Tras la aprobación formal del controvertido aumento de sueldo a la presidenta Dina Boluarte, en el Consejo de Ministros, duplicando su remuneración mensual. Según explicó el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, la medida responde a una supuesta “homologación” con los salarios de otros jefes de Estado en América Latina.

Sin embargo, más allá de los argumentos técnicos, la defensa incondicional del premier Eduardo Arana ha despertado cuestionamientos. En lugar de mostrar sensibilidad ante el contexto de crisis económica y el rechazo ciudadano, Arana optó por justificar el incremento apelando al rango constitucional del cargo presidencial. Afirmó que la presidencia es la más alta función del Estado y, por ende, debería ser la mejor remunerada.

“Con relación a la institución presidencial, no se debe hacer ni demagogia ni escarnio (…) tenemos funcionarios que están incluso por encima de S/ 60 mil soles, solo un juez supremo gana más que el sueldo aprobado”, señaló, en una inusual comparación que parece más una defensa personal que un análisis técnico.

El premier intentó deslindar el beneficio directo a Boluarte, señalando que no se trata de una persona, sino de un cargo. Según él, la iniciativa busca “darle el lugar que merece” la figura presidencial, completando así la reforma pendiente de Servir, que ya había ajustado los salarios ministeriales.

No obstante, su insistencia en justificar lo injustificable parece más alineada con una estrategia de blindaje político que con un criterio de equidad o eficiencia del gasto público. La decisión de aumentar el salario presidencial en medio de recortes sociales, crisis de legitimidad y baja aprobación ciudadana, refleja una desconexión preocupante entre el Ejecutivo y la realidad del país.

Boluarte, cuya remuneración era una de las más bajas de Sudamérica, ahora se ubica entre las presidentas mejor pagadas del continente. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿merece el país este tipo de prioridades mientras millones enfrentan precariedad y abandono estatal?

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aseguró que el tren Lima-Chosica “va de todas maneras”, pese a que aún no hay consenso ni coordinación efectiva con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). En entrevista con Canal N, afirmó que el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, le garantizó personalmente la ejecución del proyecto.

Según López Aliaga, el desembarque de los trenes está previsto para el 12 de julio y la “marcha blanca” se iniciaría alrededor del 28 del mismo mes, como un simbólico “regalo” a Lima Este. No obstante, sus declaraciones caen en contradicciones. Por un lado, sostiene que el proyecto cuenta con un convenio marco firmado entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y el MTC, lo que permitiría un proceso “fast track”. Pero, por otro lado, admite que todo depende de la “voluntad política” del Gobierno central.

Lo cierto es que el ministro de Transportes, César Sandoval, ha declarado públicamente que desde mayo su despacho envió a la municipalidad un requerimiento formal con observaciones técnicas para discutir el proyecto ferroviario. Hasta ahora, afirma Sandoval, no ha recibido respuesta de la comuna limeña.

La falta de coordinación, sumada a las promesas públicas sin sustento técnico visible, alimenta la incertidumbre sobre la viabilidad real del tren Lima-Chosica. Pese a ello, López Aliaga insiste en que “esto va de todas maneras”, dejando entrever una postura más populista que institucional.

En medio de un proyecto de gran envergadura, las improvisaciones y los anuncios apresurados no solo restan credibilidad, sino que también ponen en entredicho la planificación y seriedad con la que se deberían manejar obras de esta magnitud.

En medio de un clima económico adverso y una creciente desconfianza ciudadana hacia el Ejecutivo, la Comisión de Fiscalización del Congreso ha citado al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, a una sesión extraordinaria el viernes 4 de julio. El motivo: que rinda cuentas sobre el cuestionado incremento en la remuneración mensual de la presidenta Dina Boluarte, que ahora asciende a S/35,568.

La citación se realiza incluso tras el cierre de la legislatura ordinaria, y fue oficializada mediante un documento firmado por el congresista Juan Burgos, presidente de dicha comisión. Este hecho evidencia la gravedad con la que el Parlamento ha tomado una medida que ha desatado fuertes críticas tanto en el ámbito político como en la opinión pública.

La comisión ha exigido que Arana detalle los fundamentos técnicos, legales y presupuestales que justificaron el incremento. También se le pedirá explicar si se evaluó el impacto económico del decreto supremo que lo oficializó y si se siguieron los procedimientos adecuados en términos de legalidad y transparencia.

Además de Arana, han sido citados el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, y el director de Servir, Guillermo Valdivieso, quienes también deberán presentar documentación que sustente su participación en el proceso. El objetivo es claro: deslindar responsabilidades y verificar si existió una coordinación institucional legítima o si, por el contrario, se trató de una decisión discrecional y poco transparente.

