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Política

El Datazo: Congreso no acredita a parlamentarios que deben investigar a las empresas chinas

Lo último de la coyuntura política de manera resumida.

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Composición La República.

YA PASARON DOS MESES Y LAS BANCADAS DEL CONGRESO NO ACREDITAN A LOS REPRESENTANTES QUE DEBEN INVESTIGAR A LAS EMPRESAS CHINAS. ¿POR QUÉ?

Chinos de risa. Habitualmente, los más entusiastas en conformar comisiones investigadoras son los acciopopulistas y los Keikistas. Sin embargo, esta vez están callados. Como se trata de investigar a las empresas chinas donde varios congresistas del partido de la lampa han sido mencionados, acusándolos mediáticamente de recibir a empresarios chinos en sus despachos, parece que éstos no quieren que nadie investigue el tema. Aquí nadie dice nada, ni siquiera quiere opinar el presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Por qué tanto silencio de parte de los congresistas? ¿Es que no quieren descubrirse a ellos mismos? O ¿Es qué de las declaraciones de algunos se podrá ver la intromisión de los congresistas en las obras públicas?… PREGUNTAS QUE NO TIENEN RESPUESTAS, PUES EN ESTE TEMA PARECEN ESTAR COMPROMETIDOS MUCHOS CONGRESISTAS Y HASTA ALGUNOS ALCALDES. ESTE SILENCIO DEBE TERMINAR

LA PRESIDENTE DEL CONGRESO CLASIFICA A LOS PERUANOS COMO «BLANCOS E INDIOS»

En su ya tradicional estilo lenguaraz, la actual presidente del Congreso María del Carmen Alva catalogó a los peruanos como blancos e indios, utilizando términos y categorías propios de la Colonia, regida por una estructura excluyente de castas. No hay que ser muy mordaz e incisivo con la señora Alva Prieto para hacer que ella sola se dispare a los pies. Parece que se levanta en las mañanas con ganas de hacerse daño, auto flagelarse mediáticamente y quedar en ridículo a diario. Aquí no hay que echarle culpa a sus asesores o empleados. Claramente se nota una total falta de criterio interpretativo de la realidad por parte de la presidente del Congreso, quien, víctima de una marcada estulticia política crónica, parece no articular lo que piensa con lo que dice. En pocas palabras y, por decir lo menos, no se hace entender… ESTA ES LA PRESIDENTE DEL CONGRESO QUE NOS PUSO LA BANCADA DE ACCIÓN POPULAR Y SUS ALIADOS, A DÓNDE HEMOS LLEGADO…

INSISTEN EN APROBAR LA BICARAMELIDAD

Los Keikistas insisten en querer aprobar el dictamen de la bicameralidad, a pesar de que no se tienen los 87 votos. Como sabemos, en el año 2,018 los peruanos votamos con un contundente 86% en contra del regreso de los «dinosaurios» políticos. Según la última encuesta de Ipsos Apoyo, ese 54% que apoyaba el regreso de la bicameralidad lo hacía siempre y cuando este no irrogue ningún gasto. Sin embargo, con la actual propuesta en debate se sumarían 60 personas como senadores de la República (con su respetivo personal) …LA INSISTENCIA DE LA BICAMERALIDAD ES PARA QUEDAR BIEN CON SUS ALIADOS POLÍTICOS. NO OLVIDEMOS QUE SE VAN A MODIFICAR 51 ARTÍCULOS DE LA ACTUAL CONSTITUCIÓN, COMO LA ELECCION DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, QUE AHORA SÍ QUEDARÍA EN MANOS DEL KEIKISMO

CONGRESISTA JUAN BURGOS, DE AVANZA PAÍS, SE SINCERA Y DICE QUE LA INTENCIÓN DE LA BICAMERALIDAD ES TERMINAR CON LA SUPREMACÍA DEL EJECUTIVO

