Política
El doble discurso del Partido Morado
“El doble discurso del Partido Morado revela su forma de actuar en política. Siendo una minoría se hicieron del Poder Ejecutivo y hoy el Perú vive un desgobierno debido a la incapacidad de Francisco Sagasti. Aquí un repaso de sus propias palabras en medio de la crisis que vive el país”.
En estos momentos la muerte del joven norteño Jorge Muñoz Jiménez en el ejercicio de su legitima protesta no cobra relevancia ni en los medios, ni en la Defensoría del Pueblo, ni en las ONG pro Derechos Humanos como la CNDDHH, ni en este gobierno, y tampoco en el Congreso. A diferencia de las muertes de Inti y Bryan que merecieron el repudio de todos los sectores mencionados.
La escena política nacional se ha mantenido encrespada desde que el expresidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso en setiembre de 2019. Luego vino la pandemia y el moqueguano terminó siendo vacado en noviembre de este año; entonces, el congresista Manuel Merino asumió la presidencia del Perú basado en la prerrogativa constitucional (artículo 113º inciso 2 de la Carta Magna) y desde allí empezó una guerra sin cuartel liderada por un grupo parlamentario que siempre dio muestras de querer llegar al Legislativo para impulsar leyes que cautelaran los intereses de grupos empresariales y de las ONG ambientalistas y de género.
Dicho grupo parlamentario pertenece al Partido Morado y jugaron en pared con otros aliados, como el Defensor del Pueblo, los medios de comunicación masivos, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y un constitucionalista de nombre Omar Cairo que esgrime opiniones disparatadas pro Vizcarra-Guzmán.
El congresista Alberto de Belaúnde nunca salió a pedir disculpas por los fake news que emitió a diestra y siniestra en su cuenta de twitter, cuando hizo una campaña feroz para azuzar a la gente de que se levante por las supuestas desapariciones forzadas. Las mismas que fueron desmentidas, incluso por la propia Defensoría del Pueblo, que no le quedó otra opción que emitir un comunicado para informar que los “47 desaparecidos” nunca estuvieron desaparecidos.
De Belaúnde, que se proclama como un tenaz defensor de los derechos humanos, miente, tergiversa y omite información cuando le conviene. Por ejemplo, el mismo día que fallecieron los jóvenes Inti y Bryan, inmediatamente utilizó su cuenta de twitter para incentivar el odio y echar más leña al fuego y en su twitt del 14 de noviembre escribió: “Señor Merino, detenga esta barbarie”. Y luego a las pocas horas del 15 de noviembre escribió: “Por favor, reaccionemos. Las primeras horas son claves para evitar torturas y muertes. Todos exijamos: ¿DÓNDE ESTÁN?
Y a las pocas horas de ese tuit, escribió: “No se puede reconocer los valores democráticos de alguien como Merino, responsable de la vulneración de derechos humanos esta semana”.
Es decir, aprovechó la muerte de dos jóvenes para saciar el apetito de poder de su Partido Político y de la manera más diligente posteó el tuit dela Bancada Morada: “URGENTE hemos propuesto oficialmente a Francisco Sagasti como posible Presidente de transición. Nos ponemos a disposición del país por encima de los intereses partidarios y personales. Francisco es una figura que sí puede lograr los consensos requeridos”. El pez por la boca muere y con ese mensaje, simplemente demostraron que ya estaban preparando el terreno para emprender la toma del poder en manos de Francisco Sagasti.
El congresista Daniel Olivares: Este es el personaje que se enriqueció con el dinero del Estado gracias a sus exjefes: Susana Villarán, Ollanta Humala-Heredia, PPK y Fernando Zavala, que lo designó como su asesor en la PCM. Este parlamentario díscolo, hace apenas cuatro meses tuvo una rencilla con sus colegas del Congreso, que pidieron indignadas en una sesión del Pleno, que la Comisión de Ética lo sancione por salir a vociferar en medios como RPP: que los congresistas que votaron en contra de la Confianza a Pedro Cateriano, eran unos mercenarios. Hoy podemos vislumbrar que los Morados estaban heridos, porque con luz verde Cateriano en la PCM, el Perú se hubiera convertido en un festín de órdenes de servicios y gollerías para todos los amigos de su cofradía cerrada.
