Como todos los años, nos encontramos sumergidos en medio de la temporada de lluvias y huaycos en el país. Con más de 17 carreteras interrumpidas, 67 puentes caídos, 7 colegios inhabilitados, 27 postas médicas afectadas, 1604 casas destruidas y lamentablemente 62 peruanos fallecidos hasta el momento según fuente de Indeci.

Esto sumado al huayco de barro y estiércol que hiede desde el Gobierno Central y el Congreso ya que la inacabable lluvia de corrupción, está destruyendo el país con estadísticas de incapacidad sin precedentes. Un Ejecutivo y Legislativo que se desbarrancan con solo un dígito de aprobación, ambos entre el 3% y 6%. Ministros que vienen siendo investigados por la fiscalía y que fugan al extranjero esperando que las pasiones se aquieten mientras que más de 7 peruanos mueren al día por la delincuencia y sicariato, lo que significa un aumento de más del 100% de casos comparado con años anteriores y para peor, conforme al análisis de la plataforma internacional Global Numbeo, el Perú se encuentra en el top 10 dentro de los países con mayor criminalidad en el mundo, sin embargo, antes de este Gobierno ocupábamos el puesto 60, es decir, de sopetón hemos escalado 50 posiciones en solo unos años, en tiempo récord.

¿Se vislumbra en el horizonte algún cambio? ¿Alguna capacidad de reacción? ¿Alguna medida drástica? Pues no, porque justamente la ineficiencia del Estado es totalmente rentable para los corruptos, mientras la problemática esté vivita y coleando, es la excusa perfecta para justificar los gastos, las compras, las consultorías, los uniformes, la gasolina, la logística sobrevalorada, ya que se sabe que la corrupción le cuesta a los peruanos 10 mil millones de dólares al año. Por eso no conviene combatirla ni erradicarla porque ya no tendrían qué repartirse ni cómo justificarlo. Solo queda esperar a que este, uno de los peores gobiernos de la última década, termine pronto.

Ha quedado por demás demostrado que la izquierda no sabe gobernar, están condenados a ser oposición que es para lo único que existen, ya que ganaron Lima con Barrantes y Villarán, ganaron la general con Ollanta Humala y fueron gestiones de mediocres para abajo y de lejos, el peor de todos, es el de Dina Boluarte que ahora paradójicamente llama caviares a sus compañeros de carpeta y pretende deslindar de los ideales izquierdistas que abrazó y defendió con uñas y dientes cuando fue electa en la plancha que tuvo como propuesta el cambio de constitución actual para virar a una constitución socialista con estatización. Bien reza la sabiduría popular al decir que: cuando un político te engaña una vez, es culpa del político, pero cuando te engaña dos veces o más, es culpa de nosotros como electores. Esperemos a que el próximo año 2026, sepamos elegir la opción más seria y más responsable con un plan sostenible, viable, que asuma la dirección de encausamiento erradicando la delincuencia, reduciendo la pobreza, apostando por la educación, las oportunidades laborales y el crecimiento constante, recordemos que todos los peruanos Somos Perú.

Por: Fernando Casanova.

En el Perú, la política ha muerto. No de un solo golpe, no de una bala certera como la que apagó la voz del ya mítico ‘Ruso’ Flores en una Lima desangrada, sino de una lenta putrefacción. Se ahoga en su pantanal de promesas huecas, en sus coimas rancias, en el reciclaje fabril de candidatos sin cerebro ni moral. Mientras tanto, los que aún respiran, los que sueñan con vivir sin miedo y sin miseria, son los pueblos que han decidido tomar las riendas de su destino. En Piura, la Junta Vecinal Comunal (JUVECO) Tres Culturas – 27.03.2017, es la más reciente prueba de que la esperanza ha migrado de los locales partidarios para anidar en los parques, en las calles, en los corazones de quienes no aceptan la prepotencia como norma.

El alcalde de Piura, Gabriel Madrid, ha decidido hacer gala del eterno dogma de la política peruana: cuando el pueblo grita, los poderosos tapan sus oídos con concreto y maquinaria pesada. Así ha nacido la amenaza sobre la Plaza Tres Culturas, donde un grupo de vecinos ha tenido la osadía de resistirse a un proyecto de ‘modernización’ que no respeta ni árboles, ni casas, ni historia. La estrategia es de manual: decir que la obra ‘mejorará la ciudad’, que es por el bien común, aunque implique arrasar con la poca vida arbórea que aún resiste.