Este aumento ha generado indignación al colocar a Boluarte Zegarra entre las jefas de Estado mejor remuneradas de América Latina, mientras millones de peruanos enfrentan precariedad laboral, inflación y recortes presupuestales. La Comisión busca establecer responsabilidad política y demostrar que el control sobre el uso de recursos públicos no puede ser una mera formalidad. De no presentarse los citados, el Congreso ha advertido que tomará medidas dentro de sus atribuciones. La rendición de cuentas no puede seguir siendo postergada.

No quiere que le corten las alas. Tiene poco más de 60 años de antigüedad, pero en su interior se mantiene intacta su infraestructura, siendo más útil permaneciendo en operación que forzosamente cerrado. El viejo aeropuerto Jorge Chávez podría volver a reabrir gracias a una propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que busca seguir extendiéndole su vida útil.

Fue el propio titular del MTC, César Sandoval, quien afirmara públicamente la intención del Gobierno Central de conectar el antiguo y el nuevo terminal para recibir cerca de 60 millones de pasajeros anualmente.

De acuerdo al ministro Sandoval, el objetivo de esta reapertura ya no será el uso del antiguo terminal como aeropuerto, sino que será renombrado como ‘Terminal 1’ y “se conectaría con el moderno (aeropuerto Jorge Chávez), a través de un monorriel. Estamos en conversaciones con la concesionaria”, afirmó.

Según su declaración, el motivo es para cumplir con la proyección de la cantidad de pasajeros anuales que pasarán por el aeropuerto. Durante toda su intervención, se refirió al antiguo aeropuerto como ‘Terminal 1’, y al nuevo como ‘Terminal 2’.

“El flujo de pasajeros de la ‘Terminal 2’ del aeropuerto está proyectado para 30 o 40 millones anuales, y se supone que se proyecta para 60 millones de pasajeros anuales. Nosotros hemos tomado la decisión de hacerle la propuesta a la Presidenta de la República, que está mirando con muy buenos ojos, de tomar la decisión de poder reabrir el aeropuerto Jorge Chávez como ‘Terminal 1’, donde puedan incrementarse 20 millones más de pasajeros nacionales e internacionales”, afirmó a los medios locales.

Sandoval también indicó que ya se han iniciado las conversaciones con Lima Airport Partners (LAP) para hacer posible esta propuesta, sin embargo, funcionarios de LAP indicaron que recién se venían enterado de dicha información por las noticias. “Nos hemos enterado por las noticias. No tenemos información del MTC”.

El dato:

El antiguo aeropuerto Jorge Chávez cerró de manera oficial el pasado 1 de junio tras 15 días de una “marcha blanca” en las instalaciones del nuevo terminal. Fue inaugurado en 1960.

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, presidida por el parlamentario Juan Burgos, ha citado al ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes Espejo, para que explique ante el Pleno los fundamentos detrás del reciente aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte, que pasó de S/ 16,000 a S/ 35,568 mensuales.

En una entrevista, Burgos informó que la citación se programó para este viernes 4 de julio a las 10:00 a.m., y busca aclarar los criterios utilizados por el Ejecutivo para aprobar esta medida que ha generado una fuerte ola de críticas desde distintos sectores sociales y políticos.

La decisión del incremento fue oficializada mediante un decreto supremo emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y anunciada públicamente por el propio ministro Pérez-Reyes. Según explicó el titular del MEF, el aumento responde a un proceso técnico y normativo orientado a equiparar la remuneración presidencial con los estándares de otros países de la región, dentro del marco institucional de la reforma del servicio civil.

Sin embargo, desde la Comisión de Fiscalización consideran que el momento y la falta de transparencia en torno a esta decisión ameritan una investigación. A través del oficio N.º 1402-2024-2025-CFC-CR, enviado el 3 de julio, el Congreso formalizó la convocatoria y expresó su preocupación por la reacción ciudadana ante lo que califican como una medida desproporcionada en un contexto de crisis económica y desconfianza institucional.

Además de solicitar la presencia del ministro, la comisión exige que el MEF remita el informe completo elaborado por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, junto con todos los antecedentes normativos, análisis comparativos y actos administrativos que sustentaron la decisión. También se requiere cualquier pronunciamiento de la Dirección General de Presupuesto Público, «de existir», respecto a la sostenibilidad del aumento.

Asimismo, ha sido citado el presidente ejecutivo de Servir, Guillermo Valdivieso, dado que el proceso de valorización de puestos presidenciales fue validado por esta entidad.

La citación se ampara en lo dispuesto por la Ley N.º 27785 (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control) y la Ley N.º 28716 (Ley de Control Interno), que buscan garantizar la correcta gestión de los recursos públicos y el principio de transparencia en el gasto del Estado.

Urgente, se busca un traductor para el alcalde de Lima. Luego de anunciar con orgullo y sin un ápice de reflexión que mandará a adquirir drones que “explotarán” en la cara de los delincuentes, el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Rafael López Aliaga, nuevamente ha salido a decir que no habrá una marcha blanca, tal como venía repitiendo los últimos días, sino que en realidad se dará una “prueba en vacío”. Quién le entiende.

