Política
El Datazo: El Pachecogate
Lo último de la coyuntura política de manera resumida.

MINISTERIO PÚBLICO ENCUENTRA EN BAÑO DE SECRETARÍA GENERAL DE PALACIO DE GOBIERNO, 20 MIL DÓLARES QUE GUARDABA EL EX SECRETARIO GENERAL DE PEDRO CASTILLO, BRUNO PACHECO.
Según lo publicado por Lima Gris, se informa que la Fiscalía Anticorrupción señaló en el documento titulado Acta de Exhibición de Documentos no Privados en la Secretaria General de Palacio de Gobierno, se da cuenta de que en el baño del despacho que ocupaba Bruno Pacheco, se habrían hallado nada menos que US$ 20 000 dólares contantes y sonantes.
Dicho hallazgo se habría producido durante la diligencia efectuada por el Ministerio Público el viernes pasado en la sede del Poder Ejecutivo. Dicha diligencia se prolongó por espacio de 12 horas, en el marco de las indagaciones que efectúa el Ministerio Público por el presunto delito de tráfico de influencias en el cual figura como investigado el inefable Bruno… AHORA, ¿QUÉ DIRÁ PACHECO PARA JUSTICAR LA PRESENCIA DE ESA IMPORTANTE SUMA DE DÓLARES AMERICANOS EN LOS AMBIENTES PRIVADOS Y RESERVADOS DE SU DESPACHO? POR LO PRONTO, NO FALTARON ALGUNOS BROMISTAS QUE EMPEZARON A ESPECULAR, DICIENDO QUE «SEGURO BRUNO PACHECO CASTILLO EMPLEABA EL PAPEL MONEDA NORTEAMERICANO COMO PAPEL SANITARIO PARA SU “CUTIS”». PARAFRASEANDO AL GORDO PORCEL, SUPONEMOS QUE BRUNO PACHECO DIRÍA QUE ES «”BRUNITO”, PERO LIMPITO».
SUNAFIL MULTÓ A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR NO PAGAR LAS HORAS EXTRAS TRABAJADAS A 20 DE SUS TRABAJADORES
Esta es la institución que en tiempos de pandemia —o, si prefieren, desde que Nelson Shack Yalta y su equipo de confianza manejan los destinos de esa entidad— está cometiendo más faltas. Y, sin embargo, tienen cierta protección en el Congreso. Para entender lo que ocurre, conviene mencionar que la responsabilidad del manejo administrativo de la CGR recae sobre el secretario general de esta institución, Abog. Luis Miguel Iglesias León, pues en el Estado el secretario General es una suerte de gerente administrativo. En el informe que nos han proporcionado —IMPUTACION DE CARGOS N.º 2108-2020-SUNAFIL/ILM/AI1—, la unidad instructora encontró que la CGR no efectuó pago ni compensación de las horas extras que laboraron 20 de sus trabajadores —hecho que constituye una falta muy grave en materia de relaciones laborales—, imponiéndole una multa de 18,600 soles… EN LA CONTRALORÍA NO SOLO SE ELEVAN LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUE SE COMPRAN; NO HAY SANCIONES PARA LOS RESPONSABLES DE FALTAS ADMINISTRATIVAS MUY GRAVES QUE INCLUSO VIOLENTAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE SUS TRABAJADORES; SE ABUSA DEL PERSONAL QUE TRABAJA HORAS EXTRAS Y NO SE LE PAGA NI COMPENSA POR UNA LABOR REALIZADA. ADEMÁS DE TODO ELLO, CON ESTA MULTA, HAY UN SERIO PERJUICIO PARA LA INSTITUCIÓN QUE DEBIERA SER CASTIGADO. Y, A TODO ESTO, ¿QUÉ DICE EL CONGRESO? NADA.
EN SETIEMBRE NOS ENTERAMOS DE UN INFORME DE LA CGR CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE ATE Y HASTA AHORA NO LO PUBICAN. ¿POR QUÉ?
Un informe de la OCI de la Municipalidad de Ate descubrió que dicha institución compró productos para el Programa del Vaso de Leche por debajo de las 08 UIT —con esa modalidad, se hacían las compras directas y no necesitaban licitación de por medio—. El monto total de lo que se compró asciende a mas de 2 millones de soles, y dichas adquisiciones se efectuaron entre los años 2,016 y 2,017. Lo curioso es que ahora no se quiere publicar ese informe, incumpliéndose con el principio de transparencia que debe primar en todo acto de la administración pública. Nuestros «duendes» nos comentan que entre los funcionarios habría responsabilidad de uno de los actuales congresistas de la República… ¿POR QUÉ LA CONTRALORÍA NO PUBLICA ESTE INFORME?, ES LA PREGUNTA QUE NOS HACEMOS. ¿HABRÁ ALGÚN COMPROMISO CON EL SEÑOR CONGRESISTA? ESPERAMOS SU RESPUESTA SEÑOR NELSON SCHACK YALTA.
