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Política

El Datazo: Congreso no acredita a parlamentarios que deben investigar a las empresas chinas

Lo último de la coyuntura política de manera resumida.

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Composición La República.

YA PASARON DOS MESES Y LAS BANCADAS DEL CONGRESO NO ACREDITAN A LOS REPRESENTANTES QUE DEBEN INVESTIGAR A LAS EMPRESAS CHINAS. ¿POR QUÉ?

Chinos de risa. Habitualmente, los más entusiastas en conformar comisiones investigadoras son los acciopopulistas y los Keikistas. Sin embargo, esta vez están callados. Como se trata de investigar a las empresas chinas donde varios congresistas del partido de la lampa han sido mencionados, acusándolos mediáticamente de recibir a empresarios chinos en sus despachos, parece que éstos no quieren que nadie investigue el tema. Aquí nadie dice nada, ni siquiera quiere opinar el presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Por qué tanto silencio de parte de los congresistas? ¿Es que no quieren descubrirse a ellos mismos? O ¿Es qué de las declaraciones de algunos se podrá ver la intromisión de los congresistas en las obras públicas?… PREGUNTAS QUE NO TIENEN RESPUESTAS, PUES EN ESTE TEMA PARECEN ESTAR COMPROMETIDOS MUCHOS CONGRESISTAS Y HASTA ALGUNOS ALCALDES. ESTE SILENCIO DEBE TERMINAR

LA PRESIDENTE DEL CONGRESO CLASIFICA A LOS PERUANOS COMO «BLANCOS E INDIOS»

En su ya tradicional estilo lenguaraz, la actual presidente del Congreso María del Carmen Alva catalogó a los peruanos como blancos e indios, utilizando términos y categorías propios de la Colonia, regida por una estructura excluyente de castas. No hay que ser muy mordaz e incisivo con la señora Alva Prieto para hacer que ella sola se dispare a los pies. Parece que se levanta en las mañanas con ganas de hacerse daño, auto flagelarse mediáticamente y quedar en ridículo a diario. Aquí no hay que echarle culpa a sus asesores o empleados. Claramente se nota una total falta de criterio interpretativo de la realidad por parte de la presidente del Congreso, quien, víctima de una marcada estulticia política crónica, parece no articular lo que piensa con lo que dice. En pocas palabras y, por decir lo menos, no se hace entender… ESTA ES LA PRESIDENTE DEL CONGRESO QUE NOS PUSO LA BANCADA DE ACCIÓN POPULAR Y SUS ALIADOS, A DÓNDE HEMOS LLEGADO…

INSISTEN EN APROBAR LA BICARAMELIDAD

Los Keikistas insisten en querer aprobar el dictamen de la bicameralidad, a pesar de que no se tienen los 87 votos. Como sabemos, en el año 2,018 los peruanos votamos con un contundente 86% en contra del regreso de los «dinosaurios» políticos. Según la última encuesta de Ipsos Apoyo, ese 54% que apoyaba el regreso de la bicameralidad lo hacía siempre y cuando este no irrogue ningún gasto. Sin embargo, con la actual propuesta en debate se sumarían 60 personas como senadores de la República (con su respetivo personal) …LA INSISTENCIA DE LA BICAMERALIDAD ES PARA QUEDAR BIEN CON SUS ALIADOS POLÍTICOS. NO OLVIDEMOS QUE SE VAN A MODIFICAR 51 ARTÍCULOS DE LA ACTUAL CONSTITUCIÓN, COMO LA ELECCION DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, QUE AHORA SÍ QUEDARÍA EN MANOS DEL KEIKISMO

CONGRESISTA JUAN BURGOS, DE AVANZA PAÍS, SE SINCERA Y DICE QUE LA INTENCIÓN DE LA BICAMERALIDAD ES TERMINAR CON LA SUPREMACÍA DEL EJECUTIVO

No hay crimen perfecto y esto es lo que queda demostrado en el pleno del Congreso, donde el congresista Juan Burgos (AvP) se sinceró con respecto a la propuesta de retornar a la bicameralidad, al afirmar que “el propósito del dictamen de la Comisión de Constitución —que es presidida por la congresista Keikista Patricia Juárez— es evitar la supremacía del Poder Ejecutivo”. ES UNA CLARA MUESTRA QUE LAS PRETENSIONES DE ESTE CONGRESO ES VULNERAR AL PODER DEL EJECUTIVO Y ASÍ MANIATARLO PARA NO DEJARLO GOBERNAR

