«El doble discurso del Partido Morado revela su forma de actuar en política. Siendo una minoría se hicieron del Poder Ejecutivo y hoy el Perú vive un desgobierno debido a la incapacidad de Francisco Sagasti. Aquí un repaso de sus propias palabras en medio de la crisis que vive el país».
En estos momentos la muerte del joven norteño Jorge Muñoz Jiménez en el ejercicio de su legitima protesta no cobra relevancia ni en los medios, ni en la Defensoría del Pueblo, ni en las ONG pro Derechos Humanos como la CNDDHH, ni en este gobierno, y tampoco en el Congreso. A diferencia de las muertes de Inti y Bryan que merecieron el repudio de todos los sectores mencionados.
La escena política nacional se ha mantenido encrespada desde que el expresidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso en setiembre de 2019. Luego vino la pandemia y el moqueguano terminó siendo vacado en noviembre de este año; entonces, el congresista Manuel Merino asumió la presidencia del Perú basado en la prerrogativa constitucional (artículo 113º inciso 2 de la Carta Magna) y desde allí empezó una guerra sin cuartel liderada por un grupo parlamentario que siempre dio muestras de querer llegar al Legislativo para impulsar leyes que cautelaran los intereses de grupos empresariales y de las ONG ambientalistas y de género.
Dicho grupo parlamentario pertenece al PartidoMorado y jugaron en pared con otros aliados, como el Defensor del Pueblo, los medios de comunicación masivos, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y un constitucionalista de nombre Omar Cairo que esgrime opiniones disparatadas pro Vizcarra-Guzmán.
El congresista Alberto de Belaúnde nunca salió a pedir disculpas por los fake news que emitió a diestra y siniestra en su cuenta de twitter, cuando hizo una campaña feroz para azuzar a la gente de que se levante por las supuestas desapariciones forzadas. Las mismas que fueron desmentidas, incluso por la propia Defensoría del Pueblo, que no le quedó otra opción que emitir un comunicado para informar que los “47 desaparecidos” nunca estuvieron desaparecidos.
De Belaúnde, que se proclama como un tenaz defensor de los derechos humanos, miente, tergiversa y omite información cuando le conviene. Por ejemplo, el mismo día que fallecieron los jóvenes Inti y Bryan, inmediatamente utilizó su cuenta de twitter para incentivar el odio y echar más leña al fuego y en su twitt del 14 de noviembre escribió: “Señor Merino, detenga esta barbarie”. Y luego a las pocas horas del 15 de noviembre escribió: “Por favor, reaccionemos. Las primeras horas son claves para evitar torturas y muertes. Todos exijamos: ¿DÓNDE ESTÁN?
Y a las pocas horas de ese tuit, escribió: “No se puede reconocer los valores democráticos de alguien como Merino, responsable de la vulneración de derechos humanos esta semana”.
Es decir, aprovechó la muerte de dos jóvenes para saciar el apetito de poder de su Partido Político y de la manera más diligente posteó el tuit dela Bancada Morada: “URGENTE hemos propuesto oficialmente a Francisco Sagasti como posible Presidente de transición. Nos ponemos a disposición del país por encima de los intereses partidarios y personales. Francisco es una figura que sí puede lograr los consensos requeridos”. El pez por la boca muere y con ese mensaje, simplemente demostraron que ya estaban preparando el terreno para emprender la toma del poder en manos de Francisco Sagasti.
El congresista Daniel Olivares: Este es el personaje que se enriqueció con el dinero del Estado gracias a sus exjefes: Susana Villarán, Ollanta Humala-Heredia, PPK y Fernando Zavala, que lo designó como su asesor en la PCM. Este parlamentario díscolo, hace apenas cuatro meses tuvo una rencilla con sus colegas del Congreso, que pidieron indignadas en una sesión del Pleno, que la Comisión de Ética lo sancione por salir a vociferar en medios como RPP: que los congresistas que votaron en contra de la Confianza a Pedro Cateriano, eran unos mercenarios. Hoy podemos vislumbrar que los Morados estaban heridos, porque con luz verde Cateriano en la PCM, el Perú se hubiera convertido en un festín de órdenes de servicios y gollerías para todos los amigos de su cofradía cerrada.
Ahora bien, Olivares también jugó su papel de alfil de lo Morados y por eso fue uno de los más feroces activistas durante la marcha en noviembre, con el afán de azuzar y desestabilizar el escenario político, y fiel a la consigna de su Bancada, también aprovechó el deceso de los dos jóvenes para acelerar los réditos políticos del Partido Morado y por eso el 14 de noviembre escribió en su cuenta de twitter: “Lamentamos la muerte de un compatriota ocurrida durante la marcha nacional. Exigimos la inmediata renuncia del señor Manuel Merino a la Presidencia de la República y de toda la Mesa Directiva del Congreso. Estamos preparando la moción de censura de la Mesa Directiva”. Pero, luego mostró su verdadera faz y escribió: “O se va usted, o lo sacamos nosotros. Renuncie señor Merino”.
