Patrulleros que tienen que ir una vez al mes al mecánico por averías, equipamiento defectuoso, armas de hace más de 30 años, uniformes zurcidos hasta el hartazgo, chalecos rotos, así miles de policías tienen salir a las calles a enfrentar a la delincuencia, mientras sus superiores son premiados con camionetas de alta gama.

Según un reportaje periodístico, se destinaron más de 17 millones de soles para la adquisición de A, 120 automóviles Toyota Corolla para coroneles por un S/11.9 millones; B,40 camionetas Toyota RAV4 para generales por S/5.2 millones; C, 8 camionetas Audi Q5 para tenientes generales por S/1.6 millones.

Tal cantidad, de acuerdo con el portal de Transparencia Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estaba dirigida para las pensiones y remuneraciones de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Recientemente, dos suboficiales fueron baleados por delincuentes en el distrito de La Victoria. Uno de ellos terminó gravemente herido, mientras que José Munive Gurmendi perdió la vida producto del feroz fuego cruzado.

A propósito de ese caso, el especialista en derecho policial, José Palacios, explicó para Exitosa que el suboficial fallecido había comprado su propio chaleco antibalas, debido a que el equipamiento que se le brinda es insuficiente o defectuoso.

«El efectivo que lamentablemente, ha perdido la vida, tenía un chaleco que él solo se compró, porque la Policía no afecta chalecos, porque los chalecos antibalas de protección para los policías ya no sirven, en ninguna parte. Están desfasados, rotos, inservibles, los chalecos antibalas tienen una fecha de caducidad», sostuvo el especialista para el citado medio.

Asimismo, recordó la falta de interés de parte del Ministerio del Interior (Mininter) por querer reforzar el armamento de la Policía, preocupándose más en querer congraciarse con coroneles y generales.

“Mientras hay presupuestos o le roban presupuestos a otros sectores de la Policía para comprar nuevos vehículos que no son de necesidad, no tenemos armamentos, no tenemos chalecos, no tenemos munición, los vehículos, no se cambia el parque automotor hace mucho tiempo (…) Hay una realidad en la Policía que nadie quiere denunciar”, recalcó.

Normalizando las extorsiones. El país se encuentra a la deriva, pero nuestra presidenta prefiere irse de viaje. Ahora, para abrir un negocio, uno tiene que evaluar el alquiler del local, el pago de los servicios, pago de personal, arbitrios municipales, y además de todo eso el pago para los extorsionadores. Sí, para trabajar en el Perú uno tiene que ceder a las amenazas, caso contrario nuestras vidas podrían terminar a manos de un sicario que recibió menos de 100 soles.

Supuestamente el Ministerio del Interior tiene un “plan articulado” para dar con la captura de los cabecillas de las distintas organizaciones criminales que han sectorizado la capital, pero todo sigue como si nada. Ni mil estados de emergencia pueden evitar que ciudadanos modestos tengan que agachar la cabeza ante los extorsionadores. Tal es el caso de la empresa de transporte conocida como la “B”, que se ha visto obligada a incrementar su tarifa 50 céntimos más para poder pagar precisamente a los extorsionadores.

En las propias unidades de esta línea han colocado avisos con el nuevo tarifario.

Los usuarios, en su mayoría, aceptan el incremento para dirigirse a sus centros laborales o de estudio. Es decir, esta aplicación ya se ha iniciado desde hace dos semanas.

El pago de cupos se ha convertido en un gasto habitual dentro de la rutina diaria de los transportistas. “Todos los días estamos con miedo de que nos extorsionen”, admite uno de ellos. Los montos varían según la ruta o el tamaño de la unidad, y en algunos casos, el aporte diario puede ir desde diez hasta 15 soles.

“Tenemos que pagar más, porque si no pagamos, nos espera algo peor”, señala otro conductor para un medio periodístico.

El dato:

Esta situación se repite en varias líneas de transporte que circulan en Lima y Callao. La extorsión afecta no solo a los conductores, sino también a las familias que dependen del servicio público. La costumbre de pagar para poder trabajar se ha establecido, y la mayoría acepta el incremento en las tarifas como parte de la nueva realidad.

