Pese a la poca popularidad y cuestionamientos encima hacia la actual titular del Ministerio de Desarrollo e inclusión Social (Midis), Leslie Urtega Peña, y que antes probara suerte en otra cartera como el Ministerio de Cultura (Mincul), nuestra jefa de Estado, Dina Boluarte, continúa colocándola dentro del Gabinete Ministerial solo por confianza y no precisamente por tener las cualidades y aptitudes requeridas para tan importantes carteras.

Urteaga Peña enfrenta una investigación preparatoria por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y colusión, vinculados a su gestión en el Mincul en el año 2018. Además, se le atribuye una denuncia por supuesta discriminación, actualmente en manos de la Tercera Fiscalía Supraprovincial especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, según detalló América Noticias.

A propósito de lo primero, informes de la Contraloría General de la República advierten que la ministra habría cometido irresponsabilidades funcionales y supuestos actos de corrupción cuando dirigía la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural (DGPA). Estas acusaciones están relacionadas con la adquisición de hitos de concreto para la delimitación de sitios arqueológicos prehispánicos.

Según la Fiscalía, Urteaga y otros cinco funcionarios, entre ellos Luis Enrique Espinoza Gálvez, excoordinador de Administración de la DGPA, presuntamente formaron una red para defraudar al Estado, sobrevalorando los hitos e involucrando a José Suárez, un anciano de escasos recursos, como falso proveedor. La supuesta ferretería que se le atribuye habría recibido 200,000 soles.

En tanto la segunda investigación corresponde a una denuncia por presunta discriminación presentada por la Asociación Falun Dafa, dedicada a la promoción de una disciplina espiritual de origen chino a través de la práctica de ejercicios de meditación y enseñanzas filosóficas con el objetivo de mejorar la salud física, mental y espiritual de los practicantes. Este caso, que se encuentra en etapa de investigación, ha sido asignado a la Tercera Fiscalía Supraprovincial especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad.

Por último, la ministra Urteaga también fue denunciada en julio de 2024 por el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), durante el premierato de Gustavo Adrianzén, por presuntamente haber omitido información en su declaración jurada cuando ejercía como ministra de Cultura. Sin embargo, la funcionaria señaló que este caso fue archivado por el Ministerio Público el 1 de octubre de 2024, lo que, según ella, demuestra que no incurrió en irregularidades en ese momento.

El Congreso de la República fue el escenario donde diversos parlamentarios participaron de la conferencia de prensa por el «Día de la Amazonía». En la mesa principal, los ponentes fueron el alcalde provincial de Maynas, Vladimir Chong Ríos; el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana; los congresistas Karol Paredes Fonseca, Waldemar Cerrón; y Jorge Linares, director de la Asociación Iquitos Cultural.

También se contó con la presencia especial de las congresistas Silvia Monteza y María del Carmen Alva. En el evento se promocionaron las actividades que se realizarán del 8 al 12 de febrero en la ciudad de Iquitos. Además, se habló de las problemáticas de la región loretana y los compromisos postergados por más de 200 años.

En ese contexto, Juan Pio Flores Tang, gerente de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Loreto, tomó el micrófono para solicitar directamente al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, leyes a favor de los loretanos, ya que no cuentan con carreteras y tampoco una buena conexión de internet.

“Estaba escuchando muy atento el diagnóstico que hizo el presidente del Congreso. Es cierto, Loreto es el 28% del territorio nacional, y sin embargo somos la región más aislada. Han creado varias leyes para beneficiar a la Amazonía; sin embargo, a Loreto no se le ha beneficiado en mucho, precisamente por el tema de conexión vial y energía”, señaló Pio Flores Tang.

Pio Flores Tang, gerente de Transportes y Comunicación del Gobierno Regional de Loreto.

Además, el gerente de Transportes y Comunicaciones de Loreto agregó: “Nosotros implementamos varios proyectos de carreteras, pero seguramente, como el alcalde, también tenemos las restricciones presupuestales. Los requerimientos de la población sobre sus vías son una exigencia permanente, y dentro de eso se encuentran muchas comunidades nativas. Las comunidades nativas ahora exigen el acceso a internet. Usted lo ha mencionado, presidente, solo en Iquitos creo que hay 2G o 3G, pero en las zonas rurales ya no existe ninguna G. Y eso nosotros le pedimos como Gerencia de Transporte, como Gobierno Regional de Loreto, que le dé una prioridad, si es posible una ley para que sea un derecho fundamental el acceso a internet de las comunidades de la región Loreto”.

El funcionario del Gobierno Regional de Loreto también reconoció el gran trabajo que viene realizando Jorge Linares y la congresista Karol Paredes: “No puedo dejar de resaltar la iniciativa de Jorge Linares, quien ha captado bien a la congresista Karol Paredes, quien ha sido pionera en todo este proceso. Yo los felicito; no desmayen en trabajar por la Amazonía porque Loreto lo va a agradecer infinitamente”.

