El programa Wasi Mikuna, impulsado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), atraviesa actualmente una etapa de profunda incertidumbre institucional. Según fuentes del propio ministerio, se estaría ejecutando una tercera entrega de productos alimentarios a instituciones educativas públicas del país, e incluso ya se habría comunicado a los directores sobre dicha distribución.

Señora ministra, ¿dónde está el sustento técnico y legal que autoriza esta entrega, considerando que el programa fue declarado extinguido? ¿Cuál es la lista de proveedores involucrados en esta tercera entrega?

Durante su interpelación del 3 de mayo de 2025 ante el Congreso de la República, la ministra Leslie Urteaga afirmó:

“Las empresas que alguna vez pusieron en riesgo la salud de nuestros niños no podrán regresar bajo otro nombre ni disfrazarse. Vamos a cerrar esa puerta de forma definitiva, implementando más controles”.

Entonces, ¿por qué, hasta la fecha, no se han iniciado procedimientos administrativos sancionadores contra los proveedores que distribuyeron productos cuestionados? E incluso, al referirse a la decisión de cerrar el programa, agregó:

“Por eso extinguimos un modelo opaco, ineficiente y deslegitimado para dar paso a una reforma estructural respaldada por todo el Poder Ejecutivo”.

Ministra continúa con Wasi Mikuna.

Sin embargo, tales afirmaciones contrastan con la falta de información clara sobre quiénes serán los nuevos proveedores y si los actuales procesos de contratación están o no repitiendo a los actores previamente cuestionados. Las palabras deben traducirse en hechos verificables.

Más aún, esta nueva entrega resulta sorprendente, si se considera que mediante el Decreto Supremo N.º 006-2025-MIDIS se aprobó la extinción del Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna, se declaró en emergencia el servicio alimentario escolar y se dictaron medidas urgentes para su reorganización.

A este escenario se suma un hecho revelador: la renuncia de la directora ejecutiva Nadya Villavicencio, junto con otros tres altos funcionarios del programa, quienes decidieron apartarse del cargo por discrepancias con la titular del MIDIS, Leslie Urteaga, luego de la suspensión de alimentos a escolares. Esta dimisión colectiva, ocurrida en medio del proceso de reestructuración, agudiza la percepción de crisis y descoordinación en la conducción del programa.

Nadya Villavicencio.

Según lo informado por Diario Uno, los funcionarios habrían manifestado su desacuerdo con ciertas decisiones estratégicas tomadas por la ministra, lo que refuerza la necesidad de mayor claridad en los lineamientos de ejecución.

Como también señaló la ministra en su interpelación:

“Como se ha venido señalando, queremos resaltar que a nivel nacional esta gestión tomó la decisión drástica de suspender el consumo de todos los enlatados de pescado, pavo y pollo correspondientes a la primera y segunda entrega del Servicio Alimentario Escolar”.

Antes de su salida, Villavicencio suscribió una disposición clave. El 8 de abril de 2025, mediante un documento dirigido a la jefa de Supervisión del programa, Florita Ysabel Chavezarroyo Mauricio, ordenó la suspensión inmediata del uso y consumo de conservas hidrobiológicas y de carne de ave (pollo y pavita) correspondientes a la primera y segunda entrega del Servicio Alimentario Escolar (SAE) en todas las Unidades Territoriales. La medida se fundamentó en la necesidad de proteger la salud e integridad de los usuarios del programa, disponiendo además la ejecución de vigilancia, supervisión y análisis técnico de los productos no consumidos, advirtiendo que su cumplimiento era obligatorio y bajo responsabilidad funcional.

Frente a esta disposición técnica y preventiva, surgen interrogantes legítimas que aún no han sido resueltas por el ministerio: ¿Qué se hizo finalmente con los productos suspendidos? ¿Cuáles son los protocolos para dar de baja esos insumos de la primera y segunda entrega?  ¿O es que las adjudicaciones para la tercera entrega, iniciadas en marzo, se están ejecutando con los mismos proveedores?

