«El doble discurso del Partido Morado revela su forma de actuar en política. Siendo una minoría se hicieron del Poder Ejecutivo y hoy el Perú vive un desgobierno debido a la incapacidad de Francisco Sagasti. Aquí un repaso de sus propias palabras en medio de la crisis que vive el país».
En estos momentos la muerte del joven norteño Jorge Muñoz Jiménez en el ejercicio de su legitima protesta no cobra relevancia ni en los medios, ni en la Defensoría del Pueblo, ni en las ONG pro Derechos Humanos como la CNDDHH, ni en este gobierno, y tampoco en el Congreso. A diferencia de las muertes de Inti y Bryan que merecieron el repudio de todos los sectores mencionados.
La escena política nacional se ha mantenido encrespada desde que el expresidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso en setiembre de 2019. Luego vino la pandemia y el moqueguano terminó siendo vacado en noviembre de este año; entonces, el congresista Manuel Merino asumió la presidencia del Perú basado en la prerrogativa constitucional (artículo 113º inciso 2 de la Carta Magna) y desde allí empezó una guerra sin cuartel liderada por un grupo parlamentario que siempre dio muestras de querer llegar al Legislativo para impulsar leyes que cautelaran los intereses de grupos empresariales y de las ONG ambientalistas y de género.
Dicho grupo parlamentario pertenece al PartidoMorado y jugaron en pared con otros aliados, como el Defensor del Pueblo, los medios de comunicación masivos, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y un constitucionalista de nombre Omar Cairo que esgrime opiniones disparatadas pro Vizcarra-Guzmán.
El congresista Alberto de Belaúnde nunca salió a pedir disculpas por los fake news que emitió a diestra y siniestra en su cuenta de twitter, cuando hizo una campaña feroz para azuzar a la gente de que se levante por las supuestas desapariciones forzadas. Las mismas que fueron desmentidas, incluso por la propia Defensoría del Pueblo, que no le quedó otra opción que emitir un comunicado para informar que los “47 desaparecidos” nunca estuvieron desaparecidos.
De Belaúnde, que se proclama como un tenaz defensor de los derechos humanos, miente, tergiversa y omite información cuando le conviene. Por ejemplo, el mismo día que fallecieron los jóvenes Inti y Bryan, inmediatamente utilizó su cuenta de twitter para incentivar el odio y echar más leña al fuego y en su twitt del 14 de noviembre escribió: “Señor Merino, detenga esta barbarie”. Y luego a las pocas horas del 15 de noviembre escribió: “Por favor, reaccionemos. Las primeras horas son claves para evitar torturas y muertes. Todos exijamos: ¿DÓNDE ESTÁN?
Y a las pocas horas de ese tuit, escribió: “No se puede reconocer los valores democráticos de alguien como Merino, responsable de la vulneración de derechos humanos esta semana”.
Es decir, aprovechó la muerte de dos jóvenes para saciar el apetito de poder de su Partido Político y de la manera más diligente posteó el tuit dela Bancada Morada: “URGENTE hemos propuesto oficialmente a Francisco Sagasti como posible Presidente de transición. Nos ponemos a disposición del país por encima de los intereses partidarios y personales. Francisco es una figura que sí puede lograr los consensos requeridos”. El pez por la boca muere y con ese mensaje, simplemente demostraron que ya estaban preparando el terreno para emprender la toma del poder en manos de Francisco Sagasti.
El congresista Daniel Olivares: Este es el personaje que se enriqueció con el dinero del Estado gracias a sus exjefes: Susana Villarán, Ollanta Humala-Heredia, PPK y Fernando Zavala, que lo designó como su asesor en la PCM. Este parlamentario díscolo, hace apenas cuatro meses tuvo una rencilla con sus colegas del Congreso, que pidieron indignadas en una sesión del Pleno, que la Comisión de Ética lo sancione por salir a vociferar en medios como RPP: que los congresistas que votaron en contra de la Confianza a Pedro Cateriano, eran unos mercenarios. Hoy podemos vislumbrar que los Morados estaban heridos, porque con luz verde Cateriano en la PCM, el Perú se hubiera convertido en un festín de órdenes de servicios y gollerías para todos los amigos de su cofradía cerrada.
Ahora bien, Olivares también jugó su papel de alfil de lo Morados y por eso fue uno de los más feroces activistas durante la marcha en noviembre, con el afán de azuzar y desestabilizar el escenario político, y fiel a la consigna de su Bancada, también aprovechó el deceso de los dos jóvenes para acelerar los réditos políticos del Partido Morado y por eso el 14 de noviembre escribió en su cuenta de twitter: “Lamentamos la muerte de un compatriota ocurrida durante la marcha nacional. Exigimos la inmediata renuncia del señor Manuel Merino a la Presidencia de la República y de toda la Mesa Directiva del Congreso. Estamos preparando la moción de censura de la Mesa Directiva”. Pero, luego mostró su verdadera faz y escribió: “O se va usted, o lo sacamos nosotros. Renuncie señor Merino”.
