Política
El doble discurso del Partido Morado
«El doble discurso del Partido Morado revela su forma de actuar en política. Siendo una minoría se hicieron del Poder Ejecutivo y hoy el Perú vive un desgobierno debido a la incapacidad de Francisco Sagasti. Aquí un repaso de sus propias palabras en medio de la crisis que vive el país».
En estos momentos la muerte del joven norteño Jorge Muñoz Jiménez en el ejercicio de su legitima protesta no cobra relevancia ni en los medios, ni en la Defensoría del Pueblo, ni en las ONG pro Derechos Humanos como la CNDDHH, ni en este gobierno, y tampoco en el Congreso. A diferencia de las muertes de Inti y Bryan que merecieron el repudio de todos los sectores mencionados.
La escena política nacional se ha mantenido encrespada desde que el expresidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso en setiembre de 2019. Luego vino la pandemia y el moqueguano terminó siendo vacado en noviembre de este año; entonces, el congresista Manuel Merino asumió la presidencia del Perú basado en la prerrogativa constitucional (artículo 113º inciso 2 de la Carta Magna) y desde allí empezó una guerra sin cuartel liderada por un grupo parlamentario que siempre dio muestras de querer llegar al Legislativo para impulsar leyes que cautelaran los intereses de grupos empresariales y de las ONG ambientalistas y de género.
Dicho grupo parlamentario pertenece al Partido Morado y jugaron en pared con otros aliados, como el Defensor del Pueblo, los medios de comunicación masivos, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y un constitucionalista de nombre Omar Cairo que esgrime opiniones disparatadas pro Vizcarra-Guzmán.
El congresista Alberto de Belaúnde nunca salió a pedir disculpas por los fake news que emitió a diestra y siniestra en su cuenta de twitter, cuando hizo una campaña feroz para azuzar a la gente de que se levante por las supuestas desapariciones forzadas. Las mismas que fueron desmentidas, incluso por la propia Defensoría del Pueblo, que no le quedó otra opción que emitir un comunicado para informar que los “47 desaparecidos” nunca estuvieron desaparecidos.
De Belaúnde, que se proclama como un tenaz defensor de los derechos humanos, miente, tergiversa y omite información cuando le conviene. Por ejemplo, el mismo día que fallecieron los jóvenes Inti y Bryan, inmediatamente utilizó su cuenta de twitter para incentivar el odio y echar más leña al fuego y en su twitt del 14 de noviembre escribió: “Señor Merino, detenga esta barbarie”. Y luego a las pocas horas del 15 de noviembre escribió: “Por favor, reaccionemos. Las primeras horas son claves para evitar torturas y muertes. Todos exijamos: ¿DÓNDE ESTÁN?
Y a las pocas horas de ese tuit, escribió: “No se puede reconocer los valores democráticos de alguien como Merino, responsable de la vulneración de derechos humanos esta semana”.
Es decir, aprovechó la muerte de dos jóvenes para saciar el apetito de poder de su Partido Político y de la manera más diligente posteó el tuit dela Bancada Morada: “URGENTE hemos propuesto oficialmente a Francisco Sagasti como posible Presidente de transición. Nos ponemos a disposición del país por encima de los intereses partidarios y personales. Francisco es una figura que sí puede lograr los consensos requeridos”. El pez por la boca muere y con ese mensaje, simplemente demostraron que ya estaban preparando el terreno para emprender la toma del poder en manos de Francisco Sagasti.
El congresista Daniel Olivares: Este es el personaje que se enriqueció con el dinero del Estado gracias a sus exjefes: Susana Villarán, Ollanta Humala-Heredia, PPK y Fernando Zavala, que lo designó como su asesor en la PCM. Este parlamentario díscolo, hace apenas cuatro meses tuvo una rencilla con sus colegas del Congreso, que pidieron indignadas en una sesión del Pleno, que la Comisión de Ética lo sancione por salir a vociferar en medios como RPP: que los congresistas que votaron en contra de la Confianza a Pedro Cateriano, eran unos mercenarios. Hoy podemos vislumbrar que los Morados estaban heridos, porque con luz verde Cateriano en la PCM, el Perú se hubiera convertido en un festín de órdenes de servicios y gollerías para todos los amigos de su cofradía cerrada.