No hay crimen perfecto y esto es lo que queda demostrado en el pleno del Congreso, donde el congresista Juan Burgos (AvP) se sinceró con respecto a la propuesta de retornar a la bicameralidad, al afirmar que “el propósito del dictamen de la Comisión de Constitución —que es presidida por la congresista Keikista Patricia Juárez— es evitar la supremacía del Poder Ejecutivo”. ES UNA CLARA MUESTRA QUE LAS PRETENSIONES DE ESTE CONGRESO ES VULNERAR AL PODER DEL EJECUTIVO Y ASÍ MANIATARLO PARA NO DEJARLO GOBERNAR

A TRAVÉS DE UN DECRETO SUPREMO, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PRETENDE ENTROMETERSE EN UNA INSTITUCIÓN PRIVADA COMO LA DERRAMA MAGISTERIAL

En lo que se considera como un atentado contra la Derrama Magisterial, el ministerio de Educación emitió un Decreto Supremo que pretende cambiar la composición del directorio de esa entidad privada. El ministro Rosendo Serna pretende justificar este atropello manifestando en una radio local que lo que propone su sector es «democratizar» esta institución, desconociendo que es una empresa privada que se rige a través de estatutos… LAMENTAMOS QUE VIVIENDO EN UN PAIS DONDE RIGE LA LIBERTAD DE EMPRESA SEAMOS TESTIGOS DE ESTOS EVENTOS. EL MINISTRO DE EDUCACIÓN DEBE SER CENSURADO POR ESTA ACCIÓN EN CONTRA DE LA DERRAMA MAGISTERIAL

LAS RONDAS CAMPESINAS MATAN A UN ABIGEO

¿Quién controla a las rondas campesinas? Es la pregunta que nos hacemos al enterarnos de los lamentables hechos que dan cuenta del crimen que habrían perpetrado un grupo de ronderos, quienes habrían ultimado a golpes a un abigeo que fue capturado en la madrugada del martes en Pacamarca. Se trata de Félix Yupanqui Sosa (50), quien no habría resistido el castigo pereciendo luego. Su deceso se produjo cuando era trasladado al Hospital de Jauja… NO PODEMOS DEJAR QUE ESTOS SEÑORES TOMEN LA JUSTICIA POR SUS MANOS. ES HORA DE PONERLES UN ALTO, SINO ESTO SE CONVERTTIRÁ EN LA JUSTICIA DEL OESTE.

ZAMIR VILLAVERDE ES PUESTO EN LIBERTAD

Solo en el Perú vemos estos casos. En la tarde del martes, el empresario Zamir Villaverde dejó las instalaciones del penal Ancón I y se dirigió a su vivienda. Como se recuerda, el Poder Judicial aceptó su pedido para variar la prisión preventiva por una comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país. Pero, ¿que pruebas ha mostrado hasta ahora el acusado Villaverde? Dice haber entregado 3 millones de dólares a un representante del JNE, pero no ha demostrado de donde obtuvo ese dinero y si este tiene un origen legal o no. También manifestó haberle entregado 100 mil soles al ex ministro de Transportes, pero tampoco demostró de dónde obtuvo el dinero para realizar ese pago… LO QUE SÍ ESTÁ DEMOSTRADO ES CÓMO LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN SE APURA EN INFORMAR A LA PRENSA, PERO SIN ARGUMENTOS Y LA RESERVA NECESARIA EN ESTAS INVESTIGACIONES. ESPEREMOS QUE EL PODER JUDICIAL NO HAYA SIDO SORPRENDIDO.

LAS INTROMISIONES DE LOS CONGRESISTAS EN EL DEPORTE

En lo que consideramos una intromisión en el tema deportivo, el congresista Alejandro Cavero —de Avanza país— le envió una carta a Joel Raffo —presidente del club deportivo Sporting Cristal— para que el equipo de la Sub-17 no participe en el campeonato que realizaría próximamente el ex presidente Evo Morales. Los argumentos del congresista peruano que se leen en la carta son: «(…) Por lo expuesto, señor Raffo, le agradecería que tuviese a bien reconsiderar la participación del club Sporting Cristal en la Copa Evo como un gesto de compromiso con los valores democráticos y el estado de derecho, principios con los que estoy seguro el club concuerda (…)». En contra parte, el ex presidente boliviano, a través de las redes, declaró desde su cuenta de Twitter, denunciando discriminación de parte de quienes rechazan la Copa y hasta afirmó que esas personas «no soportan que una Copa de Fútbol lleve el nombre del primer indígena presidente de Bolivia» … ESTAS SON LAS INTROMISIONES QUE NO SE DEBEN DE PERMITIR. POR ESO, LA FIFA RECHAZA LA INTERVENCIÓN DE LOS POLÍTICOS EN EL DEPORTE, PERO PARECE QUE AQUÍ EN EL PERÚ AUN NO APRENDEN.