El congresista Gino Costa: Este señor, que siempre cambió de tienda política y que desde que fue viceministro y luego ministro del Interior se convirtió en el más acérrimo enemigo de la Policía Nacional del Perú porque aún no se cansa de tener sueños de opio, al querer convertir la institución policial en una casa de civiles; tal como lo escribió en sus ensayos y libros titulados: “Civiles al poder” y “Liderazgo civil en el Mininter”, que por cierto, fueron financiados por la poderosa Open Society Institute, fundación internacional de su amigo y mecenas, el gran “George”.
No obstante, en este contexto de tomar el poder, él también jugó su papel, porque todos los días salía en los medios de comunicación que recibieron millones del expresidente Vizcarra, para vociferar que hubo un golpe de Estado; mientras se movía en sus redes sociales y por eso en su cuenta de twitter escribió: “Ha muerto un joven, que como todos los jóvenes del Perú, protestaba pacíficamente contra el atropello de Merino. Llegó la hora de que Merino renuncie YA, o que el Congreso lo censure sí o sí!!!”.
El jefe del Partido Morado, Julio Guzmán: No necesita mayor presentación, más allá de saber que está siendo investigado por la Fiscalía por presunto delito de Lavado de Activos, porque habría recibido US$ 400 mil dólares de la constructora Odebrecht para su campaña del 2016. Este señor que dejó a su acompañante entre “llamas” y que corrió raudo de un edificio miraflorino; no se corrió a la hora de subirse al coche del oportunismo político y también viajó por varias regiones para engatusar a incautos sobre el supuesto golpe de Estado y luego salió a las calles de Lima para azuzar a los civiles durante las marchas y después de la muerte del primer joven Bryan Pintado, no desaprovechó la oportunidad y escribió en su cuenta de twitter:“Renuncie Sr. Merino. Un peruano de 25 años ha sido asesinado por la policía en una manifestación pacífica. Recibió 11 disparos. También hay muchos jóvenes heridos por la represión de este gobierno golpista. Esto tiene que terminar ya”.
Francisco Sagasti: Presidente del Perú gracias al cálculo político y por encargatura. Ya desde su sillón en Palacio de Gobierno, escribió en su cuenta de twitter, a la semana de los hechos del centro de Lima: “Hace exactamente una semana las vidas de dos jóvenes peruanos se perdieron en las manifestaciones en defensa de la democracia. Inti y Bryan merecen justicia y sus muertes no quedarán impunes”.
Lo cierto es, que el gobierno transitorio de Francisco Sagasti sufrió su primera crisis desde que envió al retiro a 17 Generales de la Policía so-pretexto de cortar la corrupción y como sanción a la institución policial, por haber ejercido violencia contra los manifestantes en las marchas callejeras del centro de Lima.
Asimismo, su exministro del Interior Rubén Vargas empezó con el pie izquierdo y designó a su General preferido, César Cervantes como nuevo Comandante General de la PNP. Pero lo que finalmente lo envió al cadalso fue la revelación pública de que su hermano Zenón Vargas es un terrorista que purgó cárcel por ser militante de Sendero Luminoso.
En estos momentos la crisis política que sufre el país está in crescendo, porque ya se desataron más paros agrarios que exigen la derogación de la Ley de Promoción Agraria Nº 27360. Los bloqueos, primero fueron en Ica, luego en La Libertad y ahora en La Oroya, y además se dio ayer una marcha nacional en la Plaza San Martin en el centro de Lima. Así las cosas, el Congreso hace unas horas ha aprobado la derogación de dicha ley, luego de cinco días consecutivos de protestas en distintas regiones del país. Y por más que Francisco Sagasti haya anunciado que no observará la ley de promoción agraria, los conflictos sociales no cesarán.
Ahora bien, no se puede soslayar el primer saldo fatal de las recientes protestas que se dio el último jueves 3 de diciembre en el distrito de Chao en La Libertad, con la muerte del joven trabajador Jorge Yener Muñoz Jiménez, que recibió un disparo en la cabeza; así como la muerte de otro joven Dennis Mario Fernández González, que fue atropellado la madrugada del 4 de diciembre en Chao y que no pudo ser atendido a tiempo por falta de transporte y porque las vías estuvieron bloqueadas.
Es decir, en estos momentos la muerte del joven Muñoz Jiménez en el ejercicio de su legitima protesta no cobra relevancia ni en los medios, ni en la Defensoría del Pueblo, ni en las ONG pro Derechos Humanos como la CNDDHH, ni en este gobierno, y tampoco en el Congreso. A diferencia de las muertes de Inti y Bryan que merecieron el repudio de todos los sectores mencionados.
