Política
El Datazo: Hernando de Soto pide ser Premier y cinco ministerios
Lo último de la coyuntura política de manera resumida.

JORGE PAREDES TERRY DICE QUE DE SOTO ESTÁ PIDIENDO SER PREMIER Y CINCO MINISTERIOS
El operador político de Hernando de Soto, Jorge Paredes Terry, reveló anoche que el ex candidato presidencial de Avanza País habría pedido el premierato a los candidatos que pasaron a la segunda vuelta. Sí, el premierato y cinco ministerios a cambio de apoyarlos. No entendemos el porqué de estas revelaciones, al inicio en la campaña de la segunda vuelta… NO OLVIDEMOS QUE PAREDES TERRY ERA CERCANO AL MOVADEF Y A ANTAURO HUMALA —A QUIEN PEDRO CASTILLO QUIERE INDULTAR—, ¿SERA QUE PAREDES TERRY YA ES PARTE DE PERU LIBRE?
LAS INTENCIONES DE VACAR A LA MESA DIRECTIVA, LOS GOLPISTAS DE NUEVO AL ATAQUE
Según fuentes de varias bancadas de peso, las pretensiones de vacar a la presidenta del Congreso y a la Mesa Directiva está en marcha —por eso también son las dilaciones de Alarcón, que pretende aliarse con ambos candidatos a la Presidencia y, de ganar uno de ellos, no ser juzgado como se lo merece por la justicia— por un lado, escuchamos a la congresista Cecilia García de Podemos Perú y por otro lado una Martha Chávez pidiendo que Merino de Lama regrese a la Presidencia de la República. En los próximos días el plan estaría en marcha y el voceado a presidir el Congreso sería el representante tumbesino de Acción Popular… OTRA VEZ LA GOBERNABILIDAD EN JUEGO, REALMENTE LOS SUEÑOS DE OPIO DE MERINO DE LAMA YA DEBEN DE TERMINARSE.
LA ABOGADA DE ALARCÓN, ROSA BARTRA
El día martes 13 debió de tratarse en el Congreso la acusación constitucional Nro. 273 contra el congresista Edgar Alarcón Tejada, pero el día lunes, en una carta dirigida a la presidenta del Congreso, pidió más tiempo invocando la convención de Derechos Humanos y al debido proceso. Es que si abogado Humberto Abanto se había desistido en su defensa —una manera más de dilatar el caso, toda vez que Alarcón espera que censuren a la Mesa Directiva, moción que están presentando en estos días, sus aliados— y para eso nuevamente envía una carta a la presidenta del Congreso solicitando una prórroga, toda vez que su nueva abogada, la Dra. Rosa María Bartra —ex congresista fujimorista— asumiría su defensa y quiere tiempo para leer su expediente… AHORA ACUDE A LA JUSTICIA E INVOCA A DIOS, CUANDO LOS PADRES DE UN ASESOR DE LA COMISION DE FISCALIZACIÓN, QUE ESTABAN ENFERMOS DE COVID-19, NO TUVO REPAROS EN DESPEDIRLO —Y AMBOS FALLECIERON—. AHORA TE VICTIMIZAS. TE LA DAS DE VIVO, NO TE DAS CUENTA QUE TIENES MAS ENEMIGOS Y PELIGROSOS.
ROSA BARTRA VOTÓ A FAVOR DE LA REMOCIÓN DE EDGAR ALARCÓN COMO CONTRALOR
Nos llama la atención que Rosa María Bartra sea la abogada de Edgar Alarcón, porque ella votó a favor de su destitución como contralor general de la República y luego, como primera vicepresidenta del Congreso, firmó la Resolución Legislativa 015-2016-201 7-CR para removerlo del cargo. Pasa el tiempo y ahora es su abogada. Entonces, ¿Cuándo votó no lo hizo por convicción?, parece ser también que Alarcón ya muestra su verdadero color y que atrás dejó a Antauro y su campaña nacionalista. en el fondo el muy oportunista tiene ahora una cabezota bien naranja, pero tratándose de Alarcón, se trata de una naranja recontra podrida… EN FIN, EL KARMA EXISTE ASÍ QUE PRONTO SE TE REGRESARÁ TODA LA VIVEZA.
