Desde que el ser humano marcó un territorio, formó un clan y proclamó su propiedad privada, muchos afirman que halló la libertad. Sin embargo, el desarrollo de las sociedades junto con los análisis filosóficos, éticos y políticos ha puesto en duda esa idea. A simple vista la libertad parece ser la facultad de pensar, decidir y actuar sin imposiciones externas. Pero no es menos cierto que su significado varía según la cultura, el territorio y la época.

Las leyes nos otorgan libertades individuales: podemos expresarnos, movernos, votar en una elección, creer en una religión, reunirnos y elegir un estilo de vida. Sin embargo, todas estas libertades existen dentro de un marco legal que impide que nuestros actos vulneren los derechos de otros. Es decir, la libertad no es absoluta, tiene límites. Como bien se dice: la libertad de uno termina donde comienza la del otro.

Filósofos como Rousseau entendían la libertad como la obediencia a la voluntad general, más allá de los deseos egocéntricos. Kant la definía como la autonomía de actuar según leyes que uno mismo se impone. Sartre, en cambio, afirmaba que el ser humano está condenado a ser libre, porque siempre tiene que elegir, incluso cuando no quiere hacerlo.

En la política moderna, la democracia se presenta como el sistema que garantiza la libertad del pueblo. Y el enfoque liberal defiende la libertad individual. Pero, ¿es esto siempre real? ¿No ocurre, muchas veces, que el pueblo es manipulado o controlado sin siquiera notarlo?

La libertad, por tanto, es relativa, porque está condicionada por factores sociales, económicos, culturales e históricos. Vivimos en comunidad, y eso nos somete a normas que limitan nuestras acciones. Lo que hoy vemos como una violación a la libertad —como la esclavitud— hace siglos fue aceptado legalmente.

Al final, la libertad no es hacer lo que se venga en gana, sino ejercer la autonomía con conciencia y respeto. Es un proceso ligado al crecimiento personal, que exige mucha responsabilidad. La verdadera libertad se encuentra en el equilibrio entre lo que deseamos y lo que es justo frente a los demás.

(Columna publicada en Diario Uno)

Por Tino Santander Joo

La derecha peruana es una entelequia. Jaime de Althaus pide un Milei para ordenar la macroeconomía y reducir el Estado a su mínima expresión. Carlos Álvarez aspira a convertirse en una burda imitación de Bukele y en el bufón de los grupos de poder económico. López Aliaga es el eco del fascista español Santiago Abascal y de Donald Trump, quienes odian a los migrantes hispanoamericanos. Philip Butters se alucina un hooligan y recorre las calles amenazando con golpear a homosexuales y comunistas.

Es una derecha irreflexiva, sin proyecto nacional, sin ideas. No saben quiénes fueron José María de la Riva-Agüero y Osma, Rafael Belaunde Diez Canseco, Raúl Porras Barrenechea ni Jorge Basadre. No conocen el Perú, ni su historia, ni su diversidad cultural; mucho menos su geografía. No tienen alma peruana; buscan en el extranjero un salvador, una idea que los cobije, que ampare su orfandad intelectual. No tienen líderes, solo figurones de una farándula degradante. Ninguno de ellos tiene un vínculo espiritual con los peruanos.

Por otro lado, está la inmensa mayoría que los desprecia porque percibe su hipocresía. Son apátridas, como la variopinta izquierda que busca imitar el chavismo totalitario y criminal o el fracaso del neoindigenismo boliviano, que está llevando a su pueblo a la hambruna. Es una izquierda que se refleja en la derecha antinacional. Jamás entendieron el mensaje de José Carlos Mariátegui de «peruanizar el Perú».

El país va por otro camino. No cree en el proceso electoral fraudulento del 2026, porque está viciado con partidos y membresías políticas inscritas con firmas falsas y comités fantasmas, como lo ha denunciado Roberto Burneo Bermejo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. En los próximos meses, cientos de organizaciones sociales se enfrentarán al crimen organizado, a la minería ilegal, al narcotráfico, al Congreso y al gobierno que los representa. Será una guerra por recuperar el país de una derecha y una izquierda errantes que avalan políticamente que el crimen organizado se consolide en el poder.