MUCHOS DUDAN DE LA LEALTAD DE DINA BOLUARTE
Después de que la congresista Patricia Chirinos hiciera el pedido de vacancia presidencial en el parlamento, extrañamente empezaron a salir fotografías de Dina Boluarte junto con la congresista que se hace llamar la «woman del Callao». A nosotros no nos queda claro por qué en base a una simple foto se pueda presumir alguna deslealtad por parte de la vicepresidenta Boluarte en contra de Pedro Castillo. Nuestros «duendes» nos cuentan que en Palacio de Gobierno hay una serie de «chismosos» que andan contándole «conspiraciones» al presidente y éste se las cree… REALMENTE NO SABEMOS LA CLASE DE GENTE QUE HA LLEGADO AL GOBIERNO, PERO MUCHOS AFIRMAN QUE ES UNO DE LOS PEORES DE LOS ULTIMOS AÑOS. EN ESO COINCIDIMOS TODOS.
EN LA BANCADA DE ACCIÓN POPULAR NINGUNO DE LOS ASESORES ESTÁ INSCRITO EN EL PARTIDO DE FERNANDO BELAUNDE
Algo debe estar pasando en Acción Popular ante el silencio cómplice de muchos, que permanecen callados. Por lo pronto, les decimos que hemos verificado en el registro de organizaciones políticas (ROP) y, de los cinco asesores que tiene la bancada de la lampa, ninguno está inscrito en el partido. Mas bien, hay dos que pertenecen (o pertenecieron) a Perú Posible —incluso una de estas personas (Amavila Porturas), postuló al Congreso en el 2011 por el partido de la Chacana— nuestros duendes nos cuentan que CHISPITA —por la intimidad que tiene con su amiguis Bruce— habría ejercido presión para esas contrataciones. Sabemos que en el partido que fundara Fernando Belaunde hay muchos cuadros profesionales que merecen ocupar esos puestos… ESPEREMOS QUE EL NUEVO SECRETARIO GENERAL NACIONAL PONGA ORDEN Y QUE SE CONTRATE A PROFESIONALES «AFILIADOS» AL PARTIDO. YA ES SUFICIENTE QUE EL HERMANO DE CHISPITA TAMBIÉN TRABAJE EN EL CONGRESO. ¡QUE TAL «AMORFO» ESTE!
LA NUEVA JEFA DE RECURSOS HUMANOS DEL CONGRESO LABORÓ EN EL MINISTERIO DE TRABAJO, EN LA MISMA ÉPOCA EN QUE LO HACÍA LA ACTUAL PRESIDENTE DEL CONGRESO. ¿AMIGUIS? AQUÍ NO HABRÍA MERITOCRACIA, SINO DEDAZO
Muchas son las denuncias que recibimos a través de nuestros correos. Esta vez, nos comentan que la abogada Sandra Wendolyne Elías Rodríguez —quien hasta julio de este año se desempeñaba como asesora II en la Secretaria General del Mintra y que ahora labora en el Congreso de la República como jefa de Recursos Humanos— señala en los formularios de su hoja de vida que tendría 20 años de experiencia laboral, tanto en el sector público como en el privado. Sin embargo, al verificar tal documento con el resto de la información que consigna, vemos que en su declaración jurada de conflicto de intereses menciona que habría trabajado en los ministerios de la Producción, Trabajo, Economía y en un programa contra la violencia contra la mujer. Según nos comentan, por más que se suma y suma toda su experiencia laboral, no se llegaría ni con mucho a los 20 años de experiencia que ella pregonaría tener. Por lo que nos cuentan, desde su llegada al Congreso más es lo que pregunta que lo que sabe o hace. Pero como es amiguis de la Alva Prieto, todos guardan silencio, menos nuestros «duendes», que están en todas y nos cuentan todo… PARECE QUE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO Y SUS AMIGUIS QUIEREN PERSONIFICAR UNA NUEVA VERSIÓN —ESTA VEZ LEGISLATIVA— DE LAS CHICAS SUPERPODEROSAS. NO SE PASEN, QUE NO LE LLEGAN NI A LOS TALONES A BOMBÓN, BELLOTA Y BURBUJA.
Política
Gobierno exportará presos en lugar de solucionar el hacinamiento penitenciario
Frente a la crisis carcelaria y la falta de nuevas cárceles, el Ejecutivo busca trasladar reos a El Salvador, una medida costosa, cuestionada y que no aborda las causas reales del problema. Expertos advierten que esta propuesta es un parche irresponsable y demagógico.