PERO ALARCÓN QUIERE REUNIRSE CON OTRO DE LOS HUMALA
Nos cuentan que el congresista Alarcón habría pedido reunirse con uno de los hermanos Humala teniendo como intenciones tener acercamiento a Vladimir Cerrón —el líder de Perú Libre— a cambio le ofrecería unos documentos de importancia… JUGANDO CON EL FUJIMORISMO Y EL COMUNISMO, AJÁ, ¿LO SABRAN SUS ALIADOS COMO ROSA BARTRA Y LA COORDINADORA REPUBLICANA?, TATATATÁ.
ÚLTIMO MINUTO: “PALOMILLO ES EL MÁS BOTADO” I
En 1995, Palomillo fue destituido de la municipalidad de la capital. El conocido como “UÑAS LARGAS Y MUGROSAS” Palomillo salió como un can de la calle: su delito era sustraer dinero de los arbitrios que cobraba a los contribuyentes de la institución. Por más que presentó una acción de amparo que llegó al Tribunal Constitucional —curiosamente usando los mismos argumentos que su jefe cabezón: El debido proceso— y éste organismo falló dando la razón a la municipalidad… SUS PRIMEROS PASOS EN LOS BAJOS MUNDOS DE LA COIMA HABÍAN COMENZADO.
ÚLTIMO MINUTO: “PALOMILLO ES EL MÁS BOTADO” II
Después la misma fuente nos cuenta que Palomillo ingresó a trabajar como auxiliar en el estudio de una líder política muy conocida, donde fue ascendiendo hasta llegar a ser “administrador”. Ahí nos cuentan que decía ser contador, y que una de las razones por la que también lo botaron fue la desaparición de un dinero de las cajas del Estudio, por lo que el padre de la señora lo echó. Así es este ser que de leal no tiene nada… PEDRO CASTILLO ES COMUNISTA, PERO SE CORTA LAS UÑAS —ESO LE ENSEÑÓ SU PADRE. A PALOMILLO PARECE QUE LE ENSEÑARON A TENERLAS LARGAS, MUGROSAS Y LIMADITAS, IGUALITAS A LAS DE LOS OSOS PEREZOSOS (CON EL PERDÓN DE ESOS ANIMALITOS, QUE NO TIENEN LA CULPA DE TENER LAS UÑAS COMO EL BIGOTÓN VALET PARKING EN MENCIÓN).
ÚLTIMO MINUTO: “PALOMILLO ES EL MÁS BOTADO” III
Después, nos comentan que un amigo suyo ganó la concesión de un estacionamiento de una municipalidad y que tuvo la mala fortuna de nombrar al bigotón de uñas largas en la concesión. Los resultados ya lo sabemos, se limó las uñas largas y mugrosas y a lo “David Copperfield” —pero él que imita JB, desapareció el billete— este es el sujeto que ahora se atreve a hablar de la gente con esa moral que no tiene, ocultando de mala manera esas hongueadas terminaciones filudas en los dedos mugrosos que forman parte de su perversa alma de ser maletero, mentiroso y ladrón. Un pobre diablo que hoy se jacta de caminar por los pasos perdidos del Congreso. ESA ES LA HISTORIA DE ESA MAL NACIDA PALIDEZ DE SOMBRA. SEGUIREMOS INDAGANDO SUS AVENTURAS CON OTROS DOS ALCALDES. TUS AVENTURAS POR SER EL MAS “BOTADO”, PORQUE POR DONDE VAS, TE BOTAN POR PERICOTE Y DESLEAL. VEN Y COME TU RACUMÍN.
LOS MORALES, PADRE E HIJO PERDIERON EN LAS ELECCIONES CONGRESALES
