En un nuevo episodio del podcast de Lima Gris, tuvimos como invitado al congresista Guido Bellido, quien fue directo para referirse a la inacción del gobierno y también responsabilizó a la minera Poderosa por los 13 asesinatos en Pataz.

«Es lamentable tener declarada la zona en estado de emergecia y que la policía no pueda ingresar a las diferentes zonas, los diferentes socavones. Esto ha sido un grave error por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros, también no haber avalado los hechos que la propia población estaba exigiendo, y más bien basarse en la información engañosa que ha dado la empresa minera poderosa. Definitivamente hay elementos para creer que hay un nivel de responsabilidad de la empresa Poderosa», señala Bellido Ugarte.

Aquí la entrevista completa sobre la masacre de Pataz.

El contrato de concesión del lujoso Hotel Sanctuary Lodge (senchury lodch), de propiedad de Rafael López Aliaga ubicado en Machu Picchu y operado por Perú Belmond Hotels, fue firmado en 1995. Pero en 2015 mediante una adenda firmada en la gestión del entonces gobernador sentenciado por corrupción Jorge Acurio, la concesión se prorrogó por 10 años. Es decir, culmina el próximo 16 de mayo.

Este glamoroso y exclusivo alojamiento es el único situado directamente en la entrada de la ciudadela inca, lo que permite a los huéspedes acceder al sitio arqueológico antes que el público general, y cuenta con un total de 31 habitaciones, que cuestan entre S/ 5,257 soles la noche en temporada baja, hasta S/ 10,884 soles por noche en temporada alta. Sin embargo, la administración Belmond apenas paga US$6 mil dólares al mes, por concepto de alquiler al Gobierno Regional de Cusco.

Mientras tanto, el GORE-Cusco ha confirmado que no renovará la concesión y ha iniciado acciones para recuperar la administración del hotel.

Desde el Congreso de la República, los parlamentarios cusqueños también recuperar el predio para su región. En esta entrevista en el podcast de Lima Gris, el congresista Guido Bellido nos cuenta sobre la situación del caso y nos da detalles del conflicto legal con el lujoso hotel que pretender quedarse en Machu Picchu.

A 24 horas antes de votar por la supuesta censura del premier Gustavo Adrianzén en el Congreso, la presidenta Dina Boluarte, pretende dar un ‘refrescada’ de última hora a su alicaído gabinete y de pronto juramentó a tres ministros, entre los que se encuentran el reciclado Raúl Pérez-Reyes en la cartera de Economía. Asimismo, juramentó el nuevo ministro del Interior, el general (r) PNP, Carlos Alberto Malaver Odías, en reemplazo de Julio Díaz Zulueta.

¿Acaso ya se negoció la censura de Adrianzén?

Sin embargo, la “carta bajo la manga” que ha reemplazado al cuestionado ministro Pérez-Reyes, es nada menos que César Sandoval Pozo, un abogado que ha ostentado diversos cargos en el sector público y una activa participación en la política nacional desde que empezó su ingreso al sector público en el gobierno de Alberto Fujimori.

Por esas fechas, en 1998, Sandoval Pozo fue investigado por los delitos de peculado y falsificación de documentos relacionados con su labor en Pronamachs, un proyecto del sector público que promocionaba el manejo de cuencas hidrográficas. Aunque no se especifica el resultado de la investigación, este antecedente forma parte de su historial profesional.

Militante de APP

Asimismo, César Sandoval Pozo es muy cercano a César Acuña Peralta. No por algo en abril de 2024, fue designado como asesor técnico del Despacho Presidencial por la presidenta Dina Boluarte, nombramiento que habría tenido que ver con su afiliación política con Alianza para el Progreso (APP).

Tal como figura en la plataforma web del ROP del JNE, Sandoval Pozo se afilió formalmente a APP en 2023, y se desempeñó como secretario nacional de Organizaciones y Gremios Sociales del partido acuñista, debido a la relación estrecha que mantiene con César Acuña. Incluso, ha expresado públicamente su apoyo incondicional a Acuña Peralta, considerándolo «el candidato natural para las elecciones del año 2026» y destacando su liderazgo dentro de APP.