El congresista Gino Costa: Este señor, que siempre cambió de tienda política y que desde que fue viceministro y luego ministro del Interior se convirtió en el más acérrimo enemigo de la Policía Nacional del Perú porque aún no se cansa de tener sueños de opio, al querer convertir la institución policial en una casa de civiles; tal como lo escribió en sus ensayos y libros titulados: “Civiles al poder” y “Liderazgo civil en el Mininter”, que por cierto, fueron financiados por la poderosa Open Society Institute, fundación internacional de su amigo y mecenas, el gran “George”.
No obstante, en este contexto de tomar el poder, él también jugó su papel, porque todos los días salía en los medios de comunicación que recibieron millones del expresidente Vizcarra, para vociferar que hubo un golpe de Estado; mientras se movía en sus redes sociales y por eso en su cuenta de twitter escribió: “Ha muerto un joven, que como todos los jóvenes del Perú, protestaba pacíficamente contra el atropello de Merino. Llegó la hora de que Merino renuncie YA, o que el Congreso lo censure sí o sí!!!”.
El jefe del Partido Morado, Julio Guzmán: No necesita mayor presentación, más allá de saber que está siendo investigado por la Fiscalía por presunto delito de Lavado de Activos, porque habría recibido US$ 400 mil dólares de la constructora Odebrecht para su campaña del 2016. Este señor que dejó a su acompañante entre “llamas” y que corrió raudo de un edificio miraflorino; no se corrió a la hora de subirse al coche del oportunismo político y también viajó por varias regiones para engatusar a incautos sobre el supuesto golpe de Estado y luego salió a las calles de Lima para azuzar a los civiles durante las marchas y después de la muerte del primer joven Bryan Pintado, no desaprovechó la oportunidad y escribió en su cuenta de twitter:“Renuncie Sr. Merino. Un peruano de 25 años ha sido asesinado por la policía en una manifestación pacífica. Recibió 11 disparos. También hay muchos jóvenes heridos por la represión de este gobierno golpista. Esto tiene que terminar ya”.
Francisco Sagasti: Presidente del Perú gracias al cálculo político y por encargatura. Ya desde su sillón en Palacio de Gobierno, escribió en su cuenta de twitter, a la semana de los hechos del centro de Lima: “Hace exactamente una semana las vidas de dos jóvenes peruanos se perdieron en las manifestaciones en defensa de la democracia. Inti y Bryan merecen justicia y sus muertes no quedarán impunes”.
Lo cierto es, que el gobierno transitorio de Francisco Sagasti sufrió su primera crisis desde que envió al retiro a 17 Generales de la Policía so-pretexto de cortar la corrupción y como sanción a la institución policial, por haber ejercido violencia contra los manifestantes en las marchas callejeras del centro de Lima.
Asimismo, su exministro del Interior Rubén Vargas empezó con el pie izquierdo y designó a su General preferido, César Cervantes como nuevo Comandante General de la PNP. Pero lo que finalmente lo envió al cadalso fue la revelación pública de que su hermano Zenón Vargas es un terrorista que purgó cárcel por ser militante de Sendero Luminoso.
En estos momentos la crisis política que sufre el país está in crescendo, porque ya se desataron más paros agrarios que exigen la derogación de la Ley de Promoción Agraria Nº 27360. Los bloqueos, primero fueron en Ica, luego en La Libertad y ahora en La Oroya, y además se dio ayer una marcha nacional en la Plaza San Martin en el centro de Lima. Así las cosas, el Congreso hace unas horas ha aprobado la derogación de dicha ley, luego de cinco días consecutivos de protestas en distintas regiones del país. Y por más que Francisco Sagasti haya anunciado que no observará la ley de promoción agraria, los conflictos sociales no cesarán.
Ahora bien, no se puede soslayar el primer saldo fatal de las recientes protestas que se dio el último jueves 3 de diciembre en el distrito de Chao en La Libertad, con la muerte del joven trabajador Jorge Yener Muñoz Jiménez, que recibió un disparo en la cabeza; así como la muerte de otro joven Dennis Mario Fernández González, que fue atropellado la madrugada del 4 de diciembre en Chao y que no pudo ser atendido a tiempo por falta de transporte y porque las vías estuvieron bloqueadas.