Pedro Morales Mansilla tuvo el atrevimiento de postular al Congreso por Acción Popular —su ciudad natal Huancayo— creyendo que la gente había olvidado su paso como alcalde de esta ciudad y la compra de maquinaria chatarra que hizo durante su gestión. El resultado, pocos votaron por él. Pero en Lima, su hijo Pedro Jr. También postulaba al Congreso —y estaba seguro, porque tenía un numero expectante, el quinto lugar—. Sin embargo, por segunda vez fue derrotado. Se presentaba como un experto en la hermenéutica parlamentaria y era falso, solo se paraba atrás de García Belaúnde —cada vez que intervenía éste, para que lo vieran en televisión a Pedrito—… ESTOS CREEN QUE LA POLÍTICA ES UN TRABAJO, QUE VAYAN A TRABAJAR EN LA CALLE, EL DÍA A DÍA.
OTRO CASO: DOS HERMANOS POSTULAN AL CONGRESO POR FUERZA POPULAR
Otro caso es de los hermanos CORDERO JON TAY, uno de ellos es Gustavo, que postula por segunda vez en Lima Provincias por Fuerza Popular, y su hermana María, que postuló por Tumbes, y nuevamente salió electa. María fue congresista del 2011 al 2016 por Tumbes por el mismo partido. ¿Y qué hizo por ese departamento? Nada. Ella nació y se crió en Barranca, pero nunca postuló por su zona. Fue objeto de una denuncia periodística, por ingresar a altas horas de la noche a visitar al ex presidente Alberto Fujimori. Y, hablando de denuncias, además fue denunciada de oficio al escucharse un audio donde sus trabajadores expresaban que se les recortaba el sueldo… MARÍA HA SALIDO ELECTA. NO HARÁ NADA POR TUMBES Y LO SABEMOS. LO QUE SI HEMOS VISTO ES COMO SE HA INCREMENTADO SUS PROPIEDADES, PUES EN EL 2016 DECLARABA UN DEPARTAMENTO EN MIRAFLORES, HOY TIENE PROPIEDADES EN BARRANCA Y OTRAS CIUDADES, ¿DE DONDE SALIÓ EL DINERO?
EL HERMANO DE CERRÓN, ES INVESTIGADO POR CORRUPCIÓN EN JUNÍN
El candidato al Congreso de Perú Libre en Junín, Waldemar Cerrón Rojas, tiene a la fecha una investigación fiscal por el presunto delito de lavado de activos, junto con sus hermanos Vladimir y Fritz Elías Cerrón Rojas. Esta información la hemos obtenido por fuentes de la Sexta Fiscalía Penal Corporativa de Huancayo, que ve los casos de lavado de activos en la región Junín. Según detallaron, la última diligencia sobre este caso se dio el pasado 8 de marzo, cuando un juez de garantías dispuso una investigación suplementaria por el plazo de seis meses… ESTOS SON LOS CONGRESISTAS QUE EL PUEBLO ELIGE, ESO ES POR NO LEER Y DEJARSE LLEVAR POR LAS EMOCIONES.
UN MOTOTAXISTA Y VARIOS DOCENTES SON ELECTOS CONGRESISTAS
En amazonas, el mototaxista Segundo Montalvo Cubas salió electo por el partido Perú Libre; además, cerca de 6 profesores de primaria y secundarias han salido electos congresistas. Esperemos que no solo la voluntad sea la inspiración de ellos de llegar al Congreso sino el ánimo de servir a su región y por ende el país… LE DESEAMOS ÉXITOS A TODOS ELLOS, LA MEJOR DE LAS SUERTES PARA TODOS.
Política
Congreso: Presentan PL para anular alza salarial de Dina Boluarte
Legisladora Sigrid Bazán impulsó una iniciativa para revertir el polémico aumento de sueldo a favor de la presidenta Dina Boluarte, calificándolo de injustificado y ofensivo. Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa similar.

