Viejas malas costumbres. Un revelador informe del dominical Panorama expuso nuevamente presuntas ‘argollas’ dentro del Ejecutivo, en específico en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), pues el titular de esa cartera, Julio Demartini, habría favorecido a unos cuantos conocidos suyos con contratos con el Estado.

Se trata de seis funcionarios que se reunieron con Demartini, de los cuales dos de ellos incluso han reconocido que tienen una amistad con el actual mandamás del Midis.

El primero de ellos es Roberto Guillen Sulcacondor, quien se reuniera con el ministro Demartini en febrero pasado, y que un mes después obtuvo una orden de servicio por 8 mil soles. Luego de ello, Guillen Sulcacondor se benefició con otros contratos por un total de 24 mil soles.

Fue el propio Guillén quien afirmara al programa periodístico que conoce al ministro desde hace muchos años porque trabajaron juntos en la Municipalidad Provincial del Callao.

“Yo lo conozco desde hace muchos años atrás. Con el ministro tengo una relación profesional, porque él es abogado. Hemos trabajado alguna vez, la vida da vuelta… en la Municipalidad del Callao, donde era director general de Presupuesto”, respondió Guillén quien todo eso se trató de una “infeliz coincidencia”.

De acuerdo con el citado dominical, otro de los ‘afortunados’ es Renzo Cortez Seminario, ex compañero de colegio de Demartini, así como Víctor Portilla Flores, los cuales salieron con un ‘pan bajo el brazo’ tras reunirse con el titular del Midis.

Al ser consultado por el programa, Cortez Seminario, quien compartió aulas con Demartini, no supo responder claramente cómo fue que ganó el concurso en el sector por una orden de servicio superior a los 20 mil soles.

La respuesta del ministro Demartini

Por su parte, el ministro Julio Demartini salió a declarar para un conocido medio, sosteniendo que se encuentra dispuesto a colaborar con la Contraloría para esclarece dichas contrataciones.

El titular del Midis recalcó que no se ha incurrido en falta alguna a la Ley de Contrataciones de Estado y su Reglamento, puesto que todos los contratos por la modalidad de Orden de Servicio cumplen con los requisitos que establece la normativa, como la formación académica, experiencia laboral, capacitaciones, según corresponda a cada servicio.

“No existe ningún impedimento legal ni ético para que el ministro se reúna, en su despacho, con profesionales con los que él haya podido trabajar, tal es así que dichas actividades las realiza con absoluta trasparencia, publicando sus visitas en un registro del portal web”, refirió.

El Poder Judicial (PJ), mediante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica declaró improcedente la resolución (auto) del Tribunal Constitucional que ratificaba el indulto al expresidente Alberto Fujimori, y por el momento, continuará cumpliendo su pena, recluido en el Penal Barbadillo, en Ate.

Así las cosas, ante la decisión del juez Fernando Vicente Fernández Tapia, magistrado encargado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, de Ica, todos los actuados del caso volverán al Tribunal Constitucional.

“Declarar improcedente la ejecución de la sentencia del pleno N° 78/2022 de fecha 17 de marzo del 2022, concretamente la libertad del favorecido Alberto Fujimori Fujimori, por parte del juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, a cargo del suscrito, por no haber sido estimada la demanda de hábeas corpus a este órgano jurisdiccional, careciendo de competencia”, se lee en la resolución.

“Por mandato legal, corresponde al Tribunal Constitucional, más no así al juzgado donde se originó la demanda de hábeas corpus, según corresponda, emitir pronunciamiento sobre la ejecución de la sentencia estimatoria contenida en la sentencia del pleno N° 78/2022 de fecha 17 de marzo del 2022, concretamente la libertad del favorecido Alberto Fujimori”, se concluye el documento.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, argumenta que su decisión se debe a no está dentro de sus facultades ejecutar esta sentencia estimatoria, ya que inicialmente fue expedida por el Tribunal Constitucional (TC), y que, por esa razón, el deber de dicho colegiado jurisdiccional será emitir un pronunciamiento sobre la ejecución del indulto del Alberto Fujimori, y entonces se definirá si el expresidente puede salir de prisión.

Los defensores de la selva siguen siendo asesinados. Lamenta mucho tener que informar periódicamente la muerte de un defensor del medio ambiente y que ninguna autoridad se preocupe en investigar. El apu Quinto Inuma Alvarado fue ultimado de tres disparos cuando se desplazaba del distrito de Huimbayoc a la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu, situada en la jurisdicción del distrito de Huimbayoc, Valle del Chipurana Yanayacu, región San Martín.

Antes de ser atacado, el líder de la mencionada comunidad se encontraba regresando de Pucallpa tras participar en un taller para defensores ambientales.