Y el presidente Sagasti en su breve mensaje a la nación de ayer, ni siquiera lo mencionó y tampoco dio un voto de condolencia, como sí lo hizo con los jóvenes fallecidos en Lima, e incluso se reunió con sus padres para prometerles que los indemnizarán y que les darían apoyo psicológico. Además, les prometió que dichas muertes no quedarán impunes.
El mensaje del presidente de transición es claro: Las muertes de dos jóvenes de provincia no tienen mayor importancia, a diferencia de las muertes de dos jóvenes de la capital; más aún, si éstas se dieron durante el gobierno de su adversario Manuel Merino. Y como las recientes muertes acontecidas en el norte se han dado en su gobierno Morado, entonces no conviene hacer mayor aspaviento.
Y ahora ¿Qué dicen Gino Costa, Daniel Olivares, Alberto de Belaúnde, el Defensor del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos?¿Acaso luego de las muertes en el norte tuvieron ganas de azuzar a la gente? ¿Por qué ahora no dicen que el gobierno de Sagasti también se manchó las manos de sangre?
Actualmente, como ya están orondos en el poder y en alianza con la mesa directiva del Congreso, ya no les importa sus dizques luchas sociales y por eso sus respuestas son esquivas y políticamente correctas, a diferencia de hace tres semanas que se mostraban beligerantes.
Aquí una breve muestra de que los Morados son esclavos de sus propias palabras…
Alberto de Belaúnde, luego de la reciente muerte del trabajador agrario Jorge Yener Muñoz Jiménez, ahora cuida su lengua y mantiene un perfil bajo y apenas escribió en su cuenta de twitter. “Nadie debe morir en nuestro país en un contexto de protesta, que es un derecho fundamental. Esperamos una investigación diligente. Y que se tomen las medidas necesarias para que estos lamentables hechos no se sigan repitiendo”. Y en un twitt anterior dijo: “Es importante recordar que la protesta es un derecho. Y que frente a una protesta, el rol del Estado es garantizar que se realice, proteger a quienes participan en ella y a terceros (CIDH)”. Entonces, si él reconoce que el rol del Estado es proteger a los que participaron en una protesta ¿Por qué el gobierno de Francisco Sagasti no protegió al joven muerto en el norte?
La Bancada Morada luego de la muerte del joven norteño escribió en su cuenta de twitter: “El país atraviesa momentos muy difíciles, con retos urgentes por afrontar como la pandemia, reactivar la economía y atender justas demandas de la población. Necesitamos trabajar juntos y con responsabilidad, sin desestabilizar. Más allá de colores políticos”.
Es decir, el país se encuentra en plena convulsión social y la Bancada Morada ni siquiera menciona al joven fallecido en el norte y encima, en el colmo de la hipocresía y la doble moral: sugiere que se debe trabajar juntos y sin desestabilizar. Cuando ellos hace tres semanas fueron los primeros en desestabilizar los momentos difíciles que atravesaba el país.
Así es el doble rasero de los que tienen hambre de poder, con el pretexto de gobernar para la gente de a pie y por eso no se debe perder de vista a esa clase política cleptócrata que maneja un discurso embustero y progresista, mientras ejercen las puertas giratorias para favorecer a sus patrocinadores del empresariado y así construir la posverdad.
En este sentido, el Partido Morado con su caballito de batalla: la Bancada Morada, han sabido marcar una absurda distancia con algunos colegas parlamentarios y con la población más vulnerable, porque sufren el Síndrome de Superioridad Ilusoria y Moral, donde ellos son los únicos “intelectualoides” y “dignos” que siempre tienen la razón y por eso miran por debajo del hombro a todo quien les rodee. Y si alguien osa pensar diferente a ellos, simplemente se vuelven tus enemigos y empiezan con su sesgo hostilizador, porque son incapaces de rendirle honores a la tolerancia.
Luis Felipe Alpaca es egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas y estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza; asimismo estudió en la Escuela de Escritura Creativa del CCPUCP, y tiene un Diplomado de Especialista en Derecho Comercial por la Escuela Superior de Negocios. Ha sido Editor de Cultura del Diario 16, y actualmente es Editor General del Grupo Editorial Lima Gris, y es conductor del programa radial Lima Gris Radio por La estación Planicie 91.5 de la FM. Como gestor cultural ha organizado y curado exposiciones de arte y eventos ligados a los derechos culturales. Asimismo es corrector de estilo, y ha escrito más de 400 artículos relacionados a cultura, actualidad y política. Como activista social ha sido miembro de la Red del Patrimonio Cultural con el afán de defender patrimonios inmateriales y materiales como el desaparecido Palais Concert, y el Complejo Arqueológico Puruchuco. Actualmente es miembro del Colectivo Antropoceno Identidad, y ha recorrido distintas regiones del país para brindar apoyo, encuentros y conferencias en universidades con temas relacionados al arte ancestral y la cultura originaria.