Ahora bien, Olivares también jugó su papel de alfil de lo Morados y por eso fue uno de los más feroces activistas durante la marcha en noviembre, con el afán de azuzar y desestabilizar el escenario político, y fiel a la consigna de su Bancada, también aprovechó el deceso de los dos jóvenes para acelerar los réditos políticos del Partido Morado y por eso el 14 de noviembre escribió en su cuenta de twitter: “Lamentamos la muerte de un compatriota ocurrida durante la marcha nacional. Exigimos la inmediata renuncia del señor Manuel Merino a la Presidencia de la República y de toda la Mesa Directiva del Congreso. Estamos preparando la moción de censura de la Mesa Directiva”. Pero, luego mostró su verdadera faz y escribió: “O se va usted, o lo sacamos nosotros. Renuncie señor Merino”.
El congresista Gino Costa: Este señor, que siempre cambió de tienda política y que desde que fue viceministro y luego ministro del Interior se convirtió en el más acérrimo enemigo de la Policía Nacional del Perú porque aún no se cansa de tener sueños de opio, al querer convertir la institución policial en una casa de civiles; tal como lo escribió en sus ensayos y libros titulados: “Civiles al poder” y “Liderazgo civil en el Mininter”, que por cierto, fueron financiados por la poderosa Open Society Institute, fundación internacional de su amigo y mecenas, el gran “George”.
No obstante, en este contexto de tomar el poder, él también jugó su papel, porque todos los días salía en los medios de comunicación que recibieron millones del expresidente Vizcarra, para vociferar que hubo un golpe de Estado; mientras se movía en sus redes sociales y por eso en su cuenta de twitter escribió: “Ha muerto un joven, que como todos los jóvenes del Perú, protestaba pacíficamente contra el atropello de Merino. Llegó la hora de que Merino renuncie YA, o que el Congreso lo censure sí o sí!!!”.
El jefe del Partido Morado, Julio Guzmán: No necesita mayor presentación, más allá de saber que está siendo investigado por la Fiscalía por presunto delito de Lavado de Activos, porque habría recibido US$ 400 mil dólares de la constructora Odebrecht para su campaña del 2016. Este señor que dejó a su acompañante entre “llamas” y que corrió raudo de un edificio miraflorino; no se corrió a la hora de subirse al coche del oportunismo político y también viajó por varias regiones para engatusar a incautos sobre el supuesto golpe de Estado y luego salió a las calles de Lima para azuzar a los civiles durante las marchas y después de la muerte del primer joven Bryan Pintado, no desaprovechó la oportunidad y escribió en su cuenta de twitter: “Renuncie Sr. Merino. Un peruano de 25 años ha sido asesinado por la policía en una manifestación pacífica. Recibió 11 disparos. También hay muchos jóvenes heridos por la represión de este gobierno golpista. Esto tiene que terminar ya”.
Francisco Sagasti: Presidente del Perú gracias al cálculo político y por encargatura. Ya desde su sillón en Palacio de Gobierno, escribió en su cuenta de twitter, a la semana de los hechos del centro de Lima: “Hace exactamente una semana las vidas de dos jóvenes peruanos se perdieron en las manifestaciones en defensa de la democracia. Inti y Bryan merecen justicia y sus muertes no quedarán impunes”.
Lo cierto es, que el gobierno transitorio de Francisco Sagasti sufrió su primera crisis desde que envió al retiro a 17 Generales de la Policía so-pretexto de cortar la corrupción y como sanción a la institución policial, por haber ejercido violencia contra los manifestantes en las marchas callejeras del centro de Lima.
Asimismo, su exministro del Interior Rubén Vargas empezó con el pie izquierdo y designó a su General preferido, César Cervantes como nuevo Comandante General de la PNP. Pero lo que finalmente lo envió al cadalso fue la revelación pública de que su hermano Zenón Vargas es un terrorista que purgó cárcel por ser militante de Sendero Luminoso.
