Política
El Datazo: Luis Almagro y la historia con Fuerza Popular
Lo último de la coyuntura política de manera resumida.

EL MUNDO DA VUELTAS: AHORA LE TOCA A LUIS ALMAGRO DEVOLVER EL MALTRATO A FUERZA POPULAR
Una fuente digna de todo crédito —y que fue testigo de estos hechos— nos comenta que en la quincena de febrero del 2018, ante la posible vacancia de PPK, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, visitó nuestro país. Lo hizo para ver cómo se estaba manejando este tema que era de suma gravedad para la región. Según refieren, quien era presidente del Congreso por esos días era Luis Galarreta —conocido ex hombre de confianza de Rafael Rey, que había hablado mal del fujimorismo y que luego, cual adulón político, se habría arrodillado al encanto de Fuerza Popular, convirtiéndose en el defensor acérrimo de Keiko Fujimori—. Por aquel entonces, ya la prensa había informado que Joaquín Ramírez, acusado de lavar dinero (con la modalidad del “pitufeo”) en el partido de la señora Keiko Fujimori, le habría vendido al hoy candidato a la Primera Vicepresidencia de la República por esa agrupación política un departamento a un precio bastante “accesible”.
Según nos refiere nuestra fuente, Luis Almagro —a la sazón, secretario general de la OEA— llegó hasta el Congreso para entrevistarse con el presidente del Legislativo, pero Luis Galarreta no lo recibió, poniendo una serie de excusas y enviando a su asesor a la Sala de Embajadores del Congreso para justificar su ausencia. Según nos cuentan, parece que la reunión que había sostenido Almagro con PPK habría molestado no solo al presidente del Congreso, sino también a la presidenta de su partido, Keiko Fujimori. Obviamente, parece que Almagro no se tragó el cuento y tuvo que apechugar tremendo desaire en su calidad de secretario general de la OEA.
Curiosamente, Kenji Fujimori y Luis Almagro sí coincidieron en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, donde habrían sostenido una larga conversación en la que trataron temas de la coyuntura política peruana de aquel momento.
Según trascendió tiempo después, Almagro habría venido al Perú para hablar con los congresistas a fin de evitar la vacancia de PPK… EN EFECTO, EL 2018 LUIS ALMAGRO TRATO DE EVITAR LA VACANCIA DE PPK PERO, COMO SABEMOS, LUEGO DE DIFUNDIRSE PÚBLICAMENTE LOS “MAMANI AUDIOS” PPK RENUNCIÓ A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EL 22 DE MARZO DE ESE AÑO, ASUMIENDO LA PRESIDENCIA MARTÍN VIZCARRA CORNEJO.
EL MUNDO DA VUELTAS, AHORA LE TOCA A LUIS ALMAGRO DEVOLVER EL MALTRATO A FUERZA POPULAR I
Al ver esta situación tuvimos que indagar entre algunos ex congresistas y nos comentaron que Luis Almagro se habría reunido en el edificio Víctor Raúl Haya de La Torre con Kenji Fujimori, Juan Sheput y Mauricio Mulder. En tanto que con Víctor Andrés García Belaúnde se reunió en el Swiss Hotel —donde el secretario general de la OEA estaba hospedado—. En ese momento, los legisladores Luis Galarreta (Fuerza Popular), Mauricio Mulder (APRA) y Víctor Andrés García Belaúnde (Acción Popular) revelaron a la prensa escrita que el secretario general de la OEA estaba preocupado por la eventual destitución de Kuczynski y que incluso advirtió de los serios problemas que traería su salida si era vacado. Es en esa coyuntura que se produjo el desaire del entonces presidente del Congreso Luis Galarreta al secretario general de la OEA, pues, para entonces, ya habían conversado con Martín Vizcarra y el plan de la vacancia estaba en marcha. Como consecuencia de todo ello es que, acto seguido, aparecieron los famosos “Mamani Audios”, presentados por Daniel Salaverry, entonces Keikista acérrimo. Fue gracias a esos audios que los peruanos nos enteramos cómo se manejaban las cosas en las altas esferas políticas del país; de quién provenían las órdenes que los demás acataban sin duda ni rumor alguno; cómo se producían las coordinaciones a través del famoso chat de la “Botica”; etc. El final ya lo conocemos todos… HAY UN DICHO ANTIGUO QUE DICE QUE “LAS MENTIRAS, TIENEN PATAS CORTAS”. EN ESTE CASO, LA VERDAD SALIÓ A LA LUZ Y NO FUE OTRA COSA QUE UN COMPLOT O ARDID TRAMADO ENTRE UN LAGARTÓN Y UNA GORDITA QUE A LAS FINALES FUE UNA MALA PERDEDORA.
LA TREMENDA JUEZ QUE SE ENFRENTA AL CONGRESO
Como para no variar, esta semana es escenario político se cargó con una serie de hechos que volvieron a poner de cabeza el panorama. Durante las semanas anteriores, Perú Libre y otras agrupaciones de izquierda se estuvieron oponiendo a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero fue el abogado Walter Ayala quien, finalmente, presentó una acción de amparo pidiendo la eventual nulidad de la elección de los miembros del TC, arguyendo la vulneración de los derechos fundamentales. La jueza supernumeraria del Tercer Juzgado Transitorio Constitucional, Soledad Amparo Blácido Báez, admitió dicha medida, incluida una medida cautelar que paralizó el proceso que se desarrollaba en el Parlamento.
Como antecedente, podemos mencionar que dicha jueza fue la misma que le denegó la acción de amparo a Salvador Heresi contra Martín Vizcarra cuando, siendo presidente de la República, Vizcarra cerró el Congreso. Para algunos juristas, se trata de una clamorosa intromisión del Poder Judicial en el ámbito que le corresponde al Poder Legislativo. Sin embargo, para otros, si bien es cuestionable la acción de amparo para el tema en particular, también es cierto que el Legislativo sí estaría facultado para actuar en este tipo de situaciones, en aplicación del principio del check and balance. En fin, como van las cosas en el parlamento, parece que este Congreso que se va no elegirá finalmente a ningún miembro del TC… LLAMA LA ATENCIÓN QUE UNA JUEZA SUPERNUMERARIA SEA LA ENCARGADA DE ENFRENTARSE A CONGRESISTAS ELECTOS POR VOLUNTAD CIUDADANA. ES UN TEMA PARA REFLEXIONAR.
PIDEN QUE SE HAGA EFECTIVO APERCIBIMIENTO DE MULTA CONTRA LOS CONGRESISTAS QUE PARTICIPARON EN EL PLENO DEL CONGRESO QUE VOTÓ ELECCIÓN DE MAGISTRADOS AL TC
El abogado Walter Edison Ayala Gonzales, que presentó el amparo contra el Congreso de la República para que no se elija a los magistrados del TC, habría presentado un escrito ante el Tercer Juzgado constitucional Transitorio, solicitando que se haga efectivo el apercibimiento decretado en la causa y se ponga, de momento, el apercibimiento menos gravoso de una multa de 10 unidades de referencia procesal a cada congresista que participó en el Pleno del Congreso de la República convocado para los días 7 y 8 de julio.