Pleno aprueba ampliación del desarrollo del mecanismo de obras por impuestos
Se usará IGV como crédito fiscal que incentive a más empresas a participar en Obras por Impuestos enfocada a gobiernos regionales y locales. Con mucha facilidad fue exonerada de segunda votación.
En el marco de mejora del procedimiento legal y operativo de ejecución de la ley de obras por impuestos, se propuso hoy en el pleno reformas a la ley 29230.
En una emocionante sesión del Pleno de hoy el presidente de la Comisión de Economía, el ‘niño’ López, expuso esta mejora a la norma, la cual ayudará a impulsar la inversión pública en los gobiernos regionales y locales con participación del sector privado a fin de ampliar e impulsar el desarrollo del mecanismo de obras por impuestos. Conforme a lo que dijo el congresista López «el objetivo del dictamen es ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos (…) busca ampliar las entidades habilitantes que además del gobierno local y regional se habilitará también a las universidades nacionales para que ellos también puedan utilizar el mecanismo de Obras por Impuestos y mejorar su infraestructura mediante la participación privada.
«Si bien es cierto los gobiernos regionales tienen determinados objetivos de cierre de brechas, estos no impactan a través de obras por impuestos a la solución de otros tipos de problemas como la educación» dijo López.
Lo que busca este dictamen es ampliar fuentes de financiamiento para expandir la capacidad de realizar proyectos bajo obras por impuestos. «En la actual norma no se puede utilizar los recursos directamente recaudados y lo que hace esta norma es también que estos recursos puedan habilitar también que estos recursos puedan utilizarse para estos proyectos y su planificación para que puedan ser desarrollados. Además, se plantea un seguimiento y monitoreo [esto huele a más burocracia y que va ser más lenta la ejecución] a través de ProInversión. Además, el uso de IGV como crédito fiscal que incentive a más empresas a participar».
Debemos recordar que esta herramienta que impulsa la inversión en salud, saneamiento y educación, en favor de comunidades con brechas identificadas, contribuye a cerrar la profunda pero muy profunda brecha en infraestructura que tiene Perú. Solo en Apurímac existe un puente de piedra que data de 1580 que hasta ahora se utiliza porque no se ha construido otro.
Por su parte el diputado Víctor Flores se refirió a la situación del mecanismo «el monto máximo del CIPRL (Certificado de Inversión Pública Regional y Local) considera a los dos últimos años y no solo el último como señaló MEF, lo cual ha perjudicado a los gobiernos regionales para hacer obras por impuestos. Consideramos debe actualizarse excepcionalmente los topes máximos de capacidad anual para los gobiernos regionales, locales y universidades. Para que en un plazo de 15 días MEF pueda actualizar los flujos transferidos, los montos reducidos para el repago de los CIPRL y la relación de los convenios suscritos. La modificatoria prevista incidiría en la reducción de 91 proyectos sin adjudicarse por un máximo de 877 millones».
La congresista Diana González, mencionó la importancia de la norma «que fortalece el régimen de OXI, dónde el privado diseña e implementa la obra, cerrando muchos presuntos canales de corrupción, y el Estado tiene que reconocer al sector privado como aliado estratégico para el cierre de brechas, y muchos ministros han reconocido el impacto de OXI para la realización de obras y el incremento de las mismas respecto al año anterior». También mencionó «fortalecer los techos presupuestales de los gobiernos regionales y locales para la emisión del certificado de OXI, pero en la última ley del crédito suplementario se incluyó una modificación a la segunda disposición que redujo el monto máximo que pueden usar los gobiernos regionales y locales, afectándolos». En resumen, se busca incrementar el techo presupuestal para coadyuvar a los gobiernos regionales.
Por su parte, la parlamentaria Ruth Luque fue crítica con esta propuesta. «Estoy opuesta a la incorporación de la reducción al IGV en el art. 7 de la norma, por tener un impacto, porque significaría una reducción a los propios gobiernos locales. Ya de por sí las empresas tienen de por sí ciertos beneficios».
El congresista Eduardo Castillo Rivas solicitó en el pleno al presidente de la comisión de economía, «incorporar a los locadores como beneficiarios de la especialización y certificación gradual de profesionales señalados en el art. 7 de la norma 29230». Es decir, pretende hacerlo más rápido incorporando a los locadores como parte de los beneficiarios.
