Cuando uno viaja a otro país, lo primero que tiene que hacer es cambiar billetes por los utilizados en ese país, sin embargo, en Bolivia uno se da con la sorpresa que no quieren recibir los bolivianos (la moneda de intercambio de ese país), sino el Nuevo Sol peruano. Eso le pasó hace poco a la turista canadiense Véronique Anges, que viajó junto con su esposo peruano en enero a Bolivia, quedándose sorprendida de cómo se le daba prioridad al sol peruano sobre la moneda local.

“Es preocupante para las personas que viven aquí, porque si la situación continúa así, se corre el riesgo de perder parte de la identidad del país, al punto de que podría dejar de tener su propia moneda”, manifestó Anges en su canal de YouTube.

Y es que lo de Bolivia no es de hace un mes o un año, sino que viene desde un buen tiempo atrás. De acuerdo a un informe realizado por ComexPerú en abril de este año, una de las razones principales de su crisis socioeconómica actual se debe a que desde el Gobierno Central de ese país se asumió que la exportación del gas natural iba a durar para siempre, olvidándose en diversificar otras fuentes de ingreso como el turismo, la gastronomía o la extracción de otros minerales.

Otro factor relevante que se menciona en ComexPerú es el notable incremento del presupuesto general para el pago de sueldos y jornales de los funcionarios del Estado, pasando del 14 % en el año 2014 al 19 % en el año 2024. Ello, indica el citado medio, configura como un “gasto fiscal irresponsable” y las consecuencias de ello se reflejan en la devaluación de su moneda.

De acuerdo a un informe realizado por el medio boliviano El Deber, el tipo de cambio en Desaguadero era de 5,10 bolivianos por 1 sol peruano, representando una devaluación superior al 160 %, teniendo como fecha referencial el viernes 23 de mayo.

Cuenta Efraín Mamani, un pequeño comerciante boliviano dedicado a la importación de productos textiles desde Lima para el citado medio, que ya no puede realizar pagos en bolivianos a sus proveedoras peruanas.

“Antes pagaba a mis caseras peruanas en bolivianos, pero ahora no lo aceptan porque ya no tiene valor. Un ejemplo claro son los mototaxistas que ayudan a cruzar la frontera, quienes ya no reciben plata boliviana”, destacó Mamani.

Esa misma situación se ve replicada en otro tipo de comerciantes, colocando en las afueras de sus negocios que solo recibirán nuevos soles.

Finalmente, este problema no puede ser ajeno al Perú, ya que compartimos frontera con Bolivia. Hace unos meses, se informó que cientos de bolivianos vienen cruzando la frontera hacia el Perú ya que no encuentran un futuro en su país, escogiendo ciudades como Puno, Tacna o Arequipa para poder vivir.

Se acabó el cobro descarado. Las aerolíneas Sky Airline Perú, Latam Airlines Perú, Star Perú y ATSA fueron sancionadas por la Comisión de Protección al Consumidor N.º 3 del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) por incluir cláusulas abusivas en los contratos de transporte aéreo publicados en sus páginas web, vulnerando así los derechos de los consumidores. Estas resoluciones, iniciadas de oficio, fueron confirmadas por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, en última instancia administrativa.

En total, se eliminaron 17 cláusulas abusivas de los contratos. Asimismo, como parte de las medidas correctivas, Indecopi ordenó que las empresas adecuaran sus términos y condiciones, lo cual ya ha sido cumplido. Esta acción beneficia a más de ocho millones de pasajeros, según datos de tráfico aéreo del 2024 de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

A continuación, las 17 cláusulas eliminadas por el ente que protege los derechos de los consumidores:

SKY PERÚ (Resolución 0076-2025/SPC-INDECOPI)

• Excluir su responsabilidad por la información brindada por sus trabajadores a los pasajeros.