Estas preguntas no son menores, ya que revelan una preocupante falta de transparencia y comunicación institucional. Mientras tanto, los estudiantes permanecen en la incertidumbre y expuestos a riesgos como los ocurridos en Piura y Amazonas, que derivaron en la interpelación de la ministra, quien estuvo cerca de sufrir una segunda censura.

A pesar del anuncio de extinción, el 12 de mayo de 2025, mediante Resolución Ministerial N.º D000137-2025-MIDIS, el MIDIS designó temporalmente al señor Willman John Ardiles Alcázar como Director Ejecutivo del Programa Wasi Mikuna, en adición a sus funciones como Coordinador Técnico, hasta la designación del nuevo titular. Esta designación, en un contexto de crisis, sin publicación de nuevos lineamientos operativos ni actualización del marco normativo, refuerza la percepción de improvisación administrativa.

Willman John Ardiles Alcázar es un cuestionado funcionario que salió del Ministerio de Cultura tras escandalosos informes de Contraloría. Estuvo en el Mincul durante la gestión del exministro de Vizcarra, Alejandro Neyra y Leslie Urteaga.

Si el programa ha sido declarado extinguido y se ha planteado la necesidad de replantear su operatividad, ¿cómo se explica la continuidad de entregas sin que, hasta la fecha, se haya publicado una actualización de los protocolos técnicos ni un comunicado oficial que esclarezca el marco normativo vigente?

La ciudadanía merece explicaciones claras, decisiones coherentes y una gestión transparente, especialmente cuando se trata de políticas públicas que afectan directamente a la salud y bienestar de nuestros escolares.

Durante el gobierno del vacado expresidente Martín Vizcarra, allá en el 2018, Juan José Santiváñez Antúnez, abogado de profesión, se desempeñaba como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior (Mininter) hasta marzo del año 2020 cuando se reveló que había defendido a varios policías acusados de corrupción y extorsión.

Cuatro años después, en abril, volvió a trabajar en el Estado esta vez como viceministro de Orden Interno del Mininter, ya durante el mandato de Dina Boluarte; un mes después la mandataria lo nombraría como titular de dicha cartera tras la salida de Walter Ortiz. Hasta el momento, Santiváñez ha sido el ministro que se ha mantenido más tiempo en dicho portafolio (11 meses, del 16 de abril del 2024 al 21 de marzo del 2025) hasta que el Congreso votó a favor de su censura.

Desde ese entonces, Santiváñez se ha mantenido siempre dentro de la órbita de la jefa de Estado, es así que el pasado 17 de abril fue designado por la mandataria como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, ganando por ello la suma de 17,568 soles, según resolución n.° 024-2025-DP/SGDP. Ese despacho tiene como objetivo principal asesorar y centralizar información clave proveniente del Ejecutivo, otros poderes del Estado y diversas instituciones. Un puesto hecho como anillo al dedo para el ferviente exministro defensor de Boluarte.

Sin embargo, eso no es todo. El 6 de mayo del año en curso, el abogado penalista ocupa un nuevo cargo dentro su ministerio preferido, siendo designado como parte del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), de acuerdo a la Resolución Suprema n.° 069-2025-IN, firmada por Dina Boluarte y el entonces titular del Interior Julio Díaz Zulueta.

Cabe precisar que Santiváñez no percibe doble remuneración. Por su cargo en el Despacho Presidencial gana 17,658 soles y en la Sucamec percibe dietas correspondientes a cada sesión del Consejo Directivo.

Es así que cuestionado exministro ahora ya no necesita exponer su rostro ante la atenta mirada de la prensa, sino que permanece, por decirlo de alguna manera, un paso atrás de la jefa de Estado, ni tan cerca ni tan lejos, esperando el momento oportuno para dar su punto de vista en algún tema coyuntural o para mover sus hilos dentro de la Policía. En tanto, la mandataria no se cansa de defender a uno de sus ‘soldados’ más leales, apuntando el dedo contra esos “enemigos de la patria” o esa “fuerza oscura” de los “caviares” que solo quieren ver en el suelo a ella y todos sus ministros.