Al final de la conferencia, conversamos con el gerente del Gobierno Regional sobre la importancia de la celebración del Día de la Amazonía: “El 12 de febrero es importantísimo porque no solamente es una fecha histórica, sino que también se busca reconocer y reivindicar a los pueblos amazónicos. Especialmente con este descubrimiento del Río Amazonas se ha presentado una amplia gama de oportunidades, para que las culturas tanto foráneas como originarias se puedan interrelacionar”.  

No cabe duda de que la intervención de Flores Tang en el Congreso ha sido clave para continuar gestionando diversos proyectos de carreteras y la mejora radical de internet, pero, además, el funcionario del Gobierno Regional viene apoyando a diversos eventos culturales que realzan la identidad de Loreto.

Aquí el video de la conferencia y la intervención de Pio Flores Tang.

El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda de conflicto competencial presentada por el Poder Ejecutivo, representado por Dina Boluarte Zegarra, contra la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial (PJ), ello para evitar que se investigue a la presidenta mientras ejerza el cargo. Las partes involucradas disponen de un plazo de 30 días para presentar su respuesta a la notificación correspondiente.

La decisión del Tribunal Constitucional se da luego de que la mandataria subsanara la demanda competencial presentada para que el máximo intérprete de nuestra Carta Magna se pronuncie y defina bajo qué circunstancias un jefe de Estado puede ser investigado y acusado.

“Se resuelve admitir a trámite la demanda de conflicto competencial interpuesta por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, y correr traslado de esta a los demandados para que se apersonen al proceso y la contesten dentro de los 30 días útiles siguientes a la notificación de la presente resolución”, se lee en el oficio.

Hace unas semanas, específicamente el 23 de enero, el Tribunal Constitucional había declarado inadmisible la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo y le concedió un plazo de cinco días hábiles para que subsane las observaciones advertidas, bajo “apercibimiento” o “advertencia” de declarar improcedente la demanda.

Dina Boluarte rápidamente subsanó la ‘demanda competencial’ que presentó

Tras una semana de haber presentado la demanda competencial contra el Poder Judicial y el Ministerio Público; el pasado 30 de enero, la presidenta Dina Boluarte subsanó la demanda que finalmente fue admitida a trámite este miércoles 5 de febrero.

En la demanda presentada, la mandataria apela a su inmunidad y argumenta que existe un “menoscabo en el ejercicio de sus funciones”, debido a las múltiples investigaciones en su contra y se basa en la interpretación del Artículo 117° de la Constitución, que establece que un presidente en funciones solo puede ser acusado por traición a la Patria, impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, disolver la Cámara de Diputados (a excepción de los casos en que la Cámara de Diputados censura o niega su confianza a dos Consejos de Ministros) o impedir la reunión o funcionamiento de cualquiera de las cámaras del Congreso, el Jurado Nacional de Elecciones u otros organismos del sistema electoral.

Como se sabe, un presidente de la República podría ser acusado constitucionalmente, tanto por infracción a la Constitución (juicio político), como por delito cometido en el ejercicio de sus funciones públicas (antejuicio político). Sin embargo, este procedimiento debe interpretarse en conjunto con el artículo 117° de la Constitución. Es decir, para que se pueda presentar una acusación contra la presidenta de la República por un supuesto distinto a los expresamente señalados en el artículo mencionado, esta debe ocurrir únicamente una vez que haya finalizado su mandato presidencial, y no antes.

Que nadie se preocupe más en Trujillo, que todos abran de par en par sus puertas ya que su gobernador regional, César Acuña, ha dicho que es “tranquilo” vivir ahí, como si bastara su sola palabra para que todas las organizaciones criminales que operan ahí de un plumazo se borraran del mapa.

Y es que el famoso ‘Plata como cancha’ pretende atraer la mayor cantidad de inversionistas a la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’ obviando algunos aspectos como la altísima tasa de extorsiones y homicidios en su región.

Quiero agradecer a la señora presidenta de la República por su decisión por intermedio de la Policía de apoyar a la ciudad de Trujillo, porque sin seguridad no hay tranquilidad y no hay inversión (…) queremos dar un mensaje, que acá en Trujillo es tranquilo y, por lo tanto, en Trujillo que se invierta”, afirmó Acuña en su discurso público en la Plaza de Armas de la ciudad.  

Acuña dio estos enunciados previa a la visita del ministro de producción Sergio González Guerrero: «Hoy vino el Ministerio de la Producción. Un sector muy importante que promueve la inversión, que promueve el crecimiento».

Finalmente, el también fundador de la Universidad César Vallejo, culminó diciendo: «Y hay un mensaje fuerte: tenemos seguridad en Trujillo”.