La polémica por el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte continúa generando reacciones en el ámbito político. A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la congresista Sigrid Bazán anunció que ha presentado un proyecto de ley para dejar sin efecto el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, que oficializa el incremento de la remuneración presidencial a S/35,568 mensuales.

Proyecto de Ley impulsado por parlamentaria Sigrid Bazán.
El mencionado decreto, aprobado con el respaldo del Consejo de Ministros, ha sido duramente criticado por su inoportunidad en medio de una coyuntura marcada por dificultades económicas y baja aprobación ciudadana. Frente a ello, Bazán Narro manifestó su indignación y explicó que su iniciativa se sustenta en el derecho de iniciativa legislativa que le otorga la Constitución y el Reglamento del Congreso.
“Acabo de presentar, con las firmas correspondientes, un proyecto de ley que DEROGA el DS que aprueba el DESCARADO aumento (…) Veremos si el Congreso lo tramita y quiénes están dispuestos a aprobarlo”, escribió la legisladora del Bloque Democrático Popular en su red social, cuestionando tanto el fondo como la forma en que se autorizó el incremento.
El proyecto de ley cuenta con el respaldo de otros parlamentarios, entre ellos Carlos Zevallos, Susel Paredes, Ruth Luque y Reymundo Mercado, quienes también consideran que el reajuste presidencial carece de justificación técnica y sensibilidad política.
Por su parte, el congresista Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa para derogar el mismo decreto. Quito argumenta que el aumento vulnera principios clave como el de legalidad presupuestaria y contradice los topes establecidos en la Ley N.º 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
La controversia no solo ha puesto en entredicho la decisión del Ejecutivo, sino que también ha abierto un nuevo frente de debate en el Congreso, donde ahora se espera conocer qué bancadas respaldarán la anulación del cuestionado incremento.
Política
Eduardo Arana y Pérez Reyes se zurraron en el Congreso
Pese a ser citados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, los ministros Eduardo Arana y Raúl Pérez Reyes no asistieron al Congreso, eludiendo su responsabilidad de explicar el alza salarial de Dina Boluarte.

Ambos ministros fueron citados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos y no acudieron al Congreso y esquivaron la rendición de cuentas sobre el aumento de sueldo a la presidenta Boluarte.
Una vez más, el Ejecutivo da la espalda al Congreso. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y el titular de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, decidieron no presentarse ante la Comisión de Fiscalización, pese a estar citados para ofrecer explicaciones sobre el polémico incremento de sueldo a la presidenta Dina Boluarte. Su ausencia, lejos de pasar desapercibida, ha sido interpretada como una burla al control parlamentario y una muestra de desprecio por la transparencia.
La sesión, programada para las 10:30 de la mañana, arrancó con la lectura de asistencia. Ninguno de los dos altos funcionarios se hizo presente en el hemiciclo. Ambos enviaron oficios en los que comunicaban su inasistencia, sin brindar argumentos de fondo que justifiquen su decisión de no acudir.
La falta de compromiso del Ejecutivo llega en un momento particularmente sensible, cuando el país atraviesa una crisis de representación y una creciente desaprobación ciudadana hacia sus autoridades. Diversas voces dentro del Congreso ya se alistan para pedir que se reitere la citación, e incluso, que se recurra a mecanismos más severos como la convocatoria por grado o fuerza, amparados en el reglamento parlamentario.
Además de exigir la presencia de los ministros, la Comisión ha anunciado que requerirá los informes legales y técnicos que respaldan el cuestionado decreto supremo que elevó el salario presidencial. Se ha señalado especialmente la necesidad de acceder a los pronunciamientos de SERVIR y del propio MEF, que habrían sido clave para autorizar la medida.
El presidente ejecutivo de SERVIR, Guillermo Valdivieso, también brilló por su ausencia. Su participación era crucial, dado que su entidad fue parte del sustento técnico del aumento. Al igual que los ministros, Valdivieso optó por enviar una carta excusándose, sin aclarar los motivos concretos de su inasistencia.
La estrategia de silencio adoptada por el Ejecutivo no hace más que profundizar el malestar público. En un contexto donde miles de peruanos exigen mayor eficiencia del Estado, el reajuste salarial a Boluarte se percibe como un acto de desconexión con la realidad nacional. La negativa a rendir cuentas solo incrementa las sospechas de arbitrariedad, y abre un nuevo frente de conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento.
Política
REINFO: ¿Formalización o vía libre para la minería criminal?
La ampliación del Reinfo hasta 2025 reabre el debate sobre su eficacia. Mientras el Gobierno de Dina Boluarte defiende el proceso, expertos advierten que podría seguir siendo un escudo para actividades ilegales y delitos ambientales.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, anunció que más de 31 mil mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) podrán continuar su proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, la medida, que excluye a más de 50 mil inscripciones inactivas, ha generado una fuerte controversia sobre su efectividad y posibles consecuencias.
El titular del Minem aseguró que se ha realizado un «sinceramiento» del padrón de mineros, con el objetivo de ordenar el proceso y reforzar el combate a la minería ilegal. Montero Cornejo también señaló que se replicarán modelos de intervención como el aplicado en Pataz, que combina acciones de interdicción con mesas de desarrollo lideradas por autoridades locales y sectores del Ejecutivo.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la formalidad, la erradicación de la minería ilegal y la construcción de un país con paz social”, declaró el ministro en un medio radial. No obstante, su optimismo contrasta con los cuestionamientos de instituciones especializadas, que consideran que el REINFO ha fracasado en su objetivo original.

