El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, no puede evitar estar en el centro de la polémica tras haber lanzado insultos desmedidos y profundamente ofensivos contra Abilia Ramos, presidenta de las Ollas Comunes de San Juan de Lurigancho, quien días antes denunció la entrega de sangrecita de pollo en mal estado por parte de una empresa contratada por la Municipalidad.

En lugar de responder con responsabilidad ante una denuncia pública que involucra directamente a su gestión edil en la provisión de alimentos básicos para familias vulnerables, el alcalde de Renovación Popular optó por atacar personalmente a la dirigente. “Una olla que estamos localizando, que es politizada, que está ligada a una señora de izquierda, mentirosa, asesina y ladrona”, declaró López Aliaga en un acto público, desatando la indignación de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.

Las declaraciones no solo carecen de evidencia y sustento, sino que constituyen una grave falta de respeto hacia una mujer que representa a cientos de madres que, desde 2020, sostienen la alimentación comunitaria en los barrios más golpeados por la crisis económica y social. Lejos de responder con altura a una crítica legítima, López Aliaga optó por el insulto, el desprecio y la desinformación.

Frente a ello, la ‘Red de Ollas Comunes de Lima’ a través de un pronunciamiento público expresó su más enérgico rechazo a las expresiones del alcalde.

“No es solo una falta de respeto personal; es una agresión contra todas las mujeres que, desde el año 2020, respondemos a la desidia del Estado con organización y solidaridad. Nos parece indignante que una autoridad municipal que además pretende postular a la presidencia de la República, se exprese con desprecio hacia quienes hemos sostenido y seguimos sosteniendo la alimentación de miles de familias durante la pandemia y luego, con el alza del costo de vida, la falta de presupuesto y el aumento en el precio de los alimentos”, señalaron.

Recordaron, además que el trabajo de las ollas comunes es voluntario, sostenido con esfuerzo y dignidad, y ha sido fundamental durante la pandemia y la posterior crisis alimentaria.

El detonante del conflicto fue la denuncia sobre la entrega de sangrecita de pollo en pésimo estado a varias ollas comunes de San Juan de Lurigancho. Lejos de anunciar una investigación o verificar las condiciones de la entrega, el alcalde de Lima se refugió en el ataque verbal y la descalificación ideológica. Una estrategia que, según diversos analistas, busca distraer la atención pública de la verdadera gravedad del caso: el posible uso de recursos municipales para entregar alimentos en condiciones inadecuadas.

La ‘Red de Ollas Comunes’ también cuestionó duramente las afirmaciones del burgomaestre respecto a una supuesta disminución de la anemia infantil en Lima, atribuida únicamente a la entrega de sangrecita. Consideraron que esta visión es “simplista, peligrosa e irresponsable”, ya que invisibiliza las múltiples causas del problema, como el acceso limitado a alimentos nutritivos, servicios de salud deficientes y la falta de educación alimentaria.

“Expresamos nuestra extrañeza frente a las declaraciones del acalde que sin respaldo técnico afirma que gracias a su gestión se ha reducido la anemia en Lima Metropolitana, de 70% a 30%. Reducir el problema de la anemia a la entrega de sangrecita es una visión simplista y peligrosa. La anemia es un problema de salud pública multicausal, vinculado a múltiples factores como el acceso a alimentos nutritivos, agua segura, servicios de salud, vivienda adecuada y reducación alimentaria. Invisibilizar esa complejidad con fines propagandísticos es irresponsable”, también señalaron en el pronunciamiento.

A esto se suma la preocupación por el uso político de cifras sin respaldo técnico, justo en momentos en que el alcalde ha manifestado sus intenciones de postular a la presidencia de la República.

Las lideresas de las ollas comunes exigen una rectificación inmediata y una disculpa pública por parte de Rafael López Aliaga. “No se trata solo de una falta de respeto a una compañera. Es un agravio a todas las mujeres que sostenemos con nuestras manos la alimentación de miles de familias peruanas”, expresaron con firmeza.

Desde la sociedad civil, distintas voces se han sumado al repudio. El silencio o la tibieza frente a declaraciones de este calibre normaliza el abuso de poder, la violencia política y la criminalización de la protesta social.

Porque cuando una autoridad insulta sin pruebas a una mujer que exige transparencia, lo que está en juego no es solo su honor: está en juego la dignidad de miles que luchan día a día contra el hambre, la indiferencia estatal y, ahora, también contra la agresión desde el poder.

Cambio de timón. El Gobierno oficializó ayer el cambio en la presidencia del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao, organismo encargado de organizar y gestionar el sistema integrado de transporte en la capital. A través de la Resolución Suprema n.° 006-2025-MTC, publicado en el diario oficial El Peruano, se aceptó la renuncia de David Hernández Salazar como miembro y presidente del Consejo Directivo de la entidad.