STAR PERÚ (Resolución 3397-2024/SPC-INDECOPI)

• Cobrar penalidad si el pasajero no realiza el viaje completo, quedándose en una escala.
• Excluir responsabilidad por pérdida de vuelo de conexión no informado por el pasajero.
• Limitar el derecho al reembolso en caso de no prestar el servicio contratado.
• Cobrar penalidad de USD 11.80 por no usar alguno de los tramos del pasaje.
• Modificar tarifas y condiciones de servicio de manera unilateral.
• Limitar la responsabilidad por pérdida de equipaje al monto del seguro contratado.

LATAM AIRLINES PERÚ (Resolución 0075-2025/SPC-INDECOPI)

• Modificar unilateralmente las condiciones del servicio de transporte.

ATSA (Resolución N.º 004-2024/CC3)

• Excluir responsabilidad por demoras o cancelaciones por “razones operacionales”.
• Limitar el derecho al reembolso de pasajes y servicios adicionales.
• Restringir el derecho a presentar reclamos.
• Cobrar por selección de asientos cuando se agoten los incluidos en la tarifa.
• Modificar condiciones tarifarias de manera unilateral.
• No garantizar los horarios de salida y llegada publicados.
• Facultar al personal a denegar el embarque según criterio discrecional.

Por último, Indecopi exhortó a las demás empresas del sector aeronáutico a revisar sus contratos y eliminar cualquier cláusula que limite los derechos de los pasajeros, reforzando así la protección al consumidor en el transporte aéreo nacional.

La recomposición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) continúa tras la abrupta salida del exministro José Salardi. Este miércoles 28 de mayo, mediante Resolución Suprema n.° 018-2025-EF publicada en El Peruano, se oficializó la renuncia de Denisse Azucena Miralles Miralles, viceministra de Economía. La norma fue suscrita por la presidenta Dina Boluarte y el nuevo titular del MEF, Raúl Pérez-Reyes, designado recientemente por la mandataria en el gabinete Arana.

Miralles, ingeniera economista por la UNI y máster en Políticas Públicas y Tributación por la Universidad de Yokohama, Japón, fue incorporada al MEF en febrero por decisión directa de Salardi. Ambos compartieron experiencia previa en ProInversión, liderando proyectos de inversión y eventos regionales.

Su salida, tras apenas tres meses en el cargo, evidencia la fragilidad del actual equipo económico. El entorno político se encuentra en un contexto de mayor inseguridad, mientras la presidenta Boluarte enfrenta una aprobación ciudadana del 2%, y su decisión de colocar a sus allegados políticos en puestos clave —incluido el nombramiento de Eduardo Arana en la PCM— refuerza la percepción de un Ejecutivo más enfocado en su supervivencia política que en el interés nacional.

La renuncia de Miralles suma incertidumbre en un contexto marcado por la inseguridad, la parálisis económica y el desgaste institucional.

Si en la actualidad existen congresistas que se muestran abiertamente a favor de la renovación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) no es de manera gratuita, ya que durante toda su vida jamás han tenido un contacto sumamente cercano con los mineros informales; y es que lo que verdaderamente les estaría motivando a votar a favor de la extensión de un programa notablemente fallido no es precisamente el afecto o entendimiento pleno que tienen sobre esa problemática, sino los miles de dólares que podrían recibir de parte de ellos. No es amor al chancho, sino a los chicharrones, dirían algunos.

Es tanto el dinero que se mueve en la minería ilegal que esto representa alrededor de S/23 mil millones en pérdidas para el país solo en el año 2022, monto equivalente al 2.5 % del Producto Bruto Interno (PBI), según datos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Esa cifra sigue en aumento con el transcurso de los años y el año pasado eso representó el 2.8 % del PBI. Lo peor de todo eso es que resulta imparable debido a una deficiente respuesta del Gobierno Central.

