La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) ha anunciado una nueva estrategia de fiscalización centrada en los pagos digitales realizados mediante aplicaciones como Yape y Plin. Aunque la medida busca reducir los altos índices de informalidad en el país, también ha despertado inquietudes entre pequeños empresarios, emprendedores y ciudadanos que ven en estas plataformas una vía práctica y segura para sus transacciones cotidianas.

Según explicó el abogado tributarista Raúl Odría en una entrevista con Canal N, esta fiscalización está orientada principalmente a micro y pequeños negocios que utilizan estos medios de pago de forma frecuente pero no están inscritos en ningún régimen tributario.

“No es que se vaya a descontar dinero del Yape o el Plin. No hay retenciones ni cobros automáticos. La Sunat usará la información como herramienta de cruce de datos para detectar ingresos no declarados”, precisó Odría, quien aclaró que esta medida forma parte de una estrategia de trazabilidad bancaria que permite identificar flujos de dinero sospechosos o inusuales.

Sin embargo, el enfoque de la Sunat ha sido cuestionado por varios sectores. ¿Es proporcional fiscalizar a pequeños negocios que apenas generan ingresos para sobrevivir, mientras las grandes evasiones estructurales suelen quedar impunes? ¿No se corre el riesgo de desalentar el uso de herramientas digitales que, justamente, ayudan a transparentar el dinero?

La medida afectaría principalmente a servicios como barberías, tiendas de barrio, técnicos independientes y repartidores, que operan sin emitir comprobantes y podrían estar moviendo importantes sumas de dinero sin reportarlas al Estado. Algunos, según Odría, reciben hasta S/ 2,000 diarios, sin estar registrados como contribuyentes.

Pese a ello, no existe un monto mínimo que active la fiscalización. La Sunat evaluará el comportamiento del usuario, la frecuencia de los movimientos y su historial tributario para decidir si solicita información o aplica sanciones.

Preocupa también el uso indebido de esta medida como excusa para cobrar más al consumidor. Odría alertó que ciertos negocios ya están añadiendo recargos ilegales cuando los clientes pagan con Yape o Plin, amparándose falsamente en esta fiscalización. “Eso no es legal. No existe impuesto que justifique ese cobro”, enfatizó.

Finalmente, el tributarista recomendó a los pequeños empresarios ordenar su contabilidad y trabajar con asesores tributarios para evitar multas o sanciones innecesarias. “No hay motivo para alarmarse si el negocio está en regla. Esto es parte del proceso de modernización tributaria del país”, concluyó.

Arroz con mango. Pretender dotar atribuciones que no corresponden a determinada institución es como forzar a los abogados que operen a un herido, o que un ingeniero se dedique a cosechar papas; es decir, cargarles con atribuciones que no van con la naturaleza de su oficio.

A propósito de ese desbarajuste, la Comisión de Economía del Congreso de la República viene evaluando el Proyecto de Ley (PL) n. 8491 para que el Banco de la Nación (BN) pueda comprar, vender, exportar y comercializar oro proveniente de la minería artesanal y de pequeña escala.

La iniciativa ha sido presentada por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) y propone la modificatoria de los artículos 2 y 6 de la Ley 16000, la misma que regula las funciones del banco estatal.

En el mencionado PL se estipula además que la entidad deberá implementar tecnología y procedimientos para asegurar la trazabilidad, calidad y exportación de los minerales, todo ello respetando normas ambientales, tributarias y de prevención de lavado de activos.

Según el texto, el Ejecutivo tendría un plazo de 90 días para aprobar la reglamentación necesaria, en caso se apruebe la ley. El financiamiento, según se indica, se haría con cargo al presupuesto institucional del banco y sin recurrir a recursos adicionales del Tesoro Público.

Cabe precisar que uno de los argumentos principales de la propuesta es que gran parte del oro producido por la minería artesanal no es trazado ni declarado formalmente, lo que facilita su desvío hacia canales ilegales. El proyecto también afirma que países como Bolivia y Tanzania han implementado esquemas similares con resultados positivos, aunque no ofrece mayores detalles al respecto.

