La polémica en torno a la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación sigue agudizándose. Esta vez, los congresistas Elías Varas Meléndez (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) y Alfredo Pariona Sinche (Bancada Socialista) presentaron denuncias constitucionales contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), acusándolos de vulnerar la Constitución y exceder sus competencias.

El congresista por Áncash, Elías Varas formalizó una denuncia contra los seis integrantes de la JNJ que suscribieron la resolución que devuelve a Benavides Vargas a la Fiscalía de la Nación. En declaraciones, calificó el acto como “inconstitucional, ilegal y contrario al artículo 158° de la Constitución”, el cual establece claramente las funciones de la JNJ y limita su rol respecto a magistrados supremos.

Varas Meléndez argumentó que la Junta incurrió en el presunto delito de avocamiento indebido, al asumir competencias exclusivas del Poder Judicial. “No pueden restituir a una fiscal suprema cuando hay procesos en curso y decisiones tomadas por órganos constitucionalmente competentes, como la Junta de Fiscales Supremos”, afirmó.

El legislador también criticó la falta de unanimidad en la decisión, recordando que el miembro de la JNJ Francisco Távara se excusó de votar y luego declaró que no se alcanzó el consenso necesario. Para Varas, esto invalida aún más la resolución y confirma su carácter arbitrario.

A esta denuncia se sumó el legislador por Huancavelica Alfredo Pariona, quien también presentó una acusación constitucional contra todos los miembros de la JNJ y solicita su inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos, alegando una grave infracción constitucional.

Ambos congresistas coinciden en que la JNJ ha extralimitado su mandato, interfiriendo indebidamente en un caso cuya resolución corresponde al sistema judicial y al Congreso, no a un órgano administrativo. Además, advierten que esta decisión agrava la ya delicada situación del Ministerio Público, minando su institucionalidad y abriendo un peligroso precedente de impunidad.

Las denuncias ya se encuentran en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la apepista María Acuña Peralta, que deberá evaluar su admisibilidad y determinar si procede iniciar un proceso sancionador contra los cuestionados miembros de la Junta Nacional de Justicia.

¿Esta vez será vencida? Tantas veces se ha mencionado que el Congreso viene preparando una moción de vacancia, pero siempre en la ‘puerta del horno’ se termina cayendo por obra y gracia del fujimorismo y APP, los grandes aliados de Dina Boluarte que grita a los cuatro vientos, con bastante seguridad, que se quedará hasta el año 2026.

La jefa de Estado pareciera tener en la palma de su mano al Parlamento a base de presuntos negociados por debajo de la mesa, motivo por el cual los legisladores cambian de parecer en cuestión de horas al momento de votar en contra de las mociones de vacancia.

Esta vez, la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República aprobó el informe final que recomienda evaluar la causal de vacancia por “incapacidad moral” contra la presidenta Dina Ercilia Boluarte por no haber informado al Legislativo sobre la intervención quirúrgica que se realizó en junio del 2023.

En el informe se menciona que existe un “alto grado de certeza” de que la jefa de Estado se sometió a una intervención quirúrgica de carácter estético y funcional, del 28 de junio al 4 de julio, por lo que se vio comprometida la continuidad del mando presidencial, la capacidad de toma de decisiones en tiempo real, la atención de emergencia nacional y la conducción general de la política del Estado.

“El Congreso se encuentra en la obligación constitucional de valorar si dicha conducta compromete irreversiblemente la integridad moral de la presidenta para ejercer el cargo y, en consecuencia, si resulta jurídicamente procedente y políticamente legítima la declaración de su vacancia por la causal de incapacidad moral permanente”, se lee entre las recomendaciones.

Asimismo, se estableció que la mandataria ha permanecido internada en la clínica Cabani por un periodo de dos días y una mañana, sumando a ellos los días de descanso médico que habría requerido para la recuperación, por lo cual habría incurrido en “abandono de cargo sin justificación constitucional”.