En estos momentos la crisis política que sufre el país está in crescendo, porque ya se desataron más paros agrarios que exigen la derogación de la Ley de Promoción Agraria Nº 27360. Los bloqueos, primero fueron en Ica, luego en La Libertad y ahora en La Oroya, y además se dio ayer una marcha nacional en la Plaza San Martin en el centro de Lima. Así las cosas, el Congreso hace unas horas ha aprobado la derogación de dicha ley, luego de cinco días consecutivos de protestas en distintas regiones del país. Y por más que Francisco Sagasti haya anunciado que no observará la ley de promoción agraria, los conflictos sociales no cesarán.
Ahora bien, no se puede soslayar el primer saldo fatal de las recientes protestas que se dio el último jueves 3 de diciembre en el distrito de Chao en La Libertad, con la muerte del joven trabajador Jorge Yener Muñoz Jiménez, que recibió un disparo en la cabeza; así como la muerte de otro joven Dennis Mario Fernández González, que fue atropellado la madrugada del 4 de diciembre en Chao y que no pudo ser atendido a tiempo por falta de transporte y porque las vías estuvieron bloqueadas.
Es decir, en estos momentos la muerte del joven Muñoz Jiménez en el ejercicio de su legitima protesta no cobra relevancia ni en los medios, ni en la Defensoría del Pueblo, ni en las ONG pro Derechos Humanos como la CNDDHH, ni en este gobierno, y tampoco en el Congreso. A diferencia de las muertes de Inti y Bryan que merecieron el repudio de todos los sectores mencionados.
Y el presidente Sagasti en su breve mensaje a la nación de ayer, ni siquiera lo mencionó y tampoco dio un voto de condolencia, como sí lo hizo con los jóvenes fallecidos en Lima, e incluso se reunió con sus padres para prometerles que los indemnizarán y que les darían apoyo psicológico. Además, les prometió que dichas muertes no quedarán impunes.
El mensaje del presidente de transición es claro: Las muertes de dos jóvenes de provincia no tienen mayor importancia, a diferencia de las muertes de dos jóvenes de la capital; más aún, si éstas se dieron durante el gobierno de su adversario Manuel Merino. Y como las recientes muertes acontecidas en el norte se han dado en su gobierno Morado, entonces no conviene hacer mayor aspaviento.
Y ahora ¿Qué dicen Gino Costa, Daniel Olivares, Alberto de Belaúnde, el Defensor del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos? ¿Acaso luego de las muertes en el norte tuvieron ganas de azuzar a la gente? ¿Por qué ahora no dicen que el gobierno de Sagasti también se manchó las manos de sangre?
Actualmente, como ya están orondos en el poder y en alianza con la mesa directiva del Congreso, ya no les importa sus dizques luchas sociales y por eso sus respuestas son esquivas y políticamente correctas, a diferencia de hace tres semanas que se mostraban beligerantes.
Aquí una breve muestra de que los Morados son esclavos de sus propias palabras…
Alberto de Belaúnde, luego de la reciente muerte del trabajador agrario Jorge Yener Muñoz Jiménez, ahora cuida su lengua y mantiene un perfil bajo y apenas escribió en su cuenta de twitter. “Nadie debe morir en nuestro país en un contexto de protesta, que es un derecho fundamental. Esperamos una investigación diligente. Y que se tomen las medidas necesarias para que estos lamentables hechos no se sigan repitiendo”. Y en un twitt anterior dijo: “Es importante recordar que la protesta es un derecho. Y que frente a una protesta, el rol del Estado es garantizar que se realice, proteger a quienes participan en ella y a terceros (CIDH)”. Entonces, si él reconoce que el rol del Estado es proteger a los que participaron en una protesta ¿Por qué el gobierno de Francisco Sagasti no protegió al joven muerto en el norte?
La Bancada Morada luego de la muerte del joven norteño escribió en su cuenta de twitter: “El país atraviesa momentos muy difíciles, con retos urgentes por afrontar como la pandemia, reactivar la economía y atender justas demandas de la población. Necesitamos trabajar juntos y con responsabilidad, sin desestabilizar. Más allá de colores políticos”.
Es decir, el país se encuentra en plena convulsión social y la Bancada Morada ni siquiera menciona al joven fallecido en el norte y encima, en el colmo de la hipocresía y la doble moral: sugiere que se debe trabajar juntos y sin desestabilizar. Cuando ellos hace tres semanas fueron los primeros en desestabilizar los momentos difíciles que atravesaba el país.