Pero, ¿en qué momento hablamos de minería ilegal? La socióloga e investigadora Zaraí Toledo, experta en minería ilegal, explica en el paper “Legal, or Illegal? Varieties of Artisanal Mining in the Global South”, publicado en la prestigiosa revista World Politics en el año 2024, algunas diferenciaciones que nos permitan reconocerla.

• Minería informal: el Estado no la regula, ni recibe protección de este, y tampoco paga impuestos.
• Minería ilegal: es aquella que se realiza en zonas prohibidas, como una reserva natural, y se asocia a una violación extensiva de reglas y prácticas delictivas y criminales.
• Minería artesanal: se realiza con instrumentos rústicos o semimecánicos.

La minería ilegal y la política, su influencia a futuro

Un reciente estudio de campo de IPSOS arrojó una cifra preocupante, pero que para varios conocedores del tema es solo una confirmación del problema: 71 % de los encuestados respondió que la minería ilegal va a financiar la próxima campaña electoral. De corroborarse, daría pie a que los futuros diputados y senadores inclinen sus votos a para regulaciones más favorables a los mineros ilegales, ya sea modificando zonas que en la actualidad son consideradas como santuarios ecológicos, protección legal, impunidad, etc.

De esta manera, 7 de cada 10 peruanos considera que el dinero proveniente de la minería ilegal servirá para el pago de los afiches, los viajes al interior del país, el pago para los músicos, fuegos artificiales, enormes estrados, banderolas, polos y demás pagos relacionados a una campaña electoral.

Mineros llaman a la puerta del Congreso

El problema resulta sumamente complejo, pues muchos de los mineros ilegales se camuflan como mineros informales para realizar la ilícita extracción del oro, que a propósito se estima que para fines del 2025 su valor llegue a los 3,700 dólares por onza.

Recientemente, se conoció que 168 mineros informales de Pataz, inscritos al REINFO, figuran como militantes del partido político Alianza para el Progreso (APP), liderado por César Acuña, quien en la actualidad es el gobernador regional de La Libertad, región donde se encuentra Pataz. ¿Coincidencia?

Asimismo, el año pasado, entre enero y mayo, periodo donde se debatía la extensión del REINFO, se registró al menos 158 veces la visita de dirigentes relacionados a la minería informal.

El Perú es minero por naturaleza y el negocio del oro es sumamente lucrativo para muchos; además, da trabajo de manera directa e indirecta a millones de peruanos que conscientes o no de ese ilícito trabajo, prefieren guardar silencio luego de recibir en sus manos un considerable sueldo. Total, ellos solo son una pieza de un terrible engranaje de una maquinaria que busca más y más poder, arrasando con todo lo que encuentre a su paso.

Cobro por pisar tierra. Una persona que quiere realizar un viaje de negocios o turismo, que sale de Tacna a Piura tiene que hacer escala en Lima en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Ahí puede quedarse esperando dos, tres o seis horas, dependiendo de la aerolínea y el horario de vuelo que haya seleccionado, saliendo a caminar o quedarse sentado si lo desea por el aeropuerto y nadie le va a cobrar por el hecho de ingresar al baño o quedarse dormido en un sillón. Eso permanecerá hasta este sábado 31 de mayo, ya que a partir del 1 junio comenzará a cobrarse la denominada “Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia”, pero ¿en qué consiste eso?

De acuerdo con Verónica Zambrano, presidenta ejecutiva del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), este nuevo cobro —estipulado en la Adenda 6 del Contrato de Concesión entre el Ministerio de Transportes (MTC) y Lima Airport Parners (LAP) del 2013 — consistirá en un tarifa que se cobrará a los viajeros por realizar escala en el nuevo aeropuerto y hacer uso de los servicios y nuevas instalaciones, así uno se quede esperando parado las 3 o 6 horas que dure la conexión hasta su otro vuelo.

Explica la jefa de Ositrán que la “TUUA de Transferencia” consistirá en el pago de US$ 11.32 para los que realicen vuelos internacionales, y de US$ 7.07 para los pasajeros de vuelos nacionales, explicando que ellos tendrán de una “sala exclusiva” donde esperar sus vuelos.

