La congresista Norma Yarrow denunció que los gremios de salud de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) llevan 75 días en huelga indefinida sin encontrar solución hasta el momento a su pliego de reclamos que tiene que ver, principalmente, por presuntos malos manejos y actos de corrupción de los Fondos de Seguro de Cesación del Personal Civil de las FF AA y del Ministerio del Interior.

En ese sentido, la legisladora indicó que ha enviado sendos oficios al ministro de Defensa, Walter Astudillo, con la finalidad de que informe sobre las acciones adoptadas por esta situación.

“Los gremios de salud de las FF AA, solicitan que se emita el proyecto de Decreto Supremo de liquidación y disolución del Fondo de Seguro de Cesación del personal civil de la Fuerzas Armadas y Ministerio del Interior. Además, señalan que habría una vulneración de derechos y represalias por encontrarse en huelga indefinida. Es necesario que se tomen decisiones a la brevedad, por lo que he solicitado una reunión urgente con el ministro Walter Astudillo”, sostuvo la parlamentaria.

La representante de Renovación Popular también ofició al ministro Astudillo para que remita “el estado contable del fondo en mención, adjuntando el informe del Ministerio de Economía que habrían remitido a su despacho al respecto”.

AL MEF

De la misma manera, Yarrow Lumbreras envió otro oficio al ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, solicitándole informar sobre la ejecución presupuestal 2024 y del presupuesto asignado para el año fiscal 2025 para el Hospital Militar Central “Luis Arias Schreiber”,

Luego de reunirme con su director, el coronel EP de Sanidad Edgar Mario Cano Polo, nos informó que este nosocomio recibe a mil pacientes por día, pero que no cuentan con el presupuesto suficiente para la atención de dicha demanda. Además, existen 200 cirugías pendientes desde noviembre del año pasado, el laboratorio no cuenta con los reactivos necesarios y que las demandas laborales del personal de enfermería no habrían sido resueltas”, concluyó.

Al parecer, para el expresidente de la República Martin Vizcarra Cornejo la justicia se debe tomar a broma, porque pese a que tiene dos inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, y hay una tercera en proceso, él continúa haciendo giras proselitistas de su partido Perú Primero, y este fin de semana estuvo en Puno participando en las festividades de la Virgen de La Candelaria. Allí anunció que, en caso sea electo presidente, no descartaría indultar a Pedro Castillo.

“Yo creo que (Pedro Castillo) injustamente está en la cárcel. Injusto, porque lo han vacado sin darle el derecho de defensa (…) Fue un mensaje golpista, pero no dio un golpe de Estado”, expresó hace unos días en un medio local.

Aunque, también cuestionó el gobierno de Pedro Castillo y aseguró que fue un mal gobernante, al afirmar que «no estuvo preparado para ser presidente».

«Ese mismo día lo vacan, cuando para eso tendría que haber una acusación constitucional, pasar a la subcomisión de acusaciones constitucionales, ir a la Comisión Permanente y luego al Pleno. Se saltearon todo sin respetar el debido proceso (…) Primero tengo que ser presidente. Primero elijan a Martín Vizcarra. Uno no puede ponerse en hechos. En supuestos. Pero ya he sido claro de cuál es la situación de Pedro Castillo», concluyó.

Entre tanto, ayer lunes 10 de febrero se realizó otra audiencia del juicio oral en su contra por el Caso Lomas de Ilo y se escuchó a tres testigos. No obstante, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional reprogramó para el viernes 14 de febrero, a las 8:00 a. m., la declaración de un testigo clave en el juicio oral contra Martín Vizcarra Cornejo. La decisión se tomó luego de que el testigo, Núñez Herrera, no se presentara a la audiencia de ayer, pese a haber confirmado previamente su asistencia.

Tras los cuestionamientos de agilizar los trámites administrativos y expedientes técnicos para la construcción de una sede de playa del Congreso, a través de un comunicado ambiguo, el Legislativo negó que exista dicho proyecto, sin embargo, reconoció que cuentan con un terreno ubicado en el balneario del sur y hoy Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, ha salido a defender la construcción de un “Centro de Capacitaciones y Estudios Parlamentarios” en el terreno cedido al Congreso por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) ubicado en el distrito de Santa María, en el sur de Lima.