Así es el doble rasero de los que tienen hambre de poder, con el pretexto de gobernar para la gente de a pie y por eso no se debe perder de vista a esa clase política cleptócrata que maneja un discurso embustero y progresista, mientras ejercen las puertas giratorias para favorecer a sus patrocinadores del empresariado y así construir la posverdad.
En este sentido, el Partido Morado con su caballito de batalla: la Bancada Morada, han sabido marcar una absurda distancia con algunos colegas parlamentarios y con la población más vulnerable, porque sufren el Síndrome de Superioridad Ilusoria y Moral, donde ellos son los únicos “intelectualoides” y “dignos” que siempre tienen la razón y por eso miran por debajo del hombro a todo quien les rodee. Y si alguien osa pensar diferente a ellos, simplemente se vuelven tus enemigos y empiezan con su sesgo hostilizador, porque son incapaces de rendirle honores a la tolerancia.
Política
Mineros informales amenazan con romper diálogo si el Gobierno no cede a sus reclamos
Mineros pretenden imponer sus condiciones, caso contrario anuncian nuevas protestas en el país.
Más de 50 personas fallecidas a causa de la minería informal, pero eso no es suficiente para muchos mineros informales que se encuentran camuflados entre algunos mineros artesanales. Para ellos, lo único que interesa es el oro, quedando en un segundo plano el derramamiento de sangre.
Pasadas las once de la mañana de hoy, los principales dirigentes de la Confederación Nacional de Federaciones Mineras del Perú (Confemin) ingresaron al despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros para sostener la cuarta mesa de diálogo con el premier Eduardo Arana y otras altas autoridades del Ejecutivo y del Legislativo.
En la importante reunión también estuvieron presentes Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), así como el expresidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, y la exvicepresidenta de dicho grupo de trabajo, Diana Gonzales.
Este importante grupo de mineros pretende doblegar al Gobierno Central para que flexibilice los plazos para regular el uso de explosivos durante la extracción del oro, caso contrario abandonarán cualquier tipo de negociación.
El detonante es el Decreto Supremo 09-2025-EM, que exige a los mineros informales obtener autorización para el uso de explosivos antes del 17 de agosto. Según Confemin, este plazo es “técnicamente inviable” y dejaría fuera del proceso a miles de trabajadores.
Previamente, Máximo Franco Béquer, presidente de Confemin, criticó que el Ejecutivo haya ignorado las observaciones planteadas en mesas técnicas y subcomisiones. Según el dirigente, hubo consenso en que los plazos eran imposibles de cumplir, pero hasta ahora no se ha hecho ningún cambio normativo.
“Si no atienden nuestras demandas, volveremos a protestar”, afirmó Ismael Palomino, coordinador nacional de Confemin. La paciencia se agota, y los gremios ya alistan acciones si el Ejecutivo mantiene la fecha límite actual.
El problema no solo afecta a quienes no han podido avanzar con la formalización. También golpea a los más de 50 mil mineros que ya fueron excluidos del Reinfo, profundizando la percepción de que el proceso está mal diseñado y genera más informalidad en lugar de reducirla.
El dato:
Un reciente informe del Observatorio de Conflictos Mineros señala que más del 50% de los conflictos sociales en el país están vinculados a la minería, especialmente a la informal y artesanal.
Política
Perú evalúa retirarse de la Corte IDH: ¿defensa de soberanía o retroceso institucional? [VIDEO]
El Gobierno inició el análisis técnico para definir si el Perú debe continuar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en medio de presiones políticas y cuestionamientos al rol del organismo adscrito a la OEA.
El Gobierno peruano ha iniciado una revisión formal sobre su continuidad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), según confirmó el ministro de Justicia, Juan Alcántara. La evaluación está siendo desarrollada por un equipo técnico conjunto entre el Ministerio de Justicia y la Cancillería, aunque aún no se ha definido una fecha para presentar conclusiones ni decisiones oficiales.
Esta revisión se produce en un contexto de creciente tensión entre el Estado peruano y el organismo internacional, tras las recientes observaciones de la Corte sobre el proyecto de ley que busca otorgar una amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa por acciones realizadas en el contexto del terrorismo de dos grupos subversivos entre 1980 y 2000. Aunque el proyecto aún se encuentra en trámite legislativo, la Corte solicitó detener su avance, lo que provocó la inmediata reacción del Ejecutivo.