El arquitecto Jorge García, secretario general de la JUVECO, ha señalado con claridad lo que todos saben, pero pocos dicen: este no es un proyecto pensado para solucionar problemas, sino para engordar bolsillos. La descripción oficial asegura que ‘ha generado una respuesta favorable y positiva de la población’. Pero los vecinos, esos seres molestos que caminan, opinan y no encajan en los planes del poder, afirman que jamás fueron consultados. Y si alguien se atreve a cuestionarlo, siempre está la opción de callarlo con amenazas, indiferencia o, en última instancia, con una patrulla municipal lista para arrebatar pancartas a vecinos de 70 años. Pura modernidad democrática.

Piura ya ha visto este espectáculo antes. El Parque de las Aguas – antaño Parque Néstor Martos – sufrió el mismo destino: tala indiscriminada, sobrecostos inflados y un ‘progreso’ que solo beneficia a los mismos de siempre. Los vecinos alzaron la voz, llevaron sus reclamos a la Fiscalía, a la Contraloría, a todas las instancias que en teoría deberían protegerlos. ¿El resultado? El gran truco del Estado: el silencio. El mutismo cómplice de las instituciones, el eterno bostezo burocrático que lo deja todo en la nada. Porque si algo ha perfeccionado la política peruana, es la capacidad de hacer que los ciudadanos se estrellen contra un muro invisible de indiferencia institucional.

Mientras tanto, la inseguridad sigue ganando terreno. Paul Flores, el querido cantante de Armonía 10, cayó a balazos en una ciudad donde un sicario llama inútiles a los policías. El crimen y la corrupción, aliados inseparables, han dejado al país a la intemperie, donde los ciudadanos son presa fácil de sicarios y políticos con la misma vocación depredadora. Lo que le ocurrió a mi paisano ‘Ruso’ y su familia, es el eco de un país en el que el Estado ya no protege, en el que la ley es un adorno y la justicia es un mero fantasma.

Pero la historia no se detiene en la tragedia, las calles se están levantando. En Piura, en Lima, en cada rincón del país, los vecinos, las familias, los ciudadanos de a pie han comenzado a entender que el poder puede volver a las manos de quienes aman la vida. Las Juntas Vecinales se han convertido en el nuevo rostro de la resistencia, en una ideología sin partido, cuyo único propósito es la dignidad y el derecho a existir en comunidad. Las orquestas musicales se unen ahora y deciden cuidarse y salir a marchar para mandar un mensaje claro a los delincuentes y sus aliados congresales.

Lo que ocurre en la Plaza Tres Culturas, en los barrios, en la música y cultura peruana es un síntoma de algo más grande: el fin del letargo. La idea de que la política se practica en los partidos ha muerto. El mensaje es claro: no basta con votar y esperar lo mejor. Hay que organizarse, salir a la calle, exigir respuestas, defender cada metro cuadrado de nuestra historia, de nuestros derechos, de nuestros sueños.

Si los partidos han muerto, celebremos su entierro. Aquí estamos, pico en mano, listos para sellar la tumba de sus tristes payasos, de sus compadritos y comadrejas, de sus contratos amañados y su eterna vocación de saqueo. Sépanlo bien: no se juega con el futuro de los pueblos, y esta vez no habrá pacto ni indulgencia. Esta vez, por nuestros hijos, venimos a tomar lo que nos pertenece, cueste lo que cueste.

Por: Tino Santander Joo.

La semana pasada se votó el dictamen de la Comisión de Economía para derogar la Ley Antiusura N° 31143. Esta ley fue aprobada en marzo de 2021 debido a la presión de la movilización ciudadana contra la usura y la codicia del oligopolio bancario, que imponía e impone altas tasas de interés y cobros ilegales de comisiones.

La lucha contra los cuatro jinetes del apocalipsis (BCP, BBVA, Interbank y Scotiabank) es incansable. Los bancos controlan los medios de comunicación tradicionales, el Parlamento, el Gobierno, la SBS, Indecopi, el Poder Judicial, la Fiscalía y la PNP a través de “convenios institucionales” que la Junta Nacional de Justicia debe investigar para determinar si existen conflictos de interés.

