Flores Ancachi, no se trata de fomentar la impunidad, sino de reconocer la posibilidad de rehabilitación y evitar sanciones “eternas” para quienes desean reinsertarse laboralmente.
Miles de conductores inhabilitados por conducir en estado de ebriedad han mostrado respaldo a la medida, argumentando que están arrepentidos, necesitan trabajar y que han sido castigados por años. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se opone con firmeza, señalando que el proyecto representa un serio retroceso en la lucha por la seguridad vial.
El debate pone sobre la mesa una tensión legítima: ¿puede una sociedad negar toda posibilidad de reinserción a un infractor que no causó daños irreparables? Pero también es necesario recordar que conducir ebrio no es un simple error: es una conducta peligrosa con potencial letal, porque es considerado un delito.
Conducir bajo influencia del alcohol es delito
Como se recuerda, conducir en estado de ebriedad en Perú constituye el delito de peligro común. El artículo 274° del Código Penal «Conducción en estado de ebriedad o drogadicción», establece que manejar bajo la influencia del alcohol o drogas es un delito, y se sanciona con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años, o con prestación de servicios comunitarios, además de la inhabilitación para conducir.
El proyecto de ley, aunque bien acertado para algunos, corre el riesgo de normalizar una falta grave y un presunto delito. Las segundas oportunidades son valiosas, pero deben estar siempre subordinadas a la responsabilidad, la prevención y el bien común.
economía
Presentan PL para que el Banco de la Nación pueda comprar y vender oro de la minería artesanal
Iniciativa presentada por el congresista Jorge Montoya busca modificar la Ley 16000 para incrementar las funciones del banco.

Arroz con mango. Pretender dotar atribuciones que no corresponden a determinada institución es como forzar a los abogados que operen a un herido, o que un ingeniero se dedique a cosechar papas; es decir, cargarles con atribuciones que no van con la naturaleza de su oficio.
A propósito de ese desbarajuste, la Comisión de Economía del Congreso de la República viene evaluando el Proyecto de Ley (PL) n. 8491 para que el Banco de la Nación (BN) pueda comprar, vender, exportar y comercializar oro proveniente de la minería artesanal y de pequeña escala.

La iniciativa ha sido presentada por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) y propone la modificatoria de los artículos 2 y 6 de la Ley 16000, la misma que regula las funciones del banco estatal.
En el mencionado PL se estipula además que la entidad deberá implementar tecnología y procedimientos para asegurar la trazabilidad, calidad y exportación de los minerales, todo ello respetando normas ambientales, tributarias y de prevención de lavado de activos.
Según el texto, el Ejecutivo tendría un plazo de 90 días para aprobar la reglamentación necesaria, en caso se apruebe la ley. El financiamiento, según se indica, se haría con cargo al presupuesto institucional del banco y sin recurrir a recursos adicionales del Tesoro Público.
Cabe precisar que uno de los argumentos principales de la propuesta es que gran parte del oro producido por la minería artesanal no es trazado ni declarado formalmente, lo que facilita su desvío hacia canales ilegales. El proyecto también afirma que países como Bolivia y Tanzania han implementado esquemas similares con resultados positivos, aunque no ofrece mayores detalles al respecto.

La postura del Banco de la Nación
En tanto, el BN envió un informe donde advirtió sobre los riesgos de aprobar el PL que propone ampliar las facultades operativas de la entidad para permitirle participar en la compra, venta y exportación de oro y minerales. Según el documento, el Banco no cuenta con experiencia en estas actividades, ya que su labor está orientada a brindar servicios financieros a entidades públicas, instituciones del sistema financiero y trabajadores del sector público, conforme a lo establecido en su Estatuto.
En adición, se señaló que habilitarlo para operar en el comercio de minerales podría generar resultados negativos debido a la falta de recursos y conocimientos técnicos, afectando incluso su desempeño actual en la prestación de servicios bancarios. Por estas razones, la Gerencia Legal no recomienda la aprobación de la iniciativa legislativa.
Por su parte, ADEX señaló que existe un alto riesgo de que la compra de oro sin conocer la procedencia de este pueda involucrar metales de origen ilegal e informal, significaría blanquear activos ilegales, con lo cual se estaría incentivando aún más la ilegalidad e informalidad del sector al monetizar el oro.
Política
Demora histórica: Gobierno anuncia financiamiento para cinco nuevos penales
El Ministerio de Economía firmó un acuerdo con CAF por USD 800 millones para mejorar el sistema penitenciario, pero persisten dudas sobre si los nuevos penales se construirán con eficiencia o volverán a demorarse por años, como ha ocurrido antes.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concretó un préstamo de US$ 800 millones con CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, destinado a financiar la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios en el país. La operación fue anunciada el 29 de junio durante la 185ª reunión del directorio de la CAF en Sevilla, España, y forma parte de un ambicioso programa liderado por el Ministerio de Justicia.