Los peruanos tenemos que recuperar nuestros recursos naturales. No se trata de nacionalizar o ahuyentar la inversión privada, sino de renegociar contratos, como el de Camisea, para que no regalemos el gas al extranjero a precios irrisorios. Necesitamos un nuevo modelo de inversión minera que nos ayude a financiar la infraestructura agraria, la salud y la educación nacional. Los recursos naturales deben estar al servicio del país y no del extranjero. No es populismo ni nacionalismo obtuso, sino sentido común. Donald Trump ha renegociado unilateralmente tratados comerciales, ha amenazado con aumentar aranceles y ha demostrado que los contratos y tratados se pueden renegociar. Los peruanos debemos tomar nuestro destino en nuestras manos con inteligencia y responsabilidad.

No solucionaremos ningún problema nacional con corruptos e ineptos en el gobierno. Las elecciones del 2026 son un fraude —repito—, como lo denuncia el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué hacer? La insurgencia democrática, la revolución social, la desobediencia civil son la única alternativa que tenemos los peruanos, tal como hicieron los europeos y norteamericanos para lograr derechos civiles y más democracia. Primero, debemos expulsar a las mafias enquistadas en el gobierno central, en el Parlamento, en los gobiernos regionales y en las municipalidades.

Esta guerra no la ganaremos participando en un proceso electoral —reitero— fraudulento. Necesitamos derrocar al gobierno, cerrar el Parlamento e instaurar una Junta transitoria que, en el plazo de un año, convoque a elecciones con todas las garantías. Además, es imprescindible suspender el proceso de regionalización por un año, manteniendo a las actuales autoridades, para discutir en todo el país los éxitos y fracasos del proceso y lograr una verdadera descentralización. Ha llegado el momento de recordar la grandeza de nuestra historia y de que todos hagamos realidad la promesa de la independencia: un país libre y feliz.

Por Rafael Romero

Wilman Pebe Heredia, primo de Nadine Heredia, pero eso no cuenta de cara a su elevada calidad profesional y humana; podría decirse que fue ignorado por su propia familia en materia de su proyecto de desarrollo nacional (2012 – 2016). Esto suele ocurrir pues nadie es profeta en su tierra.

Tuve la oportunidad de informar para “Habla el Pueblo” (07 de setiembre del 2012), a través de RBC Televisión (https://www.youtube.com/watch?v=5lbA6vlLUZw), acerca de un libro muy especializado de Wilman Pebe, titulado “Sectores Estratégicos. Columnas vertebrales del desarrollo del Perú (un gran proyecto para el progreso de la nación peruana)”, y de esto hace 13 años, pero la aplicación de su tesis favorecerá hoy a millones de peruanos, aunque afectará a un puñado de poderosos que solo velan por sus intereses particulares.

Por eso, al poder corrupto y corruptor no le conviene que Wilman Pebe y sus trabajos de desarrollo nacional se conozcan, y menos que se apliquen a la realidad, pues solo quieren seguir con sus negocios privados para hacerse más ricos a costa del subdesarrollo de millones de peruanos.

Pese al contexto descrito, Pebe Heredia estuvo entregando sus propuestas desinteresadamente a muchos políticos y tecnócratas, pero solo ha recibido como respuesta la traición, la indiferencia o el plagio. Su ensayo de 160 páginas es de recomendada lectura y sobre todo en la hora presente de cara a una campaña electoral donde deberían debatirse las propuestas más serias de desarrollo para el país, como el caso de marras.

La fórmula capital del ensayo denominado “Sectores Estratégicos”, de Wilman Pebe, es desplegar miles de kilómetros de vía férrea y aprovecharlas para encausar -en paralelo- la fibra óptica, el gas y la energía eléctrica. Los detalles de este estudio están vigentes, son viables y de obligada implementación a partir del 28 de julio del 2026.

