Política
El Datazo: El plan para tumbarse al Premier Guido Bellido
Lo último de la coyuntura política de manera resumida.

SORPRESAS EN EL EJECUTIVO
Días antes de la presentación del gabinete que dirige Guido Bellido, este tuvo una reunión con Pedro Castillo y Francisco Eguiguren en su residencia. En este cónclave de alto nivel, también apareció Vladimir Cerrón, quien cuestiono la presencia de Eguiguren, a la sazón, ex ministro de Ollanta Humala y muy cercano a Verónika Mendoza. Asimismo, cuestionó las declaraciones del actual ministro de Justicia, el sanmarquino Aníbal Torres, quien se había referido a él en los medios en días pasados. En esta reunión se analizaba la posibilidad de la renuncia de Guido Bellido como primer ministro, alternativa que no fue del agrado de Vladimir Cerrón quien, por el contrario, insistió en que Pedro Castillo había llegado al poder por el trabajo político que había realizado Perú Libre y que se debía respectar ese vínculo. Otro de los asistentes fue Roger Nájar —mano derecha de Cerrón, que dirige los lineamientos políticos en el Congreso junto con Valdemar Cerrón—. Los allegados a Cerrón enfatizaron que solo manejaban cuatro ministerios y que no se estaba siguiendo el plan político de su partido. La Reunión se desarrolló entre gritos y reclamos que motivaron a que Eguiguren se retirase sin que se llegara a ningún acuerdo… CERRÓN INSISTIA EN LA PERMANENCIA DE GUILLERMO BELLIDO EN EL PREMIERATO Y PEDÍA MAS CUPOS DE LOS MIEMBROS DE SU PARTIDO PARA OCUPAR LAS PLAZAS MINISTERIALES.
SORPRESAS EN EL EJECUTIVO I
El principal reclamo de Vladimir Cerrón a Pedro Castillo era la interferencia política que había tenido Verónika Mendoza y su grupo caviar en el gobierno, en el entendido de que toda participación en el círculo más próximo al poder debería ser exclusivamente para gente de su partido —razones no le faltan para reclamar espacio para la gente del partido con el cual Castillo llegó al poder. Es más, tanto en la segunda vuelta como en los primeros días del gobierno de Castillo, Cerrón se enfrentó a la caviarada para hacer respetar su espacio—. Así las cosas, la presencia de Francisco Eguiguren estaría de más, lo cual explica el malestar del líder huancaíno. Al final, de la reunión no se llegó a ningún acuerdo. Fuentes palaciegas nos comentaron –a raíz de la publicación del portal SUDACA, que hizo publica esta reunión— que dicho cónclave se había producido y que sí se produjeron roces entre la gente de Cerrón y el representante de Verónika Mendoza. Según el portal SUDACA, la lideresa de la izquierda llamó a Bellido el día lunes y le dijo que ella lo apoyaba, por lo que las aguas se calmaron, pero el ataque en las sombras seguía adelante… EL ÚNICO QUE PUDO LOGRAR QUE LA IZQUIERDA SE UNIERA FUE ALFONSO BARRANTES, AUNQUE TIEMPO DESPUÉS ESTA SE FRACCIONÓ. LA IZQUIERDA SIEMPRE SE HA DISPERSADO EN MÚLTIPLES FACCIONES, Y LO QUE PASA HOY CONFIRMA ESA TENDENCIA HISTÓRICA.
SORPRESAS EN EL EJECUTIVO II
Es por eso que nos llama la atención la denuncia que habría presentado la congresista de Avanza País Patricia Chirinos, quien dice que Guido Bellido la faltó de palabra —este hecho se habría producido durante la presentación del gabinete ante el Pleno del Congreso—. Nos preguntamos ¿por qué no lo denunció en ese momento y, por el contrario, esperó a la semana siguiente para hacerlo? Sabemos que en política no hay coincidencias. Resulta, por tanto, curioso que ahora toda la oposición política en el Congreso pida la cabeza del premier e incluso se esté proponiendo citar a Bellido a la comisión de Ética del Congreso para que sea amonestado o sancionado. Creemos que este es un ardid interesante que prepara un sector de la oposición para que caiga Bellido y así ellos apoderarse del Ejecutivo… AL SER AMONESTADO O SANCIONADO, GUILLERMO BELLIDO TENDRÍA QUE PRESENTAR SU RENUNCIA —NO LE QUEDARÍA OTRA ALTERNATIVA—, RAZÓN QUE DARÍA LUGAR A LA RENUNCIA DE TODO EL GABINETE EN PLENO.
SORPRESAS EN EL EJECTUTIVO III
Con la caída de Bellido, el rumbo político del Gobierno estaría en la línea del centro y sería nombrada Verónika Mendoza (o alguien de su entorno) como primer ministro. Para sorpresa de muchas de nuestras fuentes, nos informan que quien estaría buscando ceñirse el fajín ministerial sería Yonhy Lescano —este habría pedido, nada más y nada menos, que la cartera de Transportes y Comunicaciones—. Otro de los que ingresaría al gabinete seria Daniel Salaverry —en la cartera de Vivienda y Construcción—. Los que no serían cambiados por nada del mundo serian Aníbal Torres quien se mantendría en la cartera de Justicia (a pedido expreso del propio Pedro Castillo) y Dina Boluarte (que es la primera vicepresidenta). Los demás ya no serían ministros y caerían por errores propios… MUCHOS DE ELLOS SERÁN INVESTIGADOS Y, FINALMENTE, TERMINARÁN OLVIDADOS EN EL TIEMPO.
LAS CONTRADICIONES DEL CONTRALOR NELSON SCHACK