En el documento, refrendado por el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se agradece a Hernández Salazar “por los servicios prestados”, sin dar mayores explicaciones del porqué de su repentina salida.

Poco después, mediante la Resolución Suprema n.° 007-2025-MTC, el Ejecutivo designó a Jaime Francisco Romero Bonilla como nuevo miembro y presidente del Consejo Directivo de la ATU, conforme a la propuesta del MTC.

Romero Bonilla asumirá la Presidencia Ejecutiva del organismo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley N.° 30900, que establece la estructura directiva de la ATU. Dicha norma señala que el Consejo Directivo está conformado por ocho miembros designados por un período de cinco años, y que el presidente del Consejo ejerce también la función ejecutiva de la entidad.

La designación de Romero se sustenta en lo establecido por la legislación vigente, incluyendo la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley que regula la participación del Ejecutivo en el nombramiento de funcionarios públicos, así como los reglamentos internos del MTC y de la propia ATU.

Nuevo presidente de la ATU viene siendo investigado

En 2023, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao solicitó una condena de 5 años y 11 meses de prisión efectiva contra el entonces gobernador regional del Callao, Dante José Mandriotti Castro, por el presunto delito de colusión agravada.

La acusación también incluyó al entonces gerente general del Gobierno Regional, Jaime Romero Bonilla, y otros funcionarios, por presuntas irregularidades en la contratación de servicios durante el XI GORE Ejecutivo en 2019.

Según la tesis fiscal, se habrían contratado proveedores allegados y sobrevalorado servicios no justificados, generando un perjuicio económico de S/ 32,348 al Estado. La acusación se sustenta en 34 elementos de convicción, incluyendo informes del Órgano de Control Institucional (OCI) que detectaron sobrevaloraciones de hasta 200 % en algunos servicios.

Ya parecen piratas, pues no tienen bandera. A solo cinco días para la conformación de la nueva Mesa Directiva, otros tres parlamentarios decidieron pasarse a una nueva bancada que acepte sus ‘términos y condiciones’. Se trata de los legisladores Luis Cordero Jon Tay, Jorge Flores Ancachi y Segundo Quiroz, quienes se suman a Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña. Con esta inclusión, la agrupación parlamentaria de ‘Plata como cancha’ ahora tiene 17 representantes en el Legislativo, permaneciendo por detrás de Fuerza Popular que tiene 21.

Cabe mencionar que Luis Cordero renunció a la bancada de Somos Perú, el congresista Ancachi dejó Podemos Perú, en tanto su colega Quiroz hizo lo propio deslindándose del Bloque Magisterial.

Tras la partida de Óscar Zea, el Bloque Magisterial, formado en mayo de 2022, queda disuelto al no contar con el mínimo requerido de integrantes, el reglamento exige un mínimo de cinco participantes.

En tanto, las bancadas con 11 integrantes cada una son: Podemos Perú, Perú Libre y Renovación Popular. Mientras que Acción Popular y Somos Perú cuentan con 9 miembros.

Juntos por el Perú – Voces del Pueblo con 8; y Avanza País con 6. Las bancadas Socialista, Honor y Democracia, y el Bloque Democrático Popular suman 5 legisladores cada una. Los no agrupados alcanzan 10 parlamentarios.

Mientras la pobreza y la exclusión social siguen golpeando a millones de peruanos, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, se alista para representar al país en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de la ONU, que se realizará en Nueva York del 20 al 23 de julio.

Su viaje, oficializado mediante la Resolución Suprema N.º 158-2025-PCM y firmado por Dina Boluarte Zegarra, ha sido presentado como una oportunidad para «visibilizar los avances del Perú» ante la comunidad internacional. Sin embargo, la realidad interna dista mucho de ese discurso optimista.

Urteaga Peña, quien asumió el MIDIS tras una gestión muy cuestionada en el Ministerio de Cultura, ha sido criticada por su bajo perfil técnico, la falta de liderazgo y la inacción frente al alarmante aumento de la pobreza en los últimos años. Bajo su gestión, los programas sociales no han mostrado mejoras sustanciales, y la articulación territorial sigue estancada.

El evento en Naciones Unidas, aunque relevante en la agenda global, corre el riesgo de convertirse en otro acto simbólico para el gobierno de Boluarte: mucha diplomacia, poca gestión real.

Durante su ausencia, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, quedará a cargo del despacho del MIDIS. A pesar de ello, la resolución indica que todos los gastos del viaje serán cubiertos por el propio ministerio, en un contexto donde las prioridades presupuestales del sector deberían estar enfocadas en atender las urgencias sociales.

