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Política

El doble discurso del Partido Morado

«El doble discurso del Partido Morado revela su forma de actuar en política. Siendo una minoría se hicieron del Poder Ejecutivo y hoy el Perú vive un desgobierno debido a la incapacidad de Francisco Sagasti. Aquí un repaso de sus propias palabras en medio de la crisis que vive el país».

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En estos momentos la muerte del joven norteño Jorge Muñoz Jiménez en el ejercicio de su legitima protesta no cobra relevancia ni en los medios, ni en la Defensoría del Pueblo, ni en las ONG pro Derechos Humanos como la CNDDHH, ni en este gobierno, y tampoco en el Congreso. A diferencia de las muertes de Inti y Bryan que merecieron el repudio de todos los sectores mencionados.

La escena política nacional se ha mantenido encrespada desde que el expresidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso en setiembre de 2019. Luego vino la pandemia y el moqueguano terminó siendo vacado en noviembre de este año; entonces, el congresista Manuel Merino asumió la presidencia del Perú basado en la prerrogativa constitucional (artículo 113º inciso 2 de la Carta Magna) y desde allí empezó una guerra sin cuartel liderada por un grupo parlamentario que siempre dio muestras de querer llegar al Legislativo para impulsar leyes que cautelaran los intereses de grupos empresariales y de las ONG ambientalistas y de género.

Dicho grupo parlamentario pertenece al Partido Morado y jugaron en pared con otros aliados, como el Defensor del Pueblo, los medios de comunicación masivos, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y un constitucionalista de nombre Omar Cairo que esgrime opiniones disparatadas pro Vizcarra-Guzmán.       

El congresista Alberto de Belaúnde nunca salió a pedir disculpas por los fake news que emitió a diestra y siniestra en su cuenta de twitter, cuando hizo una campaña feroz para azuzar a la gente de que se levante por las supuestas desapariciones forzadas. Las mismas que fueron desmentidas, incluso por la propia Defensoría del Pueblo, que no le quedó otra opción que emitir un comunicado para informar que los “47 desaparecidos” nunca estuvieron desaparecidos.

De Belaúnde, que se proclama como un tenaz defensor de los derechos humanos, miente, tergiversa y omite información cuando le conviene. Por ejemplo, el mismo día que fallecieron los jóvenes Inti y Bryan, inmediatamente utilizó su cuenta de twitter para incentivar el odio y echar más leña al fuego y en su twitt del 14 de noviembre escribió: “Señor Merino, detenga esta barbarie”. Y luego a las pocas horas del 15 de noviembre escribió: “Por favor, reaccionemos. Las primeras horas son claves para evitar torturas y muertes. Todos exijamos: ¿DÓNDE ESTÁN?

Y a las pocas horas de ese tuit, escribió: “No se puede reconocer los valores democráticos de alguien como Merino, responsable de la vulneración de derechos humanos esta semana”.

Es decir, aprovechó la muerte de dos jóvenes para saciar el apetito de poder de su Partido Político y de la manera más diligente posteó el tuit dela Bancada Morada: “URGENTE hemos propuesto oficialmente a Francisco Sagasti como posible Presidente de transición. Nos ponemos a disposición del país por encima de los intereses partidarios y personales. Francisco es una figura que sí puede lograr los consensos requeridos”. El pez por la boca muere y con ese mensaje, simplemente demostraron que ya estaban preparando el terreno para emprender la toma del poder en manos de Francisco Sagasti.

El congresista Daniel Olivares: Este es el personaje que se enriqueció con el dinero del Estado gracias a sus exjefes: Susana Villarán, Ollanta Humala-Heredia, PPK y Fernando Zavala, que lo designó como su asesor en la PCM. Este parlamentario díscolo, hace apenas cuatro meses tuvo una rencilla con sus colegas del Congreso, que pidieron indignadas en una sesión del Pleno, que la Comisión de Ética lo sancione por salir a vociferar en medios como RPP: que los congresistas que votaron en contra de la Confianza a Pedro Cateriano, eran unos mercenarios. Hoy podemos vislumbrar que los Morados estaban heridos, porque con luz verde Cateriano en la PCM, el Perú se hubiera convertido en un festín de órdenes de servicios y gollerías para todos los amigos de su cofradía cerrada.

Ahora bien, Olivares también jugó su papel de alfil de lo Morados y por eso fue uno de los más feroces activistas durante la marcha en noviembre, con el afán de azuzar y desestabilizar el escenario político, y fiel a la consigna de su Bancada, también aprovechó el deceso de los dos jóvenes para acelerar los réditos políticos del Partido Morado y por eso el 14 de noviembre escribió en su cuenta de twitter: “Lamentamos la muerte de un compatriota ocurrida durante la marcha nacional. Exigimos la inmediata renuncia del señor Manuel Merino a la Presidencia de la República y de toda la Mesa Directiva del Congreso. Estamos preparando la moción de censura de la Mesa Directiva”. Pero, luego mostró su verdadera faz y escribió: “O se va usted, o lo sacamos nosotros. Renuncie señor Merino”.

El congresista Gino Costa: Este señor, que siempre cambió de tienda política y que desde que fue viceministro y luego ministro del Interior se convirtió en el más acérrimo enemigo de la Policía Nacional del Perú porque aún no se cansa de tener sueños de opio, al querer convertir la institución policial en una casa de civiles; tal como lo escribió en sus ensayos y libros titulados: “Civiles al poder” y “Liderazgo civil en el Mininter”, que por cierto, fueron financiados por la poderosa Open Society Institute, fundación internacional de su amigo y mecenas, el gran “George”.

No obstante, en este contexto de tomar el poder, él también jugó su papel, porque todos los días salía en los medios de comunicación que recibieron millones del expresidente Vizcarra, para vociferar que hubo un golpe de Estado; mientras se movía en sus redes sociales y por eso en su cuenta de twitter escribió: “Ha muerto un joven, que como todos los jóvenes del Perú, protestaba pacíficamente contra el atropello de Merino. Llegó la hora de que Merino renuncie YA, o que el Congreso lo censure sí o sí!!!”.