Ahora bien, Olivares también jugó su papel de alfil de lo Morados y por eso fue uno de los más feroces activistas durante la marcha en noviembre, con el afán de azuzar y desestabilizar el escenario político, y fiel a la consigna de su Bancada, también aprovechó el deceso de los dos jóvenes para acelerar los réditos políticos del Partido Morado y por eso el 14 de noviembre escribió en su cuenta de twitter: “Lamentamos la muerte de un compatriota ocurrida durante la marcha nacional. Exigimos la inmediata renuncia del señor Manuel Merino a la Presidencia de la República y de toda la Mesa Directiva del Congreso. Estamos preparando la moción de censura de la Mesa Directiva”. Pero, luego mostró su verdadera faz y escribió: “O se va usted, o lo sacamos nosotros. Renuncie señor Merino”.
El congresista Gino Costa: Este señor, que siempre cambió de tienda política y que desde que fue viceministro y luego ministro del Interior se convirtió en el más acérrimo enemigo de la Policía Nacional del Perú porque aún no se cansa de tener sueños de opio, al querer convertir la institución policial en una casa de civiles; tal como lo escribió en sus ensayos y libros titulados: “Civiles al poder” y “Liderazgo civil en el Mininter”, que por cierto, fueron financiados por la poderosa Open Society Institute, fundación internacional de su amigo y mecenas, el gran “George”.
No obstante, en este contexto de tomar el poder, él también jugó su papel, porque todos los días salía en los medios de comunicación que recibieron millones del expresidente Vizcarra, para vociferar que hubo un golpe de Estado; mientras se movía en sus redes sociales y por eso en su cuenta de twitter escribió: “Ha muerto un joven, que como todos los jóvenes del Perú, protestaba pacíficamente contra el atropello de Merino. Llegó la hora de que Merino renuncie YA, o que el Congreso lo censure sí o sí!!!”.
El jefe del Partido Morado, Julio Guzmán: No necesita mayor presentación, más allá de saber que está siendo investigado por la Fiscalía por presunto delito de Lavado de Activos, porque habría recibido US$ 400 mil dólares de la constructora Odebrecht para su campaña del 2016. Este señor que dejó a su acompañante entre “llamas” y que corrió raudo de un edificio miraflorino; no se corrió a la hora de subirse al coche del oportunismo político y también viajó por varias regiones para engatusar a incautos sobre el supuesto golpe de Estado y luego salió a las calles de Lima para azuzar a los civiles durante las marchas y después de la muerte del primer joven Bryan Pintado, no desaprovechó la oportunidad y escribió en su cuenta de twitter: “Renuncie Sr. Merino. Un peruano de 25 años ha sido asesinado por la policía en una manifestación pacífica. Recibió 11 disparos. También hay muchos jóvenes heridos por la represión de este gobierno golpista. Esto tiene que terminar ya”.
Francisco Sagasti: Presidente del Perú gracias al cálculo político y por encargatura. Ya desde su sillón en Palacio de Gobierno, escribió en su cuenta de twitter, a la semana de los hechos del centro de Lima: “Hace exactamente una semana las vidas de dos jóvenes peruanos se perdieron en las manifestaciones en defensa de la democracia. Inti y Bryan merecen justicia y sus muertes no quedarán impunes”.
Lo cierto es, que el gobierno transitorio de Francisco Sagasti sufrió su primera crisis desde que envió al retiro a 17 Generales de la Policía so-pretexto de cortar la corrupción y como sanción a la institución policial, por haber ejercido violencia contra los manifestantes en las marchas callejeras del centro de Lima.
Asimismo, su exministro del Interior Rubén Vargas empezó con el pie izquierdo y designó a su General preferido, César Cervantes como nuevo Comandante General de la PNP. Pero lo que finalmente lo envió al cadalso fue la revelación pública de que su hermano Zenón Vargas es un terrorista que purgó cárcel por ser militante de Sendero Luminoso.
En estos momentos la crisis política que sufre el país está in crescendo, porque ya se desataron más paros agrarios que exigen la derogación de la Ley de Promoción Agraria Nº 27360. Los bloqueos, primero fueron en Ica, luego en La Libertad y ahora en La Oroya, y además se dio ayer una marcha nacional en la Plaza San Martin en el centro de Lima. Así las cosas, el Congreso hace unas horas ha aprobado la derogación de dicha ley, luego de cinco días consecutivos de protestas en distintas regiones del país. Y por más que Francisco Sagasti haya anunciado que no observará la ley de promoción agraria, los conflictos sociales no cesarán.
