Lennina Tukupi, comunicadora de la organización indígena, le envió un mensaje contundente al ministro de Educación, Morgan Quero:

“Señor ministro de Educación, Morgan Quero, el abuso sexual contra niños y niñas no es una práctica cultural de los wampis, es un delito”, refirió.

Además, se refirió a las más de 524 denuncias que se realizaron entre los años 2010 y 2024 que involucran a profesores de la región y que de estos casos solo 24 docentes fueron separados de sus funciones en instituciones educativas del distrito de Río Santiago.

La Nación Wampis exige sanciones contra los responsables  

Asimismo, Lennina Tukupi señaló que las autoridades locales han informado al Ministerio de Educación y a la Dirección Regional de Educación de Amazonas sobre la necesidad de sancionar a los directores que encubren estos casos.

Sin embargo, hasta la fecha, no ha habido un pronunciamiento oficial sobre las medidas a tomar. “El Estado peruano no garantiza seguridad para niños y niñas wampis”, concluye el pronunciamiento.

La Nación Wampis

El territorio integral de la Nación Wampís se encuentra al norte de Perú y abarca tanto a zonas de la región Amazonas como de Loreto. Se ubica geográficamente en los distritos rio Santiago y Morona, siendo su extensión territorial de 1 327,760 has en las cuales se encuentran asentadas 22 comunidades Wampis tituladas, con 15, 300 habitantes aproximadamente (PNUD, 2013).

En el Norte el territorio de la nación Wampis limita con la frontera del Ecuador donde se hayan nuestros hermanos del pueblo Shuar. Por el Sur, se expande hasta la boca del río Santiago-Kanús (desembocadura al Marañón), con los territorios de las Comunidades Awajun de Domingusa y Marañón, el centro poblado de Borja, la Comunidad Awajun de Ajachim, hasta llegar al caserío de Colpa Unidos en el Bajo Morona. Por el Oeste compartimos territorio con las Comunidades Awajún del Río Cenepa, en cuyas cabeceras se encuentran las Comunidades de la nación Wampis de Putuim y Wichim, y la Cordillera del Cóndor bordeando el límite fronterizo con el Ecuador. Por el Este, está la cuenca del Río Morona-Kankaim hasta topar con los territorios de los Pueblos o Naciones Chapra y Achuar y los caseríos ribereños.

Se quitan el trabajo de encima. El Pleno del Congreso de la República aprobó, en primera votación, delegar facultades legislativas para el Poder Ejecutivo en los ámbitos de la reactivación económica, la seguridad ciudadana y otros temas.

Al sustentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano (Fuerza Popular), dio cuenta del contenido del texto sustitutorio del dictamen elaborado por la instancia a su cargo, recogiendo algunas sugerencias por los parlamentarios durante el debate en el pleno.

Una de ellas fue incorporar un ajuste fiscal del producto bruto interno (PBI) para cumplir con el déficit fiscal del 2% del PBI previsto para el presente año, dijo la parlamentaria.

Moyano también explicó que se incorporó la facultad de legislar sobre el fortalecimiento y mejoramiento de la gestión que desarrolla el Instituto del Mar del Perú, toda vez que la ley que rige a esta institución data de 1981. Además, se acogió el pedido de incorporar la potestad de legislar para continuar con la recuperación extrajudicial de un predio del Patrimonio Cultural de la Nación.

Comisión Permanente se encargará de legislar hasta el 19 de julio

Por otro lado, el Congreso autorizó delegar a la Comisión Permanente la facultad de legislar hasta el 19 de julio del año en curso. Sin embargo, se precisó que se trata de determinados puntos.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Legislativa N.º 020-2023-2024-CR publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La Comisión Permanente, de acuerdo al inciso 4 del artículo 101 de la Carta Magna, se encuentra facultada de legislar desde el día siguiente al término de la Segunda Legislatura Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2023-2024 hasta el 19 de julio de 2024.

La RL señala que se permite legislar sobre los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que figuren en el Orden del Día y en la agenda del Pleno del Congreso, así como aquellos que se añadan por acuerdo de la Junta de Portavoces, conforme a sus atribuciones.