A TRAVÉS DE UN DECRETO SUPREMO, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PRETENDE ENTROMETERSE EN UNA INSTITUCIÓN PRIVADA COMO LA DERRAMA MAGISTERIAL

En lo que se considera como un atentado contra la Derrama Magisterial, el ministerio de Educación emitió un Decreto Supremo que pretende cambiar la composición del directorio de esa entidad privada. El ministro Rosendo Serna pretende justificar este atropello manifestando en una radio local que lo que propone su sector es «democratizar» esta institución, desconociendo que es una empresa privada que se rige a través de estatutos… LAMENTAMOS QUE VIVIENDO EN UN PAIS DONDE RIGE LA LIBERTAD DE EMPRESA SEAMOS TESTIGOS DE ESTOS EVENTOS. EL MINISTRO DE EDUCACIÓN DEBE SER CENSURADO POR ESTA ACCIÓN EN CONTRA DE LA DERRAMA MAGISTERIAL

LAS RONDAS CAMPESINAS MATAN A UN ABIGEO

¿Quién controla a las rondas campesinas? Es la pregunta que nos hacemos al enterarnos de los lamentables hechos que dan cuenta del crimen que habrían perpetrado un grupo de ronderos, quienes habrían ultimado a golpes a un abigeo que fue capturado en la madrugada del martes en Pacamarca. Se trata de Félix Yupanqui Sosa (50), quien no habría resistido el castigo pereciendo luego. Su deceso se produjo cuando era trasladado al Hospital de Jauja… NO PODEMOS DEJAR QUE ESTOS SEÑORES TOMEN LA JUSTICIA POR SUS MANOS. ES HORA DE PONERLES UN ALTO, SINO ESTO SE CONVERTTIRÁ EN LA JUSTICIA DEL OESTE.

ZAMIR VILLAVERDE ES PUESTO EN LIBERTAD

Solo en el Perú vemos estos casos. En la tarde del martes, el empresario Zamir Villaverde dejó las instalaciones del penal Ancón I y se dirigió a su vivienda. Como se recuerda, el Poder Judicial aceptó su pedido para variar la prisión preventiva por una comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país. Pero, ¿que pruebas ha mostrado hasta ahora el acusado Villaverde? Dice haber entregado 3 millones de dólares a un representante del JNE, pero no ha demostrado de donde obtuvo ese dinero y si este tiene un origen legal o no. También manifestó haberle entregado 100 mil soles al ex ministro de Transportes, pero tampoco demostró de dónde obtuvo el dinero para realizar ese pago… LO QUE SÍ ESTÁ DEMOSTRADO ES CÓMO LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN SE APURA EN INFORMAR A LA PRENSA, PERO SIN ARGUMENTOS Y LA RESERVA NECESARIA EN ESTAS INVESTIGACIONES. ESPEREMOS QUE EL PODER JUDICIAL NO HAYA SIDO SORPRENDIDO.

LAS INTROMISIONES DE LOS CONGRESISTAS EN EL DEPORTE

En lo que consideramos una intromisión en el tema deportivo, el congresista Alejandro Cavero —de Avanza país— le envió una carta a Joel Raffo —presidente del club deportivo Sporting Cristal— para que el equipo de la Sub-17 no participe en el campeonato que realizaría próximamente el ex presidente Evo Morales. Los argumentos del congresista peruano que se leen en la carta son: «(…) Por lo expuesto, señor Raffo, le agradecería que tuviese a bien reconsiderar la participación del club Sporting Cristal en la Copa Evo como un gesto de compromiso con los valores democráticos y el estado de derecho, principios con los que estoy seguro el club concuerda (…)». En contra parte, el ex presidente boliviano, a través de las redes, declaró desde su cuenta de Twitter, denunciando discriminación de parte de quienes rechazan la Copa y hasta afirmó que esas personas «no soportan que una Copa de Fútbol lleve el nombre del primer indígena presidente de Bolivia» … ESTAS SON LAS INTROMISIONES QUE NO SE DEBEN DE PERMITIR. POR ESO, LA FIFA RECHAZA LA INTERVENCIÓN DE LOS POLÍTICOS EN EL DEPORTE, PERO PARECE QUE AQUÍ EN EL PERÚ AUN NO APRENDEN.