Esta información fue confirmada por el médico cirujano Mario Cabani mediante cartas notariales remitidas el 9 de junio de 2025. En dichos documentos, el especialista detalla que se realizaron procedimientos como rinoplastia, septoplastia, blefaroplastia y la colocación de hilos tensores.

“Esta situación evidencia un claro abandono de cargo sin justificación constitucional, omitiendo la activación del mecanismo de sucesión presidencial”, precisa el documento.

En tanto, el presidente de dicho grupo de trabajo, Juan Burgos, hizo énfasis en las consecuencias que se hubiesen dado al tener a la jefa de Estado postrada durante varios días en una camilla, estando indispuesta a atender las urgencias del país.

“Lo que se encuentra en evaluación no es la naturaleza médica o estética de los procedimientos quirúrgicos a los que se sometió la señora presidenta, tampoco sus motivaciones personales, sino las consecuencias constitucionales y políticas derivadas de su inactividad funcional como jefa de Estado durante el periodo intraoperatorio como su recuperación postoperatoria”, expresó el parlamentario de Podemos Perú.

La impunidad vuelve a extender sus tentáculos en uno de los casos más sensibles vinculados al escándalo Lava Jato. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, presidido por el juez Richard Concepción Carhuancho, aprobó una prórroga de 20 meses adicionales en la investigación preparatoria contra Susana de la Puente Wiese, exembajadora del Perú en el Reino Unido y exbanquera de JP Morgan. La medida responde a un pedido del fiscal adjunto José Alfredo Lázaro Marca, de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, quien había solicitado inicialmente una extensión de 24 meses.

La investigación, formalizada en 2022, involucra a Susana de la Puente Wiese, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y otros implicados como presuntos autores de los delitos de ‘asociación ilícita para delinquir’ y ‘lavado de activos’. Según la carpeta fiscal, se trataría de una organización delictiva que canalizó dinero desde Brasil hacia Perú para financiar campañas políticas, específicamente la de PPK en 2011. La delación de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht, reveló que Susana de la Puente Wiese recibió US$300,000 para la campaña de «Alianza por el Gran Cambio», un hecho que la exdiplomática niega.

A pesar de la gravedad de los señalamientos, De la Puente Wiese sigue residiendo cómodamente en Europa, entre Londres y Madrid, sin restricciones legales para regresar al país. Se mantiene activa en inversiones tecnológicas y proyectos turísticos —como el Hotel B, en el distrito de Barranco, Lima— mientras evita enfrentar de manera presencial a la justicia peruana. La Fiscalía no ha solicitado aún medidas coercitivas, y su defensa habría intentado bloquear diligencias judiciales que la obliguen a presentarse en territorio nacional.

Como se recuerda, el fiscal José Domingo Pérez, quien también participó en investigaciones preliminares del caso, señaló públicamente que la conducta de Susana De la Puente ha sido obstruccionista. «Susana de la Puente tiene que venir al Perú a responder ante la Fiscalía», afirmó. «Lo que pretende su defensa es que no venga, y no concordamos con esa posición. Todos son iguales ante la ley, y Susana de la Puente también».

A pesar de haber declarado su supuesta disposición a colaborar, los hechos muestran lo contrario: no ha comparecido en el país y busca que las diligencias se ejecuten desde el extranjero, en una muestra de privilegio que contrasta con la situación de otros investigados que sí enfrentan restricciones.

En un país donde la justicia suele ser lenta, el caso de Susana de la Puente Wiese se convierte en un ejemplo paradigmático de cómo el poder económico y las redes de influencia pueden contribuir a postergar indefinidamente la rendición de cuentas. La ampliación del proceso investigativo, lejos de ser un avance, evidencia el estancamiento y la falta de contundencia institucional frente a quienes, desde el exterior, continúan eludiendo la justicia.

Dimes y diretes. Ayer se vivió de todo tanto dentro y fuera del Ministerio Público, desde ‘improvisados’ manifestantes de ‘La Resistencia’, matones, agentes de seguridad, abogados que iban y venían de oficina a oficina, portazos, y hasta una vigilia a la luz de las velas. Todos pensarán que se trataba de una pelea de callejón, pero en realidad se trataba de la irrupción de Patricia Benavides en dicha institución.