Es decir, en estos momentos la muerte del joven Muñoz Jiménez en el ejercicio de su legitima protesta no cobra relevancia ni en los medios, ni en la Defensoría del Pueblo, ni en las ONG pro Derechos Humanos como la CNDDHH, ni en este gobierno, y tampoco en el Congreso. A diferencia de las muertes de Inti y Bryan que merecieron el repudio de todos los sectores mencionados.
Y el presidente Sagasti en su breve mensaje a la nación de ayer, ni siquiera lo mencionó y tampoco dio un voto de condolencia, como sí lo hizo con los jóvenes fallecidos en Lima, e incluso se reunió con sus padres para prometerles que los indemnizarán y que les darían apoyo psicológico. Además, les prometió que dichas muertes no quedarán impunes.
El mensaje del presidente de transición es claro: Las muertes de dos jóvenes de provincia no tienen mayor importancia, a diferencia de las muertes de dos jóvenes de la capital; más aún, si éstas se dieron durante el gobierno de su adversario Manuel Merino. Y como las recientes muertes acontecidas en el norte se han dado en su gobierno Morado, entonces no conviene hacer mayor aspaviento.
Y ahora ¿Qué dicen Gino Costa, Daniel Olivares, Alberto de Belaúnde, el Defensor del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos?¿Acaso luego de las muertes en el norte tuvieron ganas de azuzar a la gente? ¿Por qué ahora no dicen que el gobierno de Sagasti también se manchó las manos de sangre?
Actualmente, como ya están orondos en el poder y en alianza con la mesa directiva del Congreso, ya no les importa sus dizques luchas sociales y por eso sus respuestas son esquivas y políticamente correctas, a diferencia de hace tres semanas que se mostraban beligerantes.
Aquí una breve muestra de que los Morados son esclavos de sus propias palabras…
Alberto de Belaúnde, luego de la reciente muerte del trabajador agrario Jorge Yener Muñoz Jiménez, ahora cuida su lengua y mantiene un perfil bajo y apenas escribió en su cuenta de twitter. “Nadie debe morir en nuestro país en un contexto de protesta, que es un derecho fundamental. Esperamos una investigación diligente. Y que se tomen las medidas necesarias para que estos lamentables hechos no se sigan repitiendo”. Y en un twitt anterior dijo: “Es importante recordar que la protesta es un derecho. Y que frente a una protesta, el rol del Estado es garantizar que se realice, proteger a quienes participan en ella y a terceros (CIDH)”. Entonces, si él reconoce que el rol del Estado es proteger a los que participaron en una protesta ¿Por qué el gobierno de Francisco Sagasti no protegió al joven muerto en el norte?
La Bancada Morada luego de la muerte del joven norteño escribió en su cuenta de twitter: “El país atraviesa momentos muy difíciles, con retos urgentes por afrontar como la pandemia, reactivar la economía y atender justas demandas de la población. Necesitamos trabajar juntos y con responsabilidad, sin desestabilizar. Más allá de colores políticos”.
Es decir, el país se encuentra en plena convulsión social y la Bancada Morada ni siquiera menciona al joven fallecido en el norte y encima, en el colmo de la hipocresía y la doble moral: sugiere que se debe trabajar juntos y sin desestabilizar. Cuando ellos hace tres semanas fueron los primeros en desestabilizar los momentos difíciles que atravesaba el país.
Así es el doble rasero de los que tienen hambre de poder, con el pretexto de gobernar para la gente de a pie y por eso no se debe perder de vista a esa clase política cleptócrata que maneja un discurso embustero y progresista, mientras ejercen las puertas giratorias para favorecer a sus patrocinadores del empresariado y así construir la posverdad.
En este sentido, el Partido Morado con su caballito de batalla: la Bancada Morada, han sabido marcar una absurda distancia con algunos colegas parlamentarios y con la población más vulnerable, porque sufren el Síndrome de Superioridad Ilusoria y Moral, donde ellos son los únicos “intelectualoides” y “dignos” que siempre tienen la razón y por eso miran por debajo del hombro a todo quien les rodee. Y si alguien osa pensar diferente a ellos, simplemente se vuelven tus enemigos y empiezan con su sesgo hostilizador, porque son incapaces de rendirle honores a la tolerancia.
Luis Felipe Alpaca es egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas y estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza; asimismo estudió en la Escuela de Escritura Creativa del CCPUCP, y tiene un Diplomado de Especialista en Derecho Comercial por la Escuela Superior de Negocios. Ha sido Editor de Cultura del Diario 16, y actualmente es Editor General del Grupo Editorial Lima Gris, y es conductor del programa radial Lima Gris Radio por La estación Planicie 91.5 de la FM. Como gestor cultural ha organizado y curado exposiciones de arte y eventos ligados a los derechos culturales. Asimismo es corrector de estilo, y ha escrito más de 400 artículos relacionados a cultura, actualidad y política. Como activista social ha sido miembro de la Red del Patrimonio Cultural con el afán de defender patrimonios inmateriales y materiales como el desaparecido Palais Concert, y el Complejo Arqueológico Puruchuco. Actualmente es miembro del Colectivo Antropoceno Identidad, y ha recorrido distintas regiones del país para brindar apoyo, encuentros y conferencias en universidades con temas relacionados al arte ancestral y la cultura originaria.