El jueves 15 de mayo, más de 140 alcaldes distritales, provenientes de recónditos lugares de Puno, La Libertad, Cusco, o Apurímac, tuvieron que viajar alrededor de 24 horas o más hacia la capital para asistir de manera presencial a Palacio de Gobierno con la presidenta Dina Boluarte y firmar un convenio a favor de sus distritos; en caso de no hacerlo o no asistir, tal beneficio del Estado les sería rechazado.

Es así que 144 alcaldes se vieron forzados a venir a Lima, gastando su tiempo y dinero (dinero que le es escaso porque sus distritos se encuentran en pobreza extrema) para satisfacer los caprichos de la mandataria, así lo reveló este último domingo el dominical ‘Punto Final’.

Es bien conocido que la jefa de Estado lo que le sobra en cirugías le falta en aprobación, y durante la firma del convenio del programa Llamkasun Perú (Trabaja Perú) quiso tomarse una fotografía institucional junto a los burgomaestres para demostrar que ese centenar de autoridades la vienen apoyando. Nada más alejado de la realidad.

En el reportaje del citado medio se indica que esos acuerdos bien podían celebrarse en las oficinas regionales del programa, pero este año se les exigió la presencia de todos los alcaldes distritales para complacer a la mandataria.

“Imagínese que tenemos que venir para poder firmar cuando se puede hacer en el mismo Huánuco. Si no vengo, se pierde todo. Uno viaja pudiendo perder la vida. Además, la parte económica ¿quién subvenciona? Yo vengo de un distrito pobre que está en último lugar en la crisis estructural”, manifestó uno de los indignados alcaldes distritales de Huánuco que para colmó llegó tarde a la ceremonia debido al terrible tráfico vehicular.

Lo peor de todo es que esos papeles que les hicieron firmar a los alcaldes en Palacio de Gobierno carecen de validez porque solo se trata de escaneos; los documentos oficiales ya habían sido firmados con días de anticipación, pero la presidenta Boluarte quería hacerlos venir de tan lejos para crear la impresión de que todos ellos la estaban apoyando.

El dato:

La jefa del programa Llamkasun Perú es Jessica Tumi, y es militante del partido Alianza para el Progreso, liderado por César Acuña. Cuando se le preguntó el verdadero motivo de la presencia de todos esos alcaldes contestó que se trataba de “proyectos de inversión” y que la invitación no era obligatoria.

Se salió con la suya. Mientras millones de peruanos aún dormían, a primeras horas del último domingo se realizó la misa de inicio del pontificado de León XIV. En la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, cientos de autoridades eclesiásticas, reyes, políticos, y familiares del santo padre acudieron para ver la entronización del papa.

Entre los asistentes se encontraba la presidente de la República, Dina Boluarte, quien fue acompañada de una delegación de tres personas que le costó a todos los peruanos US$ 17,613.58, todo para que la jefa de Estado consiga posar junto al sumo pontífice por un corto tiempo.

Desde la cuenta oficial de Presidencia del Perú se describió el momento entre Boluarte con el papa León XIV como una “audiencia extraordinaria”, pero se trató de un encuentro tal vez forzado por la mandataria con el papa, pues las reuniones oficiales suelen realizarse en el despacho papal.

Ya en la misa para la entronización del papa, la autodenominada “mamá de todos los peruanos” pasó a saludarlo junto a las demás autoridades. En algunos casos, el papa se mostraba más emocionado de recibir a sus familiares y algunos mandatarios, a los cuales les daba un fuerte apretón de manos, una cálida sonrisa y hasta un abrazo reconfortante; pero con la mandataria peruana fue un saludo distante y meramente protocolar, tal vez recordando que las manos de la chalhuanquina se encuentran manchadas de sangre por las muertes durante las protestas, así como por no hacer nada para evitar las matanzas en las minas de La Libertad y Arequipa; en cambio, Boluarte Zegarra sostenía fuertemente la mano del papa, como queriendo prolongar más de lo debido el encuentro.