En el 2019, en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea del Congreso de la República, el actual Contralor de la Republica Nelson Schack realizó una exposición en la que se le escuchó decir claramente que “(…) que en la administración pública se pueden contratar a los amigos, porque uno ya los conoce y saben como trabajan (…)”. Sin embargo, en días pasados, en una entrevista a un diario local declaró en el sentido de que “(…) No se debe nombrar a funcionarios por amistad (…)”, en alusión a lo que viene pasando en el Ejecutivo. Desde esta columna hemos denunciado —con pruebas y en varias ocasiones— que la actual Contraloría está llena de funcionarios que son allegados al actual Contralor. Es más, incluso la ex funcionaria que estuvo involucrada en las compras “raras” de material contra la pandemia era amiga de Shack Yalta, así como de su amiguísimo, el famoso sugar daddy Luis Miguel Iglesias —a quien también lo denunciamos por presentar un título académico trucho de una universidad cuestionada por vender grados académicos al peso—. En otras palabras, Nelson Shack pretende vernos la cara de idiotas o qué, pues tiene varias denuncias en el Congreso y sabemos que hasta nombró a familiares de ex congresistas para congraciarse con ellos —eso ha sido denunciado en varias ocasiones, en otros medios—. Entonces ¿en qué quedamos, Nelson? ¿Contradicciones o nerviosismo señor Schack?… EL PROPIO SINDICATO DE TRABAJADORES DE SU INSTITUCION Y FUNCIONARIOS DE CARRERA QUIEREN SU CAMBIO. SU FAMOSO CONTROL PREVIO NO SIRVE DE NADA. YA NOS ENTERAMOS QUE ESTE AÑO RENUNCIÓ AL BONO DE PRODUCTIVIDAD PORQUE LE HICIMOS CARGA MONTÓN. HÁGALE UN FAVOR AL PAÍS: RENUNCIE. USTED DEBE IRSE.
FISCALÍA DENUNCIA AL CONTRALOR NELSON SCHACK POR EL PRESUNTO DELITO DE NOMBRAMIENTO ILEGAL
Tanto habla el actual contralor Nelson Schack de moralidad y de lucha contra la corrupción, y ahora resulta que él tiene una investigación que le ha abierto la Fiscalía de la Nación por el supuesto nombramiento ilegal de dos de sus funcionarios. Quien presentó la denuncia es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la CGR, argumentando que el titular de la Contraloría habría contratado de manera irregular a dos trabajadores. Después de la investigación que realizará el Ministerio Público, esperamos por el bien de esta institución que se llegué a conocer la verdad sobre este y varios temas que afectan a esta prestigiosa institución…. QUE EL PODER JUDICIAL Y EL CONGRESO ACTÚEN INMEDIATAMENTE ANTE ESTOS HECHOS.
¿POR QUÉ NO SE TRAMITAN LAS DENUNCIAS CONSTITUCIONALES CONTRA NELSON SCHACK?
Desde que asumió como Contralor, Nelson Schack fue denunciado constitucionalmente ante el Congreso como corresponde por diversas causas. Curiosamente, la hermana de una ex congresista que se rasga las vestiduras argumentando honestidad y que, sin embargo, se reunía con Vladimiro Montesinos, fue nombrada como funcionaria en la Contraloría y, por coincidencia, esa denuncia jamás se ventiló y ni siquiera se trató de ver en la sub comisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Coincidencia? Los que estamos en política sabemos que no existe coincidencias. Incluso un programa periodístico denunció compras extrañas en la Contraloría, procesos que llevaban la firma del Contralor autorizando dichas adquisiciones. Sin embargo, nadie en el Congreso anterior hizo nada al respecto. ¿Es que acaso no hay suficientes pruebas cómo para realizar una investigación?… SI QUEREMOS LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN, NO SOLO DEBEMOS TENER HERRAMIENTAS NECESARIAS Y SIUFICIENTES, TAMBIÉN EL ELEMENTO HUMANO QUE ES MUY IMPORTANTE. ES HORA DE INVESTIGAR A NELSON SCHACK.
FAMILIA DE EX POLICÍA QUE FUNGÍA DE RESGUARDO DE VLADIMIR CERRÓN FUE BENEFICIADA CON CONTRATOS CUANDO ÉSTE ERA GOBERNADOR REGIONAL
En días pasados la prensa independiente denunció que Vladimir Cerrón, a pesar de no tener un cargo público, contaba con resguardo policial. Dicho efectivo fue identificado como el suboficial Carlos Zárate Villalobos —asignado por su comando para ser resguardo del gobernador regional de Junín— y que, incumpliendo sus órdenes, se encontraba en Lima. Por si eso fuera poco, en una investigación que se ha realizado a la familia del suboficial se ha descubierto que, por ejemplo, su hijo menor fue beneficiado con contratos en el gobierno regional que presidía Cerrón y que la esposa del policía habría recibido la buena pro para suscribir contratos de construcción por S/1,5 millones de soles. Además de esto, también se ha podido descubrir que el suboficial Zárate recibió 26,000 soles adicionales por parte del Gore que dirigía Vladimir Cerrón…. TODA UNA JOYITA EL SUBOFICIAL ZÁRATE VILLALOBOS. POR ESTOS HECHOS DENUNCIADOS YA DEBERÍA ABRIRSELE UN PROCESO DISCIPLINARIO Y PASARLO AL RETIRO.
FISCALÍA SOLICITA 16 AÑOS DE CÁRCEL PARA VLADIMIR CERRÓN
En una nueva denuncia que ha presentado la Fiscalía por la construcción del Hospital “El Carmen” en Junín —en donde se invirtieron 153 millones de soles, obra que no se encuentra habilitada para su uso— se ha solicitado una condena de 16 años para Vladimir Cerrón y sus supuestos cómplices en los delitos denunciados. Como medida preliminar, la Fiscalía pidió la prisión preventiva de Cerrón por 35 meses —hecho que habría puesto furioso al líder de Perú Libre—, por lo cual ahora no figuretea mucho en los medios de comunicación… HAY VARIAS DENUNCIAS POR CORRUPCIÓN CONTRA CERRÓN Y SU ENTORNO INMEDIATO. PARECE QUE SU SUERTE ESTÁ ECHADA. ESPERAMOS QUE, DE SER CIERTO, SE LE APLIQUE TODO EL PESO DE LA LEY.
NUEVAS PRUEBAS COMPROMETEN A EX CONGRESISTAS DE ACCIÓN POPULAR POR EL CASO DE LA HOY PRESA, EX ALCADESA NINA GARNICA