El jefe del Partido Morado, Julio Guzmán: No necesita mayor presentación, más allá de saber que está siendo investigado por la Fiscalía por presunto delito de Lavado de Activos, porque habría recibido US$ 400 mil dólares de la constructora Odebrecht para su campaña del 2016. Este señor que dejó a su acompañante entre “llamas” y que corrió raudo de un edificio miraflorino; no se corrió a la hora de subirse al coche del oportunismo político y también viajó por varias regiones para engatusar a incautos sobre el supuesto golpe de Estado y luego salió a las calles de Lima para azuzar a los civiles durante las marchas y después de la muerte del primer joven Bryan Pintado, no desaprovechó la oportunidad y escribió en su cuenta de twitter: “Renuncie Sr. Merino. Un peruano de 25 años ha sido asesinado por la policía en una manifestación pacífica. Recibió 11 disparos. También hay muchos jóvenes heridos por la represión de este gobierno golpista. Esto tiene que terminar ya”.  

Francisco Sagasti: Presidente del Perú gracias al cálculo político y por encargatura. Ya desde su sillón en Palacio de Gobierno, escribió en su cuenta de twitter, a la semana de los hechos del centro de Lima: “Hace exactamente una semana las vidas de dos jóvenes peruanos se perdieron en las manifestaciones en defensa de la democracia. Inti y Bryan merecen justicia y sus muertes no quedarán impunes”.

Lo cierto es, que el gobierno transitorio de Francisco Sagasti sufrió su primera crisis desde que envió al retiro a 17 Generales de la Policía so-pretexto de cortar la corrupción y como sanción a la institución policial, por haber ejercido violencia contra los manifestantes en las marchas callejeras del centro de Lima.

Asimismo, su exministro del Interior Rubén Vargas empezó con el pie izquierdo y designó a su General preferido, César Cervantes como nuevo Comandante General de la PNP. Pero lo que finalmente lo envió al cadalso fue la revelación pública de que su hermano Zenón Vargas es un terrorista que purgó cárcel por ser militante de Sendero Luminoso.  

En estos momentos la crisis política que sufre el país está in crescendo, porque ya se desataron más paros agrarios que exigen la derogación de la Ley de Promoción Agraria Nº 27360. Los bloqueos, primero fueron en Ica, luego en La Libertad y ahora en La Oroya, y además se dio ayer una marcha nacional en la Plaza San Martin en el centro de Lima.  Así las cosas, el Congreso hace unas horas ha aprobado la derogación de dicha ley, luego de cinco días consecutivos de protestas en distintas regiones del país. Y por más que Francisco Sagasti haya anunciado que no observará la ley de promoción agraria, los conflictos sociales no cesarán.

Ahora bien, no se puede soslayar el primer saldo fatal de las recientes protestas que se dio el último jueves 3 de diciembre en el distrito de Chao en La Libertad, con la muerte del joven trabajador Jorge Yener Muñoz Jiménez, que recibió un disparo en la cabeza; así como la muerte de otro joven Dennis Mario Fernández González, que fue atropellado la madrugada del 4 de diciembre en Chao y que no pudo ser atendido a tiempo por falta de transporte y porque las vías estuvieron bloqueadas.

Es decir, en estos momentos la muerte del joven Muñoz Jiménez en el ejercicio de su legitima protesta no cobra relevancia ni en los medios, ni en la Defensoría del Pueblo, ni en las ONG pro Derechos Humanos como la CNDDHH, ni en este gobierno, y tampoco en el Congreso. A diferencia de las muertes de Inti y Bryan que merecieron el repudio de todos los sectores mencionados.

Y el presidente Sagasti en su breve mensaje a la nación de ayer, ni siquiera lo mencionó y tampoco dio un voto de condolencia, como sí lo hizo con los jóvenes fallecidos en Lima, e incluso se reunió con sus padres para prometerles que los indemnizarán y que les darían apoyo psicológico. Además, les prometió que dichas muertes no quedarán impunes.

El mensaje del presidente de transición es claro: Las muertes de dos jóvenes de provincia no tienen mayor importancia, a diferencia de las muertes de dos jóvenes de la capital; más aún, si éstas se dieron durante el gobierno de su adversario Manuel Merino. Y como las recientes muertes acontecidas en el norte se han dado en su gobierno Morado, entonces no conviene hacer mayor aspaviento.   

Y ahora ¿Qué dicen Gino Costa, Daniel Olivares, Alberto de Belaúnde, el Defensor del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos? ¿Acaso luego de las muertes en el norte tuvieron ganas de azuzar a la gente? ¿Por qué ahora no dicen que el gobierno de Sagasti también se manchó las manos de sangre?

Actualmente, como ya están orondos en el poder y en alianza con la mesa directiva del Congreso, ya no les importa sus dizques luchas sociales y por eso sus respuestas son esquivas y políticamente correctas, a diferencia de hace tres semanas que se mostraban beligerantes.

Aquí una breve muestra de que los Morados son esclavos de sus propias palabras…

Alberto de Belaúnde, luego de la reciente muerte del trabajador agrario Jorge Yener Muñoz Jiménez, ahora cuida su lengua y mantiene un perfil bajo y apenas escribió en su cuenta de twitter. “Nadie debe morir en nuestro país en un contexto de protesta, que es un derecho fundamental. Esperamos una investigación diligente. Y que se tomen las medidas necesarias para que estos lamentables hechos no se sigan repitiendo”. Y en un twitt anterior dijo: “Es importante recordar que la protesta es un derecho. Y que frente a una protesta, el rol del Estado es garantizar que se realice, proteger a quienes participan en ella y a terceros (CIDH)”. Entonces, si él reconoce que el rol del Estado es proteger a los que participaron en una protesta ¿Por qué el gobierno de Francisco Sagasti no protegió al joven muerto en el norte? 