Como se recuerda, en noviembre de 2024, el nuevo titular del MTC participó en una «campaña solidaria» en Trujillo junto a Juan José Fort Cabrera, gerente regional de Producción en La Libertad y cercano a César Acuña. Aquella vez Fort se identificó como «el discípulo más querido de César Acuña» y destacó su lealtad tanto a Acuña Peralta, como a Sandoval Pozo.

Ministro fue denunciado por su esposa

En el año 2017, el nuevo ministro de Transportes, César Sandoval Pozo fue denunciado por su esposa por presuntos actos de violencia familiar, que incluían agresiones físicas como golpes y lanzamientos de objetos. Luego el propio Sandoval Pozo afirmó que su esposa se retractó de la denuncia; sin embargo, esta acusación luego fue reportada por los medios de prensa. Asimismo, otra de las controversias obedece a los hechos de 2019, cuando participó en el deslacrado ilegal de oficinas del Ministerio Público, junto al entonces Fiscal de la Nación Pedro Chávarry. La Fiscalía investigó este hecho de manera preliminar; sin embargo, no se formalizó la acusación formal por presunto delito de corrupción.

Así como ocurrió con la designación del ministro de Salud, César Vásquez, militante de Alianza para el Progreso (APP) y cercano al líder del partido, César Acuña Peralta, hoy la incorporación de César Sandoval Pozo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) debería poner en alerta a la prensa de investigación. Este sector ministerial maneja una cartera significativa de proyectos de inversión e infraestructura, muchos de ellos estrechamente vinculados a intereses de grupos económicos privados y empresariales.

Costaba mucho imaginar que Dina Boluarte se atreviera a pedir permiso para viajar al Vaticano, sobre todo por la aguda crisis de inseguridad ciudadana que se vive en distintas regiones del país, sobre todo en la región de La Libertad, pero finalmente lo hizo.

A nuestra presidenta no le interesa que hayan fallecido 13 trabajadores de la empresa minera Poderosa, que todos los días asesinen a los ciudadanos por unos cuantos soles, que cierren colegios, bodegas, emprendimientos, que se paralice el transporte público, que todos los peruanos salgamos a la calle mirando siempre a los costados. A nuestra operada mandataria solo le importa una sola cosa en este momento: viajar al Vaticano para tomarse una foto con el papa León XIV y que esa imagen le otorgue cierta bendición divina.

A través del proyecto de Resolución Legislativa 1124/2024-PE, la chalhuanquina quiere estar presente en la entronización del sumo pontífice este 18 de mayo; es así que la jefa de Estado quiere abandonar el país desde el 16 hasta el 19 de mayo, argumentando que su viaje permitirá mantener “una presencia política al más alto nivel”.

Viaje de tres

Pero Boluarte Zegarra no viajaría sola, sino que estaría acompañada de los titulares del Congreso y del Poder Judicial (PJ), Eduardo Salhuana (Avanza País) y Janet Tello, respectivamente. De esta manera, los tres poderes del Estado estarían asistiendo a la misa de entronización de Robert Prevost, el papa con DNI peruano.

“Como es de su conocimiento, su santidad León XIV guarda un vínculo profundo y singular con nuestro país, donde desarrolló gran parte de su vida pastoral y adquirió la nacionalidad en el 2015. Su elección ha sido recibida con especial afecto por el pueblo peruano y constituye un hecho trascendencia histórica”, se lee en la resolución.

Su viaje ahora deberá ser aprobado por el Congreso que mañana debatirá la censura del premier Gustavo Adrianzén.

Recientemente se ha publicado la Ley 32324, que modifica y amplía el contenido de la Ley 31694, que regula el empadronamiento y la amnistía para la tenencia legal de armas de fuego de uso civil que no estén registradas, o que tengan licencia vencida, con el objetivo de formalizar la posesión, cuya adquisición haya sido lícita, pero que no figuren en los registros oficiales de «La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil (SUCAMEC), o cuenten con licencias canceladas.

Como se conoce, la Sucamec se ha convertido en los últimos años en una entidad draconiana, que restringe el uso de armas civiles a los ciudadanos de bien que invierten dinero, no solamente, en la compra de un arma licita; sino en los costes de los tramites y en el tiempo que les toma realizar exámenes teóricos y de tiro; sin saber si luego de aprobar los mismos, la entidad finalmente decida a otorgarles la licencia y tarjeta de propiedad respectivas.