Pese a ola de crímenes por la minería ilegal, Gobierno extiende por cuarta vez el Reinfo.
Según el Colegio de Abogados de Lima (CAL), la extensión del REINFO puede terminar favoreciendo el crecimiento de la criminalidad asociada a la minería informal. En un comunicado reciente, el CAL advirtió que, tras nueve años de vigencia, apenas el 2.31 % de los inscritos logró formalizarse. El resto permanece en un limbo legal que, en muchos casos, sirve de cobertura para operaciones ilícitas.
Además, el Tribunal Constitucional ha señalado que el REINFO no puede interpretarse como una figura que otorgue exención penal frente a delitos ambientales. La prolongación del plazo, según el TC, no resulta constitucionalmente amparable si se convierte en una puerta trasera para evitar sanciones legales.
Desde el Ejecutivo se insiste en que la exclusión de 50 mil REINFOS demuestra voluntad de depuración. El 90 % de estos registros, dijo el ministro Montero Cornejo, llevaban más de cuatro años suspendidos y no presentaban ningún avance en el proceso.
Sin embargo, el dilema de fondo persiste: ¿puede el Estado seguir ampliando plazos sin fortalecer la capacidad institucional para fiscalizar y sancionar? Si la formalización se convierte en una excusa para la inacción, el riesgo es que la minería ilegal siga expandiéndose, esta vez con una aparente fachada legal.
Política
Fiscalía Investiga al ministro de Cultura Fabricio Valencia por escándalo de Nasca
La denuncia contra el titular del Mincul y la investigación fiscal surgen por un presunto atentado contra las Líneas de Nasca, Patrimonio Mundial de la Unesco, que habría sido impulsado desde el propio Gobierno.

La Fiscalía ha iniciado una investigación contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, por una controvertida decisión que puso en riesgo uno de los patrimonios arqueológicos más valiosos del país: las Líneas de Nasca.
Todo comenzó cuando el Ministerio de Cultura redujo drásticamente el área protegida que cubre las milenarias líneas y geoglifos ubicados en la región Ica. Esta decisión —formalizada mediante una resolución viceministerial a fines de mayo— dejó fuera de protección más de 2,300 kilómetros cuadrados. Para muchos, ese recorte abrió las puertas a la minería informal, que ya amenaza la integridad del sitio arqueológico.
La investigación está a cargo de la Fiscalía de Ica, con el respaldo de la Fiscalía Superior Penal de Lima. También participa el Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nasca, liderado por el fiscal José Alejandro Meléndez Curasi, que ha iniciado una pesquisa preliminar de 60 días, con posibilidad de extensión.