Asimismo, las propuestas del Poder Ejecutivo enviadas con carácter de urgencia, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 105 de la Constitución. Se excluyen, además, los asuntos mencionados en el artículo anterior cuya delegación a la Comisión Permanente no es procedente, conforme al segundo párrafo del inciso 4 del artículo 101 de la Carta Magna.

El Congreso rechazó el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que cuestionó el dictamen aprobado en primera votación por el Pleno que precisa la prescripción de los delitos de lesa humanidad del 1 de julio de 2002, hacia atrás.

Ante dicha intromisión, desde el Parlamento emitieron un comunicado publicado este viernes 14 de junio que responde a lo pedido por la CIDH:

“El Perú es una República democrática, social, independiente y soberana, de acuerdo al articulo 43° de la Constitución Política del Estado”.

“El Congreso de la República, primer poder del Estado peruano, es igualmente independiente de las decisiones que por mandato constitucional y legal le corresponden. Por lo tanto, rechazamos cualquier forma de intromisión nacional o extranjera en nuestras decisiones”, se lee en el documento.

Asimismo, se indicó que el Poder Legislativo abordará el tema “con total Independencia y autonomía en la oportunidad que lo crea conveniente” y “tramitará los proyectos de ley dictaminados por las comisiones correspondientes”.

La CIDH requirió al Peru suspender tramite de proyecto de ley sobre delitos de ‘lesa humanidad’

Cabe recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requirió al Perú que se suspenda “inmediatamente” el trámite del proyecto de ley que se está avanzando en el Congreso y que busca restringir los alcances de los delitos de ‘lesa humanidad’ para que no puedan ser aplicados en casos cometidos antes del 2002. La comisión señala que esta suspensión debe aplicarse hasta que cuenten con todos los elementos para pronunciarse sobre las medidas provisionales y el impacto que tendrá esta norma en los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Asimismo, convocó al Estado peruano, así como a los representantes de los deudos de Barrios Altos y La Cantuta y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a una audiencia pública virtual para el lunes 17 de junio del 2024 las 8:30 a.m. hora de Costa Rica.

Se le acabó el berrinche. La bancada de Acción Popular informó a través de un comunicado la reincorporación del parlamentario Illich López, quien el 8 de agosto del 2023 presentó su renuncia “irrevocable” junto a otros siete legisladores por encontrarse en desacuerdo con la elección de Darwin Espinoza como vocero del grupo parlamentario. 

Los otros congresistas que también renunciaron fueron María del Carmen Alva, Silvia Monteza, Edwin Martínez, Karol Paredes, Juan Carlos Mori, José Arriola y Carlos Enrique. De este grupo, solo José Arriola se unió a la bancada de Podemos Perú, mientras que los demás permanecen como no agrupados.

El vocero titular de la agrupación parlamentaria, Elvis Vergara, dio la bienvenida al congresista López Ureña en la cuenta oficial de la bancada en la red social X.

“¡Bienvenido! Por la institucionalidad partidaria y el trabajo unificado a favor del país, damos una cálida bienvenida al congresista Ilich López. Con gran esperanza, extendemos la invitación a nuestros correligionarios congresistas a regresar y trabajar juntos por el Perú”, señaló. 

Ante ello, el congresista Ilich López en respuesta manifestó, “Es un honor regresar a mi bancada y seguir trabajando en conjunto por el bienestar de nuestro país. Estoy convencido de que, unidos y con transparencia podemos seguir adelante”.

Tanto Illich López como Darwin Espinoza son acusados de pertenecer a ‘Los Niños’

El “Caso los Niños” se refiere a un grupo de congresistas investigados por la Fiscalía de la Nación por presuntos vínculos con actos de corrupción ocurridos durante el gobierno del expresidente encarcelado Pedro Castillo. Los implicados son Elvis Vergara, Darwin Espinoza, Jorge Flores, Juan Mori, Ilich López y Raúl Doroteo.

Las acusaciones indican que estos legisladores habrían respaldado las decisiones del entonces presidente Pedro Castillo a cambio de beneficios personales y protección frente a investigaciones por corrupción. Estos congresistas son señalados de formar parte de una estructura de corrupción que operaba dentro del Congreso de la República.