El presidente de la Mesa Directiva del Parlamento contó que, por el momento, no existe un proyecto concreto para construir dicho centro, pero que se está tomando la medida de hacer un cerco perimétrico alrededor del terreno para evitar invasiones, y que se requiere un estudio arqueológico debido a la proximidad de áreas protegidas por el Ministerio de Cultura. 

Asimismo, desmintió que el proyecto sería para un centro de esparcimiento, aclarando que, si se llegara a construir algo en ese terreno, sería exclusivamente para fines institucionales del Congreso.  Asimismo, Salhuana mencionó que la decisión de construir en ese lugar corresponde a la gestión actual de APP. 

Aunque algunos de sus colegas congresistas consideran que está lejos, Salhuana destaca que las decisiones sobre el uso de ese terreno no están finalizadas, y que la prioridad es garantizar su integridad. En relación con los costos, Salhuana rechaza las especulaciones sobre el gasto en la construcción, aclarando que aún no hay cifras concretas y que lo único que se está haciendo es asegurar el terreno, no planificar por ahora un centro de capacitación.

Proyecto fue elaborado durante la gestión del congresista José Williams

Como se recuerda, el inicio de las diligencias para la obtención del terreno para la nueva sede de playa, se dio entre el 24 de marzo y el 3 de mayo del 2023, cuando el expresidente de la Mesa Directiva, José Williams aún estaba en el cargo. Y luego de casi 2 años de haberse conocido que el Congreso destinaría más de 17 millones de soles para la construcción de esta sede ubicada en el exclusivo balneario, la polémica ha vuelto a saltar en la opinión pública.

Según se conoció aquella oportunidad, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales le hizo entrega al Poder Legislativo un terreno de 35 mil metros cuadrados para la construcción de un edificio que tendría un aforo final para albergar a 4 mil personas.

En la resolución se detallan los motivos de la acreditación del predio. “Se estima que beneficiará a 4.000 trabajadores del Congreso y 12.000 habitantes. Asimismo, el personal se verá beneficiado con áreas libres y ambientes adecuados para capacitación y usos múltiples vinculados”, dicta el documento firmado por Carlos Alfonso García, de la SBN.

Pero lo que no precisa esta resolución es, qué incluye exactamente el término de “usos múltiples vinculados”, para los que se destinarán una serie de espacios denominados como “de lujo”. En los documentos se precisa la construcción de una serie de espacios que incluyen desde “salas de usos múltiples”, hasta “zonas de rotondas para reuniones al aire libre”, incluidos restaurantes y hasta estacionamientos para autos.

Solo dos meses después de que un informe de Controlaría logró que se anule el concurso público para la ejecución de una importante obra de saneamiento en Pasco; el gobierno de esta región acaba de adjudicar el proyecto, valorizado en más de 485 millones de soles, a un consorcio integrado por empresas sin la experiencia necesaria y que registran, además, graves cuestionamientos y sanciones que se habrían pasado por alto.

Con esta sería la tercera vez que la obra de ‘Mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional integral de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPA) Pasco’, anunciada con bombos y platillos por la presidenta Dina Boluarte, es otorgada a postores que no acreditan los requisitos mínimos para su ejecución, entre otras irregularidades que deberán investigarse y sancionarse de acuerdo a ley.

Resulta por lo menos sospechoso que la licitación, anulada ya dos veces por razones similares, la haya ganado, el 21 de enero último, el Consorcio Virgen de las Nieves, integrado por la empresa peruana Grupo Ravys Asociados S.C.R.L, la colombiana Orlando Sepúlveda Cely & Cía S.A.S Sucursal del Perú y la brasileña Enfil S.A Controle Ambiental Sucursal do Perú, las cuales habrían postulado al concurso público con “información inexacta”.

Así lo señala una carta enviada el 3 de febrero al gobernador regional de Pasco, Juan Luis Chombo Heredia, al jefe del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional (GORE), Álex Roy Simón Condezo, a la procuradora pública Marta Ana María Baldeón Berrocal y a los miembros del Consejo Regional del GORE Pasco. En ella se detallan los vicios e irregularidades hallados en el proceso de licitación.