El exdirector general de asuntos criminológicos del Ministerio de Justicia, Víctor Quinteros, cuestionó duramente la reciente propuesta del Gobierno de enviar presos peruanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, calificándola de “inviable” y una medida demagógica que evade responsabilidades.
Quinteros enfatizó que mientras el gasto diario por reo en Perú oscila entre 27 y 30 soles, el traslado y confinamiento en el CECOT implicaría un costo superior a 200 dólares por preso, una cifra que evidencia la falta de racionalidad económica y social en la iniciativa gubernamental. “Los peruanos deben cumplir su condena en territorio nacional. Existe un marco legal para enviar presos extranjeros a sus países de origen, pero no para exportar peruanos”, aclaró.
El especialista criticó que el Ejecutivo pretenda externalizar un problema que es claramente de su competencia, desviando la atención pública y política de la urgente necesidad de construir y ampliar cárceles en Perú. “Esta propuesta refleja la incapacidad de los políticos para enfrentar el hacinamiento penitenciario que afecta a miles de reclusos y vulnera derechos humanos fundamentales”, apuntó.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) para deshacinamiento de penales antes del 2030, aunque con un plazo prudencial. Alcántara argumentó que factores como la pandemia y el impacto del ciclón Yaku han retrasado la ejecución de medidas, por lo que se ha solicitado tiempo adicional.
Sin embargo, para Quinteros, estos argumentos no justifican la falta de políticas concretas y responsables. “Exportar presos no es una solución, es un parche costoso y cuestionable que no atiende las causas estructurales del problema”, concluyó.
La polémica propuesta abre el debate sobre la prioridad real del Estado frente a una crisis penitenciaria que sigue sin resolverse desde hace años, mientras se opta por soluciones improvisadas que pueden poner en riesgo derechos y soberanía.
Política
Delia Espinoza se justifica por no reponer a Patricia Benavides
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, niega incurrir en desacato y se ampara en tecnicismos legales para no restituir a su rival, Patricia Benavides. Lo más preocupante: insiste en que no hay crisis institucional y asegura que el Ministerio Público “funciona con normalidad”.