Presunta ‘red de prostitución’ del Congreso pretende cambiar el rumbo de la investigación en el asesinato de Andrea Vidal
No cabe duda que en algunos congresistas ha crecido el temor de que la investigación de la ‘presunta red de prostitución’ y el asesinato de la extrabajadora que fue contratada por la influencia de Alianza para el Progreso llegue hasta el final y logre dar con los verdaderos responsables. Por ello, aducen que Andrea Vidal fue una víctima circunstancial porque quien estaba en la mira de los sicarios era el taxista.
Desde el Congreso de la República emitieron un comunicado que atribuye el asesinato de Andrea Vidal a la inseguridad ciudadana, e indicaron que los sicarios tenían como verdadero objetivo al taxista, basándose en un documento pericial de protocolo de necropsia que no tiene firmas ni sellos oficiales, ni de la Fiscalía, ni de Medicina Legal. A pesar de que la Fiscalía continúa con las investigaciones sobre el asesinato de la extrabajadora del área Legal del Parlamento quien fuera contratada por las huestes de Alianza para el Progreso (APP), desde el Legislativo algunos congresistas y funcionarios prácticamente se han atribuido el rol de fiscales y jueces porque prematuramente ya han sacado una conclusión sobre el caso.
A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el Parlamento se solidarizó con la familia de la joven e indicó que ella una víctima más del sicariato, alegando que esto lo ha determinado el análisis balístico de la Policía Nacional del Perú (PNP).
«Nos solidarizamos con la familia de la señorita Andrea Vidal. Tal como ha determinado el análisis balístico de la Policía Nacional del Perú, ha sido una víctima más del sicariato que golpea duramente a nuestra sociedad. En este caso, los criminales tenían como objetivo al conductor del taxi», escribieron.
Asimismo, el Poder Legislativo instó a la Fiscalía de la Nación a acelerar la investigación del caso y exhortó a la PNP a realizar las acciones necesarias para capturar a los criminales.
«Instamos a la Fiscalía a acelerar la investigación para esclarecer los hechos y exhortamos a la Policía Nacional a realizar las acciones que sean necesarias para la captura de los sicarios».
La necropsia de Andrea Vidal Gómez y el taxista José Vargas Briceño
El protocolo de necropsia que no tiene sellos ni firmas oficiales revela que Vidal sufrió siete impactos de bala: uno en la cabeza, específicamente en la región parietal derecha, que resultó ser la herida fatal; dos en la mama izquierda y cuatro en las extremidades inferiores (dos en el muslo derecho, uno en la pierna derecha y uno en el pie).
En cuanto al taxista, recibió 16 impactos de bala distribuidos en la cabeza (2), cuello (4), tórax (5), abdomen (1), pelvis (2) y extremidades superiores (2). Según la observación forense, la concentración de disparos en la cabeza, cuello y tórax indica que los atacantes buscaban asegurar la muerte de las víctimas.
El informe señala que la trayectoria de los proyectiles, de arriba hacia abajo, sugiere que los atacantes eran sicarios que dispararon desde vehículos en movimiento, posicionándose en paralelo al objetivo para maximizar la eficacia del ataque.
En el documento, insólitamente concluyeron que el conductor, José Daniel Vargas Briceño, era «probablemente el objetivo principal del ataque», ya que los disparos se concentraron en el parabrisas y el lado izquierdo del vehículo, coincidiendo con su posición. Además, se destaca que la participación de sicarios y la intensidad del ataque apuntan a un ajuste de cuentas por motivos criminales.
Un poco más y los agarraban en plena ‘hora loca’. Cinco trabajadores de la Municipalidad Provincial del Cusco fueron despedidos luego que se descubriera que estaban bailando y bebiendo alcohol dentro de las oficinas del Área de Fiscalización de la mencionada comuna cusqueña.
La oficina, usualmente compuesta por computadoras, escritorios y documentos, fue alterada de manera radical para darle la impresión de una discoteca, con sus luces de neón que podían ser apreciadas fácilmente desde los exteriores del edificio municipal.
En un principio todos imaginaban que esa fiesta clandestina se había realizado recientemente; sin embargo, esta tuvo lugar el pasado 27 de diciembre, cuatro días antes de las celebraciones de Año Nuevo.