ASESORES DE LA BANCADA DE ACCION POPULAR PRETENDEN DIFAMAR AL AUTOR DE ESTA COLUMNA

Hemos tomado conocimiento que algunos asesores de la bancada de Acción Popular que no toleran que a cada rato los denunciemos por ineptos e ineficaces con el trabajo y que no saben cuidar la imagen de sus congresistas, para eso están tratando de difamarnos diciendo que tomamos el nombre de un prestigioso semanario aduciendo que pertenecemos a su staff de periodistas. Les ha dolido que hagamos publico las intenciones de posibles nombramientos inadecuados, sin merecerlos ni nada que los distinga del personal que trabaja en el Congreso que con mucho esfuerzo llegan a trabajar decentemente en esa institución. Estaremos atentos a los que estén hablando en contra de nosotros y los denunciaremos en las instancias judiciales correspondientes… SARTA DE MEDIOCRES, YA SE LES ACABA LA MAMADERA, DEN LA CARA COMO NOSOTROS QUE PUBLICAMOS NUESTRAS COLUMNAS CON LA VERDAD Y FIRMAMOS, NO SOMOS COBARDES.

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Política

Gobierno exportará presos en lugar de solucionar el hacinamiento penitenciario

Frente a la crisis carcelaria y la falta de nuevas cárceles, el Ejecutivo busca trasladar reos a El Salvador, una medida costosa, cuestionada y que no aborda las causas reales del problema. Expertos advierten que esta propuesta es un parche irresponsable y demagógico.

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El exdirector general de asuntos criminológicos del Ministerio de Justicia, Víctor Quinteros, cuestionó duramente la reciente propuesta del Gobierno de enviar presos peruanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, calificándola de “inviable” y una medida demagógica que evade responsabilidades.

Quinteros enfatizó que mientras el gasto diario por reo en Perú oscila entre 27 y 30 soles, el traslado y confinamiento en el CECOT implicaría un costo superior a 200 dólares por preso, una cifra que evidencia la falta de racionalidad económica y social en la iniciativa gubernamental. “Los peruanos deben cumplir su condena en territorio nacional. Existe un marco legal para enviar presos extranjeros a sus países de origen, pero no para exportar peruanos”, aclaró.

El especialista criticó que el Ejecutivo pretenda externalizar un problema que es claramente de su competencia, desviando la atención pública y política de la urgente necesidad de construir y ampliar cárceles en Perú. “Esta propuesta refleja la incapacidad de los políticos para enfrentar el hacinamiento penitenciario que afecta a miles de reclusos y vulnera derechos humanos fundamentales”, apuntó.

Las cárceles en Perú se encuentran hacinadas en su extremo.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) para deshacinamiento de penales antes del 2030, aunque con un plazo prudencial. Alcántara argumentó que factores como la pandemia y el impacto del ciclón Yaku han retrasado la ejecución de medidas, por lo que se ha solicitado tiempo adicional.

Sin embargo, para Quinteros, estos argumentos no justifican la falta de políticas concretas y responsables. “Exportar presos no es una solución, es un parche costoso y cuestionable que no atiende las causas estructurales del problema”, concluyó.

La polémica propuesta abre el debate sobre la prioridad real del Estado frente a una crisis penitenciaria que sigue sin resolverse desde hace años, mientras se opta por soluciones improvisadas que pueden poner en riesgo derechos y soberanía.

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Política

Delia Espinoza se justifica por no reponer a Patricia Benavides

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, niega incurrir en desacato y se ampara en tecnicismos legales para no restituir a su rival, Patricia Benavides. Lo más preocupante: insiste en que no hay crisis institucional y asegura que el Ministerio Público “funciona con normalidad”.

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En medio de la crisis institucional que sacude al Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, ha optado por el camino del tecnicismo para justificar su negativa a reponer en el cargo a Patricia Benavides, como ordenó la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Lo que está en juego no es solo un conflicto de poder, sino el respeto al Estado de derecho y a las decisiones de los órganos constitucionales autónomos.