En medio de la crisis institucional que sacude al Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, ha optado por el camino del tecnicismo para justificar su negativa a reponer en el cargo a Patricia Benavides, como ordenó la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Lo que está en juego no es solo un conflicto de poder, sino el respeto al Estado de derecho y a las decisiones de los órganos constitucionales autónomos.
Espinoza Valenzuela declaró al Diario del Cusco que enfrentará cualquier denuncia del Congreso por presunto desacato, asegurando que hasta el momento no ha sido formalmente notificada de la resolución que restituye a Benavides Vargas como fiscal de la Nación. Bajo ese argumento, se ampara en que no hay “desobediencia” porque no hay una notificación formal, como si los pronunciamientos de la JNJ no fueran de conocimiento público ni vinculantes desde el momento de su emisión.
Más aún, cuestionó abiertamente que diversas autoridades —incluyendo congresistas, ministros y el propio defensor del Pueblo— hayan reconocido públicamente a Patricia Benavides como la legítima fiscal de la Nación. Según Espinoza, ese reconocimiento genera “confusión” y desinformación entre la ciudadanía, cuando en realidad lo que confunde es la resistencia de su despacho a acatar una resolución de un órgano constitucional.

Resulta preocupante que Delia Espinoza deslice la idea de que todo debe pasar primero por un análisis jurídico interno, como si la legalidad fuera un terreno interpretativo según su conveniencia. Bajo esa lógica, cualquier autoridad podría ignorar resoluciones oficiales mientras “analiza” si le parecen válidas.
La fiscal también aseguró que responderá a las denuncias del Congreso y que las mismas no prosperarán porque —según ella— la JNJ no siguió los procedimientos correctos. Es decir, antes que admitir el fallo y acatarlo, su estrategia es deslegitimar el procedimiento mismo, aunque este emane del ente competente.
Pero lo más grave no es la estrategia de defensa de Espinoza Valenzuela, sino la insistencia en negar que exista una crisis institucional. Afirma que el Ministerio Público “funciona con normalidad” y que no hay enfrentamientos internos. ¿Cómo puede hablarse de normalidad cuando existe una pugna abierta por el cargo más alto del organismo, cuando dos señoras reclaman legitimidad y el país observa una paralización operativa?
Lo que está ocurriendo en el Ministerio Público es una crisis con todas sus letras, agravada por una autoridad que minimiza el problema y retrasa su solución. La falta de una acción clara y oportuna no solo erosiona la legitimidad del Ministerio Público, sino que pone en duda su independencia y respeto a la institucionalidad.
Si Delia Espinoza espera que el silencio y el formalismo legal detengan el avance de la verdad, está equivocada. El país necesita claridad, no excusas. Y el Ministerio Público, hoy más que nunca, requiere liderazgo con principios, no posiciones cómodas disfrazadas de legalidad.
Política
Juan Silva: tres años prófugo y cero resultados de la PNP
Fugitivo desde el 7 de junio de 2022, el exministro de Transportes simboliza la evasión de justicia más descarada del gobierno de Pedro Castillo. Su caso revela la corrupción del pasado y la negligencia del presente. Sin captura, la justicia sigue humillada y desacreditada.

Mientras la justicia reafirma la prisión preventiva por 36 meses contra el prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas, la gran pregunta sigue sin respuesta: ¿por qué la Policía Nacional del Perú no logra capturarlo? La reciente decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de rechazar la apelación de su defensa no solo confirma la solidez de las pruebas en su contra, sino que también expone una verdad incómoda: la ineficiencia —¿o desinterés? — del aparato estatal por hacer cumplir esa medida.

Silva Villegas, imputado por liderar una presunta organización criminal junto al expresidente Pedro Castillo, lleva tres años en condición de prófugo. Se le atribuyen actos de corrupción vinculados a la licitación del Puente Tarata y a otras obras públicas entregadas a empresas chinas. Los delitos que enfrenta —organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias— no son menores. Sin embargo, a pesar de la orden de captura nacional e internacional emitida en marzo de 2023, nada se sabe con certeza de su paradero. ¿Ha desaparecido del mapa con tanta facilidad o alguien lo protege?
A esta impunidad se suma la estrategia legal del exministro, quien busca deslegitimar la prisión preventiva con apelaciones sin sustento. El Poder Judicial ha sido claro: su defensa no presentó nuevos elementos ni argumentos para debilitar los “graves y fundados elementos de convicción” existentes. Y aun así, Silva pretende burlar a la justicia desde la clandestinidad.