Cuesta creer que Boluarte y su delegación viajaron al Vaticano solo para forzar una instantánea con el papa peruano-estadounidense, como intentando buscar la validación ‘sagrada’ de la figura más importante hacia la mandataria, tal vez tratando así de subirle su aprobación que ahora bordea el 2 %, según la última encuesta de Datum.

Ni siquiera en ciudad del Vaticano la presidenta peruana se le ablandó el corazón teniendo la deferencia de responder las preguntas de la prensa nacional, y como de costumbre pasó de largo hacia su vehículo.

Mientras el discurso oficial celebra la “transición energética” y el impulso a las energías renovables (RER) en el Perú, lo que no se menciona con la misma claridad es quién está detrás de esa inversión y cuáles podrían ser sus verdaderas implicancias. La reciente aprobación de una adenda que eleva a casi 500 millones de dólares la inversión de la empresa china Hydro Global Perú —socia de China Three Gorges— en la central hidroeléctrica San Gabán III, revela cómo el lobby energético chino avanza a paso firme bajo el manto de la sostenibilidad.

Se consuma lobby chino

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, ha saludado la participación china en estos proyectos, destacando el supuesto potencial del país en energías limpias (RER), como el Hidrógeno Verde. Pero más allá del entusiasmo por captar capital foráneo, surgen serias dudas sobre el verdadero beneficio de este tipo de inversiones para el Perú.

La Resolución Ministerial Nº 480-2024-MINEM/DM, refrendada por el ministro Montero Cornejo, establece que, con fecha 12 de diciembre de 2024, se culminó la suscripción de la segunda adenda de modificación del contrato de inversión tras gestiones realizadas entre la empresa concesionaria y ProInversión.

San Gabán III es presentado como un símbolo de progreso y cooperación bilateral. Sin embargo, poco se dice sobre el impacto ambiental de construir una hidroeléctrica de 205.8 megavatios en una zona rica en biodiversidad como Carabaya, Puno. Tampoco se discute con suficiente profundidad la pérdida de soberanía energética cuando un país extranjero —con intereses geoestratégicos claros como China— controla buena parte de la generación eléctrica a través de empresas concesionarias.

Por su parte, Zhu Hongbing, presidente internacional de China Three Gorges, socia de Hydro Global, afirmó que continuarán invirtiendo en proyectos eléctricos, basados en fuentes limpias, promoviendo el uso de energía sostenible para la población, siendo el Perú, el país donde ejecutarán la mayor inversión.

“San Gabán III es el fruto del memorándum energético firmado entre China y Perú, lo que fortalece las relaciones bilaterales entre ambos países y contribuye a la creación de empleo local, dinamizando su economía y aportando conocimientos en nuevas tecnologías”, expresó el empresario asiático Zhu Hongbing.

La llamada “energía verde” se convierte así en una etiqueta políticamente correcta para justificar megaproyectos que, aunque no queman combustibles fósiles, sí generan impactos sociales, alteraciones en los ecosistemas y dependencia tecnológica. En nombre del desarrollo sostenible, se permiten adendas contractuales, modificaciones de cronogramas y aumentos presupuestarios sin mayor escrutinio público.

La narrativa del “hidrógeno verde” y la inversión en renovables sirve más como un recurso discursivo que como una verdadera política de transformación energética con enfoque descentralizado y equitativo. Mientras las grandes hidroeléctricas reciben toda la atención y el dinero, poco o nada se hace por democratizar el acceso a la energía en comunidades aisladas, ni por fortalecer fuentes renovables de pequeña escala que podrían empoderar a la ciudadanía y reducir conflictos sociales.

Detrás del discurso limpio de las RER, a la que se sumaron algunos congresistas lobistas y dos exviceministros de Energía y Electricidad, respectivamente, se esconde una realidad compleja donde la sostenibilidad se usa como excusa para beneficiar a grandes corporaciones extranjeras. Y el Perú, una vez más, parece entregarse con los ojos cerrados.