No acreditan experiencia

Uno de los puntos más relevantes de la denuncia, es la referida a los contratos presentados por los miembros del consorcio ganador para acreditar experiencia. Por ejemplo, los de Orlando Sepúlveda Cely & Cía S.A.S Sucursal del Perú, suscritos supuestamente bajo la normativa colombiana, con lo cual debían acreditar el Registro Único Tributario (RUT) y el Número de Identificación Tributaria (NIT); no obstante, carecen de ambos requisitos.

“Las experiencias presentadas a folios 1801 y 1818 de la oferta técnica presentada por el postor ganador de la Buena Pro no resultan válidas, toda vez que al carecer de RUT y NIT contraviene el artículo 1.6.1.2.8 del Decreto 1625 de 2016 de la normativa colombiana que establece que la inscripción en el RUT debe efectuarse antes del inicio de cualquier actividad económica”, señala la denuncia.

Por su parte, la brasileña Enfil S.A Controle Ambiental Sucursal do Perú presentó un contrato de tipo EPS (Engineering, Procurement, and Services), en el cual el contratista es responsable de tres áreas clave: ingeniería, gestión y compra de materiales y prestación de servicios especializados, como mantenimiento, operación, supervisión y asistencia técnica.

“Este tipo de contrato es común en proyectos industriales, energéticos y de infraestructura, donde el contratista debe garantizar la calidad, costos y plazos en cada etapa. A diferencia de un contrato EPC (Engineering, Procurement, and Construction), el EPS no siempre incluye la construcción, sino que se enfoca más en la gestión y servicios asociados”, precisa la denuncia.

Sanciones y millones “fantasma”

Pero el contrato presentado por la empresa brasileña no sería lo más grave en este caso. Si, en cambio, una sanción contra su representante legal, Reinaldo Kobylinski. El brasileño, fue sancionado e impedido de contratar con el Estado en diciembre del 2024, cuando representaba a la empresa INPAVI, que integraba el Consorcio Vial Piura, por haber presentado “información inexacta y documentación falsa” ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Según la resolución N° 05581-2024-TCS-S2, del Tribunal de Contrataciones del Estado, Reinaldo Kobylinski se encuentra impedido de participar en contrataciones públicas por 37 meses, debido a la señalada infracción cometida en el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-Provías Nacional. Pese a ello, ganó en enero el concurso público en Pasco como representante de Enfil S.A.

En tanto, la empresa peruana Grupo Ravys Asociados S.C.R.L no está libre de irregularidades. Como se ha podido constatar en Registros Públicos, entre diciembre del 2022 y abril del 2023 esta empresa reportó un incremento notable en su capital económico, que creció de S/. 35 mil soles a S/. 1085 millones de soles. Según se pudo conocer, habrían registrado una serie de “bonos fantasmas” para elevar su capital.

¿Pero por qué estos bonos fantasmas son aceptados para ser inscritos en los Registros Públicos? La posición del tribunal registral, emitida en dos resoluciones del 2014 y 2020, es que no le corresponde calificar la prescripción de los títulos valores. Sin embargo, el 24 de marzo de 2024, el MEF volvió a ratificar su posición de que estos bonos no tienen valor por estar prescritos.

“Esto también es competencia desleal, porque hay empresas que tratan de subir su capital obra por obra. Mientras su crecimiento les toma entre seis y ocho años, las empresas que crecen con ‘capital bamba’ lo hacen en meses”, dice el abogado Manuel Enrique Castillo Luna. En tal sentido, estos ‘millones fantasma’, presentados como parte del capital del Grupo Ravys, también deberían investigarse y sancionarse.

Convocatoria inválida

Finalmente, se conoció que la propia convocatoria a cargo del GORE Pasco carecería de validez, debido a una grave omisión respecto a la disponibilidad del terreno sobre el cual se debe ejecutar la obra licitada. En tal sentido, estaría contraviniendo lo dispuesto en los Principios de Transparencia y Publicidad del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 32 del mismo cuerpo normativo.

“Se ha tenido a la vista los documentos adjuntos a la Licitación Pública n.° SM-2-2024-CS-GRP-1, proceso referido a la contratación de la ejecución de obra (…) en los cuales se advierten que no se cuenta con la libre disponibilidad de terreno para ejecutar, documento sin el cual no se puede convocar un procedimiento de selección”, explica la referida denuncia.