El congresista Ilich López, de Acción Popular, ha señalado que esta ley fomenta la extorsión y el crédito gota a gota de mafias instaladas en el Perú, el mismo argumento de los banqueros y sus voceros. Parece que los congresistas de Acción Popular, conocidos como «los niños de Castillo», ignoran que el narcotráfico, la minería ilegal y el crimen organizado bancarizan todas sus actividades en Junín y Puno, lavando su dinero a través del sistema financiero peruano.

Ahora, los bancos podrán cobrar tasas de interés de hasta el 200% y comisiones por cualquier motivo. Este es el Congreso del fujimorismo, de Alianza Para el Progreso, de Avanza País, de Perú Libre, de Acción Popular y de Renovación Popular. Estos son los corruptos que buscarán volver al poder en 2026 en la farsa electoral de 45 partidos y 20,000 candidatos a diputados, senadores y parlamentarios andinos.

El congresista Ilich López, en coordinación con su partido, Acción Popular, y la bancada de «los niños», ha dado un golpe contra millones de familias, mientras sus precandidatos presidenciales, Alfredo Barnechea y Víctor Andrés García Belaunde, denunciaban el abuso y la prepotencia del oligopolio bancario en los medios de comunicación tradicionales ¿sabían que los parlamentarios de Acción Popular y su partido están al servicio de los bancos?

La izquierda parlamentaria y los demás grupos de derecha son cómplices de esta felonía contra el país. Los peruanos están advertidos sobre por quiénes no deben votar. Según el portal Peru-Retail.com, los bancos obtuvieron ganancias récord de S/ 10,325 mil millones en 2024. Estas ganancias exorbitantes contrastan con las altas tasas de interés y comisiones abusivas que afectan a millones de peruanos. Es urgente regular seriamente el sistema financiero siga beneficiándose a costa de los ciudadanos. La codicia, la usura, la maldad y el terror caracterizan al sistema financiero peruano.

El Perú no puede tener oligopolios que controlen la economía nacional. No podemos vivir esclavizados financieramente, pagando altísimas tasas de interés y sometidos a la usura que aceptamos indignamente. Tampoco podemos tener partidos y autoridades políticas al servicio de estos intereses.

Necesitamos un cambio profundo, una revolución social basada en la toma de conciencia sobre nuestros graves problemas nacionales. No podremos democratizar el crédito ni acabar con la usura y el terror de los bancos con los partidos políticos corruptos. Es urgente promover la libre competencia financiera. Es imprescindible desarrollar la minería para que esta financie la infraestructura agraria, la salud y la educación. Jamás tendremos seguridad ciudadana con corruptos en el poder. También es indispensable solucionar el problema de los 10 millones de peruanos que no tienen agua ni desagüe, así como construir carreteras, puertos, trenes y conectar todo el país con internet.

Nada de esto será posible en 2026 con los mismos corruptos de siempre y con nuevos aspirantes a corruptos. Solo nos queda la revolución social. La insurrección democrática significa la movilización de empresarios, agricultores, estudiantes universitarios y secundarios, así como de las Fuerzas Armadas y la Policía, para acabar con la ignominia y los traidores al Perú. No hay otro camino, no hay otra salida. Es mentira que las elecciones sean una solución; solo traerán más de lo mismo o lo peor de los corruptos. Ustedes tienen en sus manos el destino del Perú.

En medio de la crisis que sacude al gobierno de Dina Boluarte, el Ministerio de Cultura, bajo la dirección de Fabricio Valencia Gibaja, continúa sin rumbo, profundizando la desconfianza de la ciudadanía respecto a la gestión pública. A pesar de las promesas y discursos, la cultura en Perú sigue siendo una de las áreas más relegadas por el Estado. Una de las principales muestras de esta desidia es el interminable conflicto en torno al Museo Nacional (MUNA) ubicado en Pachacamac. La obra que se inició en la gestión de Ollanta Humala como un hito cultural, costó más de 600 millones de soles y aún continúa sin ser inaugurada. Lo que se prometió como un emblema cultural se ha transformado en un elefante blanco.