ASESORES DE LA BANCADA DE ACCION POPULAR PRETENDEN DIFAMAR AL AUTOR DE ESTA COLUMNA

Hemos tomado conocimiento que algunos asesores de la bancada de Acción Popular que no toleran que a cada rato los denunciemos por ineptos e ineficaces con el trabajo y que no saben cuidar la imagen de sus congresistas, para eso están tratando de difamarnos diciendo que tomamos el nombre de un prestigioso semanario aduciendo que pertenecemos a su staff de periodistas. Les ha dolido que hagamos publico las intenciones de posibles nombramientos inadecuados, sin merecerlos ni nada que los distinga del personal que trabaja en el Congreso que con mucho esfuerzo llegan a trabajar decentemente en esa institución. Estaremos atentos a los que estén hablando en contra de nosotros y los denunciaremos en las instancias judiciales correspondientes… SARTA DE MEDIOCRES, YA SE LES ACABA LA MAMADERA, DEN LA CARA COMO NOSOTROS QUE PUBLICAMOS NUESTRAS COLUMNAS CON LA VERDAD Y FIRMAMOS, NO SOMOS COBARDES.

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Política

Gobierno de Boluarte planea millonaria compra de 2,757 pasajes aéreos

El Despacho Presidencial ha iniciado un proceso para contratar una agencia de viajes que gestione miles de pasajes aéreos hasta 2027, sin precisar objetivos institucionales ni montos estimados.

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El mandato de Dina Boluarte Zegarra, a través del Despacho Presidencial inició un proceso público para contratar una agencia de viajes que gestione pasajes aéreos —nacionales e internacionales— por un período de 730 días, es decir, hasta mediados de 2027. La convocatoria incluye la compra de más de 2,700 boletos dentro del país y 57 hacia el extranjero, extendiéndose incluso al próximo gobierno.

Los destinos internacionales contemplan viajes a América, Europa y Asia, aunque los documentos oficiales no explican con claridad los motivos institucionales que justificarían tal volumen de desplazamientos. A esto se suma que no se ha consignado un monto estimado del contrato en la convocatoria pública, lo que alimenta las críticas sobre la falta de transparencia en la gestión presidencial.

Dina Boluarte planea viajar a Asia desde el 5 de agosto, en plena crisis nacional.

La referencia más cercana es un contrato anterior firmado por el mismo Despacho Presidencial en junio de 2024, que superó los 1.7 millones de soles. Aunque la nueva adjudicación aún no se concreta, se estima que será resuelta a fines de agosto.

La decisión ha generado preocupación por su carácter anticipado y por la opacidad en torno a los objetivos de los viajes proyectados. En un contexto de crisis institucional, inseguridad y escasa conexión con las regiones, la planificación de desplazamientos costosos y poco justificados refuerza la percepción de un gobierno más enfocado en agendas externas que en atender las urgencias del país.

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Política

«Otra salida al extranjero”: Dina Boluarte planea viaje a Asia en plena crisis nacional

La mandataria ha solicitado al presidente del Congreso, José Jerí, la autorización para ausentarse del país desde el 5 de agosto, con el fin de realizar visitas oficiales a Japón e Indonesia.

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La presidenta Dina Boluarte Zegarra ha solicitado al Congreso de la República permiso para ausentarse del país entre el 5 y el 12 de agosto, con el objetivo de cumplir compromisos internacionales en Japón e Indonesia. Esta nueva gira presidencial ocurre en un contexto nacional marcado por una creciente inseguridad ciudadana, conflictos sociales sin resolver y una débil gobernabilidad.