Espinoza Valenzuela declaró al Diario del Cusco que enfrentará cualquier denuncia del Congreso por presunto desacato, asegurando que hasta el momento no ha sido formalmente notificada de la resolución que restituye a Benavides Vargas como fiscal de la Nación. Bajo ese argumento, se ampara en que no hay “desobediencia” porque no hay una notificación formal, como si los pronunciamientos de la JNJ no fueran de conocimiento público ni vinculantes desde el momento de su emisión.

Más aún, cuestionó abiertamente que diversas autoridades —incluyendo congresistas, ministros y el propio defensor del Pueblo— hayan reconocido públicamente a Patricia Benavides como la legítima fiscal de la Nación. Según Espinoza, ese reconocimiento genera “confusión” y desinformación entre la ciudadanía, cuando en realidad lo que confunde es la resistencia de su despacho a acatar una resolución de un órgano constitucional.

Continúa la pugna entre Patricia Benavides y Delia Espinoza por el control de la Fiscalía.

Resulta preocupante que Delia Espinoza deslice la idea de que todo debe pasar primero por un análisis jurídico interno, como si la legalidad fuera un terreno interpretativo según su conveniencia. Bajo esa lógica, cualquier autoridad podría ignorar resoluciones oficiales mientras “analiza” si le parecen válidas.

La fiscal también aseguró que responderá a las denuncias del Congreso y que las mismas no prosperarán porque —según ella— la JNJ no siguió los procedimientos correctos. Es decir, antes que admitir el fallo y acatarlo, su estrategia es deslegitimar el procedimiento mismo, aunque este emane del ente competente.

Pero lo más grave no es la estrategia de defensa de Espinoza Valenzuela, sino la insistencia en negar que exista una crisis institucional. Afirma que el Ministerio Público “funciona con normalidad” y que no hay enfrentamientos internos. ¿Cómo puede hablarse de normalidad cuando existe una pugna abierta por el cargo más alto del organismo, cuando dos señoras reclaman legitimidad y el país observa una paralización operativa?

Lo que está ocurriendo en el Ministerio Público es una crisis con todas sus letras, agravada por una autoridad que minimiza el problema y retrasa su solución. La falta de una acción clara y oportuna no solo erosiona la legitimidad del Ministerio Público, sino que pone en duda su independencia y respeto a la institucionalidad.

Si Delia Espinoza espera que el silencio y el formalismo legal detengan el avance de la verdad, está equivocada. El país necesita claridad, no excusas. Y el Ministerio Público, hoy más que nunca, requiere liderazgo con principios, no posiciones cómodas disfrazadas de legalidad.

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Política

Juan Silva: tres años prófugo y cero resultados de la PNP

Fugitivo desde el 7 de junio de 2022, el exministro de Transportes simboliza la evasión de justicia más descarada del gobierno de Pedro Castillo. Su caso revela la corrupción del pasado y la negligencia del presente. Sin captura, la justicia sigue humillada y desacreditada.

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Mientras la justicia reafirma la prisión preventiva por 36 meses contra el prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas, la gran pregunta sigue sin respuesta: ¿por qué la Policía Nacional del Perú no logra capturarlo? La reciente decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de rechazar la apelación de su defensa no solo confirma la solidez de las pruebas en su contra, sino que también expone una verdad incómoda: la ineficiencia —¿o desinterés? — del aparato estatal por hacer cumplir esa medida.

Silva Villegas, imputado por liderar una presunta organización criminal junto al expresidente Pedro Castillo, lleva tres años en condición de prófugo. Se le atribuyen actos de corrupción vinculados a la licitación del Puente Tarata y a otras obras públicas entregadas a empresas chinas. Los delitos que enfrenta —organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias— no son menores. Sin embargo, a pesar de la orden de captura nacional e internacional emitida en marzo de 2023, nada se sabe con certeza de su paradero. ¿Ha desaparecido del mapa con tanta facilidad o alguien lo protege?