El apu estaba acompañado por su esposa e hijos, cuando desconocidos que iban armados le dispararon tres veces.

Producto de este ataque, Axceldina Barbarán Tapullima, una residente local, también resultó herida.

Es necesario resaltar que el apu Quinto Inuma Alvarado había estado denunciando activamente la tala indiscriminada de especies maderables en la zona de Huimbayoc.

Por esto, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícitos de Drogas de Tarapoto ingresó al territorio comunal e investigó los daños causados en el bosque, en respuesta a una denuncia realizada por la misma comunidad.

“Desde el año 2017 estamos luchando por conservar los bosques primarios, resistiendo a los invasores ilegales, a los narcotraficantes, a los taladores de madera. Hace más de un año en toda la zona existían bosques primarios y ahora ya está deforestado”, denunció una de las personas que integra la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu.

En tanto, Marisol García Apagueño, dirigente de la Federación de Pueblos Indígenas Kechua Chazuta Amazonas (Fepikecha), exigió que las autoridades investiguen y condenen a los asesinos del apu Quinto Inuma Alvarado.

“La muerte de nuestro líder que luchaba por la titularidad de su territorio no debe quedar impune. El Ministerio Público debe investigar y sancionar a los culpables, y el gobierno debe dar seguridad jurídica a nuestra comunidad”, señaló.

Dieciséis defensores ambientales han perdido la vida desde el año 2020

En Perú, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) precisó que 16 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas entre abril de 2020 y agosto de 2023. Estos crímenes ocurrieron en 9 departamentos del Perú.

Estos son Piura (1), Lambayeque (1), Loreto (1), Lima (1), Huánuco (2), Pasco (2), Ucayali (2), Junín (4) y Madre de Dios (2).

En la mira. El Congreso de la República aprobó, por amplía mayoría, interpelar para este miércoles 6 de diciembre a la titular del Ministerio del Ambiente (Minam), Albina Ruiz Ríos, por una supuesta incapacidad de la ministra para dirigir su cartera, a razón de acusaciones de contaminación ambiental y presiones para la aprobación de impacto ambiental a favor de la empresa minera Ares.

La votación para su interpelación terminó con 89 votos a favor, 17 en contra, y 5 abstenciones.

La congresista que sustentó la moción, Margot Palacios Huamán, denunció la contaminación que afecta a la población, especialmente a los niños, y destacó la falta de acción gubernamental para abordar este problema. La aprobación de la modificación del estudio de impacto ambiental del Proyecto Minero «Inmaculada» generó inquietud en comunidades de la región Ayacucho, que demandan la renuncia de la ministra del Ambiente.

“El Perú vive una contaminación que ha envenenado a cientos de miles de peruanos, especialmente niños, sin que se observe ninguna acción de atención por parte del gobierno para dar solución al problema”, mencionó la parlamentaria Palacios.

La Moción N.° 9321, respaldada por congresistas de diversas bancadas, contiene un pliego interpelatorio de 34 preguntas dirigidas a la ministra. Entre las interrogantes se incluyen aspectos relacionados con las presuntas presiones para aprobar estudios ambientales y la renuncia de funcionarios.

La interpelación se presenta como una oportunidad para que la titular del Minam brinde explicaciones sobre su gestión y aborde las preocupaciones de la población y las comunidades afectadas por la contaminación ambiental.

La sesión, fue programada para el miércoles 6 de diciembre a las 10:00 de la mañana. Se espera una sesión crucial en la que se pondrá a prueba la capacidad de respuesta y transparencia del Minam.

Vale precisar que dicho pliego interpelatorio constó de 55 preguntas referidas a las acciones de la cartera para la fiscalización de los planes de cierre de unidades mineras y para hacer frente a la contaminación de las cuencas de los ríos Llallimayo, Jatun Ayllu y Chacapalca, en Puno.

Solo hace dos días, distintas agrupaciones civiles que creen en la democracia, se prepararon para lo que será una gran marcha programada para este sábado 2 de diciembre, teniendo como punto de concentración la Plaza San Martín, para pedir que “se vayan todos”.

Sin embargo, varios grupos de izquierda radical serán la contraparte.

En esa línea, el integrante de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL), Raúl Ariste, anunció tres marchas nacionales el 7,8 y 9 de diciembre para pedir que se vayan la presidente Dina Boluarte y el Congreso.

En una entrevista con Exitosa, el representante de la organización CNUL, señaló que los tres puntos principales de la plataforma de lucha son la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y una Asamblea Constituyente.

Con respecto, al tercer punto, se puede vislumbrar, que la mencionada coordinadora no cesa en su discurso de elaborar una nueva Constitución.