La Fiscalía cree que la ex alcaldesa de San Juan de Miraflores Nina garnica y su pareja Walter Huamán habrían acumulado 10 millones de soles como consecuencia de los delitos que les son imputados, como supuestos cobros de cupos, coimas y malos manejos en perjuicio del Estado. Pero eso no es todo. Estaría demostrado, por ejemplo, el apoyo que se le dio al ex congresista Edmundo Del Águila cuando postulaba en las elecciones internas del partido. No solo el apoyo habría sido monetario sino también con recursos de la municipalidad. Como se sabe, el “novio” de la ex alcaldesa es primo del ex dirigente de Acción Popular y éste habría influido en la postulación de Nina. Otro de los comprometidos sería el ex congresista Rolando Ruiz, quien contrató a Walter Huamán a cambio de que su hija sea, a su vez, contratada como subgerente de imagen de la municipalidad… ESTOS HECHOS SON MUY GRAVES, PUES HAY DENUNCIAS CONTRA LOS ALCALDES DE JESUS MARIA, SAN LUIS, SURCO, RIMAC, SAN MARTIN DE PORRES, SAN ISIDRO Y DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA, TODOS REPRESENTANTES DE ACCIÓN POPULAR. ¿QUÉ HACE O DICE LA DIRIGENCIA AL RESPECTO? HASTA AHORA NADA. Ni YONHY LESCANO NI ALFREDO BARNECHEA SE HAN PRONUNCIADO AL RESPECTO.
MARTÍN VIZCARRA INGRESA AL CONGRESO DE VEZ EN CUANDO. ¿QUÉ ESTARÁ TRAMANDO?
El siempre bien informado periodista Martin Hidalgo publicó esta semana en tuiter que al ex presidente Martín Vizcarra le gusta visitar a su ex secretaria general Mirian Morales, quien trabaja en el despacho de la congresista de Somos Perú Yorel Alcarraz Agüero. Como sabemos, el suspendido ex presidente Vizcarra está sin trabajo, razón por la cual estuvo pidiendo al Poder Judicial permiso para ir a trabajar a Moquegua. Durante las visitas a la abogada Miriam Morales en el Congreso, ambos deben sentirse algo extraños, toda vez que tienen un ambiente muy pequeño, comparado con toda la privacidad y el amplio espacio que tenían para ambos en la casa de Pizarro… ESTAREMOS REVISANDO LOS PROYECTOS DE LEY QUE PRESENTA LA CONGRESISTA ALCARRAZ, PARA EVALUAR SU CONTENIDO. EN EL CONGRESO SE TRABAJA, ABOGADA MORALES, SE TRABAJA.
EL ABOGADO CHERO RESULTÓ SER UN LECHERO
Félix Inocente Chero Medina es un abogado que dicta clases en la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque y parece que es muy amigo del actual ministro del Interior Juan Carrasco —deducimos esto a raíz de su nombramiento—, pues resulta que tiene una sentencia en el Décimo Juzgado Penal en delitos de corrupción en la ciudad de Lambayeque y, no obstante eso, ha sido nombrado como director general de la Defensoría de la Policía… REALMENTE LOS NOMBRAMIENTOS EN LOS MINISTERIOS NO TIENEN LOS FILTROS NECESARIOS Y CUALQUIERA CON UNA SENTENCIA ESTÁ BIEN SENTADO RECIBIENDO UN SUELDO DEL ESTADO. ESPEREMOS QUE EL CONGRESO CITE AL MINISTRO Y LE PIDA EXPLICACIONES AL RESPECTO.
BANCADA ACCIOPOPULISTA MOLESTA CON YONHY LESCANO
Si bien es cierto que Yonhy Lescano postuló como candidato de Acción Popular a la Presidencia de la República, nos comentan nuestras fuentes que no todos estarían con él apoyándolo como asesor del vocero de la bancada —hoy en cuarentena por encontrarse enfermo de Covid—, pues resulta que Lescano, creyéndose aun congresista y candidato, da declaraciones como si fuera representante del partido y no aclara que lo hace a título personal. Es más, Yonhy Lescano acude a la PCM con alcaldes de Puno y Cusco, todo ello sin autorización de ningún congresista, a sabiendas de que dichas diligencias no están dentro de sus funciones. No sabemos si realmente cumple un horario normal de oficina. Habría que investigar… YA POR LO PRONTO NOS COMENTAN QUE EN LA BANCADA ESTÁN PENSANDO CAMBIAR AL VOCERO, PARA QUITARLE A LESCANO CIERTOS AIRES.
JOHN SABA —EX ASESOR DE MANUEL MERINO— TRABAJA HOY EN EL CONGRESO
El portal Réplica.pe hace una descripción íntegra de quién es John Saba —un abogado que, según el portal, tuvo la suerte de conocer al ex congresista y presidente Manuel Merino— para que su destino mejorará como por arte de magia. Es así que después de trabajar con él hasta el 2016 en el Congreso, pasó a trabajar como coordinador parlamentario de la Contraloría General de la República cuando ésta era manejada por el hoy impresentable Edgar Arnold Alarcón Tejada. Saba —que solo tenía la experiencia de haber servido como un cargador de maletines de sus jefes de turno— y que usaba su título de abogado solo como adorno de una pared, trabajó con el muy cuestionado ex contralor. Después laborar como asesor político de Merino de Lama en la Presidencia del Congreso, y acompañarlo luego en su breve aventura en Palacio de Gobierno, nos comentan que se distanciaron, pero John Saba mantuvo amistad con el ex congresista Aron Espinoza, quien promovió la candidatura de su esposa, la hoy congresista Digna Calle, la cual salió electa. Nos imaginamos lo pobre que será la producción de proyectos de ley de la congresista de Podemos Perú teniendo a tamaño asesor. Por lo pronto, la congresista ha presentado seis proyectos de ley (haremos un seguimiento de cada uno)… ¿HABRÁ SABA PARA RATO? SABEMOS QUE ANDA ESCONDIDO, PORQUE COMO ABOGADO NO GANARÍA EL SUELDO QUE PERCIBE EN EL CONGRESO. LE ESPERA UN TRISTE FINAL.
Política
Congreso: Presentan PL para anular alza salarial de Dina Boluarte
Legisladora Sigrid Bazán impulsó una iniciativa para revertir el polémico aumento de sueldo a favor de la presidenta Dina Boluarte, calificándolo de injustificado y ofensivo. Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa similar.