En mayo de este año, Dina Boluarte viajó al Vaticano acompañada de sus consejeros.

Según el documento oficial presentado al presidente del Parlamento, José Enrique Jerí Oré, la mandataria atenderá una invitación del gobierno japonés para participar en el “Día del Perú” dentro de la Expo 2025 en Osaka, además de sostener reuniones con el primer ministro Fumio Kishida y el emperador Naruhito. También se prevé su asistencia a encuentros empresariales organizados por PROMPERÚ, con la intención de atraer inversiones.

Posteriormente, Boluarte Zegarra tiene programado viajar a Yakarta, Indonesia, el 11 de agosto, como parte de la conmemoración del 50.º aniversario de relaciones diplomáticas con ese país. Esta visita responde a una invitación del presidente indonesio Prabowo Subianto.

En noviembre del 2023 la presidenta viajó a Estados Unidos.

Aunque la agenda presidencial se enmarca en actividades de promoción económica y relaciones bilaterales, resulta inevitable cuestionar la frecuencia con la que Boluarte opta por estar fuera del país. Mientras tanto, los ciudadanos enfrentan a diario problemas graves de criminalidad, desempleo y descontento social, sin una presencia sólida del Ejecutivo.

En junio del 2024, la mandataria Dina Boluarte viajó a China.

Estos constantes viajes contrastan con la escasa conexión de la presidenta con las regiones del Perú, donde los reclamos por atención estatal se acumulan. La solicitud de autorización ahora está en manos del Congreso que hoy dirige el cuestionado Jerí, que deberá evaluar si el país puede permitirse otra ausencia de su mandataria en medio de una crisis interna persistente.

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Política

Betssy Chávez da por terminada su huelga de hambre tras llegar a un acuerdo con el INPE

Expremier pasó 15 días sin probar alimentos; sus familiares le convencieron de desistir su protesta.

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No pudo más. Quiénes más que nuestros familiares más cercanos para hacernos recapacitar y aconsejarnos sobre lo mejor para nosotros. Tras 15 días de abstinencia alimenticia, la expremier Betssy Chávez, decidió dar por terminada su huelga de hambre luego que llegara a un acuerdo con un alto funcionario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y tras haber escuchado los consejos de sus familiares y amigos más cercanos.

Fue su abogado, Raúl Noblecilla, quien indicara a través de un comunicado que la medida de su patrocinada se debió a una serie de conversaciones.

«Betssy Chávez levanta huelga de hambre tras 15 días, luego de llegar a un acuerdo con el Director Regional del INPE y ante la insistencia de sus familiares, compañeros y amigos. Exige cambios reales e investigar la corrupción en el Penal de Chorrillos que ha denunciado», indicó.

Betssy Chávez denunció que la acosaban sexualmente

Todo se inició cuando la expremier publicó una carta donde denunciaba que venía siendo víctima de una serie de hostigamientos por parte de funcionarios del INPE, llegando a asegurar que venía siendo chantajeada sexualmente, así como exigirle el pago de cupos en el interior del penal de mujeres de Chorrillos.

Tras varios días de iniciada su huelga de hambre, el letrado mencionó que su defendida presentaba un grave deterioro en su salud al punto de estar bajo riesgo de sufrir un paro cardiaco.

«Tengo el informe médico del día 22, lo cual da cuenta del precario y grave estado de salud de Betssy Chávez y se pueden advertir riesgos de paro cardiaco que cada día y cada hora se acrecientan. Esto implica que ella no pueda comparecer y solicitó que se suspenda esta audiencia. Betssy Chávez está yendo a la muerte, lo dice el doctor clínico», precisó aquella vez.

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Política

Unidad Popular, de Duberlí Rodriguez, obtiene la inscripción provisional gracias a resolución del PJ

Partido del expresidente del Poder Judicial obtuvo “inscripción provisional” tras declararse fundado recurso de amparo.

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Aún tienen chances, pocas, pero las tienen. El Poder Judicial (PJ) ordenó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reconocer la inscripción provisional del partido político Unidad Popular (UP), liderado por el expresidente del PJ, Duberlí Rodríguez.