La Bancada Morada luego de la muerte del joven norteño escribió en su cuenta de twitter: “El país atraviesa momentos muy difíciles, con retos urgentes por afrontar como la pandemia, reactivar la economía y atender justas demandas de la población. Necesitamos trabajar juntos y con responsabilidad, sin desestabilizar. Más allá de colores políticos”.

Es decir, el país se encuentra en plena convulsión social y la Bancada Morada ni siquiera menciona al joven fallecido en el norte y encima, en el colmo de la hipocresía y la doble moral: sugiere que se debe trabajar juntos y sin desestabilizar. Cuando ellos hace tres semanas fueron los primeros en desestabilizar los momentos difíciles que atravesaba el país.    

Así es el doble rasero de los que tienen hambre de poder, con el pretexto de gobernar para la gente de a pie y por eso no se debe perder de vista a esa clase política cleptócrata que maneja un discurso embustero y progresista, mientras ejercen las puertas giratorias para favorecer a sus patrocinadores del empresariado y así construir la posverdad.

En este sentido, el Partido Morado con su caballito de batalla: la Bancada Morada, han sabido marcar una absurda distancia con algunos colegas parlamentarios y con la población más vulnerable, porque sufren el Síndrome de Superioridad Ilusoria y Moral, donde ellos son los únicos “intelectualoides” y “dignos” que siempre tienen la razón y por eso miran por debajo del hombro a todo quien les rodee. Y si alguien osa pensar diferente a ellos, simplemente se vuelven tus enemigos y empiezan con su sesgo hostilizador, porque son incapaces de rendirle honores a la tolerancia.  

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Luis Felipe Alpaca es egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas y estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza; asimismo estudió en la Escuela de Escritura Creativa del CCPUCP, y tiene un Diplomado de Especialista en Derecho Comercial por la Escuela Superior de Negocios. Ha sido Editor de Cultura del Diario 16, y actualmente es Editor General del Grupo Editorial Lima Gris, y es conductor del programa radial Lima Gris Radio por La estación Planicie 91.5 de la FM. Como gestor cultural ha organizado y curado exposiciones de arte y eventos ligados a los derechos culturales. Asimismo es corrector de estilo, y ha escrito más de 400 artículos relacionados a cultura, actualidad y política. Como activista social ha sido miembro de la Red del Patrimonio Cultural con el afán de defender patrimonios inmateriales y materiales como el desaparecido Palais Concert, y el Complejo Arqueológico Puruchuco. Actualmente es miembro del Colectivo Antropoceno Identidad, y ha recorrido distintas regiones del país para brindar apoyo, encuentros y conferencias en universidades con temas relacionados al arte ancestral y la cultura originaria.

Política

La apuesta del Gobierno por ‘energías renovables’ con bandera china

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, anunció que la inversión china es bienvenida y destacó que el Perú continuará impulsando iniciativas orientadas al uso de energías renovables (RER), como el Hidrógeno Verde, para el desarrollo de la generación eléctrica.

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Mientras el discurso oficial celebra la “transición energética” y el impulso a las energías renovables (RER) en el Perú, lo que no se menciona con la misma claridad es quién está detrás de esa inversión y cuáles podrían ser sus verdaderas implicancias. La reciente aprobación de una adenda que eleva a casi 500 millones de dólares la inversión de la empresa china Hydro Global Perú —socia de China Three Gorges— en la central hidroeléctrica San Gabán III, revela cómo el lobby energético chino avanza a paso firme bajo el manto de la sostenibilidad.

Se consuma lobby chino

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, ha saludado la participación china en estos proyectos, destacando el supuesto potencial del país en energías limpias (RER), como el Hidrógeno Verde. Pero más allá del entusiasmo por captar capital foráneo, surgen serias dudas sobre el verdadero beneficio de este tipo de inversiones para el Perú.

La Resolución Ministerial Nº 480-2024-MINEM/DM, refrendada por el ministro Montero Cornejo, establece que, con fecha 12 de diciembre de 2024, se culminó la suscripción de la segunda adenda de modificación del contrato de inversión tras gestiones realizadas entre la empresa concesionaria y ProInversión.

Resolución Ministerial n.º 480-2024-MINEM/DM.

San Gabán III es presentado como un símbolo de progreso y cooperación bilateral. Sin embargo, poco se dice sobre el impacto ambiental de construir una hidroeléctrica de 205.8 megavatios en una zona rica en biodiversidad como Carabaya, Puno. Tampoco se discute con suficiente profundidad la pérdida de soberanía energética cuando un país extranjero —con intereses geoestratégicos claros como China— controla buena parte de la generación eléctrica a través de empresas concesionarias.

Por su parte, Zhu Hongbing, presidente internacional de China Three Gorges, socia de Hydro Global, afirmó que continuarán invirtiendo en proyectos eléctricos, basados en fuentes limpias, promoviendo el uso de energía sostenible para la población, siendo el Perú, el país donde ejecutarán la mayor inversión.

“San Gabán III es el fruto del memorándum energético firmado entre China y Perú, lo que fortalece las relaciones bilaterales entre ambos países y contribuye a la creación de empleo local, dinamizando su economía y aportando conocimientos en nuevas tecnologías”, expresó el empresario asiático Zhu Hongbing.

Presidente de ‘China Three Gorges’ Zhu Hongbing y ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo.

La llamada “energía verde” se convierte así en una etiqueta políticamente correcta para justificar megaproyectos que, aunque no queman combustibles fósiles, sí generan impactos sociales, alteraciones en los ecosistemas y dependencia tecnológica. En nombre del desarrollo sostenible, se permiten adendas contractuales, modificaciones de cronogramas y aumentos presupuestarios sin mayor escrutinio público.

La narrativa del “hidrógeno verde” y la inversión en renovables sirve más como un recurso discursivo que como una verdadera política de transformación energética con enfoque descentralizado y equitativo. Mientras las grandes hidroeléctricas reciben toda la atención y el dinero, poco o nada se hace por democratizar el acceso a la energía en comunidades aisladas, ni por fortalecer fuentes renovables de pequeña escala que podrían empoderar a la ciudadanía y reducir conflictos sociales.