En tanto, la Junta de Fiscales Supremos, máximo órgano del Ministerio Público, se pronunció sobre la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que anula las sanciones contra Patricia Benavides, reponiéndola en su cargo como fiscal de la Nación. Es así que mediante un breve pronunciamiento mencionaron que tal órgano se encuentra facultado para designar al titular del Ministerio Público.

“Como parte de su fortalecimiento y unidad entre los miembros del máximo órgano de gobierno del Ministerio Público y como ejemplo de cohesión institucional, reafirman que es la Junta de Fiscales Supremos —y no otro órgano del Estado— la que tiene la atribución exclusiva de elegir al Fiscal de la Nación”, escribieron.

La publicación se dio horas después de que el titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, exhorte al organismo resolver y ejecutar la resolución, adelantando que “sea cual sea su decisión la respaldarán”. “Apelar a la sapiencia, al buen tino. Ya en un momento, quizá un poco más tranquilo hoy día que ayer, porque ayer creo que han estado en crispado todos los ánimos. Que la Junta de Fiscales Supremos pueda anteponer los intereses del país por encima de los intereses de grupo”, manifestó y calificó de bochornosa la disputa por el cargo.

“Es bochornoso ver como dos personas se disputan un cargo cuando el cargo es lo más sublime de toda institución. Entonces, corresponde a la Junta, en su facultad constitucional, a la Junta de Fiscales Supremos, tomar la decisión más sabia. Yo espero que sí lo vayan a tomar. No tengo un prejuicio contra ninguno de ellos”, expresó.

La pugna por la Fiscalía de la Nación continúa y cada bando no piensa ceder ni un centímetro por hacerse de tan importante entidad. “Yo no me muevo del lugar”, manifestó Delia Espinoza, quien hasta ahora continúa mostrando su medalla de fiscal de la Nación. Por su parte, Patricia Benavides continúa merodeando en las afueras, a la espera de un descuido o un pronunciamiento oficial. Todo indica que la Fiscalía se ha convertido en el juego de las sillas, donde el que se duerme pierde su asiento.

El 16 de junio, el mismo día en que su esposa, Cecilia Cebreros actuó como escudera de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, el abogado penalista César Azabache se presentó en el programa Cuentas Claras de canal N, para defender a la Dra. Espinoza y, cuando fue preguntado por el conflicto de intereses que significa que su esposa trabaje con la fiscal de la Nación siendo él un penalista con varios casos en el Ministerio Público, Azabache respondió con un argumento propio de un leguleyo de la calle Azángaro: “No soy ministro ni congresista, por lo tanto, no tengo ningún vínculo con el Ministerio Público”. Con ese argumento, buscó justificar que sus familiares pueden trabajar donde gusten y que él no tiene nada que ver.

El pomposo Dr. Azabache olvida que él tiene casos en curso en el Ministerio Público y su esposa, Cecilia Cebreros, al trabajar al lado de la Fiscal de la Nación, tiene acceso a información privilegiada y tiene la opción de pedir “favores” a los fiscales que atienden los casos del Dr. Azabache, lo cual redunda en beneficio de Azabache a quien contratan estudios de abogados que él calificaría de “capitalistas”.

En todo caso, si el leguleyo jurisconsulto sostiene que él no tiene conflicto de intereses, entonces, debería darse cuenta de que su esposa sí los tiene. Las imágenes difundidas por la televisión muestran que la relación de Cecilia Cebreros con la Fiscal de la Nación es muy cercana, tanto así que ejerce de escudera impidiendo el acceso a la oficina de su jefa.

Las huellas que asoman

Hay un asunto de fondo que lleva a la presunción de que César Azabache estaría prestando, tras bambalinas, apoyo legal a la Fiscal de la Nación, aunque él diga en televisión: “No tengo ningún vínculo con el Ministerio Público”.