De acuerdo a la resolución del Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Cortes Superior de Justicia de Lima, se declaró fundada la demanda de amparo presentada por Rodríguez en representación de su partido.

El recurso presentado por el exjuez supremo plantea que se vulneró el derecho a la participación política de su partido, en lo referido al “derecho de constituir organizaciones políticas”.

En esa línea, el colegiado dispuso declarar nulo el Oficio N° 001059-2025-DNROP/JNE, así como la Resolución N° 160-2025-JNE, de fecha 12 de abril de 2025, mediante las cuales la autoridad electoral negó la inscripción provisional del partido político Unidad Popular, ordenándose su reposición al estado anterior de la vulneración y que la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas se reconozca la “inscripción provisional de la organización política ‘UP Unidad Popular’, a la fecha de la solicitud de la inscripción provisional, o en su defecto, la fecha de su calificación, el 7 de abril de 2025”.

Ello, en atención que al momento del pedido se encontraba vigente el artículo 96 de la Ley Orgánica de Elecciones. Por lo que, una vez culminado favorablemente el periodo de tachas, se deberá inscribir definitivamente a dicha organización política, en el Registro de Organizaciones Políticas, considerando su inscripción en la fecha antes descrita.

“Se ha hecho justicia”

Por su parte, desde UP se emitió un comunicado señalándose que se ha hecho justicia con esta decisión de declarar fundado el amparo.

“Hoy podemos decir con orgullo que se ha hecho justicia. Recibimos esta noticia con alegría y esperanza, conscientes del enorme encargo que nos ha dado el pueblo. El tiempo apremia, los desafíos son grandes, pero es aún mayor nuestra sed de justicia y devolver al pueblo el poder que le fue arrebatado. Se avecina una lucha electoral y debemos unirnos para ganar esta batalla”, indicaron.

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Política

Pugna entre ministro Sandoval y López Aliaga paraliza avances del tren para Lima

El titular de Transportes César Sandoval defiende procedimientos administrativos; y el alcalde López Aliaga cede la operación del tren a privados sin competencias claras. Esta descoordinación entre MTC, ATU y la MML posterga otra vez las soluciones urgentes para millones de limeños.

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Mientras miles de ciudadanos siguen atrapados a diario en el caos del transporte público, la disputa entre el ministro de Transportes, César Sandoval, y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, vuelve a poner en evidencia cómo los intereses políticos terminan por obstaculizar cualquier intento de modernización real en la capital.

Pese a las declaraciones del ministro Sandoval asegurando que no se opone al proyecto del tren Lima-Chosica, impulsado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), lo cierto es que la descoordinación entre ambos niveles de gobierno refleja una gestión marcada por la desconfianza y la competencia institucional. “También sufrimos la frustración burocrática”, afirmó el titular del MTC en una entrevista, insistiendo en que hay un plan nacional ferroviario y normas que deben cumplirse. Pero esas normas parecen más una excusa para justificar la lentitud de su sector.

Por su parte, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha cedido la operación del tren a empresas privadas, sin tener competencias reales sobre transporte urbano, según aclaró Luis Vilela, asesor de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Vilela fue enfático en señalar que la ATU y el MTC son las únicas entidades con facultades sobre transporte en Lima y Callao, no la comuna limeña.

Alcalde pretendió ‘marcha blanca’ de trenes para alimentar su imagen política.

El trasfondo de este cruce de versiones es una disputa política que parece no tener fin. Mientras el ministro y el alcalde se lanzan declaraciones cruzadas, la ciudadanía sigue esperando soluciones concretas para un sistema de transporte que, lejos de modernizarse, continúa fragmentado y al borde del colapso. En medio del enfrentamiento, los trenes no avanzan y los usuarios siguen pagando el precio de la ineficiencia.

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Política

Gobierno de Boluarte y su ‘alianza silenciosa’ con la industria militar de Israel

Mientras el mundo condena el genocidio en Gaza, el Perú, a través de FAME, nuevamente abre sus puertas al brazo armado del sionismo. Con aval estatal, la firma israelí ‘Elbit Systems’ instala su poder militar en territorio nacional.