Estudio revela que peruanos pagarían más de 5,300 millones de dólares por ingreso masivo de energías renovables al sistema eléctrico.

Detrás del discurso limpio de las RER, a la que se sumaron algunos congresistas lobistas y dos exviceministros de Energía y Electricidad, respectivamente, se esconde una realidad compleja donde la sostenibilidad se usa como excusa para beneficiar a grandes corporaciones extranjeras. Y el Perú, una vez más, parece entregarse con los ojos cerrados.

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Política

Viaje al Vaticano: el gasto innecesario de Dina Boluarte y el gobernador de Lambayeque

Tres funcionarios del Despacho Presidencial acompañarán a la presidenta Dina Boluarte en su viaje al Vaticano. También integran la comitiva el gobernador regional de Lambayeque y cuatro consejeros. Solo el traslado del equipo presidencial costará al Estado 65 mil soles.

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Mientras miles de peruanos enfrentan una de las peores crisis económicas de los últimos años, la presidenta Dina Boluarte se alista para un viaje al Vaticano, acompañada de una llamativa comitiva que ha despertado críticas y cuestionamientos. El motivo oficial es la entronización del nuevo Papa, León XIV, pero el verdadero debate está en el gasto que esta visita representa para el Estado, en medio de tantas urgencias nacionales.

Resolución Ministerial n.° 107-2025-PCM que autoriza un gasto de S/65 mil para viajar al Vaticano.

Según documentos oficiales, Boluarte Zegarra no irá sola. Tres personas del Despacho Presidencial la acompañarán: Enrique Vilchez Vilchez, secretario general; Carmen Giordano Velásquez, asesora técnica conocida por su aparición como testigo en el escándalo del Rolex; y Karin Díaz Cruzado, suboficial técnico de la Policía Nacional (PNP), designada como parte del personal de seguridad. Solo el costo del viaje de este grupo supera los 65 mil soles. Pero eso no es todo.

Gobernador de Lambayeque hará turismo en Roma

De forma inesperada, también viajarán el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores, y cuatro consejeros regionales: Ricardo Lara Doig, Gustavo Espinoza Soto, Víctor Orosco Nunton y Sujeily Camacho Fernández. ¿Cuál es el motivo? Según el Consejo Regional, asistirán a la misa de inicio del pontificado y entronización del nuevo Papa, en la Plaza San Pedro del Vaticano. No queda claro qué aporta su presencia ni qué beneficios traerá este viaje a la región lambayecana.

Los gastos de estos funcionarios tampoco son menores. Cada uno recibirá $2,160 por concepto de viáticos (540 dólares por día) y $4,977 para pasajes. Es decir, solo en este grupo de Lambayeque el Estado gastará más de 35 mil dólares. Todo esto, en una región que sufre por la falta de agua potable, hospitales colapsados y calles destruidas por las lluvias.

Este tipo de viajes parecen más una excusa para el turismo diplomático que una gestión responsable de los recursos públicos. Mientras millones de peruanos hacen malabares para llegar a fin de mes, las autoridades viajan cómodamente al extranjero con el dinero de todos, sin rendir cuentas claras de los resultados de esas visitas.

Pese a ola de extorsiones y estado de emergencia en Pataz, Dina Boluarte viajará al Vaticano.

La situación es aún más preocupante si se considera que ni Boluarte ni los miembros de su comitiva tienen un rol relevante en la ceremonia del Vaticano. No participan como representantes de un país invitado especial, ni tienen previsto firmar acuerdos bilaterales o sostener reuniones de alto nivel. Simplemente van a “asistir” a una misa, algo que bien podrían seguir por televisión, como lo hará la mayoría del mundo.

El mensaje que este viaje envía es indignante: mientras el país enfrenta crisis por corrupción, inseguridad y pobreza, sus autoridades se dan el lujo de pasear por Europa con dinero público. La desconexión entre el Gobierno y la realidad de los ciudadanos es cada vez más evidente. Y lo más grave: ya ni siquiera se esfuerzan por disimularlo. Este viaje no solo es un despilfarro, es una burla para todo el país.

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Política

Nuevo escándalo en EsSalud: Contraloría detecta designaciones sin perfil idóneo

Investigación de Contraloría reveló que funcionarios de Recursos Humanos de EsSalud contrataron irregularmente a cinco directivos sin cumplir el perfil de SERVIR, entre ellos al exministro del Interior Dimitri Senmache, afectando la gestión pública. El órgano de control recomendó la denuncia penal por presuntos delitos contra la administración pública.

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Una reciente investigación de la Contraloría General de la República ha puesto en evidencia serias irregularidades en las contrataciones de altos funcionarios dentro del Seguro Social de Salud (EsSalud). El informe de Control Especifico n.° 075-2024-2-0251-SCE, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la entidad, revela que al menos cinco personas fueron designadas en cargos directivos en la sede central y en la red prestacional Rebagliati del Seguro Social de Salud, sin cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente, especialmente con lo dispuesto por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).

Control Especifico n.° 075-2024-2-0251-SCE, detectó irregularidades en EsSalud.

Los hechos descritos no son menores. Según el informe, de acuerdo al Plan de Control 2024 del OCI, estos nombramientos afectaron el correcto funcionamiento de la administración pública al incumplirse los criterios de meritocracia, transparencia e idoneidad que deben regir el acceso a cargos públicos de alta responsabilidad. Más aún, se sugiere la posible comisión de delitos como Falsedad Genérica, Negociación Incompatible y Aprovechamiento Indebido del Cargo.

El origen de la investigación

La Contraloría inició un Servicio de Control Específico bajo el título: “Evaluación, designación, contratación y ejercicio del cargo de directivos públicos en la sede central y en la Red Prestacional Rebagliati del Seguro Social de Salud”. Esta investigación analizó las contrataciones realizadas entre junio de 2019 y junio de 2023.

Durante este período, cinco funcionarios asumieron cargos estratégicos en la estructura organizacional de EsSalud. Todos ellos, según la Contraloría, accedieron a sus puestos sin acreditar debidamente los conocimientos, la experiencia específica ni las competencias requeridas en el Manual de Perfiles de Puestos (MPP) de la entidad de salud.