200 policías del VRAEM llegan a La Libertad

Un contingente de 200 policías, especializados en operaciones de alto riesgo, llegó a la región La Libertad para reforzar la lucha contra la criminalidad organizada. Estos agentes, que anteriormente prestaban servicio en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), región dominada por los remanentes del narcoterrorismo, fueron desplegados en los distritos con mayor incidencia delictiva como parte de la estrategia “Vecindario Seguro”.

Los efectivos se sumarán al patrullaje por cuadrantes en Florencia de Mora, El Porvenir y La Esperanza, distritos priorizados debido al incremento de delitos como la extorsión y el sicariato. Su labor consistirá en ejecutar operativos estratégicos y acciones de inteligencia para desarticular organizaciones criminales.

Durante la presentación del contingente, el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, anunció que los agentes permanecerán en la región por 29 días. Además, adelantó que próximamente se incorporarán 500 nuevos efectivos para la conducción de vehículos policiales, lo que permitirá fortalecer los operativos.

El parlamentario de la bancada de Acción Popular Wilson Soto presentó un Proyecto de Ley (PL) que propone que seis feriados que ahora figuran como no laborables para los trabajadores del sector público y privado, se conviertan en laborables, con el fin de fortalecer la productividad y optimizar los días no laborables.

Según el PL 10133/2024 CR, estas seis fechas seguirían siendo feriados, pero laborales.

7 de junio, en conmemoración de la Batalla de Arica y el Día de la Bandera

23 de julio, en conmemoración de la Fuerza Aérea del Perú  

6 de agosto, en conmemoración de la Batalla de Junín

30 de agosto, en conmemoración de Santa Rosa de Lima

8 de octubre, combate de Angamos; y

9 de diciembre, en conmemoración de la Batalla de Ayacucho.

“Para establecer que las fechas señaladas en las referidas leyes (que crearon los feriados) y del artículo 6 del Decreto Legislativo 713 sean conmemorativas y laborables en el sector público y privado, con la finalidad de fortalecer la productividad”, señala el proyecto en su parte ejecutiva.

La iniciativa de Soto también propone la conformación de una comisión multipartidaria en el Congreso, con apoyo técnico del Ejecutivo y del Banco Central de Reserva, para evaluar los otros feriados que figuran en el artículo 6 del Decreto Legislativo 713, que consolida la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada.

En esta evaluación se incluiría a prácticamente todos los feriados del calendario nacional: Año Nuevo (1 de enero), Jueves y Viernes Santo (móviles), Día del Trabajo (1 de mayo); San Pedro y San Pablo (29 de junio); Fiestas Patrias (28 y 29 de julio), Todos los Santos (1 de noviembre), Inmaculada Concepción (8 de diciembre); y Navidad (25 de diciembre).

En la propuesta legal, esta misma comisión se encargará también de revisar la sustentabilidad de los feriados decretados por los gobiernos regionales y locales.

Cada feriado equivale a 1400 millones de soles no producidos

De acuerdo a las estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) cada feriado implica una pérdida del 0.4 % del Producto Bruto Interno (PBO), equivalente a un máximo de S/ 1,400 millones.

Previamente, la Asociación de Exportadores (ADEX) exhortó al Congreso a reducir los feriados nacionales a 12, eliminando los establecidos recientemente en el calendario: 7 de junio, 23 de julio, 6 de agosto y 9 de diciembre.

El escudero presidencial y ministro de Educación, Morgan Quero Gaime, aseguró que la presidenta, Dina Boluarte Zegarra, da la cara mediante las obras que inaugura y que dialoga con los peruanos. Asimismo, afirmó que el Perú seguirá trabajando en coordinación con los Estados Unidos para la cooperación en aspectos de educación.

En declaraciones para la prensa, el exasesor presidencial y hoy ministro de Estado subrayó que el gobierno no cree en cortinas de humo y que, a diferencia de otros, la presidenta sí demuestra su trabajo con la inauguración de obras.

«Nosotros no creemos en cortinas de humo. El Perú somos todos los peruanos a la vez, quien quiera representar al Perú desde una fracción partidista, ideológica o de intereses de grupo personal, está cometiendo un error imperdonable. Y el trabajo de la presidenta de la República es dar la cara a través de las obras que va inaugurando. (…) de las primeras piedras como las de ayer en Abancay y trabajar dialogando con todos los peruanos», concluyó Quero Gaime.

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Morgan Quero, ministro de Educación: El trabajo de la presidenta Dina Boluarte es dar la cara a través de las obras que va inaugurando. En su momento se verá posibilidad de que ofrezca entrevista a la prensa

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— Canal N (@canalN_) February 5, 2025

¡Más dilatación de parte del Congreso! Con 17 votos a favor y 5 en contra, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó el texto sustitutorio sobre la detención preliminar en casos de no flagrancia; pese a haber sido ampliamente cuestionado, por no ejercer celeridad en aprobar por insistencia la autógrafa de ley anterior, que fue observada por el Gobierno de Dina Boluarte.