Finalmente, por 60 votos a favor fue aprobado en primera votación esta propuesta. El proyecto será materia de segunda votación en 7 días calendario.
Posteriormente, según informó la oficina de comunicaciones del Congreso, el proyecto de ley fue exonerado de segunda votación, con lo cual quedó expedido para ser enviado al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.
Congreso cita con “urgencia” al ministro Rómulo Mucho para que explique sobre Ley MAPE
Luego que el Gobierno envió al Legislativo el documento de la Ley MAPE, la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Diana Gonzales, advierte poca claridad en diversos aspectos de la ley; y, por ende, pidió citar urgentemente al titular de Energía y Minas Rómulo Mucho.
Este miércoles 20 de noviembre el Ejecutivo, mediante el reciente Consejo de Ministros, aprobó el proyecto de Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, más conocida como Ley MAPE, que reemplazará al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia termina este 31 de diciembre. Y a pesar de las críticas de los cientos de mineros que se encuentran protestando en la avenida Abancay a inmediaciones del Congreso, hoy el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, envió el proyecto de ley al Parlamento para su debate en la comisión del sector.
Sin embargo, la congresista Diana Gonzáles Delgado (Avanza País) solicitó al presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, citar con “carácter de urgencia” al ministro Mucho Mamani, para que informe y explique en detalle sobre los alcances y el contenido del Proyecto de la Ley MAPE, recientemente aprobado en el Ejecutivo.
“Solicito tenga a bien citar con carácter de urgencia al Ministro de Energía y Minas, señor Rómulo Mucho, a la siguiente sesión extraordinaria […] para informar sobre el contenido y alcances del Proyecto de Ley 09555/2024-PE Ley de la pequeña minería y minería artesanal”, se lee en el documento.
Cabe mencionar que el documento entregado al Poder Legislativo, indica en su tercera disposición complementaria que los procedimientos iniciados con el Reinfo continuarán su trámite en esas instancias durante 6 meses, contados desde el día hábil siguiente a la publicación de la nueva ley y al finalizar dicho plazo, indican, que el Minem asume las funciones que se le habían dado a las Direcciones Regionales de Energía y Minas y las Gerencias Regionales de Energía, Minas e Hidrocarburos (DREM/GREM) con el Reinfo para la formalización minera.
Mineros informales bloquearon Panamericana Sur en Ica y Arequipa en desacuerdo con la Ley MAPE
Según informó Máximo Becker, presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú, los mineros informales están en desacuerdo con la reciente aprobada ley MAPE y exigen la extensión del ‘Reinfo’ por dos años más.
Más de mil mineros informales hoy mantuvieron bloqueada la carretera Panamericana Sur en el kilómetro 440 en la provincia de Nasca, en la región Ica, donde la fila de vehículos alcanza los 10 km, y en el kilómetro 782 a la altura del Puente Ocoña, en Camaná, Arequipa. Los mineros informales que se encuentran bloqueando ambos puntos desde ayer, 20 de noviembre, exigen la extensión de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera, porque este documento les permite trabajar en concepciones mineras de terceros, sin embargo, vence este 31 de diciembre.
Ministros de Estado defienden a prófugo Nicanor Boluarte [VIDEO]
¡Lluvia de escuderos! Los ministros César Vásquez, Durich Whittembury y José Arista se despojaron de sus investiduras sectoriales y han asumido roles de ‘abogados defensores’. Pero esta vez no protegen a la presidenta Dina Boluarte, sino, a su “socio” y hermano, el prófugo de la justicia Nicanor Boluarte Zegarra.
Primero fue el premier Gustavo Adrianzén, que salió a declarar tras la medida de detención preventiva de 36 meses contra Nicanor Boluarte Zegarra, y se atrevió a decir que existe una “judicialización de la política”, mencionando incluso, que hay una soterrada intención de promover una vacancia presidencial.
Seguidamente, hizo lo mismo, el titular de la cartera de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, al afirmar que el fallo judicial del juez Richard Concepción Carhuancho “no tiene explicaciones técnicas” y que además obedece a un proceso politizado.
Y en menos de unas horas, se sumaron tres ministros “escuderos” para defender, no precisamente, a la presidenta Dina Boluarte; sino a su hermano Nicanor. Quien, en lugar de ponerse a derecho, pasó a la clandestinidad e ingresó a la categoría de prófugo de la justifica.
Escudero 1: Ministro César Vásquez asevera que todo es ‘un show mediático’
El titular del Ministerio de Salud (Minsa), César Vásquez, quizá por una orden de su mentor César Acuña Peralta, ha vinculado esta situación con los esfuerzos que existen para lograr la desestabilización del gobierno y señaló que el juez Richard Concepción Carhuancho tiene “mucho afán mediático”.