Ahora bien, no se puede soslayar el primer saldo fatal de las recientes protestas que se dio el último jueves 3 de diciembre en el distrito de Chao en La Libertad, con la muerte del joven trabajador Jorge Yener Muñoz Jiménez, que recibió un disparo en la cabeza; así como la muerte de otro joven Dennis Mario Fernández González, que fue atropellado la madrugada del 4 de diciembre en Chao y que no pudo ser atendido a tiempo por falta de transporte y porque las vías estuvieron bloqueadas.
Es decir, en estos momentos la muerte del joven Muñoz Jiménez en el ejercicio de su legitima protesta no cobra relevancia ni en los medios, ni en la Defensoría del Pueblo, ni en las ONG pro Derechos Humanos como la CNDDHH, ni en este gobierno, y tampoco en el Congreso. A diferencia de las muertes de Inti y Bryan que merecieron el repudio de todos los sectores mencionados.
Y el presidente Sagasti en su breve mensaje a la nación de ayer, ni siquiera lo mencionó y tampoco dio un voto de condolencia, como sí lo hizo con los jóvenes fallecidos en Lima, e incluso se reunió con sus padres para prometerles que los indemnizarán y que les darían apoyo psicológico. Además, les prometió que dichas muertes no quedarán impunes.
El mensaje del presidente de transición es claro: Las muertes de dos jóvenes de provincia no tienen mayor importancia, a diferencia de las muertes de dos jóvenes de la capital; más aún, si éstas se dieron durante el gobierno de su adversario Manuel Merino. Y como las recientes muertes acontecidas en el norte se han dado en su gobierno Morado, entonces no conviene hacer mayor aspaviento.
Y ahora ¿Qué dicen Gino Costa, Daniel Olivares, Alberto de Belaúnde, el Defensor del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos? ¿Acaso luego de las muertes en el norte tuvieron ganas de azuzar a la gente? ¿Por qué ahora no dicen que el gobierno de Sagasti también se manchó las manos de sangre?
Actualmente, como ya están orondos en el poder y en alianza con la mesa directiva del Congreso, ya no les importa sus dizques luchas sociales y por eso sus respuestas son esquivas y políticamente correctas, a diferencia de hace tres semanas que se mostraban beligerantes.
Aquí una breve muestra de que los Morados son esclavos de sus propias palabras…
Alberto de Belaúnde, luego de la reciente muerte del trabajador agrario Jorge Yener Muñoz Jiménez, ahora cuida su lengua y mantiene un perfil bajo y apenas escribió en su cuenta de twitter. “Nadie debe morir en nuestro país en un contexto de protesta, que es un derecho fundamental. Esperamos una investigación diligente. Y que se tomen las medidas necesarias para que estos lamentables hechos no se sigan repitiendo”. Y en un twitt anterior dijo: “Es importante recordar que la protesta es un derecho. Y que frente a una protesta, el rol del Estado es garantizar que se realice, proteger a quienes participan en ella y a terceros (CIDH)”. Entonces, si él reconoce que el rol del Estado es proteger a los que participaron en una protesta ¿Por qué el gobierno de Francisco Sagasti no protegió al joven muerto en el norte?
La Bancada Morada luego de la muerte del joven norteño escribió en su cuenta de twitter: “El país atraviesa momentos muy difíciles, con retos urgentes por afrontar como la pandemia, reactivar la economía y atender justas demandas de la población. Necesitamos trabajar juntos y con responsabilidad, sin desestabilizar. Más allá de colores políticos”.
Es decir, el país se encuentra en plena convulsión social y la Bancada Morada ni siquiera menciona al joven fallecido en el norte y encima, en el colmo de la hipocresía y la doble moral: sugiere que se debe trabajar juntos y sin desestabilizar. Cuando ellos hace tres semanas fueron los primeros en desestabilizar los momentos difíciles que atravesaba el país.
Así es el doble rasero de los que tienen hambre de poder, con el pretexto de gobernar para la gente de a pie y por eso no se debe perder de vista a esa clase política cleptócrata que maneja un discurso embustero y progresista, mientras ejercen las puertas giratorias para favorecer a sus patrocinadores del empresariado y así construir la posverdad.