Los nombres bajo la lupa

Los funcionarios involucrados, según el informe, son:

Simón Alejandro Verástegui Gastelú – Gerente Central de Asesoría Jurídica (cuya fecha de inicio fue el 11/08/2021 y fecha de cese el 21/06/2022).

Milton John Carlos Valderrama Wong – Gerente General de EsSalud (cuya fecha de inicio fue el 09/11/2022 y fecha de cese el 22/05/2023).

Dimitri Nicolás Senmache Artola – Gerente Central de la Persona Adulta Mayor (cuya fecha de inicio fue el 04/10/2022 y fecha de cese el 06/01/2023).

Pedro Américo Tapia Méndez – Gerente de Normativas y Asuntos Administrativos (cuya fecha de inicio fue el 16/05/2022 y fecha de cese el 21/06/2022).

Rubén Ángel Emilio Chachi Vicuña – Jefe de la Oficina de Abastecimiento en la Red Prestacional Rebagliati (cuya fecha de inicio fue el 27/01/2023 y fecha de cese el 09/02/2023).

Cuadro 1. Relación de exdirectivos públicos contratados por EsSalud. 

Según el OCI, sus designaciones no solo carecieron de sustento técnico, sino que fueron avaladas por funcionarios de la ‘Gerencia Central de Gestión de las Personas’, quienes habrían validado expedientes sin corroborar el cumplimiento de los requisitos establecidos por SERVIR y el Manual de Perfiles de Puestos (MPP) de EsSalud.

Un patrón de designaciones cuestionables

Uno de los casos más significativos es el de Dimitri Nicolás Senmache Artola, designado como Gerente Central de la Persona Adulta Mayor, nivel Ejecutivo 2. Según el informe, su expediente fue aprobado a pesar de no acreditar los conocimientos ni los programas de especialización requeridos para el cargo. La validación fue realizada por Miriam Yudith Ayala Pérez, Gerente Central de Gestión de las Personas, quien aseguró que Senmache cumplía con el perfil.

Sin embargo, el OCI demostró que la maestría que presentó el funcionario, otorgada por CEREM International Business School, no figura en la plataforma de grados y títulos de SERVIR. Este detalle pone en duda la veracidad de su formación académica. Como se recuerda, Senmache se desempeñó como ministro del Interior durante el mandato de Pedro Castillo; sin embargo, apenas duró mes y medio en el cargo, y el 30 de junio de 2022, el Congreso aprobó el voto de censura con 78 votos a favor.

Fuente: Contraloría.

Otro caso relevante es el de Rubén Ángel Emilio Chachi Vicuña, quien ocupó los cargos de Asesor II en la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE) y jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Red Rebagliati. Según el informe, su expediente no contenía la documentación que acreditara el cumplimiento de los requisitos exigidos para ambas funciones. Pese a ello, fue contratado y asumió cargos de responsabilidad sin el perfil adecuado.

Un nombramiento sin respaldo legal

Simón Alejandro Verástegui Gastelú, designado como Gerente Central de Asesoría Jurídica, también figura entre los casos observados. Aunque su expediente consignaba 13 años de experiencia, la revisión del OCI determinó que no cumplía con los criterios de experiencia específica requeridos en el Manual de Perfiles de Puestos de EsSalud. Su designación fue oficializada mediante resolución firmada por el entonces presidente de EsSalud, Mario Carhuapoma Yance, el 11 de agosto de 2021.

Cabe resaltar que el expediente fue evaluado por funcionarios como Boris Alejandro León Elguera y Silvia Frine Mateo Ramos, quienes validaron la información presentada pese a las inconsistencias encontradas posteriormente.

Cuadro n.° 8. Formato de Evaluación para Simón Alejandro Verastegui Gastelú.

Uso incorrecto de formatos y requisitos omitidos

Otro ejemplo claro de irregularidad es el caso de Pedro Américo Tapia Méndez, designado como Gerente de Normativas y Asuntos Administrativos. Según el informe, los evaluadores utilizaron un formato incorrecto (FAD-12 “Gerente-Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas”) para validar su experiencia. En lugar de utilizar el formato correspondiente a la Gerencia Central de Asesoría Jurídica, se empleó uno de otra gerencia.

Esta manipulación del procedimiento permitió que Tapia Méndez accediera al cargo sin cumplir con los criterios exigidos. La responsabilidad recae en Erick Cristian Hinostroza Villacorta y Rosa Yessi Cornejo Garay, encargados de evaluar su expediente.

Formatos FAD-12 por los cuales fue evaluado Pedro Américo Tapia Méndez.

Un gerente general sin experiencia en el sector público

El caso de mayor gravedad corresponde al nombramiento de Milton John Carlos Valderrama Wong como Gerente General de EsSalud. De acuerdo con la Ley N° 31419 y su reglamento, para ocupar ese puesto era obligatorio acreditar al menos un año de experiencia en el sector público. Valderrama Wong no cumplía con este requisito, pero de todas formas fue designado mediante resolución de la Presidencia Ejecutiva del 9 de noviembre de 2022.

Durante su gestión, que se extendió hasta el 17 de julio de 2023, percibió un salario total de 151,617.17 soles, según el software del sistema SAP (Systems, Applications & Products), de EsSalud. Su expediente fue evaluado y aprobado por la Subgerente de Gestión de la Reincorporación, Rosa Yessi Cornejo Garay, la Subgerente de Gestión de Personal, Sandra Esther Mosto Oquendo y la misma Gerente Central de Gestión de las Personas, Miriam Yudith Ayala Pérez.

Remuneraciones percibidas por Milton John Carlos Valderrama Wong.     

Pérdida económica y daño institucional

En conjunto, los cinco funcionarios mencionados percibieron remuneraciones por un total de 410,004.52 soles, pese a que sus designaciones no se ajustaron a los requisitos establecidos. Este desembolso de dinero público, según la Contraloría, no garantizó la idoneidad en el ejercicio de funciones y vulneró los principios de transparencia, legalidad y meritocracia.