El manejo de recursos también deja mucho que desear, especialmente en lo que respecta a las contrataciones dentro del Ministerio de Cultura. Mientras el país atraviesa dificultades económicas, el gobierno parece haber priorizado el despilfarro de dinero público en contratos para amigos cercanos al entorno de Fabricio Valencia. La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) es uno de los ejemplos más claros de esta mala práctica. Las órdenes de servicio “doradas” han colapsado el presupuesto de esta institución, que, lejos de cumplir con su función de preservar el patrimonio cultural, se ve reducida a una caja registradora para aquellos vinculados al poder.

La jefa de la BNP, Ana Peña Cardoza, tendrá que enfrentar a la Comisión del Congreso a las 4 pm de hoy para explicar las contrataciones laborales realizadas en 2024 y la millonaria suma gastada en este concepto.

El Archivo General de la Nación no corre una suerte mejor. Esta institución fundamental para el resguardo de nuestra memoria histórica está sumida en el caos debido a problemas con sus instalaciones y la falta de un plan adecuado para el traslado del archivo. Sin embargo, el colapso institucional no termina ahí. El IRTP, el canal y radio del Estado, también está experimentando una crisis, agravada por la llegada de exasesores vinculados al fujimorismo, lo que pone en peligro la independencia editorial de estos medios. Todo esto ocurre justo cuando el país se alista para enfrentar una nueva campaña política.

Día a día nos damos cuenta de que lo único que ha cambiado en el gobierno es el rostro de Dina Boluarte y la masa corporal de algunos ministros de su gabinete.

(Columna publicada en Diario UNO)

En la convivencia de una sociedad siempre deberán priorizarse los temas de fondo: gobierno—leyes—ciudadanía—. Pero también es importante tomar en cuenta aspectos de forma: maneras—educación—modos.

Sin embargo, en nuestro país se ha pasado a ejercer un indeseable abanico de desgobierno, desorden y caos, no solo por parte de gobernantes y autoridades que se dedican a todo, menos a cumplir su obligación de encargarse de la cosa-pública; sino también, de los administrados-ciudadanos, que en lugar de ser fiscalizadores como ‘agentes’ comprometidos con la normas y reglas de convivencia, tienen más vocación de anarquistas que alimentan a una feroz oclocracia que ha logrado reinar en Perú en alianza con otros males, como la plutocracia que se sirve de su aliada, la cleptocracia.

Esta tripartita de sistemas ha conseguido que una muchedumbre de grupos humanos retroceda en su cultura, en sus roles, quehaceres y modales.

Entre tanto, la interacción social se ha visto menoscabada y ha pasado a predominar la mala educación, los malos modales, el individualismo desmedido y el irrespeto. En suma, lo malo, corrupto, inculto, procaz, burdo, inmoral y embustero, han pasado a ser prácticas normales, deseables y estándares acordes a la actualidad. A diferencia de lo ético, fraterno, culto, educado, respetuoso, veraz, leal y autentico, que se han convertido en actos desfasados, obsoletos y reprobables.

La prueba de esta ‘decadencia colectiva’ que ha alcanzado un nivel sistémico, se destaca al observar a una presidenta de la República que miente desmesuradamente y que nos desprecia a nosotros los gobernados, cuando dice: —“Tengo las manos limpias y estamos haciendo una batalla frontal contra la corrupción”—. También, cuando observamos a fiscales y jueces que trafican con la justicia y a parlamentarios ‘mochasueldo’ que le roban al Estado y que cobran doble ingreso (caso-exmilitares).  

Asimismo, entre la gente de a pie, habitualmente ya no existen gestos nobles; y la descortesía ha pasado a ser un gran atributo. La mala educación es el nuevo paradigma, y lo vemos en las universidades, en el metro, en los trabajos, en los gimnasios y en todo lugar público y privado. Donde el saludo es prácticamente un insulto y el agradecimiento se convierte en un acto que te denigra.

A pesar de ello, siempre prevalecerá el famoso refrán que dice: “la educación empieza en casa”.