A esta impunidad se suma la estrategia legal del exministro, quien busca deslegitimar la prisión preventiva con apelaciones sin sustento. El Poder Judicial ha sido claro: su defensa no presentó nuevos elementos ni argumentos para debilitar los “graves y fundados elementos de convicción” existentes. Y aun así, Silva pretende burlar a la justicia desde la clandestinidad.

Alerta roja de Interpol contra Juan Silva se encuentra vigente hasta el año 2027.

La pasividad de la PNP en este caso es alarmante. No se trata de un prófugo cualquiera, sino de un exalto funcionario que, según la Fiscalía, formó parte del núcleo duro de una red criminal que saqueó al Estado. ¿Cómo es posible que, después de tres años, no exista un solo resultado concreto en su captura? ¿Realmente se le está buscando?

Es momento de que el Ministerio del Interior y la PNP rindan cuentas. No basta con emitir alertas rojas en Interpol si no hay un esfuerzo serio y sostenido para ubicar a quien simboliza la evasión de justicia más flagrante del gobierno de Pedro Castillo. El caso Silva refleja no solo la corrupción del pasado, sino la negligencia del presente. Y mientras siga libre, la justicia seguirá humillada.

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Política

Se cumplen 250 días sin que Dina Boluarte le responda a la prensa

Mandataria pasa sus días entre denuncias, cirugías encubiertas, documentos “clasificados” para que no se conozca su aumento de sueldo, y viajes al extranjero.

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La última vez que la presidenta de la República, Dina Boluarte, se animó a contestarle a la prensa fue el ya lejano 22 de octubre de 2024, cuando en tono despectivo e irascible, les preguntaba antes a los hombres de prensa a qué medio pertenecían, asimismo, daba instrucciones sobre las preguntas que no tenía en mente responder porque eso sencillamente le ponía de muy mal humor.

Luego de ello, la autodenominada “mamá de todos los peruanos” se la pasó lanzando indirectas a los distintos medios cuando se trataba de una actividad oficial, tildándolos de ser los verdaderos “enemigos de la patria”, confabuladores, de estar jugando “en pared” con sus opositores para sacarla de Palacio. Incluso, en una ocasión, se atrevió a decir, siempre acompañada de niños y sus ministros complacientes, que los periodistas vienen realizando un “terrorismo de imagen” contra su persona.

Como si se tratara de una deidad a la que hay que agachar la cabeza y lanzar loas, la jefa de Estado no quiere que ningún medio de prensa se le acerque a menos de 50 metros, caso contrario serán interceptados por su seguridad personal, o peor aún, encerrados durante horas en algún ambiente cuando se trata de dar cobertura en una actividad oficial. Y es que esa mujer “valiente” pareciera tener miedo a las preguntas que le formulen aquellos entrevistadores que no se encuentran sometidos al canal del Estado o a su área de prensa.

A la presidenta no le gusta que le den la contra los periodistas. Foto: captura video Latina.

Tal vez quiera evitar ese incómodo momento cuando le pregunten sobre sus viajes al extranjero, las joyas “prestadas”, sus “retoquitos” mencionados por el doctor Mario Cabani, los detalles sobre qué hacía el ‘cofre’ en una playa del sur, o el petitorio para aumentarse el sueldo.

A propósito de todo eso, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) le recuerda a la mandataria que ya lleva 250 días sin dar declaraciones, las mismas que tengan la posibilidad de un contrapunto o una repregunta, y que no estén sujetas a un cuestionario u hoja elaborado por su área de prensa. Y es que ella prefiere que solo le hagan preguntas que no la incomoden o la dejen mal parada.

«La ANP recuerda que el 22 de octubre del 2024 Boluarte, tras 105 días de silencio mediático, presentó su balance de gestión junto a sus ministros de Estado para, posteriormente, responder a preguntas de medios con expresiones hostiles hacia quienes se las formulaban. Desde esa fecha, la ANP ha registrado momentos álgidos en que la mandataria ha hecho manifiesto su reiterado menosprecio a la libertad informativa», se lee en un pronunciamiento de la institución.

Le queda poco más de un año y todo indica que seguirá manteniendo la boca cerrada; tal vez esa sea su estrategia para no cometer ni un desliz o dejarse llevar por sus impulsos y responder “tu mamá” de nuevo.