Esta nueva norma permite que personas naturales o jurídicas empadronen sus armas ante la Sucamec, incluso aquellas que fueron otorgadas al amparo de la Ley de Armas (Ley 30299), que no tienen tarjeta de propiedad o tienen orden de decomiso.

Para acceder a esta tregua y al trámite, las armas deberán ser depositadas en los almacenes de la Sucamec, si el propietario no cuenta con licencia vigente. La nueva ley también especifica qué tipo de armas son empadronables: deben contar con número de serie legible o, en su defecto, que el regrabado haya sido realizado por las autoridades competentes. Quedan excluidas las armas con números de serie intencionalmente borrados.

En el texto normativo también se incorporan requisitos documentales para acreditar la procedencia legal del arma o las municiones. Estos incluyen una sucesión intestada a favor del solicitante o una declaración jurada que respalde el origen lícito del bien. Hay que añadir que la vigencia de esta ley será de cinco años desde su publicación y el Poder Ejecutivo deberá adecuar el Reglamento correspondiente en un plazo máximo de 60 días calendario.

Una vez más la población saldrá a las calles a exigir una respuesta más efectiva al gobierno de Dina Boluarte, quien más vive preocupada en la próxima cirugía que se va a realizar o en qué llevar en sus maletas para su viaje al Vaticano. Así de desconectada de la realidad se encuentra la autodenominada “madre de todos los peruanos” que repite en señal abierta que el país marcha a “paso firme”, sin embargo, lo único que mantiene su constancia es su completa desaprobación.

Es por ello que mañana distintos gremios vienen convocando un paro nacional para recodarle a la mandataria que el país no puede permanecer en pie si es que no hace nada por ponerle un freno a las extorsiones, las mismas que muchas veces salen desde una línea telefónica de un penal del país, esos centros penitenciarios que tienen el rótulo de “máxima seguridad”, pero que solo sirven de cárceles doradas para los líderes de las organizaciones criminales.

De norte a sur, regiones como La Libertad, Lima, Arequipa o Puno ya han confirmado su participación, la misma que viene siendo impulsada principalmente por la Confederación General de Transportes del Perú (CGTP); a ellos se suman estudiantes de distintas universidades, nacionales y particulares, profesores, obreros, comerciantes de Gamarra o el Mercado Central, bodegueros, y también los padres de familia que no pueden darle la espalda al terror causado por las bandas criminales.

“Vamos a concentrarnos desde las 8:00 a.m. en Gamarra y Unanue. Hacemos un llamado. Partiremos a las 11:00 a.m. para darnos encuentro en el Congreso… ese día se cierra Gamarra totalmente. Todo el Perú cierra”, manifestó Carlos Choque, representante del Comité contra la extorsión y el sicariato de Gamarra.

Por su parte, se espera que las regiones del sur del Perú adopten medidas más radicales. Ciudades como Arequipa, Juliaca y Puno, las mismas que le han hecho saber su rechazo en más de una ocasión a la jefa de Estado, ya vienen organizándose para que ese día se interrumpa toda la circulación vehicular.

La situación no será distinta en La Libertad, precisamente en Pataz, donde hace poco Dina Boluarte estuvo ahí, pero de manera discreta sin querer conversar con el alcalde de Pataz y demás autoridades. Es ahí donde se espera que la población salga en multitud a reprocharle al Gobierno Central su poca participación para erradicar la minería ilegal.

La situación se va tornando cada vez más insoportable, convirtiendo todo ello en una enorme olla de presión a punto de explotar. La paciencia de la gente se va acabando y cada vez más personas saldrán a las calles, porque ni en sus hogares se encuentran seguros.

Ni Pedro Castillo, conociendo su pésimo gobierno, había alcanzado semejante desaprobación. Parece que Dina Boluarte solo quiere ver y escuchar lo que le conviene, o sencillamente prefiere mirar al costado y fingir que vivimos en un país donde las extorsiones no existen, la inseguridad ciudadana es solo cosa del pasado, la pobreza fue finalmente superada, o que la minería ilegal fue de una vez por todas combatida sin requerir a ineficientes estados de emergencia.

Una respuesta a esa suerte de ‘universo paralelo’ en el que vive podría encontrarse en su entorno, donde se encuentra rodeada de ministros que solo mueven la cabeza en señal de aprobación, exaltando sus obras por más pequeñas que sean, asegurando que la mandataria trabaja día y noche para sacar adelante el país, o sencillamente dando la cara a los periodistas que no pueden conversar con ella desde hace más de 200 días.