El ministro también se pronunció sobre el reciente fallo judicial que dicta 36 meses de prisión preventiva contra el hermano de la presidenta de la República, Nicanor Boluarte y considera que algunos actores políticos buscan desacreditar la gestión de la mandataria, tras el supuesto éxito de la APEC.
Además, cuestionó al juez Richard Concepción Carhuancho por haber tomado la medida y refirió que tiene “mucho afán mediático, y una pasión por las cámaras”. Asimismo, remarcó que el sistema se está politizando porque se afecta la presunción de inocencia, así como la estabilidad política del gobierno, y en especial al propio hermano de la presidenta.
“Estamos vulnerando la presunción de inocencia. Se está desnaturalizando esta medida de prisión preventiva. Uno de los grandes afectados es el señor Boluarte por ser hermano de la presidenta. Hace daño que la justicia se politice”, sostuvo el ministro de Salud.
Escudero 2: Ministro Whittembury pide que ‘justicia no sea politizada’ para Nicanor Boluarte
El ministro de Vivienda, Durich Whittembury, insinúa que el inicio de la lectura de la resolución que dictó prisión preventiva contra el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, coincidió estratégicamente con el cierre del Foro APEC y consideró que esto podría ser un intento de desviar la atención de los logros que se alcanzaron en dicha cumbre internacional. Y al momento de ser consultado sobre la medida impuesta por el juez Richard Concepción Carhuancho, Whittembury se reafirmó en su posición, de que la justicia no debe estar politizada
Escudero 3: Ministro José Arista critica prisión preventiva contra Nicanor Boluarte
Por último, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas José Arista afirmó que, en su condición de ciudadano, le llama la atención que algunas personas sean detenidas durante 36 meses sin una investigación completa. Asimismo, criticó la resolución que dicta prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, advirtiendo que debe respetarse el derecho de las personas a ser tratadas como inocentes, hasta que se demuestre lo contrario.
¡Los niños no se tocan! Existen personas que valiéndose del anonimato de las redes sociales buscan acercarse a nuestros hijos, creándose perfiles falsos o acercándose a ellos a través de los mismos juegos. Personas depravadas que solo buscan saciar sus deseos más enfermizos sin importarles que con ello estarían destrozándole le vida a un inocente.
Se ha publicado la Ley N.° 32169, la misma que penaliza el acoso sexual contra menores de 14 años. Como se recuerda, la norma fue aprobada en el Pleno del Congreso el 31 de octubre pasado.
Para la firma de la autógrafa, realizada en el despacho de la Presidencia del Congreso, estuvo presente Diana Gonzales Delgado, de Avanza País, autora de la iniciativa legislativa. En ese momento, mencionó que, para crear el delito de acoso sexual a menores de 14 años, se tuvo que incorporar el artículo 176-D al Código Penal peruano.
“Esta iniciativa surgió durante las reuniones sostenidas en semana de representación entre el Grupo Multipartidario Arequipa y el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, quien advirtió que la actual tipificación del delito de acoso sexual, como requiere de la negativa de consentimiento por parte de la víctima, no incluye los casos donde la víctima es menor de 14 años”, explicó.
De acuerdo al documento publicado en el diario oficial El Peruano, la persona que “de cualquier forma vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía” con una niña o niño, podría recibir una condena de entre seis y nueve años de prisión. Además, podría ser inhabilitado conforme a los numerales 5,9, 10 y 11 del artículo 36 del Código Penal.
“Igual pena se aplica a quien realiza la misma conducta, valiéndose del uso de cualquier tecnología de la información o de la comunicación o cualquier otro medio tecnológico”, indica el texto.
La Ley, oficializada este jueves, lleva las rúbricas de la presidenta Dina Boluarte y del titular de la PCM, Gustavo Adrianzén.
Ministro Demartini cuestiona prisión contra Nicanor Boluarte: “no tiene explicaciones técnicas”
Otro de los ministros que se suma a la “cruzada” para defender al hermano prófugo de la presidenta. El titular del Midis Julio Demartini aseveró que la medida judicial es un “proceso politizado”; sin embargo, evitó opinar sobre la situación de clandestinidad de la que goza Nicanor Boluarte.
Se suma otro ministro a la defensa del prófugo de la justicia, Nicanor Boluarte Zegarra. Esta vez, el titular de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) Julio Demartini, criticó la orden de 36 meses de prisión preventiva impuesta contra el hermano de Dina Boluarte, por el caso “Waykis en la sombra”, y también evitó pronunciarse sobre el hecho que se encuentre en la clandestinidad y no ponerse a derecho.
Demartini aprovechó para responder que su opinión la emite como un “ciudadano común y corriente y también como un funcionario público”, pero no como miembro del Gabinete. Dicha aseveración genera cierta confusión y contradicción.