Además, también solicita que se haga apercibimiento de destitución de los congresistas que continúen con su actitud renuente de no cumplir con el mandato judicial… SEGÚN NOS COMENTAN, UNA UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL ES EQUIVALENTE A 440 SOLES. DE MANERA QUE LA MULTA QUE RECAERÍA SOBRE CADA PADRE DE LA PATRIA QUE ASISTIÓ A LA SESIÓN DEL PLENO SERÍA DE 4400 SOLES. SI TENEMOS EN CUENTA QUE FUERON CERCA DE 90 LOS CONGRESISTAS QUE PARTICIPARON EN LA SESIÓN Y EMITIERON SU VOTO, ESO DA UN TOTAL DE 396 000 SOLES. EL VÓMITO NEGRO, QUE LE DICEN.
RAFAEL VELA INVESTIGARÍA A LOS “DINÁMICOS DEL CENTRO”: ¿DENUNIARÁ A VLADIMIR CERRÓN?
La gente más allegada a Vladimir Cerrón anda en calidad de no habida, y es que la investigación fiscal ha sido muy acuciosa y ha encontrado indicios mas que razonables para pedir prisión preventiva de muchos de ellos —incluso gente muy ligada a Cerrón, como son los casos de Eduardo Bendezú (aún en la clandestinidad), Roger Najar (quien desapareció de escena argumentando problemas de salud) y Arturo Cárdenas (también no habido)—. En tanto, el fiscal Richard Rojas ha cumplido con todos los procesos para poder acceder a información importante, incluso recurriendo a interceptaciones telefónicas. Por su parte, la Fiscal de las Nación habría encargado al fiscal Rafael Vela Barba hacerse cargo de las investigaciones en segunda instancia, por ser un caso emblemático que evidenciaría un aparente “Lavado de activos” por parte de los dirigentes de Perú Libre y funcionarios del Gobierno Regional de Junín… ESPERAMOS QUE CON TODAS LAS PRUEBEAS QUE SE PRESENTE, LA GENTE INVOLUCRADA EN ESTOS ACTOS ILÍCITOS TERMINE EN LA CÁRCEL Y QUE, DE LLEGAR AL PODER PERÚ LIBRE, NO SE PRODUZCAN PRESIONES POR PARTE DE LA GENTE DE PEDRO CASTILLO.
EL EMPRESARIO QUE APOYA A PEDRO CASTILLO
Un reportaje del programa Cuarto Poder reveló que el domicilio de cinco pisos —ubicado en Breña—, donde despacha Pedro Castillo, pertenece al empresario Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, quien en registros públicos figura como gerente general de Aldalab Perú SAC. Sánchez es natural de Chota, al igual que Pedro Castillo. Asimismo, la empresa Aldalab se dedica a la importación y comercialización de equipos y materiales médicos. Según se supo, el 2018 esta empresa realizó importaciones por US$ 246 mil y el 2019 por US$ 341 mil. Hurgando en las bases de datos del gobierno nos enteramos inició actividades el 2012, y a la fecha ha tenido contratos con el Estado por S/ 4’507,548.63, pero el grueso de estos montos se produjo en los últimos cinco años: S/ 3’888,479.68. El contrato más grande fue el que tuvo con la Universidad Nacional del Centro el 2017 por S/ 716,600. Con esa misma universidad contrató el 2018 por S/ 2,000 y el 2019 por S/ 116,450… YA COMENZAMOS A ENTERARNOS DE LOS ALLEGADOS A PEDRO CASTILLO Y EN MUCHOS CASOS DESCUBRIMOS QUE “NO ES AMOR AL CHANCHO, SINO A LOS CHICHARRONES”. ESPERAMOS MAYOR TRASPARENCIA POR PARTE DEL ENTORNO DEL “PROSOR” CASTILLO.
ASESOR DE UPP ESTÁ LIGADO A PERÚ LIBRE Y FUE UNO DE LOS RECAUDADORES DE DINERO PARA PAGAR LA REPARACIÓN CIVIL DE VLADIMIR CERRÓN
En política no hay secretos y siempre que hay “movidas”, estas se llegan a saber, de suerte que ya no llaman la atención. En esta oportunidad, nos comentan que algunos actores políticos como José Vega Antonio —actual congresista de UPP y presidente de ese partido— van tomando posiciones, aparentemente para sacar provecho de la cambiante coyuntura. Así, nos dicen que, después de producida la primera vuelta electoral, UPP habría contratado a Braulio Grajeda Bellido —alto dirigente de Perú Libre en el sur de país—. Su nombre habría trascendido después de que se supo que era el titular de una de las cuentas que recaudaba fondos para su partido. También se supo que es abogado y hace dos años fue contratado pro el Gobierno Regional de Junín. Una investigación de Canal N ha descubierto que su contrato solo duró tres días y que su sueldo fue por mas de 15,000 soles… AHORA QUE SE VA EMPAREJANDO EL PISO, COMENZAMOS A VER QUIÉNES ESTAN DETRÁS DE LOS INTERESES DE VLADIMIR CERRÓN. A RAÍZ DE LA DESAPARICIÓN DE ROGER NÁJAR, EMPEZAMOS A VER A CIERTOS ACTORES PRESENTÁNDOSE, COMO QUIEN NO QUIERE LA COSA, EN EL PARLAMENTO.
PARTE DE LA FAMILIA DE LA PRIMERA VICEPRESIDENTA DINA BOLUARTE, COINCIDENTEMENTE, TRABAJAN EN EL ESTADO
En una investigación que publica el portal Gato Encerrado, se muestra cómo la familia de la primera vicepresidente Dina Boluarte viene ocupando desde hace años cargos en el sector público, lo cual no infringe ninguna norma ni incurre en nepotismo, dicho sea de paso. Por ejemplo, su hermano Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra fue viceministro de Promoción del Empleo en el Gobierno de Ollanta Humala y después ha ocupado los puestos de director regional de Trabajo de Lima Metropolitana y gerente general del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), y en el 2020 fue consultor en el ministerio de Educación. Su otra hermana, René Boluarte Zegarra, es la abogada y se desempeña como asesora de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) desde hace casi una década. En otras palabras, fue asesora del desaparecido y tristemente célebre Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) – como ya sabemos, para ocupar esos cargos tenías que ser allegado a uno o varios magistrados, y ya sabemos cómo hacían valer sus recomendaciones… EL INFORME TAMBIÉN NOS MUESTRA QUE OTROS HERMANOS HAN POSTULADO A CARGOS DE REGIDORES TANTO EN SU LOCALIDAD COMO EN LIMA. LAMENTABLEMENTE, EN LAS PROVINCIAS MUCHAS PERSONAS VIVEN DEL ESTADO Y, PARA ELLO, SE DEDICAN A POSTULAR FUNGIENDO DE POLÍTICOS.
RENUNCIA CONGRESISTA JORGE VÁSQUEZ BECERRA A LA BANCADA DE ACCIÓN POPULAR
Lamentablemente ya se ha hecho costumbre que aparezcan “topos” en las filas de Acción Popular. Todo esto, por un pésimo manejo de filtros de la dirigencia nacional, así como por la apertura a inscripciones a dedo promovida por dirigentes que solo viven del partido. Es más, en múltiples casos, incluso sus hijos postulan también como congresistas e inscriben a supuestos militantes para después “apoyarlos” con algún incentivo, a fin de que postulen a su vez al Congreso, a un gobierno regional o una municipalidad. Ese es el caso de Jorge Vásquez Becerra, que llego a ocupar el puesto nro. 1 como candidato al Congreso por el partido de la lampa. Sin embargo, nadie señala que, con anterioridad, también había sido militante de APP, de César Acuña, y del Partido Nacionalista de Ollanta Humala.
Según nuestras fuentes, en las internas del partido se acusa a Edmundo del Águila Jr. —quien tiene un proceso en el Callao por falsificación de firmas en el padrón del partido junto a dirigentes de esta zona, a quienes se les acusa de usar ese método para conseguir puestos expectantes en el partido de la lampa—… DESPUÉS SE FUE DESCUBRIENDO POR VARIAS DENUNCIAS QUE CONGRESISTAS COMO MÓNICA SAAVEDRA Y LESLIE LAZO LLEGARON AL CONGRESO CON AYUDA DE LOS ALCALDES DE JESÚS MARÍA Y SAN MARTÍN DE PORRES. AMBAS, JAMÁS HABÍAN MILITADO EN EL PARTIDO Y EXTRAÑAMENTE CONSIGUIERON UNA ALTA VOTACIÓN EN LAS ELECCIONES INTERNAS SIN EXPLICACIÓN ALGUNA. EL PROGRAMA PERIODÍSTICO PANORAMA DENUNCIÓ AL ALCALDE JORGE QUINTANA DE ESTAR DETRÁS DEL APOYO LOGÍSTICO A UNA DE ESTAS CANDIDATAS.