Para el canciller Elmer Schialer, esta intervención es una extralimitación. “Ni siquiera es ley y ya están exigiendo una posición. ¿La Corte IDH es un gobierno supranacional?”, cuestionó en declaraciones a la prensa. La posición fue reforzada por sectores políticos, como el congresista José Cueto, quien reiteró su respaldo al retiro del Perú del sistema interamericano, al considerar que este vulnera la soberanía nacional.
No obstante, más allá del debate coyuntural, surge una pregunta de fondo: ¿ha sido favorable para el Perú mantener su participación en la Corte IDH?
Durante las últimas décadas, la Corte ha sido clave en casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta, donde se reconocieron violaciones a los derechos humanos cometidas por el propio Estado. Estos fallos contribuyeron a fortalecer la rendición de cuentas y a consolidar una institucionalidad más respetuosa de los derechos fundamentales. Sin embargo, también ha habido momentos en que sus decisiones han generado fricciones con autoridades nacionales, especialmente en asuntos vinculados a las Fuerzas Armadas y la lucha contra el terrorismo.
El dilema, por tanto, no se reduce a obedecer o no a una corte externa, sino a equilibrar el respeto a la soberanía con el compromiso internacional del país en materia de derechos humanos. Retirarse de la Corte IDH también podría enviar un mensaje preocupante sobre el retroceso en estos compromisos, especialmente en un contexto donde las instituciones democráticas ya enfrentan desafíos serios.
El debate está abierto, y su desenlace tendrá implicancias profundas en la política exterior y la salud institucional del país.
#EnVivo
— Canal N (@canalN_) August 1, 2025
Juan Alcántara, ministro de Justicia: Se está evaluando la salida de la Corte IDH, cuando tengamos el resultado del equipo técnico se dirá si es conveniente o no
Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/r9yuzEBgbD
Política
Solicitan vacancia de Gino Ríos en la JNJ por sentencias por violencia familiar
Parlamentaria Flor Pablo presentó formalmente una solicitud de vacancia contra el magistrado Gino Ríos “por carecer de idoneidad moral como exige la ley para integrar, y menos aún presidir, la JNJ”, manifestó.
La permanencia de Gino Ríos Patio en la presidencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha sido cuestionada por la congresista no agrupada, Flor Pablo Medina, quien ha solicitado formalmente su vacancia por falta de idoneidad moral, citando como fundamento dos sentencias firmes en su contra por violencia psicológica.
La solicitud fue presentada oficialmente mediante un oficio ante la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, según se informó a través de las redes sociales de la parlamentaria. En su pronunciamiento, Flor Pablo exigió a la JNJ actuar con celeridad, argumentando que un funcionario con antecedentes por violencia familiar no puede mantenerse en un cargo desde el cual se nombran jueces y fiscales, particularmente aquellos vinculados a la justicia de familia.
“Un sentenciado por violencia familiar no puede seguir nombrando jueces y fiscales. He presentado una solicitud de vacancia contra Gino Ríos por carecer de la idoneidad moral que exige la ley para integrar, y menos aún presidir, la JNJ”, expresó la congresista en la red social X.
La parlamentaria recordó que las sentencias contra Ríos Patio se emitieron en el marco de un proceso de divorcio y una denuncia por violencia familiar, ambos con resolución firme. Bajo este contexto, insistió en que la ley es clara respecto a los requisitos éticos que deben cumplir los miembros de la JNJ, entidad clave para el sistema de justicia del país.
En su oficio formal, identificado como n.° 875-2025-2026-FPM-CR, Pablo sostiene que se cumplen plenamente las causales establecidas en el artículo 13° de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que contempla la vacancia por pérdida de idoneidad moral. Además, consideró que ignorar estas causales podría debilitar gravemente la credibilidad institucional de la JNJ.
La congresista también solicitó ser notificada de los descargos y pruebas que pueda presentar el señor Ríos, para ejercer su derecho a rebatir cualquier alegación que busque invalidar la solicitud.