Aunque la inversión —que asciende a US$ 1,000 millones, sumando un aporte estatal de US$ 200 millones— representa un avance importante, la medida también pone en evidencia una histórica desatención del Estado en materia de infraestructura penitenciaria. Durante décadas, los centros de reclusión en el Perú han operado por encima de su capacidad, con niveles de hacinamiento que superan el 130%, sin que se hayan desarrollado políticas sostenidas para resolver el problema de fondo.
El nuevo plan contempla cinco penales, entre ellos el de Colquepata (Cusco), con capacidad para 2,500 internos, y el de Huacho (Lima), que será el más grande del país con capacidad para 16,000 personas privadas de libertad. Otros tres establecimientos se construirán en regiones aún no detalladas, sumando espacio para unos 10,000 internos adicionales.
La reforma apunta a cerrar brechas, garantizar derechos y contribuir a la reinserción social. Sin embargo, el éxito del programa dependerá no solo de la inversión, sino también de una ejecución eficiente que supere los retrasos estructurales que históricamente han postergado al sistema penitenciario peruano.
Política
JPP le cierra las puertas a Antauro Humala y solo confirma alianza con Pedro Castillo
Roberto Sánchez, presidente de JPP, negó cualquier tipo de acercamiento con líder etnocacerista.

Lo mandaron bien lejos. Luego que el líder etnocacerista, Antauro Humala, gritara a los cuatro vientos que iba a formar una alianza con el partido Juntos por el Perú (JPP) y el ex presidente Pedro Castillo. “Esta coalición es un bloque nuevo y aquí estoy dando la primicia, la presentación de un bloque nacionalista”, mencionó en hace poco de una semana Humala Tasso.
Ahora, el propio presidente de JPP, Roberto Sánchez, salió a aclarar que en realidad solo existe un pacto con el expresidente Castillo, desmintiendo por otro lado cualquier lazo con Antauro Humala.
“Juntos por el Perú y el movimiento liderado por el presidente Pedro Castillo, solo ambos, han suscrito su unidad política y electoral en este nuevo momento de llamado a la unidad popular más amplia que ha realizado Castillo”, manifestó el parlamentario para el diario El Comercio.

Asimismo, el exministro de Comercio Exterior durante el mandato de Pedro Castillo, subrayó que sí existen conversaciones separadas tanto con Castillo Terrones como con Antauro Humala y que las decisiones definitivas sobre alianzas se tomarán antes del 2 de agosto, fecha límite para la presentación de alianzas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Por su parte, desde sectores internos y aliados de Castillo se confirmó que, hasta el momento, no existe una mesa de diálogo directa entre Castillo y Humala.
Tal parece que las exigencias de Antauro Humala habrían caído muy mal dentro de JPP, insinuándose un presunto pedido para su agrupación encabece la nómina presidencial y de postulantes al Congreso. Estas diferencias se suman a pugnas internas en el partido, donde un sector rechaza la posible alianza con Humala y acusa a Sánchez de irregularidades en el manejo del comité electoral interno.
Política
Trenes sin rieles: el proyecto de López Aliaga y el conflicto con el MTC
Mientras el alcalde de Lima prioriza anuncios cargados de campaña electoral, el proyecto ferroviario hacia Chosica avanza sin infraestructura ni coordinación técnica. La llegada de trenes usados evidencia más improvisación que planificación, en medio de un nuevo conflicto con el Ministerio de Transportes.

La reciente iniciativa del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de adquirir trenes usados para implementar un servicio ferroviario entre Lima y Chosica ha vuelto a generar polémica. Lejos de ser una propuesta articulada con el Ejecutivo, esta acción se enfrenta a objeciones técnicas claras y revive la ya conocida confrontación entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
El titular del MTC, César Sandoval, ha advertido que las vías necesarias para operar estos trenes no están habilitadas ni cuentan con la infraestructura mínima para una marcha blanca —un periodo de prueba previo al funcionamiento comercial. En otras palabras, los trenes que pretende traer el alcalde no tienen dónde operar con seguridad ni viabilidad técnica, al menos por ahora. A pesar de ello, López Aliaga ha insistido en el anuncio de una marcha blanca, una declaración que parece más un acto de campaña presidencial, que una planificación responsable de política pública.