En este sentido, el Partido Morado con su caballito de batalla: la Bancada Morada, han sabido marcar una absurda distancia con algunos colegas parlamentarios y con la población más vulnerable, porque sufren el Síndrome de Superioridad Ilusoria y Moral, donde ellos son los únicos “intelectualoides” y “dignos” que siempre tienen la razón y por eso miran por debajo del hombro a todo quien les rodee. Y si alguien osa pensar diferente a ellos, simplemente se vuelven tus enemigos y empiezan con su sesgo hostilizador, porque son incapaces de rendirle honores a la tolerancia.
Política
TC ordena la “inmediata liberación” del dictador Alberto Fujimori
Ex mandatario estaría saliendo en cuestión de horas de penal de Barbadillo.
Vaivenes. El cierre de este año viene dando muchas sorpresas a nivel político, debido a que la población tenía centrada su atención a las investigaciones contra el hermano de la presidenta Dina Boluarte y unos presuntos favorecimientos a alcaldes, para luego enfocarse a las pugnas intestinas en la Fiscalía de la Nación, teniendo como protagonistas a la propia fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sus asesores y algunos congresistas; y lo más reciente con la orden expresa del Tribunal Constitucional (TC) de liberar al ex presidente Alberto Fujimori.
Mediante una resolución el alto tribunal ha declarado fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo de 2022 recaída en este proceso. Así, ordenan al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al director del penal Barbadillo que dispongan la “inmediata liberación” del dictador Alberto Fujimori, quien se encontraba cumpliendo 25 años de cárcel por los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Asimismo, los magistrados resolvieron “llamar severamente la atención” al juez a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, Vicente Fernández, exhortándolo a “poner más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones” al momento de ejecutar las sentencias estimatorias de habeas corpus.
TC desestima a la CIDH
En la resolución los magistrados también señalan la falta de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en materia de supervisión del cumplimiento de sentencias, a fin de disponer la inejecutabilidad de una sentencia. Esto luego que la CIDH frenara la restitución del indulto humanitario dispuesta por el TC en marzo del año pasado.
Señalan, en ese sentido, que la CIDH no tiene competencias para ordenar a un Estado, en supervisión de cumplimiento de sentencia, no ejecutar una sentencia de un tribunal nacional y solo queda facultada para dejar constancia en una resolución que se mantiene abierto el procedimiento de supervisión o, si fuera el caso, informar a la OEA.
Reacciones
Por su parte, el vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, en declaraciones para Exitosa, se pronunció tras conocerse que el Tribunal Constitucional ordenó la liberación del expresidente de la República, Alberto Fujimori, y aseguró que hoy se producirá la excarcelación de quien “nos liberó del terrorismo, de las manos de Sendero Luminoso y del MRTA”.
“Hoy día se libera a la persona que nos liberó del terrorismo, de las manos de Sendero Luminoso y el MRTA. Hoy día se libera a la persona que nos rescató de un desastre económico nunca antes visto (…) Por un tema de derecho y de humanidad, corresponde que el expresidente Alberto Fujimori ya esté en libertad”, señaló.
Política
En interrogatorio Jaime Villanueva reconoció que chats son verdaderos y que todo fue ordenado por Patricia Benavides
El hombre de confianza de la fiscal Benavides, habló en un interrogatorio y confirmó la veracidad de las conversaciones del chat con un “congresista” y añadió que las “coordinaciones” para redireccionar votos en el Parlamento, fueron ordenadas por la misma titular del Ministerio Público.
El exasesor del Ministerio Público, Jaime Villanueva, tras su detención preliminar, durante un interrogatorio confirmó que todas las capturas de chats que se difundieron el último lunes 27 de noviembre son reales y que, las coordinaciones con congresistas para obtener votos para lograr la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Avalos y la destitución de los integrantes de la Junta Nación de Justicia (JNJ) fueron ordenadas por la fiscal, Patricia Benavides.
Esta corroboración que ha revelado la veracidad de los pantallazos, hoy fue publicada por El Comercio. Y detalla cómo el subordinado de Benavides, acató sus órdenes, para coordinar y negociar la intención de los votos de los legisladores, a cambio, de archivar las investigaciones de los que estén involucrados en delitos penales.
En el interrogatorio al que Jaime Villanueva fue sometido por parte del fiscal Fredy Niño Torres del EFICCOP, se lee:
“Sí, reconozco que las imágenes que me muestra, corresponden a las capturas de pantalla de las conversaciones que tuve por el aplicativo WhatsApp con mi número 924575375 con un congresista de la República, con quien realicé coordinaciones por orden de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas”.