La polémica por el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte continúa generando reacciones en el ámbito político. A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la congresista Sigrid Bazán anunció que ha presentado un proyecto de ley para dejar sin efecto el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, que oficializa el incremento de la remuneración presidencial a S/35,568 mensuales.

Proyecto de Ley impulsado por parlamentaria Sigrid Bazán.
El mencionado decreto, aprobado con el respaldo del Consejo de Ministros, ha sido duramente criticado por su inoportunidad en medio de una coyuntura marcada por dificultades económicas y baja aprobación ciudadana. Frente a ello, Bazán Narro manifestó su indignación y explicó que su iniciativa se sustenta en el derecho de iniciativa legislativa que le otorga la Constitución y el Reglamento del Congreso.
“Acabo de presentar, con las firmas correspondientes, un proyecto de ley que DEROGA el DS que aprueba el DESCARADO aumento (…) Veremos si el Congreso lo tramita y quiénes están dispuestos a aprobarlo”, escribió la legisladora del Bloque Democrático Popular en su red social, cuestionando tanto el fondo como la forma en que se autorizó el incremento.
El proyecto de ley cuenta con el respaldo de otros parlamentarios, entre ellos Carlos Zevallos, Susel Paredes, Ruth Luque y Reymundo Mercado, quienes también consideran que el reajuste presidencial carece de justificación técnica y sensibilidad política.
Por su parte, el congresista Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa para derogar el mismo decreto. Quito argumenta que el aumento vulnera principios clave como el de legalidad presupuestaria y contradice los topes establecidos en la Ley N.º 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
La controversia no solo ha puesto en entredicho la decisión del Ejecutivo, sino que también ha abierto un nuevo frente de debate en el Congreso, donde ahora se espera conocer qué bancadas respaldarán la anulación del cuestionado incremento.
Política
Eduardo Arana y Pérez Reyes se zurraron en el Congreso
Pese a ser citados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, los ministros Eduardo Arana y Raúl Pérez Reyes no asistieron al Congreso, eludiendo su responsabilidad de explicar el alza salarial de Dina Boluarte.