Mientras miles de peruanos enfrentan una de las peores crisis económicas de los últimos años, la presidenta Dina Boluarte se alista para un viaje al Vaticano, acompañada de una llamativa comitiva que ha despertado críticas y cuestionamientos. El motivo oficial es la entronización del nuevo Papa, León XIV, pero el verdadero debate está en el gasto que esta visita representa para el Estado, en medio de tantas urgencias nacionales.

Según documentos oficiales, Boluarte Zegarra no irá sola. Tres personas del Despacho Presidencial la acompañarán: Enrique Vilchez Vilchez, secretario general; Carmen Giordano Velásquez, asesora técnica conocida por su aparición como testigo en el escándalo del Rolex; y Karin Díaz Cruzado, suboficial técnico de la Policía Nacional (PNP), designada como parte del personal de seguridad. Solo el costo del viaje de este grupo supera los 65 mil soles. Pero eso no es todo.

Gobernador de Lambayeque hará turismo en Roma

De forma inesperada, también viajarán el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores, y cuatro consejeros regionales: Ricardo Lara Doig, Gustavo Espinoza Soto, Víctor Orosco Nunton y Sujeily Camacho Fernández. ¿Cuál es el motivo? Según el Consejo Regional, asistirán a la misa de inicio del pontificado y entronización del nuevo Papa, en la Plaza San Pedro del Vaticano. No queda claro qué aporta su presencia ni qué beneficios traerá este viaje a la región lambayecana.

Los gastos de estos funcionarios tampoco son menores. Cada uno recibirá $2,160 por concepto de viáticos (540 dólares por día) y $4,977 para pasajes. Es decir, solo en este grupo de Lambayeque el Estado gastará más de 35 mil dólares. Todo esto, en una región que sufre por la falta de agua potable, hospitales colapsados y calles destruidas por las lluvias.

Este tipo de viajes parecen más una excusa para el turismo diplomático que una gestión responsable de los recursos públicos. Mientras millones de peruanos hacen malabares para llegar a fin de mes, las autoridades viajan cómodamente al extranjero con el dinero de todos, sin rendir cuentas claras de los resultados de esas visitas.

La situación es aún más preocupante si se considera que ni Boluarte ni los miembros de su comitiva tienen un rol relevante en la ceremonia del Vaticano. No participan como representantes de un país invitado especial, ni tienen previsto firmar acuerdos bilaterales o sostener reuniones de alto nivel. Simplemente van a “asistir” a una misa, algo que bien podrían seguir por televisión, como lo hará la mayoría del mundo.

El mensaje que este viaje envía es indignante: mientras el país enfrenta crisis por corrupción, inseguridad y pobreza, sus autoridades se dan el lujo de pasear por Europa con dinero público. La desconexión entre el Gobierno y la realidad de los ciudadanos es cada vez más evidente. Y lo más grave: ya ni siquiera se esfuerzan por disimularlo. Este viaje no solo es un despilfarro, es una burla para todo el país.

Una reciente investigación de la Contraloría General de la República ha puesto en evidencia serias irregularidades en las contrataciones de altos funcionarios dentro del Seguro Social de Salud (EsSalud). El informe de Control Especifico n.° 075-2024-2-0251-SCE, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la entidad, revela que al menos cinco personas fueron designadas en cargos directivos en la sede central y en la red prestacional Rebagliati del Seguro Social de Salud, sin cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente, especialmente con lo dispuesto por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).

Los hechos descritos no son menores. Según el informe, de acuerdo al Plan de Control 2024 del OCI, estos nombramientos afectaron el correcto funcionamiento de la administración pública al incumplirse los criterios de meritocracia, transparencia e idoneidad que deben regir el acceso a cargos públicos de alta responsabilidad. Más aún, se sugiere la posible comisión de delitos como Falsedad Genérica, Negociación Incompatible y Aprovechamiento Indebido del Cargo.