La postura del Banco de la Nación

En tanto, el BN envió un informe donde advirtió sobre los riesgos de aprobar el PL que propone ampliar las facultades operativas de la entidad para permitirle participar en la compra, venta y exportación de oro y minerales. Según el documento, el Banco no cuenta con experiencia en estas actividades, ya que su labor está orientada a brindar servicios financieros a entidades públicas, instituciones del sistema financiero y trabajadores del sector público, conforme a lo establecido en su Estatuto.

En adición, se señaló que habilitarlo para operar en el comercio de minerales podría generar resultados negativos debido a la falta de recursos y conocimientos técnicos, afectando incluso su desempeño actual en la prestación de servicios bancarios. Por estas razones, la Gerencia Legal no recomienda la aprobación de la iniciativa legislativa.

Por su parte, ADEX señaló que existe un alto riesgo de que la compra de oro sin conocer la procedencia de este pueda involucrar metales de origen ilegal e informal, significaría blanquear activos ilegales, con lo cual se estaría incentivando aún más la ilegalidad e informalidad del sector al monetizar el oro.

¿Ahora sí va? Luego de varios reveses, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, manifestó que el proyecto Tía María, ubicado en la provincia de Islay –Arequipa, cuenta con el perfil más desarrollado entre las iniciativas del país. El ministro Montero añadió que las obras de construcción se iniciarían en este año.

“Pensamos que Tía María es un proyecto que está realizando las debidas decisiones para entrar en una fase de construcción este año, no hay más tiempo que perder, es una iniciativa madura”, dijo por medio de Red de Comunicación Regional (RCR). 

Montero recalcó que el proyecto ha logrado una sólida articulación social con la comunidad local y ha tomado decisiones acertadas en materia ambiental.

Además, destacó que Tía María contempla la construcción de un embalse de casi 50 millones de metros cúbicos, apuntando al suministro de agua para los productores agropecuarios.

“Tía María es un proyecto que ha tenido también la capacidad de articularse socialmente con las poblaciones del territorio, ya que tienen la propuesta de un embalse de casi 50 millones de metros cúbicos para darle agua al productor agropecuario y al productor agroexportador, así como dar empleo local y oportunidades de negocios”, anotó.

Remarcó que no se debe postergar más el proyecto, ya que muestra madurez técnica y social, y reiteró la voluntad del Gobierno de impulsar el diálogo entre el Estado, la empresa y las comunidades, con transparencia y concertación. 

“El objetivo es asegurar que las condiciones estén claras antes del inicio de la construcción en el 2025, aprovechando este momento decisivo para avanzar en una minería sostenible y responsable”, subrayó. 

Sobre el proyecto Tía María y sus constantes conflictos

Se trata de un proyecto minero para el procesamiento de cobre que explotará dos yacimientos: La Tapada y Tía María, los cuales se encuentran en la cuenca media del desierto La Joya y la margen derecha del río Tambo del distrito de Cocachacra, provincia de Islay, departamento de Arequipa.

Aunque el paso a paso se hizo conforme a lo establecido, el primer estudio de impacto ambiental presentado para el proyecto generó serias dudas entre la población, que se oponía por temor a la afectación que podría tener precisamente en el ambiente.

Lo que vino en adelante fue una seguidilla de conflictos sociales, como los ocurridos en 2011 y 2015, que dejaron a su paso fallecidos, cientos de heridos e importantes pérdidas económicas.

Sobre los reclamos de quienes se oponían al proyecto, es importante mencionar que los principales puntos fueron el uso de las aguas subterráneas.

Otro de los cuestionamientos para los pobladores fueron la amenaza que representaba la minera para la agricultura y la contaminación generada por las partículas, producto de las voladuras, máquinas chancadoras, relaves, entre otros. Esto es potencialmente peligroso para la salud de las personas y tiene efectos en el medio ambiente.

La etapa de la infancia es crucial para el desarrollo físico y emocional de un ser humano, pues durante esos primeros años se colocan los primeros ‘ladrillos’ para la adultez. No es lo mismo crecer en un hogar con los dos padres, estudiar en un aula o pasar el tiempo jugando con los niños de su edad, que levantarse temprano, con hambre y aún con sueño, para irse a trabajar a un lugar donde no es precisamente el más seguro.