El dato:

Con el regreso de Ilich López a Acción Popular, la agrupación parlamentaria suma nueve integrantes.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó con catorce votos a favor y cuatro abstenciones el dictamen que propone incorporar el delito de ‘terrorismo urbano’ en el Código Penal peruano, específicamente en el Decreto Legislativo 635°.  

La pena privativa de libertad será entre veintitrés y treinta años.

La propuesta plantea la incorporación del Capítulo II, Terrorismo Urbano, en el Título XIV del Libro Segundo del Código Penal y que comprende los artículos 318-A y 318- B.

Se indica que “el que provoque o realice actos típicos que deben concurrir en dos o más delitos previstos en los artículos 108, 108-C, 108-D, 121, 129-A, 129-B, entre otros, así como en los delitos agravados de la Ley de Delitos Informáticos; generando estado de zozobra en la población o en un sector de ella con la finalidad de obtener ventaja o beneficio económico, será reprimido con pena privativa de libertad no menor a 23 ni mayor a 30 años con 365 días multa”.

El dictamen también establece sanciones más severas si el acto de ‘terrorismo urbano’ es cometido desde el interior de un establecimiento penitenciario, utilizando menores de edad o personas inimputables, o si se actúa con gran crueldad.

Al respecto, se indica que será no menor de 30 años si el agente emplea armamentos, materias o artefactos explosivos. Asimismo, si es que usa armas, municiones o explosivos que pertenezcan a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional del Perú.

“Si el agente comete terrorismo urbano desde el interior de un establecimiento penitenciario, donde se encuentra privado de su libertad, si utiliza a menores de edad u otros inimputables para su comisión, actúa con gran crueldad (…) o si la víctima es un funcionario comprendido en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú o miembro de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público o miembro del Tribunal Constitucional o cualquier autoridad elegida por mandato popular”, se lee en la iniciativa.

Se agrega que la sanción también se dará en caso el citado delito es realizado por dos o más personas, además si es que el hecho recae sobre torres de energía o transmisión, o afecte cualquier servicio público de agua o energía eléctrica.

La ministra de Vivienda Hania Pérez de Cuellar evita asistir a la Comisión de Vivienda para responder sobre los aumentos tarifarios de SEDAPAL del 8% impuesto desde enero de este año y sobre el Decreto Legislativo 1620° promulgado por ella, aduciendo que “busca mejorar los servicios que brindan las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) a la población”. Asimismo, vuelve a desairar al grupo de trabajo del Congreso para no responder por el próximo incremento de 3% establecido en la Ley de Acceso Universal al Agua Potable.

Pérez de Cuellar, que cuenta con el total respaldo de la presidenta de la República Dina Boluarte, ya lleva 18 meses a cargo del sector y tras descubrirse que en su despacho ministerial se aprovechaban indebidamente de la caja chica para despilfarrar el dinero publico en banquetes orientales y criollos, ella se empecinó en impulsar la privatización de Sedapal, aunque lo ha negado siempre, porque aduce la figura de la “concesión”. E incluso recientemente ha admitido que se incrementará el precio de las tarifas del agua: “Hoy las tarifas del agua están bajas y no cubren ni la operación ni el mantenimiento de la infraestructura”.

Sin embargo, a pesar de los cuestionamientos, ella se resiste a responder ante la Representación Nacional, sobre los contratos SACO de Sedapal otorgados a sus amigos y socios franceses, el Consorcio WAS Lima y VEOLIA.  

Aquello evidentemente habría sido un “lobby francés” de la ministra de Vivienda Hania Pérez de Cuéllar, porque El “Consorcio WAS Lima” (firmas francesas Suez y Veolia) ganó contratos con Sedapal por más de S/840 millones y se encargará de cobrar y tratar el agua en todo Lima. Ambas transnacionales pertenecen al gremio de empresas francesas que presidió Hania Pérez de Cuéllar en la Cámara Peruano Francesa.

Como se recuerda, antes de ser designada ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar se unió a la Cámara de Comercio e Industria Peruano Francesa (CCIPF), un gremio de empresas francesas que agrupa a Vinci, Suez, Veolia, y más transnacionales de Francia.