Asimismo, diversas entidades como el Colegio de Abogados de Lima piden que se apruebe la restitución de la anterior ley de detención preliminar.

Congreso dilata ‘aprobación por insistencia’ de ley de detención preliminar

Cabe resaltar que no se ha puesto a votación el texto observado por el Ejecutivo. Algunos legisladores criticaron este hecho, y han señalado que determinados sectores están buscando dilatar el debate.

Tras esta aprobación, se requiere de 78 firmas necesarias para poder convocar un pleno extraordinario y que se ponga en debate este nuevo texto aprobado por la Comisión de Justicia.

La Comisión de Justicia elaboró un predictamen que modifica la regulación de ‘la detención preliminar en casos de no flagrancia’

En lugar de insistir en la norma inicial que fue observada por el Poder Ejecutivo, el grupo de trabajo optó por presentar un nuevo texto que amplía el artículo 261° del Código Penal. El predictamen responde a las observaciones del Ejecutivo sobre la autógrafa de ley derivada de los proyectos 09733/2024-CR, 09760/2024-CR y 09764/2024-CR.

Además, se incorporan nuevos numerales para detallar los criterios de aplicación de esta medida, asegurando que solo se dicte cuando exista riesgo de fuga u obstaculización de la investigación.

La iniciativa también incorpora disposiciones sobre la individualización del imputado, los medios de comunicación válidos para emitir la orden de detención y los procedimientos que deben seguirse tras la captura. En este sentido, se establece que la orden deberá contener los datos personales del investigado y ser ejecutada por la Policía con la celeridad necesaria.

Mientras tanto, el gobierno de Dina Boluarte viene capitalizando esta dilatación de la ley que de aprobarse pondría ‘tras las cuerdas’ a su vocero presidencial Fredy Hinojosa, quien se libró de una eventual detención preliminar.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió investigación preliminar contra la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde Koechlin, por una denuncia ciudadana referida al proceso de validación de firmas para revocar al alcalde de Marcona, Joel Rosales Pacheco, en el departamento de Ica.

La Denuncia Ciudadana 1396-2024-JNJ presentada por la ciudadana Milagros de la Cruz Mendoza, según informa la JNJ, atribuye a Velarde Koechlin presuntamente no haber cumplido diligentemente el proceso de validación de firmas para revocar al alcalde distrital de Marcona, Ica, y que funcionarios y servidores de la citada institución no habrían cumplido con sus funciones. 

Según el expediente N.º 1396-2024-JNJ, la denuncia sostiene que la entidad invalidó más del 80% de las firmas presentadas, reduciendo el total a 2.672, cuando el mínimo requerido para proceder con la revocatoria es 3.409. De la Cruz Mendoza aseguró que se anularon firmas de sus familiares sin justificación. Un dato clave en la denuncia es que más de 800 ciudadanos de Marcona presentaron declaraciones juradas certificadas ante notario, respaldando el reclamo y asegurando que sus firmas fueron invalidadas de manera arbitraria por la jefa del Reniec.

Ante la denuncia, la JNJ solicitó a la titular del Reniec, el pasado 24 de enero, informar al organismo constitucional sobre las acciones adoptadas al respecto.

El pleno de la JNJ abrió la Investigación Preliminar 001-2025 contra Carmen Velarde y concedió el plazo de diez días para que informe de manera documentada lo que estime pertinente en relación con los hechos observados, adjuntando los medios probatorios necesarios. 

Cumplido el plazo otorgado, «no se habría remitido la información completa que permita establecer si, en el marco de sus funciones y competencias, ha impulsado, con diligencia y de acuerdo a ley, la debida tramitación de los hechos denunciados», señala la JNJ.

La respuesta de la titular del Reniec

Ante las acusaciones, Velarde Koechlin ha defendido la actuación del Reniec, asegurando que la entidad sigue criterios técnicos y jurídicos en la validación de firmas. Explicó que, en este caso, se presentaron declaraciones juradas de personas que afirmaban haber firmado el documento de revocatoria, pero enfatizó que estos documentos no forman parte del procedimiento oficial de verificación.

“Nosotros no lo podemos saber porque solo la persona es quien puede decir eso directamente, pero las declaraciones juradas no son parte del procedimiento de revisión de firmas”, declaró en entrevista con Canal N. Asimismo, mencionó que en la revisión se detectaron múltiples firmas duplicadas o que no coincidían con los registros, lo que impidió que se alcanzara el número necesario para proceder con la revocatoria del alcalde.