Con esta petición, se reabre el debate sobre los criterios éticos y la responsabilidad institucional en los altos cargos del sistema judicial, y se pone a prueba la disposición de la JNJ para aplicar con firmeza su propia normativa interna.
Política
Fiscalía Anticorrupción allana gestión de César Acuña en La Libertad
César Acuña tomó vacaciones y el Ministerio Público intervino las oficinas del Gobierno Regional de La Libertad por presuntas irregularidades en contratos de obras valorizadas en S/ 300 millones.
Mientras el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, se encuentra nuevamente fuera del cargo por vacaciones hasta el 9 de agosto —sumando ya 145 días de ausencia en lo que va del año—, el Ministerio Público ha iniciado una diligencia clave para esclarecer presuntas irregularidades en la adjudicación de dos obras públicas por casi S/ 300 millones.
La Fiscalía Anticorrupción intervino esta semana las oficinas del Gobierno Regional de La Libertad, incautando documentos relacionados con los contratos observados. Durante más de dos horas, los fiscales se reunieron con funcionarios para recoger información administrativa y escuchar los primeros descargos. El objetivo: determinar si los procesos de licitación se ajustaron de acuerdo a ley o si, por el contrario, existieron prácticas que podrían configurar presuntos delitos de corrupción.
Desde la administración regional se ha insistido en que los procedimientos fueron legales. El gerente general, Martín Namay Valderrama, aseguró que el control posterior —responsabilidad de la Contraloría— permitirá verificar la autenticidad de los documentos presentados por las empresas contratistas. Además, afirmó que la gestión regional viene colaborando con la Fiscalía y ha puesto a disposición toda la información solicitada.
Sin embargo, la investigación no se detiene en La Libertad. El consejero regional Robert de la Cruz encendió las alarmas al señalar que la empresa ganadora de las obras también ha sido beneficiada con millonarios contratos en otras regiones gobernadas por autoridades cercanas a Alianza para el Progreso (APP), el partido de César Acuña Peralta. Particularmente, mencionó Ayacucho, donde el gobernador Wilfredo Oscorima —otro aliado político de APP— ha adjudicado proyectos millonarios a la misma compañía.
Estas coincidencias, según De la Cruz, no pueden ser ignoradas y exigen una revisión más amplia del patrón de contrataciones públicas dentro de regiones dirigidas por el partido apepista. Advirtió posibles conflictos de interés y solicitó una investigación profunda, no solo desde el ámbito judicial, sino también político.
Acuña Peralta, por su parte, rechazó las acusaciones a través de redes sociales y sostuvo que su gestión se rige por principios de legalidad y transparencia. Pero su prolongada ausencia en momentos clave y la repetición de contratistas bajo su entorno partidario dejan más preguntas que respuestas.
Política
Bancada de Somos Perú ahora tiene 10 miembros tras la integración de Paul Gutiérrez
Parlamentario en este quinquenio ha pasado por cuatro bancadas.
El congresista ‘golondrino’. El parlamentario por la región Apurímac, Paul Gutiérrez Ticona, bien podría ser calificado como el típico legislador sin bandera ni ideología definida, pues desde que se estableció este Parlamento en el 2021 inició con Perú Libre para luego conformar la bancada del Juntos por el Perú, tiempo después representaba los colores del Bloque Magisterial, y tras la disolución de esta última ahora anuncia su inserción a Somos Perú.
Con la incorporación de Gutiérrez Ticona a Somos Perú, la bancada del actual presidente del Congreso, José Jerí, alcanzó los 10 integrantes. Antes de las elecciones a la Mesa Directiva 2025-2026, se incorporaron a esta bancada los congresistas Alex Paredes, Elizabeth Medina y Óscar Zea, quienes también dejaron el desintegrado Bloque Magisterial.
De esta manera, los integrantes de la bancada de Somos Perú suman 10 representantes: Alfredo Azurín Loayza, Paul Gutiérrez Ticona, José Jerí Oré, Elizabeth Medina Hermosilla, Jorge Morante Figari, Alex Paredes Gonzales, Bernando Pazo Nunura, Héctor Valer Pinto, Óscar Zea Choquechambi y Ana Zegarra Saboya.