OTRA MÁS DE ACCIÓN POPULAR: CONGRESISTA ROLANDO CAMPOS VILLALOBOS SE FUE CON TODO
Según trascendidos, el congresista de Acción Popular, Rolando Campos Villalobos, habría protagonizado un accidente de tránsito en la ciudad de Lambayeque. De acuerdo a la información policial, el parlamentario habría estado al volante de una camioneta ploma, conduciendo en sentido contrario al tránsito. En tales circunstancias, habría perdido el control del vehículo, impactando contra una motocicleta líneas que se hallaba aparcada a un costado de la pista, frente a la vivienda de su propietario.
El accidente se habría producido el martes 10 de noviembre del 2020, al promediar las 22:30 horas, en las inmediaciones de la segunda cuadra de la calle Dos de Mayo, en Lambayeque. Luego de los trámites policiales de rigor, el congresista quedó en calidad de citado por la Fiscalía y, según se comenta, habría presentado signos de ebriedad.
Como se recuerda, Rolando Campos fue el único parlamentario de Lambayeque que votó en contra de la vacancia de Martín Vizcarra y, por lo visto en los últimos días en el Congreso, también se opondría a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional por este parlamento… POR LO SUCEDIDO EN EL ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO DEL 10 DE NOVIEMBRE, EL CONGRESISTA ROLANDO CAMPOS DEBERÍA APELLIDARSE “CONTRERAS”, PORQUE SIEMPRE LE GUSTARÍA IRSE EN CONTRA, YA SEA CONTRA EL TRÁNSITO O CONTRA LA VOLUNTAD CIUDADANA. QUÉ TAL EJEMPLO DE CIVISMO Y RESPETO DE LA INSTITUCIONALIDAD CIUDADANA. SALUD.
TRABAJADOR DEL CONGRESO ES DENUNCIADO POR OFRECER INFORME FAVORABLE A FAVOR DE CUESTIONADA EMPRESA CONSTRUCTORA ORIENTAL
Fuentes confiables nos comentan que un trabajador ligado a un grupo de trabajo que “supuestamente” debe de investigar las “irregularidades” de una constructora por no haber cumplido los plazos y especificaciones en la construcción de un Hospital en el Sur del país, se habría apersonado a los empresarios orientales para ofrecerles un informe “Armani”, hecho a medida, que los limpiaría de toda denuncia la cual, de otro modo, sería enviada a la fiscalía.
Les alcanzamos algunos datos de este delincuentillo: trabaja actualmente como auxiliar de una comisión, con un congresista que perteneció a Acción Popular, y cuyo asesor principal recién se ha recibido de abogado (nos dicen que el asesor está siendo investigado por mentiroso, al hacerse pasar como abogado durante largo tiempo; además, nos comentan que dejó de vivir en la Av. Habich para irse a vivir a San Isidro y es natural de Talara). Pero, volviendo al auxiliar corrupto de marras al que denuncian nuestras fuentes, les diremos que fue expulsado por robarse los arbitrios de una municipalidad limeña, le gusta usar el saco morado de los “valet parking”, le dicen “¨Palomillo”, tiene uñas largas y bigotes cortitos, al mejor estilo de los delincuentes de las tiras cómicas… ALERTAMOS A LA OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO PARA QUE ESTÉN ALERTAS, POR SI SALE LA DENUNCIA EN UN PROGRAMA PERIODÍSTICO DOMINICAL. TODO PARECE INDICAR QUE OTRA VEZ EL CONGRESO SE VERÁ ENVUELTO EN CUESTIONAMIENTOS. “GUERRA AVISADA NO MATA GENTE”.
VERÓNIKA MENDOZA APADRINARÍA A FRANCISCO EQUIGUREN PARA QUE RESQUEBRAJE REALCIÓN DE PEDRO CASTILLO Y VLADIMIR CERRÓN
Gente del entorno de Vladimir Cerrón habría parado las orejas y estaría atento a las jugadas que en la interna de la alianza de izquierda que se estaría tejiendo alrededor de Pedro Castillo, pues, según trascendió, Verónika estaría pensando seriamente en proponer al jurista caviar Francisco Eguiguren como máscara de proa para liderar desde dentro, un enfrentamiento con la gente de Perú Libre y específicamente con Vladimir Cerrón.
Para ello, no solo se habría valido de un amicus curiae, escrito oportunista presentado a último minuto ante el JNE para favorecer con su opinión las causas pendientes de resolución ante el organismo encargado de temas jurisdiccionales en materia electoral, sino que, además, estaría buscando vitrinas mediáticas, como lo acontecido en el último número del semanario Hildebrandt.
Según comentan, la gente de Cerrón ya estaría al tanto de los antecedentes xenófobos y elitistas de Eguiguren, a quien, según dicen, le apesta todo aquello que tenga color cobrizo, use sombrero cajamarquino o venda del mundo rural, pero que se hace el sueco y se traga los ascos con tal de treparse al carro político ganador. De otro lado, y esto es más grave, también estarían al tanto de la investigación que tiene pendiente Francisco Eguiguren en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, al haberse beneficiado con la buena pro otorgada a dedo y sin cumplir con los requisitos de la LOE de Contrataciones y Adquisiciones del Estado durante el gobierno de Ollanta Humala… SEGÚN DICEN, FUERON NUEVE MILLONES DE SOLES QUE RECIBIÓ EL JURISTA CARIAR EGUIGUREN PARA HACER LA FINTA EN UNOS CASOS QUE LA SUNAT YA TENÍA PRÁCTICAMENTE GANADOS. ASÍ CUALQUIERA.
Política
El Congreso avanza hacia la inhabilitación de Betssy Chávez
El peso de la responsabilidad por intentar quebrar el orden constitucional. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe que recomienda inhabilitar por 10 años a la exprimera ministra Betssy Chávez.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por la legisladora de APP María Acuña Peralta, aprobó el informe que recomienda la inhabilitación por diez años para toda función pública de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino. Señalada como una de las figuras clave detrás del intento de golpe de Estado encabezado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, Chávez enfrenta ahora una de las sanciones políticas más severas previstas por la Constitución.
El proceso avanza con rapidez. La exministra no presentó defensa ante la subcomisión, ni de forma personal ni mediante un abogado, lo que facilitó el trámite y dejó su situación aún más comprometida. Esta ausencia levanta preguntas sobre su estrategia legal, pero también refuerza la percepción de una falta de interés por enfrentar las consecuencias institucionales de sus actos.
Actualmente detenida mientras avanza el proceso penal en su contra, Chávez Chino ha quedado políticamente aislada. Aunque tendrá la oportunidad de ejercer su defensa ante la Comisión Permanente y ante el pleno del Congreso, el camino hacia la inhabilitación parece cada vez más inevitable.