El origen de la investigación

La Contraloría inició un Servicio de Control Específico bajo el título: “Evaluación, designación, contratación y ejercicio del cargo de directivos públicos en la sede central y en la Red Prestacional Rebagliati del Seguro Social de Salud”. Esta investigación analizó las contrataciones realizadas entre junio de 2019 y junio de 2023.

Durante este período, cinco funcionarios asumieron cargos estratégicos en la estructura organizacional de EsSalud. Todos ellos, según la Contraloría, accedieron a sus puestos sin acreditar debidamente los conocimientos, la experiencia específica ni las competencias requeridas en el Manual de Perfiles de Puestos (MPP) de la entidad de salud.

Los nombres bajo la lupa

Los funcionarios involucrados, según el informe, son:

Simón Alejandro Verástegui Gastelú – Gerente Central de Asesoría Jurídica (cuya fecha de inicio fue el 11/08/2021 y fecha de cese el 21/06/2022).

Milton John Carlos Valderrama Wong – Gerente General de EsSalud (cuya fecha de inicio fue el 09/11/2022 y fecha de cese el 22/05/2023).

Dimitri Nicolás Senmache Artola – Gerente Central de la Persona Adulta Mayor (cuya fecha de inicio fue el 04/10/2022 y fecha de cese el 06/01/2023).

Pedro Américo Tapia Méndez – Gerente de Normativas y Asuntos Administrativos (cuya fecha de inicio fue el 16/05/2022 y fecha de cese el 21/06/2022).

Rubén Ángel Emilio Chachi Vicuña – Jefe de la Oficina de Abastecimiento en la Red Prestacional Rebagliati (cuya fecha de inicio fue el 27/01/2023 y fecha de cese el 09/02/2023).

Según el OCI, sus designaciones no solo carecieron de sustento técnico, sino que fueron avaladas por funcionarios de la ‘Gerencia Central de Gestión de las Personas’, quienes habrían validado expedientes sin corroborar el cumplimiento de los requisitos establecidos por SERVIR y el Manual de Perfiles de Puestos (MPP) de EsSalud.

Un patrón de designaciones cuestionables

Uno de los casos más significativos es el de Dimitri Nicolás Senmache Artola, designado como Gerente Central de la Persona Adulta Mayor, nivel Ejecutivo 2. Según el informe, su expediente fue aprobado a pesar de no acreditar los conocimientos ni los programas de especialización requeridos para el cargo. La validación fue realizada por Miriam Yudith Ayala Pérez, Gerente Central de Gestión de las Personas, quien aseguró que Senmache cumplía con el perfil.

Sin embargo, el OCI demostró que la maestría que presentó el funcionario, otorgada por CEREM International Business School, no figura en la plataforma de grados y títulos de SERVIR. Este detalle pone en duda la veracidad de su formación académica. Como se recuerda, Senmache se desempeñó como ministro del Interior durante el mandato de Pedro Castillo; sin embargo, apenas duró mes y medio en el cargo, y el 30 de junio de 2022, el Congreso aprobó el voto de censura con 78 votos a favor.

Fuente: Contraloría.

Otro caso relevante es el de Rubén Ángel Emilio Chachi Vicuña, quien ocupó los cargos de Asesor II en la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE) y jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Red Rebagliati. Según el informe, su expediente no contenía la documentación que acreditara el cumplimiento de los requisitos exigidos para ambas funciones. Pese a ello, fue contratado y asumió cargos de responsabilidad sin el perfil adecuado.

Un nombramiento sin respaldo legal

Simón Alejandro Verástegui Gastelú, designado como Gerente Central de Asesoría Jurídica, también figura entre los casos observados. Aunque su expediente consignaba 13 años de experiencia, la revisión del OCI determinó que no cumplía con los criterios de experiencia específica requeridos en el Manual de Perfiles de Puestos de EsSalud. Su designación fue oficializada mediante resolución firmada por el entonces presidente de EsSalud, Mario Carhuapoma Yance, el 11 de agosto de 2021.