Muchas personas tratan de romantizar ese hecho, repitiendo “a tu edad ya trabajaba de esto o de lo otro”, como si eso fuera sinónimo de productividad y ejemplo positivo, sin embargo, el trasfondo es más oscuro y triste de lo que uno se lo imagina. Detrás está un niño o niña imposibilitado de poder desarrollarse de la manera más óptima y saludable, empezando esa larga carrera de la vida muchos metros más atrás de la línea de partida.

Este último jueves se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y cerca de 700 mil menores de edad se encuentran trabajando en algún lugar de nuestro país, según datos recogidos del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), aunque esa cifra podría triplicarse en lugares donde la presencia del Estado es casi nula.

Sumado a tan terrible cifra, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que más del 60 % del trabajo infantil se da en el sector agricultura, seguido de los servicios (27 %), como el trabajo doméstico y la venta de productos en los mercados, y la industria (13 %).

«Interferir en su escolaridad significa que los va a privar de la posibilidad de asistir a clases y muchas veces obligarlos a abandonar la escuela de forma precaria. Exigirles combinar su tiempo de estudios con un trabajo que muchas veces es trabajo pesado y por largas jornadas de trabajo. El solo hecho de poner a un niño en la calle vendiendo, trabajando, ya es totalmente riesgoso porque está expuesto a riesgos de violencia, de salud, incluso víctimas de accidentes», mencionó Jacqueline Espinoza, directora de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales del MTPE, para RPP.

Esto solo demuestra que algo mal viene realizando el Estado en cuanto no se le puede brindar herramientas a millones de familias para poder salir de esa ‘rueda de hámster’ que es la pobreza; pero no solo el gobierno de turno tiene que darle prioridad a ello, sino que también tiene que ser atendido por los gobiernos regionales y distritales y, por supuesto, desde el mismo núcleo familiar. Ese trabajo no lo puede realizar una sola institución, sino que tiene que desarrollarse de manera transversal.

Esta realidad muestra su lado más crudo en la selva peruana, encontrándose una alta cifra de niños trabajando como balseros, vendedores de comida, en la tala indiscriminada, la minería ilegal, explotados sexualmente o traficados como si se tratara de una simple mercancía por unas cuantas monedas. Es en esos lugares remotos, donde el Estado se encuentra aún ausente, donde cientos de miles de niños se encuentran impedidos de poder crecer física y mentalmente.

Aparte de las dificultades para poder acceder a la selva peruana (que representa casi el 60 % del territorio peruano), también se suma el constante descuido que han tenido distintos gobiernos que solo toman atención a las riquezas naturales de la zona, mas no a quienes la habitaron y preservaron por siglos.

Cuando uno viaja a otro país, lo primero que tiene que hacer es cambiar billetes por los utilizados en ese país, sin embargo, en Bolivia uno se da con la sorpresa que no quieren recibir los bolivianos (la moneda de intercambio de ese país), sino el Nuevo Sol peruano. Eso le pasó hace poco a la turista canadiense Véronique Anges, que viajó junto con su esposo peruano en enero a Bolivia, quedándose sorprendida de cómo se le daba prioridad al sol peruano sobre la moneda local.

“Es preocupante para las personas que viven aquí, porque si la situación continúa así, se corre el riesgo de perder parte de la identidad del país, al punto de que podría dejar de tener su propia moneda”, manifestó Anges en su canal de YouTube.

Y es que lo de Bolivia no es de hace un mes o un año, sino que viene desde un buen tiempo atrás. De acuerdo a un informe realizado por ComexPerú en abril de este año, una de las razones principales de su crisis socioeconómica actual se debe a que desde el Gobierno Central de ese país se asumió que la exportación del gas natural iba a durar para siempre, olvidándose en diversificar otras fuentes de ingreso como el turismo, la gastronomía o la extracción de otros minerales.

Otro factor relevante que se menciona en ComexPerú es el notable incremento del presupuesto general para el pago de sueldos y jornales de los funcionarios del Estado, pasando del 14 % en el año 2014 al 19 % en el año 2024. Ello, indica el citado medio, configura como un “gasto fiscal irresponsable” y las consecuencias de ello se reflejan en la devaluación de su moneda.

De acuerdo a un informe realizado por el medio boliviano El Deber, el tipo de cambio en Desaguadero era de 5,10 bolivianos por 1 sol peruano, representando una devaluación superior al 160 %, teniendo como fecha referencial el viernes 23 de mayo.