Más allá de la figura de Betssy Chávez, este caso marca un punto de inflexión en la respuesta del sistema político frente a intentos de quebrar el orden democrático. Sin embargo, también se exige autocrítica del Congreso: no debe confundirse justicia con revancha política. La transparencia y el respeto al debido proceso son cruciales para que la sanción tenga legitimidad, y no se perciba como una simple maniobra punitiva.
El informe aprobado es parte de un paquete de acciones contra exfuncionarios vinculados al intento de disolver el Congreso. Pero el castigo político debe estar acompañado de una reflexión institucional más profunda: cómo evitar que quienes llegan al poder, como Pedro Castillo o sus principales aliados, vuelvan a intentar socavar la democracia desde dentro.
Política
Polémico ‘proyecto de ley’ busca devolver brevetes a conductores ebrios
¿Segunda oportunidad o riesgo público? En Perú, conducir en estado de ebriedad es incurrir en delito de ‘peligro común’. El artículo 274° del Código Penal sanciona esta conducta con prisión, e inhabilitación, subrayando la gravedad de manejar bajo efectos del alcohol o drogas.

El congresista Jorge Flores Ancachi, ahora legislador ‘no agrupado’ tras su salida de Podemos Perú, ha reactivado la polémica con su proyecto de ley 11781/2024-CR, conocido informalmente como la “Ley del borrachito”. La iniciativa propone permitir que conductores sancionados por manejar en estado de ebriedad puedan recuperar su licencia de conducir, siempre que no hayan causado muertes, ni daños permanentes.