De este modo, se estaría vulnerando los principios rectores que sirven como blindaje a las contrataciones estatales, como el Principio de Transparencia e Igualdad de Trato, así como el deber de probidad en la función pública, recogida en la Ley del Código de Ética de la Función Pública Ley n.º 27815. Todo esto, amerita que las autoridades competentes tomen medidas inmediatas, pese al grave perjuicio que significará una nueva postergación de la obra.

Este martes 10 de febrero, el Congreso de la República se vio obligado a pronunciarse ante los cuestionamientos debido a los informes periodísticos que dieron a conocer sobre la agilización de trámites y expedientes técnicos con la intención de construir una sede de playa en el distrito de Santa María del Mar, al sur de Lima.

Mediante un comunicado ambiguo de la Oficina de Comunicaciones del Poder Legislativo negaron que dicho proyecto esté en marcha; sin embargo, sí reconocieron que poseen un terreno en dicho balneario; pero omitieron mencionar que el proyecto a construir se llamaría “Centro de Capacitaciones y Estudios Parlamentarios”.

Como se recuerda, según un reciente documento revelado el pasado 30 de enero del 2025, el Departamento de Logística del Congreso emitió la orden de servicio N° 74 a favor del arqueólogo Máximo Salazar Vivanco, para que dé inicio a la elaboración de una evaluación arqueológica y un posterior expediente técnico, con el fin de corroborar la viabilidad de la construcción del “Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios” ubicado en el balneario de Santa María del Mar, al sur de Lima. El monto destinado para dicho expediente calificador, supera los 141 mil soles, de los cuales ya se habría adelantado el 30 % del mismo y luego se irá abonando de acuerdo a los avances presentados.

Congreso niega que construirán una sede de playa

Pese a que el comunicado del Parlamento es ambiguo, éste señala que no existe ningún proyecto ya existente o en proceso acerca de la construcción de una sede de playa como se señaló en las últimas horas.

«La institución no tiene ningún proyecto, menos expediente técnico, para implementar una infraestructura con dicho fin, ni elaborado ni en formulación», se lee en la primera parte del comunicado.

Pero reconocen que poseen un terreno en Santa María que será construido

Pese a que la primera parte del comunicado niega la existencia del proyecto de playa, el Congreso admite y reconoce que sí cuentan con un terreno ubicado en el mencionado balneario del sur, por lo que se ha ordenado a un grupo de especialistas que realicen las investigaciones correspondientes para determinar si el mismo cuenta con vestigios arqueológicos.

«El Congreso tiene bajo su conducción, un predio en el distrito de Santa María, cedido por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), para ser utilizado en los fines propios de la institución; por lo cual, en cumplimiento de la legislación nacional, se ha dispuesto que especialistas establezcan si el área se encuentra libre de vestigios arqueológicos», añadieron en el pronunciamiento y dejaron en claro que a partir de estos resultados se dispondrá el uso del predio, tomando en cuenta las necesidades del Congreso.

Proyecto fue elaborado durante la gestión del congresista José Williams

Como se recuerda, el inicio de las diligencias para la obtención del terreno para la nueva sede de playa, se dio entre el 24 de marzo y el 3 de mayo del 2023, cuando el expresidente de la Mesa Directiva, José Williams aún estaba en el cargo. Y luego de casi 2 años de haberse conocido que el Congreso destinaría más de 17 millones de soles para la construcción de esta sede ubicada en el exclusivo balneario, la polémica ha vuelto a saltar en la opinión pública.

Según se conoció aquella oportunidad, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales le hizo entrega al Poder Legislativo un terreno de 35 mil metros cuadrados para la construcción de un edificio que tendría un aforo final para albergar a 4 mil personas.

En la resolución se detallan los motivos de la acreditación del predio. “Se estima que beneficiará a 4.000 trabajadores del Congreso y 12.000 habitantes. Asimismo, el personal se verá beneficiado con áreas libres y ambientes adecuados para capacitación y usos múltiples vinculados”, dicta el documento firmado por Carlos Alfonso García, de la SBN.

Pero lo que no precisa esta resolución es, qué incluye exactamente el término de “usos múltiples vinculados”, para los que se destinarán una serie de espacios denominados como “de lujo”. En los documentos se precisa la construcción de una serie de espacios que incluyen desde “salas de usos múltiples”, hasta “zonas de rotondas para reuniones al aire libre”, incluidos restaurantes y hasta estacionamientos para autos.