El alcalde, conocido por su estilo confrontacional, ha optado nuevamente por llevar el debate al terreno político, dejando de lado una coordinación técnica elemental con el MTC, que —según ha declarado su ministro— no está poniendo trabas al proyecto y ha mostrado disposición al diálogo. Esta respuesta del Ejecutivo desarma en parte la narrativa del bloqueo institucional que López Aliaga ha pretendido difundir.
Más allá de los protagonismos, el fondo del problema es preocupante. Traer trenes usados, sin haber garantizado previamente las condiciones mínimas de operación, es una señal de improvisación y de una peligrosa desconexión con las exigencias técnicas de un proyecto de transporte masivo. Además, sin un plan de integración con el sistema de movilidad de la ciudad, lo que podría terminar vendiéndose como un avance en infraestructura urbana, podría convertirse en una inversión ineficiente o incluso en un monumento a la descoordinación institucional.
La capital necesita trenes, sí, pero también necesita planificación, transparencia y diálogo entre niveles de gobierno. La urgencia electoral de un personaje que parece haberse olvidado de los problemas de la comuna metropolitana no puede sobrepasar las necesidades reales de una ciudad que, más que anuncios, requiere soluciones viables.
Política
‘Renovación Popular’ defiende a Patricia Benavides y denuncia a Delia Espinoza
¿Justicia o intereses cruzados? La bancada ultraconservadora presentó una queja ante la JNJ para solicitar la destitución de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y la suspensión temporal de los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena.

La reciente queja presentada por la bancada de ‘Renovación Popular’ ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, y otros tres fiscales supremos, plantea más preguntas que certezas. Alegando “faltas muy graves” por desobedecer la orden de reponer a Patricia Benavides Vargas en el cargo, los congresistas solicitan una suspensión temporal e incluso la eventual destitución de los involucrados. ¿Es un verdadero intento por defender la legalidad o simplemente una maniobra política para proteger a una aliada?

No sorprende el respaldo de ‘Renovación Popular’ a Benavides Vargas, quien fue suspendida por el Poder Judicial mientras es investigada por presunto cohecho. Su figura, aunque controversial, ha sido vista por sectores conservadores como un contrapeso frente a decisiones de la JNJ que han incomodado al Congreso. El problema radica en el sesgo evidente: mientras se minimiza la gravedad de las acusaciones contra Patricia Benavides, se cuestiona a Delia Espinoza por no acatar una disposición administrativa, cuyo alcance jurídico aún es materia de debate.

Pero Espinoza Valenzuela tampoco queda libre de escrutinio. En su intento por sostenerse en el cargo tras la orden de la JNJ, su resistencia ha generado dudas sobre si su permanencia responde a la defensa institucional o a intereses personales. Acusaciones como “vigilias internas” e instrumentalización de funcionarios menores no pueden ser tomadas a la ligera, y la falta de claridad en sus motivaciones ha alimentado el desgaste de la imagen del Ministerio Público; aunque ella lo niegue y salga a decir que “la Fiscalía no está en crisis”.

El fondo del asunto trasciende la pugna entre dos señoras del Ministerio Público: pone en evidencia cómo la justicia se ha convertido en un campo de batalla política. Mientras ‘Renovación Popular’ actúa como defensor político de Patricia Benavides, bajo el argumento de “resistencia a la autoridad”, se omite que esa misma autoridad —la JNJ— dictó medidas contra ella por causas penales, no disciplinarias.

La institucionalidad se erosiona cuando las reglas se interpretan a conveniencia. La ciudadanía asiste, una vez más, a una disputa que parece menos sobre justicia y más sobre quién controla el poder dentro del sistema fiscal. Mientras tanto, ni Delia Espinoza, ni su detractora Patricia Benavides están exentas de responsabilidad en este clima de desconfianza.
Política
Porky en su laberinto: entre trenes viejos y los 200 millones de dólares que se pagará a Rutas de Lima
Los oscuros días del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

El alcalde de Lima Rafael López Aliaga se encuentra inmerso en fuertes cuestionamientos. Su gestión viene siendo golpeada por sus propias decisiones. Traer unos trenes viejos al país —que para muchos es considerado chatarra— ha visibilizado que sus promesas fueron falsas. Una ciudad no puede convertirse en potencia mundial haciendo uso de trenes que otro país descarta.
A esto se suma la ausencia de un plan cultural para Lima. Además, recientemente la Corte de Apelaciones del distrito de Columbia, en los Estados Unidos, ratificó el pasado 24 de junio dos laudos arbitrales internacionales que ordenan a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), dirigida por Rafael López Aliaga, el pago de aproximadamente 200 millones de dólares a Rutas de Lima.
Un gran detalle que no se le ha escapado a la jueza Ana C. Reyes, de la Corte de Columbia, fueron las reiteradas declaraciones del alcalde de Lima, quien se oponía públicamente en pagarle a la concesionaria. Tales declaraciones le permitieron a la jueza sacar una conclusión.
Esto no saldrá del bolsillo de Porky, los 200 millones de dólares lo pagaremos todos los peruanos.
Aquí el programa de Lima Gris radio con más detalles de Porky en su laberinto.
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