Villanueva no solo reconoció haber actuado por orden de Benavides, sino que también confirmó los casos de votos en los que se determinaba la injerencia de la fiscal de la Nación. Según el exasesor de Benavides, las conversaciones con el congresista se dieron “para lograr la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, así como la elección del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor”.
Sin duda, que con esta declaración del exhombre de confianza de la fiscal Benavides Vargas, la imputación de tráfico de influencias que recae sobre la titular del Ministerio Público, cobra más sentido y contundencia.
Asimismo, Jaime Villanueva en el interrogatorio habló sobre la injerencia de la fiscal de la Nación, para remover a los siete miembros que conforman la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
“Reconozco que las imágenes que me muestra corresponden a los pantallazos de las conversaciones que tuve […] con un congresista de la República, con quien realicé coordinaciones por orden de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, para que los congresistas voten a favor de la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia”.
Jaime Villanueva se acogió a la colaboración eficaz
Finalmente, trascendió que el exasesor de confianza de Patricia Benavides se acogió a la modalidad de “colaborador eficaz” para someterse a las investigaciones por el caso “La fiscal y su cúpula de poder”. Esto significaría que, en cualquier momento, se le podría revocar su orden de prisión preliminar, y quizá se le dictaría la medida de comparecencia con restricciones.
Política
Nuera de congresista Balcázar fue designada como fiscal tras reunión con asesor de Patricia Benavides [VIDEO]
El propio congresista de Perú Bicentenario admitió que entregó CV de su nuera, Scarlett Gálvez Campos, a los asesores de la fiscal de la Nación.
Política
Comisión de Ética solo sanciona con una amonestación escrita a congresista Digna Calle por estar fuera del país
Parlamentaria de Podemos Perú no tiene en mente asistir al Congreso e indica que trabajará remotamente desde su casa.
Una palmadita y todo sigue como si nada. La Comisión de Ética del Congreso de la República aprobó ayer solamente sancionar a la legisladora Digna Calle (Podemos Perú) con una escueta amonestación escrita por abusar de las licencias sin goce de haber cuando se mantuvo fuera del país por más de un año.
La decisión se tomó con seis votos a favor, cuatro en contra y una abstención. Con ello, la congresista será citada para que escuche su sanción. Esta será publicada en la página web del Congreso y se enviará a la Oficialía Mayor, precisaron fuentes de la comisión.
Los votos a favor fueron de Jorge Marticorena (Perú Bicentenario), Javier Padilla (Renovación Popular), Margot Palacios (Perú Libre), Elizabeth Taipe (Perú Libre), Héctor Ventura (Fuerza Popular) y Diego Bazán (Avanza País).
Se pronunciaron en contra los legisladores Alex Paredes (Bloque Magisterial), Héctor Valer (Somos Perú), Elías Varas (Perú Bicentenario) y Kira Alcarraz (Podemos Perú). En tanto, el único voto en abstención fue de Nelcy Heidinger (Alianza para el Progreso).
Blindaje descarado
El informe final recomendó sancionar a Calle solo con una amonestación escrita y pública a pesar de que la encontró responsable de infringir los artículos 1, 2 y 4 del Código de Ética Parlamentario, relacionados a la conducta que deben seguir los legisladores.
En el documento se señaló que la congresista estuvo fuera del país durante más de 365 días. Por ello, no cumplió con al menos 10 semanas de representación.
El informe destacó que Calle salió del país en 16 oportunidades rumbo a Estados Unidos, lo que le impidió realizar sus funciones parlamentarias. Incluso, pidió licencia apenas dos días después de asumir el cargo, en julio del 2021. Aquella vez, se ausentó entre el 29 de julio y el 15 de agosto.
“La conducta [de Calle] contraviene a los principios de respeto y responsabilidad con la ciudadanía que la eligió […] y afectó la imagen del Congreso”, señaló el informe.
También precisó que existe un “vacío legal” para la aprobación de licencias en el Congreso, “pero ello no exonera la toma de conciencia sobre la conducta ética responsable que debe tener un congresista”.
Aunque parezca increíble, la parlamentaria Calle no se ha inmutado en lo más mínimo y manifestó que continuará trabajando de manera virtual porque “el Congreso lo permite”. Además, aseguró que acudirá presencialmente a las sesiones el día que la Mesa Directiva lo disponga así.