Según la tesis que maneja el Congreso, el próximo “Centro de Capacitaciones y Estudios Parlamentarios”, sería destinado para capacitar en materia política y congresal a los trabajadores del Legislativo. Sin embargo, anteriormente el proyecto generó la indignación de toda la opinión pública, por lo que fue negado rotundamente; pero al parecer, con la administración de Alianza para el Progreso (APP) al mando del Parlamento, y aunque ahora lo nieguen rotundamente, este proyecto continuará en boga hasta ver cristalizado su próximo funcionamiento.

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado improcedente el ‘habeas corpus’ presentado a favor de Pedro Castillo Terrones. Este recurso legal pretendía anular la prisión preventiva en contra del expresidente, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo, mientras espera su juicio oral por el caso golpe de Estado.

En su resolución, el máximo intérprete de la Constitución rechazó la solicitud presentada por la ciudadana Rocío Margot Calderón Contreras, mujer allegada al exmandatario, quien argumentó que la detención de Castillo Terrones, ocurrida el 7 de diciembre de 2022, fue arbitraria debido a que no hubo un mandato judicial, por lo que no se había cometido un delito en flagrancia.  Por tal motivo, exigió la libertad inmediata del exmandatario, aduciendo que fue «secuestrado» por los demandados, entre ellos el coronel Harvey Colchado, la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, el oficial que formaba parte de la escolta presidencial, y otros implicados en su detención.

En esa línea, la demandante Calderón Contreras precisó que no se cumplió rigurosamente con lo establecido en la ley cuando el exjefe de Estado fue trasladado a la sede policial de la Av. España.

Entre tanto, el Tribunal Constitucional, en su expediente N° 00778-2023-PHC/TC, tomó como referencia una anterior demanda de este tipo planteada dos días después de la detención. Tras revisar que dicha solicitud fue admitida a trámite y posteriormente rechazada en doble grado constitucional del Poder Judicial, el TC indicó que este ‘habeas corpus’, con el argumento de «detención arbitraria», también debía ser declarado improcedente.

No es la primera vez que el expresidente Pedro Castillo presenta este tipo de recursos para poder salir en libertad. Durante sus últimas audiencias, él expresó que era víctima de una persecución política, y pidió modificar su reclusión en Barbadillo por un arresto domiciliario. «Prefiero, señor magistrado, un metro de libertad, antes que 800 metros de prisión», manifestó ante la audiencia oral.

TC declaró improcedente recurso de habeas corpus presentado a favor de Pedro Castillo por detención arbitraria

Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/9j0eJj9i4i

— Canal N (@canalN_) February 7, 2025

Según un reciente documento revelado el pasado 30 de enero del 2025, el Departamento de Logística del Poder Legislativo emitió la orden de servicio N° 74 a favor del arqueólogo Máximo Salazar Vivanco, para que dé inicio a la elaboración de una evaluación arqueológica y un posterior expediente técnico, con el fin de corroborar la viabilidad de la construcción del “Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios” ubicado en el balneario de Santa María del Mar, al sur de Lima. El monto destinado para dicho expediente calificador, supera los 141 mil soles, de los cuales ya se habría adelantado el 30 % del mismo y luego se irá abonando de acuerdo a los avances presentados.

Proyecto fue elaborado durante la gestión del congresista José Williams

Como se recuerda, el inicio de las diligencias para la obtención del terreno para la nueva sede de playa, se dio entre el 24 de marzo y el 3 de mayo del 2023, cuando el expresidente de la Mesa Directiva, José Williams aún estaba en el cargo. Y luego de casi 2 años de haberse conocido que el Congreso destinaría más de 17 millones de soles para la construcción de esta sede ubicada en el exclusivo balneario, la polémica ha vuelto a saltar en la opinión pública.

Según se conoció aquella oportunidad, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales le hizo entrega al Poder Legislativo un terreno de 35 mil metros cuadrados para la construcción de un edificio que tendría un aforo final para albergar a 4 mil personas.