La propuesta contempla una amnistía parcial hasta el 31 de diciembre de 2025, permitiendo a los infractores —previo pago de una multa con descuento del 80% y la aprobación de un curso de capacitación— volver a conducir legalmente. Según Flores Ancachi, no se trata de fomentar la impunidad, sino de reconocer la posibilidad de rehabilitación y evitar sanciones “eternas” para quienes desean reinsertarse laboralmente.
Miles de conductores inhabilitados por conducir en estado de ebriedad han mostrado respaldo a la medida, argumentando que están arrepentidos, necesitan trabajar y que han sido castigados por años. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se opone con firmeza, señalando que el proyecto representa un serio retroceso en la lucha por la seguridad vial.
El debate pone sobre la mesa una tensión legítima: ¿puede una sociedad negar toda posibilidad de reinserción a un infractor que no causó daños irreparables? Pero también es necesario recordar que conducir ebrio no es un simple error: es una conducta peligrosa con potencial letal, porque es considerado un delito.
Conducir bajo influencia del alcohol es delito
Como se recuerda, conducir en estado de ebriedad en Perú constituye el delito de peligro común. El artículo 274° del Código Penal «Conducción en estado de ebriedad o drogadicción», establece que manejar bajo la influencia del alcohol o drogas es un delito, y se sanciona con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años, o con prestación de servicios comunitarios, además de la inhabilitación para conducir.
El proyecto de ley, aunque bien acertado para algunos, corre el riesgo de normalizar una falta grave y un presunto delito. Las segundas oportunidades son valiosas, pero deben estar siempre subordinadas a la responsabilidad, la prevención y el bien común.
economía
Presentan PL para que el Banco de la Nación pueda comprar y vender oro de la minería artesanal
Iniciativa presentada por el congresista Jorge Montoya busca modificar la Ley 16000 para incrementar las funciones del banco.