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Política

Alcalde de Lima empecinado en hacer su “marcha blanca” pese a que el tren Lima – Chosica no está concluido

Ministro de Transportes previamente ya le había respondido que “no hay una obra concluida ni iniciada”.

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Ya se siente el amo y señor del Perú. Han pasado tres años y la tan repetida “Lima, potencia mundial” es solo un sueño de opio, pues hasta el momento gran partes del Cercado de Lima está invadido de vendedores ambulantes y carretilleros, y ni qué decir sobre la creciente inseguridad que se vive.

El alcalde capitalino, Rafael López Aliaga, a propósito de esto último, mencionó muy suelto y despreocupado, que comprará drones que sobrevolarán la ciudad como “cóndores” y “explotarán” delante de los delincuentes.

Ahora, como si ya fuera presidente del país, viene repitiendo que iniciará una “marcha blanca” que será el inicio de las operaciones del tren Lima – Chosica, pero un gran detalle no pasa por inadvertido: no hay una obra concluida. Entonces, ¿dónde piensa colocar sus trenes de segunda traídos de los Estados Unidos?

El popular ‘Porky’ quiere colocar como sea sus trenes de la compañía Caltrain y ponerlas en funcionamiento el mes que viene. “El tren va a ir de todas maneras. Esa marcha blanca la hacemos en julio”, reiteró López Aliaga, a pesar de no existir un estudio técnico ni construidas las estaciones donde pasará el tren.

Al respecto, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, manifestó que tal “marcha blanca” no se encuentra contemplada debido a que “no hay una obra concluida ni iniciada”.

“Queremos saber si la Municipalidad de Lima lo va a hacer como obra suya, seguramente deben tener un expediente técnico, un plan a desarrollar y ejecutar, y sabrán los plazos y el cronograma. Si no lo puede hacer por diferentes circunstancias, sea tema presupuestal o apoyo técnico, y recurre al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC tendría que usar la concesión que ya tenemos y firmar una adenda -es una posibilidad-. Y esa adenda requiere revisarla técnicamente, incorporar la adenda, las especificaciones técnicas, requisitos, estudios, y hacer un proyecto para poder firmar una adenda de ampliación y eso no requiere menos de un año”, dijo.

Sin camino. Ministro Sandoval le recuerda al alcalde de Lima que no existe una vía concluida para que ponga sus trenes. Foto: Andina.

Enterado de esta última declaración del ministro Sandoval, ‘Porky’ respondió que desde el MTC se está buscando poner “trabas” y que de encontrar mayores obstáculos no lo dudará dos veces en organizar una marcha hacia la sede del MC, pues para él lo único que se estaría buscando es “politizar” este proyecto.

“Si comienza a poner trabas, hay que hacerle una marcha hasta el MTC. Hay que llenar el MTC de gente que sí quiere tren”, manifestó.

Lo cierto de todo esto es que no existe una obra terminada para que pasen los trenes, ¿o será que pasarán volando por la ciudad con ayuda de los drones “cóndores” que pensaba comprar ‘Porky’?

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Política

Rossella Leiblinger es designada ‘jefa interina’ del IRTP

Durante los últimos años, la abogada Rossella Guilianna Leiblinger Carrasco ha desarrollado su trayectoria en el sector estatal, ocupando cargos en diversos ministerios. Actualmente dirige Industrias Culturales en el Ministerio de Cultura y asume provisionalmente la encargatura, en el IRTP.

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Mediante la Resolución Suprema nº 013-2025-MC, publicada en el diario El Peruano, el Ministerio de Cultura designó a la abogada Rossella Guilianna Leiblinger Carrasco como jefa institucional encargada del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), en reemplazo de Ninoska Chandía Roque. El documento lleva las firmas del ministro de Cultura, Fabricio Valencia, y de la presidenta Dina Boluarte.

Resolución Suprema nº 013-2025-MC.

Leiblinger ejercerá el cargo de manera interina y en adición a sus funciones como directora del Programa Sectorial IV de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, posición que ocupa desde enero de este año.

Leiblinger es directora de Industrias Culturales del Mincul y ahora está encargada del IRTP.