(Columna publicada en Diario UNO)

Por: Jorge Paredes Terry

La ciudadanía vive con miedo, indignación y desesperanza, mientras las autoridades parecen incapaces de detener esta espiral de caos. Ante esta realidad, la implementación de un estado de excepción no solo es una medida necesaria, sino también una obligación moral y constitucional para proteger a la población y restablecer el orden en el país.

Una Ola de Violencia que No Da Tregua La violencia en el Perú ha alcanzado niveles insoportables. Crimen organizado, sicariato, extorsiones y asesinatos se han convertido en el pan de cada día. Las calles, antes espacios de convivencia, hoy son escenarios de terror. La muerte del teniente alcalde de Chao y del vocalista de Armonía 10 son solo dos ejemplos recientes de una lista interminable de víctimas que claman justicia. Estos crímenes no son hechos aislados; son parte de una crisis sistémica que refleja la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Las fuerzas del orden, lejos de ser un escudo protector, se encuentran desbordadas y, en muchos casos, infiltradas por la corrupción. La falta de recursos, la descoordinación y la impunidad han convertido a las instituciones en entes inoperantes, mientras los criminales actúan con total libertad, sabiendo que las probabilidades de ser capturados y sancionados son mínimas.

La corrupción es el Cáncer que Alimenta el Caos, la corrupción no es solo un problema paralelo a la inseguridad; es su cómplice directa. Funcionarios públicos, policías, jueces y políticos han sido señalados por actos de corrupción que han debilitado las instituciones y permitido que el crimen organizado opere sin obstáculos.

La impunidad es la norma, y la justicia, un privilegio al que pocos tienen acceso. Mientras tanto, los ciudadanos de a pie pagan las consecuencias con sus vidas.

El Estado de Excepción es una medida Constitucional y urgente ante esta situación, la declaratoria de un estado de excepción se justifica plenamente. La Constitución Política del Perú establece que esta figura puede ser invocada cuando se amenaza la paz, la seguridad o el orden público, o cuando se afecta gravemente la vida de la nación. Hoy, el Perú cumple con creces estos requisitos. El estado de excepción permitiría al gobierno tomar medidas extraordinarias, como el despliegue de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, la restricción temporal de ciertos derechos fundamentales y la imposición de penas más severas para delitos graves.

En este contexto, la aplicación de la pena capital para criminales y corruptos debe ser considerada como una medida disuasiva y ejemplarizante. Si bien es un tema polémico, la gravedad de la situación exige acciones contundentes.
La pena de muerte, reservada para los peores crímenes, enviaría un mensaje claro: el Estado no tolerará más la impunidad ni la violencia.

Argumentos a favor del Estado de Excepción

1. Protección inmediata de la ciudadanía: La prioridad debe ser garantizar la seguridad y la vida de los peruanos, que hoy viven bajo la constante amenaza de la violencia.
2. Restablecimiento del orden público: El despliegue de las fuerzas armadas y la imposición de medidas drásticas permitirían recuperar el control de zonas dominadas por el crimen organizado.
3. Combate a la corrupción: Un estado de excepción facilitaría la investigación y sanción de funcionarios corruptos, limpiando las instituciones y recuperando la confianza ciudadana.
4. Mensaje de firmeza: La implementación de medidas extremas, como la pena capital, demostraría que el Estado está dispuesto a actuar con mano dura para proteger a la sociedad.

Basta Ya! La ciudadanía está harta. No podemos seguir tolerando que nos maten a diario, que nuestras familias vivan con miedo y que las autoridades se limiten a ofrecer discursos vacíos mientras el país se desangra. El asesinato del teniente alcalde de Chao y del vocalista de Armonía 10 son solo dos ejemplos de una realidad que nos afecta a todos. ¿Cuántas vidas más deben perderse antes de que se tomen medidas reales? El estado de excepción no es una medida deseable en circunstancias normales, pero estas no son circunstancias normales. Es una herramienta legal y necesaria para enfrentar una crisis que amenaza la existencia misma del Estado de derecho.

El Perú necesita acciones concretas, no promesas. Necesita firmeza, no indiferencia. Necesita justicia, no impunidad.