Fuente: Ministerio Público.
Además del ministro Valencia, están bajo la lupa la viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa Silva —quien firmó la resolución—, así como funcionarios clave de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica y el alcalde provincial de Nasca.
Los investigados incluyen a Jeanette Gutiérrez Achulla, responsable interina de la DDC de Ica; Johny Isla Cuadrado, arqueólogo a cargo del Sistema de Gestión Nasca-Palpa; y William Bravo Quispe, alcalde de Nasca. Se les acusa de presuntos delitos como atentado contra monumentos arqueológicos, omisión de deberes funcionales y abuso de autoridad.
El foco está en la resolución N° 000128-2025-VMPCIC/MC, que modificó los límites del área protegida establecida en 1993 y reafirmada en 2004 por la Unesco. La zona original comprendía 5,633 km², pero con la nueva norma se redujo a 3,235 km², sin que —según la denuncia— se cumplieran los procedimientos legales.
Política
PPK no podrá salir del país: PJ le rechaza habeas corpus
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski insiste en evadir a la justicia, pese a estar investigado por presuntos aportes ilegales en su campaña de 2016, vinculados al caso Odebrecht.

Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República, sigue buscando salidas para esquivar los procesos judiciales en su contra. Esta vez, el Poder Judicial rechazó un nuevo recurso de habeas corpus presentado por su defensa, con el que intentaba levantar la orden de impedimento de salida del país que pesa sobre él por 18 meses.
PPK enfrenta una investigación preparatoria por los presuntos aportes irregulares a su campaña presidencial de 2016, relacionados al caso Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción más grandes en América Latina. A pesar de ello, el exmandatario ha insistido en su derecho a viajar al extranjero, ahora apelando a su edad y estado de salud.

En junio PPK se quiso ir del país en silla de ruedas, pero fue impedido por Migraciones.
La Segunda Sala Constitucional de Lima ratificó la decisión del juez Jonathan Valencia, quien ya había declarado improcedente el recurso. El tribunal consideró que no tenía sentido pronunciarse sobre el fondo del pedido, ya que existe una resolución vigente —emitida el 8 de junio por la jueza Margarita Salcedo— que impide la salida de Kuczynski del país por año y medio.
La defensa alegó una supuesta vulneración al derecho de una adecuada motivación judicial. Sin embargo, el colegiado concluyó que la medida restrictiva ya está activa, y por tanto el pedido no tiene objeto, aplicándose la figura legal de “sustracción de la materia”.
“Nos encontramos ante una situación jurídica que responde al régimen ordinario de sustracción de la materia”, señala la resolución judicial.

En 2016, gran sector de la prensa difundía que PPK era ‘presidente de lujo’.
Como ya es habitual, Kuczynski reaccionó alegando injusticia. El pasado 16 de junio, expresó su malestar por no poder viajar a Estados Unidos, argumentando motivos de salud y el deseo de reencontrarse con su esposa, a quien dice no ver desde hace siete años.
Su plan era acudir a una revisión médica en Miami y luego trasladarse a Wisconsin para reunirse con su pareja y buscar fondos para costear su tratamiento y defensa legal.
Sin embargo, para muchos, este nuevo intento de salir del país no es más que una estrategia más de PPK para evitar enfrentar la justicia en Perú. A lo largo de los años, ha usado distintos argumentos para eludir procesos judiciales, y ahora recurre a su edad, con la esperanza de quedar impune.
Política
Inteligencia de la PNP alerta sobre posible toma del Congreso por parte de mineros
Servicio de inteligencia pone en alerta sobre posible toma del parlamento por parte de CONFEMIN.