Lima Gris preguntó al Dr. Víctor Cubas, vocero del Ministerio Público, sobre la situación de Cecilia Cebreros y, luego de consultar con la Gerencia de Imagen, respondió que la esposa de César Azabache “No es ni ha sido Asesora de la Fiscal de la Nación”. Sin embargo, hay dos pruebas que demuestran lo contrario.

Las irrefutables imágenes de Cecilia Cebreros transitando por el piso 9 que tiene acceso restringido porque allí se encuentra la oficina de la Dra. Delia Espinoza, fiscal de la Nación. La evidencia irrefutable la muestra en actitud de proteger a su jefa en el conflicto que tiene con la fiscal Patricia Benavides, quien, dicho sea de paso, ingresó de manera impropia acompañada por guardaespaldas.

Cecilia Cebreros segundos antes de cerrarle la puerta a la fiscal Patricia Benavides.

La otra prueba es este recibo obtenido por Lima Gris en el cual consta que no es verdad lo que afirman desde el Ministerio Público: que Cecilia Cebreros “No es ni ha sido Asesora de la Fiscal de la Nación”.

Se añade que Cecilia Cebreros tiene, por lo menos, tres ordenes de servicio pagadas por el Ministerio Público. En efecto, el 28 de noviembre de 2024 cobró S/ 11,000; el 27 de noviembre 2025, S/ 33,000; y el 10 de abril 2025, nuevamente S/ 33,000. Por el momento, un total de S/ 77,000.

Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OECE)

Entonces, ¿por qué la esposa del Dr. Azabache está siendo protegida por las más altas instancias del Ministerio Público? ¿Por qué dicen que no trabaja con la Fiscal de la Nación cuando sí lo hace? ¿Por qué se disfraza su trabajo y su asistencia a su centro de labores con recibos?

Cecilia Cebreros carece de calificaciones profesionales para estar al lado de la Fiscal de la Nación, por eso llama la atención tanta protección hacia ella lo que conduce a preguntarse si es verdad o no, la versión que circula en el sentido de que el Dr. Azabache, en realidad, sería el real asesor de la Dra. Espinoza, camuflado como Cecilia Cebreros.

Cuando César Azabache afirma “No tengo ningún vínculo con el Ministerio Público” olvida que, no hace mucho, él fue, públicamente, abogado de Delia Espinoza. Es decir, tiene, por lo menos, un vínculo personal con la actual Fiscal de la Nación. ¿Por qué ahora prefiere el anonimato en esa relación? ¿Será porque hay abogados que, a veces, son caviares y, otras veces, capitalistas dependiendo del cliente y para eso es mejor actuar en la sombra?

Acostumbrada la jefa de Estado, Dina Boluarte, a rodearse de escolares para lanzar sus críticas contra sus detractores, durante la inauguración del colegio Ignacio Merino, en Talara – Piura, el escolar de 16 años José Ángel Guerrero Ordinola no quiso seguir el mismo discurso que repiten los ministros de la mandataria, quienes salen en su defensa ante cualquier cuestionamiento, y en cambio aprovechó la valiosa oportunidad para decirle lo que sienten millones de peruanos.

Al frente de la mandataria y el ministro de Educación, Morgan Quero, que hasta el momento no se ha manifestado por el centenar de colegios perjudicado tras el temblor del domingo, el escolar le recordó a Boluarte y compañía la completa desconexión con la realidad, solicitándoles dejar de lado los discursos de odio y atender con urgencia los desafíos que enfrenta la educación peruana.

“Como alcalde del colegio y en nombre de todos mis compañeros, les hablo hoy con respeto y profunda preocupación por nuestro país”, expresó.

Mirando fijamente a Boluarte, al ministro Quero y al director del plantel, el alcalde escolar les instó a ir más allá de las palabras: “Los invito a mirar más allá de los discursos, a escuchar la voz de los estudiantes y a reflexionar profundamente sobre el impacto de sus decisiones”, sostuvo.

La jefa de Estado solo atinó a escuchar con atención el reclamo del escolar, quien en todo momento mantenía una voz firme y serena, añadiendo que “la educación aún enfrenta enormes desafíos”, en un contexto donde miles de alumnos reciben sus clases en locales precarios, en una balsa, en una restobar o en locales donde la conexión a internet no llega.