Calienta la moto. La ‘Bebecita’ quiere calle y nuestro precario sistema judicial le podría favorecer. Wanda del Valle, conocida en el mundillo criminal por ser la ex pareja del sanguinario sicario Christopher Fuentes, alias ‘Maldito Cris’, fue detenida en Ecuador para luego ser trasladada al Perú por presuntamente querer asesinar al coronel PNP Víctor Revoredo, ofreciendo una suma de hasta 40 mil dólares. Ante la declaración de un sicario detenido que la inculpaba, el Poder Judicial dictó para ella 18 meses de prisión preventiva.

Sin embargo, sus días detrás de las rejas podrían acabar este 1 de agosto cuando se realice la audiencia para ver la solicitud de excarcelación presentada por su abogado Alejandro Navarro.

De acuerdo al letrado, no existirían pruebas contundentes que vinculen a su patrocinada con el intento de asesinato del coronel Revoredo.

“El coronel Revoredo no inicia esta investigación. Todo parte de una intervención arbitraria, y el primer testigo nunca fue citado formalmente. No hay pruebas, todo es especulación”, señaló Navarro.

El abogado también destacó que no existen audios, mensajes de WhatsApp ni otros elementos que demuestren que su patrocinada haya ordenado el crimen y aseguró que tienen la esperanza de que el 1 de agosto se reconozca la falta de pruebas y Wanda del Valle quede en libertad.

Similar opinión la tiene el abogado especialista en derecho penal Aaron Alemán, mencionando que la Fiscalía hasta ahora no ha podido realizar una “imputación objetiva” contra la ciudadana venezolana.

El jurista consideró que estas omisiones debilitan la tesis del Ministerio Público. “La primera irregularidad que hemos podido advertir es que la Fiscalía no ha cumplido con llevar a cabo una imputación objetiva”, declaró, y señaló que la falta de precisión en el caso impide esclarecer los hechos.

Quieren quedarse con el poder y para ello no es impedimento que difieran de ideologías políticas. El congreso de la República acaba de anunciar la primera lista para la nueva Mesa Directiva.

Ella estará encabezada por el parlamentario de Somos Perú, José Jerí, quien recae sobre él una investigación por presunta violación sexual contra una mujer durante una reunión en las celebraciones por Año Nuevo en la provincia de Canta.

Como primer vicepresidente se suma el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), mientras que Waldemar Cerrón (Perú Libre) aparece como segundo vicepresidente. Cierra la fórmula el parlamenartario Ilich López, de Acción Popular.

Cabe recordar que la lista de Jerí cuenta con el apoyo de Somos Perú, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Perú Libre. Los cuatro grupos parlamentarios suman 58 votos, mientras que la fórmula de José Cueto tiene el apoyo de Honor y Democracia, Renovación Popular, Podemos Perú, y ahora con la alianza con Carlos Zeballos y las bancadas de izquierda como Bloque Democrático Popular y la Bancada Socialista, los votos suman 39.

La liberación de Jhon Cruz Arce, señalado como exlíder de la organización criminal ‘Los Pulpos’, ha puesto en evidencia no solo vacíos normativos, sino también una preocupante falta de coordinación entre el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Pese a que el proceso judicial no ordenó expresamente su excarcelación, el interno fue liberado tras un fallo de habeas corpus que dejó sin efecto una resolución del INPE.

La Sala Penal de Apelaciones de Tacna, a través de un comunicado, negó haber dispuesto su libertad. Aclaró que su sentencia solo estableció que a Cruz Arce le correspondía el beneficio de redención de pena bajo la modalidad 2×1 —es decir, un día de pena por cada dos de trabajo o estudio—, norma vigente en 2008, año en que su condena quedó firme. Según el tribunal, el cálculo final de los días redimidos debía ser responsabilidad exclusiva del INPE.

No obstante, la ejecución práctica de esta sentencia derivó en la excarcelación del interno, generando cuestionamientos ciudadanos y políticos. ¿Quién toma realmente las decisiones sobre la libertad de un interno condenado por crimen organizado? ¿Y qué garantías existen para asegurar que se evalúe adecuadamente cada caso?

Fallo judicial, omisiones administrativas

El INPE había denegado la solicitud de Cruz Arce aplicando una norma posterior (1×6) que no le correspondía. La Sala anuló esa decisión por considerar que se trató de un error jurídico evidente y ordenó emitir una nueva resolución respetando el marco legal de 2008. Sin embargo, al no establecer una coordinación clara ni mecanismos de control, la sentencia terminó sirviendo como base para una liberación cuya responsabilidad ahora nadie asume plenamente.

“El Poder Judicial no sustituye a la autoridad penitenciaria en sus funciones”, aclara el pronunciamiento, desmarcándose del desenlace. Pero esta declaración pone en evidencia una práctica peligrosa: sentencias judiciales que se ejecutan sin criterios uniformes, sin control posterior y sin canales institucionales claros de articulación entre juzgados y administración penitenciaria.

Un síntoma de un problema mayor

Este caso no solo refleja una disputa de competencias. Expone un mal estructural en la justicia penal peruana: instituciones que actúan en paralelo, sin mecanismos eficientes de coordinación, control ni transparencia en decisiones que involucran a condenados por crimen organizado.

Mientras el Poder Judicial defiende la corrección legal del habeas corpus, y el INPE guarda silencio sobre el proceso administrativo que derivó en la excarcelación, la ciudadanía observa con preocupación cómo decisiones clave se diluyen en la confusión institucional.

¿Quién responde cuando el Estado no se pone de acuerdo ni siquiera para mantener en prisión a quien fue condenado por liderar una organización criminal?

Lo que todo el mundo se pregunta en este momento es: ¿se habrá reformado o volverá nuevamente a las fechorías? Al promediar las cinco de la tarde de ayer, Jhon Smith Cruz Arce, conocido en el ambiente criminal como ‘Jhon Pulpo’, puso un pie fuera del penal de máxima seguridad de Challapalca, ubicado en Tacna.

Afuera, ya le esperaban sus familiares y abogados, quienes lo recibieron de manera efusiva y entusiasta, tras 17 años de cautiverio por haber asesinado en el año 2008 a su ex pareja Marilyn Teresa Angulo y a Benjamín Salinas Ferrel, alias ‘Benja’, un ex integrante de su organización criminal. Según testigos, Cruz Arce abordó un vehículo con dirección a Puno.

Aunque en un principio fue condenado a 25 años de prisión, beneficios penitenciarios terminaron admitidos por la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Tacna, que reconocieron que el reo había realizado estudios y trabajos dentro del centro penitenciario.

El fallo se sustentó en la aplicación de la norma conocida como “2×1”, que estaba vigente en el momento de su sentencia y permitía que ciertos trabajos y estudios redujeran el tiempo efectivo de condena. La Corte de Tacna anuló la resolución anterior que rechazaba sus beneficios penitenciarios y ordenó su excarcelación inmediata.

La decisión ha sido calificada de polémica por especialistas en derecho penal y seguridad ciudadana, quienes señalan que el beneficio fue aplicado con criterios laxos, como ocurrió anteriormente en el caso de Antauro Humala, liberado en 2022 tras redimir años de condena haciendo peluches de Hello Kitty y participando en talleres.

Cabe mencionar que Cruz Arce es reconocido como el fundador de la organización criminal ‘Los Pulpos’ que en la actualidad tiene en vilo el norte del país, sobre todo en la región La Libertad.

Formada en los años noventa en Trujillo, se consolidó como una estructura piramidal dedicada a cobrar cupos, ejecutar asesinatos por encargo y lavar dinero a través de negocios fachada.

En la actualidad, el liderazgo de la sanguinaria organización recae sobre el hijo de Jhon Cruz, Jhonsson Smith Cruz Torres, quien el Ministerio del Interior ha puesto un precio por su cabeza, ofreciendo medio millón de soles por información que permita su captura.

La salida de prisión de Jhon ‘Pulpo’ revive el debate sobre los beneficios penitenciarios y el uso del habeas corpus como herramienta de excarcelación, en un país donde la percepción ciudadana de impunidad alimenta la desconfianza hacia el sistema de justicia.

Una vez más, la corrupción dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP) se manifiesta en su forma más burda y peligrosa: la extorsión directa al ciudadano. Esta semana, el Ministerio Público informó que dos suboficiales, junto a una civil, fueron condenados a más de cuatro años de prisión por el delito de concusión, tras exigir una coima de 500 soles a un conductor en la Costa Verde de Lima, valiéndose de una prueba de alcoholemia fraudulenta.

Los sentenciados, Carlos Morales (25) y Marco López (26), junto a su cómplice Fiorella Tello (22), armaron una falsa intervención para forzar al chofer a entregarles dinero a cambio de no ser sancionado con la suspensión del brevete, el internamiento del vehículo y una multa de 1 UIT. El procedimiento no solo fue ilegal, sino descaradamente inventado: el alcohotest utilizado no era oficial y el intervenido no había consumido alcohol.

Este no es un caso aislado, sino un síntoma del deterioro estructural de una institución que debería estar al servicio de la ciudadanía. Lo ocurrido revela una dinámica común en muchas calles del país, donde policías, en lugar de proteger al ciudadano, lo convierten en víctima de chantaje, abuso de poder y corrupción. Que este patrón se repita con tanta frecuencia no solo habla de individuos corruptos, sino de una cultura permisiva que tolera, y muchas veces encubre, estas prácticas.

Que los implicados hayan reconocido los hechos y aceptado la condena —que incluye prisión efectiva, la devolución del dinero y una reparación civil de 10 mil soles— no borra el daño ocasionado ni devuelve la confianza perdida. Al contrario, evidencia cómo algunos miembros de la PNP usan el uniforme como una licencia para delinquir.

El Estado, por medio del Ministerio del Interior y la Inspectoría General, debe actuar de forma mucho más firme y sistemática para depurar sus filas. No basta con sancionar casos cuando ya se han convertido en escándalos. Se requiere control interno real, investigación proactiva y una formación ética desde las escuelas policiales.

La ciudadanía ya no distingue entre el policía honesto y el corrupto, y eso es grave. Cuando los guardianes del orden se transforman en extorsionadores de esquina, la autoridad se desmorona y la ley se vuelve letra muerta. Si el país quiere recuperar el respeto por sus instituciones, debe comenzar por erradicar a los malos elementos de su policía. De lo contrario, seguirá reinando el miedo… y la coima.

¿Será que en un futuro no muy lejano el nombre de la actual mandataria aparezca en la lista de los más buscados? De ser así, quién no se animaría a buscarla por el condominio Mikonos o donde se esconde Vladimir Cerrón que por cierto cuenta con una excelente señal de internet.

El Ejecutivo acaba de subir el máximo de recompensa para los líderes o cabecillas de bandas criminales a un millón de soles, representando una cifra nada despreciable si no fuera porque se demoran hasta casi un año en pagar por dichas recompensas a los ciudadanos vigilantes de la seguridad.

Fuera de eso, el Ministerio del Interior (Mininter), en su plataforma de Recompensas Perú, ha puesto un nuevo precio por la captura de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, convirtiéndose desde ayer en el criminal más buscado en todo el país. Quien diera información sobre su paradero se hará acreedor de un millón de soles.

Según el decreto supremo publicado ayer en el Diario Oficial El Peruano, el motivo para aumentar la recompensa por Moreno Hernández es porque “el monto actualmente ofrecido por información que permita la búsqueda, captura y/o entrega de jefes, dirigentes y cabecillas de organizaciones criminales puede resultar insuficiente o poco atractivo para incentivar la entrega de información (…)”.

Además, se afirma que las organizaciones criminales ya cuentan con recursos económicos suficientes para “mantenerse en la clandestinidad mediante mecanismos, como la compra de silencio, constantes traslados, seguridad y protección, alojamiento en lugares lujosos, uso de documentación falsa, entre otros (…)”.

Según el Decreto Supremo n.° 086-2025-PCM, la implementación de lo dispuesto en la norma se financia «con cargo al presupuesto institucional del Ministerio del Interior, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público«.

Un millón de razones para delatar al ‘Monstruo’

No es lo mismo 100 mil soles que un millón y por ello el Mininter a lo largo de los últimos años ha ido incrementando la recompensa, pasando de 100 mil soles en el 2023, a 500 mil soles en setiembre del año pasado, y finalmente el millón de soles por quien es sindicado de ser el líder de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’.