Más grave aún es el daño institucional ocasionado. Al colocar en cargos claves a personas sin el perfil técnico requerido, se compromete la eficiencia de los servicios de salud, afectando directamente a millones de asegurados que dependen de EsSalud.

Responsabilidades y delitos presuntos

El informe de la Contraloría es categórico: los hechos evidencian presuntas responsabilidades administrativas, funcionales y penales. Se concluye que las personas implicadas no lograron desvirtuar los señalamientos del OCI, por lo que podrían haber incurrido en los delitos de:

Falsedad Genérica (alteración de documentos o declaraciones para obtener un beneficio).

Negociación Incompatible (cuando un funcionario se interesa, directa o indirectamente, en contratos o decisiones en las que tiene conflicto de interés).

Aprovechamiento Indebido del Cargo (uso del cargo público para obtener beneficios personales o de terceros).

Es preciso mencionar que El 11 de junio de 2024, la Jefa del OCI de EsSalud, Merici De Los Ángeles Huertas Navarro, remitió el Informe de Control Específico a la entonces Presidenta Ejecutiva de EsSalud, María Elena Aguilar del Águila, a través del Oficio N° 000087-2024-CG/OC0251. En dicho documento se solicitó iniciar los procedimientos administrativos correspondientes contra los funcionarios involucrados.

Oficio enviado por jefa de OCI a la entonces presidenta de EsSalud, María Aguilar del Águila.

Conclusiones

Como resultado del Servicio de Control Especifico a los hechos con ‘evidencia de irregularidad’ practicado al Seguro Social de Salud (EsSalud), luego de revisar los expedientes de las propuestas para los cargos de directivos públicos, la Contraloría identificó una incorrecta evaluación, así como la no aplicación de la normativa de SERVIR, en las designaciones de dichos cargos.

Sin embargo, el personal de la ‘Subgerencia de Gestión de la Incorporación de la Gerencia de Políticas y Organización del Recurso Humano’ de la Gerencia Central de Gestión de las Personas, contrario a las disposiciones normativas, estableció que las personas propuestas sí cumplían con el perfil requerido para los respectivos cargos por el que fueron contratados. Situación que no solo contravino una serie de normativas en el ejercicio de la función pública; sino, que también limitó a la entidad de salud a contratar a directivos públicos en condiciones de competencia leal y efectiva—y sobre todo—se afectó el correcto funcionamiento de la administración pública.

Conclusiones del Informe de control Especifico.

Recomendaciones de la Contraloría

El informe no se queda en la denuncia, también plantea acciones concretas. Entre ellas, se recomienda:

Iniciar procesos penales contra las personas comprendidas en los hechos, especialmente por delitos contra la fe pública y la administración pública.

Remitir los antecedentes a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para que evalúe iniciar acciones legales.

Revisar el proceso de designación de directivos públicos, asegurando que se cumplan estrictamente los perfiles establecidos por SERVIR y el Manual de Perfiles de Puestos de EsSalud.

Fortalecer los mecanismos de control interno, de modo que situaciones como estas no se repitan en el futuro.

Recomendaciones del Informe de Control Especifico.

Un llamado urgente a la institucionalidad

Este caso debe servir como advertencia. En un país donde los servicios públicos requieren con urgencia eficiencia, transparencia y profesionalismo, designar a personas sin el perfil adecuado en cargos clave es una forma de corrupción que pone en riesgo la vida y la salud de millones de ciudadanos. La investigación de la Contraloría no solo ha revelado un problema técnico o administrativo. Ha destapado un patrón sistemático de irregularidades en el proceso de designación de altos funcionarios en EsSalud. Una conducta que vulnera no solo la legalidad, sino también el principio de equidad de acceso a los cargos públicos.

Es momento de que las instituciones del Estado actúen con firmeza y que la justicia determine las responsabilidades penales, y que se tomen medidas urgentes para evitar que el aparato estatal siga siendo utilizado como botín político o personal.

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Política

¡Por fin se van! Extranjeros detenidos en flagrancia serán expulsados de manera inmediata del país

Modificatoria del Código Penal ahora permitirá que jueces puedan ordenar la deportación en solo 24 horas.

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Ante una severa crisis en los penales, muchos de ellos en total hacinamiento, los criminales encuentran las rejas abiertas para continuar delinquiendo. Sin embargo, el Congreso de la República aprobó ayer una reforma que faculta a los jueces poder expulsar a los delincuentes extranjeros cuando éstos sean detenidos en flagrancia.

Con 97 votos a favor, la norma fue exonerada de segunda votación y ahora queda en manos del Ejecutivo para su promulgación.

Con las manos en la masa

Los jueces penales podrán ordenar la salida del país durante la audiencia de control de detención o en las primeras 24 horas después de la captura, siempre que se demuestre de manera clara que hubo flagrancia delictiva. Es decir, que el delito fue cometido en el acto y con evidencia contundente.

El congresista Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), promotor de la norma, indica que esta reforma busca aligerar la carga procesal y actuar con mayor rapidez frente a casos donde no hay dudas sobre la culpabilidad del detenido. En ese sentido, se incorpora la expulsión como una medida cautelar excepcional dentro del Código Penal, modificando sus artículos 57 y 159.

Policía presentando a dos presuntos delincuentes extranjeros luego de un asalto. Ambos aparecían como falsos repartidores.

No podrán regresar al Perú

Asimismo, una vez que la expulsión sea ejecutada, el extranjero no podrá volver al Perú durante un periodo equivalente al máximo de pena por el delito cometido. Eso significa que si se trató de un delito con pena máxima de 10 años, ese será el tiempo de prohibición para volver a pisar suelo peruano. En los casos más graves, el castigo migratorio podría alcanzar hasta 25 años.

Excepciones

En tanto, no todos los casos aplican para esta modificatoria. La ley excluye a menores de edad, personas que estén tramitando refugio y a aquellos cuya salida del país pueda vulnerar derechos fundamentales. Esto, con el fin de respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, si un extranjero afirma estar siendo perseguido políticamente y ha solicitado asilo, su situación será analizada con mayor detenimiento.