Arroz con mango. Pretender dotar atribuciones que no corresponden a determinada institución es como forzar a los abogados que operen a un herido, o que un ingeniero se dedique a cosechar papas; es decir, cargarles con atribuciones que no van con la naturaleza de su oficio.
A propósito de ese desbarajuste, la Comisión de Economía del Congreso de la República viene evaluando el Proyecto de Ley (PL) n. 8491 para que el Banco de la Nación (BN) pueda comprar, vender, exportar y comercializar oro proveniente de la minería artesanal y de pequeña escala.

La iniciativa ha sido presentada por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) y propone la modificatoria de los artículos 2 y 6 de la Ley 16000, la misma que regula las funciones del banco estatal.
En el mencionado PL se estipula además que la entidad deberá implementar tecnología y procedimientos para asegurar la trazabilidad, calidad y exportación de los minerales, todo ello respetando normas ambientales, tributarias y de prevención de lavado de activos.
Según el texto, el Ejecutivo tendría un plazo de 90 días para aprobar la reglamentación necesaria, en caso se apruebe la ley. El financiamiento, según se indica, se haría con cargo al presupuesto institucional del banco y sin recurrir a recursos adicionales del Tesoro Público.
Cabe precisar que uno de los argumentos principales de la propuesta es que gran parte del oro producido por la minería artesanal no es trazado ni declarado formalmente, lo que facilita su desvío hacia canales ilegales. El proyecto también afirma que países como Bolivia y Tanzania han implementado esquemas similares con resultados positivos, aunque no ofrece mayores detalles al respecto.

La postura del Banco de la Nación
En tanto, el BN envió un informe donde advirtió sobre los riesgos de aprobar el PL que propone ampliar las facultades operativas de la entidad para permitirle participar en la compra, venta y exportación de oro y minerales. Según el documento, el Banco no cuenta con experiencia en estas actividades, ya que su labor está orientada a brindar servicios financieros a entidades públicas, instituciones del sistema financiero y trabajadores del sector público, conforme a lo establecido en su Estatuto.
En adición, se señaló que habilitarlo para operar en el comercio de minerales podría generar resultados negativos debido a la falta de recursos y conocimientos técnicos, afectando incluso su desempeño actual en la prestación de servicios bancarios. Por estas razones, la Gerencia Legal no recomienda la aprobación de la iniciativa legislativa.
Por su parte, ADEX señaló que existe un alto riesgo de que la compra de oro sin conocer la procedencia de este pueda involucrar metales de origen ilegal e informal, significaría blanquear activos ilegales, con lo cual se estaría incentivando aún más la ilegalidad e informalidad del sector al monetizar el oro.
Política
Demora histórica: Gobierno anuncia financiamiento para cinco nuevos penales
El Ministerio de Economía firmó un acuerdo con CAF por USD 800 millones para mejorar el sistema penitenciario, pero persisten dudas sobre si los nuevos penales se construirán con eficiencia o volverán a demorarse por años, como ha ocurrido antes.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concretó un préstamo de US$ 800 millones con CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, destinado a financiar la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios en el país. La operación fue anunciada el 29 de junio durante la 185ª reunión del directorio de la CAF en Sevilla, España, y forma parte de un ambicioso programa liderado por el Ministerio de Justicia.