Asimismo, tal pareciera que todo su despacho presidencial le ‘siguiera la corriente’, dándole la razón a todo, así ella esté completamente equivocada. Boluarte ha creado una burbuja para demostrarle al exterior que vivimos en “paz y armonía”.

“(Vemos) un país donde las empresas pueden crecer con libertad, con garantía, seguridad, pero también con responsabilidad social. Un crecimiento que permitió que 400 mil peruanos salgan de la pobreza, y los datos del INEI lo demuestran. No es cuestión de suerte, no es una situación al azar, es un trabajo duro de nuestro Ejecutivo, pero también de ustedes”, manifestó la presidenta muy sonriente, como si estuviera en un comercial de televisión.

Lo que no dijo en su discurso de ayer es el resultado de la última encuesta realizada por Ipsos, situándola con un 2 % de aprobación a nivel nacional y colocándola con 0 % en el norte del Perú, cifras que demuestran que no viene haciendo bien las cosas.

“Hoy el Perú avanza con decisión y el rumbo está claro: seguir liderando el crecimiento económico (…) Con inversión privada, talento nacional y espíritu emprendedor, estamos construyendo un Perú más próspero, moderno y competitivo. El camino ya comenzó y nos está llevando a buenos resultados. Estamos en marcha y con paso firme”, concluyó.

¿Por qué tanto rechazo?

Cabe recordar que Dina Boluarte asumió la presidencia como primera vicepresidenta dentro de la plancha de Perú Libre, y por sucesión constitucional juramentó como presidenta el 7 de diciembre del año 2022 tras la abrupta salida de Pedro Castillo. Luego de ello, Boluarte se aparta del partido del lápiz aduciendo diferencias ideológicas que hasta la fecha no han sido bien explicadas, sin embargo, tal como va manejando su gobierno se puede evidenciar que tiene una postura más inclinada hacia la derecha.

Sin una bancada nativa que la apoye desde el Congreso, la presidenta ha tenido que tejer puentes con las demás bancadas, tales como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso o Acción Popular, entre otras, que en determinadas circunstancias votan en contra de censuras o mociones de vacancia. Sin embargo, esos mismos acuerdos no se han podido realizar con la ciudadanía, pues ven con amargura que tanto el Ejecutivo como el Legislativo vienen apoyándose mutuamente para permanecer en el poder, y si a todo ello se suma la incesante inseguridad ciudadana, la respuesta no podría ser otra que el evidente rechazo.

El congresista Guido Bellido Ugarte envió el Oficio N° 2395-2024-2025-GBU/CR al presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Ilich Fredy López Ureña para solicitarle con carácter de urgencia que se sirva a emitir el dictamen respectivo, respecto del proyecto de Ley N° 10440/2024-CR, titulado “Ley que autoriza el retiro facultativo de los fondos de los afiliados en el sistema privado de pensiones hasta por 4 UIT”, con el objetivo de proseguir con el trámite parlamentario respectivo, para poder agendar a debate y la aprobación de la iniciativa en mención.

Como se recuerda, el legislador de Podemos Perú presentó el proyecto legislativo el pasado 3 de marzo de este año y posteriormente, el miércoles 07 de mayo, sustentó los alcances de su iniciativa de retiro facultativo de fondos de AFP, ante el grupo de trabajo que preside justamente el parlamentario López Ureña.

Y en vista que ya transcurrió el plazo superior para la emisión de dictámenes, conforme a lo estipulado en el marco normativo parlamentario, Bellido Ugarte mediante carta formal realizó el pedido.

Por su parte, Ilich López, presidente de la comisión, reveló la semana pasada que sí se encuentran trabajando en un dictamen, pero que también incluye opciones alternas de uso de los fondos de las AFP. Mientras, este sería el cuarto proyecto que sería discutido, dejando ocho que aún no han sido sustentados.

De aprobarse el proyecto, éste permitiría el octavo retiro de fondos de AFP estableciendo un acceso de hasta 4 UIT (S/21 mil 400) de los fondos privados de pensiones para cada afiliado (en tanto estos tengan los fondos disponibles). Pero permitiría que todo el monto, en caso se solicite este máximo, llegué en menos tiempo: la primera y segunda UIT en cada 30 días cada una, y las 2 UIT restantes en 30 días juntos.