En la resolución se detallan los motivos de la acreditación del predio. “Se estima que beneficiará a 4.000 trabajadores del Congreso y 12.000 habitantes. Asimismo, el personal se verá beneficiado con áreas libres y ambientes adecuados para capacitación y usos múltiples vinculados”, dicta el documento firmado por Carlos Alfonso García, de la SBN.

Pero lo que no precisa esta resolución es, qué incluye exactamente el término de “usos múltiples vinculados”, para los que se destinarán una serie de espacios denominados como “de lujo”. En los documentos se precisa la construcción de una serie de espacios que incluyen desde “salas de usos múltiples”, hasta “zonas de rotondas para reuniones al aire libre”, incluidos restaurantes y hasta estacionamientos para autos.

Según la tesis que maneja el Congreso, el próximo “Centro de Capacitaciones y Estudios Parlamentarios”, sería destinado para capacitar en materia política y congresal a los trabajadores del Legislativo. Sin embargo, anteriormente el proyecto generó la indignación de toda la opinión pública, por lo que fue negado rotundamente; pero al parecer, con la administración de Alianza para el Progreso (APP) al mando del Parlamento, este proyecto continuará en boga hasta ver cristalizado su próximo funcionamiento.

Isabel Cajo Salvador, la extrabajadora parlamentaria que está vinculada a una presunta ‘red de proxenetismo’ y ‘prostitución’ en el Congreso, continúa generando noticia, debido a que habría proporcionado información falsa en su currículum vitae, con el objetivo de asegurar su contratación en el Legislativo, según un informe de Punto Final. Cabe recordar que, Cajo Salvador ingresó a laborar al Parlamento en abril de 2024 con un salario cercano a los 4,000 soles, para desenvolverse en el área de administración de bienes. Sin embargo, dos meses después, pasó a la oficina Legal y Constitucional, donde su sueldo aumentó a más del doble; es decir, 8,000 soles. Y en esa área fue que coincidió con la asesinada Andrea Vidal, quien también ha sido señalada como parte de la presunta red. 

Ya en el mes de octubre del 2024, tras dejar el área Legal y Constitucional del Congreso, Cajo Salvador pasó inmediatamente a trabajar en el despacho del congresista Edwin Martínez, quien en todo momento defendió su contratación alegando que lo hizo únicamente con el fin de ayudarla. 

Isabel Cajo es desmentida por la empresa E & H Constructora Inmobiliaria

En la hoja de vida que presentó para postular al despacho del congresista Edwin Martínez, Cajo Salvador declaró haber trabajado como técnico administrativo y luego como asistente de agente de aduanas en la empresa E & H Constructora Inmobiliaria, entre abril de 2021 y octubre de 2023. Sin embargo, el gerente general de la inmobiliaria, Santiago Elescano, desmintió esa información y aseguró que la señorita Isabel Cajo nunca trabajó en la compañía.

«Sobre el particular, por medio de la presente, le manifestamos que mi representada no ha emitido la constancia de trabajo y el certificado de prácticas profesionales a nombre de la Srta. Isabel Florencia Cajo Salvador (…) Asimismo, precisamos que la indicada persona nunca ha laborado ni ha tenido relación contractual con mi representada, en tal sentido, se trata de un documento con información inexacta», se lee en el oficio redactado por el gerente general.

Cabe mencionar que, el área de Recursos Humanos del Congreso recién habría detectado esta situación a inicios de este año, tras realizar una revisión posterior al expediente de Cajo Salvador, el 27 de diciembre del año pasado; es decir, cuando el escándalo sobre la presunta red de prostitución ya se había hecho mediático, y Andrea Vidal ya había sido asesinada; mientras que Cajo llevaba tres meses laborando en la oficina de Edwin Martínez.

Edwin Martínez responde que no sabe nada sobre el CV de Isabel Cajo

Al ser consultado por el CV de Isabel Cajo, y pese haber reconocido anteriormente que su despacho había revisado el currículum de su extrabajadora, el congresista Edwin Martínez aseguró que no tiene conocimiento de la información consignada por Cajo en su CV.

«Yo no puedo incurrir en algo que no ha sido normal. Si ha sido una contratación donde se ha determinado que se han presentado documentos falsos, se tiene que investigar. Yo no sabía nada. La información es trasladada a Recursos Humanos y ellos son los que verifican si es verdadera o falsa la información, y en mérito a ello hacen el contrato», expresó Martínez.