“Pedimos que se vaya Dina Boluarte, que se cierre este Congreso, pedimos asamblea constituyente para elaborar una nueva Constitución”, declaró.

Asimismo, señaló que la manifestación buscará que se haga justicia para las víctimas fallecidas en las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte.

“Exigimos sanción ejemplar, que no quede impune los 70 asesinados, hijos del pueblo”, mencionó.

Ariste, señaló que la población se encuentra disgustada con Boluarte Zegarra y con el Congreso de la República, quienes tendrían más del 90% de ilegitimidad.

“Es el mismo Ejecutivo, Congreso y, ahora, la Fiscalía que están petardeando, azuzando más al fuego. Las condiciones se presentan mucho mejor para ir con más ganas a este 7 de diciembre”, culminó.

Los ciudadanos capitalinos solo esperan que estas marchas no sean un “camuflaje” de la izquierda radical, para pretender nuevamente protestas violentas para destruir propiedad privada y pública, como lo que sucedió en las tristemente célebres y denominadas: “Tomas de Lima”.

Sale a la luz nuevo audio de Jaime Villanueva, ex asesor de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides y sin duda, servirá como medio probatorio para las investigaciones del Equipo Especial de Fiscales de Lucha contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP), en el caso ‘Fiscal y su cúpula de poder’.

En el archivo, se escucha la voz de Villanueva coordinando el tiempo para “dilatar” un pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos, de modo que no interfiera ni afecte la votación del Congreso, respecto de la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

El objetivo era que dicho pronunciamiento no influyera en los votos del pleno. 

Texto del audio:  

“Buenos días, lo que pasa es que ella (Zoraida Ávalos) primero solicitó esa junta extraordinaria como le comenté. Se la devolvimos negándosela porque el Reglamento dice que tiene que ser con la firma de dos fiscales supremos. El día de ayer consiguió la firma de Villena Campana, que es el otro fiscal supremo. Y ya con eso, según Reglamento, no se puede evitar tener la junta. Se ha programado la junta para hoy día a las 4:30 de la tarde.

La posición va a ser, en todo caso, sacar el comunicado que ya se sacó antes, pero la estrategia es haber convocado a la junta, a las 4:30 de la tarde, para el comunicado sacarlo recién mañana en la tarde. Lo queremos demorar todo lo posible, para que no interfiera con la decisión que tome el Congreso. Esa es la situación”, concluyó Villanueva.

Sin duda, en esta conversación, se devela cómo desde la Fiscalía de la Nación, liderada por Patricia Benavides retrasaron al máximo el comunicado para que ello no influyese en el ámbito mediático y evitar así lograr menos votos para obtener la cabeza de Zoraida Ávalos.

La congresista Patricia Chirinos de la bancada Avanza País, hoy dio declaraciones a diferentes medios en el Congreso y reconoció que sí se reunió con el ex asesor de la Fiscal de la Nación, Jaime Villanueva Barreto y con los otros dos ex asesores (Abel Hurtado Espinoza y Miguel Ángel Girao Isidro, y argumentó que ellos le pedían información sobre sus denuncias y en especial en la de Zoraida Ávalos, justo antes que ese caso lo resolvieran en el pleno.

La legisladora refirió que ellos se acercaron a ella, y después, durante el debate de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), reconoció que le enviaron un documento que era una “ayudamemoria”, precisamente sobre la JNJ; pero aduce que no le sirvió de nada, porque ya había presentado tres denuncias constitucionales contra dicho órgano.   

La señora Chirinos se despachó con todo, y reveló que no solo se reunió con el detenido Jaime Villanueva, ella manifestó que coordinó con “perro, gato, pericote y mono”, e incluso, con periodistas…

“Coordiné con perro, gato, pericote y mono y eso incluye a todos los coordinadores de la Fiscalía, de Educación, del sector Defensa— a todos — y con periodistas también— con todo el mundo. Yo tengo todo el derecho como congresista y está en mis facultades, poder coordinar con las distintas bancadas y con todos los congresistas del Perú, para conseguir votos para mis denuncias”.

(Sobre Jaime Villanueva) “Por lo menos dos veces me he reunido presencialmente y lo he visto en el Congreso de la República, pero no solo a él — a todo el grupito —venias los tres. Ellos me han preguntado por mis denuncias y estoy diciendo que he coordinado con todos los coordinadores parlamentarios”.

Además, negó que ella haya tenido el “bloque magisterial”, como se lee en los chats de la investigación de la Operación Valquiria V:

“Dice el sr, Villanueva que yo tenía al bloque magisterial. Yo no tenia a ningún bloque magisterial —aquí están las votaciones, porque votaron unos a favor, otros en contra y otros en abstención — y, por último, si yo lo hubiera tenido, hubiera sido enhorabuena para mi denuncia —yo tengo derecho a hablar con todos los congresistas, no es delito”.