“El solo hecho de tener una sala exclusiva, van a tener la posibilidad esperar ahí para su próximo vuelo y no veremos lo que vemos hoy: gente durmiendo en las bancas”, expresó.

Entre los servicios incluidos se encuentran el transporte entre el avión y el terminal, el despacho de equipaje, las salas de espera, la iluminación, las comunicaciones, la información de vuelos, la atención médica, los servicios higiénicos y la seguridad. ¿Acaso estamos hablando de un servicio V.I.P. para semejante cobro?

Un dato a considerar es que los pasajeros que utilicen el nuevo aeropuerto como punto de origen no se verán afectados al cobro de la “TUUA de transferencia”.

Reacciones por la “TUUA de transferencia”

Por su parte, el parlamentario Wilson Soto ha presentado el Proyecto de Ley n.° 10911/2024/CR, en el cual se busca eliminar la “TUUA de transferencia”, pero solamente para los pasajeros de vuelos nacionales que hagan escala en el nuevo aeropuerto.

El legislador mencionó durante una entrevista para Willax TV que esta nueva tarifa constituye una forma encubierta de tributo inconstitucional ya que los pasajeros no solicitan ni reciben servicios adicionales completamente distintos a los que podrían encontrar de manera ordinaria dentro del nuevo aeropuerto.

En tanto, las aerolíneas que operan dentro del nuevo aeropuerto también han mostrado su rechazo a esa nueva tarifa, mostrándose en contra de agregar la “TUUA de transferencia” dentro del pasaje de avión. Cabe indicar que en la actualidad cuando uno compra un boleto de avión ya viene incluido el TUUA (diferenciado ahora como “de origen”) en el precio final, y querer agregar la “TUUA de transferencia” haría que se incremente mucho más el valor del pasaje.

Seguramente este 1 de junio se verán muchas caras largas y molestas debido al cobro forzado de esta nueva tarifa, la misma que tampoco se ha indicado en qué momento se cobrará: sin antes del vuelo, durante, o cuando el viajero ingrese a la “zona exclusiva” del aeropuerto.

Para empezar, es pertinente definir de qué se trata una vivienda VIS. Las Viviendas de Interés Social (VIS) son inmuebles destinados a aquellas familias que no cuentan con una vivienda y presentan limitaciones o dificultades para acceder a una. Desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), entidad encargada de fomentarla a través de sus distintos programas, se busca reducir el déficit habitacional existente, proporcionándole una opción más al alcance del bolsillo a miles de peruanos que buscan una casa propia que cumpla con los estándares de calidad de diseño, arquitectura y construcción.

Estas viviendas VIS significan una opción económica para miles de familias. Así, se pueden adquirir al módico precio de 150 mil soles, dependiendo la zona y el distrito, sin embargo, durante los últimos años han ido apareciendo enormes edificios en la ciudad teniendo hasta más de 20 pisos bajo la fachada de viviendas VIS.

Es ahí donde surgen los problemas, ya que dependiendo del municipio al que le competa, estas edificaciones no deberían de pasar los 5 o 6 pisos, y lo más curioso de todo es que existen viviendas VIS en distritos como San Isidro o Miraflores, donde el valor del metro cuadrado hace que se eleve el precio final de la vivienda, cuestionando si verdaderamente está destinado para una familia de escasos recursos.

Anteriormente, las inmobiliarias encargadas de construir las viviendas VIS se ceñían al ya derogado Decreto Supremo n.° 006-2023-VIVIENDA, el mismo que veía toda la reglamentación. Bajo esa normativa, hasta ahora se pueden ver departamentos de hasta 25 metros cuadrados, creados para que una sola persona pueda vivir ahí en un espacio donde se condense el dormitorio, el baño y la cocina.