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Mientras la comunidad internacional intensifica sus denuncias por crímenes de guerra y genocidio cometidos por Israel en Gaza, el Estado peruano actualmente liderado por Dina Boluarte Zegarra ha optado por una estrategia opuesta: estrechar lazos con uno de los principales actores del complejo militar israelí. A través de la empresa estatal FAME SAC, el Perú ha firmado un contrato por 60 millones de dólares con Elbit Systems, firma que produce armamento militar y que es señalada por las Naciones Unidas por su rol en la maquinaria de ocupación y destrucción en Palestina.

El acuerdo va más allá de una simple compra. Incluye transferencia tecnológica y la fabricación en suelo peruano de sistemas de lanzacohetes múltiples (MLRS), armas desarrolladas por Elbit y utilizadas en conflictos urbanos con efectos devastadores. Con este convenio, Perú se convierte en el primer país de la región en abrir sus puertas al ensamblaje local de estos sistemas, en plena expansión internacional de la industria militar israelí.

FAME SAC y las compras sin licitación

Este contrato, firmado mediante un “concurso privado internacional” —una figura legal que elude procesos de licitación pública—, forma parte de una tendencia reciente: la normalización de acuerdos cerrados entre el Estado peruano y proveedores extranjeros de armamento, sin mayor fiscalización. En esta oportunidad, la propuesta israelí superó a las presentadas por las firmas china Norinco y turca Roketsan. Sin embargo, más que una competencia técnica, la decisión parece haber estado determinada de antemano: el Ejército ya contaba con presupuesto aprobado para la adquisición.

La modalidad de compra fue la misma usada previamente para adquirir 10.000 fusiles Arad 7 de la firma israelí IWI y 30 vehículos blindados 8×8 K808 de origen coreano. En todos los casos, FAME aplicó procedimientos amparados en la Ley N.º 31684 —conocida como la “Ley FAME”— que obliga a las fuerzas armadas a canalizar sus adquisiciones mediante esta empresa estatal, permitiéndole contratar directamente sin licitaciones abiertas.

Gobierno gastó más de US$ 27 millones en 7 mil fusiles israelíes ‘sin licitación’ mediante ley FAME.

Elbit Systems: una empresa denunciada internacionalmente

Elbit Systems no es una empresa cualquiera. Está en el centro de múltiples denuncias por su rol en el aparato de guerra israelí. El reciente informe de la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, documenta cómo esta y otras firmas han capitalizado económicamente la devastación en Gaza. La firma Elbit es mencionada específicamente por probar sus armas en territorio palestino, lo que ha llevado a calificar a Gaza como un “laboratorio de guerra”. Las armas desarrolladas en este contexto son luego comercializadas con la etiqueta “combat proven” (probadas en combate), una estrategia de marketing siniestro basada en la destrucción real de poblaciones civiles. Según Albanese, lo que sucede en Gaza no es solo una ofensiva militar, sino un modelo económico: “Este genocidio continúa porque es lucrativo para muchos”, afirma la relatora.

La firma del contrato con Elbit, en este contexto, no es una decisión técnica o comercial aislada. Tiene implicancias éticas y jurídicas. La Convención sobre el Genocidio de 1948 establece la obligación de los Estados no solo de no participar en actos genocidas, sino también de prevenirlos y de no colaborar de ninguna forma con su comisión o sostenimiento.

Firmar convenios con empresas señaladas por complicidad en crímenes de guerra puede exponer al Estado peruano a responsabilidades internacionales. Más aún cuando el informe de la ONU ha pedido expresamente a los países romper relaciones comerciales y militares con firmas como Elbit Systems, e incluso promover sanciones y acciones legales contra ellas.

Hasta ahora, el gobierno de Dina Boluarte no ha respondido públicamente al informe ni ha dado explicación alguna sobre los términos del contrato. Tampoco el Congreso ha mostrado interés en fiscalizar estos vínculos, mientras que organismos de derechos humanos locales e internacionales comienzan a manifestar su preocupación.