Cabe resaltar que el expediente fue evaluado por funcionarios como Boris Alejandro León Elguera y Silvia Frine Mateo Ramos, quienes validaron la información presentada pese a las inconsistencias encontradas posteriormente.

Uso incorrecto de formatos y requisitos omitidos

Otro ejemplo claro de irregularidad es el caso de Pedro Américo Tapia Méndez, designado como Gerente de Normativas y Asuntos Administrativos. Según el informe, los evaluadores utilizaron un formato incorrecto (FAD-12 “Gerente-Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas”) para validar su experiencia. En lugar de utilizar el formato correspondiente a la Gerencia Central de Asesoría Jurídica, se empleó uno de otra gerencia.

Esta manipulación del procedimiento permitió que Tapia Méndez accediera al cargo sin cumplir con los criterios exigidos. La responsabilidad recae en Erick Cristian Hinostroza Villacorta y Rosa Yessi Cornejo Garay, encargados de evaluar su expediente.

Un gerente general sin experiencia en el sector público

El caso de mayor gravedad corresponde al nombramiento de Milton John Carlos Valderrama Wong como Gerente General de EsSalud. De acuerdo con la Ley N° 31419 y su reglamento, para ocupar ese puesto era obligatorio acreditar al menos un año de experiencia en el sector público. Valderrama Wong no cumplía con este requisito, pero de todas formas fue designado mediante resolución de la Presidencia Ejecutiva del 9 de noviembre de 2022.

Durante su gestión, que se extendió hasta el 17 de julio de 2023, percibió un salario total de 151,617.17 soles, según el software del sistema SAP (Systems, Applications & Products), de EsSalud. Su expediente fue evaluado y aprobado por la Subgerente de Gestión de la Reincorporación, Rosa Yessi Cornejo Garay, la Subgerente de Gestión de Personal, Sandra Esther Mosto Oquendo y la misma Gerente Central de Gestión de las Personas, Miriam Yudith Ayala Pérez.

Pérdida económica y daño institucional

En conjunto, los cinco funcionarios mencionados percibieron remuneraciones por un total de 410,004.52 soles, pese a que sus designaciones no se ajustaron a los requisitos establecidos. Este desembolso de dinero público, según la Contraloría, no garantizó la idoneidad en el ejercicio de funciones y vulneró los principios de transparencia, legalidad y meritocracia.

Más grave aún es el daño institucional ocasionado. Al colocar en cargos claves a personas sin el perfil técnico requerido, se compromete la eficiencia de los servicios de salud, afectando directamente a millones de asegurados que dependen de EsSalud.

Responsabilidades y delitos presuntos

El informe de la Contraloría es categórico: los hechos evidencian presuntas responsabilidades administrativas, funcionales y penales. Se concluye que las personas implicadas no lograron desvirtuar los señalamientos del OCI, por lo que podrían haber incurrido en los delitos de:

Falsedad Genérica (alteración de documentos o declaraciones para obtener un beneficio).

Negociación Incompatible (cuando un funcionario se interesa, directa o indirectamente, en contratos o decisiones en las que tiene conflicto de interés).

Aprovechamiento Indebido del Cargo (uso del cargo público para obtener beneficios personales o de terceros).

Es preciso mencionar que El 11 de junio de 2024, la Jefa del OCI de EsSalud, Merici De Los Ángeles Huertas Navarro, remitió el Informe de Control Específico a la entonces Presidenta Ejecutiva de EsSalud, María Elena Aguilar del Águila, a través del Oficio N° 000087-2024-CG/OC0251. En dicho documento se solicitó iniciar los procedimientos administrativos correspondientes contra los funcionarios involucrados.

Conclusiones

Como resultado del Servicio de Control Especifico a los hechos con ‘evidencia de irregularidad’ practicado al Seguro Social de Salud (EsSalud), luego de revisar los expedientes de las propuestas para los cargos de directivos públicos, la Contraloría identificó una incorrecta evaluación, así como la no aplicación de la normativa de SERVIR, en las designaciones de dichos cargos.