En las imágenes se puede apreciar al personal de Recursos Humanos sorprendiendo en flagrancia a los trabajadores municipales cuando estos se preparaban a consumir ron con gaseosa.
La comuna cusqueña se pronunció esta semana a partir de que los videos de esta fiesta comenzaron a circular en las redes sociales.
“Tras lo ocurrido, y por mandato del alcalde Luis Pantoja, se rescindió el contrato de los cinco involucrados”, se lee en el comunicado en el que no se nombra a los implicados.
Paradójicamente, el área tiene la función de realizar intervenciones a los locales nocturnos.
En la oficina, se encontraron hasta cinco botellas de ron y gaseosa, además de las luces de fiesta y música a alto volumen, que se escuchaba desde el exterior del local municipal.
Los trabajadores, en presunto estado de ebriedad, fueron sorprendidos mientras bailaban.
De momento, la Municipalidad Provincial del Cusco comunicó que los implicados han sido sometidos a los procedimientos administrativos correspondientes y deberán responder a la Ley Disciplinaria en caso amerite.
Dina Boluarte desafía a encuestas que le dan bajas cifras: «Les he dicho que me pongan CERO»
Durante una actividad oficial la presidenta arremetió contra las encuestadoras y le atribuyó a su Gobierno el “crédito” del crecimiento económico. Asimismo, hace unas horas aseguró que se siente orgullosa de servir al pueblo de manera honesta y con las “manos limpias”, por lo que nadie puede señalarla con el dedo al aducir que no tiene carpetas fiscales por actos de corrupción.
Durante la reunión para la Gestión de Inversiones para el Desarrollo Territorial – Agenda 2025, desarrollado en el distrito de San Borja, la presidenta de la República, Dina Boluarte respondió fuerte y claro sobre las encuestas que la ponen entre las más bajas cifras de popularidad. Ante ello, la mandataria pidió que la califiquen con un “cero”, para que así la impulsen a trabajar más por el Perú.
Dina Boluarte dice que gracias a su trabajo la economía ha crecido
En su intervención, la mandataria afirmó que, pese a las críticas en contra de su gobierno, ella está demostrado que han venido trabajando con mejoras en la economía y que ese es un punto innegable; incluso, para aquellos que señalan que «no trabaja».
«Este año que terminó, 2024, vimos con satisfacción y orgullo que nuestra economía ha crecido. Eso nadie lo puede negar, ni siquiera aquellos que nos dicen que no hacemos nada y que nos ponen en las encuestas el 3%, 4%. Ayer en un periódico ‘que nos quiere mucho’ nos han puesto un puntito más. Yo lo que les he dicho es que no me hagan el favor. No les he dicho que me suban; pónganme ‘cero’, y realmente nos concentraremos en seguir trabajando», enfatizó.
«Nadie puede dirigirme el dedo» (por actos de corrupción) ¿Y el caso Rolex qué?
Asimismo, apenas hace 24 horas, desde La Libertad, anunció que nadie puede decir que su gobierno, específicamente nadie de su gabinete, ni ella, son señalados por actos de corrupción, ni que tengan investigaciones abiertas por delitos contra la administración pública.
«Con el orgullo de peruana y decir: Gracias Dios por haberme dado la oportunidad de servir a mi pueblo y lo hice de manera honesta con las ‘manos limpias’. Nadie puede dirigirme el dedo, ni a mí, ni a mis ministros. Ninguno tenemos ninguna carpeta por actos de corrupción», complementó la mandataria.
Sin embargo, Dina Boluarte omite decir que sí existe una, entre las varias investigaciones que corren en su contra y que mantienen una carpeta en el Ministerio Público, precisamente por el caso ‘Rolex’, que la acusa de enriquecimiento ilícito.
Aron Espinoza: “La incapacidad del alcalde de Lima se demuestra al no entregar una obra emblemática porque está en campaña presidencial” [VIDEO]
El regidor metropolitano remarcó que Rafael López Aliaga demuestra su incapacidad, pero además contó que ha endeudado a Lima con un crédito de más de S/5 mil millones que los pagarán los próximos 4 o 5 alcaldes y manifestó que el burgomaestre solo piensa en su campaña presidencial y no en gobernar la capital que lo eligió.
El regidor de Lima, Aron Espinoza Velarde, vuelve a cuestionar la gestión municipal del alcalde metropolitano Rafael López Aliaga y acusó a éste por múltiples razones, entre ellas de preocuparse más por su campaña presidencial en lugar de inaugurar alguna obra emblemática en 25 meses de gestión ininterrumpida.