El Perú está en una encrucijada. Podemos seguir permitiendo que la violencia y la corrupción destruyan nuestro país, o podemos actuar con decisión y firmeza para recuperar el control. El estado de excepción, acompañado de medidas drásticas como la pena capital, no es solo una opción; es una obligación moral y constitucional para proteger a los ciudadanos y garantizar un futuro seguro y justo. ¡Basta ya de impunidad! ¡Basta ya de violencia! El Perú merece vivir en paz, y es hora de que el Estado actúe en consecuencia.

Mensaje a Dina Boluarte

Fuiste valiente en su momento con un pueblo desarmado, con niños y jóvenes que expresaban su rechazo a tu gobierno usurpador, enviaste al ejército con armas de guerra a masacrarlos, no dudaste en permitir a las fuerzas armadas el uso total de la violencia, saca pues ahora esa sangre fría, busca a los delincuentes en sus guaridas, envía a toda la fuerza del sistema tras los sicarios, ordena acabarlos o solo eres valiente con los inocentes? O renuncia inmediatamente, el cargo te quedó demasiado grande.

Ahí veo a Julia Wong: estamos en un edificio de Miraflores, hablamos de las líneas de Nazca y de la novela Viaje al Oeste. Le digo que me parece genial que la poesía oriental encuentre la belleza en cualquier instante. Es decir, que pueda hallar poesía en el solo expresar la condición del ser. Pensemos en Li Po, sugiero, mirando la luna con su copa de vino, o en aquel diálogo de los pescadores en el libro de Wu Cheng’en. La poesía brota espontáneamente.

No es tan sencillo, me responde Wong. Hay una superficialidad aparente. Fue una de nuestras últimas charlas.  Y ahora, a un año de su muerte, yo recuerdo su brillo de diamante oscuro, de diamante existencial arraigado a la crisis, a la intensidad. Así era: esculpida de un solo tajo despiadado. Y por eso, su voz es una espada en nuestra tradición poética.

No recibió ningún premio memorable, no tuvo una difusión necesaria, pero se sostuvo durante años. Poesía desgarrada y políglota, migrante y existencial. Siempre insatisfecha de sí misma, su obra poética es ineludible dentro de la escritura peruana del siglo XXI. Incomoda incluso a la hora de clasificarla, ¿ella es de la generación del ochenta? ¿De los noventas? ¿Es consecuencia de Carmen Ollé o de Varela? 

El día que murió yo trabajaba en un colegio llamado como el autor de Hamlet, y su partida me tomó por sorpresa. Conocía su lucha contra el malévolo cangrejo. Pero también de su temple, de su nervio en medio de la desesperación. Su último libro, 11 palabras, es una prueba de fe del poder del lenguaje. Y eso fue lo que puso en su dedicatoria: “Para Julio por el cariño, el odio y la fuerza que ponemos a las palabras, a cualquier palabra” Ese amor por la palabra no era solo fe ciega, sino una lúcida concatenación de intuiciones. La prueba son sus más de quince poemarios publicados en ediciones bilingües, en el Perú y en España y Portugal. Ahora vive en sus poemas, en su lenguaje que fue mutando y transformándose en un laberinto que dibuja su propio rostro.

(Columna publicada en Diario UNO)

El titular del Ministerio de economía, el novato José Antonio Salardi, está en el cargo desde hace seis semanas, se mencionó ante la Comisión de Economía del Congreso respecto a Petroperú, la amenaza Trump, su fe en las APP, el aumento del techo de fondo para el mecanismo de obras por impuesto y la estimación de un alto crecimiento para este año. 

El ministro de Economía se jactó del crecimiento de Perú como el más alto de la región solo superado por Brasil. Explicó que en buena parte este crecimiento se debió a la contribución de la inversión pública. 2024 cerró con un récord de 57 mil millones de soles que se ejecutaron a nivel de gobierno central, regional y distrital.

Sobre la actividad exportadora señaló un récord histórico de la balanza comercial con saldo a favor de 24 mil millones de dólares y un récord en exportaciones por 76 mil millones de dólares. Se mostró optimista de que en los próximos años Perú alcance a quebrar la barrera de los cien mil millones de dólares. 

Minería y agro

Refirió que solo en minería hay 60 mil millones de dólares en proyectos esperando para poder fluir. Los productos estrellas son el oro y el cobre.  En cuanto a la ubicación en los rankings internacionales mencionó que Perú viene mejorando respecto al tema de riesgo país, solo por encima de Chile. Y en el estimado de crecimiento para este año calculan crecer por encima de la región solo por debajo de Argentina por el efecto de rebote de sus políticas del año pasado.