Ambos ministros fueron citados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos y no acudieron al Congreso y esquivaron la rendición de cuentas sobre el aumento de sueldo a la presidenta Boluarte.
Una vez más, el Ejecutivo da la espalda al Congreso. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y el titular de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, decidieron no presentarse ante la Comisión de Fiscalización, pese a estar citados para ofrecer explicaciones sobre el polémico incremento de sueldo a la presidenta Dina Boluarte. Su ausencia, lejos de pasar desapercibida, ha sido interpretada como una burla al control parlamentario y una muestra de desprecio por la transparencia.
La sesión, programada para las 10:30 de la mañana, arrancó con la lectura de asistencia. Ninguno de los dos altos funcionarios se hizo presente en el hemiciclo. Ambos enviaron oficios en los que comunicaban su inasistencia, sin brindar argumentos de fondo que justifiquen su decisión de no acudir.
La falta de compromiso del Ejecutivo llega en un momento particularmente sensible, cuando el país atraviesa una crisis de representación y una creciente desaprobación ciudadana hacia sus autoridades. Diversas voces dentro del Congreso ya se alistan para pedir que se reitere la citación, e incluso, que se recurra a mecanismos más severos como la convocatoria por grado o fuerza, amparados en el reglamento parlamentario.
Además de exigir la presencia de los ministros, la Comisión ha anunciado que requerirá los informes legales y técnicos que respaldan el cuestionado decreto supremo que elevó el salario presidencial. Se ha señalado especialmente la necesidad de acceder a los pronunciamientos de SERVIR y del propio MEF, que habrían sido clave para autorizar la medida.
El presidente ejecutivo de SERVIR, Guillermo Valdivieso, también brilló por su ausencia. Su participación era crucial, dado que su entidad fue parte del sustento técnico del aumento. Al igual que los ministros, Valdivieso optó por enviar una carta excusándose, sin aclarar los motivos concretos de su inasistencia.
La estrategia de silencio adoptada por el Ejecutivo no hace más que profundizar el malestar público. En un contexto donde miles de peruanos exigen mayor eficiencia del Estado, el reajuste salarial a Boluarte se percibe como un acto de desconexión con la realidad nacional. La negativa a rendir cuentas solo incrementa las sospechas de arbitrariedad, y abre un nuevo frente de conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento.
Política
REINFO: ¿Formalización o vía libre para la minería criminal?
La ampliación del Reinfo hasta 2025 reabre el debate sobre su eficacia. Mientras el Gobierno de Dina Boluarte defiende el proceso, expertos advierten que podría seguir siendo un escudo para actividades ilegales y delitos ambientales.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, anunció que más de 31 mil mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) podrán continuar su proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, la medida, que excluye a más de 50 mil inscripciones inactivas, ha generado una fuerte controversia sobre su efectividad y posibles consecuencias.
El titular del Minem aseguró que se ha realizado un «sinceramiento» del padrón de mineros, con el objetivo de ordenar el proceso y reforzar el combate a la minería ilegal. Montero Cornejo también señaló que se replicarán modelos de intervención como el aplicado en Pataz, que combina acciones de interdicción con mesas de desarrollo lideradas por autoridades locales y sectores del Ejecutivo.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la formalidad, la erradicación de la minería ilegal y la construcción de un país con paz social”, declaró el ministro en un medio radial. No obstante, su optimismo contrasta con los cuestionamientos de instituciones especializadas, que consideran que el REINFO ha fracasado en su objetivo original.