Fabricarán armas israelíes en Perú

El sistema MLRS que fabricará FAME en alianza con Elbit, denominado PULS, es un mecanismo de lanzamiento de cohetes de largo alcance usado en escenarios de guerra de alta intensidad. Su despliegue ha sido ampliamente documentado en operaciones militares israelíes sobre Gaza. El acuerdo con Elbit contempla la instalación de líneas de ensamblaje en Perú y el entrenamiento técnico del personal peruano, con miras a convertir al país en una plataforma de exportación regional. Elbit ha sido clara: su objetivo es posicionar a Perú como centro logístico para América Latina.

Este proyecto plantea preguntas inquietantes: ¿quién controla el destino final de estas armas? ¿Qué garantía existe de que no sean vendidas a otros gobiernos o actores involucrados en conflictos armados? ¿Es este el tipo de rol que el Perú quiere jugar en el escenario global?

Sistema israelí PULS, será producido por la firma israelí Elbit System y FAME.

¿Quién está detrás?

Poco se sabe sobre las personas o instancias concretas que impulsan estos acuerdos desde el Ejecutivo. Las decisiones se toman con secretismo, bajo el paraguas de la “seguridad nacional”. Sin embargo, está claro que existe un núcleo de poder dentro del Ministerio de Defensa y del propio gobierno que promueve la consolidación de FAME como brazo ejecutor de la industria militar sionista en el país.

Más grave aún, la falta de transparencia permite que estos convenios se firmen sin debate público, sin supervisión parlamentaria y sin evaluar su impacto ético y geopolítico.

¿Un negocio militarizado?

FAME SAC, con este tipo de convenios, se aleja de una lógica de desarrollo tecnológico autónomo o de fortalecimiento de capacidades nacionales. En cambio, se convierte en una extensión de industrias extranjeras cuyos intereses no son los del Perú. A esto se suma el carácter servil con que se ha presentado el acuerdo: lejos de una postura soberana, el Perú parece ofrecer su territorio como campo de operaciones para una empresa involucrada en uno de los conflictos más brutales del siglo XXI.

En suma, Perú ha decidido ubicarse del lado de una empresa israelí que, según el derecho internacional, es parte activa de un sistema genocida.

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Política

Cancillería de Bolivia califica de “inadmisible” declaraciones de Dina Boluarte al llamarlos “país fallido” [VIDEO]

En su discurso del 28, Boluarte dijo que gracias a ella se evitó que el Perú sea un “país fallido como Cuba, Bolivia y Venezuela”.

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Tensión de altura. Ni leyendo un discurso (revisado por varios de sus asesores) la presidenta Dina Boluarte puede evitar cometer exabruptos, pareciéndose cada vez más a su gran aliado político César Acuña. Durante su mensaje por Fiestas Patrias, la mandataria manifestó que “el país estaría sumido en indeseado vacío de poder con graves consecuencias […] camino a convertirse en un país fallido como Cuba, Bolivia y Venezuela”.

La mandataria peruana argumentó que su liderazgo evitó que el Perú cayera en el caos institucional y económico, y justificó su gestión señalando que eligió el “deber constitucional” frente a lo que llamó un intento de desestabilización.

“Muchos me critican por haber elegido el deber constitucional de preservar la democracia, la libertad, la propiedad, el respeto a los derechos humanos y de las instituciones democráticas”, dijo.

Ante tal declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia salió de manera inmediata a responder tal mensaje, rechazando de manera enérgica lo dicho por Boluarte el pasado 28 de julio.

Las autoridades bolivianas calificaron la intervención de la mandataria como “sorprendente” y “totalmente inadmisible”. Además, tomaron una serie de medidas diplomáticas.

“Manifestamos nuestro enérgico rechazo como Gobierno boliviano a las declaraciones de la presidenta del Perú, Dina Boluarte”, declaró el vicecanciller boliviano, Elmer Catarina, en una conferencia de prensa. “En el 204° aniversario de la independencia del Perú, lamentablemente se pronunciaron declaraciones ofensivas hacia nuestra nación. Para nosotros, son completamente inadmisibles”.