Asimismo, por haber endeudado irresponsablemente con S/5 mil millones a la comuna capitalina con el fin de tener caja para publicitar una obra que ni siquiera tiene expediente técnico, la Vía Expresa Sur, en la que trata de amedrentar a un juez por haber concedido una medida cautelar en favor de varios vecinos de un Asentamiento Humano de San Juan de Miraflores y que a pesar de ser propietarios fueron despojados de sus casas porque éstas fueron demolidas por orden del alcalde Rafael López Aliaga.
Regidor critica que alcalde López Aliaga no respeta la propiedad de los demás
En conversación con Exitosa, el regidor Espinoza Velarde también criticó que López Aliaga a través de la Municipalidad denunciara al juez Javier Paredes Salas por presunto prevaricato y usurpación de funciones, luego de que dictara una medida cautelar que suspendía las obras de la Vía Expresa Sur.
«Ha declarado en emergencia la Vía Expresa Sur y ha encargado a EMAPE la demolición, pero le puso el alto un juez y lo único que hace es amedrentarlo. Sabemos que la obra es importante, pero ¿Qué hacemos si no respetamos la propiedad de los demás? Si no tenemos expediente técnico, ¿Cómo podemos saber el trazo real de esa obra?», denunció Espinoza.
López Aliaga en su segundo año de gestión demuestra su incapacidad
El regidor de Lima también indicó que el burgomaestre Rafael López Aliaga está demostrando su incapacidad al no entregar una obra emblemática y apuntó que el burgomaestre solo inaugura «obras pequeñas» como escaleras o losas deportivas en distritos de la capital y que además organiza grandes convocatorias con inauguraciones incluidas para presentar los grandes logros de estas “obras”.
«La incapacidad del alcalde de Lima se demuestra al no entregar, en su segundo año de gobierno, una obra emblemática que tenga el sello de Rafael López Aliaga. Lo que hace para tapar esa incapacidad de ejecución de obra, es inaugurar obras pequeñas como escaleras, losas deportivas, etc. Hace toda una gran convocatoria como si fuera una gran obra», señaló.
López Aliaga endeudó a Lima por S/5 mil millones
En esa misma línea, Aron Espinoza afirmó que los próximos 4 o 5 gobiernos pagarán la deuda que estaría dejando Rafael López Aliaga. Posteriormente, calculó que la deuda ascendería a S/5 mil millones.
«Nos hemos sobreendeudado. Hay que decirles a los limeños que los próximos 4 o 5 gobiernos, de los próximos alcaldes, pagarán la deuda que hoy ha comprometido Rafael López Aliaga, irresponsablemente. Son más de S/5 mil millones de soles (…) Esa obra (Vía Expresa Sur) también ha sido parte del gran endeudamiento que ha tenido la Municipalidad», aseveró.
El alcalde López Aliaga está enfocado en su campaña presidencial y no gobierna la ciudad capital
Finalmente, el regidor metropolitano manifestó que el burgomaestre de Lima está pensando en su campaña presidencial y no en gobernar la capital, por la que fue elegido.
«El señor está pensando en su campaña presidencial y no está pensando en gobernar Lima, por lo que fue elegido. No puede ser posible que un alcalde esté pensando en cómo se ve haciendo una obra y que esto le sirva de plataforma para ser el próximo candidato presidencial», culminó.
Pidieron a Contraloría que intervenga a la MML por financiamiento de la ‘Marcha por la Vida’
Como se recuerda, a inicios del mes de diciembre del 2024, el regidor Aron Espinoza denunció que desde las redes institucionales de la comuna metropolitana pretendieron lavarse la cara, porque anteriormente ellos eran promotores de la ‘Ley Cavero’ y también solicitó la intervención de la Contraloría por el presunto mal uso de fondos públicos para costear la denominada ‘Marcha por la vida’.
En aquel momento, el regidor criticó las acciones que venía realizando el alcalde de Lima Rafael López Aliaga y afirmó que el burgomaestre, estaba desesperado por levantar su popularidad porque estaba más preocupado en su campaña presidencial. En tal sentido, pidió que la Contraloría General de la República investigue el financiamiento de la Municipalidad Metropolitana para la ‘Marcha por la Vida y Familia’.
MML gastó más de S/9 mil en materiales para la ‘Marcha por la Vida y la Familia’
La Gerencia de Desarrollo Humano, mediante la Subgerencia de la Mujer y Familia de la Municipalidad de Lima, adquirieron miles de globos, matracas y silbatos por más de S/9 mil, con el dinero de los tributos de todos los vecinos de Lima para una marcha de color “celeste” que se desarrolló el pasado sábado 7 de diciembre del 2024.