Cuenta Efraín Mamani, un pequeño comerciante boliviano dedicado a la importación de productos textiles desde Lima para el citado medio, que ya no puede realizar pagos en bolivianos a sus proveedoras peruanas.

“Antes pagaba a mis caseras peruanas en bolivianos, pero ahora no lo aceptan porque ya no tiene valor. Un ejemplo claro son los mototaxistas que ayudan a cruzar la frontera, quienes ya no reciben plata boliviana”, destacó Mamani.

Esa misma situación se ve replicada en otro tipo de comerciantes, colocando en las afueras de sus negocios que solo recibirán nuevos soles.

Finalmente, este problema no puede ser ajeno al Perú, ya que compartimos frontera con Bolivia. Hace unos meses, se informó que cientos de bolivianos vienen cruzando la frontera hacia el Perú ya que no encuentran un futuro en su país, escogiendo ciudades como Puno, Tacna o Arequipa para poder vivir.

Se acabó el cobro descarado. Las aerolíneas Sky Airline Perú, Latam Airlines Perú, Star Perú y ATSA fueron sancionadas por la Comisión de Protección al Consumidor N.º 3 del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) por incluir cláusulas abusivas en los contratos de transporte aéreo publicados en sus páginas web, vulnerando así los derechos de los consumidores. Estas resoluciones, iniciadas de oficio, fueron confirmadas por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, en última instancia administrativa.

En total, se eliminaron 17 cláusulas abusivas de los contratos. Asimismo, como parte de las medidas correctivas, Indecopi ordenó que las empresas adecuaran sus términos y condiciones, lo cual ya ha sido cumplido. Esta acción beneficia a más de ocho millones de pasajeros, según datos de tráfico aéreo del 2024 de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

A continuación, las 17 cláusulas eliminadas por el ente que protege los derechos de los consumidores:

SKY PERÚ (Resolución 0076-2025/SPC-INDECOPI)

• Excluir su responsabilidad por la información brindada por sus trabajadores a los pasajeros.

STAR PERÚ (Resolución 3397-2024/SPC-INDECOPI)

• Cobrar penalidad si el pasajero no realiza el viaje completo, quedándose en una escala.
• Excluir responsabilidad por pérdida de vuelo de conexión no informado por el pasajero.
• Limitar el derecho al reembolso en caso de no prestar el servicio contratado.
• Cobrar penalidad de USD 11.80 por no usar alguno de los tramos del pasaje.
• Modificar tarifas y condiciones de servicio de manera unilateral.
• Limitar la responsabilidad por pérdida de equipaje al monto del seguro contratado.

LATAM AIRLINES PERÚ (Resolución 0075-2025/SPC-INDECOPI)

• Modificar unilateralmente las condiciones del servicio de transporte.

ATSA (Resolución N.º 004-2024/CC3)

• Excluir responsabilidad por demoras o cancelaciones por “razones operacionales”.
• Limitar el derecho al reembolso de pasajes y servicios adicionales.
• Restringir el derecho a presentar reclamos.
• Cobrar por selección de asientos cuando se agoten los incluidos en la tarifa.
• Modificar condiciones tarifarias de manera unilateral.
• No garantizar los horarios de salida y llegada publicados.
• Facultar al personal a denegar el embarque según criterio discrecional.

Por último, Indecopi exhortó a las demás empresas del sector aeronáutico a revisar sus contratos y eliminar cualquier cláusula que limite los derechos de los pasajeros, reforzando así la protección al consumidor en el transporte aéreo nacional.

La recomposición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) continúa tras la abrupta salida del exministro José Salardi. Este miércoles 28 de mayo, mediante Resolución Suprema n.° 018-2025-EF publicada en El Peruano, se oficializó la renuncia de Denisse Azucena Miralles Miralles, viceministra de Economía. La norma fue suscrita por la presidenta Dina Boluarte y el nuevo titular del MEF, Raúl Pérez-Reyes, designado recientemente por la mandataria en el gabinete Arana.

Miralles, ingeniera economista por la UNI y máster en Políticas Públicas y Tributación por la Universidad de Yokohama, Japón, fue incorporada al MEF en febrero por decisión directa de Salardi. Ambos compartieron experiencia previa en ProInversión, liderando proyectos de inversión y eventos regionales.