El dato:

De acuerdo a registro de Migraciones, más de 760 personas extranjeras fueron expulsadas solamente el primer trimestre del año debido a infracciones a la legislación migratoria.

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Política

Minería ilegal en el Perú: cuando mandas a cuidar los quesos a los ratones [VIDEO]

Según testimonio de un colaborador de la Fiscalía, distintos policías estarían ayudando a los mineros ilegales en diversas partes del Perú.

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¿Se imagina usted encargarle el cuidado de su hogar a un reincidente delincuente conocido por todo su vecindario? Pues imagínese por un momento que nuestros efectivos del orden estén confabulando con los mineros ilegales para que ellos puedan retirar el oro sin que nadie se les cruce por su camino, sin intervenciones, sin que ninguna autoridad se atreva a realizarles seguimiento, a cambio de unos cuantos miles de soles por su silencio.

Un colaborador eficaz de la Fiscalía ha acusado directamente al comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, de estar vinculado con la organización criminal que favorecía a mineros ilegales en Atico, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa, brindando seguridad a empresas mineras y grupos mineros informales que les avisaba con antelación el día y la hora en que se iban a realizar intervenciones.

En Arequipa también se vive un estado de tensión constante por las disputas entre mineros informales. Foto: Roberth Orihuela.

De acuerdo a un informe del dominical Panorama, un efectivo policial en condición de anónimo aseguró que esos hechos se dieron cuando Zanabria era el jefe policial de la región Arequipa en el año 2020. En esa época ocurría un conflicto entre la empresa minera formal Intigold y la empresa informal Calpa Renace, y fue justamente ahí donde Zanabria habría ayudado a ambas empresas, beneficiándose económicamente.

El efectivo encubierto manifestó que Zanabria recibía pagos en efectivo para enviar a policías para resguardar a los mineros formales, en tanto, recibía especias y oro para asegurar la continuidad de las operaciones informales, avisando con tiempo el día que se realizarán los operativos y así poder huir.

El general Zanabria arreglaba con todos, con ambos mandos. Por eso, antes de que nos vengan a detener, nos avisaban. Sabíamos cuándo subía la PNP y todos fugábamos”, reveló.

Foto: captura Panorama.

A propósito de esas acusaciones, el comandante general respondió que esa información difundida por el citado medio dominical había sido manipulada.

“Todas están archivadas. Entonces, ahí no hay ninguna investigación contra mi persona, salvo la construcción de la Iglesia, que ya también fue materia de otro reportaje y que también ha sido adulterado. Yo estuve [en Arequipa] cuando ha sido la época del COVID y hemos estado más de un año con aislamiento social. Sin embargo, la reportera dice que había hecho operativos y no había ningún tipo de operativos durante la pandemia”, declaró a RPP Noticias.

fuente: panorama.

¿Ocurrirá lo mismo en Pataz?

Esta seria acusación hace pensar si estaría ocurriendo lo mismo en Pataz, La Libertad, donde la minería ilegal viene asesinando a más de 40 personas, muchas de ellas acribilladas y torturadas, sin que avancen las investigaciones ni se dé con la detención de algún implicado. ¿Será que algunos malos efectivos estarían brindando información a los mineros informales? Y de ser así, ¿a qué manos estaría llegando las pagas recibidas por dejar pasar los camiones repletos del ilegal oro?

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Política

Los mismos de siempre de Boluarte, ¿los acuerdos de siempre?

Mandataria optó por hacer cambios muy pequeños, pese a los cuestionamientos hacia algunos ministros.

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Entre besos, abrazos, apretones de manos, saludos a la cámara, miradas cómplices, y bastante oportunismo político que no evita disimular el nerviosismo de Dina Boluarte, se presentó a su no tan nuevo Gabinete Ministerial, el mismo que ahora estará encabezado por Eduardo Arana tras la salida (de emergencia) de Gustavo Adrianzén.

La jefa de Estado quiso darle nuevamente la confianza a la mayoría de sus ministros, entre los cuales aparecen la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Leslie Urteaga, cuestionada por las denuncias por intoxicación en el extinto programa Wasi Mikuna, el ministro Morgan Quero encabezando (o descabezando) el Ministerio de Educación, el ‘ayayero’ del ministro de Salud, César Vásquez, quien hasta ahora se mantiene en su cargo pese al escándalo de Medifarma; o el ‘franelero’ Fabricio Valencia, titular de Cultura, que no ata ni desata dentro de su cartera.

Eduardo Arana, ex ministro de Justicia y ahora premier, tendrá la dura labor de acompañar a la jefa de Estado para lo que queda de su gobierno, y para ello dentro de 30 días tendrá que acudir al Parlamento a solicitar el voto de confianza. De ser rechazado, todo ese reciclado Gabinete Ministerial deberá de presentar su renuncia; es por ello que dentro de ese plazo hasta que el premier Arana acuda al Congreso, la mandataria tratará de reforzar alianzas, sobre todo con Fuerza Popular y Renovación Popular, quienes hasta hace poco habían manifestado que votarían a favor de la censura de Adrianzén.

Es por ello que esos serán cruciales para la presidenta y su nuevo premier, quienes tendrán que sostener acaloradas reuniones con sus principales aliados políticos que le exigirían, al ver la desesperación de Boluarte por permanecer en el poder, una mayor cuota política. Y es que esos ‘animales políticos’ ya huelen la sangre que sale de la herida de la mandataria y aprovecharán el más mínimo signo de debilidad por parte de ella.

No sería improvisada la designación de Arana en el premierato, pues el abogado aún contaría con oscuros vínculos que arrastra desde su acercamiento a ‘Los Cuellos Blancos’, aquella red criminal que aún estaría infiltrada en el sistema judicial. Contactos que en un futuro cercano terminarían beneficiando a los aliados de Boluarte.