La pasividad de la PNP en este caso es alarmante. No se trata de un prófugo cualquiera, sino de un exalto funcionario que, según la Fiscalía, formó parte del núcleo duro de una red criminal que saqueó al Estado. ¿Cómo es posible que, después de tres años, no exista un solo resultado concreto en su captura? ¿Realmente se le está buscando?
Es momento de que el Ministerio del Interior y la PNP rindan cuentas. No basta con emitir alertas rojas en Interpol si no hay un esfuerzo serio y sostenido para ubicar a quien simboliza la evasión de justicia más flagrante del gobierno de Pedro Castillo. El caso Silva refleja no solo la corrupción del pasado, sino la negligencia del presente. Y mientras siga libre, la justicia seguirá humillada.
Política
Se cumplen 250 días sin que Dina Boluarte le responda a la prensa
Mandataria pasa sus días entre denuncias, cirugías encubiertas, documentos “clasificados” para que no se conozca su aumento de sueldo, y viajes al extranjero.

La última vez que la presidenta de la República, Dina Boluarte, se animó a contestarle a la prensa fue el ya lejano 22 de octubre de 2024, cuando en tono despectivo e irascible, les preguntaba antes a los hombres de prensa a qué medio pertenecían, asimismo, daba instrucciones sobre las preguntas que no tenía en mente responder porque eso sencillamente le ponía de muy mal humor.
Luego de ello, la autodenominada “mamá de todos los peruanos” se la pasó lanzando indirectas a los distintos medios cuando se trataba de una actividad oficial, tildándolos de ser los verdaderos “enemigos de la patria”, confabuladores, de estar jugando “en pared” con sus opositores para sacarla de Palacio. Incluso, en una ocasión, se atrevió a decir, siempre acompañada de niños y sus ministros complacientes, que los periodistas vienen realizando un “terrorismo de imagen” contra su persona.
Como si se tratara de una deidad a la que hay que agachar la cabeza y lanzar loas, la jefa de Estado no quiere que ningún medio de prensa se le acerque a menos de 50 metros, caso contrario serán interceptados por su seguridad personal, o peor aún, encerrados durante horas en algún ambiente cuando se trata de dar cobertura en una actividad oficial. Y es que esa mujer “valiente” pareciera tener miedo a las preguntas que le formulen aquellos entrevistadores que no se encuentran sometidos al canal del Estado o a su área de prensa.

Tal vez quiera evitar ese incómodo momento cuando le pregunten sobre sus viajes al extranjero, las joyas “prestadas”, sus “retoquitos” mencionados por el doctor Mario Cabani, los detalles sobre qué hacía el ‘cofre’ en una playa del sur, o el petitorio para aumentarse el sueldo.
A propósito de todo eso, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) le recuerda a la mandataria que ya lleva 250 días sin dar declaraciones, las mismas que tengan la posibilidad de un contrapunto o una repregunta, y que no estén sujetas a un cuestionario u hoja elaborado por su área de prensa. Y es que ella prefiere que solo le hagan preguntas que no la incomoden o la dejen mal parada.
«La ANP recuerda que el 22 de octubre del 2024 Boluarte, tras 105 días de silencio mediático, presentó su balance de gestión junto a sus ministros de Estado para, posteriormente, responder a preguntas de medios con expresiones hostiles hacia quienes se las formulaban. Desde esa fecha, la ANP ha registrado momentos álgidos en que la mandataria ha hecho manifiesto su reiterado menosprecio a la libertad informativa», se lee en un pronunciamiento de la institución.
Le queda poco más de un año y todo indica que seguirá manteniendo la boca cerrada; tal vez esa sea su estrategia para no cometer ni un desliz o dejarse llevar por sus impulsos y responder “tu mamá” de nuevo.
Política
Alcalde de Lima empecinado en hacer su “marcha blanca” pese a que el tren Lima – Chosica no está concluido
Ministro de Transportes previamente ya le había respondido que “no hay una obra concluida ni iniciada”.