Pese a ola de crímenes por la minería ilegal, Gobierno extiende por cuarta vez el Reinfo.
Según el Colegio de Abogados de Lima (CAL), la extensión del REINFO puede terminar favoreciendo el crecimiento de la criminalidad asociada a la minería informal. En un comunicado reciente, el CAL advirtió que, tras nueve años de vigencia, apenas el 2.31 % de los inscritos logró formalizarse. El resto permanece en un limbo legal que, en muchos casos, sirve de cobertura para operaciones ilícitas.
Además, el Tribunal Constitucional ha señalado que el REINFO no puede interpretarse como una figura que otorgue exención penal frente a delitos ambientales. La prolongación del plazo, según el TC, no resulta constitucionalmente amparable si se convierte en una puerta trasera para evitar sanciones legales.
Desde el Ejecutivo se insiste en que la exclusión de 50 mil REINFOS demuestra voluntad de depuración. El 90 % de estos registros, dijo el ministro Montero Cornejo, llevaban más de cuatro años suspendidos y no presentaban ningún avance en el proceso.
Sin embargo, el dilema de fondo persiste: ¿puede el Estado seguir ampliando plazos sin fortalecer la capacidad institucional para fiscalizar y sancionar? Si la formalización se convierte en una excusa para la inacción, el riesgo es que la minería ilegal siga expandiéndose, esta vez con una aparente fachada legal.
Política
Fiscalía Investiga al ministro de Cultura Fabricio Valencia por escándalo de Nasca
La denuncia contra el titular del Mincul y la investigación fiscal surgen por un presunto atentado contra las Líneas de Nasca, Patrimonio Mundial de la Unesco, que habría sido impulsado desde el propio Gobierno.

La Fiscalía ha iniciado una investigación contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, por una controvertida decisión que puso en riesgo uno de los patrimonios arqueológicos más valiosos del país: las Líneas de Nasca.
Todo comenzó cuando el Ministerio de Cultura redujo drásticamente el área protegida que cubre las milenarias líneas y geoglifos ubicados en la región Ica. Esta decisión —formalizada mediante una resolución viceministerial a fines de mayo— dejó fuera de protección más de 2,300 kilómetros cuadrados. Para muchos, ese recorte abrió las puertas a la minería informal, que ya amenaza la integridad del sitio arqueológico.
La investigación está a cargo de la Fiscalía de Ica, con el respaldo de la Fiscalía Superior Penal de Lima. También participa el Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nasca, liderado por el fiscal José Alejandro Meléndez Curasi, que ha iniciado una pesquisa preliminar de 60 días, con posibilidad de extensión.

Fuente: Ministerio Público.
Además del ministro Valencia, están bajo la lupa la viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa Silva —quien firmó la resolución—, así como funcionarios clave de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica y el alcalde provincial de Nasca.
Los investigados incluyen a Jeanette Gutiérrez Achulla, responsable interina de la DDC de Ica; Johny Isla Cuadrado, arqueólogo a cargo del Sistema de Gestión Nasca-Palpa; y William Bravo Quispe, alcalde de Nasca. Se les acusa de presuntos delitos como atentado contra monumentos arqueológicos, omisión de deberes funcionales y abuso de autoridad.
El foco está en la resolución N° 000128-2025-VMPCIC/MC, que modificó los límites del área protegida establecida en 1993 y reafirmada en 2004 por la Unesco. La zona original comprendía 5,633 km², pero con la nueva norma se redujo a 3,235 km², sin que —según la denuncia— se cumplieran los procedimientos legales.
Política
PPK no podrá salir del país: PJ le rechaza habeas corpus
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski insiste en evadir a la justicia, pese a estar investigado por presuntos aportes ilegales en su campaña de 2016, vinculados al caso Odebrecht.

Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República, sigue buscando salidas para esquivar los procesos judiciales en su contra. Esta vez, el Poder Judicial rechazó un nuevo recurso de habeas corpus presentado por su defensa, con el que intentaba levantar la orden de impedimento de salida del país que pesa sobre él por 18 meses.
PPK enfrenta una investigación preparatoria por los presuntos aportes irregulares a su campaña presidencial de 2016, relacionados al caso Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción más grandes en América Latina. A pesar de ello, el exmandatario ha insistido en su derecho a viajar al extranjero, ahora apelando a su edad y estado de salud.

En junio PPK se quiso ir del país en silla de ruedas, pero fue impedido por Migraciones.
La Segunda Sala Constitucional de Lima ratificó la decisión del juez Jonathan Valencia, quien ya había declarado improcedente el recurso. El tribunal consideró que no tenía sentido pronunciarse sobre el fondo del pedido, ya que existe una resolución vigente —emitida el 8 de junio por la jueza Margarita Salcedo— que impide la salida de Kuczynski del país por año y medio.
La defensa alegó una supuesta vulneración al derecho de una adecuada motivación judicial. Sin embargo, el colegiado concluyó que la medida restrictiva ya está activa, y por tanto el pedido no tiene objeto, aplicándose la figura legal de “sustracción de la materia”.
“Nos encontramos ante una situación jurídica que responde al régimen ordinario de sustracción de la materia”, señala la resolución judicial.