Según la web de Convocatorias para Compras, que no sobrepasen las 8 UIT, el 04 de diciembre, la MML pidió una cotización para la compra de materiales para la ‘Marcha por la Vida y la Familia’, por el número de 1mil banderines, 2 mil globos, 30 cientos de globos pencil, 500 matracas, 500 silbatos, y otros materiales que fueron utilizados por los manifestantes durante la marcha.
Sin embargo, a la fecha esta acción continúa pasando desapercibida y la Contraloría no ha emitido ningún informe al respecto.
🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el regidor de Lima, Aron Espinoza, acusó al alcalde Rafael López Aliaga de endeudar a la MML. "Los próximos cuatro o cinco gobiernos pagarán la deuda de más de 5 mil millones", indicó.
Reasignan al capitán ‘Culebra’ a Moquegua para que cumpla funciones como policía comunitario [VIDEO]
Capitán PNP Junior Izquierdo es uno de los principales testigos en las investigaciones contra el ministro del Interior Juan José Santiváñez, quien habría ordenado el cierre de la DIVIAC, así como realizar seguimiento al comunicador Marcos Sifuentes.
Lo mandaron lejos. La Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP) designó al capitán Junior Izquierdo Yarleque, alias “Capitán Culebra”, como policía comunitario en Moquegua.
Esta resolución firmada por el general Víctor Zanabria, se emite poco después de que el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, se negara a entregar su cuenta de iCloud a la Fiscalía de la Nación, en el marco de una investigación en su contra.
El documento oficial justifica la reasignación de los oficiales subalternos de armas y servicios por la “causal de necesidad de servicio”. Sin embargo, este movimiento ha generado dudas sobre sus motivaciones, dada la situación que involucra al ministro Santiváñez.
“Reasignar cargos a los Oficiales Subalternos de Armas y Servicios de la Policía Nacional del Perú, por la causal de necesidad del servicio, con costo y sin costo para el Estado conforme a los anexos 1 y 2 que forman parte de la presente resolución”, se lee.
Antes de su reasignación, el capitán Izquierdo trabajaba en la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, gestionando operaciones de emergencia y seguridad pública sin contacto directo con la comunidad. Ahora, como policía comunitario en Moquegua, se enfocará en patrullajes a pie, sensibilización y colaboración con líderes locales para prevenir delitos.
Este cambio se produce en medio de las investigaciones que señalan al ministro Santiváñez por haber solicitado al capitán Izquierdo intervenir en el control del comunicador Marco Sifuentes.
Como se sabe, Izquierdo divulgó audios que, implicarían a Santivañez en comprometedoras conversaciones. En estos audios, se escucharía al ministro mencionar que la presidenta Dina Boluarte le habría ordenado disolver la División de Investigación de Alta Criminalidad (Diviac) para tomar el control del Ministerio del Interior. Además, se sugiere que existía una relación cercana entre ambos.
PJ ordena la liberación de José Nenil Medina, ex alcalde de Anguía [VIDEO]
Ex alcalde vinculado con Pedro Castillo es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado.
Suelto en plaza. El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó la libertad del exalcalde de Anguía en Cajamarca, José Nenil Medina Guerrero, quien es investigado por los delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado.
«Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordena la libertad del investigado José Nenil Medina Guerrero e impone las siguientes restricciones: no variar de domicilio sin autorización judicial, concurrir al Poder Judicial para control biométrico cada 15 días, no acercarse a los investigados y pagar una caución de 3 mil soles», se puede leer en la resolución.
Además, el tribunal le impuso restricciones como no variar de domicilio sin autorización judicial, concurrir al Poder Judicial para control biométrico cada 15 días, no acercarse a los investigados y pagar una caución de 3 mil soles.
El exalcalde de Anguía cumplía 30 meses de prisión preventiva como parte de la investigación por presuntamente ser parte de la red criminal enquistada en el Ministerio de Vivienda.
De acuerdo con la investigación fiscal, Medida Guerrero era miembro del denominado Gabinete en la Sombra del expresidente, Pedro Castillo, actuando como operador de una presunta red criminal.
Se le acusa de participar en negociaciones ilícitas para asegurar presupuesto de obras en Cajamarca, particularmente a través del Ministerio de Vivienda, recibiendo presuntas coimas a cambio de adjudicaciones.
En enero del año pasado, el Noveno Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda de habeas corpus a favor del exalcalde de Anguía y anuló el mandato de prisión preventiva en su contra. Sin embargo, un mes después la Tercera Sala Constitucional de Lima revocó el habeas corpus que dejaba sin efecto su reclusión.
Mentirosa y plagiadora. El Ministerio Público concluyó que el libro “Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, de coautoría de la actual jefa de Estado, Dina Boluarte, se detectaron “párrafos completos” extraídos de otros autores sin su consentimiento.