Con este nuevo cambio la conformación de los grupos parlamentarios ha quedado de la siguiente manera: Fuerza Popular continúa siendo la bancada con más integrantes, teniendo a 21; le sigue Alianza para el Progreso con 17; detrás de ellos está Podemos Perú con 13; Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, Perú Libre y Renovación Popular tienen 11 legisladores; Somos Perú con 10; Acción Popular con 9; Avanza País con 6; Bancada Socialista, Bloque Popular Democrático, Honor y Democracia cuentan con 5 integrantes cada uno; finalmente los no agrupados suman 6.
El dato:
En febrero de 2025, la Comisión de Ética del Congreso recomendó sancionarlo con una amonestación escrita pública. Se le señalaba por incluir respuestas generadas por ChatGPT en al menos cinco proyectos de ley sin edición ni revisión adecuada, lo cual fue considerado un “descuidado uso de la inteligencia artificial”, aunque no se estableció plagio formal.
Luego de investigaciones periodísticas, Gutiérrez retiró los proyectos cuestionados. Reconoció que fue un asesor quien copió y pegó las respuestas de IA y afirmó que no supervisó los documentos antes de presentarlos oficialmente.
Política
Gobierno rechaza afirmaciones de López Aliaga y respalda al ministro Sandoval
La disputa por el proyecto ferroviario Caltrain aviva el enfrentamiento entre el MTC y la Municipalidad de Lima. La mandataria Dina Boluarte apoya al ministro César Sandoval y deslegitima las acusaciones del alcalde Rafael López Aliaga, profundizando la confrontación política.
La reciente controversia por el proyecto del Tren Lima-Chosica ha desnudado algo más que una discrepancia técnica. Ha puesto en evidencia un enfrentamiento político entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), encabezado por César Sandoval, y la Municipalidad Metropolitana de Lima, dirigida por Rafael López Aliaga. Lo que podría haber sido un debate técnico sobre movilidad urbana, terminó convertido en un intercambio de acusaciones que refleja la descoordinación entre niveles de gobierno.
El punto más álgido se produjo cuando el alcalde de Lima acusó al ministro Sandoval de intentar apropiarse del material rodante del tren con supuestos fines irregulares. Incluso fue más allá, al insinuar que el ministro había buscado respaldo político para acceder al cargo, encendiendo así una chispa que rápidamente escaló.
La respuesta no se hizo esperar. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) difundió un comunicado categórico respaldando a Sandoval y condenando lo que calificó como “lamentables expresiones” del burgomaestre. En el documento, se destaca que el titular del MTC actúa con criterios técnicos y en busca de soluciones sostenibles para el sistema de transporte, mientras se lamenta el deterioro de la coordinación interinstitucional.
Detrás del lenguaje diplomático, sin embargo, se percibe una preocupación legítima. El enfrentamiento entre dos figuras clave en la gestión de infraestructura pública pone en jaque proyectos urgentes como el tren Lima-Chosica, vital para aliviar el caos vehicular de la capital. Lejos de fomentar consensos, ambos actores han optado por el enfrentamiento público, arrastrando consigo el riesgo de paralización de obras necesarias.
El ministro Sandoval, por su parte, agradeció públicamente el respaldo de la PCM, reiterando su compromiso con cerrar brechas sociales y trabajar con gobiernos locales.
Pero ese llamado al diálogo llega después del ruido mediático, y en medio de una narrativa de poder en la que cada parte institucional parece más interesada en marcar territorio que en coordinar esfuerzos.
Más allá de quién tenga la razón técnica, lo cierto es que esta disputa política revela la fragilidad de la articulación institucional en el país. En un contexto donde la ciudadanía exige soluciones concretas al colapso del transporte, la confrontación parece ser, una vez más, el camino elegido.
Política
Mañana el Congreso decide si autoriza viaje de Dina Boluarte a Asia
Permiso de mandataria para salir del país el próximo martes con destino a Japón e Indonesia será debatido este 1 de agosto en el pleno del Congreso.
El presidente del Congreso, José Jerí (Somos Perú), anunció que este viernes 1 de agosto se pondrá a debate en el Pleno el nuevo pedido de autorización presentado por el Ejecutivo para que la mandataria Dina Boluarte pueda ausentarse del país entre el 5 y el 12 de agosto, con destino a Japón e Indonesia.