Ya se siente el amo y señor del Perú. Han pasado tres años y la tan repetida “Lima, potencia mundial” es solo un sueño de opio, pues hasta el momento gran partes del Cercado de Lima está invadido de vendedores ambulantes y carretilleros, y ni qué decir sobre la creciente inseguridad que se vive.
El alcalde capitalino, Rafael López Aliaga, a propósito de esto último, mencionó muy suelto y despreocupado, que comprará drones que sobrevolarán la ciudad como “cóndores” y “explotarán” delante de los delincuentes.
Ahora, como si ya fuera presidente del país, viene repitiendo que iniciará una “marcha blanca” que será el inicio de las operaciones del tren Lima – Chosica, pero un gran detalle no pasa por inadvertido: no hay una obra concluida. Entonces, ¿dónde piensa colocar sus trenes de segunda traídos de los Estados Unidos?
El popular ‘Porky’ quiere colocar como sea sus trenes de la compañía Caltrain y ponerlas en funcionamiento el mes que viene. “El tren va a ir de todas maneras. Esa marcha blanca la hacemos en julio”, reiteró López Aliaga, a pesar de no existir un estudio técnico ni construidas las estaciones donde pasará el tren.
Al respecto, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, manifestó que tal “marcha blanca” no se encuentra contemplada debido a que “no hay una obra concluida ni iniciada”.
“Queremos saber si la Municipalidad de Lima lo va a hacer como obra suya, seguramente deben tener un expediente técnico, un plan a desarrollar y ejecutar, y sabrán los plazos y el cronograma. Si no lo puede hacer por diferentes circunstancias, sea tema presupuestal o apoyo técnico, y recurre al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC tendría que usar la concesión que ya tenemos y firmar una adenda -es una posibilidad-. Y esa adenda requiere revisarla técnicamente, incorporar la adenda, las especificaciones técnicas, requisitos, estudios, y hacer un proyecto para poder firmar una adenda de ampliación y eso no requiere menos de un año”, dijo.

Enterado de esta última declaración del ministro Sandoval, ‘Porky’ respondió que desde el MTC se está buscando poner “trabas” y que de encontrar mayores obstáculos no lo dudará dos veces en organizar una marcha hacia la sede del MC, pues para él lo único que se estaría buscando es “politizar” este proyecto.
“Si comienza a poner trabas, hay que hacerle una marcha hasta el MTC. Hay que llenar el MTC de gente que sí quiere tren”, manifestó.
Lo cierto de todo esto es que no existe una obra terminada para que pasen los trenes, ¿o será que pasarán volando por la ciudad con ayuda de los drones “cóndores” que pensaba comprar ‘Porky’?
Política
Rossella Leiblinger es designada ‘jefa interina’ del IRTP
Durante los últimos años, la abogada Rossella Guilianna Leiblinger Carrasco ha desarrollado su trayectoria en el sector estatal, ocupando cargos en diversos ministerios. Actualmente dirige Industrias Culturales en el Ministerio de Cultura y asume provisionalmente la encargatura, en el IRTP.

Mediante la Resolución Suprema nº 013-2025-MC, publicada en el diario El Peruano, el Ministerio de Cultura designó a la abogada Rossella Guilianna Leiblinger Carrasco como jefa institucional encargada del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), en reemplazo de Ninoska Chandía Roque. El documento lleva las firmas del ministro de Cultura, Fabricio Valencia, y de la presidenta Dina Boluarte.

Leiblinger ejercerá el cargo de manera interina y en adición a sus funciones como directora del Programa Sectorial IV de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, posición que ocupa desde enero de este año.