En 2016, gran sector de la prensa difundía que PPK era ‘presidente de lujo’.
Como ya es habitual, Kuczynski reaccionó alegando injusticia. El pasado 16 de junio, expresó su malestar por no poder viajar a Estados Unidos, argumentando motivos de salud y el deseo de reencontrarse con su esposa, a quien dice no ver desde hace siete años.
Su plan era acudir a una revisión médica en Miami y luego trasladarse a Wisconsin para reunirse con su pareja y buscar fondos para costear su tratamiento y defensa legal.
Sin embargo, para muchos, este nuevo intento de salir del país no es más que una estrategia más de PPK para evitar enfrentar la justicia en Perú. A lo largo de los años, ha usado distintos argumentos para eludir procesos judiciales, y ahora recurre a su edad, con la esperanza de quedar impune.
Política
Inteligencia de la PNP alerta sobre posible toma del Congreso por parte de mineros
Servicio de inteligencia pone en alerta sobre posible toma del parlamento por parte de CONFEMIN.

Un documento interno de la Policía Nacional del Perú (PNP), al que tuvo acceso este medio, advierte sobre una posible toma de las instalaciones del Congreso de la República y locales conexos, protagonizada por mineros afiliados a la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN PERÚ).
Según el memorando N.º 012-2025-DIRSEEST-DIVSECON-DEPOPEDH/OFIPLOPE, la Unidad Especializada PNP, a través de su canal de inteligencia, ha detectado intenciones radicalizadas dentro del grupo de manifestantes que desde hace días bloquean la Av. Abancay. El reporte señala que estas acciones podrían derivar en “posibles actos violentos contra las instalaciones del Palacio Legislativo”, con el objetivo de provocar desmanes dentro del recinto parlamentario.
Frente a este riesgo, el documento ordena al personal policial que extreme las máximas medidas de seguridad, vigilancia y control ante cualquier situación adversa. Se pide especial atención a la presencia de los manifestantes y al posible escalamiento de sus acciones.
El memorando establece una serie de medidas concretas, entre ellas:
- Garantizar la seguridad personal del Presidente del Congreso, vicepresidentes, congresistas y parlamentarios andinos durante su permanencia en la sede.
- Asegurar la protección de todas las instalaciones del Congreso y sus locales conexos, reforzando los dispositivos de seguridad.
- Incrementar la presencia policial y los controles de identidad en accesos y zonas de alto tránsito dentro del perímetro institucional.
- Establecer coordinación con las unidades de inteligencia y el DEPOPEDH para anticipar, prevenir y neutralizar cualquier amenaza.

Esta alerta ocurre en un contexto de creciente tensión social protagonizado por gremios de la minería artesanal, que exigen mayor reconocimiento legal y rechazan recientes fiscalizaciones del Estado. Hasta el momento, no se ha confirmado si el Ejecutivo ha tomado acciones preventivas adicionales frente a este posible escenario.
Política
Dina Boluarte cobrará S/ 71,136 por Fiestas Patrias
Dina Boluarte cobrará S/ 71,136 por Fiestas Patrias

Mientras el país atraviesa una crisis de legitimidad, pobreza creciente y una gestión estancada, la presidenta Dina Boluarte Zegarra ha decidido priorizar su propio bolsillo. El Gobierno publicó el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, con el cual oficializa un escandaloso aumento del sueldo presidencial: de S/ 15,600 a S/ 35,568 mensuales. La norma fue firmada por la propia Boluarte y el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes.

Decreto Supremo N.º 136-2025-EF que aprueba aumento de sueldo presidencial.
A pesar de tener apenas un 3 % de aprobación —la más baja para un mandatario peruano en las últimas décadas— y sin logros de gestión visibles, Boluarte ha decidido duplicarse el salario. En lugar de responder al clamor ciudadano por mejoras en salud, educación o seguridad, la presidenta opta por asegurarse un sueldo mensual superior a los S/ 35 mil, en un país donde la mayoría sobrevive con el salario mínimo o menos.
El decreto, según el Ejecutivo, se sustenta en la implementación progresiva de la Ley del Servicio Civil (Ley N.º 30057), que establece un nuevo régimen de compensaciones para altos funcionarios. También se argumenta que el aumento no demandará recursos adicionales del Tesoro Público, ya que será financiado con el presupuesto del Despacho Presidencial. Sin embargo, el gesto ha sido duramente cuestionado por la ciudadanía y diversos sectores políticos.