Según las notas de prensa del gremio francés, la nieta del exsecretario general de la ONU se unió a la Cámara de Comercio e Industria Peruano Francesa, el 12 de abril del 2022 y luego de unos meses, el 24 de septiembre del mismo año, fue nombrada presidenta del Consejo Directivo 2022-2024.

Sin embargo, para no responder ante lo evidente, la ministra Hania Pérez de Cuellar se ha excusado 5 veces alegando diversos argumentos asociados a su agenda y hasta el momento, la Comisión de Vivienda liderada por la parlamentaria María Agüero Gutiérrez, no ha contado con su presencia virtual, tras haberle enviado 5 citaciones.

1ra excusa, del 29 de abril del 2024: “Tengo sesión del Consejo de Ministros a esa hora”

La ministra Hania Pérez de Cuellar fue citada por la Comisión de Vivienda para que asista a la vigésima sesión ordinaria a realizarse el martes 30 de abril del presente año; sin embargo, ella se excusó y no asistió.

2da excusa, del 06 de mayo del 2024: “Estaré en Cusco entregando 3000 títulos de propiedad”

Hania Pérez de Cuellar fue citada por la Comisión de Vivienda para que asista a la vigésima primera sesión ordinaria a realizarse el martes 07 de mayo del presente año; sin embargo, la ministra por segunda vez, se excusó y no asistió.

3ra excusa, del 13 de mayo del 2024: “Estaré en Ancón en una mesa de trabajo”

La ministra Hania Pérez de Cuellar fue citada por la Comisión de Vivienda para que asista a la vigésima segunda sesión ordinaria a realizarse el martes 14 de mayo del presente año; sin embargo, ella se excusó por tercera vez y no asistió.

4ta excusa, del 10 de junio del 2024: “Tengo un evento ya programado con antelación”

Hania Pérez de Cuellar fue citada por la Comisión de Vivienda para que asista a la vigésima quinta sesión ordinaria a realizarse el martes 11 de junio del presente año; sin embargo, la ministra por cuarta vez, se excusó y no asistió.

5ta excusa, del 12 de junio del 2024: “Tengo una visita de trabajo en Chancay”

La ministra Hania Pérez de Cuellar fue citada por la Comisión de Vivienda para que asista a la décimo segunda sesión ordinaria a realizarse hoy viernes 14 de junio del presente año; sin embargo, ella se excusó por quinta vez y no asistió.

Según la agenda de las diversas sesiones ordinarias programadas en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo, por la Comisión de Vivienda y Construcción en la modalidad semipresencial, a través de la plataforma virtual Microsoft Teams, estas son algunas de las preguntas que la ministra Pérez de Cuellar evita responder, porque aún no asiste a ninguna sesión:

▪Detalle, por qué las licitaciones de Servicio de Actividades Comerciales y Operativas Norte (S/.284,608,146.50), Centro (S/.297,123,748.00) y Sur (S/.198,704,486.92) o Contratos SACO de SEDAPAL, han sido concesionados a empresas del mismo grupo económico como son las empresas CONSORCIO WAS LIMA (que agrupa Decremento Perú SAC subsidiarias de Suez) y VEOLIA SERVICIOS PERÚ SAC (del grupo VEOLIA que adquirió Suez).

▪ Detalle qué empresas (y los nombres de sus representantes) participaron junto a usted en su calidad de ministra en el Desayuno Empresarial que organizó la Cámara de Comercio Industrial Peruano Francesa (CCIPF) el 29 de febrero del 2024.

▪ Precise qué proyectos de inversión se presentaron y si usted fue presidenta de este gremio de empresas francesas (CCIPF), por cuánto tiempo y a qué empresas de la Cámara de Comercio Industrial Peruano Francesa asesoró con su empresa: PDC Consultores.

▪ Especifique si en el mencionado Desayuno Empresarial participaron las empresas VEOLIA, SUEZ y EGIS, denunciadas por corrupción en Panamá, India, Argelia y Gabón e inhabilitada por el Banco Mundial (BM) y por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

▪ Detalle qué rol tuvo el MVCS en la contratación de UNOPS para la licitación internacional.

▪ Precise si fue luego del Desayuno Empresarial con empresas francesas del 29 de febrero del 2024 que Consorcio WAS Lima ganó la licitación internacional Ítem 4 por S/.60 Millones para el cobro y operación del agua para grandes clientes (Coca Cola, Lindley, Aje, Backus y Alicorp) el 15 de abril del 2024.