Sin embargo, el personal de la ‘Subgerencia de Gestión de la Incorporación de la Gerencia de Políticas y Organización del Recurso Humano’ de la Gerencia Central de Gestión de las Personas, contrario a las disposiciones normativas, estableció que las personas propuestas sí cumplían con el perfil requerido para los respectivos cargos por el que fueron contratados. Situación que no solo contravino una serie de normativas en el ejercicio de la función pública; sino, que también limitó a la entidad de salud a contratar a directivos públicos en condiciones de competencia leal y efectiva—y sobre todo—se afectó el correcto funcionamiento de la administración pública.

Recomendaciones de la Contraloría

El informe no se queda en la denuncia, también plantea acciones concretas. Entre ellas, se recomienda:

Iniciar procesos penales contra las personas comprendidas en los hechos, especialmente por delitos contra la fe pública y la administración pública.

Remitir los antecedentes a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para que evalúe iniciar acciones legales.

Revisar el proceso de designación de directivos públicos, asegurando que se cumplan estrictamente los perfiles establecidos por SERVIR y el Manual de Perfiles de Puestos de EsSalud.

Fortalecer los mecanismos de control interno, de modo que situaciones como estas no se repitan en el futuro.

Un llamado urgente a la institucionalidad

Este caso debe servir como advertencia. En un país donde los servicios públicos requieren con urgencia eficiencia, transparencia y profesionalismo, designar a personas sin el perfil adecuado en cargos clave es una forma de corrupción que pone en riesgo la vida y la salud de millones de ciudadanos. La investigación de la Contraloría no solo ha revelado un problema técnico o administrativo. Ha destapado un patrón sistemático de irregularidades en el proceso de designación de altos funcionarios en EsSalud. Una conducta que vulnera no solo la legalidad, sino también el principio de equidad de acceso a los cargos públicos.

Es momento de que las instituciones del Estado actúen con firmeza y que la justicia determine las responsabilidades penales, y que se tomen medidas urgentes para evitar que el aparato estatal siga siendo utilizado como botín político o personal.

Ante una severa crisis en los penales, muchos de ellos en total hacinamiento, los criminales encuentran las rejas abiertas para continuar delinquiendo. Sin embargo, el Congreso de la República aprobó ayer una reforma que faculta a los jueces poder expulsar a los delincuentes extranjeros cuando éstos sean detenidos en flagrancia.

Con 97 votos a favor, la norma fue exonerada de segunda votación y ahora queda en manos del Ejecutivo para su promulgación.

Con las manos en la masa

Los jueces penales podrán ordenar la salida del país durante la audiencia de control de detención o en las primeras 24 horas después de la captura, siempre que se demuestre de manera clara que hubo flagrancia delictiva. Es decir, que el delito fue cometido en el acto y con evidencia contundente.

El congresista Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), promotor de la norma, indica que esta reforma busca aligerar la carga procesal y actuar con mayor rapidez frente a casos donde no hay dudas sobre la culpabilidad del detenido. En ese sentido, se incorpora la expulsión como una medida cautelar excepcional dentro del Código Penal, modificando sus artículos 57 y 159.

No podrán regresar al Perú

Asimismo, una vez que la expulsión sea ejecutada, el extranjero no podrá volver al Perú durante un periodo equivalente al máximo de pena por el delito cometido. Eso significa que si se trató de un delito con pena máxima de 10 años, ese será el tiempo de prohibición para volver a pisar suelo peruano. En los casos más graves, el castigo migratorio podría alcanzar hasta 25 años.

Excepciones

En tanto, no todos los casos aplican para esta modificatoria. La ley excluye a menores de edad, personas que estén tramitando refugio y a aquellos cuya salida del país pueda vulnerar derechos fundamentales. Esto, con el fin de respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, si un extranjero afirma estar siendo perseguido políticamente y ha solicitado asilo, su situación será analizada con mayor detenimiento.

El dato:

De acuerdo a registro de Migraciones, más de 760 personas extranjeras fueron expulsadas solamente el primer trimestre del año debido a infracciones a la legislación migratoria.