En el Perú hay pocos expertos en trenes y en desarrollo de infraestructura con especialidad en la perspectiva de la geopolítica contemporánea. Uno de ellos es Wilman Pebe, que perteneció a la Escuela de Cadetes de la Fuerza Aérea del Perú, entre 1970 y 1973, especializándose en Comunicaciones y Electrónica, alcanzando el grado de coronel hasta su retiro en diciembre de 1999.

Concluyó los diplomados en la FAP hasta el curso de Alto Mando. Se recibió de Magíster en Técnicas Aeronáuticas y Especiales en la Escuela Nacional Superior de Aeronáutica y del Espacio (ENSAE), República de Francia. Su licenciatura en Ciencias de la Administración Aeroespacial la obtuvo con el calificativo de excelente. Su capacitación se concretó con Diplomado en Administración (ESAN); Diplomado en Aviónica (SUPEAERO – Francia); Diplomado en Seguridad Ferroviaria (México); Diplomado en Prevención e Investigación de causas de descarrilamiento de trenes por la Cía. Rail Scienses Inc. (EE.UU.); Diplomado en Auditoria de Seguridad, Salud y Protección el Medio Ambiente por la Cía NOSA de Sudáfrica; y Diplomado en el Curso de Administración de Recursos para la Defensa (Marina de Guerra del Perú).

Asimismo, fue asesor de la Dirección General de Administración del Congreso de la República del 2011 al 2012; de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del 2009 al 2011; y de la Comisión de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y construcción del 2001 al 2002. Fue también asesor para la Municipalidad de Lima (Presidencia Ejecutiva de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico), del 2003 al 2006. Por su parte, en Ferrovías Central Andina S.A., fue jefe de Comunicaciones y Seguridad Ferroviaria (2000 – 2001). En la FAP fue subdirector de Telemática (1998 – 1999); gerente general del Servicio de Electrónica de la FAP (1997) y jefe de Guerra Electrónica en el Comando Conjunto de la Fuerza Armada (1994).

Así, con esa preparación, pero además con sus estudios profundos de la realidad peruana y latinoamericana, Pebe tiene un proyecto y un aporte que será importante revisarlo y debatirlo en esta campaña electoral. Es el libro “Sectores Estratégicos. Columnas vertebrales del desarrollo del Perú (un gran proyecto para el progreso de la nación peruana)”, donde presenta una serie de figuras y gráficos claves; realiza un diagnóstico situacional analizando la globalización, la competitividad y los sectores estratégicos a nivel internacional (energía eléctrica, combustible gas natural, agua, transporte ferroviario y telecomunicaciones) y plantea la estrategia para contar con una infraestructura física idónea y oportuna entre los sectores estratégicos del Perú.

Todo este valioso estudio va dentro de un marco teórico referencial con sus respectivos sustentos conceptuales de los sectores económicos y estratégicos, aplicando a los problemas del Perú “supuestos de solución” y sobre estos el autor aterriza las “propuestas concretas de solución”. Su aporte, pese a que hay muchos intereses particulares que complotan contra su proyecto o que buscan arrebatárselo, no es desconocido para el MTC y CEPLAN, tal como puede corroborarse en el siguiente enlace: https://1drv.ms/b/c/cdf0320d10f7de3b/ETjWFgbSqpZIkgiwBSNmDEQBw-sGTHDDNFnWerLWuZLPbA?e=n3w3Jh. Porque la verdad, como el sol nunca puede ocultarse con una mano.

En la medida de lo posible, dadas las razones de tiempo y espacio, iremos mostrando paulatinamente las fortalezas de las propuestas de un gran estudioso como es Wilman Pebe, sobre el tópico de hoy o sobre otros temas de igual importancia y vigencia como el puerto de Chancay, la modernización del puerto de Ilo o la geopolítica detrás del Puerto de Corío.

La cuestionada Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica, con el aval del Ministerio de Cultura, elaboró la propuesta que dio pie a la Resolución Viceministerial N.º 000128-2025-VMPCIC/MC, mediante la cual se redujo drásticamente el polígono de protección de la Reserva Arqueológica Geoglifos y Líneas de Nasca y Palpa. Esta norma fue publicada de forma acelerada y casi en secreto el pasado 28 de mayo, despertando serias sospechas por la manera en que fue gestionada y los intereses que podría estar favoreciendo.

FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS

El equipo responsable de esta propuesta aparece registrado en un acta de reunión del 26 de abril de 2025, a la que asistieron importantes funcionarios y asesores. Por la DDC Ica estuvieron presentes Víctor Injante (director), Jeanette Gutiérrez (subdirectora), Johny Isla (arqueólogo del Plan de Gestión de las Líneas y Geoglifos de Nasca), y Miriam Moquillaza (Área de Patrimonio Cultural Inmueble). También participaron Diego Villagómez (Ingeniero) y Diego Milla (Arqueólogo), de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, y Alejandra Rengifo, asesora del Despacho Ministerial.

Fuente: Ministerio de Cultura

Durante dicha reunión, la arqueóloga Moquillaza reconoció que no se consideraron los polígonos correspondientes a proyectos arqueológicos anteriores (PEA, PMAR, etc.), debido a la inexistencia de una base de datos con coordenadas actualizadas desde el año 2013. Esta admisión revela una grave deficiencia técnica y un evidente descuido institucional por 12 años.

Para agravar la situación, el cronograma presentado indica que entre el 28 de abril y el 17 de mayo se realizaría el análisis técnico, y que el expediente técnico estaría listo en apenas 10 días hábiles. Un plazo irreal para cualquier trámite serio. A pesar de esto, la resolución fue publicada “al caballazo”, celebrada como un “logro” en una audiencia pública en Nasca con presencia de congresistas y el alcalde local, quienes incluso llevaron a su “portátil” para teatralizar el supuesto triunfo.

Fuente: Ministerio de Cultura

¿NEPOTISMO O CONVENIENTES COINCIDENCIAS?

Aunque el ministro Valencia trató de minimizar los efectos de esta resolución en el ámbito minero, lo cierto es que la reducción del polígono de 5,600 km² a 3,200 km² beneficia directamente a ciertas actividades extractivas, como la minería ilegal.

Investigaciones revelan que Augusto Gutiérrez Achulla, hermano de la subdirectora Jeanette Gutiérrez, solicitó en 2018 al Ingemmet derechos mineros sobre 100 hectáreas ubicadas dentro del antiguo polígono protegido. El área fue denominada “AGUEDA I”, nombre que coincide con el segundo nombre de la funcionaria. Aunque Augusto falleció, el 4 de junio de este año otra persona solicitó formalmente esos mismos terrenos, ahora liberados de protección arqueológica.

Fuente: INGEMMET

¿Sabía el ministro que la resolución podía beneficiar directamente a parientes de funcionarios públicos? ¿Cuántos casos similares existirán aún ocultos?

Además, dentro de la DDC Ica existen dos facciones de arqueólogos enfrentadas por el control de decisiones clave, presuntamente con fines de beneficio personal.

UNA MODIFICACIÓN, NO UNA RECTIFICACIÓN

El Ministerio de Cultura publicó ayer, entre gallos y media noche, la Resolución N.º 134-2025, que deja sin efecto el artículo 1 de la cuestionada resolución, pero no anula ni reconoce el error original. No ha salido el Ministro a declarar. Simplemente restituye el plano del año 2004 con una extensión de 5,633.47 km², ordena la actualización del Plan de Gestión y dispone la creación de una Unidad Ejecutora Nasca en un plazo de 10 días. Sin embargo, no se menciona el destino de los trámites mineros iniciados ni quién liderará el nuevo proceso técnico. Este “retroceso” no es una rectificación genuina, sino una maniobra para ganar tiempo y camuflar responsabilidades.

Fuente: Diario El Peruano

¿TRANSPARENCIA O REPETICIÓN DE LA TRAMPA?

Surge una gran interrogante: si el nuevo proceso será dirigido por los mismos funcionarios que promovieron la reducción inconsulta, ¿cómo se garantizará la transparencia y legitimidad de este nuevo plan?

La gestión del patrimonio cultural no puede continuar en manos de quienes ya han demostrado actuar bajo intereses oscuros. Es urgente que el Ministerio de Cultura nombre un equipo técnico imparcial y transparente, que vele por el verdadero interés del país y no por presuntas agendas políticas o económicas. Todo indica que la estrategia ahora será repetir el recorte, pero por la vía formal, con “participación multisectorial” y maquillada con procesos administrativos aparentemente legítimos. El objetivo sigue siendo el mismo: allanar el camino para la minería informal y los intereses económicos privados, sacrificando el patrimonio cultural de todos los peruanos.

Desde nuestra trinchera, estaremos expectantes de lo que se viene esta semana en la famosa conformación de actores para la mesa multisectorial. Al cierre de este informe tenemos conocimiento que, el arqueólogo Johny Isla salió de vacaciones luego de la audiencia del 30 de mayo, su destino, España. Al igual que, la sub directora, Jeanette Gutiérrez.

Por Jorge Paredes Terry

Con un 2% de aprobación, la cifra más baja registrada en cualquier democracia del mundo y un rechazo que roza el 90%, Dina Boluarte debería ser un cadáver político. Las calles corean «¡Dina traidora, corrupta y asesina!», la Fiscalía la acusa de ser penalmente responsable por la muerte de 49 manifestantes, y su hermano Nicanor y su exaliado Vladimir Cerrón huyen de la justicia. Sin embargo, como un espectro institucional, sigue ocupando Palacio de Gobierno. El enigma peruano tiene respuesta en una ingeniería del poder que convierte debilidades en armas y transforma el miedo ciudadano en cemento para sus cimientos podridos.

Su primera trinchera es el Congreso, donde una alianza tácita con la derecha y ultraderecha (Fuerza Popular de Keiko Fujimori, Renovación Popular de Rafael López Aliaga) y Alianza para el Progreso de César Acuña, funciona como blindaje vital. Estos grupos, que controlan el Congreso y las comisiones clave, han archivado sistemáticamente las 34 denuncias constitucionales contra ella por homicidio calificado y lesiones graves durante las protestas de 2022-2023. La ecuación es perversa: para los congresistas, aprobados por apenas el 4% de los peruanos, Boluarte es «una piñata» útil. Mantenerla en el poder les permite negociar ministerios, impulsar agendas contra las ONG y evitar elecciones anticipadas que los dejarían sin curul. Keiko Fujimori, según encuestas, ejerce la mayor influencia política sobre el gobierno (37%), seguida por el fugado Vladimir Cerrón (27%), demostrando que el Ejecutivo es un títere de intereses opuestos pero coincidentes en la supervivencia.

Pero el verdadero mecanismo de control es más siniestro: el terror como anestesia social. Mientras el país sufre 1.909 extorsiones mensuales y los homicidios aumentan 34%, los medios, especialmente la televisión, saturan sus pantallas con sicariatos, balaceras y secuestros. Esta cobertura, que consume el 47% del tiempo en noticieros (frente al 18% en 2021), no es periodismo: es un amplificador involuntario de la estrategia gubernamental. El cálculo es maquiavélico: un ciudadano aterrorizado por la delincuencia no protestará aunque no tenga agua, trabajo o justicia. Los números lo confirman: el 62% de los peruanos evita salir de noche por miedo, el 48% renuncia a marchar por «temor a la criminalidad», y las movilizaciones antigobierno cayeron 76% en 2025. Boluarte no necesita comprar medios (aunque invierte S/287 millones en pauta oficial): el rating de la sangre le regala la parálisis social que necesita.

Esta cortina de humo le permite operar en la sombra. Mientras anuncia laboratorios balísticos y «guerras contra el crimen», su gobierno ha triplicado el presupuesto para control social: el programa «Disminución de conflictos sociales» recibió S/1.125 millones en 2025, cinco veces más que en 2019, fondos que financian equipamiento militar para reprimir, no para proteger. Simultáneamente, militariza el lenguaje: declara estados de emergencia, llama «traidores» a los críticos y acusa a la prensa de «terrorismo de imagen» cuando revelan sus joyas y Rolex o su rinoplastia con dinero público. El silencio es su otra arma: 200 días sin responder preguntas de periodistas, rompiendo récords de opacidad en democracia. Cuando habla, es para culpar a «fake news» o invocar conspiraciones: acusó a la Fiscalía y la prensa de planear un «golpe de estado blanco», el ataque más grave a la libertad de expresión desde que asumió.

Detrás de todo, sostienen el régimen tres poderes fácticos: los grandes empresarios (79% de peruanos cree que influyen «mucho» en su gobierno), las Fuerzas Armadas (56%) y el capital transnacional. Boluarte los atiende en foros, donde promete «apostar por el libre mercado» y ofrece el país como «hub de inversiones mineras». Mientras, recorta impuestos a conglomerados mediáticos y entrega megaproyectos a multinacionales. Esta alianza perversa explica por qué, pese al colapso social (22 niños muertos por desnutrición en Puno, hospitales sin insumos), la economía crece al 3.9%. Para las élites, es suficiente: prefieren una administración impopular pero dócil, antes que un cambio que afecte sus privilegios.

¿Hasta cuándo? El círculo de hierro se resquebraja. La Corte Penal Internacional investiga a Boluarte por crímenes de lesa humanidad, EE.UU. retiró fondos de USAID. Su única esperanza es llegar a julio de 2025, cuando el Congreso no podrá disolverse si la vaca. Pero ni siquiera sus aliados creen en ella: la llaman «presidenta interina» en los pasillos del Congreso. El régimen se sostiene no por fortaleza, sino porque nadie ni la oposición fragmentada, ni los empresarios, ni una ciudadanía aterrada ha encontrado cómo romper el hechizo de este cadáver político que sigue caminando, mientras nuestra patria se desangra.

Por Vladimir Nalvarte

He aquí un film que propone un giro democrático al llamado séptimo arte. Un cine alternativo contra el dominio de la banalidad. Cuando la indigencia en materia de “celuloide” campea en un medio envilecido por lo espectacular, un cine que en principio podría ser anónimo, sin jerarquías, celular en mano, parece irrumpir con franca osadía y algunas ideas. Un cine hecho de alguna manera contra el cine. Estética que busca una remembranza de algo así como una naturaleza perdida en el orden fugaz de las cosas.

En Una ballena gigante, una ballena blanca, en la niebla (2025), de Mario Castro Cobos, prácticamente no hay diálogos. Tampoco lo que se llama un argumento. Se trataría, eso sí, de un viaje. De una errancia entre fragmentos de rostros y la epidermis de una ciudad que podría ser cualquiera. Aquí los largos planos secuencia se enhebran y se montan entre sí en un ejercicio del arte de la contemplación.

Esa es su narrativa. Aparecen y desaparecen nubes en un fondo de cielo matinal; esqueletos y bordes de superficies de plazas, pórticos, cerraduras coloniales, calles, más calles y en medio de este magma de “tema y variación”, sombras, rostros que parecen sin pasado. Y, de entre todos, el rostro único de una joven mujer. Entrañable. Inquietante por familiar. No hay más. O poco más. En medio de esta vorágine de signos -que no olvidamos que son todas las imágenes en el cine, según Gilles Deleuze- que se planteaba como un ensayo sin eje, ella, sola, se yergue de pronto en punto de convergencia de un film que busca resignificar con un fondo musical de Mahler (Sinfonía n.°5 Adagietto) lo que tiene de inmanente un paisaje, en lo que cabe en una mirada. Poca cosa.

Con todo, un cine así siempre parece estar en proceso; este no será la excepción. A su favor diremos que no teme arriesgar ni mostrar sus costuras, sus desviaciones. La mano que tiembla. Béla Balász describió a comienzos del siglo pasado al cine “como el heraldo de una nueva ‘cultura visual’ que nos devolvería nuestros cuerpos, y sobre todo nuestros rostros, que se habían convertido en algo ilegible…”. Pues bien: aquí vamos de nuevo.

Película

Más películas

https://www.youtube.com/@marszproject7155/videos

Por Marisol Verónica Giordano Silva

Con marcada velocidad la globalización borra efemérides, tradiciones, celebraciones, fiestas y costumbres de los pueblos que hasta ayer nomás eran relativamente soberanos.  Por más que los países de Europa, América, Oceanía, Asia o África se resistan, sus historias y culturas podrían sucumbir a la moda de la Coca-Cola, del Netflix o de los algoritmos.

Lamentablemente grades gestas heroicas, patrióticas y estrictamente nacionales también corren el riesgo de perderse con el paso anodino de la globalización y la pesada gama de tecnologías que hacen cada día más al ser humano menos humano.

Si las cosas se siguen presentando así, sin que nadie le ponga freno o se detenga un momento a generar conciencia entre sus habitantes para que la memoria de nuestros ancestros no se diluya, pues entonces es hora de fortalecer el aula y empezar por los más niños, desde la Educación Inicial, para darle a esta generación un sentido de pertenencia y honra hacia nuestros héroes.

Por ejemplo, tenemos por estos días en el calendario cívico escolar la fecha del 7 de junio, Día de la Bandera, y siendo el Perú un país tan rico en cultura, historia, vivencias e identidad los maestros tenemos que renovar en esta fecha nuestro compromiso con el respeto a nuestros héroes, entre los que encontramos a Francisco Bolognesi, e inculcar entre los peruanos más jóvenes el debido homenaje a este patriota, quien junto a muchos compañeros de armas dejaron su vida en el fragor de la Batalla en Arica, un 7 de junio de 1880.

De manera que procedamos con unción patriótica, con vocación desplegada a la mejor enseñanza de nuestros niños y que esta generación en el futuro recuerde como otras anteriores la alegría que sentía y la emoción que les henchía el pecho cuando de infantes entonaban la Marcha de Banderas y el Himno Nacional.

Que esa esencia no se pierda y démosles a nuestras instituciones, como el Ejército del Perú, el sitial que le corresponde, fomentado entre los niños y sus familias una permanente llama encendida para vivenciar cada fecha cívica con mucho amor y con gran sentido de identidad, sobre todo respecto de nuestros símbolos patrios y de la herencia que nos dejaron nuestros antepasados en esta hermosa tierra llamada Perú.

¡Viva el 7 de junio! ¡Viva Francisco Bolognesi y los héroes de nuestra patria!

Por Rafael Romero

Señora Fiscal de la Nación, Dra. Delia Espinoza Valenzuela, públicamente denuncio a quienes resulten responsables en el Ministerio de Cultura por el supuesto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales frente a la tramitación lenta, defectuosa y arbitraria de los Expedientes N° 34720-2024 y N° 128394-2024, paralizados dolosamente en el despacho viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales desde el 5 de diciembre del año pasado.

Algunos funcionarios podrán buscar mil excusas, poner pretextos o simular nuevos vericuetos de su tramitología, pero lo que no pueden negar es su falta de vocación de servicio, muchos más cuando hay razones de peso para cumplir y hacer cumplir la ley ante pintores o escultores que merecen ser reconocidos dadas sus credenciales, dones, talento y profesionalismo, respecto de los cuales el Estado tiene la obligación de promoverlos, promocionarlos y entregarles sencillos galardones cuando esos artistas están poniendo el nombre del Perú muy alto a nivel mundial.

Pero a los señores del MINCUL no les da la gana de trabajar y menos de estudiar más ni de cultivar mejor la inteligencia o el análisis suficiente como para entender la perspectiva provechosa para el país cuando los ciudadanos presentamos expedientes probos, justos, sanos y limpios, siendo el deber de la administración pública el de tramitarlos de acuerdo a ley, de forma célere y oportuna, conforme a la Ley 27444, pero no lo han hecho.

Es lamentable que el ciudadano de a pie o el administrado sea una persona de segunda categoría frente a la práctica perversa e insensible de un puñado de funcionarios del Ministerio de Cultura, donde -salvo honrosas excepciones- hay gente que se cree de primera categoría, configurando una burocracia dorada que solo se sirve del cargo en sus intereses particulares, mas no sirve a los intereses nacionales.