“No hubo ninguna falta ética. Me he basado al Reglamento del Congreso de la República y la autorización que me dio el Consejo Directivo (…) Yo sigo trabajando de manera virtual porque el Congreso lo permite. El día que la presidencia llame a sesiones presenciales, ese día yo estaré. Tengo mi oficina en el tercer piso donde sigo laborando virtualmente”, declaró a la prensa semanas atrás.
Política
Bloquear carreteras y vías fluviales ahora podrían ser penalizados hasta con 15 años de cárcel
Premier Alberto Otárola hizo pública aprobación del DL 1589, buscando “garantizar la seguridad y la tranquilidad pública”.
Vías libres. El Consejo de Ministros aprobó el Decreto Legislativo (DL) 1589, que modifica el Código Penal para garantizar la seguridad y tranquilidad pública en el país con medidas que agravan las penas para aquellas personas que bloqueen importantes vías de comunicación.
Se establecen penas de hasta 15 años de prisión por el delito de disturbios, así como para quienes atenten contra la integridad y la vida de las personas o la propiedad pública o privada y colaboren en actos que entorpezcan o causen graves daños a las infraestructuras del país.
El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, explicó que el decreto sanciona la afectación de las vías terrestres y fluviales, y de la infraestructura portuaria, ferroviaria y aeroportuaria, y la vinculada con la distribución de energía, hidrocarburos y minerales, entre otras.
“Es hora de que respondan por los actos aquellos que pretender cortar, suspender o afectar los derechos de todos los peruanos”, recalcó.
La disposición legal también condena, con no menos de ocho ni más de 10 años de prisión, a quienes causen graves daños sobre los recursos, las infraestructuras y los sistemas esenciales para el desarrollo y el mantenimiento de las capacidades vinculadas con servicios públicos.
Además, contempla hasta seis años de cárcel a los que de manera voluntaria colaboren con el delito de disturbios mediante la provisión de bienes muebles, objetos o instrumentos, o de la aportación de recursos financieros.
“El marco legal ahora es bastante claro. Hacemos un llamado a las autoridades competentes, en este caso al Ministerio Público, para que a partir de la fecha, con este nuevo marco penal, apliquen las penas”, dijo.
Por su parte, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, señaló que las modificaciones al Código Penal buscan penalizar actos que abusan de las manifestaciones con el fin de salvaguardar la integridad de la ciudadanía.
Enfatizó que el aumento de penas para los delitos de bloqueo de carreteras, así como entorpecimiento de servicios públicos, tiene como objetivo proteger a la ciudadanía y los bienes públicos y privados.
“La norma tiene un valor muy importante porque está orientada a la ciudadanía. Es importante que se entienda que este decreto está orientado a proteger a la ciudadanía, pero también a proteger los bienes”, señaló.
Política
Ministro de Energía y Minas se salvó de la censura y ahora pretende viajar a Dubái
Pese a que estuvo a punto de ser destituido y salvarse de dos censuras, el ministro Oscar Vera, pretende viajar a Dubái el 7 de diciembre, con comitiva incluida, tras la masacre terrorista en Patáz y mientras se desarrollarán masivas marchas en todo el país, para pedir la renuncia de la mandataria Dina Boluarte.
Sin duda, el descaro del ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich no tiene límites, porque a pesar de haber sido interpelado dos veces en el Congreso y ser salvado de la censura sucesivamente, ahora como para despejarse de los interrogatorios y del escrutinio parlamentario, quiere viajar a Dubái para participar en la COP28 y ha enviado un oficio a la Cancillería para que le den autorización urgente y le ayuden a tramitar su periplo por los Emiratos Árabes Unidos, mientras se dio una masacre en la mina Poderosa en Patáz, que dejó un trágico saldo de diez trabajadores fallecidos y trece heridos.
Asimismo, el titular del Minem, como para no sentirse solo, ha tramitado la presencia de sus compañeros de viaje para que lo acompañen en medio oriente. Entre ellos, se encuentran el cuestionadísimo asesor del despacho ministerial, Giancarlo Paolo Víctor Mendoza Fernandini (quien tiene denuncias por violencia familiar y por resistencia a la autoridad), y el viceministro de Electricidad, Jaime Eulogio Luyo Kuong.