Un documento interno de la Policía Nacional del Perú (PNP), al que tuvo acceso este medio, advierte sobre una posible toma de las instalaciones del Congreso de la República y locales conexos, protagonizada por mineros afiliados a la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN PERÚ).
Según el memorando N.º 012-2025-DIRSEEST-DIVSECON-DEPOPEDH/OFIPLOPE, la Unidad Especializada PNP, a través de su canal de inteligencia, ha detectado intenciones radicalizadas dentro del grupo de manifestantes que desde hace días bloquean la Av. Abancay. El reporte señala que estas acciones podrían derivar en “posibles actos violentos contra las instalaciones del Palacio Legislativo”, con el objetivo de provocar desmanes dentro del recinto parlamentario.
Frente a este riesgo, el documento ordena al personal policial que extreme las máximas medidas de seguridad, vigilancia y control ante cualquier situación adversa. Se pide especial atención a la presencia de los manifestantes y al posible escalamiento de sus acciones.
El memorando establece una serie de medidas concretas, entre ellas:
- Garantizar la seguridad personal del Presidente del Congreso, vicepresidentes, congresistas y parlamentarios andinos durante su permanencia en la sede.
- Asegurar la protección de todas las instalaciones del Congreso y sus locales conexos, reforzando los dispositivos de seguridad.
- Incrementar la presencia policial y los controles de identidad en accesos y zonas de alto tránsito dentro del perímetro institucional.
- Establecer coordinación con las unidades de inteligencia y el DEPOPEDH para anticipar, prevenir y neutralizar cualquier amenaza.

Esta alerta ocurre en un contexto de creciente tensión social protagonizado por gremios de la minería artesanal, que exigen mayor reconocimiento legal y rechazan recientes fiscalizaciones del Estado. Hasta el momento, no se ha confirmado si el Ejecutivo ha tomado acciones preventivas adicionales frente a este posible escenario.
Política
Dina Boluarte cobrará S/ 71,136 por Fiestas Patrias
Dina Boluarte cobrará S/ 71,136 por Fiestas Patrias

Mientras el país atraviesa una crisis de legitimidad, pobreza creciente y una gestión estancada, la presidenta Dina Boluarte Zegarra ha decidido priorizar su propio bolsillo. El Gobierno publicó el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, con el cual oficializa un escandaloso aumento del sueldo presidencial: de S/ 15,600 a S/ 35,568 mensuales. La norma fue firmada por la propia Boluarte y el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes.

Decreto Supremo N.º 136-2025-EF que aprueba aumento de sueldo presidencial.
A pesar de tener apenas un 3 % de aprobación —la más baja para un mandatario peruano en las últimas décadas— y sin logros de gestión visibles, Boluarte ha decidido duplicarse el salario. En lugar de responder al clamor ciudadano por mejoras en salud, educación o seguridad, la presidenta opta por asegurarse un sueldo mensual superior a los S/ 35 mil, en un país donde la mayoría sobrevive con el salario mínimo o menos.
El decreto, según el Ejecutivo, se sustenta en la implementación progresiva de la Ley del Servicio Civil (Ley N.º 30057), que establece un nuevo régimen de compensaciones para altos funcionarios. También se argumenta que el aumento no demandará recursos adicionales del Tesoro Público, ya que será financiado con el presupuesto del Despacho Presidencial. Sin embargo, el gesto ha sido duramente cuestionado por la ciudadanía y diversos sectores políticos.

Boluarte no solo firmó su propio aumento de sueldo, sino que ahora se ubica entre las funcionarias mejor pagadas del país, a pesar de no tener resultados concretos que justifiquen semejante privilegio. La decisión se hizo oficial tras la aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) por parte de Servir, cumpliendo con los requisitos técnicos exigidos por la Ley de Presupuesto 2025. Pero lo legal no siempre es lo legítimo.
La Comisión de Fiscalización del Congreso presidida por el legislador Juan Burgos ya ha citado de urgencia a los titulares de la PCM, Eduardo Arana, el MEF, Raúl Pérez-Reyes y Servir para que este viernes 4 de julio expliquen el sustento real de este incremento. Porque más allá del tecnicismo, lo cierto es que el país no ve reflejado en la gestión de Boluarte Zegarra una razón válida para premiarla con más dinero.
El contraste es evidente. Hace no mucho, la presidenta declaró públicamente que con 10 soles se podía comer en el Perú. Hoy, con un ingreso mensual que supera los S/ 35 mil —sin contar gratificaciones—, la brecha entre su discurso y sus actos se vuelve insostenible. En julio, por ejemplo, recibirá una gratificación adicional por Fiestas Patrias del mismo monto, es decir, S/ 71,136 en un solo mes.