Lamentablemente, señores del Ministerio Público, dentro del citado portafolio del Poder Ejecutivo atrás quedaron los principios de la PCM sobre la integridad y atrás también quedaron los sabihondos discursos de SERVIR sobre la idoneidad y la ética en la función pública. Todo eso en la praxis no es nada más que papel mojado en tinta frente a la negligencia funcional, al cohecho, al peculado, la impunidad o la procrastinación. 

En ese sentido, de oficio incluso, los fiscales que hace unas semanas iniciaron investigaciones preliminares a la alta dirección del MINCUL, también pueden indagar qué ha pasado con los Expedientes N° 34720-2024 y N° 128394-2024, y según los hechos y documentos deberán individualizar responsabilidades sobre el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, entre otros ilícitos penales que adicionalmente pudieran presentarse.

Ahora bien, frente al tipo penal específico señalado, se recuerda que el bien jurídico tutelado es el normal y correcto funcionamiento de la Administración Pública en cuanto a la oportunidad y eficacia en el cumplimiento de la función pública por parte de los funcionarios públicos que representan al Estado. Se busca así el normal desarrollo de las funciones públicas con el objetivo de evitar que estas se vean perjudicadas por la inercia dolosa del funcionario que ejerce un cargo determinado, según la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema (Casación N° 169-2012-ÁNCASH, 12 de setiembre de 2013).

De otro lado, la omisión de actos funcionales es una infracción del deber, que se configura con la sola omisión, sin exigir un resultado lesivo a la Administración Pública más allá de la propia inercia dolosa del funcionario. En consecuencia, se trata que es un delito de mera actividad; y si bien en el delito de omisión de actos funcionales no se afecta el patrimonio público, lamentablemente, sí se afecta la regularidad y la legalidad de los actos administrativos, según lo señala la jurisprudencia penal.

En otras palabras, se lesiona esencialmente el correcto funcionamiento de la Administración Pública, como bien jurídico protegido, en cuanto persigue garantizar la regularidad y la legalidad de los actos realizados por los funcionarios públicos en el desarrollo de las actividades propias del cargo, así como evitar su actuación arbitraria, contraria a la Constitución, leyes o deberes (Sala Penal Permanente RN 2347-2008-LIMA).

No obstante, el sujeto pasivo es el Estado y la persona natural o jurídica que haya sido perjudicada con el acto abusivo del funcionario estatal del MINCUL. De manera que no existe explicación razonable para excluir a quien es el directo perjudicado en sus derechos como sujeto pasivo-agraviado y por tanto puede participar del proceso penal como tal.

En este artículo de denuncia y divulgación, es pertinente señalar que la figura delictiva denominada “incumplimiento de deberes” se perfecciona hasta por tres hipótesis o supuestos claramente diferenciados, según tres verbos que recoge el tipo penal: “omitir”, “rehusar” y “retardar” algún acto a cargo de un funcionario.

Se “omite” un acto cuando el funcionario público prescinde, descuida, desatiende o incumple algún trámite dentro de sus atribuciones en el cargo, empleo u oficio que desempeña en el MINCUL, y no se requiere de un resultado lesivo más allá de la propia inercia dolosa del funcionario.

Por su parte, el funcionario “reúsa” algún acto de su cargo, cuando esquiva, declina, desestima o niega el cumplimiento de un acto funcional que está en el deber de hacer por hallarse dentro de sus atribuciones, de acuerdo con el cargo que desempeña en el MINCUL. Y se “retarda” algún acto de su cargo cuando un servidor público demora, retrasa, difiere, aplaza, dilata o pospone el cumplimiento de dicho acto funcional cuando está en el deber de hacerlo en tiempo oportuno.

En suma, son supuestos delictivos de comisión dolosa y de simple actividad, no cabiendo la comisión por culpa, pues el funcionario actúa con conocimiento de que su conducta es ilegal, omitiendo, rehusando o retardando un acto funcional que le corresponde realizar; y el delito se consuma automáticamente e incluso sin necesidad de que se produzca un resultado material o un perjuicio para terceros.