Es abogada por la Universidad de San Martín de Porres y magíster en Políticas Públicas y Gestión Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Prácticamente, ha ejercido su trayectoria durante muchos años en el aparato estatal, habiendo laborado en los ministerios de Trabajo, Justicia, Energía y Minas, Interior, Mujer, así como en el Ministerio Público, la SBS y el Inabif.

Rossella Leiblinger Carrasco fue designada en enero del 2025 en el Mincul.

La llegada de Leiblinger Carrasco al IRTP se da en medio de un contexto institucional complejo, marcado por tensiones internas tras la salida de Chandía Roque, quien mantendría un grupo afín en la televisora, con el objetivo de cautelar sus intereses. Según fuentes del sector, se evalúa la designación de un nuevo titular en la jefatura institucional, siendo el nombre de Luis Francisco Vivanco Aldon uno de los voceados para asumir el cargo.

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Política

Continúa la pugna entre Patricia Benavides y Delia Espinoza por el control de la Fiscalía

La batalla entre Benavides y Espinoza sigue escalando, mientras el Juzgado Supremo admite la apelación de Benavides contra su inhabilitación de dos años, se profundiza el caos institucional en el Ministerio Público y se debilita la imagen de imparcialidad judicial.

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La reciente admisión de apelación presentada por Patricia Benavides Vargas, suspendida fiscal suprema, ha reactivado un conflicto interno que ya desbordó los límites del Ministerio Público. Lejos de tratarse de un proceso judicial común, el enfrentamiento entre Benavides Vargas y la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, ha evidenciado una peligrosa politización del sistema de justicia peruano.

Con el respaldo del abogado Jorge del Castillo, quien calificó de «express» la resolución que suspendió a Benavides Vargas por 24 meses, la estrategia es clara: revertir una medida que, si bien fue contundente, no estuvo exenta de cuestionamientos procesales. Sin embargo, lo más grave no es el recurso legal en sí, sino el uso instrumental de los órganos judiciales en medio de una pugna de poder.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema deberá ahora pronunciarse sobre la legalidad de la suspensión impuesta por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Pero la expectativa está menos en el argumento jurídico y más en el equilibrio de fuerzas internas. Las decisiones ya no parecen moverse por criterios de institucionalidad, sino por simpatías y alianzas políticas que fracturan peligrosamente la imagen de imparcialidad del Poder Judicial.

Hace unos días, el PJ suspendió por 24 meses a Patricia Benavides del cargo de Fiscal Suprema.

Ambas señoras, Benavides Vargas y Espinoza Valenzuela, representan facciones enfrentadas dentro del Ministerio Público, convirtiendo a esta institución en un campo de batalla. El problema no es solo la disputa personal entre dos fiscales, sino cómo esta ha contaminado los cimientos del sistema judicial, arrastrando a jueces, fiscales y salas completas a tomar posición en lo que debería ser un proceso técnico y desapasionado.

La justicia, en lugar de ser un poder del Estado autónomo, parece haberse convertido en una arena política más. El daño es profundo: se debilita la confianza ciudadana y se compromete la legitimidad de futuras decisiones. Mientras Benavides Vargas lucha por volver, la justicia debería luchar por no hundirse con ella.

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Política

Renunció la jefa de Prensa de Palacio de Gobierno, Mónica Tiburcio

Apenas duró un día en el Despacho Presidencial.

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Mónica Otilia Tiburcio Orbezo fue designada hace dos días, como nueva secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial, en reemplazo de Luis Urmeta Delgado. Su nombramiento habría tenido que pasar por el visto bueno de Juan José Santiváñez, pues según registros se llegó a reunir hasta en tres ocasiones con el exministro del Interior.

Resolución n.° 000040-2025-DP/SGDP, de renuncia de Mónica Tiburcio.

Ella tenía la misión de enfocarse en mejorar considerablemente la imagen de la presidenta de la República que ya lleva sin declarar a la prensa más de 200 días. Sin embargo, ya no va más y a través de la Resolución N° 000040-2025-DP/SGDP, firmada por el Secretario General, Enrique Vílchez, el Gobierno decidió aceptar su renuncia, dándole las gracias por los servicios prestados, apenas un día.

¿Ahora quién será el reemplazante de Tiburcio? ¿Acaso alguien que juegue en pared con el IRTP?

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