Asimismo, negó haberse reunido alguna vez con la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides y refirió que no tuvo nada qué ofrecerle. Y si es culpable que renuncie y si no, entonces que arremeta contra la mafia caviar.

“La Fiscalía no tiene nada que ofrecerme a mí —ni yo a ellos — jamás me he reunido con la Fiscal de la Nación. Yo solamente una vez la vi en el pleno y me acerqué y le dije muchas gracias por ayudarnos a sacar a Castillo. Yo he dicho, si la señora Patricia Benavides es culpable, que renuncie — pero si no es culpable que se defienda y aguante y arremeta contra esta mafia caviar que está armando todo un globo y pretendiendo hacerlo como una bomba. Yo he puesto veintidós denuncias constitucionales—yo las he trabajado con mi grupo de asesores— y — cuando empecé con Zoraida Ávalos no existía Patricia Benavides”, refirió la parlamentaria.   

Chirinos Venegas se reafirmó en su idea de que la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos sería nociva para el aparato fiscal y para el Perú; así como la presencia del expresidente Martín Vizcarra y también arremetió contra los fiscales del Grupo Especial del caso Lava Jato, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez.  Asimismo, aprovechó para revelar que el coronel PNP, Harvey Colchado ordenó hacerle un seguimiento y conoce todos los lugares a los que ella frecuenta. 

“Sería lo peor que le pudiera pasar al Perú que vuelva Zoraida Ávalos con su amigo Vizcarra, y sus fiscales Vela (que ayer me han dicho que se ha mudado en altas horas de la noche de su casa… ha salido como una rata), Domingo Pérez y la JNJ también.

Recibí información de unos agentes de la Policía de Inteligencia y me confirmaron que el señor Harvey Colchado tiene acceso a un registro y sabe todos lugares donde voy — y yo he visto indicios de estos seguimientos.

Yo soy una mujer que a pesar que tengo 20 años en política, no tengo ningún proceso fiscal y ninguna denuncia — y no hay nada que yo quiera de la Fiscalía”.

El XII pleno jurisdiccional de las salas penales, permanente, transitoria y especial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha concluido que la Ley 31751, también conocida como la ‘Ley Soto’ aprobada por el Congreso de la República, resulta inconstitucional y que los jueces “no deben aplicarla”.

Según el Acuerdo Plenario 05-2023/CIJ-112, la relación entre entidad del delito y complejidad de su esclarecimiento no puede verse “limitada irrazonablemente” por plazos breves, en este caso un año.

Refirió que ante procesos en curso por delitos contra la administración pública, crimen organizado o económicos es obvio que no puede sostenerse que los plazos “pueden erigirse en motivo de olvido del hecho punible o que éste se convirtió en historia”.

Precisa que la declaración de prescripción importaría, a final de cuentas, una “causa irrazonable de impunidad con lesión de la justicia”, pues no da “oportunidad razonable” al sistema de justicia para detectar, esclarecer, juzgar y decidir si un ciudadano ha cometido un delito o no y, en su caso, imponer la sanción penal que corresponda.

“La Ley 31751 es desproporcionada y, por consiguiente, inconstitucional. Por ello, los jueces, conforme al artículo 138, segundo párrafo, de la Constitución, no deben aplicarla; deben preferir la norma constitucional referida a la protección de seguridad pública o ciudadana, al valor justicia material y a la tutela jurisdiccional –en este caso de la víctima”, subraya.

Como se recuerda, en mayo pasado, el Congreso aprobó, con el voto de 87 legisladores de distintas bancadas, la llamada ‘Ley Soto’ que modificó el plazo de suspensión de la prescripción de casos judiciales.

La Ley No 31751 -que modifica el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal- reduce a un año el plazo de la suspensión de la prescripción para todos los procesos penales. Como consecuencia de esa modificatoria, el presidente del Congreso y Joaquín Ramírez se salvaron de procesos penales en su contra.

Precisamente Soto Reyes votó a favor de la norma y se acogió a la misma, pues permitió la prescripción de un proceso en su contra por el presunto delito de estafa en agravio de la empresa Waynapicchu S.A., en Cusco.

“Señor Magistrado, se debe tomar en consideración y tomar en aplicación la retroactividad benigna de la ley penal, dado que la Ley N° 31751 implementó modificaciones de naturaleza material, lo cual es plenamente aplicable retroactivamente a los procesos en trámite por ser más beneficioso”, se lee en el documento entregado por el abogado de Alejandro Soto.