El popular ‘Porky’ anunció ayer que el proyecto del tren Lima-Chosica no contará con una “marcha blanca” para este 28 de julio, sino que “técnicamente” se dará una “prueba en vacío” alrededor del 28 de julio como “regalo” para Lima Este.

“Diría más que marcha blanca prueba en vacío realmente es, esa es la palabra técnica. Hay un concepto previo, que es la prueba en vacío, un tema muy técnico, entonces que es prueba en vacío, marcha blanca (…) Si hay buena voluntad se puede hacer prueba en vacío y marcha blanca alrededor de 28 de julio, como un regalo a Lima Este”, dijo para Canal N.  

Asimismo, López Aliaga aseguró que ya existe un marco legal firmado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y agradeció la intervención del premier Eduardo Arana. “Yo tengo un convenio marco con el MTC. Le agradezco al premier porque él ha entrado al tema y me ha dicho: ‘Rafael, esto sale, esto va de todas maneras’”, sostuvo.

“Tengo un contrato firmado hace meses con el MTC. Pérez Reyes [extitular del MTC] estuvo conmigo en la donación”, agregó al señalar que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ya replicó al pedido del portafolio sobre aspectos técnicos del proyecto. “Ya hemos respondido. Esto va por etapas”, señaló.

Todo es “voluntad política”

Pese al entusiasmo, López Aliaga admitió que el avance del proyecto está sujeto a decisiones del gobierno central. “Por mí (empezaría a operar), mañana. Pero dado que hay burocracia… Si hay buena voluntad política, esto debe salir rapidísimo”, manifestó.

No obstante, reconoció que no hay fecha oficial de inicio. “Es que no depende de mí, dependo del ministro de Transportes. Con el anterior teníamos una condición mejor. Antes de viajar, yo le pedí (aparentemente a César Sandoval, actual titular del sector): ‘No declares nada, porque al declarar me pones en una posición de responder’”, dijo.

Sin pena ni gloria. Aunque parezca una broma de mal gusto, un abogado había sido designado, de manera temporal, como director nada menos de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco, y no un arqueólogo, un destacado historiador, o quizás un antropológo o un especialista en gestión, sino ¡un abogado!

Sí, Jorge Luis Moya Cohaguila, investigado por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por irregularidades en la adquisición de un terreno, ocupaba tan importante cargo dentro del Ministerio de Cultura (Mincul). Todos los especialistas en el sector cultural se miraron las caras ante el nombramiento de Moya, llegando a una sola conclusión: favoritismo.

Y es que el abogado bien podrá saber de leyes y jurisprudencia, pero poco sobre gestión cultural, patrimonio y el día a día del sector turismo; en otras palabras, se encontra en un puesto totalmente antinatural a su carrera profesional.

Moya se encontraba al frente de la DDC de Cusco desde setiembre del año pasado, sin embargo, ayer se emitió la Resolución de Secretaria General n.° 000241-2025-SG/MC del Mincul que anuncia su destitución de dicho cargo.

Asimismo, el abogado también en mayo de este año había sido nombrado como Asesor II de la Secretaría General del Mincul, oficializándose su renuncia ayer, según Resolución Ministerial n.° 000156-2025-MC.

De esta manera, Jorge Luis Moya se va dejando una pésima y cuestiobable gestión en la DDC de Cusco, recordando que durante su estadía se suscitaron protestas, bloqueos, una sobrecarga de turistas que buscaban un boleto de ingreso a Machu Picchu, entre otros problemas que afectaban el patrimonio cultural y el turismo.

Martha Meléndez Muñoz aceptó la titánica tarea de mejorar la imagen de la presidenta de la República, Dina Boluarte, a pesar de que la “mamá de todos los peruanos” hace unas cuantas horas se acaba de aumentar el sueldo a más de 35 mil soles, o de no querer declararle a la prensa por más de 250 días. Con todo, la comunicadora de profesión, puso su firma para convertirse en la nueva Secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial.

A través de la Resolución n.° 000045-2025-DP/SGDP, publicada hoy en el diario El Peruano, se oficializa su designación en reemplazo de Mónica Tiburcio, quien de manera intempestiva tuvo que dejar su cargo a tan solo unas horas de haber sido designada.

La resolución señala, además, que el vínculo de la servidora se rige exclusivamente por el régimen de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, su reglamento y las normas que emite la Autoridad Nacional del Servicio Civil, como ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.

Martha Meléndez, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (Unifé), tiene una Maestría en Periodismo y Comunicación Multimedia. Se ha desempeñado como Jefa de Comunicaciones e Imagen Institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, especialista en comunicaciones en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, jefa de prensa del Congreso de la República, entre otros cargos.

La resolución lleva la firma del secretario general del Despacho Presidencial, Enrique Vílchez Vílchez.