Ahora, con la aprobación del Decreto Supremo n.° 005-2025-VIVIENDA, promulgado el pasado 10 de abril, el mismo que deroga el D.S 006-2023-VIVIENDA, estableciendo nuevos requisitos para la adquisición y construcción de las denominadas viviendas VIS.

De esta manera, en el reglamento vigente menciona que los beneficiarios no deben de contar con otra propiedad ni haber recibido bonos estatales, esto para reforzar la idea de que se ofrecerá una vivienda VIS para el que realmente lo necesita y no entregárselo a alguien que ve una vivienda a bajo costo en una zona exclusiva de Surco o Miraflores.

Pero el cambio más relevante va dirigido al tamaño de las viviendas, prohibiéndose que se oferten por menos de los 40 metros cuadrados.

“El área techada para VIS sin capacidad de ampliación es desde 40.00 m²; y, el área techada de la vivienda unifamiliar en su forma inicial como módulo básico de vivienda con posibilidad de expansión es desde 35.00 m², para lo cual el diseño del proyecto debe considerar dentro del terreno, el espacio adicional para la ampliación de manera integral”, se lee en el artículo 18.2 del citado reglamento.

Cambios que incomodan

La principal reacción a estas modificaciones ha llegado desde los empresarios inmobiliarios, quienes consideran que podría reducirse considerablemente la demanda de esas viviendas VIS, pues al momento de aumentar el tamaño de los departamentos también eso se verá reflejado en el precio final.

“Del 100 % de los departamentos de un dormitorio que manejamos, el 99 % tiene un área menor a 40 metros cuadrados. El precio depende de la zona; pero pasar de 33 a 40 metros es subir 20 % el espacio mínimo ya también los hará más caros. Podría caer la demanda”, manifestó en su oportunidad José Espantoso, presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI).

Otro aspecto importante trata sobre quién tiene la ‘última palabra’ en cuestión de zonificación. Al respecto, en el artículo 18.1 del Reglamento se precisa que serán las municipalidades provinciales las encargadas de otorgar los permisos, dejando de lado larga controversia que había surgido desde el Tribunal Constitucional para determinar si se podían construir edificios con más de 15 o 20 pisos.

“Los proyectos de habilitación urbana y/o de edificación para VIS, se desarrollan en las zonificaciones establecidas por las municipalidades provinciales en las que, por uso permisible o uso compatible, se puede desarrollar el uso residencial”.

Viviendas VIS, pero para los que verdaderamente lo necesitan

Desde el MVCS se busca acercar a miles de familias poder tener finalmente un techo propio, pero cumpliendo ahora con ciertos requisitos, como el de no contar con otras propiedades. Por su parte, desde el sector inmobiliario quieren que se mantenga la oferta de viviendas súper reducidas de 25 o 30 metros cuadrados, asegurando que les dan la posibilidad, sobre todo a las personas independientes, de tener una vivienda en un lugar cercano a su trabajo, todo ello a un precio que no se vaya por las nubes, considerando lo costoso que puede ser comprar una casa a una corta edad.

Estos últimos se oponen al nuevo reglamento, desde el Estado aducen que lamentablemente se ha distorsionado la finalidad de las viviendas VIS. Ahora, solo toca esperar si el mercado inmobiliario le da la razón a uno o al otro, y ¡cómo no! las municipalidades.

Desde el pasado lunes 5 de mayo cientos de trabajadores de la empresa minera Shougan Hierro Perú han dejado de laborar con normalidad debido a la rotura y colapso del shiploader (gantry), una máquina esencial para la carga de los barcos. Este incidente ocurrió una semana atrás y de acuerdo a la empresa se ha originado un “sobrestock de mineral”.

Ante ello, la empresa ha calificado ese incidente como un “caso fortuito de carácter imprevisible e irresistible”.