Aunque la inversión —que asciende a US$ 1,000 millones, sumando un aporte estatal de US$ 200 millones— representa un avance importante, la medida también pone en evidencia una histórica desatención del Estado en materia de infraestructura penitenciaria. Durante décadas, los centros de reclusión en el Perú han operado por encima de su capacidad, con niveles de hacinamiento que superan el 130%, sin que se hayan desarrollado políticas sostenidas para resolver el problema de fondo.
El nuevo plan contempla cinco penales, entre ellos el de Colquepata (Cusco), con capacidad para 2,500 internos, y el de Huacho (Lima), que será el más grande del país con capacidad para 16,000 personas privadas de libertad. Otros tres establecimientos se construirán en regiones aún no detalladas, sumando espacio para unos 10,000 internos adicionales.
La reforma apunta a cerrar brechas, garantizar derechos y contribuir a la reinserción social. Sin embargo, el éxito del programa dependerá no solo de la inversión, sino también de una ejecución eficiente que supere los retrasos estructurales que históricamente han postergado al sistema penitenciario peruano.
Política
JPP le cierra las puertas a Antauro Humala y solo confirma alianza con Pedro Castillo
Roberto Sánchez, presidente de JPP, negó cualquier tipo de acercamiento con líder etnocacerista.

Lo mandaron bien lejos. Luego que el líder etnocacerista, Antauro Humala, gritara a los cuatro vientos que iba a formar una alianza con el partido Juntos por el Perú (JPP) y el ex presidente Pedro Castillo. “Esta coalición es un bloque nuevo y aquí estoy dando la primicia, la presentación de un bloque nacionalista”, mencionó en hace poco de una semana Humala Tasso.
Ahora, el propio presidente de JPP, Roberto Sánchez, salió a aclarar que en realidad solo existe un pacto con el expresidente Castillo, desmintiendo por otro lado cualquier lazo con Antauro Humala.
“Juntos por el Perú y el movimiento liderado por el presidente Pedro Castillo, solo ambos, han suscrito su unidad política y electoral en este nuevo momento de llamado a la unidad popular más amplia que ha realizado Castillo”, manifestó el parlamentario para el diario El Comercio.

Asimismo, el exministro de Comercio Exterior durante el mandato de Pedro Castillo, subrayó que sí existen conversaciones separadas tanto con Castillo Terrones como con Antauro Humala y que las decisiones definitivas sobre alianzas se tomarán antes del 2 de agosto, fecha límite para la presentación de alianzas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Por su parte, desde sectores internos y aliados de Castillo se confirmó que, hasta el momento, no existe una mesa de diálogo directa entre Castillo y Humala.
Tal parece que las exigencias de Antauro Humala habrían caído muy mal dentro de JPP, insinuándose un presunto pedido para su agrupación encabece la nómina presidencial y de postulantes al Congreso. Estas diferencias se suman a pugnas internas en el partido, donde un sector rechaza la posible alianza con Humala y acusa a Sánchez de irregularidades en el manejo del comité electoral interno.
Política
Trenes sin rieles: el proyecto de López Aliaga y el conflicto con el MTC
Mientras el alcalde de Lima prioriza anuncios cargados de campaña electoral, el proyecto ferroviario hacia Chosica avanza sin infraestructura ni coordinación técnica. La llegada de trenes usados evidencia más improvisación que planificación, en medio de un nuevo conflicto con el Ministerio de Transportes.

La reciente iniciativa del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de adquirir trenes usados para implementar un servicio ferroviario entre Lima y Chosica ha vuelto a generar polémica. Lejos de ser una propuesta articulada con el Ejecutivo, esta acción se enfrenta a objeciones técnicas claras y revive la ya conocida confrontación entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
El titular del MTC, César Sandoval, ha advertido que las vías necesarias para operar estos trenes no están habilitadas ni cuentan con la infraestructura mínima para una marcha blanca —un periodo de prueba previo al funcionamiento comercial. En otras palabras, los trenes que pretende traer el alcalde no tienen dónde operar con seguridad ni viabilidad técnica, al menos por ahora. A pesar de ello, López Aliaga ha insistido en el anuncio de una marcha blanca, una declaración que parece más un acto de campaña presidencial, que una planificación responsable de política pública.