“Pero vemos un proceso que está siendo politizado, y esa es mi opinión personal. ¿Sabe por qué lo digo? Porque el juez Carhuancho en la detención preliminar, el nuevamente dio una sanción con restricción de la libertad y la sala revoca esa decisión por algo fundamental. Porque el señor Carhuancho señala que el señor Boluarte no tenía arraigo laboral y la sala lo corrige”, sostuvo.
“Ayer nuevamente el señor, después que la sala ya lo ha corregido en la detención preliminar, ahora en la preventiva vuelve a utilizar elementos que ya han sido corregidos por su superior”, añadió el ministro Demartini.
Con respecto a su paso a la clandestinidad, el ministro Julio Demartini no quiso opinar y solo se limitó a decir que Nicanor Boluarte “tomará una decisión adecuada”.
“No puedo opinar porque él tomará sus decisiones. Son decisiones personales de las cuales no me voy a pronunciar. Cada uno asume sus decisiones. Imagino que el señor Boluarte está meritando. Si estoy viendo nuevamente que me están perjudicando en mi libertad, él tomará una decisión adecuada. No voy a opinar al respecto”, indicó.
Asimismo, afirmó que la prisión preventiva contra Nicanor Boluarte “no tiene explicaciones técnicas” y será usado para afectar políticamente a la presidenta Dina Boluarte.
“Estas decisiones que no tienen explicaciones técnicas. Pasan a ser un coro en el campo político que dice ‘presidenta, usted está comprometida, todo está mal, dé un paso al costado’ y eso no es así”, culminó el titular del Midis.
Premier Adrianzén califica como ‘campaña de vacancia’ la prisión preventiva de Nicanor Boluarte
En vista que la presidenta Dina Boluarte no se pronuncia por la prisión preventiva contra su prófugo hermano Nicanor, el premier tomó el rol de “defensor” y criticó al juez Concepción Carhuancho.
El Gobierno se encuentra en su peor crisis, tras la situación penal del hermano presidencial y prófugo de la justicia Nicanor Boluarte Zegarra. Sin embargo, desde el Ejecutivo no ha habido un pronunciamiento formal respecto a esta situación. Y quien nuevamente tomó la posta para fungir como “abogado defensor” de la mandataria, ha sido el presidente del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, quien, tras ser consultado por la prensa sobre el imputado hermano de la jefa de Estado, a quien le dictaron 36 meses de prisión preventiva y ordenaron su inmediata captura, cuestionó y desacreditó un mandato judicial impuesto por el juez Richard Concepción Carhuancho.
Asimismo, Adrianzén, pese a ser abogado y conocer perfectamente, qué implica el no ponerse a derecho ante un mandato judicial, e incurrir en una obstaculización a la justicia, él minimizó la situación de clandestinidad de Nicanor Boluarte y su actual condición de prófugo de la justicia, y apenas mencionó: «seguramente sus abogados podrán presentar los recursos de apelación que crean responsabilidad y se tomará la decisión final».
Asimismo, cuestionó la vinculación de Dina Boluarte con la presunta organización criminal que, según tesis fiscal, habría sido dirigida por su hermano mayor Nicanor, y que tendría como objetivo afectar la continuidad de su cargo de presidenta de la República. «Tengo que denunciar una vez más la judicialización de la política. (…) Hay una afiebrada idea de que existe una organización criminal, y a partir de eso, pretender promover una presunta incapacidad moral de la señora presidenta de la República que podría conducir a su vacancia», aseveró disgustado el titular del Consejo de Ministros.
«Veo sorprendido que mentes atormentadas y confundidas están tratando de vincular y de insinuar que aquello existe (una posible relación entre Dina Boluarte con el caso ‘Los Waykis en la Sombra’. Nosotros no podemos permitir esta idea de presionar para que renuncie; o de promover una vacancia. No tiene ningún asidero», añadió Adrianzén.
Además de ratificar que existe una supuesta judicialización de la política, Adrianzén habló de una “soterrada intención” para promover una presunta incapacidad moral que pueda llevar a su renuncia, o a una eventual vacancia presidencial.
“Nosotros no podemos permitirlo y creo en realidad que no solamente eso, sino que esta idea de presionar para que renuncie, o de promover una vacancia, no tiene ningún asidero. La señora presidenta constitucional está firme en el puesto, su liderazgo respecto al Poder Ejecutivo es indubitable”, culminó el premier escudero.
Gobierno aprobó Ley MAPE en medio de cuestionamientos por el ‘Reinfo’ [VIDEO]
El titular de Energía y Minas Rómulo Mucho aseguró que este jueves el Ejecutivo enviará el proyecto al Congreso para que sea debatido. Sin embargo, la vicepresidenta de la Comisión de Energía del Parlamento, Diana Gonzales, observó poca claridad en diversos aspectos de la ley.
El premier Gustavo Adrianzén confirmó que el Ejecutivo, mediante el reciente Consejo de Ministros, aprobó el proyecto de Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, más conocida como Ley MAPE, que reemplazará al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia termina este 31 de diciembre.
Asimismo, y a pesar de las críticas de los cientos de mineros que se encuentran protestando en la avenida Abancay a inmediaciones del Congreso, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, aseguró que este jueves el Gobierno enviará el proyecto de ley al Parlamento para su debate en la comisión del sector.
Ministro Rómulo Mucho le hace ‘propaganda’ al gobierno de Dina Boluarte y a la Ley MAPE
Asimismo, el ministro de Energía y Minas, no pierde la oportunidad para indicar las bondades de la reciente Ley aprobada por el Gobierno. Y además, se dio tiempo para “resaltar” la supuesta disposición de la presidenta Dina Boluarte, para solucionar y poder formalizar a miles de mineros informales.
«Con este proyecto de ley se evidencia que el Gobierno tiene interés de ordenar esta actividad porque se sabe que estaba pendiente la elaboración de la ley MAPE. La ley busca brindar asistencia técnica con tecnologías limpias, generar incentivo para la formalización, establecer zonas especiales y áreas exclusivas para estas actividades, con potencial minero. Establece procedimientos para la formalización, con las direcciones regionales del Minem», remarcó Rómulo Mucho en conferencia de prensa.
Como se recuerda, desde su implementación en 2017, el Reinfo registró cerca de 90.000 inscritos. Previamente, se advirtió que el registro fue empleado de manera inadecuada, facilitando el avance desmedido de la minería ilegal.
Mineros informales bloquean Panamericana Sur en Ica y Arequipa en desacuerdo con la Ley MAPE
Según informó Máximo Becker, presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú, los mineros informales están en desacuerdo con la reciente aprobada ley MAPE y exigen la extensión del ‘Reinfo’ por dos años más.
Más de mil mineros informales mantienen bloqueada la carretera Panamericana Sur en el kilómetro 440 en la provincia de Nasca, en la región Ica, donde la fila de vehículos alcanza los 10 km, y en el kilómetro 782 a la altura del Puente Ocoña, en Camaná, Arequipa. Los mineros informales que se encuentran bloqueando ambos puntos desde ayer, 20 de noviembre, exigen la extensión de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera, porque este documento les permite trabajar en concepciones mineras de terceros, sin embargo, vence este 31 de diciembre.
Solo 2% de los registros que ha tenido el ‘Reinfo’ logró ser formalizado
Dicha cifra obedece a un análisis de Videnza realizado al Registro Integral de Formalización Minera, (Reinfo), que trata de difundir la intención de formalizar, pero sin resultados concretos.
La minería no formal, que comprende a la informal e ilegal, se ha convertido en la actividad que más dinero ilícito genera en el Perú; incluso mucho más que el propio narcotráfico, según lo reportan expertos en temas mineros. En tal sentido, según cifras estimadas por el Instituto Peruano de Economía (IPE), la exportación de oro ilegal se multiplicó hasta por siete veces entre el periodo 2005-2023, y solo este año 2024 alcanzará el máximo histórico de US$ 6,840 millones, un crecimiento de 41%, respecto del 2023.
Mientras Japón abre sus fronteras sin visa a los peruanos, Perú ya tiene un TLC con Hong Kong, a su vez que ha llevado a su perfeccionamiento el TLC con China que permitirá el ingreso de diversas frutas a la China, un mercado de 1400 millones de consumidores. Fue esto lo que resumió el presidente del Congreso, Salhuana que puso como moción del día la comparecencia de los ministerios claves en esta APEC para dar resultados de esta cumbre.
Con mucho entusiasmo Salhuana mencionó el impacto positivo de la cumbre, como es la potencialidad de otras frutas peruanas como la castaña de Madre de Dios. También refirió en el pleno de hoy que que se ha declarado a Perú libre de fiebre aftosa lo cual cristaliza la posibilidad de exportación de carne de ganado vacuno.
«Considero de suma importancia que el Premier, el Canciller, el titular del MEF, el ministro de Agricultura y riego y el titular de Comercio Exterior, asistan al congreso y nos informen cuales son los acuerdos precisos y en qué manera beneficiarán al país en materia agraria, forestal, comercial, de turismo, etc».
La propuesta de Salhuana fue aprobada con 88 votos de aprobación. Los ministros habrán de presentarse este viernes 22 de noviembre a las 9am, a lo que parece una invitación sobre los resultados del APEC, pero que más podría ser una oportunidad para cercar al gobierno.