Cuestionado asesor del Minem, Giancarlo Paolo Víctor Mendoza Fernandini.
Denuncias del asesor del ministro Oscar Vera.
El cuestionado ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich, desde que fue designado el 10 de diciembre de 2022 como titular del portafolio, fue blanco de duras críticas por su cercanía al gobierno saliente de Pedro Castillo y por haber sostenido extrañas reuniones con el exmandatario chotano y con el exalcalde de Anguía, José Nenil Medina, ahora preso, así como por haber compartido con Evo Morales en un almuerzo en Palacio de Gobierno.
En esa línea, por otros cuestionamientos y por haber omitido sanciones administrativas en su contra, en la Declaración Jurada que presentó cuando asumió el cargo, fue interpelado el 8 de junio, en el Pleno del Congreso de la República y respondió un pliego de 29 preguntas.
Y posteriormente, en los siguientes cinco meses, el 29 de noviembre volvió a ser interpelado, con un pliego de 55 preguntas, que cuestionaron la contaminación causada en las cuencas de los ríos Llallimayo, Jatun Ayllu y Chacapalca, en la región Puno.
Sin embargo, su suerte no pudo ser mejor: en las dos interpelaciones, este ministro se salvó de la censura y sigue cobrando los 30 mil soles mensuales, como titular de un portafolio en el Ejecutivo. ¿Por qué será?
El Oficio N° 1367-2023/MINEM-SG enviado por la Secretaría General del Minem, a la Secretaría General de la Cancillería, se refiere a la COP28 para que el ministro Oscar Vera participe en la Octava edición Anual del Foro Global de Energía del Atlantic Council, que se realizará el día jueves 7 de diciembre, en plena crisis política, mientras en el país se desarrollarán masivas marchas y manifestaciones en todo el territorio nacional para exigir al gobierno de Dina Boluarte, al Congreso y la Fiscal de la Nación, que den un paso al costado y que se vayan de una vez.
El Oficio N° 1367-2023/MINEM-SG enviado por la Secretaría General del Minem.
Política
Reprograman audiencia de pedido de liberación de Pedro Castillo
Juez Juan Carlos Checkley anunció que audiencia será reprogramada “lo antes posible”.
Hasta nuevo aviso. A solicitud de la defensa del ex presidente vacado Pedro Castillo, el Poder Judicial (PJ) ha decidido reprogramar la audiencia que evaluará el petitorio para retirar la prisión preventiva que viene cumpliendo Castillo Terrones por haber perpetrado el pasado 7 de diciembre del año pasado un golpe de Estado.
La parte legal del ex mandatario sustentó que debían estar presentes en las audiencias de habeas corpus planteadas ante el Tribunal Constitucional (TC). Ni la fiscalía, ni la procuraduría se opusieron a que se cambie la fecha. Al respecto, el juez Juan Carlos Checley informó que dicha audiencia se reprogramará “lo antes posible”.
De acuerdo a Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo, existen “nuevo elementos de convicción” que demuestran que no se cumplen los requisitos para la prisión preventiva.
“Hablar y decir que hay delito de conspiración cuando el mismo tipo penal dice levantarse en armas. La pregunta acá, para hacer la tipificación y el principio de legalidad constitucional, es el presidente leyó el discurso. ¿Quién se levantó en armas? Desde mi punto de vista no se levantó en armas”, aseveró Pachas.
Así, el detenido exmandatario, quien actualmente está recluido en el penal de Barbadillo (Ate), pidió a los magistrados del TC determinar su “libertad constitucional”.
“Pero no se puede, más allá del interés político, acabar con la libertad. Pido señores magistrados y señor presidente, dignifiquen esta institución”, puntualizó.
Como se recuerda, Castillo Terrones viene cumpliendo 18 meses de prisión preventiva por los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad, la cual se cumplirá hasta el 6 de junio del año 2024. Esta situación se ve agravada por una segunda orden de prisión preventiva de 36 meses en otro importante caso relacionado con actos de corrupción durante su gobierno, lo que lo sindica como líder de una presunta red criminal.
Política
¿Martha Moyano es la congresista que entregó los chats a Marita Barreto?
En la bancada fujimorista se habla de una “traidora”, y con el seudónimo de ‘Roberto’ habría cooperado con el equipo de Marita Barreto, entregando chats y audios que involucran a la fiscal Benavides como cabecilla de una presunta red criminal.
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