¿Realmente se están exponiendo avances, o simplemente se está maquillando una gestión sin resultados para ganar visibilidad internacional? La presencia de Leslie Urteaga en foros globales puede sonar bien, pero poco aporta si en casa las cifras siguen en rojo.

En una conversación sin rodeos, el congresista Carlos Zeballos conversó con el periodista Edwin Cavello para una nueva edición del podcast de Lima Gris, transmitido por NEO TV. A lo largo de poco más de media hora, el parlamentario abordó temas que rara vez ocupan los titulares, pero que son claves para entender el trabajo político más allá del escándalo.

Zeballos, actual presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso, defendió la necesidad de apostar por la conectividad nacional como una política pública transversal. “No puede haber desarrollo sin acceso a internet, sobre todo en las zonas rurales”, afirmó, subrayando los esfuerzos por reactivar la llamada red dorsal nacional, uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos —y rezagados— del Estado peruano.

Uno de los momentos más relevantes de la entrevista fue cuando se refirió a la crisis hídrica que amenaza a varias regiones del país. Zeballos reveló que ha solicitado información al Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) para anticipar escenarios de escasez de agua. Su mensaje fue claro: el Perú necesita planificar ahora o pagar las consecuencias después.

El congresista también habló de su participación en la Comisión de Fiscalización, donde ha adoptado una postura crítica frente al Ejecutivo, pero sin alinearse con los sectores más radicales. Reivindicó su independencia parlamentaria y su compromiso con una fiscalización que no se convierta en circo político. “Fiscalizar no es perseguir, es hacer que las cosas funcionen”, dijo con énfasis.

Durante la entrevista, el parlamentario también se refirió a uno de los temas que más preocupa a los asegurados: el estado crítico de EsSalud. Denunció la existencia de una “mafia enquistada” en el sistema de salud estatal, con redes de corrupción que, según él, bloquean cualquier intento de reforma. Cuestionó además el deficiente servicio que reciben millones de peruanos pese al presupuesto millonario que maneja la institución. “Essalud se ha convertido en un botín político”, advirtió, al tiempo que exigió que se investigue la designación de funcionarios y las contrataciones irregulares. Su postura evidencia que, más allá de las comisiones técnicas, el congresista no teme tocar intereses poderosos.

Esta conversación es una invitación a mirar más allá de los titulares y escuchar a un legislador que intenta posicionarse desde el trabajo técnico y el debate de ideas.

Aquí la entrevista completa.

¿Doble agente? Antes de convertirse en el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero conversaba efusiva y activamente en un chat privado junto a mineros artesanales y demás funcionarios en ejercicio. En las conversaciones difundidas por el dominical Punto Final se puede leer que en reiteradas ocasiones Montero impulsa la idea de que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) le compre el oro a los mineros artesanales; así como a la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), discurso que ha ido cambiando cuando se convirtió en ministro de Energía y Minas.

En el chat grupal denominado MAPE (Minería Artesanal y en Pequeña Escala), con 181 miembros, participan desde mineros informales hasta investigados por delitos ambientales y crimen organizado. Entre ellos, figuran Adolfo Valverde Calipuy e Isidoro Calizaya López, así como figuras políticas de alto nivel, entre ellas el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y el propio Montero, quien se integró al grupo en agosto de 2024. Allí, Montero fue recibido como experto y participó activamente en debates sobre el REINFO y el futuro del sector.

*El chat grupal del ministro* | donde el titular del @MinemPeru Jorge Montero, coordina con mineros informales. Además, se conoció lo que piensa el ministro sobre #REINFO y planteaba que el oro sea comprado por el @bcrpoficial @presidenciaperu @Latina_pe @TrujiYo pic.twitter.com/VVCPz2yYJX

— César A. Ipenza (@cipenza) July 21, 2025

“Incomodar al señor Velarde”

En las conversaciones, Montero sugiere que el BCRP tome una postura más activa comprando oro de los mineros informales, postura que meses después con el PL 06035/2023 del congresista Jorge Flores Ancachi resonaría nuevamente como alternativa pero que inmediatamente el Banco Central, encabezado por Julio Velarde, saldría a decir que es absolutamente inviable.

En el chat, Montero no solo defendió la compra estatal de oro, sino que también desafió al presidente del BCRP: “El Perú es el séptimo productor mundial de oro (sin contar el oro informal) y el primer productor de plata mundial. Ambos metales son RIN. Incomodemos un poquito al señor Velarde y que nos explique cómo piensa articular nuestro patrimonio geológico con nuestras reservas internacionales, en un contexto de explosivo con viento en popa. A ver si nos sorprende con una inteligente articulación de la ley MAPE”, escribió.

Sin embargo, una vez en el cargo de ministro, Montero matizó su postura. En marzo de 2025, desde el Minem, afirmó en un comunicado que su gestión no respaldaría la compra de oro por parte del BCRP.