Cabe precisar que el delito de plagio ya prescribió, sin embargo, la Fiscalía ordenó retirar todos los ejemplares de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), así como la anulación definitiva de su registro legal.
De acuerdo a peritajes técnicos realizados con la colaboración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se constató la reproducción de párrafos completos de textos originales en el libro. No obstante, las diligencias no pudieron continuar debido al tiempo transcurrido desde la publicación, hace 19 años. La normativa vigente permite investigar casos similares solo dentro de un plazo de 12 años.
El proceso fiscal fue impulsado tras una denuncia periodística en el programa Punto Final que señalaba presunto plagio en la obra. El fiscal Miguel Puicón Yaipén lideró las indagaciones, que incluyeron entrevistas con los supuestos coautores del libro y un análisis técnico. Según informó el citado medio, su unidad de investigación pudo confirmar que el Ministerio Público sí corroboró plagio en la obra de la jefa de Estado. “Se advierte de la reproducción de párrafos exactos de los textos originales”.
Sin embargo, el tiempo transcurrido desde la comisión del delito obligó a las autoridades a archivar el caso penal. La Fiscalía explicó: “El transcurso del tiempo habilita la prescripción del presente caso, circunstancia que imposibilita continuar con las diligencias”. Pese a esto, se adoptaron medidas administrativas como el retiro del libro de la Biblioteca Nacional del Perú, instruyendo además la anulación de su registro.
Por su parte, los abogados Luis Gavancho, Carmen Rivera y María Chávez, supuestos coautores de la obra, manifestaron no haber aprobado el texto final de la obra, pues solo se llegó a considerar una publicación conjunta, la cual nunca se concretó.
Presentan proyecto de ley que obliga a los policías someterse a pruebas psicológicas trimestrales
La iniciativa presentada en el Congreso busca la estabilidad emocional de los agentes policiales, considerando que en los últimos años su salud mental se ha ido menoscabando. Por lo que se han reportado múltiples casos de efectivos involucrados en feminicidios, abusos sexuales, extorsión y redes criminales.
Ya no es secreto para la opinión pública que la salud mental de algunos miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) se ha visto menoscabada en los últimos tiempos por acciones antijuridicas, no solo ligadas a actos de corrupción; sino a graves delitos penales, como la violación sexual, el feminicidio, y pertenecer a bandas criminales, bajo el ropaje de un uniforme policial. Debido a estas razones, desde el Congreso proponen establecer de manera obligatoria una evaluación psicológica y periódica para todos los miembros de la Policía del Perú, mientras se encuentren en servicio activo.
De esta manera, la legisladora de la bancada de Perú Libre, María Agüero, ha presentado la propuesta legislativa N° 9928/2024-CR que busca implementar las pruebas psicológicas obligatorias para los miembros de las fuerzas del orden. La iniciativa, establece que los aspirantes a ingresar a la PNP deberán aprobar una evaluación psicológica como requisito indispensable para su admisión; aunque este requisito ya se encuentra incluido en la malla de evaluaciones al inicio de una postulación. Pero, además, se estipula que los policías que se mantengan en servicio activo se sometan a pruebas psicológicas trimestrales.
Se crearía la ‘Comisión Técnica de Evaluación Psicológica de la PNP’
La iniciativa legislativa también contempla la creación de la ‘Comisión Técnica de Evaluación Psicológica de la PNP’, que será la encargada de desarrollar, coordinar, implementar y supervisar el sistema de evaluaciones periódicas para todos los agentes de la institución policial. Este órgano será quien vele por la salud mental de todos los efectivos policiales, con el propósito de que se mantengan aptos mentalmente para el desempeño de sus funciones.
Policías que presenten diagnósticos con problemas de salud mental serán tratados
En caso de que un efectivo de la Policía presente indicios de trastornos emocionales graves, la propuesta legislativa establece su derivación a un tratamiento especializado. Pero, si el agente se niega a recibir el tratamiento psicológico, su actitud será considerada como una infracción disciplinaria, con las consecuencias que ello conlleve, como una sanción drástica.
El Congreso debatirá la propuesta legislativa
La parlamentaria Agüero sostiene que esta medida busca garantizar la integridad y eficacia de la institución policial, asegurando que sus efectivos puedan contar con la estabilidad emocional necesaria para enfrentar las exigencias de su labor diaria. «Es fundamental que nuestros policías estén en óptimas condiciones psicológicas para servir y proteger a la ciudadanía», sostuvo.
Mientras tanto, el proyecto de ley se encuentra en debate en las comisiones correspondientes del Congreso, donde se evaluará la viabilidad y las posibles modificaciones que requiera antes de ser sometido a votación en el pleno. Y de ser aprobado, marcaría un cambio importante en las políticas de recursos humanos de la Policía Nacional del Perú.