Exigen disculpas

Ante la gravedad de lo dicho, el Gobierno boliviano tomó medidas diplomáticas inmediatas. El vicecanciller confirmó que se convocó al Encargado de Negocios del Perú en Bolivia, con quien sostuvieron una reunión formal. “Hoy por la mañana nos reunimos con el Encargado de Negocios del Perú para expresarle directamente nuestro rechazo. Esta declaración no puede ser pasada por alto”.

Además, se anunció la convocatoria de la Encargada de Negocios de Bolivia en Perú, quien deberá regresar a La Paz para informar personalmente a la canciller Celinda Sosa sobre las repercusiones del discurso presidencial.

“Ella vendrá a darnos un informe en detalle sobre la situación, porque este tipo de declaraciones no podemos aceptarlas en ningún nivel”, afirmó Catarina.

“Somos dos países hermanos que hemos estado manteniendo un diálogo fructífero. Hemos construido una agenda técnica altamente positiva en lo económico-comercial, sobre límites y fronteras, aguas internacionales e inclusive compartimos el lago Titicaca”, recalcó el vicecanciller.

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Política

Congreso 2025-2026: Jerí al mando y la repartija de comisiones

Mientras el Congreso define el reparto de sus 24 comisiones, las bancadas priorizan intereses propios y cuotas de poder. La elección del cuestionado José Jerí como presidente del Legislativo no ayuda a recuperar la legitimidad del Parlamento, que finalmente logrará quedarse hasta 2026.

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Con la reciente elección de José Jerí como presidente del Congreso —una decisión que ha generado muchas suspicacias por su cercanía con ciertos sectores cuestionados y en especial, serias críticas por la investigación fiscal en su contra, por presunta violación sexual— se abre un nuevo capítulo en la lucha por el control de las comisiones parlamentarias. A partir de la próxima semana, las bancadas comenzarán las “negociaciones” para definir quiénes liderarán las 24 comisiones ordinarias durante el periodo 2025-2026, en un contexto marcado por el transfuguismo y los intereses partidarios.

José Jerí presidirá la Mesa Directiva del Congreso hasta julio del 2026.

Los movimientos internos entre congresistas, como las renuncias e incorporaciones a distintas bancadas, alteraron el equilibrio de fuerzas dentro del Legislativo. Por ejemplo, Somos Perú y Juntos por el Perú-Bloque Magisterial han incrementado su representación, lo que les daría acceso a presidir dos comisiones cada uno. En el caso de la bancada Somos Perú, esta buscaría conservar la Comisión de Descentralización y añadir la de Educación, con el nombre de Alex Paredes como posible presidente.

Mientras tanto, la hegemónica Alianza para el Progreso (APP), fuera por primera vez de la Mesa Directiva, quiere retener la estratégica Comisión de Presupuesto, aunque la disputa incluiría también a Acción Popular y Podemos Perú. A su vez, Fuerza Popular buscaría continuar al frente de Constitución y no se descarta que intente recuperar la Comisión de Economía, cedida el año pasado a Ilich López de Acción Popular.

Otra comisión clave en disputa es la de Energía y Minas. El grupo que presidió Paul Gutiérrez —proveniente del ahora disuelto Bloque Magisterial— impulsó propuestas favorables a la minería informal y a las energías renovables (RER). Este año, Avanza País pretendería asumir el liderazgo con Diana Gonzales, aunque perdería otra comisión en el proceso.

El reparto de poder no se limita a lo económico. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales —que ha sido foco de críticas por su lentitud y por sus blindajes a algunos parlamentarios y a la propia mandataria Dina Boluarte— también está en la mira por la importancia de su poder fiscalizador. Alianza para el progreso (APP), que la presidió a través de la no menos cuestionada María Acuña Peralta, intentaría conservarla. La Comisión de Ética, por su parte, aún no ha sido asignada.

Más allá de la distribución formal, lo que se revela es un Congreso donde el cálculo político predomina sobre el interés público. La elección de Jerí y las pugnas por las comisiones evidencian una institucionalidad débil, donde las bancadas priorizan cuotas de poder antes que eficiencia o transparencia en la labor legislativa.

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