«Este evento, sin precedentes en la historia operativa de la Empresa, constituye un caso fortuito que no podemos superarlo pronto. La adquisición de este equipo (gantry) no es posible en Sudamérica, por ello requiere su fabricación en China, consecuentemente la solución de este problema tomará entre cuatro (4) a cinco (5) meses aproximadamente, lo cual constituye una situación de fuerza mayor que por su
naturaleza es imprevisible e irresistible», se lee en el comunicado.

Asimismo, la empresa de firma china anunció que se aplicará la suspensión temporal perfecta de labores, pero antes otorgará vacaciones vencidas, anticipadas y capacitación para su personal obrero, empleado y funcionario.

Sin embargo, esa noticia ha caído bien al sindicato de trabajadores de la empresa minera, rechazando tal comunicado, exigiendo la participación de la Sunafil para velar por los derechos de los trajadores, y de Osinergmin para determinar si en efecto se está ante un hecho fortuito.

«Rechazamos esta pretendida suspensión perfecta, porque nosotros consideramos que el evento que ha sucedido ha sido por negligencia de la propia empresa. No hubo ninguna comunicación por parte de la minera con el sindicato. No hubo ningún diálogo antes de que la empresa emite estos comunicados ya públicamente y esto es arbitrario. O sea, no puede ser que en tan solo unas horas te comuniquen y te digan, «¿Sabes qué? El día de mañana estás estás de vacaciones», manifestó Johan Hernández, presidente del sindicato para RPP.

El dato:

El año pasado, Shougan Hierro Perú extrajo de Marcona, provincia de Nasca, región Ica, 19,843,131 toneladas métricas de hierro, superando en más de una tonelada métrica la producción del año 2023 (18.58), y estima que para el año 2027 su producción anual llegue a las 25 toneladas métricas.

El Pleno del Congreso aprobó recientemente el Proyecto de Ley (PL) 5562, una iniciativa que permite a los pasajeros de vuelos nacionales transferir su pasaje a otra persona sin costo adicional, siempre y cuando se realice hasta 24 horas antes del vuelo.

Esta nueva disposición busca ofrecer una mayor flexibilidad a los usuarios del transporte aéreo y evitar cobros extras por cambios de nombre en los boletos, una práctica que es recurrente en las aerolíneas.

El PL establece que el cambio de titularidad podrá realizarse manteniendo las condiciones contractuales del pasaje original, es decir, sin modificar ruta, fecha ni horario, y sin cargas adicionales para el usuario. De esta forma, los pasajeros podrán hacer ajustes de última hora sin enfrentar los elevados costos que en la actualidad se aplican en muchos casos.

Este beneficio será aplicable solo para pasajes aéreos nacionales, y todavía no se ha aclarado si incluirá boletos adquiridos bajo promociones o tarifas especiales. Sin embargo, se espera que el reglamento correspondiente a esta ley aclare estos detalles y establezca las condiciones exactas para su implementación.

Actualmente, las políticas de cambio de nombre en pasajes aéreos varían según cada aerolínea en Perú, y en la mayoría de los casos, solo son posibles bajo ciertas tarifas flexibles o mediante el pago de una penalidad. Esta nueva normativa plantea un cambio significativo en la forma en que se gestionan estos cambios, garantizando que los usuarios no deban pagar por realizar modificaciones en sus vuelos.

Aerolíneas podrían recibir sanciones si no permiten la transferencia de manera oportuna

La ley también especifica que las aerolíneas deberán habilitar canales digitales accesibles para que los usuarios puedan realizar este trámite de manera rápida y eficiente. Si alguna aerolínea se negara o demorara injustificadamente en efectuar la transferencia, será sancionada conforme a lo que establezca el reglamento correspondiente.

Este reglamento deberá ser emitido por el Poder Ejecutivo, y aún está pendiente su promulgación. Una vez promulgada la norma, se publicará el reglamento que detallará los procedimientos específicos, las condiciones para el endoso de pasajes y las sanciones que las aerolíneas podrían enfrentar en caso de incumplir la nueva disposición.