Pese a haber sido censurado por el Congreso por su deficiente gestión en el Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez volvió rápidamente al círculo más cercano de la presidenta Dina Boluarte. Ahora ocupa el flamante —y hasta ahora inexistente— cargo de jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental en Palacio de Gobierno. Un despacho creado durante esta gestión, sin antecedentes ni funciones claramente definidas.

Desde su retorno, el exministro no ha dejado de generar controversia. Según reportes periodísticos, Santiváñez estaría asumiendo responsabilidades que exceden su cargo formal, como reuniones con el primer ministro Eduardo Arana y otros miembros del Gabinete. Todo esto, sin que hasta hoy el Ejecutivo haya explicado qué funciones cumple realmente, ni por qué fue reincorporado.

La situación se agrava al conocerse que la oficina que dirige reparte cerca de 900 mil soles al año solo en sueldos, tras una reciente contratación de seis nuevos funcionarios. Estos trabajadores, entre asesores y especialistas, perciben entre 4 mil y 7 mil soles mensuales. El aumento se oficializó el pasado 5 de junio, cuando se aprobó una nueva estructura de puestos en el Despacho Presidencial.

Cabe señalar que los 900 mil soles estimados no incluyen otros gastos operativos, logísticos ni de mobiliario, por lo que el gasto real podría ser aún mayor. Un lujo que contrasta con la falta de recursos en sectores como salud o educación, y que deja en evidencia el uso discrecional del presupuesto para mantener aliados políticos.

Ante este panorama, el congresista Edward Málaga envió un oficio a la presidenta Boluarte Zegarra exigiendo explicaciones claras sobre las funciones y razones del retorno de Santiváñez. El legislador fue contundente en su crítica:

“Resulta inexplicable que un exministro censurado por su fracaso en enfrentar la inseguridad ciudadana —una incapacidad cuyo costo se mide en vidas humanas— sea premiado con un nuevo cargo en el corazón del poder”.

La reincorporación de funcionarios cuestionados parece ser parte de un patrón en el gobierno de Dina Boluarte, que lejos de rendir cuentas o corregir errores, se les acomoda en nuevas oficinas, creadas a la medida y con amplios recursos públicos. Una práctica que erosiona aún más la ya debilitada confianza en las instituciones.

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La nueva oficina de Juan José Santivañez implica un gasto de casi 900 mil soles en sueldos. Un despacho que eleva el gasto público sin precedentes previos

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— Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) July 21, 2025

Invasiones como cancha, parte dos. La cultura de tomar aquello que no es de uno es casi una constante y modo de vida de miles de personas, quienes poco a poco y de manera nada disimulada van tomando algo que en el papel le pertenece a toda la comuna; sin embargo, en un acto completamente egoísta y altanero, con los años ese pasaje, ese parque, o esa vereda pasa a propiedad de algunos malos peruanos.

Así, una parlamentaria cuestionadísima durante las últimas semanas por presuntamente ocultar su tesis, ahora sale nuevamente en el ojo de la tormenta por supuestamente apropiarse de espacios públicos. La congresista María Acuña, de Alianza para el Progreso (APP) ha sido denunciada nuevamente por ocupar ilegalmente un espacio que no le pertenece. Un reportaje difundido por el dominical Cuarto Poder revela que la hermana de César Acuña habría tomado posesión de una calle completa en Pimentel, Chiclayo.

De comprobarse, no solo habría ocupado un parque en Surco, sino que la misma historia se estaría repitiendo en Chiclayo, donde la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) habría levantado un cerco perimétrico en plena vía pública, bloqueando la continuidad de la calle N, ubicada en la urbanización El Santuario, junto al colegio Ceibos.

#CuartoPoder revela una nueva invasión de la congresista María Acuña. No solo se habría apropiado de un parque en Surco, ahora documentos oficiales la vinculan con otra ocupación ilegal en Pimentel, Chiclayo ► https://t.co/T3blzG3s0R pic.twitter.com/JUIxCsanbi

— Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) July 21, 2025

Orden de demolición estaba desde el 2022, pero nadie movía un dedo

La Municipalidad Distrital de Pimentel emitió una orden de demolición en 2022 por afectar el tránsito, sin embargo, hasta julio de 2025, la estructura permanecía en su lugar.

Durante una entrevista televisiva, María Acuña negó responsabilidad y alegó desconocer de la resolución de demolición. El dominical reseñó que, pese a la resolución vigente, el alcalde de Pimentel, Enrique Navarro Sousa, del mismo partido que Acuña, evitó aplicar la medida.

El cerco finalmente fue retirado por la legisladora de APP cuando fue confrontada y descubierta.