Boluarte no solo firmó su propio aumento de sueldo, sino que ahora se ubica entre las funcionarias mejor pagadas del país, a pesar de no tener resultados concretos que justifiquen semejante privilegio. La decisión se hizo oficial tras la aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) por parte de Servir, cumpliendo con los requisitos técnicos exigidos por la Ley de Presupuesto 2025. Pero lo legal no siempre es lo legítimo.
La Comisión de Fiscalización del Congreso presidida por el legislador Juan Burgos ya ha citado de urgencia a los titulares de la PCM, Eduardo Arana, el MEF, Raúl Pérez-Reyes y Servir para que este viernes 4 de julio expliquen el sustento real de este incremento. Porque más allá del tecnicismo, lo cierto es que el país no ve reflejado en la gestión de Boluarte Zegarra una razón válida para premiarla con más dinero.
El contraste es evidente. Hace no mucho, la presidenta declaró públicamente que con 10 soles se podía comer en el Perú. Hoy, con un ingreso mensual que supera los S/ 35 mil —sin contar gratificaciones—, la brecha entre su discurso y sus actos se vuelve insostenible. En julio, por ejemplo, recibirá una gratificación adicional por Fiestas Patrias del mismo monto, es decir, S/ 71,136 en un solo mes.

Decreto Supremo N.º 136-2025-EF.
Pero más allá del descontento social, el aumento podría tener implicancias legales. La Ley 28212, que regula las remuneraciones de altos funcionarios del Estado, establece que ningún funcionario público puede ganar más que el Presidente de la República, y fija como tope máximo diez Unidades de Ingreso del Sector Público (UISP). Cada UISP equivale a S/ 2,600, por lo que el salario presidencial no debería superar los S/ 26,000.
Con el nuevo decreto, Boluarte sobrepasa ampliamente ese límite, lo cual podría configurar una infracción a dicha ley. Además, la misma norma indica que cualquier pago que exceda este tope es nulo de pleno derecho y genera responsabilidad administrativa para quienes lo autoricen.
De acuerdo con la Ley 28212, toda modificación en la escala salarial debe responder a principios de racionalidad y equidad en el uso de recursos públicos. Sin embargo, el aumento aprobado por el Consejo de Ministros va en contra de esta lógica, y evidencia una desconexión preocupante entre el gobierno y las necesidades reales del país.
Mientras millones de peruanos enfrentan precariedad económica, la presidenta ha decidido recompensarse a sí misma, como si estuviera liderando un país exitoso y en bonanza. La medida, aunque revestida de legalidad, refleja una ambición personal incompatible con el momento crítico que vive el Perú.
Dina Boluarte no solo es la presidenta más impopular en la historia reciente, sino que ahora también será una de las mejor pagadas. Una contradicción que retrata con claridad sus prioridades: primero su sueldo, después —muy después— el país.
Política
Premier Arana: “Un juez supremo gana mucho más que la presidenta”
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana sobre el aumento de sueldo presidencial brindó un absurdo y polémico argumento, minimizando el contexto social y priorizando comparaciones que poco justifican el privilegio.

Tras la aprobación formal del controvertido aumento de sueldo a la presidenta Dina Boluarte, en el Consejo de Ministros, duplicando su remuneración mensual. Según explicó el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, la medida responde a una supuesta “homologación” con los salarios de otros jefes de Estado en América Latina.
Sin embargo, más allá de los argumentos técnicos, la defensa incondicional del premier Eduardo Arana ha despertado cuestionamientos. En lugar de mostrar sensibilidad ante el contexto de crisis económica y el rechazo ciudadano, Arana optó por justificar el incremento apelando al rango constitucional del cargo presidencial. Afirmó que la presidencia es la más alta función del Estado y, por ende, debería ser la mejor remunerada.
“Con relación a la institución presidencial, no se debe hacer ni demagogia ni escarnio (…) tenemos funcionarios que están incluso por encima de S/ 60 mil soles, solo un juez supremo gana más que el sueldo aprobado”, señaló, en una inusual comparación que parece más una defensa personal que un análisis técnico.

El premier intentó deslindar el beneficio directo a Boluarte, señalando que no se trata de una persona, sino de un cargo. Según él, la iniciativa busca “darle el lugar que merece” la figura presidencial, completando así la reforma pendiente de Servir, que ya había ajustado los salarios ministeriales.
No obstante, su insistencia en justificar lo injustificable parece más alineada con una estrategia de blindaje político que con un criterio de equidad o eficiencia del gasto público. La decisión de aumentar el salario presidencial en medio de recortes sociales, crisis de legitimidad y baja aprobación ciudadana, refleja una desconexión preocupante entre el Ejecutivo y la realidad del país.
Boluarte, cuya remuneración era una de las más bajas de Sudamérica, ahora se ubica entre las presidentas mejor pagadas del continente. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿merece el país este tipo de prioridades mientras millones enfrentan precariedad y abandono estatal?
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