Decreto Supremo N.º 136-2025-EF.
Pero más allá del descontento social, el aumento podría tener implicancias legales. La Ley 28212, que regula las remuneraciones de altos funcionarios del Estado, establece que ningún funcionario público puede ganar más que el Presidente de la República, y fija como tope máximo diez Unidades de Ingreso del Sector Público (UISP). Cada UISP equivale a S/ 2,600, por lo que el salario presidencial no debería superar los S/ 26,000.
Con el nuevo decreto, Boluarte sobrepasa ampliamente ese límite, lo cual podría configurar una infracción a dicha ley. Además, la misma norma indica que cualquier pago que exceda este tope es nulo de pleno derecho y genera responsabilidad administrativa para quienes lo autoricen.
De acuerdo con la Ley 28212, toda modificación en la escala salarial debe responder a principios de racionalidad y equidad en el uso de recursos públicos. Sin embargo, el aumento aprobado por el Consejo de Ministros va en contra de esta lógica, y evidencia una desconexión preocupante entre el gobierno y las necesidades reales del país.
Mientras millones de peruanos enfrentan precariedad económica, la presidenta ha decidido recompensarse a sí misma, como si estuviera liderando un país exitoso y en bonanza. La medida, aunque revestida de legalidad, refleja una ambición personal incompatible con el momento crítico que vive el Perú.
Dina Boluarte no solo es la presidenta más impopular en la historia reciente, sino que ahora también será una de las mejor pagadas. Una contradicción que retrata con claridad sus prioridades: primero su sueldo, después —muy después— el país.
Política
Premier Arana: “Un juez supremo gana mucho más que la presidenta”
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana sobre el aumento de sueldo presidencial brindó un absurdo y polémico argumento, minimizando el contexto social y priorizando comparaciones que poco justifican el privilegio.

Tras la aprobación formal del controvertido aumento de sueldo a la presidenta Dina Boluarte, en el Consejo de Ministros, duplicando su remuneración mensual. Según explicó el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, la medida responde a una supuesta “homologación” con los salarios de otros jefes de Estado en América Latina.
Sin embargo, más allá de los argumentos técnicos, la defensa incondicional del premier Eduardo Arana ha despertado cuestionamientos. En lugar de mostrar sensibilidad ante el contexto de crisis económica y el rechazo ciudadano, Arana optó por justificar el incremento apelando al rango constitucional del cargo presidencial. Afirmó que la presidencia es la más alta función del Estado y, por ende, debería ser la mejor remunerada.
“Con relación a la institución presidencial, no se debe hacer ni demagogia ni escarnio (…) tenemos funcionarios que están incluso por encima de S/ 60 mil soles, solo un juez supremo gana más que el sueldo aprobado”, señaló, en una inusual comparación que parece más una defensa personal que un análisis técnico.

El premier intentó deslindar el beneficio directo a Boluarte, señalando que no se trata de una persona, sino de un cargo. Según él, la iniciativa busca “darle el lugar que merece” la figura presidencial, completando así la reforma pendiente de Servir, que ya había ajustado los salarios ministeriales.
No obstante, su insistencia en justificar lo injustificable parece más alineada con una estrategia de blindaje político que con un criterio de equidad o eficiencia del gasto público. La decisión de aumentar el salario presidencial en medio de recortes sociales, crisis de legitimidad y baja aprobación ciudadana, refleja una desconexión preocupante entre el Ejecutivo y la realidad del país.
Boluarte, cuya remuneración era una de las más bajas de Sudamérica, ahora se ubica entre las presidentas mejor pagadas del continente. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿merece el país este tipo de prioridades mientras millones enfrentan precariedad y abandono estatal?
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