El alcalde, conocido por su estilo confrontacional, ha optado nuevamente por llevar el debate al terreno político, dejando de lado una coordinación técnica elemental con el MTC, que —según ha declarado su ministro— no está poniendo trabas al proyecto y ha mostrado disposición al diálogo. Esta respuesta del Ejecutivo desarma en parte la narrativa del bloqueo institucional que López Aliaga ha pretendido difundir.
Más allá de los protagonismos, el fondo del problema es preocupante. Traer trenes usados, sin haber garantizado previamente las condiciones mínimas de operación, es una señal de improvisación y de una peligrosa desconexión con las exigencias técnicas de un proyecto de transporte masivo. Además, sin un plan de integración con el sistema de movilidad de la ciudad, lo que podría terminar vendiéndose como un avance en infraestructura urbana, podría convertirse en una inversión ineficiente o incluso en un monumento a la descoordinación institucional.
La capital necesita trenes, sí, pero también necesita planificación, transparencia y diálogo entre niveles de gobierno. La urgencia electoral de un personaje que parece haberse olvidado de los problemas de la comuna metropolitana no puede sobrepasar las necesidades reales de una ciudad que, más que anuncios, requiere soluciones viables.
Política
‘Renovación Popular’ defiende a Patricia Benavides y denuncia a Delia Espinoza
¿Justicia o intereses cruzados? La bancada ultraconservadora presentó una queja ante la JNJ para solicitar la destitución de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y la suspensión temporal de los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena.

La reciente queja presentada por la bancada de ‘Renovación Popular’ ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, y otros tres fiscales supremos, plantea más preguntas que certezas. Alegando “faltas muy graves” por desobedecer la orden de reponer a Patricia Benavides Vargas en el cargo, los congresistas solicitan una suspensión temporal e incluso la eventual destitución de los involucrados. ¿Es un verdadero intento por defender la legalidad o simplemente una maniobra política para proteger a una aliada?

No sorprende el respaldo de ‘Renovación Popular’ a Benavides Vargas, quien fue suspendida por el Poder Judicial mientras es investigada por presunto cohecho. Su figura, aunque controversial, ha sido vista por sectores conservadores como un contrapeso frente a decisiones de la JNJ que han incomodado al Congreso. El problema radica en el sesgo evidente: mientras se minimiza la gravedad de las acusaciones contra Patricia Benavides, se cuestiona a Delia Espinoza por no acatar una disposición administrativa, cuyo alcance jurídico aún es materia de debate.

Pero Espinoza Valenzuela tampoco queda libre de escrutinio. En su intento por sostenerse en el cargo tras la orden de la JNJ, su resistencia ha generado dudas sobre si su permanencia responde a la defensa institucional o a intereses personales. Acusaciones como “vigilias internas” e instrumentalización de funcionarios menores no pueden ser tomadas a la ligera, y la falta de claridad en sus motivaciones ha alimentado el desgaste de la imagen del Ministerio Público; aunque ella lo niegue y salga a decir que “la Fiscalía no está en crisis”.

El fondo del asunto trasciende la pugna entre dos señoras del Ministerio Público: pone en evidencia cómo la justicia se ha convertido en un campo de batalla política. Mientras ‘Renovación Popular’ actúa como defensor político de Patricia Benavides, bajo el argumento de “resistencia a la autoridad”, se omite que esa misma autoridad —la JNJ— dictó medidas contra ella por causas penales, no disciplinarias.

La institucionalidad se erosiona cuando las reglas se interpretan a conveniencia. La ciudadanía asiste, una vez más, a una disputa que parece menos sobre justicia y más sobre quién controla el poder dentro del sistema fiscal. Mientras tanto, ni Delia Espinoza, ni su detractora Patricia Benavides están exentas de responsabilidad en este clima de desconfianza.
Política
Porky en su laberinto: entre trenes viejos y los 200 millones de dólares que se pagará a Rutas de Lima
Los oscuros días del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

El alcalde de Lima Rafael López Aliaga se encuentra inmerso en fuertes cuestionamientos. Su gestión viene siendo golpeada por sus propias decisiones. Traer unos trenes viejos al país —que para muchos es considerado chatarra— ha visibilizado que sus promesas fueron falsas. Una ciudad no puede convertirse en potencia mundial haciendo uso de trenes que otro país descarta.
A esto se suma la ausencia de un plan cultural para Lima. Además, recientemente la Corte de Apelaciones del distrito de Columbia, en los Estados Unidos, ratificó el pasado 24 de junio dos laudos arbitrales internacionales que ordenan a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), dirigida por Rafael López Aliaga, el pago de aproximadamente 200 millones de dólares a Rutas de Lima.
Un gran detalle que no se le ha escapado a la jueza Ana C. Reyes, de la Corte de Columbia, fueron las reiteradas declaraciones del alcalde de Lima, quien se oponía públicamente en pagarle a la concesionaria. Tales declaraciones le permitieron a la jueza sacar una conclusión.
Esto no saldrá del bolsillo de Porky, los 200 millones de dólares lo pagaremos todos los peruanos.
Aquí el programa de Lima Gris radio con más detalles de Porky en su laberinto.
-
Política5 años ago
Las licencias de Benavides [VIDEO]
-
Política5 años ago
La universidad fantasma de Benavides
-
Actualidad5 años ago
Richard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»
-
General5 años ago
Dan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional
-
Política4 años ago
Altos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas
-
Actualidad2 años ago
Carlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»
-
Cultura5 años ago
MINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING
-
Cultura4 años ago
«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo