El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, enfrenta una situación judicial que pone en jaque su permanencia al frente de la institución. El Ministerio Público ha solicitado su suspensión del cargo por 18 meses, en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su gestión como jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa, en 2020. Aunque el alto oficial ha intentado mantenerse en silencio frente al escándalo, los testimonios, documentos y transferencias financieras que obran en la carpeta fiscal dibujan un panorama complejo y preocupante.

Un historial con antecedentes y controversias

Zanabria no es un desconocido para la polémica. Su gestión ha estado marcada por decisiones controversiales, como la compra millonaria de lujosos vehículos Audi para uso de altos mandos policiales, cuestionados por su alto costo en un contexto de austeridad estatal. Más recientemente, videos difundidos en redes sociales donde aparece bailando ‘perreo’ con una joven suboficial (de 2da) en un evento social y con quien luego viajó a Colombia, alimentaron aún más las críticas sobre su conducta pública. Sin embargo, las acusaciones que hoy enfrenta lo colocan en una posición mucho más comprometida: no se trata de formas, sino de posibles delitos graves contra la administración pública.

Acusaciones desde Arequipa: policías convertidos en obreros

Según el Ministerio Público, mientras Zanabria dirigía la región policial de Arequipa, habría ordenado utilizar a suboficiales para trabajos de construcción, electricidad y albañilería dentro del complejo policial, todo ello durante su horario laboral y bajo la fachada de supuestas tareas de patrullaje. La fiscalía sostiene que estas acciones configuraron una desviación ilícita de funciones y una posible apropiación indebida de recursos públicos.

Seis suboficiales han brindado su testimonio bajo condición de reserva, asegurando que fueron forzados a abandonar labores de seguridad ciudadana para realizar trabajos físicos, como remodelaciones de patios, fachadas y ambientes internos del cuartel policial. Esta denuncia se sustenta, además, en registros oficiales donde dichos policías aparecían asignados al patrullaje mientras, en la práctica, eran empleados como mano de obra.

El testimonio que compromete a Zanabria

Una de las declaraciones más relevantes en el expediente proviene de la mayor PNP Claudia del Castillo, quien se desempeñaba como jefa del Escuadrón Verde en Arequipa. Según indicó ante la Fiscalía, fue el propio Víctor Zanabria quien le instruyó reclutar personal técnico para las obras internas, bajo el encubrimiento de labores policiales regulares.

Más aún, un maestro de obras identificado como Claver Colquehuanca, quien participó en las remodelaciones, declaró haber recibido pagos por montos muy superiores a los inicialmente pactados. Al consultar por la diferencia, habría recibido instrucciones directas de Zanabria para cobrar el total y luego entregarle el excedente en efectivo. Este dato, sumado a movimientos bancarios registrados entre el maestro de obras Colquehuanca y otros funcionarios de la región policial, como el operador logístico (SS PNP) Rolando Rodríguez Bilbao, refuerza la hipótesis fiscal de una presunta red de malversación.

Documentos que no cuadran

La investigación fiscal incluye órdenes de servicio, actas de conformidad y comprobantes de pago que presentan inconsistencias y, en algunos casos, carecen de respaldo legal. La ejecución de las obras, que incluyó trabajos como el revestimiento de fachadas con piedra laja o la construcción de un cenotafio, no habría seguido ningún procedimiento de licitación o contrato formal. Para la Fiscalía, esto evidencia una actuación coordinada para encubrir el desvío de recursos públicos, bajo el aparente control del entonces jefe regional Víctor Zanabria.

Fundamento legal del pedido de suspensión

El fiscal Arturo Marcos Valencia Paiva, a cargo del Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Arequipa, ha solicitado al Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria que se imponga la suspensión del cargo a Zanabria por un periodo de 18 meses. El pedido se ampara en el artículo 297, inciso 1, del Código Procesal Penal, que permite la suspensión de funciones cuando existe riesgo de reiteración delictiva o si el cargo facilita la continuación del delito.

En este caso, los presuntos delitos son peculado doloso y abuso de autoridad, ambos con penas que contemplan inhabilitación y cárcel efectiva. La suspensión no implica una condena, pero sí impediría que Zanabria ejerza poder institucional mientras la investigación avanza.

Silencio estratégico y defensa en curso

Hasta el momento, el comandante general no ha ofrecido una declaración pública detallada sobre el pedido fiscal. En declaraciones anteriores, negó haber ordenado tareas fuera del reglamento y defendió su gestión como orientada al fortalecimiento institucional. Fuentes cercanas aseguran que se encuentra preparando su defensa junto a su equipo legal, aunque su permanencia en el cargo depende ahora de la decisión judicial.

Implicancias institucionales y políticas

Si el Poder Judicial aprueba la medida solicitada, la Policía Nacional deberá reorganizar su cúpula de forma inmediata. La salida de Zanabria, en medio de un escándalo de corrupción, tendría efectos no solo operativos, sino también políticos, dada la cercanía del comando policial con el Ministerio del Interior y la Presidencia del Consejo de Ministros.

El caso también involucra a otros altos mandos regionales, como los coroneles Francis Alarcón Gallegos y Luis Cancela Roggero, además de varios suboficiales responsables de logística. La Fiscalía investiga su rol en la ejecución de obras sin concursos públicos, en un esquema que podría configurar colusión agravada y negociación incompatible.

Más allá de Zanabria: un síntoma estructural

Este nuevo escándalo revela, una vez más, cómo el poder dentro de las instituciones del Estado puede ser utilizado para fines personales o ilegales, incluso en organismos encargados de hacer cumplir la ley. La Policía Nacional del Perú, golpeada por problemas de legitimidad, se ve nuevamente envuelta en un proceso que pone en entredicho su ética institucional.

La decisión final queda ahora en manos del Poder Judicial. Pero, más allá del caso individual de Zanabria, el país enfrenta una pregunta de fondo: ¿qué controles fallaron para que esto ocurriera y cómo evitar que se repita?

Y cómo lo hace, cuál es el negocio. Qué buena vida la de algunos alcaldes que les gusta realizar Tiktoks empleando su tiempo y personal de su municipalidad, hacer transmisiones en vivo en sus redes sociales con conocidos streamers o youtubers, pero ignorando que a tan solo unas cuadras cientos de ambulantes invadan las calles de su jurisdicción, o de celebrar su cumpleaños a todo dar, pero sin dar mayores explicaciones sobre cómo se ha financiado todo ese derroche de dinero.

El polémico alcalde de Comas, Ulises Villegas, se encuentra envuelto nuevamente en una polémica tras anunciar que tiene previsto realizar un megaevento con motivo de sus 50 años de vida y para ello tiene en mente convocar a una estela de orquestas musicales para este 28 de julio en el estadio Musga.

De acuerdo a la publicidad, el evento será gratuito y estará abierto al público. Entre los artistas confirmados figuran Deyvis Orosco, Grupo Guinda, La Bella Luz, Chechito, Toño Centella, Sonia Morales y La Única Tropical.

Panamericana Televisión intentó comunicarse con el alcalde para tener mayor conocimiento sobre el financiamiento de este evento y si es que se utilizarán recursos del Municipio, sin embargo, no se encontró un pronunciamiento oficial de parte del alcalde Villegas.

Sentenciado por colusión

En abril de este año, Villegas fue condenado en primera instancia a seis años de prisión por el delito de colusión agravada. El fallo, emitido por el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte, se relaciona con su gestión anterior como funcionario de la Municipalidad de Independencia.

La sentencia señala que la autoridad, junto a otros exfuncionarios, autorizó la entrega de la obra “Mejoramiento de vías de la prolongación Santa Rosa y pasaje De la Cruz” pese a que no estaba concluida. Esta decisión ocasionó un perjuicio económico al Estado.

También fueron condenados Rubén Jiménez (exgerente municipal), Elizabeth Espinoza (exgerente de Infraestructura), Pedro Ancajima (ingeniero de planta) y César Cervantes (supervisor de obra). Todos fueron considerados coautores del delito. Además, Santos Espinoza y Raymundo Concepción recibieron una pena de tres años por falsedad ideológica.

Los sentenciados quedaron inhabilitados para ejercer funciones públicas o contratar con el Estado durante cinco años, pero como no es un fallo definitivo, un tribunal superior debe revisar la decisión y, si corresponde, confirmarla.

La congresista Kelly Portalatino protagonizó un sorpresivo giro político al anunciar, en menos de diez días, su renuncia y posterior retorno a la bancada de Perú Libre, el partido que la llevó al Congreso. Aunque en su carta de dimisión, dirigida al vocero Flavio Cruz, alegó “motivos estrictamente personales”, su rápida reincorporación plantea dudas sobre los verdaderos motivos detrás de ambas decisiones.

El anuncio de su retorno lo realizó el martes 22 de julio a través de su cuenta en la red social X, donde aseguró que, tras una “reflexión honesta”, había reconsiderado su renuncia. “Las convicciones profundas no se abandonan por temas personales”, escribió, afirmando que su salida fue “precipitada” y que no se apartará del camino recorrido junto a la población.

Sin embargo, este brusco cambio de postura no pasó desapercibido. La parlamentaria descartó que su regreso esté motivado por intereses personales y aseguró que lo hace porque el pueblo “necesita organización, lucha y esperanza”. A pesar de los rumores, también negó cualquier conflicto con el líder del partido, Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, a quien incluso etiquetó en su publicación.

La sincronía entre su renuncia y la transmisión en vivo realizada por Cerrón, poco antes del anuncio de Portalatino, no ha dejado de llamar la atención. ¿Fue realmente una decisión personal o respondió a presiones internas dentro del partido? Aún más llamativo fue el respaldo que la congresista expresó, tras su retorno, a la candidatura de Waldemar Cerrón para la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso para el periodo 2025-2026.

Portalatino agradeció la “tolerancia” del partido del lápiz frente a su decisión y afirmó: “No me voy a retirar del partido, me mantengo como militante”. Pero su repentino vaivén ha puesto en entredicho la consistencia de sus decisiones políticas y la transparencia de sus motivaciones.

Su caso refleja un patrón ya conocido en el Congreso peruano: la inestabilidad y la falta de coherencia en las posiciones de algunos legisladores, muchas veces más atentos a los cálculos políticos que a la voluntad popular que dicen representar.

El congresista José Jerí fue confirmado como candidato de la bancada Somos Perú para integrar la nueva Mesa Directiva del Congreso en el periodo legislativo 2025-2026. A través de un comunicado publicado en la red social X, el grupo parlamentario hizo oficial su postulación, que ya venía siendo comentada desde hace semanas en el Congreso.

En el mismo anuncio, se informó sobre otros cambios internos, como el nombramiento de la congresista Ana Zegarra como nueva vocera, en reemplazo de Héctor Valer. La bancada expresó que Jerí fue elegido por su “capacidad para promover el diálogo y construir consensos” dentro del Parlamento.

Sin embargo, su postulación se da en medio de serias investigaciones fiscales. El legislador del partido del corazón es acusado de presunta agresión sexual contra una mujer que lo señala de haberla atacado y ultrajado durante una reunión en las celebraciones por Año Nuevo en la provincia de Canta. Por este caso, el pasado 15 de julio, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, decidió que la fiscal suprema Zoraida Ávalos continúe con la investigación.

Uno de los aspectos que agrava la situación legal de Jerí es que el Poder Judicial le ordenó seguir un tratamiento psicológico en un centro de salud cercano a su domicilio, medida que debía cumplirse en un plazo de 15 días. Sin embargo, no existen pruebas oficiales de que haya cumplido con esta disposición judicial.

Frente a las acusaciones, el congresista ha insistido en su inocencia y ha asegurado estar colaborando con el Ministerio Público. Según ha declarado, las denuncias en su contra formarían parte de una “campaña de desprestigio”.

Además del caso de presunta agresión, José Jerí también es investigado por un posible enriquecimiento ilícito. En enero de este año, se detectó un incremento en su patrimonio, que de S/97 mil habría pasado a más de un millón de soles sin justificación clara.

Pese a estos cuestionamientos, Somos Perú respalda su candidatura a la Mesa Directiva del Congreso.

La última vez que la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, le tomó más de tres horas decir lo que su gobierno tenía en mente hacer en los próximos 365 días, sin embargo, más fue el tiempo que se tomó en pronunciar su discurso que lo que se realizó de manera efectiva.

En aquella ocasión, la mandataria se despachó hablando sobre mejorar la salud y la educación en el país, pero teniendo a un ministro de Educación como Morgan Quero es más que evidente que esa cartera no es prioridad para ella. Así también desde el sector Salud, las colas no han desaparecido ni la carencia de medicamentos desde que el ministro César Vásquez se encuentra al frente de ese portafolio, al contrario, la situación se ha agravado durante los últimos meses tras las denuncias de tomógrafos presuntamente averiados de manera intencional.

En el aspecto del crimen organizado es más que notorio que la jefa de Estado no ha sabido conducir correctamente sus esfuerzos y todas sus estrategias solo fueron ‘flor de un día’, como los tan ineficientes y repetidos estados de emergencia en distintos departamentos del Perú. Es ahí donde la población no encuentra una respuesta clara por parte del Ejecutivo, llegando a sospechar incluso que estarían coludidos con las más poderosas organizaciones criminales, dejándolos delinquir libremente o realizar el mínimo esfuerzo por capturar a sus cabecillas.

En el ámbito económico, pocos son los proyectos originales de su mandato, arrogándose en varias ocasiones obras iniciadas en otros gobiernos, como por ejemplo el nuevo aeropuerto Jorge Chávez o el megapuerto de Chancay. Para buena fortuna de Boluarte, aún permanece inmóvil Julio Velarde al frente del Banco Central de Reservas del Perú (BCRP); es finalmente él quien le otorga algo de estabilidad a la moneda nacional tras tantos conflictos sociales ocurridos durante los últimos meses.

La jefa de Estado se llena la boca diciendo que estamos mejor a nivel económico, pero la realidad es completamente distinta. A propósito de ello, a casi millón y medio de peruanos no les alcanza su sueldo mínimo para costear media canasta familiar, la misma que borda aproximadamente S/. 1,700.

Otro factor relevante que representa una ‘cruz’ para la mandataria es lo relacionado a la minería ilegal, la misma que representa millones de soles en pérdida al año para la recaudación del país, sin mencionar que también ha significado un coste de decenas de vidas en regiones como La Libertad, Arequipa o Madre de Dios. Ese conflicto se ha visto agudizado hace menos de 10 días con el bloqueo de carreteras en el sur del país, paralizaciones que han significado millones de soles en pérdidas para los agricultores.

Ahora, a un año de que deje el sillón presidencial, ¿volverá a repetir su extenso y vacío discurso sabiendo que no cuenta con el tiempo suficiente para concretar sus promesas? De ser así de aburrido, mejor sería dejarla hablando sola a tener que soportarla repitiendo hasta el cansancio que tiene enemigos que solo se encargan de hacerle “terrorismo de imagen”. Para hacerle vivas y aplaudir como focas están sus ministros y los congresistas que oportunamente han visto conveniente archivar sus denuncias. El 28 de julio los volveremos a ver cómo agachan la cabeza nuevamente.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, enfrenta una denuncia penal presentada ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en contrataciones realizadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). La acusación se basa en la firma de contratos por más de 97 millones de soles con el estudio de abogados estadounidense ‘Boies Schiller Flexner’, de propiedad de su amigo personal Martín De Luca.

La denuncia fue presentada por el estudio jurídico Arbizu & Gamarra, dirigido por los exprocuradores Julio Arbizu y Ronald Gamarra. Según el documento, López Aliaga habría incurrido en los delitos de colusión y negociación incompatible al favorecer presuntamente al bufete con contratos sin procesos competitivos transparentes.

El vínculo personal entre el alcalde y el abogado Martín De Luca, ciudadano argentino y socio de Boies Schiller Flexner, ha sido reconocido públicamente por el propio burgomaestre López Aliaga. De hecho, ambos coincidieron en enero de 2025 durante la ceremonia de investidura presidencial de Donald Trump en Estados Unidos. Pocas semanas después en el mes de marzo, la Municipalidad Metropolitana de Lima firmó dos contratos adicionales con el estudio legal de su amigo por un total de 10,8 millones de dólares, lo que ha despertado sospechas sobre un posible conflicto de intereses.

De acuerdo con los denunciantes, esta cercanía pudo haber influido en la elección del bufete, que desde 2023 desde la gestión de López Aliaga, representa a la MML en tribunales norteamericanos. Sin embargo, los resultados obtenidos por este estudio han sido muy desfavorables, especialmente por haber perdido en el proceso para anular dos laudos arbitrales que actualmente obligan al municipio de Lima a pagar aproximadamente 200 millones de dólares a la concesionaria Rutas de Lima.

A pesar de estos fracasos legales, la gestión de López Aliaga continuó contratando al mismo estudio norteamericano, lo que también es cuestionado por el informe legal. Se denuncia que estas contrataciones se realizaron de forma directa, sin competencia efectiva y con procedimientos declarados reservados o poco transparentes.

Paralelamente, la MML decidió poner fin a su relación con el estudio Foley Hoag LLP, favorito del exalcalde Jorge Muñoz Wells, y que brindó servicios legales entre 2019 y 2024. Esta firma también había representado a la Municipalidad en los arbitrajes contra Rutas de Lima, pero fue retirada en mayo de 2025 tras perder los casos.

El caso sigue en investigación, mientras crecen las críticas por el manejo de fondos públicos en los contratos legales de la actual gestión municipal.

El titular de la cartera de Cultura Fabricio Valencia Gibaja, mediante Resolución Ministerial N° 000418-2024-MC designó temporalmente del 21 al 27 de julio de 2025 al abogado Orlando Alonso Barrantes Ravines como responsable de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp-Lambayeque del Pliego 003, la cual depende de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque (DDC), en adicción a sus funciones.

En vista que el responsable de dicha Unidad Ejecutora, y también director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque, Carlos Eduardo Wester La Torre hará uso de sus vacaciones durante esas fechas, las labores interinas serán asumidas por Barrantes Ravines.   

Como se recuerda, en febrero del 2011 según la Resolución Directoral N° 000014-2021-UE005/MC el entonces director y responsable de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp, arqueólogo Luis Alfredo Narváez Vargas, excluyó a Orlando Alonso Barrantes Ravines como Secretario Técnico del PAD de dicha Unidad Ejecutora, debido a una denuncia interpuesta por el fiscal Omar Ramos Gaona contra el mencionado abogado, por presuntamente haber incurrido en inconducta funcional y por supuesto abuso de autoridad en su intervención en el Complejo Arqueológico Morro, en puerto Eten, en Chiclayo.

En un país donde la inseguridad ciudadana se agrava cada día y cientos de comisarías operan con vehículos en estado deplorable, el alto mando de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha decidido priorizar la compra de autos de alta gama para sus propios oficiales. La medida, autorizada por el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), teniente general Víctor Zanabria Angulo, ha generado una ola de críticas tanto dentro como fuera de la institución.

La adquisición incluye 168 vehículos, entre ellos camionetas Audi para los tenientes generales, como el propio Zanabria Angulo, quien se adjudicó uno de estos lujosos automóviles. Según el portal del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), también se compraron 40 camionetas Toyota RAV4 para los generales (por S/5.2 millones) y 120 Toyota Corolla para los coroneles (por S/11.9 millones). El monto total supera los S/18 millones.

Contraste indignante con la realidad policial

Mientras estas compras se realizan, muchas comisarías en el país operan con patrulleros destartalados, sin combustible suficiente, equipos de comunicación obsoletos y personal mal equipado. Esta realidad contrasta de forma escandalosa con el nivel de gasto para satisfacer las necesidades de confort y estatus de una minoría de oficiales de alto rango.

Los vehículos fueron adquiridos tras un proceso de licitación que incluyó a 13 empresas automotrices, y finalmente fueron adjudicados a las concesionarias Euroshop y Autoespa. Cada vehículo Audi costó S/200,834, las Toyota RAV4 se compraron por S/131,683 cada una, y los Corolla a S/99,292.

Beneficiados y justificaciones legales

Entre los beneficiados, además de Zanabria Angulo, figuran el jefe del Estado Mayor de la PNP, Óscar Arriola; el inspector general Jhony Veliz; y el jefe de Operaciones, Carlos Céspedes. Las autoridades se amparan en una normativa del Ejecutivo que permite el financiamiento de vehículos oficiales. Sin embargo, la ley no establece marcas ni especificaciones de lujo, por lo que la elección recayó completamente en el criterio del Comando Policial.

Además, aunque los vehículos deben ser devueltos a la institución policial al pasar al retiro, existe la posibilidad de que los oficiales los compren a mitad de precio, como lo confirmó el general PNP (r) José Baella, quien criticó la decisión, señalando que en un contexto de creciente criminalidad, la Policía debería enfocar sus recursos en tecnología, armamento, movilidad y condiciones dignas para el personal en las calles. “Se debe tener criterio. Estas compras no son una prioridad cuando las comisarías no pueden operar con eficiencia”, advirtió.