Su salida, tras apenas tres meses en el cargo, evidencia la fragilidad del actual equipo económico. El entorno político se encuentra en un contexto de mayor inseguridad, mientras la presidenta Boluarte enfrenta una aprobación ciudadana del 2%, y su decisión de colocar a sus allegados políticos en puestos clave —incluido el nombramiento de Eduardo Arana en la PCM— refuerza la percepción de un Ejecutivo más enfocado en su supervivencia política que en el interés nacional.

La renuncia de Miralles suma incertidumbre en un contexto marcado por la inseguridad, la parálisis económica y el desgaste institucional.

Si en la actualidad existen congresistas que se muestran abiertamente a favor de la renovación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) no es de manera gratuita, ya que durante toda su vida jamás han tenido un contacto sumamente cercano con los mineros informales; y es que lo que verdaderamente les estaría motivando a votar a favor de la extensión de un programa notablemente fallido no es precisamente el afecto o entendimiento pleno que tienen sobre esa problemática, sino los miles de dólares que podrían recibir de parte de ellos. No es amor al chancho, sino a los chicharrones, dirían algunos.

Es tanto el dinero que se mueve en la minería ilegal que esto representa alrededor de S/23 mil millones en pérdidas para el país solo en el año 2022, monto equivalente al 2.5 % del Producto Bruto Interno (PBI), según datos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Esa cifra sigue en aumento con el transcurso de los años y el año pasado eso representó el 2.8 % del PBI. Lo peor de todo eso es que resulta imparable debido a una deficiente respuesta del Gobierno Central.

Pero, ¿en qué momento hablamos de minería ilegal? La socióloga e investigadora Zaraí Toledo, experta en minería ilegal, explica en el paper “Legal, or Illegal? Varieties of Artisanal Mining in the Global South”, publicado en la prestigiosa revista World Politics en el año 2024, algunas diferenciaciones que nos permitan reconocerla.

• Minería informal: el Estado no la regula, ni recibe protección de este, y tampoco paga impuestos.
• Minería ilegal: es aquella que se realiza en zonas prohibidas, como una reserva natural, y se asocia a una violación extensiva de reglas y prácticas delictivas y criminales.
• Minería artesanal: se realiza con instrumentos rústicos o semimecánicos.

La minería ilegal y la política, su influencia a futuro

Un reciente estudio de campo de IPSOS arrojó una cifra preocupante, pero que para varios conocedores del tema es solo una confirmación del problema: 71 % de los encuestados respondió que la minería ilegal va a financiar la próxima campaña electoral. De corroborarse, daría pie a que los futuros diputados y senadores inclinen sus votos a para regulaciones más favorables a los mineros ilegales, ya sea modificando zonas que en la actualidad son consideradas como santuarios ecológicos, protección legal, impunidad, etc.

De esta manera, 7 de cada 10 peruanos considera que el dinero proveniente de la minería ilegal servirá para el pago de los afiches, los viajes al interior del país, el pago para los músicos, fuegos artificiales, enormes estrados, banderolas, polos y demás pagos relacionados a una campaña electoral.

Mineros llaman a la puerta del Congreso

El problema resulta sumamente complejo, pues muchos de los mineros ilegales se camuflan como mineros informales para realizar la ilícita extracción del oro, que a propósito se estima que para fines del 2025 su valor llegue a los 3,700 dólares por onza.

Recientemente, se conoció que 168 mineros informales de Pataz, inscritos al REINFO, figuran como militantes del partido político Alianza para el Progreso (APP), liderado por César Acuña, quien en la actualidad es el gobernador regional de La Libertad, región donde se encuentra Pataz. ¿Coincidencia?

Asimismo, el año pasado, entre enero y mayo, periodo donde se debatía la extensión del REINFO, se registró al menos 158 veces la visita de dirigentes relacionados a la minería informal.

El Perú es minero por naturaleza y el negocio del oro es sumamente lucrativo para muchos; además, da trabajo de manera directa e indirecta a millones de peruanos que conscientes o no de ese ilícito trabajo, prefieren guardar silencio luego de recibir en sus manos un considerable sueldo. Total, ellos solo son una pieza de un terrible engranaje de una maquinaria que busca más y más poder, arrasando con todo lo que encuentre a su paso.