Tuvo que ser un valiente escolar quien le dijo sus verdades a la autodenominada “mamá de todos los peruanos”, pero que solamente se dedica a viajar y realizarse “retoquitos”, olvidándose de los millones de peruanos que solamente le piden un poco más de empatía y carácter para afrontar a los extorsionadores y mineros ilegales.

Durante su visita a Talara, en la región Piura, la presidenta Dina Boluarte volvió a insistir en una narrativa que contrasta con la realidad de su gobierno. En un acto público, inauguró un colegio y se dirigió a los asistentes para defender su gestión. Sin embargo, sus palabras estuvieron marcadas por una profunda contradicción.

Acompañada por autoridades y estudiantes, Boluarte aseguró que su gobierno avanza “sin corrupción y con resultados visibles”, y que las críticas provienen de quienes “no quieren ver el desarrollo del país”. Insistió en que seguirá gobernando “con manos limpias” hasta el 28 de julio de 2026.

Lo más llamativo fue su intento de escudarse en el discurso de género para deslegitimar los cuestionamientos. “Nosotras las mujeres sí podemos gobernar con honestidad. A pesar de las voces machistas y mediocres, seguiremos trabajando por el bienestar del pueblo”, declaró. Pero su afirmación resulta cínica ante un gobierno salpicado por escándalos, silencios convenientes y pactos oscuros.

Boluarte calificó las críticas como “energías negativas” y acusó a sus detractores de ser “desleales con el desarrollo del país”, ignorando que las observaciones no vienen solo de la oposición, sino de organismos nacionales e internacionales que han advertido sobre retrocesos en transparencia, derechos humanos y lucha anticorrupción.

Decir que su gestión no tiene “células de corrupción en el ADN” es una burla para una ciudadanía que ha sido testigo de turbiedad en decisiones clave, investigaciones fiscales en su entorno y una clara falta de rendición de cuentas.

La presidenta intenta blindarse con el discurso feminista mientras perpetúa prácticas políticas tradicionales, autoritarias y oportunistas. La honestidad no se proclama: se demuestra. Y hasta ahora, su gobierno ha estado lejos de ese ideal.

Mientras las cifras de desaprobación aumentan y los conflictos sociales se multiplican, Dina Boluarte prefiere hablar de “obras” y “manos limpias” desde un podio, como si el país no supiera ver más allá del libreto.

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República aprobó este martes el Proyecto de Ley (PL) n.° 9888/2024-CR de la legisladora María Jessica Córdova Lobatón (Renovación Popular), que establece incentivos para las empresas privadas a que contraten mujeres que hayan sido víctimas de violencia.

Tal PL tiene como intención promover la inserción laboral de este grupo de mujeres afectadas mediante beneficios en procesos de contratación pública. Estas empresas de ámbito privado recibirán un puntaje adicional de dos puntos en la evaluación técnica si demuestran que, en los últimos doce meses, al menos el 10 % de su planilla laboral está conformada por mujeres que hayan sufrido violencia, debidamente registradas en el Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA).

“La condición de víctima debe estar acreditada con la información que obra en el Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA) del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar”, se lee en el documento.

Entre los requisitos para acceder a estos incentivos, las empresas deberán acreditar la contratación formal de las beneficiarias y garantizar condiciones laborales acordes con la legislación vigente.

En tanto, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) será el encargado de supervisar el cumplimiento de estas disposiciones.

Según el artículo 1 del proyecto, el objetivo principal es “contribuir a la autonomía económica y el bienestar integral” de las mujeres afectadas por violencia, facilitando su acceso a empleos formales.

La norma aplicará a todas las entidades públicas y a sus proveedores en procesos de contratación bajo el marco legal actual.

La iniciativa destaca que aprovecha las contrataciones públicas como “herramienta para mejorar la calidad de vida” de las víctimas.

Además, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 90 días, tras la promulgación de la ley, para emitir las normas complementarias que aseguren su implementación.