La solicitud, registrada en el Proyecto de Resolución Legislativa N° 11986/2025-PE, fue remitida al Parlamento el 29 de julio. Según se detalla, la jefa de Estado ha sido invitada por el Gobierno japonés a participar en la Exposición Universal ‘Osaka Kansai 2025’, evento que se celebrará el 9 de agosto en la ciudad de Osaka. Además, está programada una reunión bilateral con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, en Tokio, y una audiencia con el emperador Naruhito.
Posteriormente, Boluarte planea trasladarse a Indonesia, donde el 11 de agosto asistiría a las actividades oficiales por el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. La visita, de acuerdo con información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, tendría carácter de “Visita de Estado”.
Aunque la solicitud cumple con los procedimientos constitucionales, el titular del Congreso expresó ciertas reservas. Jerí lamentó que la presidenta no haya enviado aún las iniciativas legislativas anunciadas durante su reciente mensaje a la Nación, como la propuesta de ley para regular la pequeña minería y la minería artesanal.
“Creo mucho en la política de los detalles. Hubiera sido más oportuno que, junto con el pedido de autorización, llegaran también los proyectos que prometió. Eso habría sido un gesto distinto”, comentó Jerí. También reconoció que parte de la ciudadanía cuestiona la frecuencia de los viajes presidenciales y percibe una falta de atención a temas prioritarios del país.
El Congreso definirá este viernes si autoriza el desplazamiento internacional de la mandataria, en un contexto en el que se exige mayor coherencia entre los anuncios del Ejecutivo y sus acciones.
Política
Piden a la fiscal de la Nación investigar a López Aliaga por presunta compra encubierta de trenes
El congresista Pasión Dávila pidió a la Fiscalía abrir una investigación preliminar contra el alcalde de Lima y funcionarios de la MML, por los presuntos delitos de defraudación aduanera, malversación, colusión, abuso de autoridad y falsedad ideológica.
La adquisición de trenes por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima ha entrado en una fase crítica de cuestionamiento. Lo que inicialmente fue presentado como una generosa donación por parte de la empresa ferroviaria estadounidense Caltrain, ahora es objeto de sospecha y denuncia formal ante la Fiscalía de la Nación.
El congresista Pasión Dávila Atanacio, de la Bancada Socialista, solicitó el 23 de julio que se inicie una investigación preliminar contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga y funcionarios de la MML, por presuntos delitos que incluyen defraudación de renta de aduanas, malversación de fondos, colusión, abuso de autoridad y falsedad ideológica. Según el parlamentario, no se trataría de una donación genuina, sino de una “compraventa encubierta”.
La solicitud enviada a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, incluye el pedido expreso de que se cite como investigados tanto al burgomaestre como a los funcionarios responsables de la operación. Dávila advierte que la magnitud de los hechos amerita una investigación “exhaustiva e inmediata”, ante posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos y declaraciones aduaneras.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la aparente contradicción entre la información entregada por Caltrain y la presentada por la MML. Mientras la empresa estadounidense consignó en su carta oficial de “donación” un valor de US$ 4.9 millones por el material ferroviario, la Municipalidad registró el mismo proceso con un valor inflado de S/822 millones, bajo el concepto de “valor técnico patrimonial”.
Además, Dávila Atanacio indica que existen actas del Comité Consultivo de Ciudadanos de Caltrain, fechadas el 15 de enero de 2025, en las que se hace referencia explícita a una “venta” de locomotoras, no a una donación. También se sostiene que el material fue parte de un proceso de retiro de flota diésel y había sido previamente puesto en venta pública por la empresa.
La denuncia también incluye la posible existencia de pagos no declarados. Por su parte, el exministro Rafael Rey habría afirmado que la MML transfirió más de US$ 7 millones a Caltrain, contradiciendo el discurso oficial sobre la gratuidad de la operación.
Frente a estos indicios, surgen preguntas que la municipalidad metropolitana liderada por López Aliaga aún no ha respondido con claridad: ¿hubo realmente una donación sin condiciones? ¿Por qué no se hizo pública toda la documentación? ¿Y por qué el valor declarado varía tanto según la fuente?
Por ahora, el caso avanza hacia el Ministerio Público, mientras las dudas sobre la transparencia del proceso siguen creciendo.
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