Sin duda, y ante las preguntas que vienen aguardando las respuestas de la ministra Hania Pérez de Cuellar, ella se resiste a responderlas, a pesar que sus citaciones son virtuales y no presenciales. Es decir, no pretende darse un tiempo para ponerse a derecho ante la Representación Nacional que le pide explicaciones ante las denuncias periodísticas emitidas en las últimas semanas ¿Acaso estará preparando su coartada?  

Cada día se observan en las noticias cómo jóvenes que no pasan la mayoría de edad son tan o más avezados que ‘rankeados’ delincuentes a la hora de cometer asesinatos, realizándolos a sangre fría, sin interesarles que sus víctimas sean inocentes padres de familia o menores de edad.

Ante ello, el congresista de Podemos, Juan Burgos, presentó un proyecto de ley para que menores de 16 años puedan ir a prisión por cometer delitos como sicariato, robo y extorsión.

Como coautores de la norma aparecen sus compañeros de bancada: Luis Picón, José Luna, José Elías, Carlos Zeballos, Kira Alcarraz y Digna Calle.

Para lograr este objetivo, el legislador propone que se modifique el inciso 2 del artículo 20 del Código Penal, en lo que respecta a la inimputabilidad, aprobado mediante Decreto Legislativo 635.

De progresar dicha iniciativa legislativo el texto del citado artículo quedaría así:

“No está exento de responsabilidad penal el adolescente que, a partir de los 16 años de edad incurre en la comisión de delitos los contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de homicidio, homicidio calificado, homicidio calificado por la condición de la víctima, sicariato, y, conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato; delitos contra el patrimonio en su modalidad de robo, robo agravado y extorsión; y; delitos contra tranquilidad pública en su modalidad organización criminal, y, banda criminal u otro delito sancionado con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años o cadena perpetua”.

De aprobarse, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) deberá adecuar las normas complementarias en el sentido de la presunta norma en el plazo de 30 días hábiles contados a partir de la publicación.

Edad mental más que una edad biológica para condenar a los menores

Dentro de los argumentos, Burgos se basa en la existencia de las “reglas de Beijing, que establecen que para la responsabilidad penal del menor se debe tener en cuenta la madurez mental y emocional”.

“Esto significa que, más que una edad específica, se debe tomar en cuenta criterios psicológicos y morales y su discernimiento”, precisa.

Además, señala que en Europa hay diferentes países que regulan este aspecto como: Bielorrusia, Moldavia y Macedonia a partir de los 14 años; Dinamarca, Finlandia, Polonia, Turquía y Suecia.

Dio un paso al costado. El doctor Carlos Homero Otiniano Alvarado presentó su carta de renuncia al cargo de director general del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. La renuncia de Otiniano, comunicada al titular del Ministerio de Salud (Minsa), César Vásquez, se da medio de una denuncia presentada por el dominical Cuarto Poder, indicándose una serie de irregularidades en la implementación de laboratorios, así como la gestión de medicamentos en dicho nosocomio.

El programa periodístico reveló que varios lotes de medicinas, necesarios para el tratamiento de los pacientes, se encontraban vencidos y almacenados sin haber sido distribuidos. Estos medicamentos inservibles representan una grave falla en la administración del hospital, afectando directamente a los pacientes que más los necesitaban.

La Defensoría del Pueblo también se pronunció sobre el tema, denunciando el estado de abandono de equipos médicos y bienes en el tercer piso del Servicio de Emergencias del nosocomio. Esta situación, según la Defensoría, refleja un grave descuido en la gestión del hospital y pone en riesgo la salud y la vida de los pacientes que acuden a este centro de salud en busca de atención médica.

Las denuncias no solo apuntan a la gestión inadecuada de medicamentos, sino también a la infraestructura esencial del hospital. La falta de mantenimiento y la negligencia en la implementación de los laboratorios y equipos médicos comprometen la calidad de atención que reciben los pacientes.

El dato:

Otiniano había sido designado como director adjunto mediante resolución viceministerial N.º 008-2023 y posteriormente como director general mediante resolución ministerial N.º 134-2023-MINSA.