Otro sector en crecimiento según el informe del ministro fue el de agricultura para exportación.  Con un paquete de inversión de 15 mil millones de dólares a futuro es uno de los sectores que prevé como más dinámicos para la economía peruana. También comentó sobre la importancia de la nueva ley de inversión para dar soporte. Sobre el sector de energía anunció proyectos por más de 2 mil millones, incluido en la promoción de hidrógeno verde.

En cuanto a proyectos en avance comentó de apoyo en cuanto a adendas a proyectos en desarrollo por valor de 9 mil millones del sector privado multisectorial. También mencionó de 9 mil millones para lanzar la línea 3 y 4 así como un teleférico para Independencia y San Juan de Lurigancho o zonas turísticas como la zona del Huascarán, también en el proyecto de un tren de Andahuaylas a Marcona, o el desarrollo del puerto de San Juan de Marcona. Estás APP se adjudicarán con un horizonte a 15 años.

Tramitologías

Un elemento que retrasa la inversión señalada por el ministro es la tramitología que puede hacer demorar 15 años un proyecto. Respecto a esto en su visita en Canadá resaltó que Argentina ante los inversionistas viene captando el interés por la política de motosierra.  Ejemplificó la cuestión de los trámites en el caso de una empresa minera que lleva 7 años con papeleos y que está al tope de paralizar sus operaciones. 

El congresista Víctor Flores sugirió la posibilidad de reducción del gasto a través de una racionalización del sector público. 

El ministro hizo énfasis en acelerar la dinámica de crecimiento, así como a rebajar costos, sobre esto último coincidió con una observación del congresista Anderson, «hay grasa en el Estado. Tenemos que ganar eficiencia allí». Sobre fusionar ministerios que se comentó como sugerencia en la comisión, el ministro no negó una evaluación de fusiones que se puede plantear.

Respecto a Petroperú señaló, «estamos expectantes de posibles inversiones (…) La empresa seguirá siendo estatal (…) No tenemos contemplado ningún recurso a la empresa este año». También se refirió a que Proinversión viene avanzando con la venta de activos y reducción de gastos, además mencionó la contratación de una consultora internacional para la evaluación y mejora de la empresa.

Riesgos en el camino 

Sobre los riesgos en inversión refirió los locales por efectos climatológicos como las lluvias en lo local, y en lo externo hizo referencia a los aranceles de Trump. «Hay una comisión que va estudiar el tema del cobre» esto de parte de Washington. «Tenemos que tener un plan de contingencia». También aclaró que la balanza comercial con EEUU no lo percibe como un riesgo toda vez que somos deficitarios ante ellos. «En el agro los productos que ellos tienen quizás sea el maíz o la soja en que no somos grandes productores internacionales. No sabemos todavía cuál es su estrategia a futuro».

Creo en las APP

«Las APP aquí funcionan, es un modelo importante que hay que seguir apostando con este ministerio, lanzamos más de 20 proyectos por esta modalidad».

Sobre Obras por impuesto mencionó, «es el gran mecanismo que creo tenemos que mirar todos. Una de las primeras medidas que hemos lanzado es aumentar el techo de los topes de 4 mil a 46 mil millones de soles que están disponibles para que gobiernos regionales, municipales y universidades puedan aprovechar para un cierre de brechas agresivo».

La congresista Ramírez observó la poca utilización de dicho instrumento por parte de las autoridades regionales y locales, haciendo inferir que los alcaldes no estarían interesados por otros intereses, al ser este un mecanismo de mayor transparencia.

Luego en un tono de hartazgo señaló: «seamos sinceros, toda la obra tradicional del país ha sido un fracaso. Hemos invertido decenas de Miles de millones de soles y la brecha sigue. Yo soy un convencido por la experiencia de ver más de 100 contratos de APP firmados.  Las APP solucionan el problema y me dan sostenibilidad en el largo plazo como proyecto. Este mecanismo es un invento peruano que se ha exportado. Ha permitido hacer 600 proyectos con resultados».