Días movidos se le vienen a la chalhuanquina, pues tendrá que hilar fino si tiene la intención de aparecerse el próximo 28 de julio para dar su mensaje a la Nación.

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Política

Premier Eduardo Arana buscará el voto de confianza en el Congreso

La presidenta Dina Boluarte juramentó a Eduardo Arana como nuevo presidente del Consejo de Ministros. En un plazo de 30 días, deberá presentarse ante el Congreso para exponer la Política General de Gobierno y solicitar el voto de confianza, que podría serle negado en medio de la actual crisis política.

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La tarde del 14 de mayo, la presidenta Dina Boluarte tomó juramento a Eduardo Arana como nuevo presidente del Consejo de Ministros, luego de la renuncia de Gustavo Adrianzén, cuya salida desencadenó una crisis en el gabinete ministerial. Arana se desempeñaba hasta hace pocos días como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Durante la ceremonia, la mandataria también juramentó a 17 ministros, la mayoría de los cuales fueron ratificados en sus cargos. Uno de los principales cambios fue en el Ministerio de Justicia, cartera que ahora será liderada por Juan Enrique Alcántara Medrano, quien hasta hace poco ocupaba el cargo de viceministro del sector. Alcántara, abogado de profesión, ha reconocido públicamente su amistad con Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta.

Por otro lado, el canciller Elmer Schialer no participó en la juramentación, ya que se encuentra en China participando en el Foro China-CELAC, donde tiene previsto sostener reuniones bilaterales, entre ellas con el ministro de Relaciones Exteriores del país asiático.

Arana deberá acudir al Congreso en 30 días

Como establece la Constitución, Eduardo Arana tiene un plazo de 30 días para presentarse ante el Congreso de la República, exponer la Política General de Gobierno y solicitar el voto de confianza. Cabe la posibilidad de que el Parlamento le niegue dicho respaldo, lo que podría agudizar aún más la actual crisis política.

Eduardo Arana es el nuevo presidente del Consejo de Ministros.

Aquí la lista de los ministros del Gabinete Arana

Ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer Salcedo, RATIFICADO.

Ministro de Defensa, Walter Astudillo Chávez, RATIFICADO.

Ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, RATIFICADO.

Ministro Interior, Carlos Alberto Malaver, RATIFICADO.

Ministro Justicia, Juan Enrique Alcántara Medrano, NUEVO.

Ministro de Educación Morgan Quero Gaime, RATIFICADO.

Ministro Salud, César Vásquez Sánchez, RATIFICADO.

Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos, RATIFICADO.

Ministro de Trabajo, Manuel Maurate Romero, RATIFICADO.

Ministro de la Producción, Sergio González Guerrero, RATIFICADO.

Ministra de Comercio Exterior, Úrsula Desilú León Chempén, RATIFICADA.

Ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, RATIFICADO.

Ministro de Transportes y Comunicaciones, César Carlos Sandoval Pozo, RATIFICADO.

Ministro de Vivienda, Durich Francisco Whittembury Talledo, RATIFICADO.

Ministra de la Mujer, Fanny Esther Montellanos Carbajal, RATIFICADA.

Ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, RATIFICADO.

Ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja, RATIFICADO.

Ministro de Cultura, Leslie Carol Urteaga Peña, RATIFICADA.

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Política

Empresa de seguridad con muchas irregularidades continúa contratando con el Ministerio de Cultura

Se trata del consorcio Morgan del Oriente S.A.C. – Arsenal Security S.A.C., que en el año 2023 había recibido la buena pro del MP pese a que su licencia para portar armas no estaba vigente.

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Imagínese contratar con una empresa que se presenta como especialista en seguridad privada, la misma que por ley tiene que tener todas las licencias actualizadas para que sus efectivos puedan portar armas de fuego, y que para colmo estaría registrando a sus vigilantes en planillas, pero que estas no cuenten con el permiso de intermediación laboral que concede el Ministerio de Trabajo. Y por si fuera poco le adeuda a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) más de 5 millones de soles.

Ante todas esas irregularidades, una institución seria como el Ministerio de Cultura (Mincul), presidida por el ministro Fabricio Valencia Gibaja, ¿acaso no cuenta con funcionarios competentes para revisar el perfil de los contratistas?

Aunque parezca increíble, desde el año 2023 dicho ministerio viene contratando con el Consorcio Morgan del Oriente S.A.C. – Arsenal Security S.A.C. El monto desembolsado por el Mincul asciende a S/. 13, 442,633.04 a pesar que desde un principio dicho consorcio no había regularizado ante la Sucamec su licencia de armas. Cabe enfatizar que dicho consorcio se encarga de ofrecer servicio de seguridad y su personal, para brindar eficazmente su servicio, se ve obligado a tramitar su licencia para portar armas de fuego.

Asimismo, como ya se indicara líneas arriba, el consorcio cuanta con una deuda a la SUNAT de S/5,678,987, según la última consulta realizada en el mes de mayo del presente año.

La favorita de las entidades públicas

Pero no solo el Mincul viene contratando hasta ahora a ese cuestionado consorcio vinculado al ex presentador de televisión Andrés Hurtado ‘Chibolín’, sino que otras entidades del Estado como EsSalud, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), el Hospital Nacional Docente Madre Niño Bartolomé, el Ministerio Público, el Ministerio de Educación, entre otras, aceptaron firmar un contrato con una empresa que una lista larguísima de denuncias, las mismas que van desde incumplimiento de contrato de sus vigilantes, deudas hacia los mismos, así como irregularidades con las licencias para portar armas.

Mincul continúa contratando con el consorcio

Hasta el momento, el ministerio liderado por Fabricio Valencia continúa contratando con el Consorcio Morgan del Oriente S.A.C. – Arsenal Security S.A.C., de acuerdo a los últimos servicios de contratación celebrados.

Es así que el 28 de enero se celebró un contrato equivalente a S/. 32,736.06, y posteriormente, el 2 de marzo el Mincul le pagó S/327,359.79 por servicios de seguridad, lo que hasta el mes de mayo este consorcio acumuló un total de S/. 1,260,807.82 solo con el sector cultura. 

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