Es abogada por la Universidad de San Martín de Porres y magíster en Políticas Públicas y Gestión Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Prácticamente, ha ejercido su trayectoria durante muchos años en el aparato estatal, habiendo laborado en los ministerios de Trabajo, Justicia, Energía y Minas, Interior, Mujer, así como en el Ministerio Público, la SBS y el Inabif.

La llegada de Leiblinger Carrasco al IRTP se da en medio de un contexto institucional complejo, marcado por tensiones internas tras la salida de Chandía Roque, quien mantendría un grupo afín en la televisora, con el objetivo de cautelar sus intereses. Según fuentes del sector, se evalúa la designación de un nuevo titular en la jefatura institucional, siendo el nombre de Luis Francisco Vivanco Aldon uno de los voceados para asumir el cargo.
Política
Continúa la pugna entre Patricia Benavides y Delia Espinoza por el control de la Fiscalía
La batalla entre Benavides y Espinoza sigue escalando, mientras el Juzgado Supremo admite la apelación de Benavides contra su inhabilitación de dos años, se profundiza el caos institucional en el Ministerio Público y se debilita la imagen de imparcialidad judicial.

La reciente admisión de apelación presentada por Patricia Benavides Vargas, suspendida fiscal suprema, ha reactivado un conflicto interno que ya desbordó los límites del Ministerio Público. Lejos de tratarse de un proceso judicial común, el enfrentamiento entre Benavides Vargas y la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, ha evidenciado una peligrosa politización del sistema de justicia peruano.
Con el respaldo del abogado Jorge del Castillo, quien calificó de «express» la resolución que suspendió a Benavides Vargas por 24 meses, la estrategia es clara: revertir una medida que, si bien fue contundente, no estuvo exenta de cuestionamientos procesales. Sin embargo, lo más grave no es el recurso legal en sí, sino el uso instrumental de los órganos judiciales en medio de una pugna de poder.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema deberá ahora pronunciarse sobre la legalidad de la suspensión impuesta por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Pero la expectativa está menos en el argumento jurídico y más en el equilibrio de fuerzas internas. Las decisiones ya no parecen moverse por criterios de institucionalidad, sino por simpatías y alianzas políticas que fracturan peligrosamente la imagen de imparcialidad del Poder Judicial.

Ambas señoras, Benavides Vargas y Espinoza Valenzuela, representan facciones enfrentadas dentro del Ministerio Público, convirtiendo a esta institución en un campo de batalla. El problema no es solo la disputa personal entre dos fiscales, sino cómo esta ha contaminado los cimientos del sistema judicial, arrastrando a jueces, fiscales y salas completas a tomar posición en lo que debería ser un proceso técnico y desapasionado.
La justicia, en lugar de ser un poder del Estado autónomo, parece haberse convertido en una arena política más. El daño es profundo: se debilita la confianza ciudadana y se compromete la legitimidad de futuras decisiones. Mientras Benavides Vargas lucha por volver, la justicia debería luchar por no hundirse con ella.
Política
Renunció la jefa de Prensa de Palacio de Gobierno, Mónica Tiburcio
Apenas duró un día en el Despacho Presidencial.

Mónica Otilia Tiburcio Orbezo fue designada hace dos días, como nueva secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial, en reemplazo de Luis Urmeta Delgado. Su nombramiento habría tenido que pasar por el visto bueno de Juan José Santiváñez, pues según registros se llegó a reunir hasta en tres ocasiones con el exministro del Interior.

Ella tenía la misión de enfocarse en mejorar considerablemente la imagen de la presidenta de la República que ya lleva sin declarar a la prensa más de 200 días. Sin embargo, ya no va más y a través de la Resolución N° 000040-2025-DP/SGDP, firmada por el Secretario General, Enrique Vílchez, el Gobierno decidió aceptar su renuncia, dándole las gracias por los servicios prestados, apenas un día.
¿Ahora quién será el reemplazante de Tiburcio? ¿Acaso alguien que juegue en pared con el IRTP?
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